Un reciente viaje a Tánger me despierta algo más que el interés por este fascinante lugar.

Un trayecto en barco con mujeres que cubren sus cuerpos por un caftán. Veo hombres que cuidan de sus bebés. Desembarco y en un desorden maravilloso me recibe un pueblo con sus aromas, su idioma, sus caras sonrientes. Al entrar al hotel me titulan «la jefa» porque he hecho yo la reserva y no mi compañero de aventuras. «No, no soy jefa, ja, ja, ja».

Seguimos felices paseando por una ciudad ruidosa, llena, rebosante de vida, alimentos, gallinas, gritos, olores a comida, paseos por calles maravillosamente descuidadas… bonitos adornos los pasos de cebra de la calzada. Nos sentamos a descansar en un café: delicioso olor a té y hierbabuena, hombres, hombres, hombres, hombres, mujeres, hombres, hombres, parchís, hombres, mujeres… El té está delicioso, esto es una maravilla… Paseamos por la ciudad, caftanes modernos, alegres, a juego con los pañuelos de la cabeza, algunos muy serios, sin adornos, espartanos… ¿De qué dependerá? ¿Del estado de ánimo de ese día para vestir uno u otro? Me encantaría saber por qué unas van vestidas de una manera y otras de otra. ¿Es azaroso? ¿Tiene significado? ¿Es pura ortodoxia? ¿Es por comodidad? ¿Es más simple que todo esto?

Al día siguiente, decidimos ir a la playa, esa gigante playa de Tánger. El desorden de la ciudad se repite en la playa. Grupos de mujeres esperando bajo sus sombrillas, nada de ropa de baño, caftanes, caftanes, caftanes, mujeres vestidas con ropa de la que yo uso pero para bañarse, mujeres bañándose en caftán. Niñas y niños en bañador. ¿Cuántos adultos habrá en esta playa ahora? Cinco mil personas, supongamos que la mitad mujeres: de dos mil quinientas mujeres, he visto a dos con trajes de baños; a unas ciento cincuenta con ropas de las que yo uso —falda y camiseta, vestido, pantalón y camiseta—; el resto, caftanes incluso para bañarse. Los hombres visten en bañador, bañador y camiseta, pantalón corto y camiseta… Me llaman la atención sus cuerpos delgados, está claro que no van al gimnasio.

¿Qué pasaría si yo me pusiera en biquini? Ahora. En esta playa. ¿Nada? ¿Miradas? ¿Me dirían algo? ¿Qué pensarían de mí? ¿Y de mi compañero?

No puedo parar de preguntarme: ¿Cómo viven su cuerpo estás mujeres? ¿Se miran? ¿Se miran desnudas? ¿Se investigan? ¿Por qué iban a mirarse menos que yo? No hay razón para pensar lo contrario, en realidad. ¿Hablan? ¿Preguntan? ¿Se cuentan experiencias? ¿Somos todas iguales en la intimidad? ¿Es diferente su sexualidad? ¿Qué les da temor o vergüenza del sexo? ¿Qué habrá que desmontar?

¿Cómo experimentan su cuerpo? Tal vez se sientan más libres para aceptar sus cuerpos. ¿No necesitan mostrarse como un maniquí? ¿Tal vez el tapar sus cuerpos las invisibilice totalmente? ¿Las acentúa? ¿Destacan por ello? ¿Se sienten más libres de vivir su cuerpo tal cual es sin el yugo de la estética? ¿La presión es similar, simplemente cambia el canon? ¿Qué significa mostrarse en público en biquini?

¿Y para los hombres? ¿Cómo viven su cuerpo? ¿Su masculinidad? ¿Ven absurdo ese modelo tan occidental de hombres metidos en gimnasios corriendo sin moverse como hamsters, tomando el sol de mentira y depilados? Estos son cuerpos reales.

Una cosa sí está clara: no solo no rige el mismo canon de belleza, sino que la presión sobre el cuerpo no es similar. Esos cuerpos de mujeres no están famélicos, ni operados; esos cuerpos de hombres son naturales, no están musculados por el gimnasio sino por la vida, no están depilados.

Decido indagar relajadamente en internet, que nunca se sabe. Encuentro varias páginas, no sé su rigor, que hablan de que la mujer «respetable» no enseña su cuerpo y otras páginas que dicen que en Tánger se puede ir vestida como una quiera. Las dos posturas pueden convivir. Me encuentro al preguntar/curiosear que algunos movimientos feministas en Marruecos han optado por cubrir su cuerpo como una forma de reafirmar su libertad y de no vivir condicionadas por su apariencia. Bueno, tal y como plantea uno de los axiomas básicos de la teoría de la comunicación humana de la cibernética «es imposible no comunicar» luego no mostrar mi apariencia comunica mucho sobre mí, es una declaración de intenciones llevada a la práctica. Y, desde luego, es una forma de vivir más libremente mi propio cuerpo. ¿Es también una forma de vivir diferente el género? ¿Es súper queer? ¿Tiene esto algo que ver con la forma en que me relaciono con mi sexualidad? ¿Es más o menos sano? Veo también liberador el vestir con esas otras ropas prohibidas, el enseñar el cuerpo como una muestra de rebeldía alegre y sana, de oposición vital, la resistencia a aceptar lo que te dan, la resistencia. La vida. Todo tiene una doble cara.

Esta también es una sociedad patriarcal, no se escapa, donde el hombre claramente vive una situación de privilegio sobre la mujer y por encima —o sutilmente por debajo, no lo sé— encontramos los detalles, los casos particulares, el trato amable de las personas, el contacto sonriente, los abrazos cercanos entre hombres, parejas heterosexuales que se cogen de la mano. Como sociedad patriarcal, seguro que queda mucho por desmontar, muchas quejas por gritar, mucho que desmantelar.

Hace solo unos días, en esta misma ciudad, una mujer española, Helena Maleno, ha sido atacada por un grupo de hombres con el insulto de «puta española, cristiana de mierda» por ayudar a los subsaharianos. A ella la insultaban por mujer, por puta, por española y por cristiana, a las mujeres negras les metían el dedo en sus vaginas buscando dinero… Misma mierda racista y patriarcal.

Aquí, como allí, hay muchas lecturas y muchas realidades. Aquí ya tenemos un camino andado de lucha por la igualdad, podemos tomar cafés solas en los bares, viajar solas, usar biquini y mostrar el cuerpo, y andamos en el camino de vivir más libremente nuestra sexualidad; allí, no sé cómo es la cosa. Aquí nos quedan luchas tipo «soy libre de vestir como quiera y eso no te da derecho a decidir nada sobre mi cuerpo».

Quisiera llevar esta misma frase a Tánger. Saber qué significa esto aquí.

Sé que los ojos con los que llegué se dejaron llevar por lo evidente, por lo llamativo, pero no soy capaz de responder a todas mis preguntas. Sé que estamos hablando de sitios diferentes, de contextos y culturas diferentes y de diferentes grados de igualdad/desigualdad, pero es en estas preguntas donde he quedado atrapada. Cómo influye esta diferencia estética en las experiencias personales de los cuerpos y de la sexualidad. Cómo se enuncia aquí al derecho a decidir sobre mi cuerpo y las ropas sobre él.

Quede este artículo como una gran duda en mi cabeza que quisiera responder.

Una de las características intrínsecas de la cárcel es su opacidad, el desconocimiento por parte de quienes (de momento) estamos fuera sobre lo que ocurre dentro y la manera en que transcurre la vida de las más de 70 000 personas que permanecen entre rejas en el Estado español, sin contar los Centros de Internamiento de Extranjeros y los Centros Cerrados de Menores.

La cuestión de la salud pone en evidencia la función meramente punitiva de las prisiones —«ciencia de la administración del sufrimiento»¹— y muestra cómo el control y la desposesión de nuestros cuerpos es el grado último de enajenación que el Estado ejerce sobre el individuo.

Trataremos el tema mediante tres conceptos: la prisionización, la medicación forzosa y la desasistencia médica como tortura y pena capital.

Llamamos prisionización al proceso por el cual lxs presxs pasan de vivir en la cárcel a «vivir la cárcel». Algunas de las secuelas psicológicas son:

• Desproporción reactiva: todo tiene una relevancia emocional y cognitiva desmesurada.
• Dualidad adaptativa entre la sumisión constante como vía adaptativa o la respuesta agresiva como afirmación del yo.
• Presentismo: la falta de perspectiva de futuro (todos los días son iguales durante muchos años) lleva al fatalismo y a la ausencia de planificación y análisis de consecuencias de los actos.
• Síndrome amotivacional: aparente dureza como coraza frente a todo lo anterior.
• Baja autoestima, impotencia canalizada violentamente hacia «los pringaos».

«Si me preguntara: ¿Qué podría hacerse para mejorar el régimen penitenciario? ¡Nada! —respondería—, porque no es posible mejorar la prisión. Salvo algunas mejoras sin importancia, no hay absolutamente nada que hacer, salvo demolerlas» Piotr Kropotkin.

Además, la estructura de las macrocárceles —áridas, deshumanizadoras y falsamente asépticas, con temperaturas extremas tanto en verano como en invierno— provoca un empeoramiento generalizado de la salud física. A nivel sensorial, los efectos sobre el oído, los sabores y —sobre todo— la vista, pasan factura a todxs.

En el caso de los módulos de castigo —23 horas solxs en celdas minúsculas,— el aislamiento sensorial lleva a alucinaciones, formación de fantasías y respuestas emocionales primitivas de autodefensa como la agresividad.

En la cárcel, los médicos son carceleros: no son funcionarios del SAS sino de Instituciones Penitenciarias, aunque la Junta esté obligada a asumir esa competencia desde 2004 y no lo haya hecho aún. Esto se traduce en prácticas de control y no de cuidados, como veremos.

La medicación forzosa de psicofármacos de forma permanente afecta a un tercio de la población reclusa, aunque su uso puntual como «medida de contención» es mucho mayor. En el caso de los centros de menores cerrados, la cifra se dispara en el momento en que pasan a la gestión privada. Es más económico gastar en pastillas que en educadores o talleres.

Neurolépticos, antidepresivos, ansiolíticos o tranquilizantes son prescritos con criterios bastante inquietantes. Los diagnósticos son realizados, con suerte, en apenas 5 minutos por alguien que no te volverá a ver en semanas. Esta precariedad y desdén de la Administración provoca que un incidente violento pueda tener como consecuencia para una persona reclusa un diagnóstico de esquizofrenia (u otro tipo de trastorno) para el resto de la condena. Esta persona queda así estigmatizada con tal «enfermedad» y es dependiente de la medicación correspondiente.

Además, una interpretación interesada de la antipsiquiatría llevó hace años a cerrar manicomios sin dar ningún tipo de apoyo a familiares o amigxs de las personas con trastornos graves. La consecuencia es que muchas de estas personas acabaron encerradas de nuevo por acumulación de delitos de desórdenes y similares, pero esta vez en la cárcel y finalmente en los módulos de castigo. Esta situación es denunciada reiteradamente por otrxs presxs que cuentan con mejores condiciones para escribir.

La desasistencia sanitaria es un mal endémico de las prisiones que agrava la situación de la gran cantidad de presxs que padecen, por ejemplo, enfermedades derivadas de portar el VIH (10% de la población reclusa total) o hepatitis C (40%), aumentando además los riesgos de contagio. En general, cualquier deficiencia de salud que unx padezca en la cárcel empeorará rápidamente. En los casos más graves, como las enfermedades hepáticas o el cáncer, propiciará una muerte prematura. Varios colectivos y asociaciones vienen denunciando estas muertes como «penas capitales» encubiertas. Además, se denuncia el abandono sanitario en general como una doble condena, más allá de la dictada en los juzgados. Es aún más sangrante cuando esta desasistencia es intencionada y persigue el objetivo de doblegar a lxs presxs con las voluntades más fuertes.

La denuncia por tortura y prevaricación presentada por el preso Honorio Gómez Alfaro «Pope» es un caso que habla por sí mismo. Esta denuncia fue asistida jurídicamente por la APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) y realizada contra los subdirectores generales de Tratamiento, Gestión y Sanidad Penitenciaria junto a los directores y subdirectores médicos de 7 cárceles. Fue admitida a trámite por un juzgado de Madrid y avalada por numerosos informes médicos y de prisión. Relata cómo Pope fue trasladado durante años (hasta en 8 ocasiones) cada vez que se acercaba el momento de la operación de alguna de las dolencias que padece: litiasis renal y enfermedad de Dupuytren en la mano derecha (agarrotamiento progresivo de los tendones). Este proceder vulnera la legislación penitenciaria vigente.

Como consecuencia directa, sufrió innecesariamente terribles dolores renales e infecciones durante más de una década, que estuvieron a punto de costarle la vida. Además, perdió dos dedos de la mano cuando fue finalmente operado después de años de espera.

La causa de su doble castigo ha sido su inquebrantable voluntad de denuncia de las injusticias que ha visto y padece en su encierro. Preso desde su adolescencia en reformatorios (más de la mitad de su vida), y con un perfil que corresponde al del 80% de lxs presxs (pobres y encarceladxs por robos, drogas y delitos contra la autoridad), durante todo este tiempo se ha fugado cuando ha podido y, sobre todo, no ha dejado de denunciar abusos. Se ha coordinado con otrxs presxs para realizar campañas de protesta desde dentro. Todo esto le ha valido, además del grave perjuicio de su salud, la calificación especial en el régimen FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento) y la intervención de sus comunicaciones orales y escritas por relacionarse con el exterior con «grupos de ideología anarquista y antisistema», según la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Pensábamos que no volverían esos tiempos grises en los que la voluntad de la mujer era una suerte de azar sujeto a la casualidad, al infortunio, a los buenos y malos contactos… Pensábamos…, pero el anteproyecto de ley de aborto que prepara el Ejecutivo nos ha recordado que el pretérito no es un tiempo lejano. Quisiera hacerles mirar atrás para que retengan en sus pupilas el camino que hemos construido, para que reconozcan lo que estamos a punto de perder.

La Unión Soviética fue el primer país del mundo que legalizó el aborto. Se reconoció el derecho de la mujer por distintas razones, entre ellas por salud de la gestante. Posteriormente, los países escandinavos liberalizaron el aborto en el decenio de 1930. Iniciativas legales que tendrían su traslación a Europa en la década de los 60; primero en Inglaterra y luego en la Europa Occidental.

Tal y como ocurre en estos momentos, el derecho al aborto en nuestro país ha estado siempre vinculado a las fluctuaciones ideológicas de los gobiernos y no a los avances científicos o al reconocimiento de los derechos de las mujeres, como ocurre en nuestro entorno. Así las cosas, el primer avance «ideológico» que se produjo en nuestro país data del 9 de enero de 1937, cuando en Cataluña se aprueba una de las normas más avanzadas de Europa al permitir el aborto libre hasta las doce semanas. En paralelo, la ministra de Sanidad —Federica Montseny, del gobierno republicano de Francisco Largo Caballero— idea un proyecto para regular la interrupción voluntaria del embarazo (IVE); sin embargo, su iniciativa quedó en suspenso por la oposición de la mayoría del Ejecutivo. Aun así, Montseny buscó la forma de aplicar el decreto catalán en las zonas republicanas, lo que demuestra la fuerte carga ideológica que siempre ha estado vinculada al aborto. El advenimiento de la dictadura franquista supone el fin de este derecho para las españolas, pasando a estar prohibido en toda circunstancia.

Durante la primera etapa de la dictadura, los abortos se practicaron en domicilios por personal no médico, en malas condiciones y sin medios. Estas penosas circunstancias trajeron consigo problemas de salud para las mujeres y muertes evitables. Situaciones que nunca enfrentaron las mujeres con recursos, ya que siempre pudieron viajar al extranjero o conseguir que algunos médicos las ingresaran con otro diagnóstico para realizarles unos abortos que negaban a mujeres menos pudientes.

Caminando hacia la democracia

A principios de los 70, la iniciativa de algunos sanitarios consigue relajar las costumbres morales de la dictadura. Los anticonceptivos, ilegales en España, atraviesan la frontera de la mano de profesionales que además empiezan a recetar la píldora por «supuestos» problemas hormonales. En esta línea, algunos médicos y sanitarios comenzaron a practicar abortos en sus consultas con la técnica que se venía usando en todo el mundo, el método Karman o aspiración. Una técnica que practicada por manos expertas y en condiciones higiénicas presentaba pocas complicaciones. Como contrapartida, estos «aventureros» tuvieron que soportar la inseguridad jurídica que ha perseguido a mujeres y profesionales; tal y como ocurrió en el caso de Los Naranjos en Sevilla en 1980[1].

En 1985, de la mano del PSOE, se aprobó la ley de despenalización parcial del aborto. Esta ley suscitó una enorme controversia porque era la apuesta ideológica de un partido presionado por una parte relevante de la sociedad española, pero no de toda ella. Y es que el peso ideológico del conservadurismo moral ha ralentizado cualquier avance en los derechos de las mujeres. Algunas de las mentes de nuestro país aún no habían transitado democráticamente en valores y en derechos, algunas siguen sin transitar, y esta realidad se hizo palpable no solo en las dificultades del trámite parlamentario, sino en el recurso de inconstitucionalidad del PP contra una norma que se aprobó disminuida en sus pretensiones.

El aborto quedó despenalizado en tres supuestos: violación, patología fetal y salud física y psíquica. Una despenalización insuficiente, pero que pudo ser un instrumento «útil» gracias a la generosa interpretación que los/as profesionales hicieron del concepto de «salud», entendida por la OMS no solo como la ausencia de enfermedades, sino como el bienestar físico, psíquico y social.

No obstante, el hecho de tener que delegar en un tercero la pertinencia del aborto, implicaba una gran inseguridad jurídica para el/la profesional y para la mujer. De hecho, se mantuvieron las persecuciones jurídicas, las inspecciones políticas… Hasta el punto de que fueron esas persecuciones las que precipitaron el cambio de la norma en el año 2010.

La situación actual

La actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo reconoce por primera vez en nuestro país el aborto como un derecho de la mujer, sujeto a su voluntariedad, en las 14 primeras semanas. De manera clara, se establece la dimensión sanitaria de este derecho y por vez primera se aporta seguridad jurídica. La mujer accede a este recurso de manera gratuita y no se olvida la norma de facilitar una salida a la patología fetal y materna, así como a la incompatibilidad vital o enfermedad muy grave e incurable más allá de la semana 22.

Cuando la mayoría de la sociedad española ha transitado por valores democráticos con respecto al aborto —el 80% de la población rechaza la ley Gallardón y el 68% de los votantes del PP cree que la mujer debe decidir—, el Ejecutivo se aferra a los valores más reaccionarios.

El anteproyecto despenaliza el aborto tan solo en dos supuestos: patología materna y violación, marginando incluso la patología fetal. Al tiempo, establece un periplo médico y legal de tal magnitud que en la práctica hace inviable el aborto ni tan siquiera por esas causas legales, quedando en ese periplo la intimidad de la mujer al descubierto, estigmatizándola frente a los otros.

Ese Gobierno construye esta norma al margen de una sociedad que, por el contrario, si consideran sus homólogos conservadores europeos quienes no cambian sus leyes de aborto por principios ideológicos.

Esta realidad con la que convivimos y que se esconde desde el Ejecutivo evidencia que el número de abortos ha descendido durante el año 2012 en un 5,1%, situando nuestra tasa en la media de la Europa Occidental (12 por mil) muy alejada de la tasa internacional (28 por mil).

La evidencia que niegan los populares muestra que la tasa de mortalidad por cada 100 000 abortos es del 0,6% cuando este se realiza de forma segura, si bien se eleva al 13% cuando el aborto es inseguro. Algo que podría ocurrir si el proyecto Gallardón es aprobado ya que las leyes restrictivas no disminuyen los abortos sino que aumentan las interrupciones inseguras y el éxodo abortivo.

También silencia el Ejecutivo que 3 de cada 4 menores de 16 y 17 años acuden al centro acompañadas de sus progenitores. La cuarta, la que acude sola, o está emancipada de hecho… o no puede contar con ellos por razones ideológicas, morales o por su integridad física.

Además de situarse de espaldas a todas esas «realidades», el PP apuesta con este proyecto de ley por la derogación de una normativa relativa a la contracepción y a la educación afectivo-sexual: únicas políticas eficaces para disminuir los embarazos no deseados.

A la vista de esta contraposición entre la realidad y la ideología, entre la historia y los valores políticos, nos resulta difícil creer que el PP quiera defender la libertad y la intimidad de la mujer. Difícil porque desde los presupuestos ideológicos que sustentan el proyecto nunca fue tan arriesgado defender a una mujer libre. Nunca tan fácil volver de la mano de una ley a los tiempos grises del principio.

[1] http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/clinica-los-naranjos-heroicidad-abortada-nueve-meses/

La salud ambiental es una disciplina que comprende aquellos aspectos de la salud humana —incluida la calidad de vida y el bienestar social— que son determinados por factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. También se refiere a la teoría y práctica de evaluar, corregir, controlar y prevenir aquellos factores que afectan al medio ambiente y que suponen un riesgo para la salud de las personas. Cuando perdemos la salud ambiental, desarrollamos enfermedades ambientales que pueden ir desde alergias o asma hasta los Síndromes de Sensibilización Central, diabetes, infertilidad o incluso cáncer.

El riesgo químico cotidiano

En las últimas décadas, la producción de sustancias químicas aumenta vertiginosamente, llevándonos a convivir con más de 140000 compuestos tóxicos. Estos compuestos están presentes en casi todo lo que nos rodea, como los pesticidas usados en la agricultura, los aditivos y conservantes de la alimentación industrial, los productos cosméticos, los detergentes, el plástico, la ropa o los artículos de cocina, entre muchos otros. La producción industrial, junto con la cultura del consumo en masa, requiere que nos pongamos a pensar sobre cómo estas sustancias afectan a nuestra salud y si necesitamos afrontar ciertos riesgos.

Se trata de sustancias pensadas por la industria para hacernos la vida más cómoda, pero la comodidad no suele ser amiga de la salud y la prevención. Un dato importante es que, del total de la producción, se calcula que apenas el 1% ha pasado un control que evalúe el riesgo que supone para la salud humana, y aún así, son comercializados con escasa información.

¿Cómo afectan los productos químicos a nuestra salud?

Principalmente, nos contaminamos a través de la dieta, el aire, el agua y los tóxicos que se acumulan en los suelos. La mayoría de estas sustancias se almacenan en la grasa animal (en nuestros tejidos) y siguen siendo tóxicas durante décadas. Otras actúan como hormonas sintéticas (disruptores endocrinos) provocando graves problemas de salud, muy difusos en algunos casos, porque los resultados surgen al cabo del tiempo, incluso muchos años después. Afectan principalmente al sistema nervioso central (SNC) y al sistema inmunológico (nuestras defensas). El SNC queda sensibilizado y muestra diferentes problemas para funcionar y en diferente grado: por ejemplo, se siente más dolor, se notan mucho más los olores o los ruidos. La hiperactividad, el Parkinson o el Alzheimer también se han relacionado con la exposición a sustancias tóxicas, principalmente con los biocidas (que significa «matar la vida»).

Nuestro sistema inmunológico se ve afectado mediante la alteración de nuestras defensas y dejándonos, por tanto, más vulnerables a cualquier problema de salud. Mientras tanto, se calcula que el 98% de los cánceres tienen su origen en el uso y abuso de estas sustancias, tal vez, por cómo sortean nuestras defensas.

En España, entre un 0,5% y un 12% de personas han dejado de tolerar las sustancias tóxicas cotidianas, desarrollando graves problemas de salud que, además, en su mayoría no están reconocidos. La forma más habitual de intoxicación es en pequeñas dosis de mezclas que, de manera inadvertida, respiramos, comemos y bebemos. Recordemos que respiramos por toda la piel, no solo por la nariz, por lo que todos nuestros poros están continuamente absorbiendo el aire que nos rodea. Los compuestos tóxicos se acumulan formando lo que llamamos «carga tóxica»; cuando esta sobrepasa el límite aceptable para un ser vivo, empiezan a agravarse las enfermedades ambientales.

Se destaca el aumento de casos de Síndromes de Sensibilización Central (SSC): Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple, Electrohipersensibilidad, Fibromialgia o Síndrome de Fatiga Crónica/ Encefalomielitis Miálgica. Constituyen un problema de salud pública descrito como «epidemias desatendidas» ya que los síntomas son altamente invalidantes, muy diferentes en cada persona, y el diagnóstico es muy complejo. Requieren un gran conocimiento en salud ambiental que no está aún extendido en la salud pública española. Las personas afectadas sufren un gran impacto en sus vidas porque estos síndromes provocan no solo dolor físico sino también exclusión social al ser enfermedades muy incómodas para las industrias. Los casos más extremos de sensibilización electroquímica se conocen como «personas burbuja.

¿Cómo conservar la salud ambiental?

Las personas afectadas por el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple (SQM) nos aportan una valiosa información para la prevención y la atención sanitaria. Sus experiencias nos demuestran que no necesitamos tantos productos químicos y, por eso, se recomienda la revisión y sustitución de los productos de limpieza, higiene, cosmética, etc., que utilizamos en nuestra vida cotidiana.

El tratamiento esencial que necesitan consiste en lo que llamamos «control o higiene ambiental». Se trata de sustituir los productos de consumo habituales por los que dan más garantías de salud, siguiendo un proceso de aprendizaje hacia una forma de consumo consciente. Principalmente, el paso a una dieta a base de productos ecológicos puede reducir nuestras cargas tóxicas hasta un 80% (somos lo que comemos).

En salud ambiental tratamos de aplicar el Principio de Precaución que consiste en que, ante una duda razonable sobre el riesgo de un producto, busquemos otro que nos dé más garantías. Este principio promueve la producción de artículos sustitutos innovadores, proporcionando igual comodidad con mayor protección y seguridad de las personas y el medio ambiente. Este cambio motiva la aparición de nuevos yacimientos de empleo que fomentan más justicia e igualdad social. Comprando a pequeños/as productores en lugar de financiar a multinacionales que no respetan la salud ambiental, facilitamos un cambio económico y social que favorece nuestra salud y la de nuestros/as vecinos/as.

Por ejemplo, en lugar de usar lejía (que es altamente tóxica e irritante), podemos fabricar nuestro propio jabón desinfectante con zumo de limón y una cucharada de bicarbonato. En los últimos años, además, se ha hecho mucho más asequible la compra de artículos ecológicos que protegen la salud ambiental.

Para facilitar el conocimiento y la prevención en salud ambiental y ecología práctica, la Red EcoSalud coopera para ofrecer conocimiento y formación. Visita nuestra web.

+ INFO en www.red.ecosalud.es

En los treinta y dos años que llevamos conviviendo con el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, virus causante del sida en la etapa final del proceso infeccioso, la atención médica y el desarrollo de fármacos son los aspectos que más han evolucionado. Esto ha permitido que hoy en día pocas personas seropositivas en seguimiento médico especializado y tratamiento mueran a causa de la infección por VIH, así como que su esperanza de vida aumente y sea muy cercana a la de la población general. Sin embargo, la realidad es diferente para aquellas personas en situación de exclusión social (personas sin techo, personas indocumentadas, personas con problemas de adicciones sin supervisión) en las que las cifras de muertes anuales se sitúan en un número no desdeñable, lo que nos debería hacer sonrojar como sociedad por nuestro fracaso. Muy pronto, después de los primeros casos de sida a inicios de la década de los ochenta, los médicos y epidemiólogos dejaron claras las vías de transmisión del VIH y, por tanto, las medidas preventivas para evitar la transmisión de la infección. Sin embargo, en España —al igual que en el resto del mundo occidental— los nuevos diagnósticos de infección por VIH se han mantenido estables año tras año en la última década, afectando especialmente a ciertos grupos de población considerados más vulnerables (hombres que tienen sexo con hombres, jóvenes y personas inmigrantes, entre otros).   Actualmente, la comunidad científica tiene claro que la combinación de estrategias es la mejor apuesta para reducir el número de nuevas infecciones. Entre ellas destacan la educación en salud sexual y en prevención, el uso del preservativo y el diagnóstico precoz, el seguimiento médico y el tratamiento de las personas afectadas. A pesar de que las vías de transmisión de la infección por VIH están bien definidas, esta información no llega de manera efectiva a todos los sectores de la población. Nuestra experiencia resolviendo las dudas y preguntas de los/las usuarios/as en un centro comunitario nos recuerda enormemente a los interrogantes de hace treinta años. La evaluación del riesgo de transmisión del VIH en cada una de las prácticas sexuales no es habitual, simplemente porque es una información desconocida para la mayoría. Si no se puede evaluar el riesgo de una práctica sexual tampoco se pueden asumir los riesgos que esta conlleva, ni las responsabilidades derivadas. Por otro lado, la promoción del uso del preservativo como apuesta única frente a la epidemia del VIH ha demostrado no ser totalmente efectiva, o al menos en la medida en que se esperaba. Eso sí, los investigadores tienen claro que si no se utilizara el preservativo con la frecuencia con la que se ha hecho hasta ahora, las consecuencias en el número de nuevas infecciones y en la magnitud del problema sanitario serían nefastas. Si bien las campañas de información —desde el «Si da. No da» de 1989, pasando por el «Póntelo, pónselo» de 1990, o el más reciente «Yo pongo condón» de 2008— no han conseguido disminuir como sería deseable el número de nuevas transmisiones, nuevos y mayores esfuerzos han de realizarse para hacer llegar la información de manera efectiva a la ciudadanía. La actual ausencia de educación en salud sexual en los itinerarios educativos limita la correcta información de los jóvenes al inicio de su edad sexual activa. Además, los recortes económicos también han llegado a las entidades no gubernamentales, quienes —en ausencia de servicios de la administración— llevan asumiendo desde hace años la atención e información a personas en situación de mayor vulnerabilidad frente a la infección por VIH. En 2012, los presupuestos estatales redujeron en un 75 % las ayudas destinadas a entidades sin ánimo de lucro en su convocatoria del Plan Nacional del Sida. Pero además de continuar en este entorno hostil con el desarrollo de ideas e iniciativas que hagan llegar la información y convenzan de los beneficios del uso del preservativo, también hemos de incorporar nuevas estrategias, entre ellas el diagnóstico precoz, el seguimiento médico y el tratamiento de las personas afectadas. Se cree que una de cada tres personas que vive con VIH no sabe que lo tiene. Este desconocimiento no solo tiene consecuencias para la salud de la persona afectada, sino que además facilita y perpetúa las nuevas transmisiones. Recientemente se ha demostrado que personas con VIH en seguimiento médico y tratamiento tienen muchas menos posibilidades de trasmitir la infección. Esto es así porque la medicación reduce las cantidades del virus en los fluidos infectivos de la persona afectada, a niveles prácticamente indetectables, manteniendo al VIH en un estado de letargo en el que tiene muy difícil generar una nueva infección. Pero todo diagnóstico pasa previamente por una prueba. En España, la prueba del VIH es gratuita y confidencial en el sistema público de salud, y además rápida y anónima en centros comunitarios y ONG. Pese a ello, la prueba del VIH no es una práctica tan habitual como aconsejan investigadores y expertos en salud pública. ¿Quién sabe dónde y cómo hacerse una prueba de VIH? ¿Qué médico o ginecólogo en nuestra visita nos ha propuesto hacernos la prueba? ¿Por qué es bueno que me haga una prueba de VIH? Para aquellas personas con resultado positivo, es decir, que tienen VIH, el seguimiento médico y la medicación antirretroviral está incluida en la cartera básica de servicios del sistema de salud español. Medidas tomadas en la época de crisis actual, como es el caso del Real Decreto 16/2012 que excluye de la asistencia sanitaria a personas inmigrantes en situación irregular, hacen flaco favor a la salud pública y a las estrategias de tratamiento como prevención, sin olvidar la vulneración de los derechos humanos que suponen. Pero, independientemente de las decisiones políticas que hacen oídos sordos a las opiniones e informes de científicos expertos, hay una causa que fundamenta, al menos en parte, el fracaso de todas las medidas aplicadas hasta ahora, y que asimismo pone en juego el potencial de las nuevas estrategias. El VIH/sida y las personas afectadas por él siguen siendo víctimas de un estigma y discriminación que poco ha variado desde los primeros casos en los años ochenta. Este fenómeno nos impide acercarnos a una información fiable y de utilidad, así como superar las barreras infranqueables que nos separan de tratar el tema con naturalidad en familia, en pareja o con amigos, con nuestro médico habitual, o incluso nos aleja de hacernos la prueba. Todo ello por no hablar de las consecuencias que genera en las personas seropositivas y su entorno social. Y este cambio de mentalidad sí que está en nuestra mano, o mejor dicho, esperemos que ocurra en nuestra cabeza. www.adharasevilla.orgwww.porunageneracionsinvih.com