Senegal está situado en la región de África del Oeste. Su relieve se caracteriza por una vasta llanura que a veces sobrepasa los cien metros. El clima de tipo tropical presenta dos estaciones: seca y de lluvias, que oscila entre seis meses en la zona sur y dos meses en el norte, existiendo enormes potencialidades bioclimáticas para las explotaciones agroforestales y pastorales.
Cerca del 60% de la población total se dedica a la agricultura, en su dimensión más amplia, que engloba a la ganadería, pesca y agrosilvicultura. Ésta es considerada como un componente esencial del capital económico nacional, sobre todo, para el campesinado (cerca del 20% del PIB). Más allá de los productos de consumo que generan las explotaciones familiares, los excedentes vendidos constituyen la base de la economía de las familias rurales, determinantes en los procesos de desarrollo económico y social de las comunidades.
La agricultura tradicional: explotaciones familiares
La explotación de las tierras estuvo basada durante mucho tiempo en prácticas donde «el ser humano devolvía al suelo lo que este último le daba», a través de una asociación clara entre agricultura y ganadería, donde la fertilidad de los suelos era mantenida gracias a la aportación de fertilizantes orgánicos, y el cultivo de numerosas especies y variedades con un sistema de barbecho, de alternación de cultivos o de sus asociaciones.
La producción agrícola estaba respaldada en la visión de que «la tierra, era el bien común, que pertenece a la vez a las generaciones actuales y futuras». Su control, y su gestión, pertenecen a la colectividad bajo el liderazgo de un jefe que vela por ello. Para eso no puede ser intercambiada, y menos aún, alienar sus condiciones.
El sistema de explotación dominante se basaba en las explotaciones extensivas familiares cuya producción: mijo, sorgo, maíz, tubérculo, arroz, judía estaba principalmente destinada al autoconsumo.
La agricultura colonial: los cultivos de rentas
El período colonial favoreció la instalación y el desarrollo progresivo de los cultivos de renta (arroz, maíz, plátano) y hortícolas (tomate, cebolla). Estas nuevas prácticas responden a la lógica del mercado, tanto por la perspectiva de explotación (intensificación) como la filosofía que la sostiene (rentabilidad económica).
Introdujeron cambios notorios con nuevos paradigmas que se basan en unas «relaciones distantes entre el ser humano y la naturaleza». Las tierras cultivables sufren una progresiva intensificación en su explotación, y en general son monocultivos. Hay una disociación entre la agricultura y la ganadería, que provoca la necesidad de usar abonos químicos para la fertilización del suelo (contaminando tanto el suelo como las aguas) y un aumento de tensión social entre ganaderos y agricultores, ya que los caminos de pastoreo del ganado se reducen.
Los cultivos de renta llevan consigo también la necesidad de adquirir tierras, lo que genera diferentes problemas derivados de la gobernanza de los recursos naturales, ya que hasta la fecha, la gestión de la tierra estaba basada en los derechos consuetudinarios, es decir, los derechos que emanan de los parentescos y linajes familiares, y que se caracterizan por la ausencia de una propiedad privada e individual de la tierra y de los recursos naturales. Toda persona en la colectividad tiene acceso a los mismos, según su estatuto social y familiar.
La codicia de los agro-negocios también incrementó. Detrás de la responsabilidad social de las empresas, las multinacionales, y personas que gozan de complicidad con el poder, compran grandes superficies cultivables para convertir la agricultura en actividad rentable o para el desarrollo de biocarburantes. Estas adquisiciones o acaparamiento de tierras son una amenaza para la agricultura campesina, tanto a nivel de seguridad alimentaria como de soberanía alimentaria.
Agricultura postcolonial (a partir de 1960): ley de Dominio Nacional
En 1964 aparece la ley de Dominio Nacional 64-46, que suprime los derechos consuetudinarios e impone que las tierras que no estén registradas en el Registro Nacional pasarán a ser de titularidad nacional (por lo que el Estado pasaría a ser el titular de derecho).
En Senegal, desde los años 90, se potencian los cultivos de renta como consecuencia de los nuevos sistemas operativos agrícolas. Esta situación es fuente de tensiones sociales en el seno de las comunidades. Las cesiones, y las adquisiciones de tierras producidas por esta ley, son consideradas injustas por las comunidades, que violan sus derechos, por desposeerlas de su capital más precioso (heredado desde generaciones), en provecho de inversores que en su mayoría son extranjeros. Las comunidades se organizan, generando resistencias, pacíficas y violentas —como en Fanaye, región de San-Luis, donde se perdieron vidas humanas contra el fenómeno que califican como «acaparamiento de tierras»—.
Iniciativas orientadas hacia la agroecología, la tierra y la vida
Actualmente, los diferentes sectores de la población apuestan por diferentes respuestas:
Desde el Estado, el Plan Senegal Emergente (PSE), cuyo horizonte es 2035, quiere favorecer el desarrollo de la agricultura familiar y reactivar los sectores de producción e industrialización ganadera, apoyándose en las prácticas agroecológicas.
Desde la sociedad civil, Enda Pronat, creada en años 80, apuesta por un desarrollo controlado bajo parámetros ecosociales. Combina las experiencias de la investigación científica y tecnológica, producida en las universidades senegalesas, con las prácticas tradicionales fundadas sobre la destreza de las poblaciones locales, que minimizan la utilización de agroquímicos en los sistemas de producción. El objetivo es devolver vida a la tierra, permitiendo la regeneración del ecosistema y poniendo el énfasis en el fortalecimiento de las capacidades y la mejor comprensión del medio.
La Federación Campesina del Agropastoreo de Diender (FAPD) creó en 2004 el proceso «A producir, sin destruir», apostando por una agricultura campesina productiva, rentable y respetuosa del entorno, y respetando la salud humana y animal. Centrando su trabajo en la protección medioambiental, el fortalecimiento de organizaciones campesinas, la relocalización de los productos: autoconsumo, transformación, mercados de proximidad. Política de gobernanza local transparente. Rentabilidad económica basada en sectores equitativos y una juventud educada y formada, sensible a la gestión sostenible de los recursos naturales.
