Los barrios obreros en pie por nuestra sanidad

EN EL DISTRITO CERRO-AMATE, INTEGRADO POR HISTÓRICOS BARRIOS OBREROS, LOS ATAQUES Y EL ABANDONO SON EL PAN DE CADA DÍA. AHORA ATACAN NUESTRA SANIDAD. LXS VECINXS RESPONDEMOS, ESTAMOS DISPUESTXS A LUCHAR.

Hace unos meses nos llamaban unas vecinas, sus hijos ya no tenían pediatra en el centro de salud. Varios meses después siguen igual.

La Junta está atacando la Sanidad Pública sin ningún tipo de piedad: con despidos de 8 000 médicos, sin presencialidad durante meses en la atención primaria, falta de especialistas, que no te den cita en más de dos semanas y una dejadez total y generalizada. La gota que colma el vaso es la retirada de pediatras de los centros de salud de barrios obreros y pueblos, centralizando al estilo europeo. Nos los han quitado en Amate, Palmete, Torreblanca, Pino Montano, distintos pueblos, etc. La excusa es que están de baja, pero ¿por qué no contratan más cuando es algo tan generalizado? La realidad es que lo están haciendo poco a poco, de forma sutil y sin que nos demos cuenta, para que no podamos responder. Empezamos con una concentración en el Centro de Salud de Amate de decenas de vecinos que fue reprimida brutalmente por la Policía, a la cual no le bastó con boicotear sino que incluso se llevaron a un detenido. Parece que el hecho de que fuésemos vecinos, madres, niños y personas mayores de un barrio obrero nos convierte en personas potencialmente peligrosas y violentas.

Tras esto, CCOO de Sanidad nos informa de que la Junta pretende cerrar ese mismo centro de salud. El plan previsto es cerrar un viejo centro de salud en Las Águilas y abrir uno nuevo (una reivindicación vecinal histórica). Pero no todo es tan bonito, pretenden a través de esto, recortar nuestros servicios sanitarios y centralizar ambos en uno solo, con toda la sobrecarga y colapso que eso implica. Por no hablar de la cantidad de enfermos, mayores y niños que tendrían que trasladarse varios kilómetros a pie hasta otra barriada. Decidimos responder con fuerza ante este ataque. Había que pararlo: hicimos carteles, pegamos por todo el distrito, compartimos por redes y grupos del barrio e informamos a todo el que pudimos. Finalmente salimos en manifestación recorriendo las avenidas de Amate, a la que se fueron sumando vecinos hasta ser varios cientos. Pudimos terminar con una asamblea potente en la que incluso participaron médicos que nos apoyaron, donde decidimos seguir luchando de forma determinada, tomando contactos de más compañeros y compañeras que se sumaron a participar en la plataforma.

Actualmente estamos organizando asambleas vecinales para ver cómo se puede continuar la lucha, queremos que la gente se implique y sea partícipe en esto. Nuestros actos han tenido bastante repercusión, el PP del barrio, enrabietado, ha difundido un comunicado falso donde nos acusan de mentirosos y de engañar a la gente con oscuros intereses. No comprendemos esto cuando el distrito sanitario (dirigido por este mismo partido gobernante) continúa afirmando a los sindicatos que el cierre es un hecho. Estamos a la espera de tener respuesta de distintas instituciones de sanidad para reunirnos y que nos informen verazmente. Si no reponen los pediatras ni aseguran las autoridades pertinentes que no se cerrará, continuaremos luchando y con el barrio en pie. Además, la ultraderecha en el Parlamento, socia del partido gobernante, acusa a esta plataforma de agredir físicamente al personal médico. ¿Cómo va a ser esto? Si lo que queremos es que haya más médicos y con mejores condiciones de trabajo, para que podamos tener una atención sanitaria de mayor calidad.

Históricamente los barrios obreros que componen nuestro distrito han sufrido el máximo abandono por parte del Ayuntamiento y otras instituciones. Todas las escuelas, asfaltados e incluso instalaciones de luz las consiguieron nuestros padres y abuelos luchando por ello. La última crisis, la falta de trabajo, la droga, el alcoholismo, la falta de oportunidades para los jóvenes y el máximo abandono de las instituciones han degradado estos barrios, pasando muchas barriadas como los Pájaros de ser zonas humildes a marginales. La izquierda, y los sindicatos también, se han retirado de los barrios obreros, perdiéndose muchas costumbres de lucha y reivindicación y abriendo paso a la entrada de la derecha y ultraderecha (que gracias a la conciencia de clase existente sigue siendo una minoría en estos lares).

No nos queda más que organizarnos, como hacemos desde esta plataforma y desde Barrios Hartos (la coordinadora de distintas plataformas vecinales de Sevilla de la que formamos parte), como hemos hecho durante estos años y llamamos a los compañeros de otros barrios obreros, humildes y abandonados de Sevilla y de otras ciudades a que tomen nuestro ejemplo, se organicen y luchen por lo que es suyo por derecho.

Por unos barrios obreros dignos y vivos. Por unos barrios obreros en pie. Que viva la lucha de la clase trabajadora.

PATINETES ELÉCTRICOS

Sevilla avanza en su política de movilidad: al tiempo que peatonaliza calles, regula el alquiler de patinetes y bicicletas por parte de las empresas con tarifas fijas y zonas delimitadas para su uso. Un simple vistazo nos hace ver que, por su precio y características, está pensado para el turismo y el uso ocasional mientras que las bicicletas públicas son abandonadas.

En el año previo a la pandemia era fácil encontrarse por Sevilla con patinetes arrumbados en cualquier esquina, molestando. Las pocas personas que lo usaban tenían por costumbre hacerlo sobre aceras, provocando accidentes y generando un odio que duró unos cuantos meses y que acabó por dejarnos como postal típica de Sevilla a unos patinetes volcados sobre los contenedores. La pandemia paró el mundo (al menos, en cuanto a movilidad se refiere) y los Ayuntamientos de España tomaron nota para legislar.

PATINETE ¿ECOLÓGICO?

No hay más que pasearse por una gran urbe española o europea para darse cuenta de que los patinetes han resultado ser un enorme revulsivo en la movilidad. El patinete viene a rellenar un hueco que hasta ahora estaba vacío, que ni coches ni motos ni bicicletas eran capaces de ocupar. El patinete no es el vehículo sostenible que necesitamos para realizar una transición ecológica, pero avanza y mejora mucho con respecto al uso de los coches.

En su libro El socialismo puede llegar solo en bicicleta, el ecologista Jorge Riechmann reflexionaba de forma certera sobre el coche y el consumo excesivo de energía que realiza: para desplazar a una sola persona que pesa unos 70-100 kg, el ser humano en la etapa más ferviente del capitalismo inventó un cacharro que oscila entre 1 000 y 1 500 kg, diez veces más energía de la necesaria para desplazarnos. Y si a esto le sumamos que esa energía se ha producido con petróleo, la ecuación mortal del cambio climático ya está servida. Por no hablar de los problemas en la salud que suponen miles de tubos de escape repartiendo gases nocivos o la sangre que acompaña a la industria del petróleo en infinidad de países que han «padecido la suerte» de tenerlo bajo sus suelos. Además, hay que sumar al gasto energético de un vehículo lo que se invierte en construirlo. Un coche precisa de extraer materias primas, refinarlas, transportarlas, ensamblarlas… y su vida útil no suele superar los veinte años. La energía que se consume en estos costosos procesos es la eléctrica que, de nuevo, se ha creado mayoritariamente con petróleo o carbón. El caso de los coches eléctricos no mejora mucho la cosa, pues en su fabricación se consume energía similar, su peso es mayor y las enormes baterías de litio necesitan de mucha energía para su extracción y producción.

Frente a esto, nos dice Riechmann, las bicicletas son la luz al final del túnel: un medio de transporte muy fácil de construir que se repara con facilidad, que es barato y pesa poco. Y lo más importante: su energía para el desplazamiento proviene de nuestro impulso. Además, es una forma sana de desplazarnos. Por todos estos beneficios, irónicamente, la bicicleta no ha triunfado como medio de transporte en el sistema y ha quedado reservada para los paseos de los domingos. Es difícil que empresas o instituciones públicas habiliten lugares seguros donde dejarlas. Mucho más complejo es que instalen vestuarios para que una persona que trabaje en verano, al llegar a la oficina, pueda asearse. La formalidad en el atuendo y los duros horarios laborales de España obligan a que busquemos un transporte rápido y que no nos arrugue demasiado la camisa.

POR EL CAMINO DE EN MEDIO

El patinete eléctrico es la alternativa verde que el sistema acepta para resolver el embrollo de la movilidad. Pesa poco, se repara con relativa facilidad y promueve desplazamientos rápidos, imprescindibles en nuestras atareadas vidas. No resuelve el asunto del uso de la energía, que sigue siendo eléctrica y cuya producción no especialmente limpia. Por otro lado, depende de las baterías de litio, cuya producción es perjudicial para el medio ambiente. En general, el patinete eléctrico avanza en lo que se conoce como electronificación de la sociedad, esto es, ponerle cables, bluetooth y conexión wifi a cosas que no lo necesitan para cumplir su función básica o que no mejoran demasiado nuestra calidad de vida: el altavoz de Alexa, luces wifi, relojes digitales, cafeteras eléctricas, persianas también eléctricas e, incluso, mirillas que cuentan ahora con cámaras y pequeñas pantallas del otro lado. Cuantos más cachivaches inventamos, de más energía precisamos, además de cobre, baterías, chips… En resumen, el patinete se inserta en esta tendencia, y es un avance indudable frente al coche o la moto, pero no resuelve nuestra maltrecha situación climática.

PARA TURISTAS Y CLASE MEDIA     

Los patinetes que el Ayuntamiento ha aprobado acaban con el problema del caos que existía antes: ya no están tirados en cualquier lugar, sino que cuentan con zonas delimitadas para ellos. La tarifa está regulada y, se supone, las empresas cuentan con obligaciones además de pagar impuestos. Por contra, es una vuelta de tuerca más a la privatización del espacio público y el fin de toda posibilidad de recuperar el Sevici, un servicio que tanto bien hizo hace algunos años y que ahora se encuentra obsoleto, abandonado, sin promoción alguna y que cada vez usan menos personas.

El Sevici es un servicio donde, mediante un pago anual de 33 euros, una persona coge una bici las veces que desee. Sin duda esto supuso un impulso al transporte sostenible y compartido, ya que por una cuota reducida cualquier estudiante o currela podría desplazarse sin emitir CO2. Por contra, los patinetes y las bicis eléctricas cuentan con un precio por servicio de 1,20 €/minuto. Aunque venden abonos para reducir las tarifas, los trayectos al trabajo o a la universidad no descienden de los 3-5 euros diarios. Es decir, 30 a 50 euros semanales. El servicio, por su alto precio, no está pensado para el uso diario de estas personas sino más bien para el turista o los jóvenes de clase media-alta a los que no les pica el monedero. Un cambio de paradigma el cambiar del Sevici al patinete, de lo público a lo privado, que no ayuda a que el coche o la moto se quede en casa, es un gran escaparate para vender ecologismo pero una oportunidad perdida para tener un servicio público potente que haga que la sevillanía se pase al transporte «algo más» sostenible.                    

Por otro lado, estos servicios excluyen de sus zonas los barrios de Polígono Norte y Sur, Pinomontano o San Jerónimo. Y es que al Ayuntamiento no se le ha ocurrido exigir la igualdad entre todos lxs sevillanxs a la hora de ofrecer el servicio. Pudieron haber mejorado el Sevici, colocarle baterías, reducir su peso y mejorar su acceso, pero optaron por ofrecer al sector privado los beneficios de nuestra movilidad.

CONTRA LA DESMEMORIA

LA DESTRUCCIÓN DEL PASEO DE LA PALMERA

Da la impresión de que ya nos hemos olvidado de la triste labor destructora del patrimonio arquitectónico y urbano perpetrada en el centro histórico de Sevilla durante los años sesenta y setenta del siglo pasado. Fue una época malhadada en la que la ciudad perdió numerosos edificios significativos de su arquitectura civil, desde palacios hasta corrales de vecinos, por la desidia municipal, que permitió que el capital inmobiliario hiciera y deshiciera, utilizando todo tipo de argumentos espurios con el fin de procurar una transformación irrespetuosa e infame del entorno más sensible de la capital andaluza.

Para denunciar aquella situación, que se había hecho endémica, el Colegio de Arquitectos organizó en 1976 una exposición que llevaba por título «La destrucción de la ciudad». Llevada a cabo con unos medios ciertamente modestos, pero con una clara conciencia de la improrrogable necesidad de defender la ciudad de tanto destrozo inútil, la muestra consistió en una sencilla colección de fotografías de edificios ya desaparecidos o seriamente amenazados por la piqueta. No hacía falta más: el título lo decía todo. Lo que estaba sucediendo era, ciertamente, fruto de la incuria y la incultura pero, también, en palabras de Joaquín Romero Murube, una de las grandes voces críticas ante tanto desmán, de «la prisa del dinero».

Al insigne poeta no le dolían prendas a la hora de reconocerlo: «Hemos destruido la fisonomía de la ciudad, y no para beneficiar al humilde y al desvalido sino, las más de las veces, por complacer a la potente empresa económica, que viene a su avío y ganancia, predicando que les trae aquí el deseo de beneficiar a la ciudad; lo que puede ser cierto en algún modo, pero sin respetar para ello otros valores que, al desaparecer con criterio iconoclasta, destruyen matices esenciales de la misma ciudad a la que dicen que vienen a servir». Estas lúcidas palabras, pronunciadas en los años sesenta, bien podrían parecer referidas al actual proceso de destrucción del paseo de la Palmera.

Ese paseo, junto con el parque de María Luisa y la ciudad jardín de Nervión, constituye uno de los legados urbanos más importantes del crecimiento experimentado extramuros por la ciudad en los años veinte, al calor de la Exposición Iberoamericana de 1929. Como insistentemente denunciara el urbanista y estudioso del patrimonio Jorge Benavides, recientemente fallecido, los chalés regionalistas de Nervión han ido desapareciendo, poco a poco, hasta quedar reducidos a unos pocos ejemplares aislados, algunos de ellos con un notable grado de deterioro, perdidos en el interior de un barrio cuya estructura original proyectada por Aníbal González hace ya mucho tiempo que es irreconocible.

No aprendemos. Ahora le ha llegado el turno al paseo de la Palmera, que diseñara Juan Talavera y que no tardaría en convertirse en la alternativa al camino viejo del Guadaira (hoy avenida de Manuel Siurot), que era la vía histórica de acceso a Sevilla desde el Sur. Configurado a lo largo de los años en armoniosa continuidad con el eje que, partiendo del desaparecido Patín de las Damas, unía el paseo de Colón, el salón de Cristina o las Delicias de Arjona, el paseo ha devenido en uno de los espacios públicos más nobles y característicos de la ciudad moderna. Su carácter lo recibe de la articulada estructura de su arbolado y de la relación de este con el conjunto de viviendas unifamiliares con jardín que, junto a algunos de los pabellones de la Exposición Iberoamericana, flanquean la amplia vía que bordea la margen izquierda de la dársena urbana del Guadalquivir.

Ya en las últimas décadas del siglo pasado se habían producido las primeras intervenciones lesivas para la imagen del paseo, las cuales dejaban entrever a las claras el peligro que acechaba a una estructura urbana tan frágil que, entre tanto, había adquirido una posición central en la ciudad, lo que la convertía en un apetitoso objetivo para los mercaderes de ciudades, por emplear el título de una célebre obra teatral que sirvió para denunciar la especulación inmobiliaria en los años setenta. En 1990, al ampliarse el perímetro del conjunto histórico, el Ayuntamiento tuvo la oportunidad de incluir la Palmera dentro de la nueva delimitación, pero adoptó una actitud ambigua que solo ha hecho complicar las cosas.

Absurdamente, el nuevo decreto de ampliación del conjunto histórico solo incluía la mitad del paseo; en concreto, la pieza urbana comprendida entre el paseo de la Palmera y la avenida de Manuel Siurot. La otra mitad quedaba excluida de la delimitación, lo cual carecía de toda lógica desde el punto de vista urbano, por cuanto eran los dos frentes edificados los que servían para definir el espacio público del paseo. Esa extraña decisión propició que el Ayuntamiento aprobara un catálogo de edificios protegidos dentro de ese ámbito, sin promover la aprobación de un plan especial que defendiera el paseo en su totalidad.

Pero ya entonces estaba claro que el catálogo no serviría para nada sin el plan especial que asegurase la intervención coherente en el conjunto de la pieza urbana y que impidiese una aplicación torticera de las ordenanzas del Plan General, concebidas con carácter general para otras partes de la ciudad no necesitadas de protección patrimonial alguna. Los resultados están a la vista. Amparándose en determinados artículos de la normativa del Plan General vigente, que permiten cambiar el uso residencial por el de equipamiento, se ha procedido a llevar a cabo una serie de desafortunadas intervenciones que amenazan con modificar, radicalmente, el carácter del paseo, mediante unas edificaciones carentes de calidad arquitectónica y de sentido urbano.

Nuevamente, como en otros tiempos que considerábamos definitivamente superados, nos hallamos ante unos gestores municipales con escasísima sensibilidad para los valores del patrimonio, que no dudan en plegarse a los intereses particulares utilizando como argumento que lo que se les plantea está permitido por una herramienta —el Plan Urbanístico— cuya razón de ser es, ante todo, defender lo común, y no servir como excusa para cometer tropelías y sinsentidos desde el punto de vista tanto cívico como urbanístico. Por doloroso que resulte admitirlo, parece que estamos volviendo a utilizar el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) como antaño se utilizaba el Plan de Reforma Interior del Casco Antiguo de Sevilla (PRICA), vigente entre 1969 y 1979: para promover la destrucción de la ciudad; en este caso, la destrucción de la Palmera.

Se armó el belén

La pasada Navidad, en Sevilla, sonó más el belén erótico de una pastelería del centro, que el árbol más grande de luces led de Europa, en la también céntrica plaza de San Francisco. La Fundación Española de Abogados Cristianos lo ha vuelto a hacer y, junto a Vox, ha denunciado la composición festivo erótica por considerarla, como no, «ofensiva» .

Una vez más, el juzgado participa de este sentimiento ofendido, a la par que mediático. En este caso, los juzgados de Instrucción número 15 y número 20 de la capital abrieron diligencias previas contra el belén armado de penes y vulvas, para investigar si supone un delito contra los sentimientos religiosos. Para rematar, ambas investigaciones van unidas.

La pastelería en cuestión, que se llama La Verguería, es de hecho una pastelería erótica, es decir, elabora y vende lo que suele elaborar y vender una pastelería, pero con formas eróticas. Y las formas eróticas más famosas del mundo mundial son las vulvas y los penes. Las vulvas, y no como salen una y otra vez en los medios de comunicación, en las denuncias y en los autos, las vaginas o los órganos sexuales… vaya eufemismo. Porque las mujeres tenemos las dos cosas: vaginas y vulvas. Sí, ese desaparecido elemento del placer femenino que, justo es decirlo, no encontramos por ningún sitio en las ilustraciones médicas y científicas del propio cuerpo humano de las mujeres. Les daremos pistas: es pequeño, rosado y suave, pero no es Platero.

En el escaparate de la pastelería penes y vulvas de pan o de bollería, salían morenos y morenas, tostaditos y ataviados como la virgen María, José y el niño Jesús, con ojitos y bocas pintadas. El resultado, con dos peluches que suponemos querían representar a la mula y el buey, pero que no hemos podido identificar bien, todo hay que decirlo, y unas cuantas velas, es más bien cutrecillo y gracioso.

Así que, una vez más, constatamos que esta gente ofendida no tiene sentido del humor. Ninguno, vamos. Es realmente ridículo, después de contemplar el belén, que pudiera resultar ofensivo, vejatorio y contrario al respeto y la convivencia, donde todo está permitido. Pero hay gente para todo, claro. Que nosotras sepamos, el belén entero tiene sexo, no son ángeles. Al final va a ser que a mucha gente no le gusta el sexo. Y lo que es peor, no sabe lo que es una vulva, donde se aloja la llavecita de nuestro placer. Y ya puestas, ¿se imaginan la que se hubiera montado si alguien se los hubiera comido? Un auténtica transmutación del pan y el vino. Porque no nos consta, tampoco, que los hayan retirado del escaparate, ni que no hayan hecho réplicas. Qué pesadilla para los creyentes, por dios.

Saliendo de la calle Cuna, en pleno centro, donde las luces de Navidad son más grandes, más bonitas y muchas más, donde va a parar, que todo el resto de calles juntas, y donde todo está limpio y a punto para el turismo, y hay árboles de verdad y no esqueletos o troncos cercenados, llegamos a los barrios porque Sevilla son sus barrios, o eso dicen. No sabemos lo que les pasa a ustedes, pero nosotras nos deprimimos un poco al llegar a los nuestros, uno más periférico que el otro, pero vamos, se nota que son eso, barrios que no son el centro de nuestra, por otro lado estupenda, ciudad, que ella como ente así en plan abstracto, vamos a seguir siendo justas, no tiene la gran culpa. El caso es que se nota tela que nos echan del paraíso navideño cuando dejamos el centro, para qué les vamos a mentir. Volvemos a esas calles no tan limpias, no tan de escaparate, y por supuesto muy poco adornadas para estas fiestas. No ya este año, es que la Navidad en los barrios no es alegre por la iluminación precisamente. Haber, hay poca, pequeña y fea. Es que los comerciantes son menos y no tan ricos, dirán. Es que la luz está más cara que nunca. A ver, que conste que si hay que elegir entre pagar la luz del alumbrado público y que ese dinerito se destinara a otros menesteres más imprescindibles, nuestra elección estaría clara. Pero es que eso no va a ser, y los de siempre, el centro, se llevan lo mejor. Ramalazo de clase, se llama.

Por cierto, hablando de la luz, poco se habla de los apagones, no en el momentazo navideño, sino durante todo el año y de forma frecuente, en los barrios que también son Sevilla. Nos lo cuenta la vecindad de Torreblanca, San Jerónimo, Padre Pío, Polígono Sur, Palmete. Pero si hasta a veces afecta (un poco) al centro, a Triana y Los Remedios. Ya saben, exigirles a las grandes empresas que cumplan con sus contratos les cuesta a nuestras instituciones. Es llegar a la política y ya no ves las menudencias cotidianas de la inmensa mayoría, ya sea trabajar, comer, o pasar frío. Lo dicho, menudencias de gente normalita que al final lo que quiere es ir a pasear al centro, bien abrigados, hacerse selfies para que se vea el árbol de luces led más grande de Europa y contemplar hacia arriba ese perfecto alumbrado, envidiándolo y admirándolo a partes iguales, porque qué más quisieran tener algo así en su barrio. Si lo sabrán ellos.

Pasen y vean, si pueden porque no cabe un alfiler, y ya estamos de nuevo en el centro de la ciudad, no hay manera de escapar del círculo, qué viciosillo es. Colas y más colas de familias enteras esperando a ver un belén. Pero no el de bollería, el de penes y vulvas, por favor, que hay niños y niñas delante y eso no puede ser. Ellos no tienen sexo, como los ángeles, ya habrá tiempo. Quién sabe, por el camino que vamos, cuando crezcan seguirán sin tener sexo, lo mismo el mundo entero se hace trasnhumanista, mira por dónde van a tener razón los ofendiditos, van a conseguir que no haya sexo ninguno, qué ordinariez. Qué va a ser entonces de estos creyentes, cuando ya no puedan armar denuncias contra el uso de coños insumisos, o de vulvas vírgenes, con su túnica azul y todo. Nos tienen fijación, está claro. En fin, nadie sabe qué pasará con las navidades del futuro en esta ciudad otrora ensimismada y a la que todo quisqui le echaba en cara su especificidad pero que está mutando, como todas, en un escaparate de plástico donde ya no caben los vecinos y vecinas. Mientras tanto, estas navidades han sido más eróticas de lo que a algunos les gustaría.

EL TURISMO (NOS SIGUE EMPOBRECIENDO) TRAS LA PANDEMIA

El pasado 27 de septiembre se concentraron una treintena de organizaciones sociales frente al Hotel Inglaterra para denunciar que los perjuicios del modelo turístico siguen estando muy vigentes en la ciudad de Sevilla.

La pandemia nos ha demostrado que la apuesta incondicional por el turismo como pilar base de nuestro sistema económico y social tiene sus peligros y sus contrapartidas. Cuando en marzo de 2020 el chorro de turistas diarios que llegaban a puertos, aeropuertos y carreteras se cortó de raíz, la economía andaluza se desmoronó. La covid-19 nos obligó como sociedad a reflexionar sobre la fragilidad de este modelo, la hiperdependencia a otras economías y las injustas condiciones que necesita para su éxito. Parecía que debíamos pensar en un modelo más autosuficiente, que produjera algo. O eso pensábamos. Lo cierto es que el rumbo de la Administración y el empresariado turístico sigue siendo el mismo, destinando inmensas cantidades de dinero público a volver, lo antes posible, a la situación anterior: fondos de rescate para este sector privado, más suelo residencial destinado a negocios, más campos de golf y nuevas urbanizaciones, más privatización del espacio público, más facilidades en el planeamiento y la legislación, y un largo etcétera. Estas medidas ya se han tratado (y criticado) en El Topo de manera individual. Se trata de recuperar el turismo a cualquier precio.

El 27-S fue el Día Mundial del Turismo, pero ante esta realidad, nos parece que hay poco que celebrar. La riqueza que pregonan los dirigentes y empresarios del turismo (medida en PIB, entrada de divisas e inversiones) oculta la casi inexistente redistribución de beneficios, que se quedan en manos de unos pocos. Sin embargo, los efectos negativos del turismo los sufrimos la mayoría, a quienes este modelo turístico solamente nos empobrece cada vez más: nos sube el alquiler y nos expulsa de nuestras casas, nos cierra los comercios locales, nos despoja del espacio público, mantiene en el abandono a los barrios periféricos y solo nos deja un mercado laboral precario y temporal. Más que para celebrar, el Día Mundial del Turismo nos emplaza a reivindicar alternativas políticoeconómicas más justas y dignas para las sevillanas y sevillanos, así como el retorno del derecho a la vivienda y la mejora de las condiciones laborales para todas y todos como prioridad urgente.

El curso político empezó en Sevilla el 27-S con una concentración de organizaciones sociales, partidos y sindicatos en apoyo a Las Kellys, las camareras de piso, que sostienen con su trabajo y sus cuerpos este negocio a cambio de salarios mínimos, condiciones laborales extremadamente precarias y problemas de salud de por vida. Ellas pusieron de relieve las duras condiciones diarias de trabajo bajo presión, que desembocan en problemas de salud físicos y mentales, el incumplimiento de la prevención de riesgos laborales y las condiciones de parcialidad temporal y precariedad en sus contratos. Reclaman a la industria hotelera, que no ha dejado de construir nuevos hoteles (hasta veinticinco) en la ciudad mientras los/las trabajadores/as de la hostelería siguen afectados por un ERTE, que en sus establecimientos incluyan a las camareras de pisos en plantilla. La patronal hotelera sevillana no puede seguir aconsejando, como hace en su página web, la externalización del servicio de limpieza, por la temporalidad y precariedad laboral que tiene aparejada esta modalidad de contratación. La regulación estatal no las protege ante las prácticas abusivas de los empresarios hoteleros, las inspecciones de trabajo no son las deseables, el Comité de Seguridad y Salud Laboral no pide evaluaciones de riesgo específicas, los sindicatos mayoritarios no atienden sus demandas, etc., mientras, los hoteles obtienen beneficios astronómicos. Situaciones límites donde trabajan a marchas forzadas, enfermando y con condiciones indignas que les hacen tener la sensación de ser trabajadoras de usar y tirar.

Paralelamente, el 27-S, también se presentó, públicamente, una propuesta elaborada por más de una decena de colectivos y organizaciones sociales de Sevilla para la mejor regulación de los pisos turísticos. La implantación descontrolada e ilimitada de estos provoca la expulsión del vecindario con menos recursos a otros lugares de la ciudad y la despoblación en las zonas más tensionadas, donde la falta de residentes afecta al comercio de proximidad y bienes básicos y a la convivencia de su tejido social. Además, altera la vida pública de la zona y afecta, profundamente, a los criterios de la planificación urbanística que debe velar por equipamientos públicos y espacios libres por habitante. La modificación del planeamiento o la regulación que tiene el Ayuntamiento sobre la mesa se queda muy corta. Para empezar, no tendrá efecto retroactivo cuando entre en vigor, así que los propietarios, ante la noticia, no han dudado en registrar sus viviendas en el Registro de Turismo de Andalucía. Durante la pandemia, Sevilla ha adelantado a Málaga, por primera vez, en número de viviendas registradas, sumando mil más entre abril de 2020 y septiembre de 2021, y ha alcanzado casi siete mil registradas (en realidad son muchas más). Estas viviendas no se verán afectadas por la regulación del Ayuntamiento, así que la alta presión que ejercen en Triana y el centro no variará lo más mínimo. Además, el negocio está cada vez más controlado por empresas gestoras, fondos de inversión e inmobiliarias que especulan con un bien de primera necesidad. Esto dificulta el acceso de la población a una vivienda digna y asequible (art. 47 CE), al reducir, considerablemente, la oferta y, consecuentemente, aumentar el precio del alquiler de larga duración en toda la ciudad.

El turismo salvaje destroza derechos, cuerpos y ciudades. Su maquinaria vuelve a estar a pleno rendimiento y lo seguimos notando. Cada vez somos más lxs que nos salimos de esa corriente simple y acrítica que realza todas las bondades del turismo sin contradicciones y sin ver sus efectos negativos. Las últimas experiencias en Sevilla, donde organizaciones y colectivos de diferentes campos de acción (vecinales, sindicatos, partidos, ecologistas, políticas, etc.) han unido sus fuerzas, han sido muy enriquecedoras. El turismo es un fenómeno global, que afecta a muchos aspectos de nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras casas, nuestro planeta. Solo con esa visión poliédrica podremos cuestionar de forma exitosa el modelo e imaginar alternativas. El movimiento contra la turistificación es un movimiento por la ciudad, esto es, por nosotrxs sus habitantes.

¿Qué pasa con La Algodonera?

En el Distrito Este se viene siguiendo un modelo urbano lucrativo: construir vivienda de forma desproporcionada, sin las dotaciones suficientes en servicios públicos y de movilidad, y con carencias para la calidad de vida. Ahora el espacio que ocupaba La Algodonera ofrece una oportunidad, pero el ayuntamiento, desoyendo al vecindario, saca del cajón un proyecto para construir viviendas.

En 1962 se construyen, diseñadas por el arquitecto Aurelio Gómez Millán, las instalaciones de lo que fue la Cooperativa Agrícola Algodonera Nuestra Señora de Los Reyes de Sevilla, siendo la factoría de algodón más grande de Europa. Presenta un importante valor arquitectónico e histórico, por ser vestigio de la industria sevillana y ser determinante para la posterior construcción de lo que es el Distrito Este. Gran parte de los trabajadores que alberga esta fábrica serán los residentes del barrio que en 1972 comienza a construirse. En 1984, arruinada la Sociedad Cooperativa, salen a subasta los terrenos e instalaciones de La Algodonera y se fracciona la propiedad, desarrollándose distintas iniciativas constructivas, como la urbanización Los Olivares con 370 viviendas y las naves de las calles Manises y Alberique, que fracasaron económicamente. En 2005, la promotora Solurban Inversiones, constituida por el Grupo Inmobiliario Solurban en un 60% y El Monte en un 40%, adquirió los 116 500 m² que aún quedaban de la antigua algodonera para la construcción y promoción de viviendas y otros usos sociales y comerciales. El Monte salió del grupo inversor en noviembre de 2008, justo un mes antes de un gran pelotazo urbanístico en los terrenos de la antigua Hytasa. Pese a esto, la crisis económica y una fallida promoción urbanística en Almensilla acarrearon importantes problemas de liquidez a la empresa Solurban, que entregó como dación en pago a Cajasol (antiguo El Monte) y a Caixa Galicia, los 116 500 m² de la antigua fábrica, con lo que cancelaba la deuda que ascendía a 64 millones de euros. De estas entidades bancarias, la propiedad de estos espacios pasó a la Sareb, una sociedad anónima de gestión de los activos transferidos por las entidades bancarias rescatadas por el Gobierno de España en 2012, estando participada en un 55% por capital privado y en un 45% por capital público a través del frob.

Con esta trayectoria de inversiones, deudas y promociones urbanísticas, el futuro que desde el Ayuntamiento y la S areb se le proyecta a La Algodonera no trae ninguna novedad: construcción de vivienda, adornada con espacios verdes, una residencia y un hotel. Se aprobó en 2008, poco después de haber explotado aquella burbuja inmobiliaria de la que, parece, nuestras autoridades locales no se acuerdan. De la antigua fábrica, tan solo un pequeño trozo que corresponde a la entrada principal se conservaría como muestra representativa del valor artístico e histórico del lugar. Dicho valor se extiende, aparte de la entrada, a otras partes de la obra arquitectónica que quedarán destruidas para la creación del espacio nuevo; no obstante, la funcionalidad de este espacio, así diseñada desde arriba, se aleja de la oferta turística concentrada en el centro. No existe historia ni valor simbólico en la periferia, al margen de lo anecdótico. Ni el Gobierno municipal ni la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía han respondido a las peticiones de declaración como Bien de Interés Cultural que se han hecho.

Como nuestras autoridades no quieren dejar de justificarse en la responsabilidad que se les presupone, dicen que el proyecto es bueno, porque trae vivienda para gente que la necesita.

Son 451 las viviendas protegidas que acogería el espacio, las cuales vienen a suplir unas carencias en materia de vivienda en nuestra ciudad. Ahora bien, estas no tienen por qué ir junto a otras 468 unidades de vivienda libre, que no están orientadas hacia las necesidades de la ciudadanía precisamente. Nuestro distrito ha sido escenario de un crecimiento extraordinario en las últimas décadas, es uno de los mayores focos de atracción de población para vivir. Entre ella, generaciones que vivieron en otros barrios, más céntricos, ya revalorizados.

Es decir, la demanda de vivienda que llega al distrito es la de población desplazada, y ello genera desequilibrios y deficiencias en estas zonas. Esto es un problema, porque en lugar de invertir dinero e ingenio en, precisamente, transportes, bienes y servicios, nuestra administración (autoridades responsables) canaliza las inversiones en: vivienda. Es un proyecto cortoplacista que a largo plazo tendrá perjuicios sociales y medioambientales. A esa merma en la calidad de vida hay que añadir el aumento de emisiones que implica esa saturación de residentes y del tráfico.

El proyecto que ha presentado el Ayuntamiento es un intento del llamado banco malo de hacer negocio, pero no olvidemos que un 45 % de la antigua fábrica es propiedad pública. Es decir, son recursos de todos y todas las sevillanas que no se están usando de cara a sus intereses, sino en vistas a la acumulación de capital que, en este contexto y de manera similar al de los primeros años del presente siglo, está sostenida, en nuestra ciudad, en el turismo y la construcción. Presenciamos cómo la política en materia de urbanismo en esta ciudad está enteramente orientada hacia la acumulación de capital, hacia los intereses de quienes forman parte de esa gobernanza restringida y selectiva, además de la administración pública y determinados actores económicos. Las alegaciones y solicitudes que hemos hecho han sido sistemáticamente ignoradas o rechazadas con argumentos que se desvanecen, como las mentiras que se dicen para salir del paso. El modelo de urbanismo en función del que se perfila la ciudad que tenemos es inseparable del modelo administrativo local en función del cual se toman las decisiones. Además de los perjuicios que implica sobre la calidad de vida, esta intervención sobre este espacio del barrio es síntoma del déficit democrático que padece nuestra ciudad.               

Unidos por la desafección hacia esta forma de actuar que llevamos padeciendo durante años en nuestros barrios, un grupo de vecinas y vecinos de distintas edades y trayectorias empezamos a imaginar el espacio de La Algodonera: desarrollo de ciclos formativos para jóvenes en situación de exclusión, convenios de investigación con universidades, energías renovables, colaboración con artistas y jóvenes emprendedores, espacios para la creación artística y, en definitiva, para la germinación de las ganas y los saberes de la gente del barrio, mucha de ella joven, con cualificación o sin ella, que encuentra pocas o ninguna alternativa lúdica y profesional que no sea lo de siempre: la hostelería y la construcción; el bar y el parque. Nos juntamos con la ilusión de revitalizar el barrio, sin la pretensión de hacer proyectos faraónicos, sino, simplemente, hacer algo distinto a lo actual, que no es poco.

EL VECINDARIO INVISIBLE AL HABLA

EL COLECTIVO DE PERSONAS SIN HOGAR DEL BARRIO MACARENA ALZA LA VOZ A TRAVÉS DE LAS ONDAS

Vivir en la calle es una amenaza real para la vida. Son múltiples y variados los motivos de este hecho tan grave: marginación, la exposición, las enfermedades, dificultades para una nutrición saludable, la vulnerabilidad ante los elementos y las violencias por parte de la sociedad e instituciones, entre otros motivos. Al fin y al cabo, la situación de calle implica una serie de consecuencias que atentan directamente contra la vida humana. Tanto es así, que la esperanza de vida de las personas sin hogar se reduce en unos 20 años. Dato muy alarmante. A esto debemos sumar factores de mayor riesgo aún como: ser migrante; tener la movilidad reducida; requerir de algún tipo de tratamiento; un color de piel diferente, o ser mujer —considerado de alto riesgo en este caso al estar expuestas a todo tipo de violencias machistas—. Los asesinatos, robos, humillaciones, palizas o violaciones forman parte de la cruda realidad de estas vecinas y vecinos de nuestros barrios que apenas cuentan con apoyo y visibilidad.

Esto debería ser suficiente para que exista una respuesta ciudadana solidaria como se da en otras luchas y cuestiones igualmente legítimas, pero el sinhogarismo, a diferencia de otras causas, sigue hoy día siendo un problema estigmatizado e ignorado. Los prejuicios hacia este sector son aprendidos y conocidos, pero igualmente falsos y urge derribarlos.  Estas personas no están en esta situación porque quieren, sino como consecuencia de la desprotección social. Se les asocia a la delincuencia, las adicciones, la agresividad y la mendicidad; hechos también falsos y desmontados como para que se generalicen.

Sufren mucho rechazo y pasan a solas la mayor parte de su tiempo, pues solo gozan de un trato de igual a igual con otras personas en su situación en términos generales. Casi la totalidad de recursos públicos ofrecen un servicio asistencialista y acaban institucionalizando a estas personas, lejos de conseguir su integración y autonomía plena y digna. Por otra parte, la cantidad y condiciones de los albergues no ofrecen una solución, ya que, en primer lugar, no existen plazas para todas las personas que la necesitan y están masificados — algo que desde el inicio de la pandemia está suponiendo un horror—, tampoco pueden acceder con sus parejas o animales de compañía y se les impone una serie de horarios y disciplina bastante estrictos, muy lejos, a veces, de ser compatible con la realidad y las necesidades reales de estas personas. Parece que los recursos están más enfocados a atender urgencias y paliar síntomas que a solucionar y facilitar una reintegración favorable, justa y digna. Apenas existe la prevención en esta materia y a la mayoría de personas ajenas a este conflicto nos sorprende la facilidad con la que se puede acabar en una situación de calle.

Es inminente cambiar la perspectiva y la mirada. Este colectivo forma parte de nuestra comunidad y, como tal, merece la misma atención que el resto de partes que requieren atención y cuidados. Son nuestras vecinas y vecinos que duermen en la calle, quienes nos piden, con permiso, que les miremos a los ojos.

En Sevilla hay más de medio millar de personas en esta situación, según recogen los informes de los diferentes colectivos e instituciones que trabajan en esta causa. El contexto está lejos de ser favorable ante el aumento de los delitos de odio relacionados con la aporofobia en los últimos años y los continuos recortes en los presupuestos públicos destinados a combatir la pobreza callejera. Aun así, existen colectivos, organizaciones e instituciones que sí están trabajando para cambiar drásticamente estas realidades. Una de ellas es Solidarios para el Desarrollo, ong española cuya sede en Sevilla está en el mismo barrio de la Macarena, distrito donde se evidencian estas realidades y se concentran los centros de acogidas municipales y albergues. El equipo de trabajo y voluntariado realiza multitud de labores, como las rutas nocturnas, actividades artísticas, creación de redes de apoyo y visibilización del conflicto, entre otras. Una acción humanitaria de empatía, afecto y solidaridad sin paternalismos ni prejuicios, goza generalmente de una gran respuesta por parte de quienes reciben estas atenciones tan importantes. En el mes de junio comienza la Campaña de Calor, que dura todo el verano y consiste en la realización de actividades culturales y artísticas a las primeras horas de la tarde, con la intención de que las usuarias y usuarios puedan estar al refugio de las altas temperaturas mientras realizan collage, escritura creativa, circada o cine entre otras.

El verano del pasado año 2020, surgió la idea de iniciar una actividad radiofónica a través de un grupo de contacto donde uno de los usuarios más activos, Eloy, emulaba a través de audios la información cotidiana en clave informativa. Tras unas primeras sesiones de introducción, pronto este proyecto radiofónico se empieza a materializar en el programa Soñando Hogar. En este programa, el contenido se decide en asamblea horizontal, donde usuaries y voluntariado proponen y debaten sobre los temas a tratar. A través de debates, tertulias, lecturas de textos propios y entrevistas a diferentes personajes, como Alfonso Fajardo (director de Solidarios), Rocío Vicente (periodista) o María del Monte (artista y presentadora), se busca visibilizar al colectivo y a sus sensibilidades, necesidades y valores. No hay búsqueda de compasión ni lástima, solo la de dejar de ser una parte invisible del barrio; la de un cambio de actitud real en la sociedad. Los prejuicios que se mantienen carecen de verdad y razón, pero sus consecuencias son crudas y reales. Soñando Hogar responde a la necesidad de derribar lo aprendido, escuchar, comprender y crear un verdadero tejido de apoyo mutuo vecinal. Desde el primer programa, el proyecto ha sido acogido en Radiópolis a pesar de que se sigue grabando en la sede de Solidarios de manera autogestionada, y puede escucharse en la 92.3 FM de Sevilla, los jueves a las 23:00 h, o en el canal de ivoox de Soñando Hogar, donde se alojan entre algunos cortes de las sesiones de introducción, los seis primeros programas de manera permanente. Un contenido directo, práctico y sin edulcorantes para comprender esta realidad, hecho con mucho cariño, esfuerzo y corazón por quienes protagonizan esta historia, y el apoyo de quienes tenemos la fortuna de estar a su lado.

El pulmón verde no se vende

El casco antiguo de Sevilla se ahoga en el cemento. Faltan espacios verdes, parques, árboles, zonas para las mascotas, bancos que no cuesten una consumición… aire para respirar. PERO Todavía hay algún enclave que podría dar ese servicio y, además, es municipal: el «Pulmón Verde», el histórico solar entre Arrayán y Divina Pastora. Pero el Ayuntamiento prefiere venderlo para levantar pisos y que se macice aún más el barrio

El centro histórico de Sevilla está superpoblado, si se tienen en cuenta numerosos parámetros e indicadores dotacionales, medioambientales, habitacionales, de provisión de espacios libres y de verde urbano que le corresponden por su volumen de habitantes. Un problema antiguo, constatado también por el vigente plan general de ordenación urbanística (PGOU) de Sevilla, aprobado en 2006, que estableció un buen conjunto de actuaciones para paliar dichos déficits.

Pero de todas aquellas actuaciones prácticamente no se ha realizado ninguna. Tampoco la prevista en el solar que hemos bautizado como Pulmón Verde; un gran vacío que existe hace decenios entre las calles Arrayán y Divina Pastora, en el barrio de San Luis. Un suelo que se calificó como dotacional educativo público por el planeamiento urbanístico (Plan Especial Alameda-Feria) ¡en 1983! ¡Hace casi 40 años!

Pero todo un rosario de dejaciones y dislates de las administraciones competentes, que entidades vecinales como La Revuelta han venido denunciando por años, han conducido a la inaudita situación actual, en la que, si desde la ciudadanía no conseguimos evitarlo, perderemos en breve y para siempre la posibilidad de que este espacio, este recurso importante y único del barrio, llegue a dar finalmente servicio comunitario.

En pocas palabras, este suelo, compuesto por seis parcelas que suman cerca de 2.400 m², fue expropiado en su día para albergar el equipamiento allí planificado. Pasaron años y años sin que este se construyera. Ello dio pie a que algunos de los antiguos propietarios demandaran en los tribunales recuperar su parcela y ganaran, teniendo que ser además indemnizados por el Ayuntamiento. A fecha de hoy, este ha mantenido la titularidad de cinco de las parcelas, las cuales abarcan algo más de la mitad de la superficie del suelo; mientras que de la parcela restante es copropietario en proindiviso con un particular. Y ambas partes están negociando para que dicha parcela pase por completo a manos municipales, otra vez. ¡Pero, ojo, con la idea de revender todo el conjunto a continuación para la construcción de viviendas!

¿Espacio verde para el barrio o negocio privado?

Casi 2.000 firmas electrónicas ya (firma en bit.ly/PulmonVerde), y creciendo, reclaman este espacio como pulmón verde para el barrio. La Junta
Municipal de Distrito, en su sesión plenaria de febrero, aprobó pedir al Ayuntamiento que no venda este
solar y que lo califique urbanísticamente como «zona verde, de servicios y esparcimiento» para el vecindario.

El Ayuntamiento, no obstante, aboga por vender y que algún promotor llene de pisos el único solar municipal del barrio y del casco antiguo en su conjunto, que puede dar cabida a una zona verde con espacio para actividad física y de ocio variada (futbito, baloncesto, voleibol, petanca, rocódromo. aparatos de gimnasia, etc.) para jóvenes y mayores, al aire libre, entre árboles y a coste cero. Un lugar que dé servicio a las familias con peques y también a la gran cantidad
de mascotas que habitan el barrio, ahora hacinadas en la plaza José Luís Vila; único espacio público que hay por la zona con una relativa amplitud y que no está lleno de veladores.

Venderlo para construir más viviendas en ese solar implicaría, además, más congestión, menor proporción de espacio libre y verde por habitante en un barrio ya superpoblado e infradotado.

Conflictividad social

El barrio es un polvorín que, sin más oxígeno ni espacios verdes, puede explotar. Ya hemos visto cómo,
a consecuencia del hacinamiento, residentes de la citada plaza José Luís Vila han promovido el vallado de la misma (¡y el Ayuntamiento hasta les delega la gestión de su cierre y apertura!). Una actuación costeada, con 47.000 euros municipales, también por quienes estamos en contra del cierre y privatización de los espacios públicos. Unos fondos que se podrían haber invertido en empezar a habilitar el pulmón verde que tanto beneficiaría al vecindario.

La gente más joven del barrio tampoco tiene alternativas de ocio sano, ni un lugar donde jugar, bailar o hacer deporte al aire libre. Por eso rondan plazas y calles pasando las horas, iniciándose incluso, demasiado pronto, en botellonas y pasatiem-pos similares, que tanta inquietud nos generan a sus madres y padres.

Si los diferentes colectivos, familias, mascotas, adolescentes, mayores… tuvieran más espacio, más espacios, un nuevo y gran espacio para disfrutar en y de su barrio, convivirían más gustosa y menos conflictivamente entre ellos y con los residentes.

¿Un alcalde que no cumple su palabra?

En casi todos los barrios hay parques más o menos adecuados para el disfrute de sus residentes. ¿Por qué en el centro se nos veta un pulmón verde habiendo posibilidad de crearlo? Aquí vivimos contribuyentes y familias que no queremos que nos penalicen por vivir en el casco antiguo. La OMS ha asegurado que se necesita, al menos, un árbol por cada tres habitantes para respirar un mejor aire en las ciudades y un mínimo de entre 10 y 15 m2 de zona verde por habitante. Nuestra salud y la de nuestras familias es importante y merece ser defendida.

Conviene recordar también que el Gobierno local (PSOE) firmó un acuerdo con el grupo político Adelante Sevilla en octubre de 2019, con objeto de posibilitar la aprobación del presupuesto municipal de 2020, que incluía el «desarrollo de nuevas áreas que configuren pulmones verdes especialmente en distritos con mayores carencias en este sentido», para lo que «se realizará un análisis específico de la situación del Casco Antiguo con el desarrollo de un primer proyecto en este distrito». Pues bien, resulta que el solar que nos ocupa es el único que podría acoger ese «nuevo pulmón verde» para un distrito que, además, es el peor dotado en espacios libres, zonas verdes y arbolado.

Desde la plataforma Pulmón Verde llevamos más de dos años sensibilizando, reclamando, intentando hablar y convencer de la realidad de nuestro barrio. No queremos más cemento. Queremos y necesitamos urgentemente este Pulmón Verde en el barrio. Y con la colaboración que cada cual buenamente pueda y quiera aportar, seguro que lo conseguiremos.

LUGARES DE LA RESISTENCIA

MEMORIA HISTÓRICA

Me pregunto hasta qué punto caminamos sobre nuestro pasado sin ser conscientes de la historia de los lugares que, en el presente, habitamos. ¿Deambulamos sobre cementerios sepultados, valga la redundancia? Quizás sea utópico, incluso puede que no tenga un sentido pragmático, aspirar a conocer todo lo que ocurrió en un rincón cualquiera del mundo, pero definitivamente podemos —debemos— descubrir, conocer y comprender más de lo que hacemos.

Esta premisa es extrapolable tanto a personas, animales, plantas… y, en general, seres vivos; como a objetos, elementos naturales y artificiales, disciplinas teóricas, etc. Aquí buscamos indagar en la historia de los espacios, los escenarios en los que representamos el devenir histórico, o bien, los lugares que capturan recuerdos significativos para la memoria colectiva; aquellos sitios en los que es posible evocar el pasado y aprender algo nuevo sobre quiénes somos.

En el colegio, en el instituto, a veces también en la universidad, nos llevan como estudiantes a lugares «importantes» de nuestro entorno. En mi experiencia, los lugares a visitar han incluido iglesias, museos y edificios de instituciones públicas: como el parque de bomberxs de mi pueblo, la base militar de Rota y el Parlamento de Andalucía. Son emplazamientos, sin duda, interesantes, dado que su función social afecta, en mayor o menor medida, a toda la población. No obstante, también la función social de las panaderías afecta considerablemente a toda la población. Desde una humildad sincera, sigo esperando que alguien me explique de forma convincente el sentido en el que el rey de España es más importante que yo.

Las historias de la «gente corriente» rara vez se han considerado dignas de figurar en los libros de texto y las unidades didácticas. Los lugares en los que el colectivo realiza su vida no se encuentran en las guías turísticas. Me cuestiono la legitimidad de las razones para que la realidad sea la que es y no otra; para que el orden establecido 
sea el de una pequeña élite sostenida en el lujo y la comodidad por la pobreza y el sacrificio endémicos de la mayoría social, gracias a la conformidad de una clase media que, por un par de privilegios superficiales, ofrece su colaboración.

La historia hegemónica nos habla sobre la relevancia de guerras, revoluciones y líderes. Es un discurso coherente para una jerarquía piramidal basada en la dominación violenta. Pero, quizás, a la gente que estamos abajo nos interese más oír sobre la necesidad de la cotidianeidad, sobre cómo construimos, momento a momento y entre todas las personas, como una cadena infinita, el mundo y la vida. Pienso que, para entender de dónde vengo, me resulta más ilustrativa la historia de una esclava sexual que la de un aristócrata. Pero la historia de la esclavitud sexual arroja sombras perturbadoras sobre la historia de la realeza, y se la acalla con silencios y eufemismos.

Este es uno de los grandes obstáculos a los que se enfrenta el movimiento memorialista cuando intenta recuperar
el recuerdo de las víctimas del franquismo. En realidad no se trata de falta de pruebas, sino de que las historias de las muertes de estas personas evidencian el sadismo de un sistema bajo el que (mal)vivimos durante cuarenta años, del que nuestra actual «democracia» es heredera. Son historias incómodas porque nos hacen reflexionar sobre nuestra (falta de) ética social y, lo que es aun más subversivo, nos hacen querer transformar la realidad.

En algunos momentos particulares, en los que la realidad social es —como en el pasado pero de diferente forma— dolorosa y traumática, el recuerdo de la resistencia colectiva se convierte en una prioridad. También es necesario que conozcamos las consecuencias que puede llegar a tener el mantenerse fiel a unos ideales, no para abrazarnos a la cobardía, sino porque, si algunas formas de vivir y pensar resultan tan amenazantes para el autoritarismo como para ser perseguidas sistemáticamente, es probable que esas filosofías sean beneficiosas para las personas de abajo.

En los lugares de la memoria histórica residen los recuerdos de la resistencia colectiva. En estos espacios se exponen las huellas de un pasado significativo para el presente. En el cementerio de San Fernando se encuentra la fosa común, entre otras siete, de Pico Reja. Esta era la tumba colectiva que usaba el cementerio de la capital cuando, el 18 de julio de 1936, se declaró el golpe de Estado fascista. Las autoridades eclesiásticas se apresuraron a poner la fosa común al servicio del ejército franquista que, en apenas tres semanas, había inhumado a más de 1 100 víctimas de los crímenes contra la humanidad del franquismo.

En enero de 2020, comenzó su exhumación, aprobada en 2018 y financiada por la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Sevilla. En el Laboratorio Municipal se han recogido muestras de ADN de las personas que buscan a sus familiares desaparecidxs. El plan para la recuperación e identificación de los restos es de cuatro años, pero los informes señalan, después de un año de trabajo, que posiblemente haya más del doble de víctimas enterradas de las que se esperaba (en julio de 2020, la cifra barajada rondaba las 2 600 personas).

Una vez que la exhumación de Pico Reja esté completa: ¿qué será de este lugar de la memoria? ¿Qué queda de un escenario tras su derrumbe? En Sevilla tenemos el caso de un campo de concentración franquista (de los, al menos, 53 que hubo en Andalucía), situado entre lo que hoy conocemos como Los Remedios y Triana (se cree que en la calle Virgen de Fátima). Por el campo de Los Remedios pasaron, entre 1937 y 1939, como mínimo, medio millar de personas prisioneras, cuyos relatos fueron sentenciados, también, al olvido.

Sin embargo, el recuerdo colectivo del campo de Los Remedios persiste. A pesar de que no quede rastro tangible de sus instalaciones, sabemos de su existencia. Y esto se debe a que el espíritu de la resistencia colectiva, que, más de 80 años después, necesitamos evocar, sigue viviendo allí. Por lo tanto, los lugares también cuentan con una esfera simbólica, de modo que, cuando perdamos la esperanza y agotemos nuestras fuerzas, cuando necesitemos el ejemplo de la lucha de nuestrxs antepasadxs, siempre podemos viajar, utilizando la imaginación histórica, a los refugios que nos ofrece la memoria colectiva.

Cruz Roja, peatonal y ¿sin gentrificar?

La historia reciente sobre la movilidad en la avenida de la Cruz Roja, en Sevilla, ejemplifica perfectamente aquello de que la ciudad es un espacio de y para los conflictos. Conflictos por el modelo de movilidad y de ciudad. Conflictos por la supervivencia de los negocios locales. Conflictos por la solución propuesta, la peatonalización. Pero también, esta calle, el espacio público más bien, es donde se manifiestan las desigualdades urbanas y donde las élites o el poder del mercado ejercen una relación de poder a la hora de sacar tajada de los espacios liberados. Hablaremos de esto último un poco más en detalle. Pero antes, hagamos un poco de memoria.

Año 2009. Comienzan las obras del carril bici de la avenida de la Cruz Roja. Como en otros sitios de Sevilla, esta intervención es contestada por algunxs vecinxs. Encabezan el descontento la asociación de comerciantes Macarena; reclaman que el carril bici restará aparcamiento y generará impedimentos a la movilidad en coche, lo cual afectará al tejido comercial de la zona, amén de tener que sufrir una obra a lo largo de un año. Juan Ignacio Zoido, por aquel entonces candidato a la alcaldía, se paseaba por La Macarena buscando votos y haciendo promesas. Entre otras, eliminar el carril bici de la avenida. Año 2014, Zoido ahora ya en la alcaldía, anuncia de nuevo que la calle debe ser levantada para acometer una reforma de la canalización de aguas. Lxs comerciantes piden una moratoria de dos años, puesto que, según afirman, están en plena recuperación económica y, otra obra, podría afectar a sus negocios. La amenaza de la eliminación del carril bici de la Avenida aparece en escena y las primeras movilizaciones para defenderlo, promovidas por Acontramano, también. Moratoria concedida. Año 2019, y la obra de canalización de aguas sin hacer. Juan Espadas anuncia una nueva reurbanización de la avenida. Involucra a Emasesa y plantea una reforma parecida a la que se realizó en la avenida de El Greco, pero antes, hace una consulta ciudadana en la que se dan cuatro opciones a elegir. Sale la peatonalización como opción más votada. Tras la consulta, el Ayuntamiento presenta un proyecto refrito de varias de las opciones: carril bici en sección única y bidireccional en el lado opuesto al que está en la actualidad. Acontramano, la Red Sevilla por el Clima, el Movimiento de Entidades por el Clima, y Adelante Sevilla se oponen a esta opción y comienzan a ejercer presión. Octubre de 2020, en un cambio de opinión inesperado, el Ayuntamiento anuncia la peatonalización integral de la avenida de la Cruz Roja en 2021.

El proyecto contempla la restricción total del tráfico, a excepción de las personas con acceso a aparcamientos existentes, entre la ronda histórica y la plaza que hay junto al colegio Arias Montano. Prevé el acondicionamiento de la plaza que está frente al centro educativo, en la que se incluye una fuente y otros espacios de esparcimientos.
Incorpora, además, elementos de urbanismo menos duros. Por ejemplo, los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que favorecen la porosidad de los suelos urbanos, filtrando mejor las aguas de escorrentía. También incorpora elementos decorativos con colores diferenciados. En fin, en palabras del propio Ayuntamiento, la reurbanización va a generar «un nuevo eje peatonal y un verdadero revulsivo para vecinos y comerciantes».

La mayoría de la gente coincide en que, para mitigar el cambio climático y mejorar la habitabilidad de las ciudades, es necesario cambiar el modelo, repensarlas. La pandemia ha puesto de manifiesto esto con contundencia.
El protagonismo del coche y, por tanto, el modelo de movilidad basado en coches privados debe cambiar. Por otra parte, y con climas como el de Sevilla, necesitamos estrategias que bajen la temperatura de la ciudad de forma que no contribuyan a empeorar el problema. Eso significa, cambiar pavimentos, incrementar el verde urbano. Significa también incorporar el agua como un elemento que mitigue el calor y el recalentamiento que provoca la concentración de cemento. Todos estos elementos aparecen en el proyecto presentado por el Ayuntamiento. Ya era hora. Sin embargo, echo de menos uno fundamental: el conflicto.

Resulta un poco naif pensar que un eje peatonal en la frontera con el casco histórico, en un barrio que ya ha ido recibiendo a las clases medias desclasadas que el turismo ha expulsado de la zona norte del casco histórico, no va a acelerar el incremento en las rentas de locales comerciales y viviendas que ya se viene dando en esa calle y aledaños. Incremento de rentas que terminará probablemente expulsando a comerciantes y vecinxs. En lo que respecta al espacio público, veremos qué usos son los permitidos y castigados del espacio supuestamente arrebatado al coche. Mientras las personas repensamos las ciudades, el mercado y las élites urbanas se frotan las manos. La probabilidad de que este nuevo espacio devenga en terrazas de bares es alta. Decía el antropólogo José Mansilla recientemente, «vivimos en sociedades fragmentadas. Y no hay nada más injusto que tratar a los desiguales como iguales». Este tipo de proyectos lo hace. Si no se incorporan medidas compensatorias, como ya han reclamado los mismos movimientos sociales que han demandado la peatonalización, el Ayuntamiento asistirá desde la barrera a una escabechina en la que las reglas del mercado se antepondrán a las experiencias urbanas. Entre estas medidas compensatorias, podrían incluirse la de limitar el número de licencias de bar a los ya existentes, al igual que realizar un análisis de la ocupación de terrazas que hay en la actualidad, de manera que no se incrementen. Si no se hace, una intervención necesaria y reclamada por la gente, puede convertirse en un expulsivo para vecinxs y comerciantes. Una especie de violencia urbana sibilina, que determina quién tiene derecho, o no, a la cara más amable de la ciudad.

Sueña, okupa y resiste

Entro a una okupa del centro y me encuentro con un cartel en blanco y negro con una foto de la fachada del CSOA Cruz Verde resistiendo un desalojo en los 90. El cartel anuncia las «Jornadas por el derecho a la vivienda» que iban a celebrarse entre la Cruz Verde y la facultad de Geografía e Historia. La Universidad en diálogo con el movimiento okupa es algo que a día de hoy parece impensable.

La okupación se ha convertido en este último año en un asunto de interés para los medios de comunicación, así como para algunos partidos políticos, quienes han abordado el tema sin rigor periodístico ni conocimiento de causa, criminalizándola, centrándose principalmente en la manipulación de la opinión pública a favor de sus intereses o de los intereses que les financian, creando una ficticia alarma social, sacando provecho de las emociones y las circunstancias que hay detrás de cada persona, invisibilizando otras y, por qué no decirlo, generando mentiras y visiones reduccionistas de una realidad más compleja. Como punto de partida, habría que dejar claro que el fenómeno de la okupación tiene un carácter transversal y heterogéneo, por tanto sería incorrecto hablar de lxs okupas sin hacer un análisis pormenorizado de un movimiento o grupo humano concreto.

Los temas que giran en torno a la okupación y que son inherentes a este fenómeno, que en este caso solo podremos reseñar por falta de espacio, bien merecerían un análisis profundo en cuanto a sus orígenes, causas y consecuencias en la historia y en nuestra sociedad. Nos referimos, por ejemplo, al supuesto derecho a una vivienda digna o a la supuesta función social de la propiedad, por encima incluso de la intocable propiedad privada, que aunque estipulados en la Constitución española, se han convertido en utopías inalcanzables e igualmente desatendidas y manipuladas por el Tribunal Constitucional y el Estado español en general. Es este ambiente ilegítimo el que, junto a un paradigma capitalista y patriarcal, ha propiciado la existencia y proliferación de casas y solares vacíos y abandonados, favoreciendo y potenciando la especulación inmobiliaria, la insalubridad, la inaccesibilidad de las personas a un espacio digno, la precariedad y la exclusión social.

Asimismo, podríamos señalar temas como el rescate a la banca, los fondos buitre y las socimis; la subida de los alquileres, la turistificación, la censura y criminalización de los movimientos sociales y de la autogestión rural e urbana; los abusos policiales, la violencia permitida de los grupos desokupas o los desalojos ilegales, asuntos todos muy conocidos aquí en esta ciudad. Todo esto sin olvidarnos del estado de alarma y «la nueva normalidad», que han supuesto un aumento de la represión y el control y que han incrementado la precariedad que de por sí gira en torno a la okupación, ya sea con desalojos, cortes de suministros, restricciones del espacio público, supresión de mercadillos y del arte de calle, o con limitaciones del derecho humano al agua y al saneamiento con el cierre de las fuentes públicas.

Sería extraño abordar la okupación en Sevilla sin un ejercicio de memoria histórica, sin nombrar centros sociales okupados como la Cruz Verde, la Gavia, la Goyeneta, Vidrio, Casas Viejas, la Sin Nombre, la Fábrica de Sombreros, la Huelga, la Soleá, Andanza, la Grieta o la Hiena, salas okupadas autogestionadas como Sabotaje, ateneos okupados autogestionados como la Ballesta o la Meteora, casas okupadas autogestionadas feministas como la Revolucioná, corralas okupadas como la Ilusión, la Utopía, la Alegría, la Conde Quintana, la Esperanza, la Libertad o la Dignidad, el solar okupado del Huerto del Rey Moro, la okupación del antiguo Mercado de la Encarnación, la planta baja de la Casa Palacio del Pumarejo o la reciente okupación del antiguo edificio del CSOA Casas Viejas, por el que están imputados los 18 de la Macarena.

La Meteora, en calle Duque de Cornejo, ha sido el último CSOA en ser desalojado. Este ateneo libertario fue madriguera para colectivos y asambleas, fue un lugar de creación, de encuentro para jornadas y talleres y también de reivindicación de la cultura fuera de los circuitos del poder. Hablamos con una compañera sobre este hecho y nos cuenta que: en Sevilla nunca hemos estado sin un lugar en el que reunirnos. Ha habido periodos de okupación y la okupación es muy emocionante, le estás ganando sitio a los poderosos. Cuando no se ha podido hemos alquilado un local y hemos hecho las mismas charlas, proyecciones, talleres, encuentros… lo mejor es okupar porque cuando alquilas usas mucha energía para pagar el alquiler, hacer actividades y conseguir dinero.

Muchas sentimos que ha habido un momento de desconexión que ha complicado que se diera un relevo generacional, que se ha machacado a las personas que en desde los años 90 han mantenido vivas las reivindicaciones sociales y que la disminución de espacios ha hecho que sea difícil el encuentro entre personas: Cuando faltan sitios físicos es más difícil encontrarnos, pero un día, no sabes cómo, pero de repente, sale una asamblea, sale gente de la que tú no tenías ni idea y hay como un empuje. Eso pasó con la Revo: se okupó un sitio que no moló, se buscó otro y se llenó de actividades y de lucha.

A través de los medios se ha instaurado un miedo social que intenta despolitizar la okupación y criminalizarla. La extrema derecha también pretende marcar territorio en Sevilla. Hace poco nos encontramos con que Vox había colocado publicidad antiokupa en grandes vallas publicitarias con el eslogan «Con VOX, a los okupas, patada en el culo y fuera en 24 horas». Esto genera un clima hostil para las personas que seguimos luchando: Cuando te desalojan hay que digerirlo, necesitas recargar, aunque te entran ganas de montar otra cosa porque te la han quitado. A lo mejor no son las mismas personas, hay gente que se va, otras se quedan y también tiene que llegar otra gente nueva. La okupación es una lucha muy completa, toca muchos temas. Hay veces que se puede y otras no. Hay que esperar, pero siempre activas.

Actualmente existe un paréntesis, un espacio vacío pero vivo, que se nutre de diferentes luchas y se reparte en diferentes espacios colectivos, casas y cuevas en los que seguimos pensando, creando y construyendo. Sobreviven todavía el CSO Julio Vélez en Morón, el CSOA-Comedor Er Banco Güeno y el CSOA La invisible en Málaga y el CSOA la Redonda en Granada, que está a punto de ser desalojada.

La reivindicación por el acceso a una vivienda digna y la liberación de centros sociales permanece viva en Sevilla, se refugia en todas las casas okupadas autogestionadas que resisten y se reparten por la ciudad. Seguimos cuidándonos y resistiendo en el día a día, seguimos luchando por más espacios liberados, por acabar con el poder desde lo cotidiano, en nuestros barrios, nuestras casas y nuestros cuerpos. En este contexto, okupar es un derecho y cuantas más seamos, mejor.

Declaración de emergencia climática en Sevilla: verba volant, scripta también

l verano pasado, el Ayuntamiento de Sevilla aprobaba la declaración de emergencia climática en la ciudad de Sevilla. Ha pasado un año y, lejos de avanzar en las medidas que recogía el documento, la situación de crisis climática sigue empeorando y viene a sumarse al contexto de crisis actual. En el papel, contamos con la reelección de Juan Espadas como presidente de la Red de Ciudades por el Clima y su presidencia en el nuevo grupo de trabajo sobre el Pacto Verde del Comité Europeo de las Regiones; en la práctica, a la hora de la verdad, responsabilidades, compromisos y acuerdos asumidos, quedan en nada. Así que sí, la palabra dicha vuela y, en el caso que nos ocupa, la escrita también.

Aprovechamos la carta que lxs compañerxs del Movimiento de Entidades por el Clima de Sevilla (MECS) enviaban al alcalde de Sevilla con motivo del primer aniversario de la aprobación de la declaración de emergencia climática para conocer mejor qué se proponía en el documento finalmente aprobado y qué se está incumpliendo por parte de los gestores.

Como señalan desde MECS, el Ayuntamiento de Sevilla fue pionero en aprobar dicha declaración y va sacando pecho de ello en cualquier foro nacional o internacional relacionado con el cambio climático en el que participa. Sin embargo, la realidad es que nos hemos quedado a la cola en su aplicación. Desde su aprobación, la falta de compromiso y la inacción por parte del Ayuntamiento, ponen de manifiesto que, lejos de estar realizándose los cambios necesarios, se están desarrollando políticas que entran en conflicto con los propósitos de dicha declaración.

El Ayuntamiento de Sevilla adquiría dos compromisos fundamentales en esta declaración: de un lado, emprender una campaña que informara con claridad sobre las consecuencias e impactos que la actual emergencia climática tiene sobre quienes habitamos en Sevilla, así como de los cambios necesarios para reducir el consumo de energía y las emisiones. De otro lado, la puesta en marcha de un amplio proceso de participación para la elaboración de un nuevo y más ambicioso Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES) que impulsara el autoconsumo de energía renovable, un plan de residuos cero, un plan para impulsar la agroecología en el área metropolitana y un plan de renaturalización de la ciudad. ¿Y bien?

Pues desde otoño del año pasado se vienen produciendo encuentros periódicos entre el MECS y el Ayuntamiento en los que este último no ha enviado a ninguna persona con capacidad ejecutiva. De esta forma, el Ayuntamiento ha creado un falso espacio de participación y muestra su falta de compromiso real.

Cabe recordar, además, que la declaración aprobada ya omitía muchas de las propuestas consideradas fundamentales por las entidades que conforman MECS, para atajar la situación de emergencia climática. Así, demandaban mejoras en materias de movilidad, verde urbano, reducción de contaminación y emisiones, eficiencia energética, sensibilización, educación y concienciación.

Por mencionar ejemplos de algunas de estas demandas, en materia de arbolado, Juan Espadas, apodado Juan Serrucho por los colectivos en defensa del arbolado y de la vegetación de la ciudad, pasará a engrosar la lista de alcaldes arboricidas de Sevilla, en un contexto en el que las soluciones basadas en la naturaleza para enfriar la ciudad y para crear sombra son una cuestión de salud pública. El plan de arbolado, aprobado recientemente, olvida los demás elementos del verde urbano también esenciales para disminuir el efecto isla de calor, nace siendo poco ambicioso y además, poco riguroso en el diagnóstico del número de alcorques vacíos y susceptibles de ser replantados.

Por otra parte, el alcalde parece obsesionado con la ampliación del tranvía. Un proyecto caro, que cuesta 31,3 millones de euros para 1,3 km; arboricida, puesto que opta por la tala de toda una hilera de árboles para no restarle espacio al coche y que parece innecesario en cuanto a demanda de viajeros. Frente a estas intervenciones, ha guardado en un cajón la implantación de la línea bus de tránsito rápido (BTR) entre Sevilla Este y la avenida Eduardo Dato, con un coste de 12,1 millones de euros para 7 km, que conectaría una zona de la ciudad con una alta demanda real de infraestructuras de movilidad.

En una zona también afectada por la segunda fase de ampliación del tranvía, encontramos el recién presentado Plan de Reforma Integral de Santa Justa. En esta intervención vuelve a ponerse de manifiesto la falta de sensibilidad de la corporación local con las cuestiones medioambientales. La pérdida de dimensión del espacio público en beneficio de parcelas lucrativas; privatización y desregulación de suelo; consideración de  espacios marginales como zonas verdes; inexistencia de una reflexión sobre la nueva movilidad urbana, y conceptos como conectividad y sostenibilidad son solo algunas de las cuestiones que se han puesto encima de la mesa para ser revisadas. Una vez más, el Ayuntamiento da muestras de tener una actitud bipolar en lo que a sostenibilidad urbana se refiere.

Mientras esto ocurre en Sevilla, Juan Espadas, el alcalde verde europeo, hace declaraciones como esta, el Pacto Verde Europeo es la oportunidad de invertir en transporte público no contaminante, eficiencia energética, vivienda asequible, agricultura sostenible y protección de la biodiversidad y de generar empleo verde. Se lo debemos a nuestros ciudadanos y a las generaciones futuras. Requiere una revolución en la que las ciudades y las regiones estén a la vanguardia, ya que son quienes mejor conocen las necesidades específicas de cada comunidad y dónde canalizar la inversión para una transición justa. Para ello necesitamos el espíritu de solidaridad entre los niveles local, regional, nacional y europeo, ya que solo podemos lograrlo juntos.

Creemos que es hora de pasar de las palabras a la acción, del greenwashing (ecopostureo) al verdadero compromiso. Compromiso de verdad, no de boquilla. Se nos acaba el tiempo, Juan. Verba volant, scripta manent.

El callejero también es lucha de clases

Los nombres de los espacios públicos no son inocentes. Rotular con una denominación un espacio es una forma de distinguirlo de otros lugares, al mismo tiempo que cumple una función simbólica. Los topónimos dan sentido de continuidad a una comunidad en tanto que dotan de un significado, normalmente identificado con elementos de su pasado y de su presente, a los lugares comunes donde se desarrolla la vida. Nombrar, el acto de decidir cómo se va a llamar un espacio, es un ejercicio de poder y, de esta manera, han sido utilizados a lo largo de la historia. En este contexto, las páginas azules, ordenadas por vías, o las antiguas guías urbanas, que hoy Google Maps ha enterrado en el olvido, también son lucha de clases. No se trata de uno de esos aspectos fundamentales para mejorar las condiciones materiales de la clase trabajadora. Pero sí representa una de las múltiples, sutiles acciones por las que el poder establecido impone su visión de la realidad. En el proceso, la memoria popular se abandona en detrimento de aquella que pertenece a las élites.

Los cambios sobre el callejero comienzan con la designación de las vías. En los últimos años se observa cierta homogeneización: ahora prácticamente todo es calle, avenida o plaza. Queda algún pasaje, ronda o carretera, y los callejones, como el del Agua, son los menos. Muchas callejas, caminos, plazoletas, barreduelas o adarves se han perdido. La forma de referirse a ellas, claro, porque físicamente siguen existiendo. Lo que ha cambiado es la conciencia de llamarlas por lo que son. Este recorte en la riqueza del vocabulario que señala el tipo de espacio público se enmarca en un contexto amplio de cambios en los nombres de estos.

La toponimia no fue una cuestión relevante para el Ayuntamiento hasta mediado el siglo XIX, cuando manda rotular la primera vía y progresivamente toma el control del callejero. Así queda recogido en el Diccionario histórico de las calles de Sevilla, una obra colaborativa que es una importante fuente de información. Antes de aquel momento, los nombres de los sitios tenían raíz popular y se referían, entre otros, a la proximidad de edificios religiosos; de actividades comerciales o profesionales; o incluso a anécdotas y leyendas. En el proceso de institucionalización del nomenclátor cabría citar varios ejemplos, aunque dos destacan sobre los demás. La calle Feria toma su nombre del mercado de El Jueves que se celebra en los alrededores de la iglesia del Omnium Sanctorum al menos desde el siglo XIII. Este nombre se populariza en el XVI solo para el tramo frente a esa iglesia; arriba y abajo, la calle era conocida de otras formas. Con la institucionalización del XIX, toda la vía adquiere el nombre de Feria, haciéndola coincidir con la extensión del mercado. Otro ejemplo significativo se encuentra en Los Humeros. Las vías de este arrabal ribereño, apiñado entre el río y la muralla, recibían los nombres de «del Medio» y «de Abajo», como se observa en el plano de Olavide de 1771. Cuenta Alfonso del Pozo en su libro sobre este barrio, que el Ayuntamiento decidió en 1859 cambiar tales nombres por Bajeles y Dársena respectivamente, siguiendo la idea según la cual esta zona había sido portuaria en época islámica. Aunque no fuese cierto, en un alarde romántico, el consistorio dotó de una identidad marítima a Los Humeros, que todavía pervive.

Ya en la actualidad, muchas alteraciones, sobre todo en el centro histórico, tienen que ver con la incorporación de nombres religiosos. Por ejemplo, con la reforma del Plan Urban, en San Luis aparecieron las calles Hermano Secundino o Virgen del Carmen Dolorosa. Más recientemente, una apertura entre Pagés del Corro y Alfarería se ha denominado Nuestro Padre Jesús Nazareno, o un tramo de la ya de por sí corta Placentines ahora se llama Cardenal Amigo. La cuestión en torno a los topónimos religiosos no es nueva. Un caso conocido es la plaza del Pan, cuyo nombre oficial pasó a ser Jesús de la Pasión hace más de un siglo, tras la solicitud de unos vecinos. No obstante, la gente ha seguido llamando a este espacio por su nombre anterior, que se debe a la existencia de un punto histórico de venta de este bien básico, junto con otros puestos de frutas y verduras, como recuerda Luis Cernuda en Ocnos.

En cualquier caso, estos cambios tienen sentido por la religiosidad popular en Sevilla. El problema está cuando ocurren a costa de nombres igual o todavía más arraigados. Algunos dan cuenta de la diversidad de procedencias que se concentraba en el casco de la ciudad desde su apogeo como puerto de indias. Además de Placentines, que se refiere a los migrantes de la ciudad italiana de Piacenza, o el caso de la antigua calle de Genoveses, quedan los topónimos de Alemanes o Francos. Es curioso que las nacionalidades extranjeras hayan pervivido hasta cierto punto, y no las de aquellos territorios dentro del Estado español. Porque las actuales calles Albareda, Sagasta o Fernández y González eran conocidas respectivamente como de Catalanes, Gallegos o Vizcaínos.

Como se observa, en estos casos hay una sustitución hacia nombres de políticos decimonónicos. No son las únicas calles que sufren estos cambios, como la del Mar, que pasa a ser García de Vinuesa. Pero los cambios más simbólicos son aquellos vinculados a oficios o actividades tradicionales, las profesiones que ocupaban a las gentes de Sevilla, algunas desde el medievo. Aquí encontramos los casos de Borceguinería, en referencia a los fabricantes de zapatos (actual Mateos Gago); Calderería (Teodosio); Cuchilleros (Antillano Campos); Herreros (San Juan de la Palma) o Toqueros (Conde de Ibarra). La calle Cuna era de los Carpinteros, si bien ambos topónimos convivieron durante tres siglos hasta que se oficializa el primer nombre en 1845. De la misma manera, otros oficios (Refinadores, Toneleros o Zurradores) o sus productos (Aceite, Alfarería o Calería) han resistido el paso del tiempo en el callejero.

Los nombres de los lugares constituyen capas de memoria que nos conectan con un tiempo y una ciudad que ya no existe. Aquellos que se sustituyen, caen en el olvido, como en el que se encuentran aquellos oficios a los que hacen referencia y lxs obrerxs que los desempeñaban. La selección de unas memorias, de unos personajes con apellidos sobre otros que no los tienen, refleja una intencionalidad de clase, y es nuestra tarea oponernos y reivindicar el lugar en la historia urbana de las personas anónimas que habitaron y construyeron Sevilla antes que nosotrxs.

La memoria invertebrada. Hacia la reinterpretación conjunta de la huella memorialista en Sevilla

La activación de la memoria histórica de una ciudad pasa por tener un conocimiento interrelacionado de los lugares en los que ocurrieron hechos del pasado que no conviene olvidar. Sevilla ha avanzado poco a poco respecto a la recuperación de su memoria histórica, especialmente en los últimos diez años, pero adolece aún de una interpretación adecuada de lo que significa esa memoria en su escenario urbano.

Durante decenios, la principal acción llevada a cabo por el Ayuntamiento de Sevilla en relación con la memoria histórica fue la sustitución de nombres franquistas en calles y plazas, pero esta eliminación fue lenta y asistemática. Sin embargo, y sobre todo en el último lustro, la corporación ha diversificado sus acciones: creó la Oficina de la Memoria Histórica; ofrece subvenciones para la investigación y difusión de estudios memorialistas; facilita trabajos de exhumación, conservación y tutela de restos; convoca homenajes a las víctimas y coordina una mesa de participación de la que forman parte asociaciones, sindicatos y grupos municipales. Sin embargo, el mapa de la memoria histórica de Sevilla está por hacer.

La recuperación y vertebración de esta memoria va más allá de un callejero renovado y de acciones que, aunque necesarias, carecen de un plan global que permita la interpretación conjunta, profunda y veraz sobre el período que medió entre el 14 de abril de 1931, advenimiento de la Segunda República, y el 11 de enero de 1982, entrada en vigor del primer estatuto de autonomía de Andalucía (fechas en las que se enmarca el lapso objeto de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía de 2017). Para implementar medidas que establezcan una lectura justa, actualizada y divulgativa de esta memoria, se propone realizar un mapa de la memoria histórica de Sevilla basado en tres pilares.

a) Ad memoriam. Cómo y quién mantienen la memoria

El adjetivo histórico/a está maldito, fundamentalmente porque el pasado es un lugar que, desaparecidos sus protagonistas, solo se conoce a través de las miradas de otros. Al pasado real no se regresa nunca. La historia no deja de ser una apropiación presente de un pasado del que, además, se criba aquello que no encaja con nuestros intereses y creencias. A este respecto, la memoria histórica, y en España más, es un campo sin vallar. Un enfrentamiento civil cruel; una larga postguerra llena de necesidades físicas y espirituales; un desarrollismo autista y, finalmente, una transición que precisó (¿precisó?) hacer oídos sordos para volver a un contexto democrático normalizado como el de los países vecinos cerraron en falso deudas sociales que, como costuras que revientan, han dado la cara a finales del siglo XX y lo que llevamos del XXI.

La emergencia de la memoria histórica en España ha sido asimétrica dadas las diferencias entre los territorios, grupos sociales y partidos políticos. Los agentes memorialistas (sobre todo asociaciones, sindicatos, partidos políticos, municipios y particulares) se han organizado, empoderado y han creado plataformas dinámicas para la consecución de sus objetivos. El resultado ha sido una demanda vibrante y sonora, pero no siempre sistemática con la memoria de todos los territorios. Sevilla es un buen ejemplo.

b) Ad locum. La necesidad de aferrarse a los lugares

Todas las memorias se anclan a sitios, pero la memoria histórica más aún. Si del tiempo es algo de lo que no podemos fiarnos por los motivos antes aludidos, ¿podemos hacerlo de los espacios? ¿Son tan veleidosos y sometidos a la manipulación como la historia? Sin duda, pueden serlo, pero hay una objetividad que marca la diferencia respecto al tiempo: al espacio siempre se puede volver físicamente. El espacio, aun en sus inseguridades y cambios, también proporciona certezas. En el lugar entendemos mejor lo que se nos explica, lo que queremos recordar y lo que somos. No es de extrañar, pues, que los lugares de la memoria sean un aspecto recurrente en los textos legales que pretenden recuperar y dignificar el pasado oscuro de la historia, también por supuesto de la sevillana. Desde este punto de vista del reconocimiento legal, existen siete lugares memorialistas en Sevilla: cuatro de ellos declarados Lugares de Memoria Histórica por el Decreto 264/2011 (Cárcel de Ranilla, Canal de los Presos, la antigua Comisaría de Investigación y Vigilancia —residencia de padres jesuitas en calle Jesús del Gran Poder— y el lugar de fusilamiento de Blas Infante —en la intersección de la SE-30 con el final de Kansas City—) y tres incoados como Lugares de Memoria Democrática (Jefatura Superior de Policía de la Gavidia, antigua Capitanía General —hoy Consejería de Cultura— y lugar del asesinato de Francisco Rodríguez Ledesma —en el Cerro del Águila—), pero la interpretación conjunta de estos lugares con los espacios que ocupan y entre sí es, o es muy deficiente, o no existe.

c) Ad agendum. Gestionar la memoria histórica

Parece que hablar de la gestión de la memoria la hace más frágil frente a la manipulación, pero precisamente para evitarlo deben prevalecer planteamientos razonados que permitan, desde el consenso, establecer protocolos de ineludible omisión. Una de las primeras herramientas con las que se debe contar es un mapa de la memoria local que interprete la historia de forma dinámica, que relacione los espacios y sitios que fueron escenario de hechos significativos y que sirva de referente a las actividades memorialistas (planes, programas, acciones específicas). Especial importancia tendrá como instrumento de difusión (señalética, carteles, placas, etc.) para informar desde los espacios públicos sobre su significado en la historia. Por eso, disponer del mapa memorialista de Sevilla es una tarea urgente que, uniendo conocimiento histórico y reivindicaciones de las asociaciones concernidas, ofrecerá una visión poliédrica y compleja de lo que significó el período que media entre la Segunda República y la transición democrática y que, al ser más el todo que la suma de las partes, aportará un instrumento de conocimiento y difusión que merece la aún no del todo conocida, ni mucho menos reconocida, historia de los peores decenios del siglo XX en la ciudad.

CRUZCAMPO. DEL MÁRQUETIN URBANO A LA PROMOCIÓN INMOBILIARIA

En septiembre de 2006, tras comple­tarse la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aparecía en la prensa local una fotografía del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, con el presidente del holding Urvasco, que poco antes había adquirido a Heineken los terrenos de la antigua fábrica de Cruzcampo para construir allí un nuevo barrio resi­dencial y un gran parque. En el balcón del Ayuntamiento, el alcalde y el em­presario alavés estaban acompañados por tres arquitectos del star system, Arata Isozaki, Jean Nouvel y Noman Foster, y por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra, que serían los encargados de llevar a cabo la ordenación urbanística y de proyec­tar los edificios. Fue una clara opera­ción de mercadotecnia urbana desti­nada a promocionar la imagen de una Sevilla deseosa de tener sus propios iconos arquitectónicos: las Setas de la Encarnación o la Torre Pelli de la Car­tuja se gestaron en esos mismos años.

La historia de la recalificación de los terrenos de Cruzcampo se remontaba a 2004, cuando el Ayuntamiento y la empresa holandesa alcanzaron un acuerdo por el que esta aceptaba tras­ladarse a otros terrenos dentro del término municipal de Sevilla y, a cam­bio, el nuevo PGOU cambiaría el uso del suelo donde se situaba la fábrica, para que pasara de industrial a resi­dencial, autorizando la construcción de casi 2000 viviendas. Casi al mismo tiempo que se firmaba este convenio urbanístico, el Ayuntamiento hacía una operación análoga con la firma de la ingeniera Abengoa que tenía su sede en esa misma manzana y que planteaba trasladarse a Palmas Altas. Con ello se completaba la transforma­ción de todo el entorno, que dejaría de tener un uso productivo para pasar a convertirse en un enclave destinado a usos habitacionales y terciarios, una vez que se aprobase el planeamiento urbano entonces en tramitación.

Tras consumarse la venta de los terre­nos a Urvasco en agosto de 2006, todo quedaba a la espera de que se cons­truyera la nueva fábrica de cerveza en unos terrenos próximos a Torreblan­ca, pues solo entonces sería posible co­menzar la reurbanización de la zona de Cruzcampo, previa aprobación del correspondiente Plan Especial. El traslado a esa renovada factoría industrial estaba previsto para 2008, pero un año antes irrumpía la crisis económica que puso en serios aprie­tos al nuevo propietario de los suelos de Cruzcampo. Al no poder cumplir con sus obligaciones financieras, Ur­vasco vio cómo la titularidad de los mismos pasaba al conjunto de entida­des financieras que le habían presta­do los 330 millones de euros que ne­cesitó para hacer frente a su compra. Terminaba así, de manera abrupta, la aventura de los arquitectos estrella; el llamado «efecto Guggenheim» se ha­bía cobrado una nueva víctima.

No obstante, las bases para la trans­formación de esos terrenos estaban puestas y era solo cuestión de espe­rar que se presentase una coyuntura económica más favorable. El Ayunta­miento quiso aprovechar esa recalifi­cación para obtener el suelo necesario para dotar de un parque al polígono de San Pablo, que carecía de zonas verdes en sus inmediaciones, y a tal fin se destinó un tercio de las 19 hec­táreas implicadas en la operación. Para que la operación tuviese la ren­tabilidad deseada, se necesitaba con­centrar en el suelo restante una gran edificabilidad, lo que forzó soluciones con edificaciones de gran altura; de hecho, el Plan Especial presentado en 2011 planteaba la posibilidad de levantar construcciones de hasta 23 plantas, que fueron reducidas a 16 a la vista de una alegación presentada por las ecologistas.

En el verano de ese mismo año co­menzó la demolición de las antiguas instalaciones fabriles, de las que úni­camente quedó en pie el edificio de comienzos de siglo XX donde comen­zó la actividad cervecera, ahora reu­tilizado como sede de la Fundación Cruzcampo. La tramitación del Plan Especial fue compleja, con recurso de la Junta de Andalucía incluido, pero no es cuestión de relatar aquí sus diversas vicisitudes, toda vez que el contenido urbanístico asignado a los terrenos no cambió sustancialmente. Finalmente, ese Plan se aprobaría en 2016 y solo señalaré que en 2018 hubo de ser modificado porque, de la zona destinada al parque, se segregó una parcela de 2000 m2, cedida al Mi­nisterio del Interior para que en ella pudiese situarse la nueva Comisaría de Policía, a cambio de que la antigua sede de la Gavidia pasara a propiedad municipal. El año pasado se aprobó también la ordenación urbanística de la zona de Abengoa, con lo que to­dos los terrenos recalificados sobre la base de aquellos convenios firmados en 2004 están ahora en condiciones de ser desarrollados.

Todo parece indicar que pronto podrá procederse a la urbanización y pos­terior edificación de esos suelos. Sin embargo, en el actual momento de in­certidumbre económica no sabemos lo que el futuro inmediato deparará a esa operación inmobiliaria, toda vez que la actual fragmentación de la propiedad, con intereses diversos y no necesariamente coincidentes entre los diversos titulares de la misma, no parece que vaya a facilitar su ejecu­ción. En todo caso hace ya más de tres lustros que comenzó este proceso de transformación urbana y aún no se ve próximo el momento en que los habi­tantes del inmediato polígono de San Pablo puedan disponer del prometido parque. Y es que casi nunca coinciden los tiempos de los intereses particula­res de la promoción inmobiliaria con los de la satisfacción de las necesida­des de las habitantes de la ciudad; es más, lo más frecuente, como en este caso se puede comprobar, suele ser que unos condicionen a los otros.

Proyectos de gas en Sevilla

No es una cuestión de extracción de gas, sino de emergencia climática

La celebración de la Cumbre sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas Madrid-Chile (COP25) ha disparado las informaciones sobre esta cuestión en los medios. Uno de los asuntos que podría ser controvertido es señalar quiénes son los principales responsables de ese cambio climático. Hemos visto estas últimas semanas cómo grandes empresas, muchas de ellas energéticas y con importante responsabilidad, se convierten en patrocinadoras de contenidos con los que lavar su imagen. Patrocinadoras de noticias en los medios, pero también patrocinadoras de la propia Cumbre. Estas grandes multinacionales de la energía tienen enorme capacidad de influencia sobre sector energético, entre ellos el gasístico, y sobre la política energética europea, con el riesgo que esto tiene de dinamitar las políticas climáticas. También arroja luz sobre el proceso de revisión de la UE de sus planes energéticos transfronterizos, también conocidos como Proyectos de Interés Común (PIC).

En su afán por vestirse de verde, el sector del gas muestra de forma creciente la tarjeta de visita del llamado «gas renovable», un totum revolutum donde se incluye desde el biogás hasta el gas procedente de electricidad renovable. Bajo este perfil aparentemente ecológico, el lobby del gas pretende reclamar el apoyo público a las infraestructuras y extracción gasistas futuras (redes de transporte, almacenes, extracción, etc.), hoy muy cuestionadas socialmente.
El gas natural es un combustible fósil no renovable y contaminante. Al quemarse produce dióxido de carbono (aunque aproximadamente la mitad que la quema de carbón) y algo de óxido de nitrógeno. El primero es el gas de efecto invernadero más abundante y el mayor responsable del calentamiento del clima. El segundo es un gas tóxico al respirarlo. Pero además, y esto es un punto decisivo, la extracción y transporte de gas natural produce importantísimas fugas de metano que tiene un poder de calentamiento climático (efecto invernadero) 86 veces mayor que el del CO2. Es decir, el gas natural es un combustible peligroso, caro, contaminante e innecesario, que además está bloqueando la implantación de las energías renovables.

Existe un consenso científico que afirma que para evitar un cambio climático desastroso para la humanidad debemos dejar en el subsuelo la mayor parte de los combustibles fósiles, entre ellos el gas natural, y que, de manera urgente, debemos cambiar a un nuevo modelo energético más democrático, descentralizado y basado en las energías renovables, el ahorro y la eficiencia.

Además, según recoge la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en los últimos 10 años se ha reducido el consumo del gas cerca de un 25% en todo el Estado español gracias a la energía renovable. Además, los precios del gas natural han subido más de un 15% en los últimos años. Bajo este análisis, vemos que los resultados económicos son pura especulación. Esto nos indica que se trata de un espacio candidato a la inflación económica del mercado gasístico, para poder introducir gas barato a la espera de que la escasez haga rentable su extracción.

Ante este panorama, nos encontramos los proyectos de sondeo de gas en el valle del Guadalquivir que se están llevando a cabo en busca de hidrocarburos por parte de la empresa Gas & Oil Capital, donde ya se han iniciado los trabajos de perforación en los proyectos Penélope 1 (junto a la barriada El Gordillo), Penélope 2 (apenas a 2 km de la barriada de San Jerónimo) y, en breve, Penélope 3 (a una distancia de 3 km de la barriada de Pino Montano), entre los municipios de La Rinconada y Sevilla. Según el proyecto, el uso de sustancias tóxicas necesarias para la extracción de este gas está garantizado y, por tanto, todo nos hace sospechar que la extracción de este gas puede ser por métodos no convencionales (fracking).

La desconfianza es manifiesta, pese a que desde las instituciones y la propia empresa se repite una y otra vez que las pruebas están orientadas a la extracción de gas convencional. Pero no existen garantías de que sus resultados no vayan a ser empleados para la técnica del fracking o fractura hidráulica.
Entendemos que esta clase de proyecto plantea en la actualidad importantes interrogantes sobre la salud de las personas y sobre las afecciones al medio ambiente, tanto en los usos agrícolas del suelo como en lo relacionado con el medio natural. Fundamentalmente, por la posibilidad real de contaminación de aguas subterráneas y, a partir de ahí, del agua superficial, dada la inyección de productos tóxicos y contaminantes. Estos proyectos suponen también una alta ocupación del territorio por la necesidad de crear balsas para acumular el agua contaminada y el elevado tránsito de vehículos. Este modelo de desarrollo tendría graves impactos en las actividades que mantienen el medio rural, como la agricultura y ganadería, además de las afecciones al medioambiente.

Por tanto, hasta que la base de estas evidencias se analice en profundidad y sea fehacientemente refutada y se determinen que sus causas y consecuencias no están correlacionadas, una paralización preventiva de dicha práctica es la única opción responsable.

Además, este proyecto no tiene razón de ser en un escenario declarado de emergencia climática. Por esto, la única respuesta razonable desde la ciudadanía y los ayuntamientos afectados es la oposición frontal a los proyectos de extracción de hidrocarburos. Además, se debe apostar de manera firme por las energías renovables y reconocer que el único gas bueno es el que se queda en el subsuelo.

Desde Ecologistas en Acción consideramos la explotación de gas como un paso atrás hacia el cambio de modelo energético que debe abandonar la utilización de combustibles fósiles. Las inversiones y esfuerzos deben ir encaminados hacia un modelo energético sostenible basado en la reducción del consumo, la eficiencia energética y las energías renovables. Entendemos cualquier inversión en energías contaminantes como un paso atrás que vulnera los compromisos asumidos en materia de sostenibilidad.

De herejes y blasfemas a mamarrachas

Cuando en el año 2014 participé en la manifestación del 1º de mayo y en la performance del Coño Insumiso, nunca podía imaginar que acabara acusada de un delito que ponía en duda un derecho fundamental reconocido por esa Constitución, esa que tan vehementemente se defiende estos días.

Se nos acusaba de un delito de herejía ‘poner en cuestión un dogma religioso’ y blasfemia ‘insulto a una religión y a lo que esta considera sagrado’ y que, sorprendentemente, está recogido en el artículo 525.1 del Código Penal. Cuesta asimilar que en pleno siglo xxi una asociación (de abogados cristianos) ultracatólica, fascista y creada expresamente para perseguir y denunciar a quienes no comulguen con sus ideas, pueda usar recursos públicos en su propio beneficio; que la Audiencia Provincial de Sevilla rechace el archivo de instrucción y ordene la apertura de juicio oral argumentando que

la conducta descrita parece que colmaría las exigencias del tipo, pues la acción se realiza de palabra y con publicidad y, además, constituye un escarnio al dogma de la santidad y virginidad de la virgen María (…); una mofa del rito religioso de las procesiones de Semana Santa; así como una vejación a quienes profesan la religión católica (…);

 y que la fiscalía le ría la gracia ejerciendo la acusación pública. Es importante dejar claro lo que tan crudamente estamos viviendo estos días; que la justicia está altamente politizada, que el Estado a través de la fiscalía usa la justicia para reprimir y castigar la protesta y la disidencia, y que la Iglesia católica sigue teniendo unos privilegios y prebendas impropios de un Estado aconfesional.

Verte en una situación de represión judicial es frustrante. Si además es por un delito tan anacrónico y sectario, genera una rabia e impotencia difíciles de gestionar y, pese a plantearme la insumisión judicial, llevar la protesta a sus últimas consecuencias hubiera tenido unos costes para mi vida familiar y personal demasiado elevados, así que apretando los dientes y aguantando ese me da corahe tan nuestro, decidí asumir los cargos y comparecer.

El pasado 3 de octubre, en la sala n.º 10 del juzgado de lo penal, lo que vivimos mis compañeras y yo se parecía más a un Auto de Fe de la Inquisición que a otra cosa. Nos vimos asaltadas, acosadas e insultadas de forma violenta y furibunda por un grupo de fervientes católicos, entre los que se encontraban diputades y concejala de VOX, que en su afán por impedir el acceso de nuestras familias y amigues a la sala, llegaron a empujar violentamente a una de nuestras abogadas y a mí misma, por lo que tuvimos que solicitar la protección de la policía y la guardia civil.

El esperpento continuó en la sala: un sacerdote cabreado porque el juez lo rechazó como perito de la fe nos exorcizó durante las declaraciones crucifijo en mano; la abogada cristiana colocó una imagen de la Virgen mirando hacia nosotras, mientras exponía su alegato-clase de catequesis, sin fundamento jurídico alguno; la testiga de la acusación cuando la fiscal le pide que explique que vio el día de autos, describe entre sollozos la pena, el malestar y el sufrimiento que el Coño Insumiso le había causado, pero admite sin despeinarse que en realidad quien presenció la performance fue su prima y no ella. Si no fuera por la advertencia previa del juez de desalojar la sala en caso de interrupción, la carcajada se habría oído hasta en el Palacio Arzobispal; la fiscal, que previamente había informado en sala que pediría la absolución; que hace un alegato en el que deja entrever que nuestra causa está protegida por la libertad de expresión, se pone a jugar al despiste, y pide una sentencia condenatoria, en una actitud cobarde y de sumisión a «órdenes de arriba» que fue la disculpa que dio después a la defensa.

Nuestras abogadas estuvieron sublimes en su defensa, nuestras declaraciones fueron contundentes,  la jurisprudencia a favor era incuestionable, y nos podíamos haber ahorrado este circo, cinco años de intranquilidad, y el dinero de todas, porque la sentencia no podía ser otra que la absolución.

El 11 de octubre, como ha ocurrido a lo largo de todo este proceso judicial, nos enteramos por la prensa de la sentencia. El juez expone los argumentos legales y de jurisprudencia que avalan el fallo, reconoce que pese a que la performance del Coño Insumiso pudiera haber ofendido los sentimientos religiosos de algunes creyentes, ejercíamos nuestro derecho a la libertad de expresión y de manifestación. También deja claro que no correspondía a los abogados cristianos interponer la denuncia por no ser los titulares del bien protegido, y que nuestra intención de forma clara e inequívoca no era el escarnio de los dogmas cristianos, sino la protesta: «las acusadas participaron en una actividad de protesta (…) incardinada en el contexto social propio de aquellas fechas (…) que era el intenso debate social sobre el contenido del proyecto sobre la reforma de la regulación del aborto (…)».

Pero su señoría, para rematar el sainete, se permite darnos su docta opinión de juzgador y señoro al llamar mamarrachada y considerar totalmente prescindible la acción del Coño Insumiso, aunque sea  para visibilizar a la mujer y darle el sitio que reconoce le corresponde; no le parece glamuroso ni oportuno la exhibición de una vagina de plástico (vulva señoría, es una vulva), y mucho menos en la ciudad de Sevilla. Y pa rematá tiene un arranque castizo y cuñao con la intención de ridiculizar a una de nuestras compañeras, criticando el «poco arte» que tiene bailando sevillanas. Su señoría nos absuelve, sí, pero parece que no nos perdona, ni falta que hace.

Entendemos así que el juicio y la llamada de atención es a todas las mujeres, pero no hemos llegado hasta aquí para ahora aguantarle la chulería a nadie. Nuestro Coño Insumiso, mamarracho y poco glamuroso, reafirma su razón de ser y tiene motivos de sobra para seguir saliendo a la calle, y por muy juez que sea no le vamos a permitir ni a él, ni a nadie, que nos diga a las mujeres como debemos protestar. Queremos dejar clarito a su señoría que estamos hasta el mismo toto de que hombres como él sigan dictándonos como debemos comportarnos, estamos hasta el jigo de machirulos que consideran que nuestros cuerpos y nuestros coños no se pueden exhibir o que hacerlo es una vulgaridad. Y, sobre todo, que nos importa muy poco su opinión, que somos nosotras quienes decidimos y que no vamos a pedir ni permiso, ni perdón.

Por un área metropolitana realmente sostenible

A los políticos que gestionan el área metropolitana de Sevilla se les llena la boca de sostenibilidad. Incluso, desde su Ayuntamiento se apuesta por que Sevilla sea Capital Verde Europea en 2023. Sin embargo, la realidad está muy lejos de su discurso hipócrita. Ya en 2001, el déficit ecológico de la provincia de Sevilla era de 3,2 ha/hab. y la huella ecológica de la aglomeración urbana de Sevilla superaba en once veces el territorio productivo disponible en la misma, según un estudio promovido por la Junta de Andalucía. Desde entonces, las cosas han seguido empeorando al aumentar, por ejemplo, el consumo energético total y las importaciones.

Los políticos sistémicos han demostrado, con el paso de las décadas, su incapacidad para conducir al área metropolitana de Sevilla hacia un futuro realmente sostenible. Ha llegado un momento en el que ya no podemos esperar más porque la crisis ecológica, con el cambio climático como ejemplo paradigmático, se agrava hasta llegar a puntos de no retorno con consecuencias catastróficas para la biodiversidad y la mayoría de la población. Por tanto creo que no podemos confiar en que los políticos sistémicos arreglen el problema. Cuando planteamos alternativas debemos huir de una lista, tipo recetario, de las medidas a llevar a cabo por un futuro más verde sin plantear cómo y quiénes las pondrían en marcha. En este contexto, es clave una visión glocal y holística, una praxis anticapitalista desde lo global a lo local y viceversa.

Creo que debemos seguir impulsando y ampliando, desde abajo, las luchas sociales actuales, así como generar nuevas luchas en pro de la defensa de nuestro entorno. Solo estas luchas conseguirán los avances profundos necesarios para alcanzar la sostenibilidad. Por un lado, estas luchas presionan a los políticos del sistema para que avancen y, más importante, generan redes de activistas con capacidad de poner en marcha, mediante la acción directa y la autorganización, alternativas democráticas y reales de mitigación y adaptación a la crisis ecológica. Además, esta autorganización ecologista desde abajo podría llevar al planteamiento de nuevas alternativas políticas radicales y masivas frente a los partidos reformistas e insostenibles.

¿En qué se plasma en la realidad de Sevilla este discurso teórico? Partamos de ejemplos concretos en nuestra área metropolitana. Recientemente, vecinxs de Montequinto se movilizan contra un nuevo aparcamiento que quiere eliminar un solar con arboleda y consiguen la paralización del proyecto y la construcción de una zona verde en dicho solar. Al mismo tiempo, la Asociación Sevilla Más Verde y la Red Ciudadana de Sevilla plantan árboles en la cornisa del Aljarafe y Ecologistas en Acción hace lo propio en la isla de Tercia. Cientos de vecinxs ponen en marcha huertos urbanos y suburbanos. La movilización vecinal consigue la paralización de la construcción de una nueva gasolinera en Pino Montano. Una plataforma ciudadana se moviliza contra un tanatorio con incineración en la Carretera Amarilla y las asociaciones de vecinas de Los Bermejales siguen preocupadas con el aumento del tráfico rodado en su barrio producto de un desarrollo urbanístico basado en el coche privado. La sección sindical de CGT en la fábrica de Renault apuesta por un futuro sostenible en la industria del automóvil con una reconversión hacia transportes más sostenibles, de mano de una mayor calidad en el empleo. Cada vez más vecinas denuncian públicamente la política arboricida del Ayuntamiento de Sevilla. A estas y otras luchas ecologistas en nuestra ciudad se unen ahora movimientos internacionales, presentes también en Sevilla, como Fridays For Future y Rebellion Extinction (Salmorejo Rebelde, en Sevilla) que plantean cambios radicales en el funcionamiento del sistema productivo para frenar a tiempo el cambio climático. Ha llegado el momento de coordinar todas estas iniciativas para golpear juntas en pro de objetivos glocales. Aquí es cuando entran en juego las alternativas que queremos y podemos impulsar en un principio. Y tenemos muchas ideas que crearían trabajo de calidad al mismo tiempo que mejorarían nuestro entorno radicalmente.

Pongamos en marcha cooperativas de valorización de residuos que vayan más allá del monopolio de Ecoembes basado en un modelo privatizado e insostenible que prima el reciclado frente a la reutilización y la reducción. Impulsemos cooperativas en el sector alimentario que pongan en contacto directo a consumidoras y productoras, y animen a la producción local, ecológica y masiva de alimentos frescos en el seno de nuestras ciudades (desde parques y jardines a terrazas y azoteas). Promovamos la participación masiva en cooperativas distribuidoras de energía renovable como Som Energia. Obliguemos a todas las administraciones públicas a instalar placas solares en sus cubiertas. Utilicemos las nuevas tecnologías para poner en marcha iniciativas de economía colaborativa controladas desde abajo para, por ejemplo, compartir vehículos. Apoyemos las huelgas en sectores claves de la economía como el energético o el del transporte, para que sean gestionados bajo control obrero. Abramos comedores, guarderías y lavanderías populares, exijamos fondos públicos para financiarlas al tiempo que las hacemos autosostenibles. La colectivización de los cuidados durante las huelgas feministas del 8M nos muestra el camino. Bloqueemos puntos claves de nuestra ciudad para el tráfico rodado hasta que el Ayuntamiento ponga en marcha rutas exprés de carril de uso único para buses eléctricos (bus de tránsito rápido, BTR). Organicemos una huelga general en pro de un transporte público gratuito y de calidad. Exijamos, mediante la ocupación del Ayuntamiento, que se extiendan las fuentes, el arbolado, las pérgolas, etc., en nuestras calles, contando con una participación ciudadana real a todos los niveles, para disfrutar de un clima urbano más acogedor y habitable. Con la movilización más o menos atomizada que hay ahora en nuestra área metropolitana tenemos fuerza para conseguir esto y mucho más si nos coordinamos con objetivos comunes.

Ahora necesitamos luchas sociales concretas para problemas concretos en sitios específicos, y de manera urgente. Las ideas expuestas en el párrafo anterior son solo algunas propuestas que podríamos poner en marcha mediante la movilización coordinada y sin sectarismos de los grupos que actualmente se movilizan en nuestra área metropolitana por un entorno de mayor calidad. Algunas de estas iniciativas se han llevado a cabo en diferentes ciudades. Como nos ha demostrado la experiencia de las últimas décadas, los políticos sistémicos locales no van a hacer lo necesario en Sevilla para reducir su huella ecológica a niveles sostenibles. Tenemos que hacerlo nosotras. Las primeras victorias, aunque sean en pro de objetivos modestos, nos darán fuerzas para seguir luchando. Tengamos claro en todo momento que el sistema socioeconómico capitalista es un cáncer en nuestro planeta. Con esta visión anticapitalista como bandera común, con organización en asambleas de base y con acciones concretas que mejoren nuestra calidad de vida, impediremos caer en las trampas del sistema como la institucionalización o la adoración a líderes más o menos carismáticos. De esto hemos aprendido mucho en los últimos años desde el nacimiento de Podemos. Necesitamos un terremoto político ambientalista, un 15M ecologista en Sevilla y más allá, que construya puentes entre las diferentes luchas sociales (desde los sindicatos a los movimientos feministas y LGTBIQ). Solo así tomaremos en nuestras propias manos la gestión de nuestro ambiente.

La actuación portuaria en la avenida de las Razas

Reflexiones sobre su incidencia en las relaciones puerto-ciudad

En 2007, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, firmaron un convenio de colaboración entre ambas administraciones para la desafectación de los terrenos pertenecientes al dominio público portuario situados en la avenida de las Razas, denominados ARI-DBP-08.

Había transcurrido poco más de un año desde la aprobación definitiva del plan general de ordenación urbana (PGOU) que, considerando que esos terrenos ya no tenían interés para la actividad portuaria, los incluía bajo la novedosa denominación de «zona de servicio con carácter transitorio», con vistas a su desafectación futura. A este extraño modo de clasificar unos suelos incluidos en el sistema general portuario se unía la aceptación por parte del Ayuntamiento —recogida en la normativa correspondiente del Plan— de todos los postulados de la Autoridad Portuaria relativos a su total autonomía en cuanto a plazos y ámbitos a desafectar de la zona de servicio del puerto y a la posterior aprobación de los correspondientes instrumentos de planificación.

Así, tras unas primeras fases de elaboración del PGOU especialmente controvertidas en lo que a la relación puerto-ciudad se refiere, volvían a prevalecer los intereses del puerto sobre los de la ciudad, convirtiendo en papel mojado buena parte de los postulados defendidos por los redactores del Plan al inicio del proceso. Esta circunstancia se viene repitiendo en Sevilla cada vez que se procede a revisar el planeamiento urbanístico municipal.

La génesis de la operación que comentamos se remonta al plan de desarrollo que, por encargo de la Autoridad Portuaria, redactara en 1999 la consultora McKinsey. En dicho documento se sugería la posibilidad de obtener recursos mediante la desafectación y enajenación de terrenos para así financiar la construcción de la nueva esclusa y el dragado del río, considerados por entonces la única opción viable de desarrollo del puerto.

De hecho, con base en el programa de infraestructuras y ordenación de actividades portuarias incluido en el Plan director de infraestructuras del puerto de Sevilla de 2006, se desafectaron del dominio público portuario unos suelos situados en el entorno de la avenida de las Razas, que ocupan una superficie aproximada de 232 000 m2, de los que algo más de la mitad corresponden a viales de circulación. Asimismo, a tenor de la valoración realizada en 2008, el Consejo de Ministros autorizó a la Autoridad Portuaria a enajenar 160 000 m2 situados en dicha avenida, tasándose los bienes en un monto de 52 millones de euros.

La crisis económica sobrevenida por esas fechas, así como las dudas que planteaba el polémico dragado, supusieron un freno a las pretensiones del puerto. Solo diez años más tarde, la Autoridad Portuaria decide impulsar la operación, que en septiembre de 2018 se presenta como parte del Plan Estratégico 2025.

Las determinaciones para el desarrollo del ámbito finalmente recogidas en el PGOU comprenden una superficie total de 165 698 m2 de suelo, de los que 77 230 m2 se destinan a zonas verdes y equipamientos y 57 820 m2 se consideran de viario, resultando una superficie aproximada de suelo edificable de 30 648 m2, a los que asigna una edificabilidad total de 137 529 m2 construibles para uso de «servicios avanzados», con una altura máxima de once plantas y una tolerancia de usos compatibles (terciario o vivienda en alquiler de carácter público y social) del 25% de la edificabilidad asignada al área. Y conforme a estos valores se halla actualmente en tramitación el plan especial que permitirá transformar esos suelos y ejecutar una propuesta que concentra los usos lucrativos en cuatro grandes manzanas a lo largo de la avenida de las Razas y localiza la mayor parte de los usos terciarios en las cabeceras norte y sur.

Sin embargo, con anterioridad a la aprobación definitiva del PGOU, el desarrollo de esta área había sufrido muy diversas modificaciones y así lo reflejan las distintas fichas elaboradas en el proceso de redacción del mismo. Así, en el documento aprobado inicialmente en 2004, la ficha correspondiente, con un ámbito idéntico al de la aprobación definitiva, destinaba esos suelos a vivienda y servicios terciarios. En cambio, en el avance de 2002, reflejo de la voluntad municipal de ordenar de modo conjunto ambas márgenes de la cabecera del puerto, se recogía un ámbito de 297 734 m2 que se extendía al norte del puente de las Delicias, con el objetivo de configurar un frente público que contextualizase las sinergias entre el área universitaria de Reina Mercedes y las propuestas singulares de la margen derecha. Para ello, se introducían usos residenciales en dos manzanas de la margen oriental de la avenida con cuatro plantas de altura, así como actividades terciarias y equipamientos en las naves del frente occidental, destinándose a espacios libres la totalidad del muelle.

Era una previsión muy alejada de las determinaciones finalmente aprobadas en el PGOU, reflejo de la paulatina renuncia por parte del Ayuntamiento a la deseada remodelación y recuperación por parte de la ciudad de la actual cabecera del puerto, significada en las notables diferencias entre la ordenación contemplada en el avance y la del texto refundido del PGOU: reducción del ámbito a casi la mitad de la superficie inicialmente prevista, incremento de la edificabilidad lucrativa a más del doble, eliminación de la preceptiva incorporación de viviendas, destinándose la totalidad de los suelos lucrativos a «servicios avanzados», así como el incremento de la altura máxima de la edificación desde las cuatro plantas del avance a las once que se contemplan en el documento de aprobación definitiva.

Hemos asistido pues, una vez más, a un entendimiento fragmentado y parcial de las relaciones puerto-ciudad, de indudable trascendencia en la reconfiguración del frente urbano de la margen izquierda de la dársena en un tramo de más de dos kilómetros de longitud, donde será difícil generar esas sinergias inicialmente pretendidas por los redactores del PGOU. Por contra, asistiremos próximamente al anuncio de la subasta de estos suelos, así como a la reconversión de las naves de la margen occidental de la avenida a usos terciarios que, mediante concesiones, contribuirán a la banalización de la ordenación de esta única y sensible parte de la ciudad en contacto con la dársena, que se sumará a la ya aprobada implantación de una gran superficie comercial —Sevilla Park— en la otra margen, dando al traste con cualquier posibilidad de ordenación conjunta de la actual cabecera del puerto.

Ventura, un honor haberte conocido

Nos deja un arquitecto y ciudadano bien comprometido

El pasado 27 de febrero la vida nos dio a muchxs un fuerte mazazo: un accidente de tráfico se (nos) llevaba a Ventura Galera, compañero de enredos y también amigo de tanta y tanta gente. Sirvan estas pocas palabras como muy modesto apunte y reconocimiento de su gran valía.

Golpe, incredulidad, pesadumbre, rabia, recuerdos, despedida, lágrimas…

Conocí a Ventura mediando los noventa, en una actividad de Arquitectura y Compromiso Social (ACS), la asociación que él y más gente habían creado poco antes en la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Luego fueron muchas las iniciativas ciudadanas que tuve la fortuna de compartir con él, en ACS y otras entidades.

Ventura nació empezando 1965, en el hospital de Lorca (Murcia) más cercano al pueblo familiar, Albox (Almería). Llegó con su hermana melliza, Resurrección. En 1983 vino a estudiar arquitectura a Sevilla. Pronto tuvo un gran grupo de amigos. Su casa de estudiantes era lugar de referencia: varias estancias comunes, terraza para fiestas, sala de encuentro, de reuniones… y también de oración: desde joven Ventura mantuvo una fe religiosa tan profunda como discreta.

La asociación IAESTE lo becó a Brasil, un viaje que le marcó bastante: allí conoció a gente relacionada con la teología de la liberación.

Su carrera la sacó con becas. Le atrajo especialmente el urbanismo. Su proyecto final, en 1991, fue premiado.

Un año antes, Ventura se casó con Esther, compañera de estudios. En 1995 nació Andrés.

Poco después de terminar la carrera empezó a trabajar en el Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), donde obtuvo la plaza de arquitecto municipal en 2003. Allí redactó el Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico, del que quedó muy satisfecho. Pero no pudo ver terminado su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), en el que tanto trabajó.

Más tarde se pidió una excedencia de un par de años y se centró en el estudio de arquitectura que compartía con Esther. 

Como profesional libre no hizo muchos trabajos; pero los que hizo, fueron excelentes. Su obra más emblemática quizá sea el conservatorio Gonzalo Martín Tenllado de Málaga, que realizó tras ganar un concurso, concluyéndose en 2014, con un resultado notable. Ventura se sentía muy orgulloso de su conservatorio.

En cuanto a la implicación social de Ventura, apuntar, de entrada, que su contribución a las numerosas iniciativas ciudadanas en las que colaboró tuvo mucho que ver con su formación técnica; con su querencia por el trabajo en equipo y comunitario; y, de manera determinante, con su generosidad y bonhomía. Y seguro que también con la generosidad también de su esposa e hijo, Esther y Andrés, que contribuirían lo suyo a que Ventura pudiera hacer tanto para tantas y tan bien.

Al poco de titularse ya vinculó sus conocimientos al compromiso social: en 1993 fue socio fundador de la ya referida Arquitectura y Compromiso Social (ACS), en la que participó activamente más de 25 años, hasta su reciente disolución, ejerciendo la coordinación durante unos años. Desde su área de Vivienda y Ciudad intervino en numerosas problemáticas. Entre otras, en la del chabolismo. Ahí lideró, junto a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía el acompañamiento a las familias chabolistas de Los Perdigones. Organizó el concurso de ideas para su realojo en una parcela municipal cercana. Ello no evitó la pésima «salida» dada al asunto por los «responsables» públicos, pero sí la evidenció aún más al haber conseguido alumbrar soluciones dignas y congruentes.

Con el seminario anual de ACS del año 2000, «La ciudad que tenemos, la Sevilla que queremos», Ventura y sus compañerxs reclamaron y promovieron que la elaboración del PGOU de Sevilla, que se iniciaba entonces, fuera lo más participada posible por la ciudadanía. Perseguían tanto una mejor planificación como que el tejido social se fortaleciera: tras el seminario crearon la coordinadora Red Ciudadana la Sevilla que Queremos.

También colaboró desde el Taller de Barrios de ACS en el asesoramiento a muchos vecindarios con problemas. Destaca aquí su gran implicación con La Bachillera, desde el año 2000, trabajando con sus asociaciones en la reivindicación de regular la titularidad del suelo y mejorar este barrio de casitas autoconstruidas con una compleja situación urbanística y de propiedad.

El otro día recordaban las vecinas que el primer arquitecto que apareció por el barrio fue Ventura; y que ahí arrancó con fuerza esta gran lucha vecinal, que aún sigue. Una vecina apuntaba sobre su humildad: «Nos ha llevado de la mano a todos sitios, no sintiéndose protagonista. Parecía que no hacía nada».

Con víctimas, y otrxs comprometidxs, Ventura hizo un recorrido reiterado de la Sevilla empobrecida a la que acoge las instituciones. ¡Qué bien acompañaba! ¡Y qué bien escuchaba!Recogía atento las intervenciones ajenas, hasta a las más banales les daba una vuelta, encontraba algo útil y lo devolvía mejorado.

Gran implicación del amigo igualmente en la Plataforma Ciudadana ¡Túmbala! Contra la Torre Cajasol, creada en 2009 para evitar la erección del primer rascacielos en Sevilla. Aunque ese tótem a la iniquidad terminaron alzándolo, se les puso difícil.

Por último, cabe señalar que Ventura ha estado estos últimos años muy vinculado a la defensa de la Casa Palacio de Pumarejo, implicándose en su tan reivindicada rehabilitación. Desde la Asociación Casa del Pumarejo era el principal interlocutor técnico con los responsables municipales que redactan el proyecto de obras, siendo su empuje decisivo para el avance de este. El 24 de febrero, domingo, tres días antes de su muerte, Ventura preparó una asamblea de la asociación para estudiar el proyecto básico elaborado por el Ayuntamiento y decidir propuestas de mejora. Fue su último servicio a esta lucha ciudadana.

Pero, más allá de las bregas concretas y de su rigor como técnico, hay que destacar la calidad y calidez de Ventura como persona. Trabajar con él era siempre fácil y grato. Solícito, afable, sencillo, dialogante, mediador, respetuoso, cercano, lúcido, cumplidor, hombre de paz… Y todo ello jamás buscando notoriedad o reconocimiento. 

En definitiva, un lujo de persona y de compañero.

El afán, la entrega, los logros y el legado de Ventura para una Sevilla más justa, integradora y habitable no esperan recibir honores oficiales, inscripciones en mármol, nombre de calles… Pero bien que se los merecerían. Por lo pronto, el amigo cuenta con el respeto y el cariño de la mucha gente con la que colaboró, a la que ayudó.

Amigo, te vamos a echar de menos. Tu legado, en nuestra ciudad y en nuestros corazones, ha sido grande.

NOTA: en arquisocial hay dos magníficos libros que documentan el gran trabajo de Ventura y otrxs muchxs compañerxs desde la asociación Arquitectura y Compromiso Social.

Radiografía de las viviendas turísticas en Sevilla

Una de las características que tiene el turismo es la del cambio: está en constante evolución. En de las ciudades empezó en sitios muy específicos y, poco a poco, fue conquistando los barrios, los comercios e inclusos las viviendas. Desde los organismos públicos y privados siempre se ha tenido un discurso positivo sobre el turismo, obviando los efectos negativos que este genera. Sin embargo, progresivamente se han ido poniendo de manifiesto esos efectos, empezándose a hablar de la turistificación. Se puede definir este concepto como la ‘sustitución de los residentes por turistas y el cambio de un tejido comercial enfocado a los residentes por unos establecimientos orientados a los turistas’. Gracias a la aparición de plataformas de internet como Airbnb o Homeaway se ha extendido por las ciudades, a un ritmo alarmante, la tipología de alojamiento turístico de las viviendas turísticas. La consecuencia más importante es el incremento del precio de la vivienda, más específicamente en los centros históricos, ya sea en régimen de alquiler o de compraventa, expulsando así a sus residentes —sobre todo, a quienes tienen menor poder adquisitivo— de sus barrios.

No obstante, hay que hacer una aclaración sobre la terminología. En muchas ocasiones, se suelen usar como sinónimos viviendas turísticas y apartamentos turísticos. Realmente no es así, como refleja la normativa. Los apartamentos turísticos son una modalidad de alojamiento que, aunque en los últimos años ha crecido su número, llevan existiendo décadas —sobre todo en los centros urbanos— como ocurre con hoteles o pensiones. Estos establecimientos tienen varias peculiaridades: son apartamentos totalmente equipados como si fueran una vivienda residencial y no hace falta que todos lo sean en un mismo edificio. La normativa andaluza permite tener apartamentos en distintos inmuebles, contiguos o no. Y esta singularidad es lo que hace que se confunda con las viviendas turísticas.

En cuanto a estas, hay que distinguir entre las que sí tienen licencia y las que no. En Andalucía se creó un registro para regular el auge de esta modalidad, denominada legalmente viviendas con fines turísticos. Este artículo se centra en este tipo de viviendas, tanto en las legales como en las que no lo son. Extraemos los datos de la plataforma Airbnb y del registro de la Junta durante la primavera de 2018 en la ciudad de Sevilla.

En Airbnb se anunciaban 5674 viviendas turísticas, 3738 de las cuales ubicadas en el centro histórico de la ciudad, es decir, un 66% de la oferta. Si se cuenta las localizadas en los barrios colindantes (Macarena, San Bernardo o Triana), la cifra aumenta hasta los 4328 arrendamientos turísticos. Tres cuartas partes de las viviendas turísticas anunciadas en Airbnb se encuentran en el centro histórico y en sus alrededores: el resultado es un auge de los conflictos urbanos. Quizás haya personas que digan que esas cifras son una minoría con respecto al parque de viviendas de la ciudad e incluso que el número de viviendas vacías repercuta más en el aumento de los precios de los alquileres que las viviendas turísticas. No obstante, según Emvisesa, en el centro histórico en 2017 había 3895 viviendas vacías. Teniendo en cuenta que en el centro es uno de los sitios donde más caro está el precio del suelo, es bastante cuestionable que las viviendas turísticas no incidan sobre ello. Con respecto a la capacidad, en toda Sevilla ofertan 20 869 plazas. Muy cerca del total de las plazas hoteleras de la ciudad, que son 22 782.

En cuanto a las viviendas con fines turísticos, es decir, las viviendas turísticas con licencia, en la primavera de 2018 había 3723. Si nos fijamos en el centro, existían 2753 viviendas de este tipo, un porcentaje bastante mayor con respecto al de Airbnb. De igual forma, si se amplía a los barrios cercanos al centro, el número crece hasta llegar a las 3205. Comparando los datos se observa cómo no todas las viviendas turísticas anunciadas en Airbnb tenían licencia, motivo por el que se hizo la distinción, aunque sus efectos sean los mismos. En cuanto a las plazas, corresponde a una oferta total de 17 667.

En lo referido a su número, las viviendas con fines turísticos siempre han tenido un crecimiento lineal. Cada mes se registraban de 150 a 200 viviendas nuevas. Por su parte, Airbnb ha mostrado un crecimiento claramente exponencial, casi duplicándose cada año.

En muchas ocasiones se ha argumentado que las plataformas tipo Airbnb pertenecen a la economía colaborativa. Algunos académicos entienden por este término la utilización de un bien temporalmente infrautilizado, y que en este caso es el arrendamiento turístico de las viviendas principales cuando sus residentes no las disfrutan. En cambio, los economistas más liberales entienden que para ser economía colaborativa se tiene que ofrecer el servicio a través de una plataforma digital, sin importar si las personas prestadoras del servicio son profesionales o no. Por tanto, no se diferencia entre plataformas digitales y economía colaborativa, por lo que habrá que analizar el régimen de propiedad para afirmar si las viviendas turísticas son economía colaborativa o no.

La normativa andaluza hace una distinción entre lxs propietarixs, otorgando  profesionalización a partir de la tercera licencia. Airbnb tenía en mayo un total de 3135 anunciantes, de lxs cuales 234 tenían más de 3 anuncios y habiendo quienes contaban con más de 40 anuncios. Estos últimos acumulaban 1960 anuncios. O, lo que es lo mismo, el 7% de lxs propietarixs controlaban el 35% de la oferta.

Si se es más cercano a la definición crítica de la economía colaborativa, entendiendo que solo se pueden considerar así a aquellos que únicamente tienen un anuncio, la cifra llega a 2304; es decir, un 41% de los anuncios se podrían considerar como economía colaborativa.

Estos datos indican que existe una tendencia a la profesionalización de esta actividad, pasándose de una oportunidad de tener ingresos extras (para residentes) a estar controlada por grandes propietarixs. Con este proceso, el de la turistificación, se están transformando las ciudades, especialmente los centros históricos, en función de las demandas y requerimientos de lxs turistas y excluyendo a las personas que los habitan, llegando a expulsarlas. Precisamente cuando los valores inmateriales en estos espacios adquieren mayor relevancia.

Peatonalización o ¿(BAR)barie?

No hace falta ahondar en los motivos por los que la movilidad basada en vehículos privados a motor está condenada a desaparecer y cambiar radicalmente. El coche ocupa mucho, transporta poco, lento y mal. Devora, literalmente, el espacio urbano. Transporta poco en relación al espacio que ocupa. Su uso generalizado y desmesurado, y su baja tasa de ocupación, 1,2 personas por vehículo de media, colapsa las calles, ralentizando su circulación y aumentando los tiempos de desplazamientos. Es una de las principales fuentes de contaminación del aire generando problemas ambientales y de salud pública. El coche también contamina acústicamente. Es responsable de muertes y lesiones por atropellos. Y así me podría tirar horas.

Por todas estas razones, parece evidente que todas las ciudades, y Sevilla no debe ser una excepción, deberían cambiar radicalmente el reparto modal. Esto se tendría que traducir en una reordenación del espacio urbano dedicado a los vehículos privados a motor. Las alternativas son muchas y pasan, grosso modo, por mantener la compacidad en la planificación urbana, de manera que se pueda planificar una movilidad basada en desplazamientos cortos, utilizando transporte público, preferiblemente autobuses eléctricos de tránsito rápido y alta capacidad, bicicletas, caminando y/o usando otras opciones multimodales con bajo impacto ambiental. Estas propuestas han sido y siguen siendo un caballo de batalla que asociaciones de vecinxs, grupos ecologistas y otras entidades vienen reclamando históricamente.

Entre las medidas que emergen para acometer este cambio, también encontramos las peatonalizaciones; esto es, eliminar el acceso total o parcialmente a los coches privados y, normalmente, liberar el espacio destinado al estacionamiento. Sin embargo, peatonalizar una calle no siempre implica que las personas ganen la batalla por el espacio; al menos, no todas las personas. Cabría preguntarse, si en el proceso de conquista hay pérdidas y/o ganancias;  cuestionarse quién se beneficia o se perjudica. Cabría preguntarse, si hay otros actores u otros dispositivos que pasan a ocupar el espacio que antes estaba dominado por los coches. Cabría preguntarse además, si esos vecinxs y comerciantes que supuestamente se iban a beneficiar de la peatonalización, son expulsadxs debido a la revalorización que una obra así implica en el contexto de una ciudad mercantilizada. Las ciudades son complejas, y en ellas operan dinámicas que hacen que medidas a priori interesantes, generen consecuencias poco deseadas para algunos colectivos sociales.

La calle Tetuán, peatonalizada hace 28 años, fue la primera de una serie de intervenciones realizadas a lo largo de la historia reciente de la ciudad. A esta, le siguieron la calle O’Donell (2005), la Avenida de la Constitución (2007), la calle Asunción y San Jacinto (2010). Estas obras  han tenido procesos de contestación, algunos más levantiscos que otros, por parte de ciertos sectores de vecinxs y comerciantes que consideraban que la peatonalización implicaba una amenaza para su comodidad o para su negocio, debido a la dificultad de la clientela para llegar a su punto de consumo. También han tenido defensorxs. En 2019 está proyectada la peatonalización del eje que va de la plaza de la Gavidia hasta la plaza de la Encarnación y la históricamente polémica calle Baños. Estas obras,  amplían la conectividad de un eje peatonal en el centro histórico y consolidan un itinerario supuestamente para el disfrute de la ciudadanía. Pero ¿cómo están las calles que ya fueron peatonalizadas?; ¿Qué variaciones socio-económicas han tenido estas calles? ¿Son calles destinadas al paseo, la expansión y relajación? ¿Cómo ha sido distribuido el espacio liberado?

Por comenzar con la más antigua, la calle Tetuán y el eje que conforma con Sierpes y O’Donell, se ha consolidado como un centro comercial abierto de la ciudad. Funciona con las mismas lógicas de los centros comerciales, viviendo un proceso de mallificación; esto es, horario de apertura y cierre, estrategias de captación de la atención para el consumo, climatización, cierta normatividad y hasta olores. Se les llama High Streets, porque son zonas en las que se encuentran los locales de gran interés comercial y turístico. Son calles en las que hay poco que hacer más allá del traslado de un lugar a otro y los actos derivados del consumo. Según un informe de la agencia inmobiliaria CBRE, las rentas en estas calles alcanzaban 225 euros por metro cuadrado en 2017, equiparándose al precio de la calle Goya o el Barrio de Salamanca en Madrid. Por tanto, el pequeño negocio que no tuviera su local en propiedad, difícilmente habrá podido mantenerlo con unos precios tan elevados.

La Avenida de la Constitución y Calle San Fernando serían las siguientes. Calles que combinan transporte público, vía ciclista, una hilera de veladores que ha tenido que ser intervenida por el propio ayuntamiento que la generó y un tráfico peatonal que oscila entre 25.000 y las 40.000 personas en un sábado normal. Son las arterias principales del tráfico peatonal del casco histórico, y en ellas conviven los intereses de lo que se llama la ciudad espectáculo, con las necesidades de las personas que, cotidianamente o no, las utilizan. Se repiten lógicas de mallificación hasta el punto de que recientemente el consistorio ha obligado que todos los elementos publicitarios, rótulos, carteles y toldos deban tener la misma estética, usar los mismos colores y la misma tipografía, con el fin de acabar con la “degeneración paisajística” que la diversidad propia de la ciudad desarrollaba en este entorno.

La calle San Jacinto es uno de los ejemplos más interesantes de este listado, puesto que se ubica en un barrio fuera de la almendra histórica. Barrio que, si bien mantiene ciertos elementos de su carácter, está viviendo un proceso de turistización muy elevado. Proceso que también tiene un reflejo en su ecosistema comercial, en el que bares, muchos de ellos franquiciados, han ido paulatinamente conquistando el espacio supuestamente peatonal en el que también convive un carril bici y algún que otro banco decorado con cerámicas made in Triana. Veremos cuánto aguantan.

Así pues, las peatonalizaciones pueden ser una solución, pero hay que mirar más allá del tráfico y la calle que se peatonaliza, para analizar las consecuencias socio-económicas, paisajísticas y culturales que circundan la obra y, si fuera necesario, desarrollar estrategias que eviten la expulsión de vecinxs, o la sustitución de los coches por mesas de bares. Recuerdo unas jornadas, organizadas por la AAVV La Revuelta, en la que se proponía la peatonalización de la Calle San Luis. En caso de que eso se hiciera, me pregunto cómo afectaría a la movilidad ciclista imprescindible para conectar la zona noroeste con el sur del centro; cómo afectaría al precio de las rentas de los locales comerciales; cuántos veladores y terrazas aparecerían… y es entonces cuando me planteo, ¿Es realmente una solución deseable? 

LA CIUDAD COMO NEGOCIO

«Hay Sevilla más allá de la SE-30.» Así rezaba la pancarta de les vecines de la barriada Aeropuerto Viejo en la manifestación del pasado 28 de octubre. Organizada por la Plataforma Interdistritos, la movilización reflejó el hartazgo por el abandono institucional de los barrios obreros, recordando que en Sevilla están siete de los quince barrios más pobres de todas las ciudades más importantes del Estado. La cuestión no es baladí. La diferencia entre la renta media anual de las familias que viven en unas zonas de la ciudad con respecto a las que viven en otras alcanza un máximo cercano a los 40 000 euros. Y en este cómputo, las barriadas más desfavorecidas están efectivamente fuera de la SE-30 (Valdezorras, Bellavista, Palmete, Torreblanca o el mismo Aeropuerto Viejo) y también dentro: en los polígonos Sur, Norte, San Pablo y en Amate o Pino Montano.

Lo que ocurre es que las diferencias son cada vez más amplias entre unos distritos y otros. El Gobierno municipal ha dirigido este proceso, ejecutando políticas que han reforzado la desigualdad socio-espacial. El quid de la cuestión se encuentra en la gestión de la ciudad como si fuera una empresa. Los asuntos urbanos se abordan como si de un negocio se tratase, obviando que la ciudad es en primer término un espacio de vida en común, el lugar donde se desarrollan y se relacionan miles de personas diariamente. Esta falta de sensibilidad de los gestores urbanos de Sevilla no es nueva. Sin embargo, sorprende en el caso de Juan Espadas, que llegó a la alcaldía criticando la desidia de su antecesor hacia el extrarradio sevillano. Y sorprende todavía más teniendo en cuenta que Sevilla es la única gran ciudad del Estado gobernada por el PSOE en el presente ciclo electoral municipal. Nada de esto ha supuesto un giro social en las políticas urbanas, que siguen centralizando inversiones y recursos en el centro histórico y sus alrededores al tiempo que la periferia sufre una evidente desinversión. 

La pregunta, por tanto, es: ¿por qué seguimos en esta situación? Las razones son diversas y no existe una explicación sencilla, si bien cabe hacer un par de apuntes. El primero se refiere a la dicotomía entre ganadores y perdedores, acentuada tras la última crisis. El neoliberalismo, ideología hegemónica en la actualidad, es genuinamente injusta en tanto que fomenta desequilibrios territoriales en todas las escalas del planeta, desde el sistema-mundo hasta dentro de una ciudad. Para ello se ponen en práctica discursos que proclaman la falta de alternativas, como si en lugar de una ideología y sus políticas asociadas, la explicación hubiera que buscarla en razones divinas. Así, por ejemplo, se justifica que los ricos sean cada vez más ricos y, al mismo tiempo, para que esto sea posible, que el Estado retire su protección a les trabajadores desmantelando derechos sociales que tanto costó conquistar. En esta coyuntura se excusan las grandes corporaciones, que cada año reparten más dividendos entre sus inversores, mientras que precarizan el trabajo por cuenta ajena de todas las formas posibles.

Esta idea abre la puerta a un segundo apunte: en un paralelismo urbano, parece que el Gobierno municipal ha asumido que existen barrios ganadores y perdedores. ¿Para qué hacer nada, si nada va a cambiar, si no hay alternativas? Por eso el Ayuntamiento rechaza intervenir para corregir desequilibrios espaciales y, cual bola de nieve, las diferencias aumentan. La política municipal de vivienda de los últimos años es un buen ejemplo: abandonada a los designios del mercado, nos encontramos ahora con un incremento acelerado de precios, sobre todo del alquiler, que nos conduce hacia una nueva burbuja inmobiliaria. Lo que no debería sorprender en una ciudad con un modelo que depende en gran parte de las rentas, especialmente las que aporta el turismo, la principal fuente de ingresos a día de hoy.

Solo así se explica el abandono municipal de las barriadas populares. Los esfuerzos políticos se centran en la atracción de capitales extranjeros y turistas, cuyo radio de acción urbano se restringe a las áreas centrales de Sevilla. No en vano, una de las últimas modificaciones presupuestarias del Ayuntamiento generó una fuerte polémica al desviar partidas destinadas a la mejora de barrios y a las víctimas de la violencia machista para un congreso de la patronal turística en Sevilla. El motivo aducido es que el turismo genera riqueza. Pero ¿para quién? Desde luego no para les trabajadores de aquellas barriadas. El consistorio no solamente no redistribuye los recursos del turismo hacia los distritos que lo necesitan, sino que usa tal actividad como pretexto para retirarles un dinero municipal que ya de por sí es escaso.

El tema es que no hay nada de divino en estas decisiones. La gestión empresarial de la ciudad se beneficia de amplias bolsas de población dispuesta a trabajar en condiciones penosas, incluso de explotación laboral, en sectores como el turístico. Y también necesita productos diferenciables, que se puedan vender en mercados nacionales e internacionales. El Ayuntamiento se ha centrado en producir mercancías urbanas, directamente como en las «setas» de la Encarnación, o en facilitar la inversión con reformas urbanísticas a la carta, caso de la torre Pelli. Esta última, en un intento de legitimación social, ha adoptado el nombre de torre Sevilla. Nada más paradójico para un edificio que ha destruido el paisaje urbano y ha privatizado las vistas de la ciudad con habitaciones de hotel que la gran mayoría no puede permitirse. En esa política que promueve un modelo de ciudad por y para el consumo también se enmarca la apuesta por el crecimiento de las zonas comerciales, como en la mencionada torre o el que está en construcción en Palmas Altas. Como si no hubiera suficientes espacios comerciales.

Los asuntos urbanos son esencialmente públicos y su administración no se puede sustituir por un modelo de negocio privado. La razón de ser de la política, también de la local, es velar por el interés general. Destinar atención y recursos a unas partes de la ciudad en detrimento de otras ilustra que las necesidades de ciertas empresas se anteponen a las necesidades de la mayoría social, un conjunto de personas que en última instancia avala, en un sistema democrático, la existencia de la función y de las potestades públicas. Si el Ayuntamiento no ejerce estas últimas, o les da un mal uso, se desacredita como institución garante del interés general, perdiendo el sentido de su propia existencia. En quienes habitamos Sevilla recae la responsabilidad de denunciarlo y organizarnos para cambiar las cosas.

El arbolado urbano y el Gobierno municipal

Una vez más, el Ayuntamiento de Sevilla, sea del signo político que sea, ha demostrado el poco respeto que tiene por el medio ambiente de la ciudad, en este caso por su arbolado. En los tres últimos años se han eliminado alrededor de 3000 árboles del municipio, sin tener en cuenta que, según la Plataforma Europea de Adaptación al Cambio Climático (Climate-ADAPT), el valle del Guadalquivir corre el riesgo de ser una de las zonas donde más graves sean los efectos del cambio climático.

En la Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático en España del Ministerio para la Transición Ecológica, se calcula que en Sevilla la temperatura máxima aumentará más de 2 °C para el año 2050, pudiendo llegar a registrarse picos de más de 48 °C; las temperaturas mínimas aumentarán aproximadamente 2 ºC, incrementándose el número de noches cálidas (noches que superan los 25 ºC). Se estima que para 2050 el número de estas noches calurosas llegará a cuarenta, mientras que en 2015 estos periodos no llegaron a veinte. En cuanto a las olas de calor, está previsto que se extiendan a más de cinco días, cuando en 2015 no duraron más de 2,5 días. En este sentido, la funcionalidad de los árboles adultos en las ciudades es esencial para la reducción de la temperatura ambiental, la captación de CO2 y la reducción de los niveles de contaminación atmosférica; más en una ciudad como Sevilla donde los niveles de contaminación son altos según el último informe de Ecologistas en Acción sobre la calidad del aire.

Pero además de esta necesidad evidente de un arbolado en buenas condiciones, no hay que olvidar que el propio Ayuntamiento de Sevilla, junto al de otras ciudades europeas, se sumó en 2009 a la idea de establecer una serie de medidas para disminuir los efectos del cambio climático. Un acuerdo que el alcalde de Sevilla —y presidente, además, de la Red Española de Ciudades por el Clima— renovó en 2015 en París en el marco de un nuevo Pacto Europeo de Alcaldes por el Clima y la Energía. De las casi 80 medidas que contiene el PACES (Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible) para luchar contra el cambio climático y reducir la emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero, la plantación de 10 000 árboles en el viario de la ciudad es una de las más importantes.

Otra cuestión surgida a partir de las podas y de las talas de los últimos meses ha sido la debilidad de una gran parte del arbolado. Muchos árboles de la ciudad están débiles o algo enfermos debido a las podas salvajes y a actuaciones desproporcionadas sobre el arbolado urbano o realizadas en épocas nada propicias para ello. Estas actuaciones a menudo dañan severamente la salud y la integridad de los ejemplares intervenidos, al provocarles numerosos daños fitosanitarios y estructurales que en ocasiones son irreparables. Ello supone, por un lado, maltratar y acortar la vida útil de unos bienes públicos que además son seres vivos; y, por otro, que se incremente el peligro de accidentes por caída de ramas.

Desde hace años, Ecologistas en Acción y otras entidades ciudadanas preocupadas por la gestión del patrimonio arbóreo de Sevilla reclaman una mayor transparencia en materia de gestión del arbolado de la ciudad. El primer paso, clave para una gestión eficaz y rigurosa, es una evaluación pormenorizada y actualizada del estado del arbolado. Los contratos firmados por las empresas adjudicatarias para el mantenimiento, la poda, los apeos y la reposición del arbolado del viario tienen que realizarse con minuciosidad y en base a los inventarios actualizados de árboles en todos los distritos y en plazos de tiempo razonables. Estos inventarios se concretan en fichas que deben ser la base que certifique el estado de cada árbol de la ciudad y que se corresponderá con las fichas de apeo, como exige la Ordenanza de Arbolado de Parque y Jardines del Municipio de Sevilla y el acuerdo en pleno del Ayuntamiento de Sevilla de diciembre de 2005. Sin embargo, las fichas que se publican parecen realizadas a medida para justificar a posteriori las decisiones adoptadas, a pesar de que el Ayuntamiento encargó al inicio del mandato del actual alcalde, en verano de 2015, un estudio general sobre el estado del arbolado. El contenido de este expediente se ha estado ocultando a propósito y los árboles en mal estado no han sido tratados desde entonces. A fecha de hoy, a pesar de haber sufrido varios temporales con fuertes rachas de viento en febrero y marzo de este año —durante los que, según el consistorio, la ciudadanía ha estado expuesta a un peligro por caída inminente de ramas—, no sabemos si dicho inventario se encuentra actualizado, como debería haber ocurrido al inicio del contrato. Es una muestra más de la improvisación y de la mala gestión con la que se realiza el mantenimiento del arbolado urbano: «cuando no se pueden atender los árboles, se cortan todos».

Además, si tenemos en cuenta lo que dice la normativa urbanística de la ciudad (PGOU), por cada árbol talado el Consistorio debe reponer otros cinco árboles con las especies adecuadas. Es decir, se deberían plantar casi 15 000 árboles por la tala de estos últimos años (el borrador del Plan de Gestión de Arbolado de 1 de octubre de 2015, un documento de nueve páginas donde ni siquiera se mencionan los informes de evaluación de riesgo preceptivos, indica que deben ser eliminados alrededor de 2500 ejemplares por su mal estado). Pero el total de árboles talados es de 2806, según los datos que se reflejan a día de hoy en los planes publicados en la web municipal de la Oficina de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla. Esto, unido a los más de 10 000 alcorques vacíos que existen en la ciudad, daría un total de 25 000 árboles que se deben plantar.

Otra cuestión por la que nos preguntamos es la referida a los macrocontratos y a su coste real. Exigimos un seguimiento y un control de su ejecución, puesto que, según aseguran, estos «no se están realizando por la escasa dotación de recursos y técnicos cualificados que tiene el área». La garantía de que estos servicios funcionen tiene que venir de lo público ya que los criterios de rentabilidad no son económicos, sino sociales. En relación a las podas, existen planes anuales que determinan a priori el momento idóneo de las mismas atendiendo a las características de los árboles y a la función que cumplen en el ecosistema urbano (refugio y cría de especies), unas condiciones que no se han respetado en las últimas semanas.

En definitiva, no sabemos ni entendemos qué piensan estos políticos sobre lo que significa conservar el medio ambiente; en este caso sobre el arbolado urbano de la ciudad de Sevilla y sus talas masivas sin las necesarias garantías de transparencia y sin respetar las propias ordenanzas municipales ni tener en cuenta el riesgo futuro de los efectos del cambio climático.

Un relato de represión en Sevilla

El pasado 17 de febrero fueron detenidas en Sevilla seis personas durante la okupación fallida de unos pisos nuevos construidos sobre el desalojado y derruido Centro Social Okupado Casas Viejas. Tras la detención y los golpes, el juez encargado del caso decretó la prisión preventiva para todxs ellxs. Permanecieron encerradas dos meses y ahora se encuentran en libertad, pero acusadas de varios cargos, al igual que las otras  trece personas identificadas aquel día e imputadas, aunque estas en menor grado. Durante el tiempo que permanecieron en prisión, más allá de lo que hicieran con mayor o menor fortuna los colectivos directamente afectados y las personas más allegadas, la respuesta en la calle de los denominados movimientos sociales de la ciudad fue prácticamente nula, algo que, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, merece una reflexión.

Los inoportunos juicios de valor sobre la acción en sí, la confusión inicial entre la gente más cercana, los intentos de monopolización de las iniciativas por parte de un liderazgo indeseable, así como la particular idiosincrasia de un meneíllo sevillano —gregario y autorreferencial— pudieron ser las principales barreras a la extensión de la solidaridad. Cualquiera de estos obstáculos hubiese sido superado o neutralizado de haber tenido una red contra la represión bien engrasada en la ciudad. Una red no solo con los medios y contactos necesarios para articular el apoyo mutuo en un momento así, sino también con  la madurez en las decisiones y en los discursos propios de cuando ya se lleva un camino andado. Una red que nos habría dotado tanto de seguridad y confianza frente al recelo y el miedo como de sentido de comunidad frente a los personalismos o guetos. Pero brilló por su ausencia.

Así estaban las cosas por la sexta semana en prisión cuando un grupo de personas, de diversa procedencia, decidimos iniciar una campaña para la libertad de los Seis de la Macarena aprovechando lo que ya se estaba moviendo, para volcar las energías en una movilización potente que comprometiera a un mayor número de organizaciones y colectivos. El objetivo era visibilizar la situación y sacarlos de allí lo antes posible para evitar que pasaran en prisión todo el verano, ya que hasta entonces la acción legal y los apoyos recabados no habían sido suficientes. Actuamos sin pedir permiso a nadie ni convocar grandes asambleas que habrían resultado frustrantes.

El 13 de abril fueron puestos en libertad antes de que lleváramos a cabo las iniciativas que nos habíamos planteado, aunque decidimos seguir adelante cambiando el enfoque. La escasa repercusión social ante la gravedad de un encarcelamiento preventivo por okupar, en un contexto de represión generalizada en todo el Estado (raperos, Alsasua, Cataluña, etc.) obligaba a aprovechar el impulso. Prácticamente con el mismo calendario intentamos hacer un llamamiento a todos los colectivos represaliados de la ciudad para hacer frente común. Bajo el nombre Sin Miedo-Stop Represión Sevilla, seguimos adelante haciendo hincapié tanto en la criminalización de la pobreza y la disidencia como en la reivindicación de los derechos civiles y políticos, intentando aunar todas las sensibilidades que habitaban bajo la campaña.

La manifestación del 17 de mayo resultó de escasa asistencia, quizá por las prisas. Lástima, más aún cuando el objetivo era mostrar unidad frente a los centros de poder: juzgados, sede del PP, catedral y ayuntamiento; dándole así la vuelta a un espacio que suele ser un puro parque temático. Pero valoramos muy positivamente su diversidad, pues acudió gente de todo el arco de resistencias y la escenificación de la protesta a golpe de rap y poesía le dio todo el color.

Si bien nos quedamos en parte lejos de nuestros objetivos, pensamos que este esfuerzo de coordinación podría ser el germen de algo más constante en el tiempo —ya debatiremos cómo— que sirva para ir construyendo esa red de solidaridad evidentemente necesaria.

La realidad es que nos hace falta no solamente la fuerza de la unión, sino además dinamizar el debate, ya que ante los golpes represivos siempre respondemos acuciados por una urgencia que nos suele llevar al menos a dos vías muertas:

La primera vía consiste en descafeinar nuestro discurso reivindicando como nuestras las instituciones judiciales y las leyes garantistas propias de un Estado de derecho de una democracia capitalista, defendiendo así lo que en teoría queremos destruir. Una cosa es no renunciar a ellas para tu defensa legal y otra muy distinta vindicarlas. Cuando nos manifestamos públicamente debiéramos decir sin tapujos lo que pensamos: lo contrario nos ata de pies y manos. En esa línea, la negación del derecho a la autodefensa suele acompañar al campañismo antirrepresivo. Sin debatir aquí sobre si tácticamente lo más oportuno es devolver el golpe, desde luego es legítimo; negarlo es otorgarle al Estado el monopolio de la violencia, al menos en lo simbólico. Entre las poses de corderitos y las de malotes existe un espacio real.

La segunda vía se produce cuando lo antirrepresivo acaba siendo un movimiento en sí mismo, satisfaciendo así, en parte, objetivos del Estado. Por un lado, desviamos nuestra atención y energía de las luchas planteadas, pensando que la represión misma será un elemento movilizador y no justo lo contrario. Por otro, con la tendencia a presentarnos como las eternas víctimas, al final espantamos a la gente —les falta vocación de martirio— actuando como involuntarias cajas de resonancia de la estrategia del miedo. Para avanzar debiéramos, superando la especialización, tener ya todas asumidas la solidaridad entre nuestras resistencias, así como las posibilidades de represión para no ser desmovilizadas entonces. Deberíamos tener discursos más trabajados.

Habrá más ideas que plantear (acordes o no), seguro. Por eso, para después del verano está en proceso el crear un espacio de debate sobre todo esto, invitando a compañeras de Andalucía oriental con más experiencia así como a todas las personas de Sevilla que estéis interesadas. En breve, esperamos poder convocaros; no será difícil que os llegue.

La Gavidia y su mundo

Para muchas personas, hablar de la Gavidia es hablar de un edificio feo del centro que lleva años cerrado y tapado por una lona y que si se tira abajo, mejor. Para otras, en cambio, representa un período negro por el papel relevante que tuvo en los últimos años de la dictadura. Algunas lo ven como un magnífico espacio para sacar beneficio colocando un hotel o un gimnasio. Y para nuestros políticos es un problema.

Sin embargo, para nosotrxs es una oportunidad. La oportunidad de cambiar la mala tendencia del centro de Sevilla de convertirse en un parque de atracciones turístico, lleno de hoteles y apartamentos turísticos. Una oportunidad de dotar al barrio de espacios para todxs. La ocasión de crear un referente europeo al rehabilitar energéticamente un edificio racional en un clima como el nuestro y que, además, está protegido y comprado por el Ayuntamiento de Sevilla (nos pertenece a todxs).

Algunxs se preguntarán por qué Entre Adoquines tiene que ser un actor invitado en los debates sobre la Gavidia. Aquí tenéis el motivo:

Hace unos años comenzamos realizando un taller sobre el edificio, junto a profesorado de la Escuela de Arquitectura y al Distrito Casco Antiguo, para debatir y para analizar la antigua comisaría. Una vez finalizado, llevamos las conclusiones al delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz.

Tras la primera toma de contacto con el Ayuntamiento y viendo su buena acogida y resolución para seguir trabajando, decidimos seguir adelante y preparar una propuesta.

Dicha propuesta se ha centrado en crear un edificio polivalente 24 h. El uso principal sería un centro de investigación dedicado a talleres artísticos, espacios de investigación sobre nuevos materiales, energías renovables, adaptación climática de los edificios en Andalucía, etc. Todo ello, asociado a la creación de un gran espacio para el barrio con salas de reuniones, de música, espacios expositivos, talleres o gimnasio, entre otros. Una dotación muy necesaria y que pocas veces se tiene la posibilidad de unir con un espacio verde, como son las plazas que se encuentran enfrentadas a la Gavidia.

También va unido al proyecto un espacio lúdico en la cubierta que aproveche las vistas de la azotea. Como veréis, la idea del proyecto no era limitarse solo al edificio de la antigua comisaría, sino aprovechar y ordenar todo el espacio que recorren las plazas de la Campana, Duque, Concordia y Gavidia, cambiando los itinerarios de coche, taxi, bus, bicicleta y peatón y dándole un sentido al caos actual; así como aumentando el espacio verde para hacer un entorno más habitable.

Esta fue nuestra carta de presentación, que tuvo muy buena acogida, incluso entre el actual equipo de Gobierno. Eso sí, con un gran «pero»: no iban a invertir en una dotación pública. Querían que nosotrxs les buscásemos el dinero.

Aquí viene un capítulo que nos gusta en especial y es el de la participación de las universidades. La Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide nos firmaron una carta de apoyo al proyecto y no pusieron objeción a colaborar en el proyecto de manera conjunta. Nos sorprendió gratamente. Aunque, con el tiempo nos encontramos con la falta de respuesta de la primera y con la negativa directa de la segunda. Sin lugar a dudas, la política es un pulpo con los tentáculos muy largos, ¿verdad?

Desde entonces, gracias a nosotrxs, o por culpa nuestra, se empezó a mover el futuro de la Gavidia y aparecieron propuestas millonarias que enamoraban al Ayuntamiento. A pesar de todo, Entre Adoquines seguía ahí dando guerra.

Nos ganamos el sitio en la mesa y nos invitaron a presentar nuestra propuesta en un encuentro organizado por el Ayuntamiento. No sabemos quiénes más estuvieron allí, pero nos dijeron tres cosas: que había propuestas de veinticinco millones, que por muy viable que fuera nuestra propuesta no veníamos con un fondo de inversión (como las otras) que nos avalara económicamente y, por último, que nuestro proyecto es el que más les gustaba a todxs. Una contradicción (estos dos últimos puntos) que se nos hace cotidiano tras una breve, pero intensa, relación con el mundo político.

Tras esa reunión hemos seguido pendientes y hemos participado en los últimos sucesos que se han producido en torno a la Gavidia: el acuerdo extraplenario entre PSOE y PP mediante la votación de los presupuestos para 2018; la votación para el cambio del PGOU; la creación de la Plataforma por una Gavidia Pública; movilizaciones, debates, etc.

Los últimos acontecimientos han aclarado el panorama político para saber quién quiere qué en la Gavidia. Por un lado, están IU y Participa Sevilla que siempre han apoyado nuestra propuesta, en público y en privado. Esperamos que el apoyo siga así en el futuro.

Ciudadanos, en cambio, pasó de apoyar nuestra propuesta a votar a favor de los presupuestos del Ayuntamiento. Una aprobación posible gracias al pacto alcanzado entre PP y PSOE, en el que uno de los puntos era la enajenación de la Gavidia. Es decir, indirectamente Ciudadanos ha sido cómplice del acuerdo a pesar de que el Sr. Moyano nos replicara a través de Twitter que no tenía nada que ver y que esperásemos al pleno específico sobre la Gavidia. Curiosamente, en ese pleno votaron abstención.

Del PP hay poco que decir, salvo que en las primeras reuniones fueron muy amables y participativos. Después todo era vender. Por ello, contra un muro mejor no pelear.

Y, finalmente, el PSOE. Gobiernan en minoría, por lo que necesitan el apoyo del PP en solitario, como ha pasado con el caso de la Gavidia, o del resto de fuerzas. Sus mensajes públicos han sido siempre favorables a un uso sociocultural pero, a la hora de la verdad, han decidido tirar por el camino contrario. Firmaron un acuerdo con el PP para cambiar el uso asignado en el PGOU para, posteriormente, vender el edificio. Los socialistas han intentado convencernos diciendo que van a rehabilitar la plaza de la Concordia y el edificio de San Hermenegildo como espacio dotacional. De verdad, ¿quién cree que la antigua iglesia de San Hermenegildo se puede acondicionar como espacio dotacional e igualar la superficie que podríamos conseguir en la Gavidia?

Finalmente, os aseguramos que no nos vamos a retirar. Seguimos buscando inversión para sacar adelante el proyecto. La Gavidia tiene que ser un ejemplo a seguir en el que se escuche a la ciudadanía y un referente en su forma de intervenir, tanto en su proceso de participación como en su definición técnica. Juntxs lo lograremos. ¡La Gavidia no se vende.

Gramsci en el Pumarejo.

Hegemonía, contrahegemonía y turistificación en el casco norte de Sevilla

El proceso de turistificación que vive el norte del casco histórico de la ciudad de Sevilla viene, sin duda, propiciado por una serie de dinámicas globales. Sin embargo, a pesar de las nefastas consecuencias que supone para los barrios, este proceso es alentado y fomentado desde el Ayuntamiento, que hace oídos sordos a las denuncias de los movimientos vecinales y sociales. ¿Cómo podemos explicar esta obcecación de las autoridades en ponerse de parte del sector privado frente a los intereses de la población? ¿Cómo combatimos el discurso hegemónico de turismo = riqueza + empleo?

Uno de los temas clásicos que afronta la sociología urbana es el debate de cómo se distribuye el poder en las ciudades y qué papel juegan los diferentes actores en la toma de decisiones que afectan a la configuración de la ciudad y a las personas que en ella habitamos. En este sentido, desde los años 50 varias teorías han descrito cómo el proceso de formulación de políticas estaría configurado como regímenes públicos/privados, en los que diversos actores (principalmente elites políticas, grupos de interés corporativos y agentes de la sociedad civil) hacen coincidir sus intereses a través de una coalición de carácter más o menos informal (el régimen urbano) que en la práctica decide las líneas generales de la política de desarrollo urbano de las ciudades. Este modelo explicaba bastante bien ciertas dinámicas en los procesos de regeneración urbana, especialmente en Estados Unidos (como bien vimos en el Baltimore de The Wire). A partir de mediados de los años 90, se va imponiendo un nuevo paradigma en el que las redes de actores suponen el núcleo fundamental, el paradigma de la gobernanza; que, en línea con las teorías posmodernas de la sociedad líquida, plantea que el poder estatal ya no se ejerce de manera jerárquica, sino que, debido a la multitud de complejidades con las que ha de lidiar, el papel de los gobiernos se vuelve mucho más contingente. En este marco, las elites políticas buscan por igual forjar coaliciones con empresas privadas, asociaciones y otros actores sociales para movilizar recursos a través de la línea fronteriza entre lo público y lo privado. El fin es aumentar sus capacidades para orientar a la sociedad hacia sus propios intereses y objetivos definidos políticamente.

Si bien es cierto que hoy día, especialmente en las políticas urbanas, se promueve la participación de más actores en las diversas fases que atraviesa una política pública desde su formulación a su implementación, parece algo ingenuo pensar que el poder estatal se ha disuelto por completo. Jonathan Davies, en su libro Challenge governance theory, plantea una aportación que resulta de gran de utilidad: que el paradigma de la gobernanza en red debe ser observado a través del viejo concepto gramsciano de hegemonía, entendida como la capacidad del bloque de poder dominante de ejercer su dominio; no ya a través de la coerción directa, sino a través de su capacidad de integración y articulación de la sociedad y de sus instituciones a favor de dicho bloque. Davies expone que, bajo las redes de gobernanza, lo que se esconde es el consenso neoliberal que afirma que el bienestar deriva del crecimiento económico y que el papel de los poderes públicos debe ser el fomento de la actividad privada. En el caso de las políticas de fomento del turismo está dando en el clavo.

Los orígenes del discurso del turismo como vector de desarrollo económico hunden sus raíces en el franquismo más rancio que, en su búsqueda de divisas en plena crisis del petróleo, encontró en las costas españolas la manera de subirse a un tren que se ponía en marcha. Desde entonces, el turismo se ha convertido en la gallina de los huevos de oro; una gallina que ha destrozado gran parte del litoral y ha creado una economía profundamente dependiente, cuajada de empleos precarios de baja cualificación. Las políticas de fomento del turismo se han cebado especialmente con Andalucía y se han venido sucediendo con alegría desde los tecnócratas franquistas a los nuevos amos socialistas de la Junta de Andalucía, secundados por gobiernos municipales de todos los colores.

Con la crisis económica de 2008, el turismo ha resurgido con fuerza, impulsado por un nuevo modelo, basado en vuelos baratos y alojamiento a través de plataformas como Airbnb. El turismo se convierte en un sector de oportunidad para generar riqueza y recuperar el empleo perdido. El Ayuntamiento, sea del color que sea, se vuelca con políticas de promoción exterior, y plantea explícitamente la necesidad de la apertura de nuevos territorios a la expansión turística, como son los barrios del norte del casco histórico. Estas actuaciones que realiza el poder público para favorecer al sector privado se producen, a veces, sin que este tenga ni que exigírselo; el turismo es bueno per se, porque genera desarrollo y empleo y punto. No hay discusión posible. La fuerza de este discurso hegemónico se puede medir en cómo son juzgadas las primeras críticas a las consecuencias del turismo: aparecen términos como turismofobia, radicales, enemigos del progreso, etcétera.

Entonces, ¿cómo podemos enfrentar a esta bestia? ¿Cómo articular un discurso contrahegemónico que sea capaz de cambiar las tornas? La receta de Gramsci es clara: guerra de posiciones.

La guerra de posición se puede definir como ‘el proceso a través del cual el discurso contrahegemónico va calando en capas más amplias de la sociedad civil hasta erigirse en un contrapoder’, por ello es fundamental superar los límites del movimiento social clásico que caracteriza al barrio y sumar nuevos apoyos: artesanxs, sindicatos o asociaciones barriales de comerciantes pueden ser nuevos aliados. Además, es fundamental vincular este nuevo discurso con la realidad material, pues sin esta vinculación el discurso se convierte en populismo vacío. En nuestro caso, la vinculación es obvia; el aumento del turismo se relaciona directamente con la subida de precios de los alquileres, la expulsión de vecinxs y de usos tradicionales del barrio. En este sentido, sería fundamental constituir un sindicato de inquilinos que desafiara el proceso de gentrificación. Es necesario pensar en nuevos modelos de organización de lxs trabajadorxs del sector. Fortalezcamos el intelectual colectivo que representa ENTRA y otros colectivos a través de la alianza con otras experiencias e investigaciones que nos doten de herramientas teóricas y empíricas para construir el discurso. En la guerra de posiciones no hay atajos; la ofensiva debe ser sector a sector, sin perder de vista la estrategia integral del proyecto. La batalla del Pumarejo se juega en las calles y en el discurso, defendiendo el barrio desde sus plazas pero construyendo también una visión común de la ciudad en la que queremos vivir.

Cuando el barrio se defiende… de nuevo

El tercer fin de semana del pasado noviembre tuvo lugar el Encuentro sobre Turistización, Resistencias y Alternativas; organizado por La Asociación Vecinal la Revuelta y otras vecinas del casco norte de Sevilla con la vocación de generar un espacio común en el que compartir nuestras preocupaciones e iniciativas en torno a las consecuencias que para nuestras vidas tiene la turistización de la ciudad.

Nos habíamos juntado, unos meses antes, un grupo de vecinas planteando dudas y contradicciones: habían desalojado a la Mari para convertir su casa en piso turístico, el Bar Aguilar pendía de un hilo (que ya se cortó), habían salpicado el barrio con esa señalética infame de itinerarios diseñados desde arriba, aparecían nuevas promociones de viviendas de lujo amenazando el tejido residencial popular, los dichosos veladores florecían en las plazas, cercándonos los espacios comunes… múltiples rostros del poliedro que conforma el modelo de ciudad-mercancía de esa Sevilla consumible por inversores y turistas. Ante la complejidad de este proceso, no solo preocupante en este barrio y ciudad, queríamos trazar líneas de fuga, entender relaciones de poder, digerir contradicciones, conocer otras resistencias y, sobre todo, desmontar un discurso ajeno para construir el nuestro colectivamente.

Nos decían que la promoción del eje Macarena-San Luis traería más visitas y mejoraría la imagen del barrio. La realidad es que, como la Mari, muchas de nuestras vecinas se están viendo expulsadas a otros barrios para ser sustituidas por esa creciente población flotante de turistas, mientras que a las que resistimos nos asfixian con la subida del alquiler, el ruido continuado o la desaparición del comercio de proximidad. Vacían el barrio de vida y con ella se van sus prácticas, sus historias comunes, su memoria colectiva. Nos desagregan de la estructura social-comunitaria y en ese des-tejer generan desafección y pasividad en la sociedad.

Nos enredaban en los medios del poder con el chantaje de que la industria turística nos sacaría de la crisis batiendo récords de visitantes, trayendo empleo y riqueza, un mantra que se interioriza fácilmente al participar en ese lugar-mercado común en el que trabajamos muchas y que vende Sevilla y sus barrios al capital. A nosotras, sin embargo, nos parecía que se hinchaba la burbuja de una economía extractivista y con efecto colonizador, que beneficiaba a unas pocas a través de una explotación intensiva de los recursos para generar una economía dependiente, con vocación totalizadora y sujeta a los ciclos de los mercados[1]. Nuestros barrios son ese recurso intensivamente explotado y nuestros precarios cuerpos los que participan de esa brecha en la que los beneficios se distribuyen de forma asimétrica con condiciones laborales abusivas, e incluso ilegales.

Nos decían que el turismo pondría en valor nuestras identidades y formas de vida mientras se aumenta la experiencia del turista. Nosotras dejábamos de identificarnos con el discurso de barrio simplificado, uniforme y acrítico que venden las guías, alejado de esas contradicciones, conflictos y heterogeneidades que cualquier ciudad vivida reproduce. En el debate colectivo supimos no caer en la trampa de quien defiende lo auténtico, lo indígena, lo intocado: un discurso en el que añoramos desde la nostalgia aquello que ya no es.

Nos decían que el turismo nos traería una mayor seguridad en las calles y plazas, pero nosotras padecíamos una vida social sometida a la monitorización de las conductas, sin salirnos del guion del espectáculo turístico y permitiendo que en los espacios comunes el cliente-consumidor (y de paso, el acosador-agresor machista) campe a sus anchas.

Nos decían que Sevilla iba a ser el mejor destino para visitar en 2018 y nosotras la declaramos la mejor ciudad para resistir la turistización y sus efectos.

Quizá por todo esto quisimos comenzar el viernes escuchando las diferentes maneras en que la turistización atravesaba nuestras vidas, para abordarlas con la complejidad que merecen, desde una mirada crítica hacia esta transformación y con la voluntad de superar la trampa del relato edulcorado que nos venden del turismo.

Desde hace años, el centro norte ha sido considerado por el promotor político-empresarial como un lugar idóneo para el negocio fácil: el de la especulación y la economía rentista. Con periodos de mayor o menor intensidad, los movimientos sociales del barrio se han revelado ante estas prácticas defendiendo el derecho a la ciudad compartida frente a la ciudad-empresa. Hoy, la creciente turistización se superpone a la gentrificación que se arrastra desde entonces.

Esto no solo ocurría aquí: vinieron desde Barcelona, Donosti, Granada, Málaga, Madrid y Palma para contarnos que en sus ciudades se viven procesos que, salvando las diferencias, responden a las mismas lógicas mercantiles del turismo masivo. Y con la bonita complicidad que se genera en un espacio autogestionado parido desde ese afecto vecinal y esos cuidados de tantas, compartimos análisis, estrategias de resistencia, de denuncia y de acción.

Quizá por eso elegimos dos palacios desde cuyo contraste podíamos vislumbrar los logros y las derrotas de un barrio que sufre desde hace décadas procesos de privatización, expropiación y mercantilización de los lugares que habitamos. El sábado iniciamos la jornada en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, espacio gestionado, conservado y rehabilitado por la administración con los fondos europeos URBAN que en los noventa supusieron tanto dolor, impotencia y engaño. Acabada la década, las vecinas del Palacio del Pumarejo (ya convertido en casa de vecindad) consiguieron reunir una colectividad que terminó frenando su desalojo y posterior transformación en hotel. Aquí acabamos el sábado y cerramos el domingo. Dos palacios: uno, infrautilizado pero perfectamente conservado; otro, lleno de vida pero con graves problemas de deterioro. El palacio de la administración y el palacio que es (o aspira a ser) del común.

El Pumarejo, junto a otros espacios autónomos del barrio (el Huerto del Rey Moro, Tramallol, Lanónima y La Revo) han participado en el desarrollo de este encuentro a través de los cuerpos y saberes de personas implicadas, además, en generar otras economías en resistencia, en las que no se prioriza la vida sobre el mercado, desafiando la precariedad, la individualización y la subordinación a una matriz de desarrollo de ciudad aparentemente irrenunciable. Reconocer estos modelos de naturaleza económica autónoma, colaborativa o cooperativa, que supera el chantaje de la dependencia y redefine el sentido de la riqueza es un relato necesario y la puerta para imaginar alternativas.

Este movimiento seguirá reconociéndose y pensándose en parte gracias a todos estos espacios y cuerpos implicados que facilitan que podamos seguir organizándonos para recuperar y defender que el barrio siga siendo eso: un barrio, compartido entre todas las personas que deseamos habitar dignamente en él.


[1] la idea de «turismo extractivista» ha sido propuesta por la filósofa Marina Garcés

A vueltas con la integración puerto-ciudad

Algunas reflexiones sobre un proyecto reciente para la dársena del Batán de Sevilla

Las relaciones entre el puerto y la ciudad en Sevilla no han estado exentas de tensiones en las últimas décadas, habiendo llegado en algún momento a una confrontación abierta. Así sucedió, por ejemplo, con motivo de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de 1987, cuando el Ayuntamiento reivindicó abierta y claramente para el uso urbano todos aquellos espacios de la «zona de servicio» del puerto que habían perdido su uso portuario. Evidentemente, no se pretendía con ello poner en duda ni la legitimidad del puerto para tener un territorio propio, administrado de manera autónoma, ni la necesidad de atender los requerimientos de las actividades portuarias; lo que se estaba cuestionando era la pretensión de las autoridades portuarias de retener unos suelos que ya no servían a esta función por razones meramente patrimoniales, algo que —según los redactores de aquel plan—, en la etapa democrática recién inaugurada, solo podía ser visto como «atavismos de una situación pasada». El acuerdo de mínimos finalmente alcanzado, muy alejado de las iniciales pretensiones del Plan General, serviría para aprobar en 1994 el aún vigente Plan Especial del Puerto, documento en el que se concreta la ordenación espacial de todos los terrenos pertenecientes a la «zona de servicio» portuaria.

La aprobación para Sevilla de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana en 2006 aparecía como una magnífica ocasión para repensar las relaciones entre la ciudad y su puerto. Cabía haber esperado, entre otras cosas, que se hubiese alcanzado un consenso razonable respecto al modo en que los suelos situados al norte del puente del Quinto Centenario, de enorme potencial para la integración puerto-ciudad, hubieran podido asumir unos usos que les permitieran incorporarse al ámbito urbano. De hecho, durante el proceso de redacción del Plan, las autoridades municipales parecían haber pactado con las portuarias la celebración de un concurso internacional de ideas para la ordenación de esos terrenos, con el fin de constituir un distrito terciario para la puesta en valor de la dársena del Guadalquivir. No obstante, ese concurso no llegó a celebrarse, lo cual ya dejaba entrever que las iniciales buenas intenciones plasmadas en el nuevo Plan General probablemente no pasarían de ser un brindis al sol. Y, de nuevo, venían a confirmar que el diálogo puerto-ciudad está aún lejos de reflejarse en el planeamiento, reduciéndose las actuaciones que derivan de estas relaciones entre administraciones a «operaciones puntuales, en general directamente constructivas y que adquieren, por tanto, la forma de proyectos más que de planes», tal como señalaban por entonces los redactores del Plan General.

Si la crisis económica de 2008 imposibilitó que el puerto llevara a cabo su idea de construir viviendas y oficinas en los terrenos del área de la avenida de Las Razas, el incipiente repunte de la actividad económica le permitió llegar a un acuerdo para poner en marcha, en la zona del Batán, el proyecto denominado, Sevilla Park; que ha venido a confirmar que esta inercia de operaciones puntuales continúa y, si cabe, se impone con más fuerza. Así, en abril de 2014, el puerto solicitaba una modificación del Plan Especial, al objeto de dar cabida al citado proyecto, que incluía un gran complejo comercial y de ocio con un gran auditorio cubierto, la cual fue aprobada inicialmente en julio de ese mismo año. Algunas alegaciones presentadas ya alertaban de la escasa idoneidad del procedimiento, de su carácter especulativo, así como de las dificultades que presentaba la ordenación planteada, especialmente las relativas a la seguridad y al plan de movilidad. Y es que el proyecto resultaba difícilmente compatible con la presencia de los depósitos de CLH situados en sus inmediaciones; era, pues, cuestión de tiempo que se abordase la relocalización y el traslado de esos depósitos, algo que ya había sido considerado inaplazable por los dos últimos Planes Generales.      

Tras las elecciones municipales de mayo de 2015, el nuevo gobierno municipal ralentizaría el proceso a tenor de los riesgos para la seguridad ya advertidos por la Gerencia de Urbanismo en junio de 2014, y ello a pesar de que la documentación presentada por las autoridades portuarias parecía solventar con varios informes —por cierto, de dudosa factura técnica— estos problemas de convivencia. En abril de 2016 se hizo público un acuerdo suscrito por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, por el cual, aquel se comprometía a modificar el Plan General, para relocalizar las instalaciones de la empresa de hidrocarburos (existía una sentencia de 2011 para la exclusión de estos suelos del sistema general portuario), y esta, a aceptar la propuesta de reordenación del entorno de la dársena del Batán, con una superficie de 46 hectáreas.

La modificación del Plan General acaba de ser aprobada inicialmente por el Pleno municipal, contando con el apoyo de PSOE, PP y Ciudadanos y el rechazo de Participa e IU. De la escasa documentación disponible hasta la fecha se deduce un doble objetivo: el cambio de calificación de los suelos de CLH y la modificación de las condiciones del uso portuario recogidas en el Plan General, con el fin de incorporar de modo expreso el uso de gran superficie minorista. Los datos publicados muestran que, del total de los suelos de la zona del Batán que habrán de ser ordenados, se destinarán casi 20 hectáreas a usos portuarios y el resto a la «integración puerto-ciudad»; que en la práctica probablemente consista en una gran superficie comercial muy similar a la prevista en 2014. Más allá de las numerosas incógnitas que aún persisten sobre la operación —pensemos en la triste y accidentada historia del acuario situado en el Muelle de las Delicias—, no parece que hayamos avanzado mucho respecto al modo habitual en que el puerto ha venido gestionando su patrimonio de suelo.

A la vista de lo expuesto, cuesta creer que, transcurridos más de diez años desde la aprobación definitiva del Plan General, «la voluntad de integración y de diálogo del puerto con la ciudad siga siendo más aparente que real, pues a la hora de la verdad la Autoridad Portuaria sigue imponiendo sus criterios y su línea de discurso, y el Ayuntamiento se sigue plegando a ello, introduciendo incluso modificaciones sustanciales en sus propias decisiones de ordenación». Estas palabras, escritas por nosotros en un artículo de 2008, bien pueden seguir reflejando la situación presente. Quizás sea el sino de una acusada inercia, pero también queremos dejar un espacio a la esperanza, convencidos como estamos de que otro rumbo es posible para las relaciones entre el puerto y la ciudad, aquel que dibuje un escenario en el que la ciudadanía pueda usar y disfrutar del rico y frágil paisaje de su frente de agua. Al menos, la salida de los depósitos de CLH de ese entorno urbano es una buena noticia, por cuanto significa el cumplimiento de un deseo largamente expresado y consignado por escrito en nuestro planeamiento urbanístico. 

Cuando tu hogar se convierte en una cárcel

Es patente que nuestras ciudades envejecen y nosotrxs con ellas. Todas las personas, en algún momento de nuestra vida, vemos reducirse nuestra capacidad de movilidad, ya sea de manera transitoria o paulatina, cuando nos vamos haciendo mayores, es cuestión de tiempo. Pero no todas las personas vivimos en lugares adaptados a estas circunstancias. Es más, un porcentaje importante de la población, la mayoría mujeres, padece serios problemas para salir de su casa e ir a la calle, y de manera paradójica, su hogar acaba convirtiéndose en una cárcel sin rejas ni cerrojos simplemente con escaleras.

En el periodo 1962-1976 el denominado Plan Nacional de Vivienda (PNV) supuso la gran expansión urbana de muchas ciudades. Proliferaron barrios residenciales compuestos, en su mayoría, por bloques de viviendas (en altura) donde se alojarían muchas familias obreras migradas desde el campo en busca de una nueva vida.

En Sevilla, el proceso de construcción de vivienda social se vio intensificado por la riada de 1963, que dejó a miles de personas en la calle. Este déficit de viviendas, que se calculaba en unas 28 000 en el año 1968, justificó la concesión de facilidades constructivas, aminorando al máximo los espacios de convivencia y los equipamientos para que las actuaciones fueran más rentables. Así, se construyeron miles de edificios de vivienda social, ubicados principalmente en la periferia urbana, cerca de las áreas industriales y centros de producción, en bloques mayoritariamente de entre tres y cinco alturas que carecían de ascensores. De esos barros, estos lodos.

Según datos del INE del Censo de Población y Vivienda de 2011, en la ciudad de Sevilla un 76,58% de las viviendas se encuentran en edificios de cuatro o más plantas, de las cuales un 51,76% carece de condiciones adecuadas de accesibilidad. En relación al número de edificios, en Sevilla existen un total de 15 872 edificios de cuatro o más plantas, de los que 7 948 carecen de ascensor.

Un ejemplo de esta situación es la barriada de El Carmen en el distrito Macarena, en la que una plataforma vecinal se ha organizado para realizar un censo de personas con dificultades de accesibilidad en sus viviendas. Según los datos que han recopilado puerta a puerta en 30 bloques, se han identificado 103 casos de personas con graves problemas de movilidad: 44 personas de más de 65 años y 19 personas con diversidad funcional, presentando el resto alguna circunstancia temporal de movilidad reducida y que representa algo más del 20% de las viviendas de estos edificios (496 en total). Se dan casos de personas que llevan años sin poder pisar la calle y que subsisten gracias a la solidaridad vecinal.

Este no es un problema aislado y por ello el Defensor del Pueblo Andaluz realizó en 2010 un informe especial titulado El parque de viviendas sin ascensor en Andalucía: una apuesta por la accesibilidad. En él se afirma que en torno al 9% de la población de Andalucía está afectada por alguna discapacidad, siendo en total 499 600 las personas  discapacitadas en Andalucía que tienen problemas de movilidad, de las cuales un 65% son mujeres, la mayor parte de ellas mayores de 65 años. Y es que, además de la mayor longevidad de la mujer, parece que determinadas enfermedades que inciden en la movilidad afectan más a las mujeres. El informe explica que «a partir de una determinada edad, se está produciendo lo que se ha llamado una cierta “feminización” de la discapacidad y del envejecimiento poblacional», y continúa afirmando que «claramente en Andalucía hay un número superior de personas mayores que viven en edificios de tres o más plantas sobre rasante sin ascensor, que en aquellos que sí poseen esta instalación». 

Se da además la circunstancia  de que, con frecuencia, en muchos de los inmuebles que carecen de ascensor residen familias de bajo nivel adquisitivo que no poseen los medios económicos para afrontar el gasto de su instalación.  En este sentido, el informe señala que si bien «existen una serie de ayudas destinadas a apoyar la dotación de estas instalaciones (…) No nos engañemos, estas son extraordinariamente limitadas para la demanda existente y aún más para la que presumiblemente va a haber dentro de muy poco años, dado el imparable aumento del porcentaje de personas mayores sobre el total de la población».

Por otra parte, la legislación es bastante clara en relación a esta cuestión. Como ejemplo, la ley 1/2010 Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía exige para que una vivienda pueda ser considerada digna y adecuada que reúna determinados requisitos y, entre ellos, que sea accesible. Sin olvidar que el Texto Refundido de la ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece que la vivienda accesible debe ser una realidad antes del 4 de diciembre del presente año. Es decir, el tejido legislativo tendente a garantizar la accesibilidad en el propio hogar es amplio y además tiene fecha de caducidad.

En Sevilla, si bien ha habido algunos avances, estos han sido del todo insuficientes. El Ayuntamiento aprobó en 2007 la Ordenanza municipal reguladora de las condiciones para la instalación de ascensores en edificios existentes de carácter residencial, con el objetivo de facilitar las condiciones para la instalación de estos aparatos. Sin embargo, en estos diez años, no se ha realizado siquiera un diagnóstico municipal para poder dimensionar el problema y realizar una planificación adecuada. 

No obstante, el pasado julio salió una línea de subvenciones para actuaciones de mejora de la accesibilidad e instalación de ascensores en edificios residenciales, con un presupuesto total de 1,1 millones de euros para los próximos tres años, cantidad importante, aunque insuficiente, para resolver el problema en toda su magnitud, sobre todo teniendo en cuenta que esta cantidad no alcanzaría a acometer ni medio centenar de intervenciones. Además de la falta de presupuesto, el plazo de presentación de solicitudes, como ya es costumbre, se ha limitado a un solo mes y en verano (del 6 de julio al 6 de agosto). A pesar de ello, se han presentado 132 solicitudes, la mayoría en Macarena (24 solicitudes), San Pablo-Santa Justa (24) y Cerro Amate (22), lo que ha llevado al gobierno municipal a tener que asumir la necesidad de abrir nuevas convocatorias próximamente.

Está claro que se trata de un problema silenciado y escondido, como las gentes que lo padecen, y que por su magnitud y su calado precisa de un diagnóstico que permita caracterizarlo tanto cuantitativa como cualitativamente, de modo que puedan planificarse acciones también a medio y corto plazo, medidas transitorias para los casos más graves y difíciles de solucionar, así como los medios materiales y humanos para gestionar el problema de los denominados «pisos cárcel».  Será una tarea compleja pero que deberá acometerse no solo por justicia sino también por humanidad. 

La invasión de las ladronas de huecos

Una plaga azota la ciudad. Y hay que reconocer que la situación guarda cierto paralelismo con el argumento de aquella película de serie B de los años cincuenta en la que unas vainas extraterrestres adoptaban apariencia conocida para mezclarse entre la población. A este ser alado lo describen de un verde rabioso, alegre y dicharachero al principio, que poco a poco se transforma en un vecino molesto y agresivo al que temen hasta las ratas. De una mascota simpática, a una plaga sin control, llegada para usurpar los huecos en el corazón mismo de esta mariana ciudad; desde los mechinales de la Catedral y el Salvador, donde cría el famoso cernícalo primilla, a los grandes árboles en el interior de los parques históricos. Y aunque no sabemos cuáles son los objetivos políticos de las cotorras, está claro que han conseguido llevar el debate ético de las medidas de control a la agenda mediática de la ciudad. Naturalmente, si la especie invasora fuera un insecto desagradable Vd. no estaría aquí, leyendo este artículo. ¿Qué es una especie invasora? se preguntará.

Invasoras son las especies que, introducidas en áreas distintas de sus regiones de origen, suponen una amenaza para la diversidad biológica. Es el caso de la uña de león, el mejillón cebra, el cangrejo rojo o el galápago de Florida. Además de las pérdidas económicas que provocan, constituyen una de las principales causas de desaparición de la biodiversidad del planeta. Como invasores biológicos, desequilibran los ecosistemas ya sea por su comportamiento o por el riesgo de contaminación genética.

Según los datos del último censo estatal, la Sociedad Española de Ornitología (SEO) reconoce que la cotorra de Kramer o alejandrino común «alcanza números astronómicos en nuestra ciudad causando importantes daños ecológicos en su entorno”. A pesar de estar incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras desde 2013, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía no ha realizado ningún programa de control poblacional y su número se ha multiplicado en los últimos años más que en ningún otro lugar. En el caso de la cotorra argentina, su incremento es aún más dramático.

¿Cómo ha ocurrido esto delante de nuestras autóctonas narices? La realidad es que, a diferencia del argumento de terror, la invasión no ocurrió de la noche a la mañana y aunque no sabemos con exactitud quiénes son los vainas en esta película, hace veinte años que se conoce su presencia en Sevilla y se estudia con interés su frenética adaptación. Si es Vd. una persona curiosa, lo más probable es que haya oído el alboroto que producen volando al atardecer hacia los dormideros. Un ruidoso espectáculo que hemos disfrutado equitativamente en distintos barrios de la ciudad.

Investigadores de la Estación Biológica de Doñana advierten de que están entre las cien peores invasoras de Europa. Si algo han aprendido es que son aves inteligentes a las que, literalmente, no les falta ni hablar. Según los expertos, existen diversas etapas por las que una especie exótica se convierte en invasora. La primera o de introducción es cuando llega, directa o indirectamente, gracias a la actividad humana. Con mala suerte, la población logra establecerse frente a otras mejor adaptadas. Los individuos que consiguen reproducirse con éxito constituyen una auténtica pesadilla para Darwin y sus descendientes. Esto ocurre porque ocupan un nuevo nicho o “función” en el ecosistema, porque desplazan a otras especies, sea por competir mejor en la búsqueda de alimento y sitios reproductivos, sea por carecer de enemigos naturales, e incluso por ser portadora de parásitos y enfermedades que afectan a las poblaciones locales. Actuar en esta etapa aumenta la eficacia de cualquier medida preventiva o programa de erradicación. Finalmente, la recién llegada puede crecer a lo Fibonacci colonizando nuevas áreas. Cuando estas áreas están localizadas, son relativamente pequeñas y no se encuentran conectadas con poblaciones periféricas, la mejor opción es la eliminación de la población. Cuando la población es excesivamente grande o recibe aportes constantes, el escenario ideal en el cuál se retorna a la situación de partida resulta complicado. La única alternativa es mantener el tamaño poblacional por debajo de un umbral, por lo que las medidas de manejo van dirigidas a controlar su número en lugares donde suponen un grave impacto para las personas y el medio ambiente. Se ha constatado el efecto directo de la cotorra de Kramer sobre la que pudo ser la mayor colonia mundial de nóctulo gigante, una especie de murciélago Vulnerable a la extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Hace unos años, el mamífero volador más raro de Europa poblaba los viejos árboles del Real Alcázar y la Alameda. Ahora han desaparecido y lo harán también de su último refugio en el Parque de María Luisa si no se hace algo por evitarlo.

La introducción de cotorras tuvo lugar hace tiempo, al parecer a partir de una cantidad de aves anecdótica liberadas por las autoridades tras su incautación en el mercado de animales de la Alfalfa. Hoy nos encontramos en un escenario distinto, una vez que la población se ha asentado con mucho éxito en Sevilla. Según los expertos, aún sería viable una intervención urgente para erradicarlas y evitar la extinción del nóctulo gigante. Cuanto menos es necesario un Plan de Control Andaluz para minimizar el impacto de las especies exóticas porque el problema sobrepasa los límites del término municipal y traerá serias consecuencias a nivel regional. El daño en los cultivos de girasol es particularmente llamativo. En Israel, por ejemplo, las pérdidas económicas que suponen han llegado a plantear medidas disuasorias desesperadas: después de probarlo todo sin éxito, siembran campos de girasol exclusivamente para alimentarlas.

Por otro lado, aunque está prohibida su importación desde 2011, no resulta difícil adquirirlas en internet. Es importante informar de los problemas que causan las especies invasoras. El comercio ilegal de ejemplares en el mercado negro, unido a la elevada esperanza de vida y sus pautas de comportamiento, dificulta el control. Explicar las actuaciones que se llevan a cabo y los riesgos que supone la introducción deliberada es imprescindible para evitar que aparezcan nuevos núcleos. Si continúa el reemplazo constante de individuos criados en cautividad, ninguna medida resultará eficaz.

En cualquier caso, a estas alturas de la película es evidente que tenemos un papel protagonista. La mayoría de las medidas de control que se proponen son paliativas y con ellas no desaparecerá la población en libertad. Quizás en el futuro hasta el escudo de la ciudad luzca el verde del alejandrino común sobre las santas cabezas. En ocasiones, la realidad supera la ficción. 

Bienvenidxs inmigrantes y refugiadxs a Sevilla

¿Cómo saber si una cuestión importa en las políticas públicas?

Desde la Plataforma Somos Migrantes (PSM), consideramos que la ciudadanía debe participar, movilizarse ante lo injusto y crear nuevas realidades posibles. También exigir que quienes ostentan la responsabilidad y cuentan con recursos para generar políticas para el bien común, cumplan su cometido. Pero resulta difícil no perderse en buenas palabras y en echar «balones fuera». Sin embargo existen indicios para saber si hay o no un compromiso real. Así, la existencia de un área específica dentro de un ente público, un plan definido con objetivos y medidas, la dotación de un presupuesto o el que se cuente con un equipo humano capacitado, son, entre otros, aspectos que muestran una intención clara de acción. Por el contrario su inexistencia es señal de una desatención manifiesta. Y qué pena e indignación da constatarlo, como el caso que nos atañe en este artículo con el que la PSM quiere denunciar el desconocimiento, indiferencia y falta de responsabilidad política del Ayuntamiento en política local sobre migraciones.

Sin voto pero con derechos

Ante las elecciones locales de 2015, la PSM realizó un proceso participativo para conocer la situación y propuestas de las personas migrantes. Tras ello se mantuvieron reuniones para la inclusión de las medidas en los programas de los partidos y un acto público con todos los partidos menos el PP. Con ello se buscó dar voz a la mayoría de los inmigrantes extracomunitarios de la ciudad (41 943) que no tienen derecho al voto por ser originarios de países con los que España no tiene firmados acuerdos. Varias de las propuestas fueron recogidas en los programas de los partidos, entre ellos el PSOE, hoy al frente del Ayuntamiento.

Se planteaban medidas en diversos ámbitos para: mejorar el acceso al empleo; desbloquear los trámites para el acceso a los papeles; canales de participación directa real o para mejora de la convivencia, entre otras.

En 2016 la PSM decidió realizar un acto de control ciudadano para ver la incorporación real de las medidas. Para ello actualizó la consulta a personas migrantes y se mantuvo un encuentro con el Ayuntamiento para ver las acciones realizadas. Lamentablemente estas fueron las respuestas….

«No puedo contestar porque no es mi competencia» ¿Y entonces… de quién?Esta fue la respuesta al consultar qué se había realizado en la mayoría de los ámbitos. Pero ¿no estábamos reunidos con la persona responsable en Sevilla de las políticas de inmigración? Su respuesta es coherente con la inexistencia de un área concreta de migraciones, que solo aparece como mención dentro de la Dirección de Igualdad y Cooperación (adscrita al Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria). Así la responsabilidad queda diluida y nadie tiene porqué hacer nada.

«El Ayuntamiento no tiene responsabilidad en trámites para la regularización…» pero ¿si había medidas en su programa?El acceso a la regularización es algo crucial en la vida de una persona inmigrante ya que supone el acceso a derechos y acabar con la angustia de la expulsión. Para conseguirlo, la vía más usada es el arraigo social que requiere un informe emitido por las Unidades de Trabajo Social municipales. En 2015 se identificó que sufría grandes retrasos, algo muy grave, porque la demora conlleva que las solicitantes puedan perder la posibilidad de regularizarse. Por ello fue destacado por la PSM y recogido por el PSOE en su Medida 127 «Mejoras en la tramitación de los informes de arraigo de la población migrante estableciendo plazos máximos razonables para su emisión y obtención de documentación, certificados y empadronamiento». Pero la respuesta fue «eso no es competencia municipal», algo alarmante por el desconocimiento grave en una cuestión esencial. Igualmente inaceptable fue la respuesta sobre el empadronamiento al indicarnos que «las personas sin documentación no podían empadronarse». Sobre todo cuando el pasado mes de marzo el propio Ayuntamiento propuso reforzar el empadronamiento para asegurar el acceso a derechos en la ciudad, como justificación para negar la propuesta de creación de una tarjeta de vecindad.

Participación real o escaparate: el Consejo Municipal de inmigrantes.La medida concreta que se nos planteó fue la futura creación de esta figura que ya existió en Sevilla entre 2008-11. Al compartirle que la experiencia del anterior consejo fue la de una estructura poco representativa, la respuesta fue que no se tenía conocimiento de su existencia. ¡Cómo esperar la incorporación de aprendizajes! Expusimos la dificultad de acceso para las entidades y agrupaciones más representativas si no se planteaban estrategias de acercamiento institucional. Sobre todo por el miedo de muchas personas migrantes a ser detenidas o la dificultad para dominar la burocracia (una forma de violencia institucional que impide de forma fáctica el ejercicio de derechos). La respuesta fue igualmente firme, el Ayuntamiento estaba ahí para quien «quisiera ir», siempre que cumpliera con los requisitos exigidos.

Sevilla Ciudad Refugio, un título que no requiere nada a cambio.Para finalizar quisimos tener información del plan de medidas asociadas a la declaración de «Sevilla Ciudad Refugio» de Junio de 2016. Llevábamos aportes de algunas acciones desarrolladas en otras ciudades. La sorpresa fue constatar que no llevaba aparejado ningún compromiso específico más allá de lo ya previsto a nivel estatal (acompañar el trabajo de las ONG subvencionadas para gestionar el cupo previsto). Ante la demanda de compromisos que sustentaran el título, se nos expuso que no era necesario y que teníamos diferente forma de ver qué era una ciudad refugio. 

Luchando contra los abusos en la Universidad de Sevilla

El 9 de enero de este año conocimos que Santiago Romero, catedrático del Departamento de Educación Física y Deporte de la Universidad de Sevilla (US), había sido condenado a 7 años de prisión por abuso sexual y lesiones a dos profesoras y una becaria de su departamento entre los años 2006 y 2010. Los hechos fueron denunciados en 2010-11 y el juicio se celebró en 2016.

El caso ha ocasionado un gran revuelo mediático y hemos sido testigos de muchas reacciones, desde las que consideran que esto no hace más que visibilizar un fenómeno endémico, hasta el estupor absoluto. A lo largo de este mes se han hecho muchas preguntas: ¿cómo pudieron ocurrir estos abusos durante cuatro años?, ¿cómo no nos dimos cuenta?; ¿por qué no se reaccionó más contundentemente en el momento de conocerse la denuncia?; ¿por qué esta dolorosa demora de 6 años entre denuncia y sentencia? Pero entre todas, sin duda la pregunta “estrella” ha sido ¿por qué siguió Santiago Romero en su puesto una vez que los hechos fueron denunciados? Incluso algunos titulares hacen referencia a que el acosador fue premiado recibiendo un año sabático, lo que El confidencial (11-1-2017) llamó un “exilio dorado”.

Son interrogantes que a nadie dejan indiferente, que remueven, que duelen. Este artículo hace, a modo de pinceladas, algunas reflexiones que pueden ayudar a responder a estas preguntas. No es un análisis sistemático. Escribo desde mi perspectiva de delegada sindical del SAT, compañera de facultad de las denunciantes e investigadora de las relaciones grupales.

Asumir responsabilidades en la universidad

En la universidad existen decenas de ámbitos de gerencia, tanto a nivel general, como a nivel de facultad y departamento. Existen, además,  multitud de servicios, institutos, consejos y comisiones. Todos ellos con sus normativas propias. En el caso de la US, a esta complejidad organizativa se añade la distribución en diversos campus por toda la ciudad, en los que desarrollan su actividad más de 7.000 trabajadorxs entre profesorado y personal de administración y servicios, y más de 70.000 alumnxs.

Es difícil asumir responsabilidad ante estas preguntas. Y el hecho de que la universidad sea un sistema complejo es un obstáculo para ello porque diluye responsabilidades y facilita mirar a otro lado. A pesar de que el rector pidió perdón públicamente al día siguiente de conocerse la sentencia, apuntó a la responsabilidad del sistema judicial por la demora y centró su atención en la gestión de la Facultad de Ciencias de la Educación (CCEE). Como se desarrolla más adelante, el comunicado elaborado por la Junta de CCEE a la que pertenece el departamento donde tuvieron lugar los abusos, no convenció a muchos miembros de la Facultad, pues, aunque en él se condenaban los hechos, se hacía únicamente una vaga referencia a no haber atendido suficientemente a las víctimas. El equipo decanal dirigía su miraba a instancias superiores de la Universidad, no sin parte de razón. Los compañerxs de la sección departamental a la que pertenecía el abusador emitieron un comunicado en el que se dedicaban más palabras a justificar su desconocimiento y falta de responsabilidad que a hacer algún tipo de autorreflexión. Esta actitud también generó rechazo, sobre todo teniendo en cuenta que algunxs de ellos declararon en el juicio a favor del condenado. Entonces, fue la base de la jerarquía (profesorado, estudiantado y personal de administración y servicios) quien tomó un papel más proactivo en la reflexión sobre la responsabilidad, la petición de perdón y el cambio de este tipo de prácticas.

Esto ha ocurrido especialmente en el entorno de la Facultad de CCEE. Las respuestas dadas por el equipo decanal supieron a poco, se identificaron como “tibias” y dieron lugar al inicio de un movimiento asambleario en el que más de 200 personas elaboraron un manifiesto (https://fcce.us.es/sites/default/files/170119%20Manifiesto.pdf). Esta asamblea entendió que el decanato había perdido su legitimidad y planteó la creación de una gestora que dirigiera la constitución de una nueva Junta de Facultad.

Surgen voces que reclaman la responsabilidad del equipo de gobierno de la Universidad y otros agentes institucionales (equipos rectorales de los últimos 7 años, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, etc.). Se empiezan a sacar a la luz otros casos de abuso y acoso. En este sentido, la sección de Personal Docente e Investigador (PDI) del SAT comenzó una serie de comunicados denominados La Punta del Iceberg, con testimonios de personas que han sufrido abuso o acoso en la Universidad de Sevilla (http://sat.us.es/la-punta-del-iceberg-i/).

Desinformación y desconexión en la universidad

Una vez que salen a la luz estos hechos hay revuelo e indignación. No deja de llamar la atención, por ejemplo, el hecho de que muchxs compañerxs hayan mostrado preocupación por las víctimas sin conocerlas directamente. No solo la dimensión de esta facultad, una de las más grandes de la US explica este desconocimiento. También el individualismo al que nos someten los procesos de promoción profesional. No existen apenas mecanismos de comunicación entre los miembros de la comunidad universitaria. En esta realidad de incomunicación quienes salen perdiendo son, como ocurre siempre, las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Cuando llega alguna situación de crisis que despierta al profesorado surgen espontáneamente iniciativas para formar redes. Incluso así, sigue existiendo un clima de desinformación que es caldo de cultivo de procesos de abuso. La actividad sindical tiene un papel importante en este sentido, colaborando en la visibilización de las situaciones de abuso y  como catalizador de la indignación, impidiendo el “adormecimiento” de la conciencia colectiva. También ejerce el sindicalismo su función pidiendo responsabilidades a todos los niveles.  Es por eso que estamos especialmente ocupados en estos momentos en demandar que un equipo de expertxs, algunxs ajenos a la US, analice qué ha pasado y qué falló.

Universidad y poder

El segundo aspecto que arroja luz sobre cómo surgen, evolucionan y se solucionan las situaciones de acoso y abuso está relacionado con la jerarquía y el poder. La propia sentencia recoge la dependencia jerárquica de las víctimas respecto del acosador. La jerarquía forma parte de la vida universitaria, la asumimos, la justificamos. Diferencias no solo de sueldo, también de acceso a recursos y de condiciones laborales tan básicas como la configuración del horario de trabajo. El manifiesto elaborado por la asamblea de CCEE tras el conocimiento de la sentencia reconoce que los abusos sufridos por las tres compañeras no son un hecho aislado, “sino que se producen en el marco de un sistema jerárquico y patriarcal en el que se dan situaciones de poder que propician el abuso a todos los niveles”.

Esta forma de funcionamiento da lugar inevitablemente a que en la universidad se produzcan dinámicas de prebendas y favores. En muchas ocasiones, además de alcanzar un mérito propio, supone ocupar una posición de poder, dependiente, a su vez, de personas o grupos que ofrecen un trato de favor a cambio de apoyo. Esto ocurre con frecuencia en la formación de los claustros universitarios y juntas de facultades, así como en la ocupación de cargos de gestión, fruto, en  no pocas ocasiones de la herencia directa, con su posterior paso por las urnas sin más candidatos que los ya establecidos de antemano. Esto alimenta ese caldo de cultivo para el acoso y el abuso. Es doloroso que esta forma de funcionar esté totalmente incorporada a nuestra vivencia de la universidad. Parte del estupor que se percibe en torno a éste y otros casos de abusos es que el abusador no tiene que mostrarse como un monstruo. El que abusa es el mismo que promete favores. En definitiva, el que tiene poder sobre la vida de sus pupilxs.

Una consecuencia directa de esta forma de funcionar en torno a favores es uno de los conocidos principios del abuso y el acoso: difícilmente una persona en solitario puede abusar si no hay un contexto que ayuda, permite y/o mira para otro lado. La sentencia incluye ejemplos diversos de situaciones en las que compañerxs de departamento participaban en la misma dinámica de abuso o justificaban esas actuaciones por interés o miedo. Es otra responsabilidad sindical e individual dejar de asumir este tipo de autojustificaciones.

Este sistema de poder está conectado con la complejidad de la universidad y la desconexión-desinformación entre sus miembros. Una práctica frecuente por parte de quien abusa consiste, precisamente, en el aislamiento de las víctimas. En este caso, esto ha sido así durante años, con relaciones intencionalmente inexistentes o deliberadamente contaminadas entre el departamento que dirigía el abusador y el resto de CCEE. La visibilización de estas dinámicas supone un soplo de aire fresco, pero regenerar las relaciones no es un proceso fácil porque suele haber mucho dañado.

Universidad y gestión de los conflictos

Mi experiencia en la universidad, es que se valora el comportamiento decoroso por encima de otras actitudes. Las personas pueden ser fácilmente identificadas como problemáticas y pocas personas quieren ese papel. Por eso es frecuente que respecto a situaciones injustas prime una actitud de silencio. Intuyo que el miedo es uno de los elementos que está en su base. Nos convencemos de que podría ser peor y que tenemos que contribuir con nuestra actitud  y nuestro comportamiento a mantener un buen clima, aunque eso pase por renunciar a demandar determinados derechos o hacer visibles situaciones discriminatorias. Animado por llamadas de responsabilidad a “lavar los trapos sucios en casa” y no contribuir a una mala imagen de la universidad. En definitiva, se tiende a minimizar, negar o evitar situaciones de conflicto, tratando cualquier situación con un mal sentido de la equidad, evitando el tomar partido frente a las injusticias.

La universidad: un sistema burocratizado

Una vez que una mujer, luchando con los sentimientos de culpa y fracaso habituales en estos casos, se decide a denunciar abuso, sobre todo sexual, después de haber callado un tiempo, de haber pedido ayuda sin recibir respuesta o incluso sufriendo el aislamiento del entorno más inmediato,  una vez que da ese gran paso ¿no debería encontrarse con todas las facilidades? La experiencia nos dice que no es así. Habitualmente a la pesadilla vivida durante años se suma otra pesadilla aún peor: la de la tortura de los órganos y personas responsables que actúan presas de un sistema rígido e inflexible. Y es que la máquina burocrática es absolutamente insensible. Muchas peticiones y demandas no reciben respuesta, porque no se hicieron según procedimiento. También duele esto, mucho. Duele que una persona abusada muestre la resiliencia y la autoafirmación suficiente como para hacer una petición justa, sencilla y pasen meses, años y el sistema no sea capaz de ofrecerle lo que necesita, con todas las garantías y con la celeridad suficiente, que es toda, porque cada segundo de demora hace daño.

Nuestra función sindical no solo es espolear, avivar estos procesos y acelerar las respuestas, sino también contribuir a que existan y se pongan en marcha protocolos realmente eficaces.

Ausencia de formación y sensibilización

Todxs, y especialmente quienes tienen alguna responsabilidad, deberíamos conocer por qué fases pasa una persona acosada o abusada, qué sentimientos, actitudes y conductas manifiesta en cada momento, qué cosas no se deben decir, qué tipo de apoyo es la que necesita. Hemos sido testigos en estos años, en estos y otros casos de abuso y acoso, de muchas situaciones penosas. Desde la llamada a no darle importancia a determinadas conductas, hasta cuestionar la entidad del abuso, animar a pensar antes de actuar en el daño que se puede hacer a unx mismx o a los otros con una denuncia. Referencias a la necesidad de dejar atrás lo ocurrido y mirar adelante, llamadas a no ser rencorosa o, incluso,  exhortaciones a practicar el perdón. Quizá una de las actitudes más dolorosas, no siempre totalmente explícitas, es dejar de tratar a la víctima como víctima una vez que gana el proceso judicial, incluso animando al cuidado de otras personas que en  muchas ocasiones pudieron también ser víctimas, pero que durante el proceso contribuyeron al abuso o permanecieron como espectadorxs. Y no nos referimos a dejar de tratarlas como víctimas en el sentido que tan bien indica Yolanda Domínguez en su artículo “No sois víctimas, sois vencedoras” (http://www.huffingtonpost.es/yolanda-dominguez/no-sois-victimas_b_14180566.html), sino en el sentido de despojar a las vencedoras del sufrimiento pasado y de la valentía mostrada. Un proceso de rehabilitación de las relaciones pasa por trabajar con todas las personas implicadas, pero en ningún caso la vía puede ser tratarlas a todas por igual.

No es raro escuchar comentarios que, si no justifican el acoso, ponen el acento en la víctima. Tampoco es infrecuente escuchar que las víctimas hablen de sí mismas cuestionándose su actitud. Nada, absolutamente nada, justifica que una persona sea abusada o acosada y eso es lo primero que todxs deberíamos tener muy claro para cumplir el principio de “tolerancia cero”. Otro aspecto que me parece fundamental desde el punto de vista ético es escuchar a las víctimas sin imponer ningún código moral, aceptar todos los sentimientos que surgen como necesarios y dejar de negarles el derecho a la rabia y el deseo de restitución.  También en esta escucha activa nuestra acción sindical adquiere sentido.

El deporte no es un lujo, es un derecho

Un sector de la escuela pública sevillana se levanta contra la lógica de un sedentarismo infantil, que en Andalucía alcanza índices muy por encima de la media europea debido a la mercantilización de un derecho fundamental: el deporte.

Las realidades sociales más empobrecidas son aquellas que soportan sobre sus hombros, con mayor virulencia, la falta de acceso a determinados derechos sociales como la práctica deportiva. De hecho, España, Portugal y Grecia son los países europeos con los índices de sedentarismo más acuciantes del continente. Este diferencial respecto a las tasas del resto de Europa se acrecienta en las regiones del sur de dichos países y continúa inflándose de manera escandalosa en torno a tres variables fundamentales, según recientes estudios del Instituto Nacional de Estadística:

  • El nivel socioeconómico, afectando de manera más patente a los sectores más desfavorecidos de estas latitudes que a los de la media europea.   
  • El factor generacional, con unos niveles de sedentarismo infantil y juvenil vergonzantes. Este factor ha sido tradicionalmente achacado a la población afectada, obviando que no son los niños y las niñas los responsables de haber abandonado la calle como un lugar de ocio recreativo dinámico, sino los adultos, quienes nos hemos arrojado a las fauces de la industria automovilística y tecnológica, llenado las calles de coches y las casas de videoconsolas.
  • La cuestión de género, con unos índices de sedentarismo en niñas que doblan a aquellos sufridos por los niños.

El deporte, de derecho fundamental a bien de consumo

Tanto la recientemente aprobada Ley del Deporte en Andalucía, como la propia Constitución española, cargan tintas en pro de la salvaguarda del deporte como un derecho fundamental. Por otro lado, también se ensalzan sus beneficiosas propiedades desde los atriles de los poderes públicos, de uno u otro signo político. ¿A qué regidor no se le llena la boca, y se hincha cual pecho de palomo cuando habla del deporte juvenil en sus discursos, o al entregar una medalla?

En cambio, en demasiadas ocasiones vemos como este precioso discurso queda pervertido, o más bien sobornado, por intereses comerciales. Como muestra, cabe destacar el desarrollo que en los últimos tiempos ha vivido el mercado de lo que ha venido en llamarse running, que parafraseando a Luis de la Cruz[1], es un fenómeno que se diferencia de lo que de toda la vida hemos llamado salir a correr, por lo que implica de exaltación del individualismo empedernido y la autosuperación como metáfora del desarrollo capitalista en la ciudad postindustrial. Ejemplificando en el caso de Sevilla, gracias a la colaboración del Consistorio, la Carrera Nocturna KH-7, la Zurich Maratón o la Carrera Popular Coca Cola aportan cuantiosos beneficios a las corporaciones patrocinadoras de los eventos, apuntalando un suculento negocio que mueve más de 300 millones de euros al año (solo en España) bajo un discurso de deporte y salud que viene con trampa.

Focalizando en Sevilla y en la escuela

Teniendo en cuenta la Declaración Universal de los Derechos del Niño, la usurpación que el mercado hace del deporte como un derecho universal resulta aún más sangrante cuando afecta a la población infantil y juvenil. El fomento del deporte, sus virtudes y sus suculentos dividendos ha sido asumidos por el ideario y la praxis de la escuela privada, y para más agravio, también por la concertada, en un ejemplo más del desvío del erario público en pro del bolsillo privado tras el bonito e inocente cartel de una niña que juega a la pelota. Estas escuelas no solo copan los primeros puestos en cuanto a participación en los eventos deportivos que organiza la administración pública, sino que además es común ver sus instalaciones deportivas funcionando a pleno rendimiento en horario extraescolar. En cambio, la participación de la escuela pública en dichas actividades deportivas municipales suele ser inferior. Esto se debe a que la administración no las fomenta, ni hace una dotación mínima de personal que acompañe al alumnado a las actividades (que suelen tener lugar los fines de semana) y que abra las escuelas por la tarde, impulsando el hábito deportivo entre los y las escolares. Son pocos los centros deportivos públicos que, gracias al esfuerzo encomiable de las AMPA, consiguen desarrollar actividades deportivas en sus centros en esos horarios. Al contrario, nos vamos acostumbrando a la imagen vespertina de grupos de jóvenes, pelota en ristre, teniendo que saltar la valla de un cole cerrado para poder ejercer su derecho a pegarle dos patadas a un balón. Jóvenes a quienes incluso nos atrevemos a criminalizar.

Apoyo mutuo y autogestión deportiva

En este contexto, conviene destacar realidades que se rebelan contra esta lógica. En el Instituto Salvador Távora, del sevillano barrio de Amate, se ha puesto en marcha un grupo de fomento del deporte compuesto por familias, profesorado, alumnado y demás personas del barrio que han decidido enfrentarse a esta dinámica, y colaborar para brindar al alumnado lo que las administraciones les niegan: una oferta deportiva accesible, digna y gratuita. De esta manera, en el instituto se fomenta y dinamiza la participación del alumnado en actividades deportivas externas, mientras que las y los integrantes del grupo comparten las labores de acompañamiento de estos menores a los distintos encuentros deportivos. Esta actividad, que puede parecer banal, obtiene valiosos beneficios en torno a tres ejes fundamentales:

  1. El uso terapéutico del deporte para la salud, no solo física y psíquica, sino también social, sacando a cientos de jóvenes de los callejones sin salida del ocio forzoso que llenan su barrio.
  2. El fomento de la integración del alumnado y sus familias, generando lazos de apoyo mutuo en el entorno, cuestión fundamental dada la interculturalidad reinante en el distrito.
  3. La concienciación respecto al concepto del deporte como un derecho a exigir y no como un lujo que en demasiados casos no pueden ofrecer a sus hijas e hijos.

En este último sentido, cabe destacar las acciones llevadas a cabo por este grupo, que en distintas ocasiones, se ha manifestado ante las autoridades municipales al grito de «el deporte no es un lujo, es un derecho» consiguiendo con su lucha, y la acción institucional de compañeros y compañeras afines, la eliminación de las tasas abusivas, que el Ayuntamiento venía imponiendo al alumnado para su participación en las carreras populares y los juegos deportivos municipales.

Aun así, queda mucho camino por recorrer. Es perentorio reivindicar una implicación real e integral de las administraciones en el fomento del deporte en la escuela pública, como medida, para la prevención de problemas sociales tan acuciantes como el absentismo escolar. Es necesario demandar que nuestra escuela, muerta por las tardes, abra sus puertas a actividades deportivas que propicien una imagen positiva de la misma por parte del alumnado. Es fundamental, en definitiva, exigir que nadie se quede sin hacer deporte por no poder permitírselo.

[1] Luis de la Cruz, Contra el running (2016), editorial Piedra Papel Libros.

Enseñar en el barrio más pobre de España

El mes pasado conocimos a través de la prensa que Tres Barrios-Amate es el barrio más pobre de España. Solo hay que dar un paseo y ver el estado de sus viviendas, más propias de un periodo de posguerra que de la Sevilla del siglo XXI; ver la gente desocupada, siguiendo con su mirada el recorrido de los «forasteros» y planteándose para qué hemos cruzado la «frontera», la ronda del Tamarguillo; ver a lxs chicxs ociosxs, sin acudir al colegio o al IES. Esa es la realidad con la que convivimos muchxs docentes en el IES Salvador Távora, ubicado en pleno corazón del barrio.

El centro (800 alumnxs) presenta uno de los porcentajes de absentismo escolar más altos de España (roza el 36%). Tenemos alumnxs menores de 16 años a los que no hemos visto nunca; otrxs, que vinieron el primer año alguna vez; un tercer grupo, el más numeroso, que asiste a clase una media de 2 o 3 días a la semana. Y hay un elevadísimo absentismo de estadística (más de 3 faltas injustificadas al mes). Con esta realidad, cuesta mucho enseñar, sin la ayuda, siquiera, de los libros de texto, que se quedan muy lejos del alcance de estxs niñxs. Por otro lado, vienen con grandes lagunas de primaria (algunxs apenas pueden comprender lo que leen y aun así no han repetido nunca curso). ¿Respuesta de las autoridades?: papeleo. La tutora o el tutor avisa a las familias, pero esto no suele bastar, así que la educadora social les envía una carta informándoles de las posibles consecuencias legales; si con ello tampoco es suficiente —el absentismo es muchas veces consentido por las familias—, se elabora un informe para fiscalía. Por cierto, la educadora es compartida por nuestro centro y tres colegios más de la zona. Cuando, con mucha suerte, la fiscalía actúa, manda a la policía; algunos alumnxs aparecen por el centro a mitad de abril y desaparecen antes de que comience mayo, como si de una resaca de feria se tratara. Y vuelta a empezar, aunque todxs sabemos que las consecuencias legales no llegan nunca o llegan muy tarde…

Por si esto les parece poco, les sigo contando. Gracias al concepto de integración del que presume nuestra Administración, niñxs de distintos niveles, nacionalidades y con distintos problemas (retrasos cognitivos, madurativos, autismo) «conviven» en el mismo grupo (entrecomillo porque hay criaturas que no entienden nada de español y tienen que pasar seis horas al día «integradxs» en el aula para recibir clases de español 2 o 3 días a la semana junto con otrxs catorce compañerxs de distintas nacionalidades y niveles del idioma). Otrxs deben luchar con sus limitaciones mientras soportan la marginación y burla de sus compañerxs ante la impotencia de lxs profesorxs y la orientadora (una para 800 alumnos). Evidentemente, no damos abasto.

¿Y qué más ocurre en el barrio más pobre de España? De todo. Cosas «normales»: madres y padres que se separan y que no tienen medios económicos para vivir por separado; la vivencia dramática de la entrada en la adolescencia compartiendo habitación de 6 m² con tres hermanxs. Cosas «medio normales»: abuelxs viviendo con tíxs, madres y padres, cuñadxs, en pisos-patera; padres que se dedican al oficio de la chatarrería, que sus hijos continuarán porque es lo único legal que conocen en el barrio. Cosas «anormales» para una sociedad democrática: alumnxs que comparten pisos con 15 miembros más de su familia; alumnxs que reciben malos tratos en casa sin que apenas podamos hacer nada por ayudarlos. Y cosas «de otro planeta»: menores sometidxs a abusos a lo largo de años en su propia casa; otrxs, en contacto o al cargo de puntos de venta de drogas; chicxs que no tienen 1,40 € para pagar su billete en el bus para ir de excusión; chicxs que se encuentran en situación de «desahucio» con sus familias; otrxs a los que hay que pagar el bocadillo del recreo, única comida del día; menores que viven con sus abuelxs porque sus madres o padres están en la cárcel, o muertxs en una reyerta, o por sobredosis… Relean esta pesadilla de paréntesis, por favor, porque son casos reales que ocurren en nuestra ciudad.

Y en esta jungla de emociones sin desarrollar (no tienen adultos fiables en los que apoyarse para crecer) nos movemos, a pesar de las trampas que nos tiende la Administración. El año pasado fuimos sometidxs a una inspección y las conclusiones fueron las siguientes: «culpaban» al profesorado del absentismo y del fracaso escolar (muy alto, evidentemente) por no motivar. Por esta razón «se veían obligados» a volver y revisar las cifras para tomar medidas, si estas superaban el 50% de fracaso —recordemos: un 36% de absentismo— . También plantearon más papeleo con el que distraernos, mientras el barrio se sigue desangrando de paro (más del 70% entre la población activa) y de fracaso.

Evidentemente, a menor índice de escolaridad, mayor índice de paro. ¿Respuesta de las autoridades? No tenemos en nuestro centro ni una sola oferta de formación profesional de grado medio para responder a las necesidades de lxs alumnxs que, a duras penas, han obtenido el certificado de ESO y no pueden acceder a Bachillerato —les falta la base, la constancia, el espacio en casa para dedicarse al estudio varias horas al día—; los programas de atención a la diversidad, «D­­­­iversificación» y «Compensatoria» son claramente insuficientes: 90 plazas para un IES de 800 alumnos, sin personal especializado y sin apenas dotación desde los recortes.

«Motivación e integración», las dos palabras milagro de lxs políticxs para solucionar los problemas educativos y para, a la vez, trasladarnos la responsabilidad a lxs profesorxs. La integración no se consigue reuniendo en el mismo lugar a niñxs de diversas nacionalidades y con grandes problemas: eso se llama gueto. Hace falta planificación, infraestructuras, recursos —muchxs de nuestrxs alumnxs no tienen ni para comprar bolígrafos, imagínense ordenadores, aun así, comparten dos aulas de informática para todo el centro—. Sería preciso personal especializado, del que no dispone la Administración, ya que es más barato pagar más a lxs profesorxs que aprueban a más chavalxs y presumir de estadísticas.

A pesar de todo esto, ¿saben qué? La mayoría son niñxs cariñosxs y respetuosxs, aunque nadie les haya enseñado a estimar la educación, a mantener una rutina, ni de comidas siquiera, mucho menos, de estudios. Aunque nadie les haya enseñado a imaginar una vida más allá de este barrio, sin leyes, sin futuro, olvidado por todxs. Un barrio para el que la frontera es la ronda del Tamarguillo. ¿Casualidades? Justo donde se ubica la Delegación de Educación.

Suelos comunales, suelos públicos, suelos vendibles:

un proceso de privatización

El proceso por el cual se privatizan los comunales se apoya, entre otras cosas, en una confusión interesada de lo común y lo público. Así, enfrentando lo público a lo privado, y olvidando la existencia misma de lo común, se cierra el círculo del pensamiento dicotómico. Lo común es de todxs porque es de nadie, la propiedad no es lo que lo caracteriza, sino el uso (así como la autogestión). La propiedad, sea esta privada o pública, sin embargo, se caracteriza no tanto por el uso como por el abuso (como bien sabía el derecho romano: ius utendi et abutendi).

Privatizar el común

No es casual que en los colegios y en los libros de texto expliquen de modo sesgado los más de cien años de historia de las desamortizaciones (1798-1924) y pasen de puntillas por las expropiaciones por parte del Estado de las tierras comunales y los comunes. Expropiaciones que sirvieron para su posterior venta, privatizando lo que «era de todxs». Se han privatizado eras, bosques, cauces de ríos, prados, molinos, hornos, etc. Continuando en esta línea, en abril del 2013 el Estado ha realizado un plan de ventas de lo público concretada en el Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios. Recordemos la puesta a la venta por parte de Medio Ambiente de la finca la Almoraima en el Parque Natural de los Alcornocales.

Dos prados

Había en Sevilla dos espacios claramente comunales. Dos prados, el de San Sebastián y el de Santa Justa. Dos prados —un santo y una santa— donde las bestias podían pastar antes de allegarse a los mataderos. Primero en la Ronda y, desde principio del siglo XX, en el cruce de la avenida Ramón y Cajal con el río Tamarguillo, es decir, en el cruce de una cañada real con un río (estos, también, espacios comunales que se han ido privatizando para la construcción de bloques de viviendas y pasos de coches). Un cambio de los modos y espacios del ancien régime por la Razón, el Progreso y el Capital.

Estos espacios urbanos estaban asociados además a dos de los arrabales: San Bernardo y Campo de los Mártires. Este último destruido en la Expo 92 para la construcción del nuevo trazado ferroviario de la ciudad. Podemos afirmar que los suelos comunales de Sevilla son víctimas del proceso urbanizador del Capital y el Estado desde hace más de doscientos años.

Del común a lo público, algunos ejemplos

El concepto de lo común ha sido prácticamente sustituido por el concepto de lo público. También los suelos públicos se han cambalacheado y han sido moneda de cambio para hacer ciudad, en el mejor de los casos, y especular en otros (frecuentemente ambos a la vez). La ciudad ha sido concebida y gestionada como una empresa en los últimos 20 años, todas las administraciones públicas han vendido y especulado en el hacer ciudad. Veamos algunos ejemplos dolorosos:

La Junta del Puerto, convertida a veces en agente urbanizador y otras en agente especulador, dispone y ordena terrenos públicos como si fueran de su propiedad, gestionando a su agrado y sin pasar por los procedimientos urbanísticos legales. Pensemos, por ejemplo, en el actual y conflictivo proyecto de Sevilla Park y las 46 hectáreas a urbanizar en el puerto.

En Sevilla, otra administración del Estado, Adif/Renfe, dispone a su antojo de suelos que, a finales del siglo XIX, se expropiaron al Ayuntamiento y a algunos particulares para que el tren llegara a la ciudad. Tras las remodelaciones de la red ferroviaria con motivo de la Expo 92, estos perdieron la utilidad para la que fueron expropiados. En vez de retornar estos suelos o su valor económico al Ayuntamiento, están siendo privatizados y loteados por ADIF. Véase el caso de la plaza junto a la antigua estación de Córdoba, donde se está construyendo actualmente un supermercado Mercadona, privatizando así el espacio público.

Algunos suelos se sitúan en enclaves singulares de la ciudad, como pudiera ser el solar de la antigua Cava de Los Civiles de Triana, que acogía el cuartel de la guardia civil y para el que lxs trianerxs llevan años pidiendo un uso cultural. También lo son las viviendas anejas al Alcázar de Sevilla que, cuando el monumento fue devuelto a la ciudad por el Gobierno de la República en el año 1931, se quedaron fuera de este retorno, y actualmente el Gobierno Central está vendiendo.

El último caso hiriente que vamos a reseñar es el proceso de las Setas en la plaza de la Encarnación, espacio que ha sido cedido por un periodo de cincuenta años a una empresa constructora privada porque el consistorio no poder asumir el coste de su construcción. El resultado es un espacio aparentemente público que no lo es realmente.

Tenemos pues que terrenos públicos (militares, de Renfe, del puerto, de la Universidad o del propio Ayuntamiento) que en muchos casos eran originariamente suelos comunales, son privatizados constantemente. Lejos de velar por la consecución del bien común, se malvenden por intereses espurios, sirviendo muchas veces el dinero así obtenido, de manera prioritaria, para pagar la deuda ilegítima generada en los últimos años.

Pensar hoy lo común

Está claro que las condiciones de vida ya no son las de hace cincuenta lustros, y que de momento no se ve muy viable que el ganado pasee por nuestra avenidas —aun en el caso pintoresco e histórico del paseo de la Castellana de Madrid, ocupada una vez al año por el pastoreo trashumante—. ¿Qué otro futuro se podría pensar para esos espacios que deberían pertenecernos a todxs? ¿Cómo podríamos pensar y habitar hoy suelos comunales en la ciudad? ¿Cómo entender desde un pensamiento anarquista la ciudad y sus comunes hoy día?

Hay muchas formas, desde luego. La liberación de espacios para su uso y gestión por parte de sus habitantes es una de ellas. Otra, siguiendo a Kropotkin, podría ser la recuperación de los antiguos comunales como espacios agrarios: el campo en la ciudad. Una alimentación colectivizada, Sevilla como una ciudad que se alimentaría a sí misma. Además de contribuir a la salud de la población desde la alimentación, generaríamos una economía asociada al común. Mejorando el paisaje urbano conservaríamos el vacío, generaríamos economías deseantes, contribuyendo a la mejora del entorno y luchando contra el cambio climático. Estos comunales recuperados, hoy espacios públicos pero pensados privadamente desde la propia Administración, deberían poner en el centro la autogestión sin olvidar la lección histórica: todo aquello que es expropiado al común acaba siempre siendo privatizado. En pocas palabras, por donde lo común pasa, el Gobierno no pasa.

A vueltas con el ladrillo

A partir del estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de 2007, la parálisis del mercado comienza a poner en cuestión las previsiones de desarrollo urbano que planteaba el recién estrenado Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Sevilla, aprobado en 2006. «Nadie quiere suelo en Sevilla» o «El apocalipsis inmobiliario» eran algunos de los titulares con los que los medios locales de mayor tirada anunciaban sus análisis de la situación.

Según el estudio de BNP Paribas Real State realizado para Sevilla en 2009, el único mercado que tendría demanda en los siguientes años sería el dedicado a las viviendas de protección (que estaría cubierto para una década), con un importante excedente de suelo destinado tanto a usos productivos (oficinas y naves) como a vivienda libre. Este mismo estudio lanzaba dos recomendaciones: no construir más y racionalizar el excedente, además de introducir mayor transparencia en la gestión. Para los empresarios del sector este análisis no era el adecuado ya que no urbanizar nuevo suelo hacía que sus cuentas de resultados se descalabrasen. Y, de hecho, tres años después se confirmaría que el 40% de estas empresas estaban en quiebra técnica, en parte por la acumulación de viviendas sin vender, pero sobre todo por las inversiones en suelo que no se preveía urbanizar a corto plazo.

Atendiendo a esa realidad, el Gobierno municipal anterior comenzaría en 2012 una serie de contactos con agentes económicos para realizar una «revisión encubierta» del PGOU, sin contar para ello con ninguna participación de entidades ciudadanas (Carlos Mármol, La revisión encubierta del PGOU). Sonadas han sido algunas de las modificaciones promovidas por el Gobierno del PP, que han superado la treintena, y que en muchas ocasiones tenían como objetivo modificar los usos del suelo para aumentar su rentabilidad en base a una terciarización de la ciudad (Gavidia, Altadis, etc.). Esta intensa actividad de transformación del Plan contrastaba con las escasas convocatorias de la Comisión de Seguimiento del PGOU, la mesa creada en 2008 que tan solo fue llamada en dos ocasiones en todo ese periodo.

El actual alcalde de la ciudad, un mes antes de las elecciones, planteaba una visión alternativa del PGOU, que según su parecer debía ser revitalizado y reprogramado para romper con el estancamiento que sufría el sector de la construcción.

Y es aquí quizá donde encontramos las claves que desvelan las intenciones del actual Gobierno municipal en esta materia. El PGOU de 2006 estaba programado para dos cuatrienios (hasta 2014), periodo durante el cual se preveía ejecutar el proceso de expansión urbana en todo el suelo calificado como urbanizable. Actualmente, ese proceso apenas ha alcanzado al 7% del suelo previsto. Al haber culminado este periodo, existiría la posibilidad de dar marcha atrás a la aspiración de hormigonar una gran parte del término municipal, que se mantiene aún sin urbanizar gracias al estallido de la burbuja. «Reprogramar» estas actuaciones, tal y como plantea el Gobierno, supondría dar un nuevo plazo a los inversores para llevar a cabo sus planes de expansión del territorio urbanizado.

El actual delegado de Urbanismo, poco después de llegar al poder, apostaba por «acabar con las trabas que existen en Sevilla para urbanizar», afirmando que uno de los problemas para el poco desarrollo urbano de estos años está en las dificultades administrativas para este proceso. Esta teoría es apoyada por el director técnico de la Gerencia de Urbanismo. Durante la inauguración del salón Wellcome Home[1], reconoció que el incremento de población previsto en el PGOU para la pasada década (unos 60 000 habitantes) no solo no se había cumplido, sino que la población descendía unos 2000 habitantes al año. El Plan preveía entonces construir unas 62 000 viviendas, de las que tan solo se han desarrollado 11 000, la mayoría VPO. Por otro lado, actualmente hay suelo disponible para 15 000 viviendas, más 2000 ubicadas en solares urbanos y 2500 en suelos con planeamientos ya aprobados. Además, el Ministerio de Fomento estimaba que en 2014 existían en la provincia más de 16 000 viviendas nuevas sin vender, a las que habría que sumar las de las entidades financieras, la Sareb y las de segunda mano vacías. A pesar de este panorama, el director de la Gerencia se mostró curiosamente optimista, afirmando que «la ciudad está preparada para el crecimiento de la actividad inmobiliaria porque tiene PGOU, tiene suelo y tiene profesionales muy preparados», y solo necesita superar complejidades debidas a «cuestiones patrimoniales y ambientales». Toda una declaración de intenciones.

A pesar de lo expuesto, el nuevo Gobierno ha continuado llevando al Pleno modificaciones puntuales del PGOU sin haber convocado hasta ahora a la Comisión de Seguimiento del Plan. Este hecho ha sido denunciado por la oposición, que consiguió que se aprobara una ampliación de este órgano consultivo para dar entrada a un mayor número de entidades ciudadanas, aunque el procedimiento de selección de las mismas ha carecido de la transparencia y la participación esperadas.

Es clara la complicidad que tanto el PSOE como el PP han mantenido con la patronal de la construcción en estos años, empujándonos a volver a la economía del ladrillo, causante de muchos de los actuales problemas de la ciudadanía. Visto lo visto, parece más que necesario comenzar a generar un debate ciudadano en profundidad, comprometido y serio, sobre cuál es el modelo socioecológico y productivo que queremos para nuestra ciudad a largo plazo. Algunos de los nuevos objetivos podrían ser: la protección del territorio amenazado por la mancha urbana —como las huertas productivas en la zona norte—, la configuración de una trama verde que integre la red hidrológica y de drenaje de la ciudad, la rehabilitación de viviendas y cualificación del espacio público en las barriadas, la movilidad basada en transporte público y no motorizado o la puesta en uso de los espacios vacíos dentro del suelo urbano consolidado. Si se transforma el actual PGOU o se piensa uno nuevo, eso también debería ser objeto del debate. Pero, por favor, no a vueltas con el ladrillo. 

[1] Salón inmobiliario organizado por ABC de Sevilla y BBVA el pasado mes de febrero.

Quitando penas, quitando hambre

La lucha de las mujeres de la Cocina Solidaria del Polígono Sur

Cada día, 68 mujeres y 22 hombres se dan cita en la cocina del Centro Cívico El Esqueleto del Polígono Sur para cocinar un menú saludable para 90 familias. Son las mujeres y hombres que conforman la Cocina Solidaria del Polígono Sur, que alimenta cada día a 435 personas, en su mayoría niñas y niños.

El proyecto lleva en marcha desde el año 2014 y fue puesto en pie por la Asociación de Mujeres Chalavipem Mashkarno-Movimiento Mediador. Esta asociación, compuesta por mujeres de las distintas barriadas que conforman el Polígono Sur, comenzó su andadura en 2007 con el propósito de poner en marcha actuaciones dirigidas a ayudar a familias en riesgo de exclusión. Una iniciativa nacida de la toma de conciencia de la dura realidad en la que viven muchas de sus vecinas. Durante los años de bonanza, la asociación puso en marcha proyectos dirigidos a la salud de las mujeres o actividades culturales como la del «café de mujeres», una tertulia encaminada a fomentar redes de solidaridad femenina y trabajar la autoestima. Sin embargo, desde hace dos años, el protagonismo de estas actividades ha tenido que dejar paso a un nuevo proyecto que se ha hecho necesario y urgente en el barrio: la Cocina Solidaria.

Contar el contexto donde se enmarca este proyecto excede a las pretensiones de este artículo, sin embargo es necesario apuntar que el Polígono Sur está compuesto por las barriadas sevillanas de Murillo, Las Letanías, Antonio Machado, La Oliva, Martínez Montañés, Paz y Amistad, y que alberga a más de 50 000 personas. La Junta de Andalucía define este lugar como una «zona con necesidades de transformación social» (ZNTS), una expresión ambigua a la que la asociación de vecinas Nosotros También Somos Sevilla le pone números: informan de que en el barrio hay 2748 familias que viven con cero euros al mes.

Quitando Penas

Actualmente, la Cocina Solidaria es la actividad principal de la asociación. A primera vista, parece una actividad meramente formativa con el objetivo de enseñar una cocina saludable y dotar a las participantes de unas habilidades, hábitos y conocimientos que mejoren su salud y la de sus familias.

Sin embargo, detrás de este taller hay mucho más. Este taller es una continuación de los «cafés de mujeres» y se han convertido en un espacio de crecimiento personal, no solo en el aspecto laboral, sino en el aprendizaje de la autonomía y la convicción de que la dura realidad en la que viven estas mujeres puede cambiar, y que ellas son motores de este cambio. Si esta afirmación le resultara exagerada a la lectora de este artículo, la invitamos a visitar el perfil de Facebook de la Cocina Solidaria del Polígono Sur y ver el mensaje emancipador que se refleja en la página.

Quitando Hambre

Después de elaborar los menús, las participantes los envasan para llevarlos a sus domicilios junto con los alimentos que no se han utilizado ese día.

Así se descubre que detrás del objetivo formativo y del objetivo de crecimiento personal que sostiene este proyecto, está sin duda la urgencia de responder a la necesidad más básica de alimentos de muchas familias del barrio. No se trata de personas en riesgo de exclusión social, sino de exclusión social pura y dura. La coyuntura económica actual ha arrojado por la borda del barco del bienestar social en primer lugar a las personas con mayor dificultad de acceso a los recursos, y entre ellas a muchas vecinas del Polígono Sur.

La supervivencia es la prioridad cotidiana de estas familias. Las acciones encaminadas a su inserción laboral pasan a un segundo plano frente a la necesidad de alimento diario.

Ante esta difícil situación y la insuficiente respuesta de las administraciones públicas, nace este proyecto que da respuesta al problema en primera persona: las mujeres del Polígono Sur toman el control de sus propias vidas.

La lucha de las mujeres de la Cocina Solidaria

En la actualidad, el espacio del Centro Cívico El Esqueleto se ha quedado pequeño, pues la lista de espera para formar parte del proyecto ya va por 186 personas. Además, hay que tener en cuenta que deben compartir espacio con otros proyectos municipales. Inma, una de sus integrantes, nos contaba que temían que les quitaran el martes por coincidir con otra actividad: «Muchas de las familias que participan, únicamente cuentan con los alimentos de la Cocina Solidaria; un día sin taller, es un día sin comer». Ante esta situación se han dirigido a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que cuenta con numerosos locales en desuso en el barrio. Sin embargo, esta petición aún no ha obtenido respuesta porque el proyecto no cuenta con los objetivos administrativos y formales que requiere la Administración para la cesión del uso de un local. Pero estas mujeres no se rinden y siguen reivindicando un espacio para la Cocina Solidaria y otros nuevos proyectos como El Ropero, que aún espera donde ubicarse. Espacios públicos en desuso, gente con necesidades básicas sin cubrir, propuestas de soluciones y falta de espacio para darles forma, todo a la vez en el Polígono Sur.

No sabemos cuál es el motivo de que la Cocina Solidaria de las mujeres del Polígono Sur incomode tanto a la Junta de Andalucía y parezca sobrar. Quizás sea porque visibiliza una realidad que no se quiere mostrar: la pobreza y el hambre del cuarto mundo. O quizás sea porque rompe la lógica asistencialista de los comedores sociales donde las personas pobres hacen colas y esperan un plato de comida. Muy posiblemente sea porque en lugar de caridad judeocristina, en esta historia son las hambrientas quienes se arremangan, se meten en la cocina y hacen su propia comida sin esperar colas. Sea cual sea el motivo, este humilde proyecto ha venido a decirnos que las cosas se pueden cambiar, y que en primera persona y juntas se cambian antes y mejor. Son muchos los ojos que miran ya de cerca a estas mujeres, y por más incomodidades que generen, han venido a quedarse, a quitar penas y quitar hambre.

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Tres caras de la Sevilla neoliberalizada

Turistización, mallificación y baretización del espacio público

Turistas, bares, consumo, ¡ponme otra servesa!, neoliberalización, espacio público, cercamientos urbanos, ¡ehto e er nuevo Soho sevillano!, turistización, baretización, terciarización, We love people sobre to si es con dinerito.

Sevilla tiene dos partes, dos partes bien diferentes: una la de los turistas y otra donde vive la gente (Pata Negra)

En enero de 2016, el Ayuntamiento de Sevilla presentó en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) un nuevo portal en la web llamado sevillavenues.es. Una herramienta que pretende «mostrar a los profesionales del sector de eventos, todos los espacios, salas y edificios públicos que dispone Sevilla para la realización de cualquier tipo de eventos y actos en la ciudad». Entre los espacios ofertados encontramos edificios, pero también espacios públicos como la plaza de España, la plaza de América, el muelle de Nueva York, la puerta de Jerez, los jardines de Murillo y la alameda de Hércules. En el portal se muestran los requerimientos y posibilidades de los espacios para convertirse en zonas de veladores y proyecciones efímeras.

En este artículo partiremos del fenómeno del turismo, la mallficación y la baretización para analizar el proceso de neoliberalización de los espacios públicos que se viene dando tanto en Sevilla como en otras ciudades a nivel global.

El turismo se presenta como uno de los principales sectores por los que Sevilla apuesta para salir de la llamada crisis económica. No es nada nuevo, el turismo es una de las estrategias de acumulación de capital más relevantes en los procesos de terciarización de las economías de las ciudades postindustriales1. A nivel global, en 2012 el turismo alcanzó la cifra récord de mil millones de personas. En 2015, Sevilla también batió el récord de 2,3 millones de turistas, con un aumento del 10,66% con respecto a los recibidos en el año anterior, según datos del observatorio turístico del consorcio de turismo de Sevilla.

La competencia por ocupar un lugar central entre los destinos turísticos favoritos es brutal y los mecanismos para atraer turistas a la ciudad dan cuenta del nivel de desesperación y el precio al que las instituciones políticas venden o alquilan una ciudad que debería ser para todas. Considero que el portal sevillavenues.es es un ejemplo de lo que algunos autores han denominado «nuevos cercamientos urbanos»2. Con este término, se refieren a «la expansión e intensificación de cercas, muros, fronteras o fortificaciones que privatizan y mercantilizan los espacios anteriormente abiertos y accesibles, en favor de determinadas élites urbanas»3. Estos cercamientos no solo privatizan el espacio como algo productivo, también se apropian de su valor de uso, cercando cualquier tipo de sociabilidad que no se dé con las condiciones de las relaciones capitalistas, es decir, previo pago4. En el caso de Sevilla, vemos que este proceso no solo se circunscribe al portal de marras. Encontramos otros ejemplos, quizás más sutiles, que tenemos más interiorizados y que comentamos a continuación.

La mallficación del espacio público

Mallficación es un término que alude a los procesos de transformación de los espacios públicos en centros comerciales. Hasta tal punto se puede hablar de mallficación, que existe una tipología de centro comercial denominada «centro comercial abierto». Si bien el uso del espacio público para el trapicheo y el mercadeo tiene en Sevilla, como en otras tantas ciudades, un fuerte arraigo, nos interesa señalar el proceso, sutil a veces y descarado otras, por el cual las lógicas que operan en este tipo de lugares, son aplicadas al espacio público. El objetivo es potenciar todo aquello que favorezca el consumo, eliminando aquello que genere imprevistos o se considere inapropiado5. Las estrategias utilizadas contemplan, por ejemplo, la estandarización de elementos decorativos, la utilización de elementos lumínicos o sonoros en determinadas zonas de compras, la zonificación de comercios, la creación de imágenes de marca asociadas a zonas de compra con intención de que la persona consumidora objetivo se sienta identificada con el way of life de la calle o la zona, creándose así un «ecosistema de consumo» que segrega a la población usuaria.

Los veladores de los bares son los coches de las zonas peatonales

Cualquier persona con un mínimo de conocimiento sobre los códigos de sociabilidad sevillanos sabe que el consumo en la calle, asociado a bares de cercanía, es parte de la cultura local. Sin embargo, Sevilla ha concentrado su oferta turística y de ocio a través de una proliferación de bares de manera hiperbólica. La concentración de bares en determinadas zonas, junto con una política muy laxa a la hora de asignar licencias de veladores, ha provocado lo que denominamos la baretización del espacio público. Al igual que ocurre con los centros comerciales abiertos, Sevilla tiene «centros de ocio» en los que la actividad comercial se ha tematizado en forma de bares con veladores, en detrimento de otros tipos de negocios de cercanía. En detrimento de la diversidad y complejidad de la que tanto se habla en las ciudades compactas y de la contingencia, de lo inesperado, de la acción urbana que no vaya destinada al consumo. Los veladores son cercamientos urbanos aceptados y, como ocurre en otras ocasiones, en los que existe un problema de escala y distribución. Si bien el consistorio tuvo una actuación desmedida en el desarrollo y aplicación de las ordenanzas cívicas, parece que no ha tenido el mismo celo por la «pacífica convivencia ciudadana» cuando se ha puesto a dar licencias de veladores en zonas ya saturadas de bares.

La acción colectiva en defensa de los comunes urbanos

Bajo la idea de los comunes urbanos encontramos algo que va más allá de lo territorial y sus atributos físicos; los comunes urbanos son atributos de la acción colectiva compartida, son conocimientos, lenguajes, códigos, experiencias compartidas; tienen valor simbólico6. Reclamar y tomar el control de aquello que se está privatizando es uno de los retos a los que se enfrentan los movimientos sociales urbanos. Sin embargo, en los cercamientos urbanos en espacios públicos destinados al ocio, la cuestión toca un punto central de la sociabilidad sevillana. Existen experiencias que pueden ser usadas como referentes de comunalización de los espacios públicos. Comunalizaciones que pueden pivotar entre apropiaciones colectivas como oposición a los procesos de cercamiento o negociaciones para flexibilizar y complejizar el uso los espacios.

El lugar donde tomamos una cerveza… ¿es político?

Turista ven a Sevilla,

la hemos convertido en la ciudad ideal (…)

no hay futuro cuando se pierde el encanto…

cada sevillano es turista en su ciudad.

(Pony Bravo)

1 Murray Mas, I. (2014). Bienvenidos a la fiesta: turistización planetaria y ciudades-espectáculo (y algo más). Ecología Política, Ciudades, 87–91.

2 Midnight Notes Collective. (1990). Introduction to the new enclosures. (http://www.midnightnotes.org/newenclos.html)

3 Castro-Coma, M., & Martí-Costa, M. (2016). Comunes urbanos : de la gestión colectiva al derecho a la ciudad. EURE, 42(125), 131–153.

4 Hodkinson, S. (2012). The new urban enclosures. City, 16(5), 500–518. http://doi.org/10.1080/13604813.2012.709403

5 Hernández Ramírez, M., Cira, L. S., González Portillo, A., & Ruiz Ballesteros, E. (2003). Nuevos espacios, ¿nueva ciudad? Centros comerciales en Sevilla. Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, 23, 587–603.

6 Chatterton, P. (2010). Seeking the urban common: Furthering the debate on spatial justice. City, 14(6), 625–628. http://doi.org/10.1080/13604813.2010.525304

Golferío sevillano

Otro ejemplo de lucha vecinal frente a los intereses del capital

Es sabido que lxs urbanitas (muchxs de nosotrxs, trabajadores de cuello blanco) hemos desarrollado la necesidad de ir a practicar algún tipo de ejercicio o deporte semanalmente para mantener nuestra salud a flote. Esto ha hecho proliferar en nuestra ciudad una importante cantidad de gimnasios e instalaciones deportivas, muchas de ellas de titularidad pública. No obstante, en los últimos años se ha producido un fenómeno de privatización en la gestión de estas instalaciones, que además de los consiguientes problemas laborales en el seno del Instituto Municipal de Deportes (IMD), está generando un importante incremento de las tarifas, cada vez más cercanas a las de las instalaciones privadas.

Pero no es este el único negocio que en torno al deporte y la gestión del suelo municipal se está cociendo últimamente. Y es que parece que esto de mantener el tipín de la gente sale rentable, y no son pocas las propuestas que llegan al Consistorio ―por parte de aguerridos emprendedores― para convertir bienes inmuebles públicos en desuso (como la estación de San Bernardo) o suelos de propiedad municipal en nuevas y flamantes instalaciones deportivas en las que practicar un variado abanico de actividades deportivas.

El caso que nos ocupa es este último: el de un suelo de propiedad municipal que tiene enfrentados a vecinxs y gobernantes a causa de un controvertido proyecto para construir, por iniciativa privada, un campo de golf en la única parcela disponible para uso deportivo del barrio de los Bermejales y Elcano. Y, como es de prever, el proceso seguido hasta ahora por las instituciones no ha sido un ejemplo de transparencia y participación vecinal.

El proyecto inicial, tramitado a iniciativa de la empresa PIM GOLF SL, fue presentado en un consejo extraordinario del IMD en agosto de 2014 por parte del entonces gobierno municipal. La empresa proponía la concesión a 30 años de un suelo público para la construcción y explotación de un centro de prácticas de golf, una pista de pitch and putt y cuatro pistas de pádel. Según los planos entregados en la propuesta, el campo de golf requerido no solo ocuparía los 31 110 m2 previstos para usos deportivos por el planeamiento urbano, sino que también se extendería por una superficie de 11 000 m2 más, perteneciente a una zona verde adyacente. Para ello, ocuparía la parte central de la misma, reduciendo este espacio verde a una banda estrecha de terreno que separaría al barrio de la autovía SE-30. Por si fuera poco, para presentar el proyecto decidieron optar por una vía «rápida» en la que compactaban dos procedimientos que debían ser independientes y sujetos a sendos procesos de exposición pública: el estudio de viabilidad y el posterior anteproyecto.

Tanto la fecha elegida para el debate y exposición de la propuesta, como el contenido de la misma y los procedimientos legales seguidos, pusieron en alerta a la asociación de vecinos Bermejales Activa y a Ecologistas en Acción, que comenzaron así una intensa lucha para que el Ayuntamiento de Sevilla desista del proyecto y abra un proceso real de participación ciudadana, donde se ­­­­­decida el futuro uso de esta zona del barrio de Bermejales.

Tal y como argumentan lxs propixs vecinxs, se trata de un barrio que ha crecido en los últimos años exponencialmente como consecuencia de la adjudicación de varias promociones de viviendas de VPO. Es, por tanto, un barrio joven con uno de los índices de natalidad más altos de Europa. Por otro lado, las instalaciones deportivas existentes en el entorno, o bien se encuentran muy saturadas, como es el caso del SADUS ―que a menudo cuelga el cartel de completo― o son de acceso restringido, como el Centro Deportivo Militar Híspalis. De esta manera, este suelo es el último espacio existente en la zona en el que construir unas instalaciones deportivas multiusos de acceso público, que sirvan para la promoción del deporte de base y los valores sociales y de ocio sano que este promulga. Entienden así que el uso del campo de golf propuesto resulta elitista y excluyente, y que no responde a las necesidades de equipamiento público de la población residente.

Hasta ahora, lxs vecinxs y lxs ecologistas han presentado tres recursos al Consistorio, en los que se denuncia tanto el procedimiento de contratación como la ocupación ilegítima de un espacio verde para otros usos. Dos de estos recursos ya han sido rechazados aludiendo argumentos técnicos que desde Ecologistas en Acción rebaten frontalmente. Entiende esta organización que se está efectuando una modificación de la calificación de suelo, prescindiendo de todos los procedimientos legales previstos en la legislación urbanística y que, además, se ha vulnerado la Ley de Contratos del Sector Público en el procedimiento seguido.

El actual equipo de gobierno, que en el momento de presentarse el proyecto se encontraba en la oposición, ejerció entonces una férrea crítica al mismo y defendió junto a la asociación de vecinos Bermejales Activa la idea de un suelo público para sus vecinxs, el fomento del deporte base y un proceso participativo. En la actualidad, una vez alcanzado el sillón de mando, ha defendido frente a los vecinos una «nueva» propuesta de la empresa PIM GOLF SL para ese solar, consistente ―según el colectivo vecinal― en básicamente lo mismo que ya había proyectado: un campo de golf, al que han añadido una pista de fútbol 7, una pista de pádel y una sala de musculación.

Lxs vecinxs ―organizadxs en el grupo de trabajo Stop Golf― obviamente se sienten defraudadxs por las promesas incumplidas, pero no por ello desisten en su empeño. Han recogido hasta ahora 640 firmas a favor de la paralización del campo de golf y están realizando concentraciones en el solar de la discordia para exigir que se desista del proyecto y se abra un proceso real de participación ciudadana que permita a lxs vecinxs decidir el futuro de este suelo.

Una vez más, la ciudadanía organizada da una lección de democracia y capacidad de lucha frente a los malos gobiernos mediante la denuncia de prácticas torticeras que, de no ser por su combatividad, hubiera puesto en manos del beneficio privado lo que, por ahora, sigue siendo del común.

Ikea atraca en Sevilla

Desde que la empresa sueca anunciara su intención de desembarcar en nuestra ciudad, se vienen realizando acciones por parte de las instituciones para satisfacer, sin condiciones, las exigencias impuestas por esta multinacional. La última, un acuerdo para que el Ministerio de Fomento invierta 13 millones de euros en un acceso a través de la SE20. Como si estuviéramos nosotrxs para hacerle regalos a Ikea…

Puede que una de las figuras «legales» quizá más desconocida por los ciudadanos, pero más influyente en la política urbanística de nuestras ciudades, sean los denominados «convenios urbanísticos». Se trata de acuerdos entre particulares y ayuntamientos, por los que se establecen las condiciones para que, por ejemplo, un suelo sea recalificado. Este es el caso de los terrenos de San Nicolás Oeste, ubicados junto a la A4 a la altura del aeropuerto de Sevilla. Por esta recalificación en el PGOU del año 2007, los propietarios habrían abonado ya al Ayuntamiento 16,3 millones de euros de los 19,5 millones de euros acordados.

En 2010, se firmó un «protocolo de manifestaciones», esta vez entre el alcalde de Sevilla y los representantes de Ikea, en el que ambas partes manifestaban el interés por la implantación del proyecto comercial del grupo Ikea en estos suelos, estableciendo las condiciones urbanísticas que se precisaban para ello. Curiosamente, firmaron a la par un segundo convenio urbanístico para fijar el marco de colaboración entre los propietarios del terreno y el Ayuntamiento, con el objetivo de lograr que las parcelas donde se radicaría el proyecto comercial reunieran las condiciones pactadas1.

A partir de ese momento, empezarían los quebraderos de cabeza para los diferentes gobiernos municipales, ya que las exigencias de Ikea pasaban por un incumplimiento sistemático de la planificación y la legislación urbanística existente. Tras denuncias y alegaciones de Ecologistas en Acción y la Plataforma Pro Parque Tamarguillo, se emiten alrededor de una decena de informes negativos por parte tanto de técnicos de la Gerencia de Urbanismo como de la Junta y el Estado, hasta lograr la aprobación provisional del Plan Parcial en julio de 2013. No obstante, la aprobación definitiva quedaría condicionada, entre otras cuestiones, a la construcción del acceso viario a estos terrenos.

Y es aquí en el punto en el que nos encontramos en la actualidad. Una vez descartada la SE35, gracias también a la acción de los colectivos sociales, el acceso debería realizarse a través de la SE20, más conocida como ronda supernorte. Para ello, en marzo de 2015 el Ministerio de Fomento acordó con el Ayuntamiento invertir 13 millones de euros, un acuerdo ahora ratificado por el nuevo Pleno municipal en su sesión de julio.

El argumento esgrimido durante estos años por las distintas corporaciones municipales para justificar tal periplo ha sido la necesidad de atraer inversiones como mecanismo para la creación de empleo. No obstante, un estudio realizado en Francia concluye que por cada empleo precario creado en las grandes superficies de este país, se pierden cinco empleos estables en el pequeño comercio2. No es distinto el caso de Ikea en España. Un informe de la Universidad de Alicante demostró que la construcción de un macrocentro comercial previsto por Ikea en esta ciudad provocaría la pérdida neta de más de dos mil empleos en la provincia, destruyendo además empleos de calidad que se transformarían en precarios3.

Son numerosas también las denuncias de los trabajadores de Ikea en relación a las condiciones laborales de la empresa, con un alto porcentaje de la plantilla que trabaja menos de 20 horas semanales con salarios por debajo de 600 euros. Es más, con motivo de la apertura en 2010 de Ikea Jerez, se produjeron presiones de todo tipo sobre los trabajadores/as del centro en Castilleja de la Cuesta para que renunciaran al número de horas pactadas en sus contratos. Como consecuencia, la plantilla de este centro se ha visto diezmada en un 40%4.

Por otro lado, es sabido que desde que el grupo sueco creara en 2001 su filial Inter Ikea Centre Group, la base de su negocio está en la explotación vía alquileres de los locales comerciales, y sobre todo en la revalorización inmobiliaria de los terrenos sobre los que se asienta el centro. De ahí las exigencias de esta empresa al consistorio en relación a los terrenos de San Nicolás Oeste, que han pasado por una recalificación de los suelos en la que se ha concedido un aumento de la edificabilidad del 15%, a pesar de que, a instancias de la Gerencia de Urbanismo y tras la denuncia de los grupos ecologistas, ya hubo que reducir las pretensiones iniciales de Ikea en un 17%5.

Debemos preguntarnos si en un momento como el actual tiene sentido aumentar la superficie de suelo urbanizado de uso comercial en la ciudad, siendo conscientes de que, por desgracia, numerosas empresas han cesado su actividad, existiendo actualmente suelo ya urbanizado para este fin que se encuentra en desuso.

En este contexto se realiza el acuerdo mencionado con Fomento para la construcción del enlace de la SE20 que permite el acceso a Ikea, enlace en el que no existe actualmente un problema de movilidad, y que si se va a crear, será con la construcción de este centro comercial. Es difícil de entender, por tanto, que sea el Estado el que aporte una inversión que engrosará las plusvalías privadas, en lugar de dedicar ese dinero a resolver otras cuestiones relativas a la mejora del transporte público y que son prioritarias para los ciudadanos, como la extensión del cercanías hasta el sur de la Isla de la Cartuja o la reversión de los recortes que se han efectuado en estos mismos servicios.

Por otra parte, la inversión realizada tiene como contrapartida que el Ayuntamiento asuma el coste de la conservación de la SE20 y el de otras carreteras, un coste que en ningún caso se especifica en el convenio firmado, por lo que se desconoce si hay o no capacidad económica en el municipio para asumirlo. En cualquier caso, resulta bastante cuestionable que este gasto deba tener prioridad respecto a otros cuya emergencia requeriría de más diligencia por parte del Gobierno municipal.

1 Ecologistas en Acción (2011). Alegaciones al PPO Sector SUS-DMN-03 San Nicolás Oeste. Sevilla.

2 Eduardo Garzón (2014). No es oro todo lo que reluce en las grandes empresas productivas. Andalucesdiario.es. 11/11/2014.

3 Lasprovincias.es (2015). Los comerciantes calculan que el centro de Ikea destruirá 2.000 empleos en la provincia.

4 CC. OO. (2011). Ikea o cómo aprender a hacerse el sueco. Boletín de noticias de comercio, hostelería y turismo (Sevilla). pasalodigitalsevilla.blogspot.com.es

5 Carlos Mármol (2011). Ikea: Solución con marcha atrás. Diario de Sevilla (19/10/2011).

Cesiones, concesiones y donaciones

¿El Ayuntamiento de Sevilla regala lo público? Las cesiones de edificios públicos no pueden convertirse en privatizaciones encubiertas. En Sevilla hemos sufrido una pérdida del patrimonio municipal mediante cesiones que encubren auténticos regalos, sobre todo a la Iglesia católica.

Las fronteras entre los bienes públicos y los privados son difusas, por más que el Registro de la Propiedad y el Catastro intenten fijar unos límites cartográficamente precisos y la legislación sobre el patrimonio de las administraciones públicas vele por su «custodia, protección y defensa» mediante numerosas «facultades y prerrogativas» de adquisición, ocupación, expropiación, inscripción, deslinde, recuperación, afectación, adscripción o incorporación. En el mundo del derecho los límites pueden ser claros, pero en el terreno de los hechos no es tan fácil distinguir si un bien es de uso público o si ha sido privatizado.

Intentando superar las formalidades del derecho, debemos partir de que lo relevante es la posesión, más que la propiedad. Lo que más importa no es la titularidad de los bienes (privado-público), sino el uso que se puede hacer de ellos (cerrado-abierto). Porque si una playa es de dominio público, pero tienes que pagarle al «hamaquero», ¿es pública o privada? Una plaza sin bancos y llena de veladores, ¿es pública o privada? Y una oficina municipal con un control de seguridad en la puerta, ¿es pública o privada?

Donde las fronteras entre lo público y lo privado se hacen ya nebulosas, es con las «concesiones del dominio público». Una autopista de peaje es una vía pública, pero la administración puede cedérsela a un «concesionario» para que cobre por su uso. Una playa es un espacio público, pero se le puede dar a un «emprendedor» para que ponga encima un chiringuito. Y una calle es por fuerza pública, pero se le puede dejar a una «hermandad» para que la corte, ponga sillas y cobre a quien se quiera sentar.

Lo más injusto de la concesión es que es muy barata para el concesionario y muy cara para sus propietarios (todos nosotros), mucho más que si tuviera que construir, comprar o alquilar el bien cedido. En el caso de las concesiones que ahora se revisten como «colaboración público-privada» llega a garantizarse su «rentabilidad» asumiendo la administración las posibles pérdidas, y dejándole al concesionario los probables beneficios. De hecho, ni los más liberales o neoliberales se resisten al dulce encanto de una concesión administrativa y a menudo recurren a esta modalidad de mamandurria para «reducir el papel del Estado», al tiempo que favorecen a sus socios.

En la ciudad de Sevilla tenemos numerosos ejemplos de concesiones de bienes públicos desde tiempos tan «inmemoriales» que ya es difícil considerarlos públicos. Grandes y valiosos terrenos como la ribera derecha de la dársena del río han sido objeto de tantas cesiones y concesiones que la han convertido en una sucesión de bares y clubs náuticos. Al igual que con los «mercados gourmet» que invaden las antiguas plazas de abasto, los centros deportivos que se han convertido en gimnasios, tantas entidades «sin ánimo de lucro» que ocupan edificios municipales, y el máximo ejemplo del estadio Ruiz de Lopera, de propiedad municipal, y cedido a una Sociedad Anónima Deportiva de propietarios dudosos.

Con las concesiones públicas a la Iglesia católica la confusión sí es realmente «inmemorial», porque nuestra negra historia se encargó de que la Iglesia y el Estado se mezclasen en formas difusas de poder, sobre todo en la educación y la cultura. La titularidad registral de los bienes de la Iglesia es un caso claro de cómo templos construidos con presupuestos públicos son usados e inscritos en el Registro como bienes de una entidad privada. Y es que en la mentalidad de mucha gente la Iglesia no acaba de ser considerada realmente privada, sino que se arrastra desde la Edad Media y se reforzó en el nacionalcatolicismo su visión como uno de los poderes del Estado.

Hasta fechas muy recientes, los templos católicos eran considerados en el planeamiento urbanístico como equipamientos públicos, al mismo nivel que los colegios o los hospitales. El Ayuntamiento de Sevilla, entre 1999 y 2007, adjudicó 12 derechos de superficie sobre solares municipales calificados como de interés público y social para entidades religiosas. Curiosamente, en 2008 el Ayuntamiento intentó cederle una parcela a la comunidad islámica y entonces el TSJ de Andalucía definió la actuación de la Administración como «fraude urbanístico», añadiendo que «no se puede ceder suelo público para intereses privados». Hasta que no vinieron los musulmanes a pedir un trato igual a los cristianos, nuestros tribunales no reconocieron que la Iglesia Católica no es una entidad pública.

Recientemente, las cesiones de la última corporación municipal a las hermandades —que son una especie de Iglesia dentro de la Iglesia— siguen en la línea de confundir lo público con lo privado. Los Baños de la Reina Mora, las naves de Becas o las obras de Santa Catalina han sido objeto de generosas donaciones municipales, con distintos resultados según los casos. En la cesión de los Baños de la Reina Mora el despropósito es tal que el Ayuntamiento primero le expropió el inmueble a la Hermandad de la Vera Cruz por su estado de abandono, después nos gastamos 1,3 millones de euros en restaurarlo y finalmente se lo ha cedido a la misma hermandad, que gozará del «uso privativo» de este hamán almohade durante 25 años, sin tener que pagar canon alguno. Y sobre las sillas de la «carrera oficial», basta con comparar los 5 millones de euros que se gasta el Ayuntamiento en el dispositivo de seguridad para la Semana Santa con los 4 millones de euros que se embolsa el Consejo de Hermandades, sin pagar el debido canon por ocupación de la vía pública. Y es que en la Semana Santa la confusión nacionalcatólica llega a extremos de absurdo.

Ante tanta canonjía, la nueva corporación que acaba de entrar en el Ayuntamiento de Sevilla tendría que hacer una revisión del inventario de bienes municipales en una especie de «auditoría ciudadana del patrimonio». Y seguro que aparece más de una «entidad sin ánimo de lucro» que «goza en precario» de edificios municipales. Y a partir de ahora habrá que introducir algo de transparencia y participación, para que cualquier cesión del patrimonio público se haga al menos con anuncio, proyecto y concurso público. Así, grandes contenedores vacíos como el Parque de Arte Sacro, las naves de Renfe, la fábrica de Artillería, las naves Singer… podrán ser puestas a disposición de quienes presenten proyectos innovadores y no de quien tenga mejores contactos.

Pan y circo

Mostramos la segunda parte del debate organizado dentro del Consejo de Redacción de El Topo en el que participaron personas vinculadas a Podemos, Ganemos y Participa Sevilla. En el pasado número resumimos algunas de las ideas que surgieron alrededor de las dos primeras preguntas que se plantearon en el debate. En este número resumimos las dos siguientes. Al igual que la vez anterior, recordamos que las posturas manifestadas son diversas y que esperamos que estas reflexiones sirvan para seguir construyendo. También pedimos comprensión por la limitación que supone reducir a mil palabras un debate de estas características. Por otra parte, como destacan lxs propixs participantes, la sucesión de acontecimientos al respecto es tan frenética que cuando se desarrolló este encuentro aún no había mostrado su fortaleza el otro nuevo partido protagonista de la escena política, Ciudadanos, en este caso vinculado a la derecha.

ELECCIONES MUNICIPALES 2015. OPCIÓN LIBERTARIA Y LA NUEVA POLÍTICA

Participantes: Jesús M. Castillo, Ana Jiménez, Pablo de Ronda, Marta Solanas, Carlos Pérez, Txema Hurtado, Darío Mateo, Ángela Lara, Pastora Filigrana y Luis Berraquero.

¿Qué pasa si gana la nueva política?

La mayoría de participantes no confía demasiado en las posibilidades de la llamada «nueva política» para llevar a cabo una transformación real y se asume que, aun llegando al poder, el margen de maniobra será mínimo y las buenas intenciones no podrían durar demasiado. ¿Podría lograrse algo en ese tiempo? ¿En qué medida afectaría a los movimientos sociales la llegada de concejales de estos partidos al Ayuntamiento? ¿Provocaría un aumento de la contención social?

Alrededor de estas dudas versa la mayor parte del debate. En cualquier caso, se plantea la importancia de reforzar los movimientos sociales. Algunxs de lxs participantes señalan: «es clave que haya alternativas anticapitalistas a la izquierda de estos partidos para que la gente, cuando se defraude, que se va a defraudar, mire hacia la izquierda y no hacia la ultraderecha». Otrxs apuntan: «es más importante que nunca que los movimientos sociales estemos organizados de forma autónoma. Si estos partidos llegan al poder, tendremos que hacer de espejo, y eso no debe ser entendido por parte de esos amigos que están en la institución como una confrontación, sino como una necesidad de diálogo».

Unx de los defensorxs de la nueva política plantea que en el caso de llegar a las instituciones «hay que centrarse en la creación de instrumentos de control ciudadano que permitan el funcionamiento resiliente en un mundo abocado al colapso a corto plazo». También surgen críticas en relación al propio concepto de nueva política, como indica unx de lxs participantes: «son tecnócratas y consideran que hay gente que sabe mucho y son quienes tienen que tomar las decisiones. Creo que es lo que al final se propone desde las nuevas iniciativas políticas por mucho que se les llame nuevas políticas». En ese sentido, otrx de lxs asistentes señaló que la autodefinición como nueva es muy hábil porque «el dominio del lenguaje es el primer paso para el dominio de la ideología […]. Utiliza lenguajes nuevos: la cibermilitancia, el ciudadanismo, pero no es la primera vez que ocurre. La estrategia tampoco es nueva: la de lxs compañeros que rechazamos frontalmente esto y la de lxs que piensan que es una mierda pero mejor vamos a intentar hacer algo nuevo desde dentro».

Por otra parte, se plantea que la llegada de estas fuerzas políticas al poder podría suponer una reducción de la represión y esto debe aprovecharse desde los movimientos sociales para reconstruirse.

En cuanto a las posibilidades de trabajo que da el ámbito municipal, se recuerdan las numerosas dependencias con otras administraciones públicas: «las cuencas hidrográficas, que son las que gestionan el agua que llega a nuestras casas, son autonómicas, los espacios naturales son estatales, hay acuerdos internacionales que nos afectan en el día a día…».

¿Cuánto de pan y circo tienen las propuestas de la nueva política?

Hay unanimidad en destacar el papel que ha jugado el marketing político y los medios de comunicación (fundamentalmente, la televisión) en el éxito de estas nuevas formaciones, principalmente de Podemos. Una de las participantes plantea: «lo del pan y circo me preocupa especialmente porque se están apropiando de discursos que generan mucha confusión. Hablan de la articulación del poder popular, como si para eso no hiciera falta muchísimo más tiempo del que se está dando, no creo que sea una cosa de cuatro meses por mucho que tengan un discurso muy bien elaborado». Por otra parte, se recuerda que el marketing está implícito en cualquier proyecto: «todos los que hacemos política tenemos marketing político, y hay que reconocer que la gente que ha puesto en marcha Podemos ha hecho un marketing político acojonante y tenemos mucho que aprender de eso. Por otro lado, el que este mesianismo y personalismo político triunfe tanto no es más que un reflejo de la situación política en la que estamos». Al hilo de esta reflexión se apunta que «no podemos obviar que vivimos en una sociedad del espectáculo. Los sistemas de representación de partidos que existen están hechos de una determinada manera y la incidencia en las redes sociales es fundamental. Atendiendo a eso, los nuevos dispositivos políticos están apropiándose de las nuevas formas de participación». Esta idea de la sociedad del espectáculo es rechazada por otrx participante: «niego la sociedad del espectáculo igual que niego el capitalismo, como un sistema deseable para la gestión de la vida. Ya hemos hablado antes de lo que supone la virtualización de la democracia y a la cantidad de gente que deja fuera».

Concluyendo, se es consciente de que no vivimos un momento revolucionario sino reformista, que todos los acontecimientos se suceden de manera frenética y que los movimientos sociales no deben dejarse llevar por esa velocidad que se está imponiendo. Como señala alguien: «hay que tender más a la estrategia que a la planificación». «Podemos o Ganemos se están encargando de las variables rápidas de cambio y nosotras deberíamos utilizar las variables lentas, qué va a pasar cuando la crisis financiera o la energética sean perennes, por ejemplo», plantea otrx de lxs participantes. La mayoría considera que estas formaciones no deben marcar la hoja de ruta de los movimientos sociales, pero la llegada al Ayuntamiento de algunas de ellas podría suponer una oportunidad de reforzamiento de los propios movimientos.

«Prefiero la zanahoria al palo, pero sigo siendo burrx»

Elecciones municipales 2015. Opción libertaria y la nueva política

Participantes: Jesús M. Castillo, Ana Jiménez, Pablo de Ronda, Marta Solanas, Carlos Pérez, Txema Hurtado, Darío Mateo, Ángela Lara, Pastora Filigrana, Luis Berraquero.

La llamada «nueva política» es un tema que suscita interés y confusión a partes iguales ¿A qué nos referimos con ese término? ¿Podemos? ¿Ganemos? ¿Ciudadanos? Es un concepto que se usa con fines diversos pero cuyas propuestas no están claras. Este texto es el resultado de un debate al respecto organizado en el seno del Consejo de Redacción de El Topo junto a algunas personas colaboradoras, incluida una de Podemos y otra de Ganemos. El debate se organizó en torno a preguntas que consideramos clave (aquí resumimos las dos primeras). Las opiniones y posturas manifestadas son diversas, esperamos que estas reflexiones sirvan para seguir construyendo.

¿La lógica electoral y de participación en las instituciones configura un marco válido para el cambio social radical?

Coincidimos en que el mundo no se cambia desde el BOE ni el BOJA, no se cambia desde las instituciones. Tampoco el poder se toma solo en las instituciones. Los derechos y libertades que tenemos actualmente se consiguieron luchando en las calles y en los centros de trabajo, arrancándoselos a los Gobiernos, ya fuesen de derechas o de izquierdas.

Desde algunos posicionamientos se contempla la estrategia electoral a nivel municipal como último paso previo al cambio social radical. Pero para que la toma del poder político pueda ser transformadora falta una organización social desde la base suficientemente fuerte.

Hay quien opina que las luchas, tanto en la calle como en el terreno electoral, son complementarias y necesarias; y si, además, las instituciones son tomadas por fuerzas políticas que favorecen las iniciativas legislativas populares, la revocación popular de cargos, y la democracia directa digital 4.0, la lucha social podría verse reforzada. Pero también hay quien considera que la democracia digital es un oxímoron ya que por sus características, además de fomentar el individualismo, dejaría fuera a amplios sectores de la sociedad que no tienen acceso a los medios digitales.

Un cambio social radical debe construirse en colectivo y, para ello, es fundamental la presencia física. Que la gente movilizada actualmente sea una minoría es un problema, pero la solución no es simplificar la participación a través de una pantalla y apretando un botón. Aunque la toma de las plazas en el 15M sucedió utilizando las redes como instrumento, el foro de participación y de construcción fue físico y colectivo. Las herramientas digitales deben ser un medio a planificar con mucho cuidado, no un fin.

Esto nos permite enlazar con el análisis de la relación entre los movimientos sociales y los partidos. Algunas participantes opinan que Podemos ha sido una especie de analgésico que ha calmado el dolor del descontento social y ha desmovilizado la calle. La sociedad tiene ahora esperanza en el cambio, pero lo sigue delegando en un partido. Las mareas, el 15M, la PAH, etc., se han ido vaciando de gente, que ha recalado a su vez en las bases de estos partidos, disminuyendo considerablemente el nivel de movilización en las calles.

Para algunas parece evidente que el discurso de las nuevas iniciativas electoralistas es —cada vez más— socialdemócrata y continuista. Podemos tiene ideas más o menos progresistas, pero no son anticapitalistas. El Estado del bienestar vuelve a ser el estandarte, haciendo caso omiso a su incompatibilidad con los límites planetarios.

Se confunde la lucha contra la corrupción con la lucha contra el sistema, asumiendo que esta es fruto de una serie de errores a corregir en el capitalismo financiero, obviando una crítica al capitalismo en su conjunto. Mientras no haya intención de desmontar el capitalismo, estas iniciativas no aportarán soluciones de fondo para los problemas de la mayoría de la gente.

La democracia representativa y la lógica electoral imponen unas reglas del juego que no controlamos, generando una estructura de poder que tiene que ser cuestionada. Poco se construye desde la lógica electoral, siendo el ganar el fin último que parece justificar todos los medios.

¿Qué tiene que ver la descentralización y articulación de la sociedad desde abajo con la toma del poder en las instituciones desde la lógica del parlamentarismo?

Hay una opinión generalizada respecto a que la transformación social solo es posible desde la autogestión de las luchas desde abajo. La razón principal por la que podría tener sentido integrarse en la lógica parlamentaria sería la destrucción del Estado, teniendo en cuenta la imposibilidad de su reforma, al ser una construcción del sistema capitalista. La mayoría de opiniones giran en torno a esta premisa y las posibilidades reales de conseguirlo si se accede al poder. Las voces a favor de intentarlo plantean, por un lado, «la ventana de oportunidad» —término usado por Podemos— que representa la opción electoral para impulsar las luchas desde abajo. Otras aseguran que desde el ámbito local, «con un partido localista, asambleario y con democracia participativa» se puede trabajar en las instituciones a la vez que se potencia a los movimientos sociales.

Sin embargo, hay quien plantea la imposibilidad de llevar a cabo cualquier intento de transformación desde el poder porque «cualquier Gobierno, con la ideología que sea, aunque recoja la voz de las bases, se va a encontrar con un sistema, con unas leyes estructuradas, que no se pueden cambiar en cuatro años». El cambio vendría desde otros planteamientos más radicales, como el decrecimiento o los feminismos anticapitalistas.

También se plantea que, aunque hay muchas personas dentro de estos nuevos partidos con buenas intenciones, hay otras que «no van a permitir al sector más crítico reventar las instituciones». Prevalece el temor a que «se reproduzcan los mismos comportamientos de siempre». Se critica a las burocracias del Estado del bienestar, y al escaso interés por el cambio de quienes las gestionan, cuyo principal objetivo es perpetuar su estatus. Asimismo, alguien amplía este análisis a los nuevos partidos y a la propia PAH, cuya lucha por una vivienda digna para todo el mundo tampoco busca una transformación social, sino la vuelta a la situación anterior a la crisis.

Otras de las dudas provienen de las semejanzas con lo ocurrido en los 80. Se plantea que «el PSOE aglutinó a gente del movimiento autónomo obrero, les dejaron sentirse partícipes de un cambio, y las ventanas de oportunidad al final estaban cerradas». Ante eso, alguna gente piensa que el momento social y político es diferente al de entonces pues «ahora venimos de un momento de ascensión de los movimientos sociales».

Por último, también se coincide en señalar que sería motivo de alegría que cualquiera de estas iniciativas electoralistas llegaran o alcanzaran cierto poder en el ámbito municipal, sin olvidar que hay que seguir construyendo organización social crítica, desde las bases, que vaya a la raíz de los problemas.

Victoria en la Alameda

El cineasta y arquitecto Juan Sebastián Bollaín rodó, en 1978, una serie de documentales sobre el urbanismo sevillano que nunca llegaron a proyectarse por su estética vanguardista y su mensaje insolente, pero que hoy, por fin, los podemos disfrutar en YouTube. En uno de ellos, titulado Sevilla rota cuenta —en clave de ciencia ficción— cómo el Ayuntamiento decidió prohibir el aparcamiento en la plaza de San Francisco —por entonces, un atestado parking— y convertir el espacio en una piscina pública. Ante esa medida impopular, los conductores se rebelaron y siguieron aparcando —incluso dentro del agua—, por lo que el Ayuntamiento tuvo que buscar una alternativa: habilitar las naves de la Santa Iglesia Catedral como aparcamiento provisional. La imagen de la Catedral llena de coches aparcados —digna de Buñuel—, cierra la noticia en un ficticio Telediario del futuro.

Y tres décadas después el futuro ha llegado y en la Alameda de Hércules se ha vivido una batalla parecida, en la que un grupo social reducido, pero con poder —los comerciantes tradicionales del centro-sur— ha intentado imponer su interés: que el Ayuntamiento le construyera un aparcamiento, oponiéndose a una mayoría de familias jóvenes que han repoblado el centro-norte, con otros intereses muy distintos. Esta ha sido una lucha por apropiarse de un espacio: unos para ponerlo al servicio de sus negocios y otros para dedicarlo al ocio colectivo. El lobby comercial ha empleado los medios económicos, políticos (al propio alcalde) y de difusión que tiene, y los residentes han empleado también sus propios recursos. Al final, la mayoría social se ha impuesto y ha conseguido que la decisión última de la Junta de Andalucía coincidiera con su posición.

Llegado el momento de los créditos de la película, podemos hacer balance: esta historia ha sido un pequeño paso para la humanidad, pero un gran salto para muchas personas. Al menos, esas miles de personas que podrán seguir viviendo en la Alameda sus historias en común: pequeñas historias de juegos, carreras, charlas, colocones, amores, artes, odios, risas, paseos, envidias, descubrimientos, abrazos, peleas, recuerdos, encuentros y cagadas de camellos. El balance de esta historia es que todas esas historias tendrán un continuará… y que a veces ganamos.

Y tras el balance, las lecciones. Porque si de los errores aprendemos tanto que nos encanta repetirlos, de los aciertos deberíamos escribir manuales para las generaciones futuras, o al menos, para nosotros cuando volvamos a los refugios. De esta pequeña batalla por la Alameda algo podemos aprender, por ejemplo:

Lección 1: El tiempo no transcurre en un agujero negro

Esta ciudad vive en un loop, repitiendo el mismo guión desde el Barroco e incapaz de salir del bucle. Este aparcamiento en la Alameda se intentó hacer en 1962, se volvió a plantear en 1975 e incluso se inició en 1998. Todas estas veces, como ahora en 2014, la oposición vecinal impidió que se consumara. Algún día habrá que romper el ciclo del eterno retorno, porque nadie puede asegurar que estos burros no vuelvan a tropezar en la misma piedra.

Lección 2: El camino más corto no es la línea recta

Cuando los objetivos están claramente definidos, siempre existe la tentación de buscar atajos, pero esto hace que el camino sea corto, poco enriquecedor y no deje poso. En este pleito por la Alameda, el haber interpelado a la Junta de Andalucía para que tomara la decisión final sin antes haber removido otras conciencias habría llevado a una victoria vacía. En cambio, haber dado muchos más pasos con calma, seguridad y pisando firme ha permitido que el proceso mismo haya atraído a nuevos compañeros de viaje.

Lección 3: El medio sigue siendo el mensaje

En estos tiempos de contacto virtual, la difusión por las redes sociales tiene el valor de la inmediatez, facilidad y gratuidad; pero los medios de masas siguen siendo los grandes creadores de opinión. En una democracia tan delegada y poco participada como la nuestra, hacer llegar los argumentos hasta los espacios de decisión requiere visibilidad pública. Todo el trabajo de concienciación, argumentación, colaboración y convocatoria desarrollado en las redes, ha tenido una importante función conectiva, pero se queda en el círculo de los próximos. Para los que desconocen los motivos de fondo, la prensa y la televisión siguen marcando sus argumentos. Por esto, llegar a los medios de masas es condición para ser oídos si se quiere gritar bien alto.

Lección 4: Los hechos pesan más que las palabras

Acostumbrados a que la discusión política adopte la forma de debate, solemos identificarla con una contraposición de argumentos. La pugna por la Alameda también ha sido una batalla de ideas, con argumentos enfrentados sobre las ventajas e inconvenientes de los distintos modelos de ciudad que ambos defendían. Pero todos sabemos que, en el fondo, los argumentos son justificaciones a posteriori de intereses previos, por lo que solemos ser escépticos sobre su objetividad. En cambio, a los actos, hechos y acciones les conferimos un mayor grado de realidad y poder de convicción. Siempre es más convincente predicar con el ejemplo y demostrar en la práctica que aquello que defiendes funciona. Para explicar qué uso queremos para la Alameda como espacio de convivencia no valían infografías, había que vivirla, y además, vivirla de forma festiva.

Lección 5: Hacer las leyes da ventaja

El marco jurídico delimita el terreno y las reglas del juego, por lo que tener las normas a favor ahorra mucho esfuerzo. En este caso, el vecindario defendía la normativa vigente del PGOU, mientras el Ayuntamiento quería cambiarla, lo que hacía más sólidas nuestras razones. No es que la legalidad otorgue legitimidad, pero al menos permite dar por firmes algunos principios que no es necesario que se vuelvan a discutir. Actuar contra las normas puede ser muy excitante, pero hay que reconocer que resulta más cansado que nadar a favor de la corriente.

Lección 6: Ellos son pocos y cobardes

El poder sabe revestirse de una imagen de inaccesibilidad basada en que tiene unos conocimientos, experiencias y saberes que no son comunes. Pero al verse enfrentado a la resolución de problemas cotidianos, se ve que su nivel de fundamento técnico, es a veces similar al de la barra del bar, y «el emperador se queda desnudo». En esta batalla de la Alameda, el Ayuntamiento se ha quedado tan corto de razones que ha mostrado sus vergüenzas. Ha llegado a argumentar que el proyecto se impulsaba por las «reiteradas presiones» de los comerciantes, que era «temporal y reversible» hasta que se construyese el metro, e incluso, que la Alameda no está «dentro del centro histórico». Con estas razones, nuestros munícipes han demostrado que son tan «cortos» como aparentan.

Y ahora, la risa empieza a cambiar de bando.

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La ocupación en Sevilla.

Antes y después del movimiento okupa

En términos generales, la ocupación de instalaciones abandonadas implica una denuncia, un señalamiento de la existencia de suelos o estructuras ociosas, abandonadas —generalmente con una perspectiva especulativa—, mientras las necesidades de espacios están permanentemente insatisfechas en la ciudad. Esto tiene varias implicaciones. Concretamente, se señala la forma perversa en la que funciona el mercado como distribuidor del espacio como recurso. Ningún mercado funciona sin escasez: la oferta y la demanda no pueden fijar precios si no existe penuria, necesidad, por lo que las dificultades para acceder a una vivienda son una constante en la sociedad capitalista. Esto era tan cierto en los años cincuenta —cuando mucha gente vivía en infraviviendas autoconstruidas de la periferia urbana, sin servicios básicos— como en la primera década del siglo XXI —cuando una familia tenía que hipotecarse durante cuarenta años para comprar un piso, mientras se alcanzaban tres millones y medio de viviendas vacías—. En determinados contextos, sacar viviendas y suelos del mercado puede ser un buen negocio pensando a medio y largo plazo.

Más allá de las consecuencias catastróficas que este tipo de economía ha tenido para el Estado, la denuncia de estas dinámicas tiene una relevancia obvia para una política crítica con el capitalismo. Por otro lado, la toma de un espacio abandonado implica ignorar el derecho de propiedad: un derecho que en nuestra sociedad está por encima de cualquier derecho social, incluido el derecho a la vivienda digna o el derecho a la ciudad, a los espacios públicos, a los centros urbanos, etcétera. Hay una larga tradición dentro del anticapitalismo que reclama la ciudad como producto social. Un propietario puede especular con un edificio o extraer rentas del mismo, pero ese edificio no ha sido construido por él, tampoco la calle, los suministros, los desagües, el alumbrado. Más allá, el valor de una vivienda en Sevilla depende de la actividad de los obreros, los artistas, los pensadores, los literatos, etcétera, que han contribuido a hacer de Sevilla lo que es hoy. Por ello, cabe preguntarse: ¿quién tiene derecho a apropiarse de la más pequeña parte de Sevilla o a venderla? El abuso de la propiedad tiene su contrapartida en la privación colectiva y en la ocupación de espacios abandonados, es una forma de exigir su uso real frente al aprovechamiento como mercancía.

Este tipo de acciones ha tenido cierta relevancia en Sevilla (al igual que en otras ciudades), aunque menos que en algunas otras del Estado español. Cuando hablamos de ocupación, rápidamente lo asociamos a una estética, a una ideología o incluso a unas formas de vida que son con las que se suele identificar al movimiento okupa. No obstante, la herramienta de la ocupación trasciende esta forma coyuntural. Hay un par de casos poco conocidos pero muy interesantes en la Sevilla de la transición, que dan cuenta de los dos modos con los que suelen diferenciarse la instrumentalización de la ocupación: el centro social y la vivienda.

En primer lugar, el caso de la Asociación de Vecinos El Triángulo, en el barrio de El Fontanal. La asociación fue fundada en 1978, a raíz de la salida de prisión de varios militantes amnistiados del Partido Comunista. La obtención del local social fue uno de los primeros objetivos de la asociación, para lo cual, ese mismo año, se ocupó una caseta de obra que había sido utilizada para construir la expansión del barrio de San José Obrero, y posteriormente reformarla y adecuarla a su uso colectivo, que sigue hasta el día de hoy.

En segundo lugar, el caso de la ocupación masiva de viviendas en la barriada Virgen de los Reyes, en 1978. La receptividad de la Administración, en un contexto político tan particular, culminó con el realojo de los ocupantes en el Polígono Sur y en otras bolsas de viviendas públicas en régimen de alquiler. Algunos de los líderes de la ocupación pasaron a adoptar papeles relevantes en sus respectivas asociaciones de vecinos.

Más allá de estos precedentes, es indudable que el movimiento okupa ha sido el que más repercusión ha tenido y el que más se ha asociado con este tipo de acciones. En Sevilla, hubo una primera oleada en torno al primer lustro de la década de los noventa, y una segunda en la primera década del siglo XXI. Ambas etapas están separadas por la reforma del Código Penal, la criminalización de la ocupación y una dura represión a nivel local entre 1995 y 1996.

Del primer periodo, resulta paradigmático el CSOA Cruz Verde, que serviría de modelo para ocupaciones posteriores, incluida la del CSOA Casas Viejas entre 2001 y 2007. En este contexto, los centros sociales adquieren preponderancia frente a las ocupaciones de vivienda. En ellos, se realiza una producción de espacio de forma autogestionada y autónoma por parte de círculos más o menos amplios de jóvenes. Los centros sociales resultan claves a la hora de permitir la confluencia de individuos con inquietudes políticas similares, de realizar acciones útiles (y con resultados inmediatos) y de difundir los idearios de los grupos motores. En este contexto la okupación se configura como un movimiento que, bajo un prisma libertario, reivindica ciertas formas de vida e invita a la sociedad a un cambio de cultura y de valores. No obstante, en el segundo periodo de ocupaciones en Sevilla, proliferan los espacios que rompen esta dinámica particular. Son varias, y significativas, las ocupaciones que no son tanto el instrumento de una corriente ideológica como una lucha por el uso de espacios clave de la ciudad: el centro vecinal El Pumarejo o el Huerto del Rey Moro.

El modelo de ocupación políticamente reivindicada, en todo momento diverso, también ha ido cambiando con el tiempo. No es una herramienta que pueda apropiarse un grupo o una sola ideología. Así, los últimos años han deparado varios intentos de ocupación desde el marco del movimiento 15M. Hubiera sido interesante ver qué carácter tomaban estos centros sociales si no hubieran sido desarticulados tan rápido por la represión. Otros proyectos, aparentemente más continuistas con el movimiento okupa, como Andanza, no dejan de tener un carácter diferente a las iniciativas que se llevaban a cabo diez años atrás. No obstante, no debe ignorarse que el contenido profundo de la ocupación sigue siendo el mismo. Sigue siendo una forma de imponer el valor de uso frente al valor de cambio por la vía de los hechos. Una lucha por crear y recrear la ciudad de forma colectiva y desde nuestros más profundos anhelos.

Mío, nuestro, suyo

El reciente encuentro sevillano de ENAPPAL, la red de Asociaciones de Protección del Patrimonio Local, estaba acompañado de traducción en lengua de signos. Intentamos descifrar los gestos de la traductora y reconocemos la palabra «patrimonio»: dos golpes en el pecho, casi un mea culpa, un signo de aflicción. En realidad, es sinónimo de la palabra «mío». ¿Eso es el patrimonio? ¿Lo que es mío, lo que he heredado, ganado, lo que puedo transformar en dinero cuando me convenga? Días más tarde, esto fue lo que nos preguntó un financial manager en ciernes cuando le intentamos explicar a qué nos dedicábamos. Patrimonio, en la literatura científica específica, es todo lo que queremos salvaguardar de nuestro pasado y transmitir al futuro. Lejos de la visión monetaria del manager, es la capacidad de crear memoria colectiva. No es «mío», sino «nuestro». Y a pesar de que las Naciones Unidas no lo reconozcan como uno de los derechos fundamentales, lo es: el derecho de construir nuestra memoria.

Patrimonio y consumo

Todo esto no es tan obvio. Desde hace tiempo, al discurso oficial sobre el patrimonio se le han incorporado palabras como industria y beneficio, que implican que solo se conserve lo que es rentable, con el único objetivo de llenar de contenidos las tardes ociosas de los turistas. El patrimonio hace tiempo que pasó de almacén de la memoria a caja de caudales.

Algunos patrimonios se venden mejor que otros. Una taquilla y un torno garantizan una buena caja con las visitas a los restos romanos de la Encarnación, como parte del reclamo turístico del edificio pagado con dinero público y cedido en concesión por cuarenta años a la constructora Sacyr. Baje al subsuelo y pague por ver la Sevilla antigua; suba al mirador y pague por ver la Sevilla moderna. Y, mientras, el recuerdo de nuestro pasado más reciente —del antiguo mercado de abastos que ocupó esa plaza hasta 1970 y que ha quedado reducido a unos pocos puestos asfixiados por los contratos de alquiler con la concesionaria— se pierde en el olvido. ¿Por qué no debe ser recordado? ¿Tal vez porque cuenta una historia de nombres comunes? Afortunadamente, el futuro de la memoria está garantizado: las setas ya son patrimonio de los movimientos, después de su ocupación el 15M de 2011.

Cuando aparece el beneficio económico, desaparece el derecho a disfrutar del patrimonio. El Patio de los Naranjos fue incorporado temporalmente a la visita de pago de la catedral de Sevilla en 1992: a pesar de las protestas ciudadanas reclamándolo como espacio público, sigue siendo accesible solo previo pago del óbolo al obispado. Pero si el beneficio que genera el patrimonio es de la Iglesia, no lo es tanto el peso de su conservación: recientemente, el Ayuntamiento anunció a bombo y platillo la concesión de una ayuda de 105 568,64 euros para rehabilitar el convento de San Leandro. Y, mientras, olvida y condena a la ruina a la Casa Palacio del Pumarejo, del mismo valor patrimonial y, en este caso, de su propiedad. Cuestión de prioridades y de interlocutores.

Patrimonio y propaganda

Que el olvido sea una herramienta de control y propaganda, una privatización simbólica, lo descubrieron la literatura y el cine hace muchos títulos. Fahrenheit 451, El planeta de los simios, Blade runner… las distopías futuristas y los cambios en nuestro entorno nos muestran que no hay mejor manera de manipular la conciencia colectiva que apropiarse del pasado. ¿Cuánta gente de Sevilla recuerda a Casa Cornelio, bombardeada en 1931 por ser el epicentro de los movimientos anarquistas del casco norte? Su recuerdo se ha sepultado bajo la basílica de la Macarena que hoy ocupa el mismo solar. Y allí los devotos rinden homenaje a una talla de madera y una controvertida tumba, con el convencimiento de que este es su patrimonio y no aquel.

Una de las muchas víctimas de la crisis ha sido la ley de memoria histórica. No ha sido necesario derogarla: la falta de presupuesto la ha dejado prácticamente sin efecto. Y, mientras, el Diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia nos habla de Franco como «generalísimo» y «jefe de Estado», pero nunca como dictador; y nos dice que montó un régimen «autoritario, pero no totalitario», obviando que montó un Estado represivo sobre la tumba de un gobierno democrático; que persiguió y exterminó a sus oponentes. Un libro de texto editado este año contaba que García Lorca fue un poeta que «murió cerca de su pueblo durante la Guerra», y que Antonio Machado «se fue a Francia con su familia, donde vivió hasta su muerte». No olvidemos que, mientras, en Sevilla, el Canal de los Presos —que riega la vega del Guadalquivir desde Peñaflor hasta Lebrija— fue excavado a mano por el trabajo esclavo de presos políticos hasta 1962, siguiendo la política de Redención de Penas por el Trabajo. Odioso eufemismo.

Edulcoramos la historia, amnistiamos a los verdugos y conservamos solo lo que es rentable políticamente.

Memoria como catapulta

Según Galeano, la memoria, más que anclaje, es catapulta. Nos apoyamos en nuestra experiencia para posicionarnos, para actuar, para evitar que vuelvan a repetirse errores del pasado.

Por eso, recordar es también un acto de rebeldía. En nuestro entorno se producen constantemente libros, documentales, denuncias y acciones que promueven participación y apoyo: mujeres de luto taconeando su rabia sobre la tumba de Queipo de Llano, la gente de la Casa Palacio del Pumarejo acometiendo las obras de rehabilitación sin esperar ayudas ni autorizaciones casposas, la Plataforma Salvemos la Fábrica de Vidrio La Trinidad ganándole terreno a la especulación, el Huerto del Rey Moro gestionando sin ánimo de lucro un preciado espacio patrimonial en el centro de Sevilla…

Que todo esto nos sirva para recordar, para recordar con furia, con rebeldía, resistiéndonos a que —con palabras de Saramago— «se privatice todo, que se privatice el mar y el cielo, que se privatice el agua y el aire, que se privatice la justicia y la ley, que se privatice la nube que pasa, que se privatice el sueño sobre todo si es diurno y con los ojos abiertos».

La Torre Cajasol, un gran dislate urbano

Estos años atrás se han promovido en Sevilla varias actuaciones urbanísticas de las llamadas «emblemáticas». De esas que, al margen de su beneficio social «tangible», su coste y sus implicaciones, dicen buscarse por su imagen epatante, capaz de convertirse en icono que proyecte de la ciudad una imagen de progreso y modernidad, atrayendo inversiones y visitantes. La clásica muletilla-vaselina de la creación de puestos de trabajo también va en el «kit comunicativo».

«Las setas» de la Encarnación, la biblioteca del Prado y la Torre Cajasol (o Pelli) son ejemplos de ello. Y buena parte de lo que expondremos puede ser de aplicación, con matices, a estas tres (y otras muchas) operaciones «emblemáticas». Pero aquí nos centraremos en el rascacielos que están alzando en la isla de la Cartuja y a la operación urbanística donde este se incluye.

Y es que hay sobradas razones para oponerse a este complejo de oficinas, comercial y de ocio llamado Puerto Triana, con su rascacielos-estandarte de casi 180 m de altura. Una labor en la que se ha esforzado la Plataforma Ciudadana Contra la Torre Cajasol ¡Túmbala!1, nacida en 2009, que aglutina una veintena de entidades sociales: patrimonialistas, ecologistas, universitarias, vecinales… Y que se ha basado en argumentos como los que apuntamos a continuación.

 

Cuestión patrimonial

En relación con la cuestión patrimonial, ¡Túmbala! ha estado en total sintonía con el informe que en noviembre de 2008 emitió Icomos —la entidad que asesora a la Unesco (ONU) en materia de patrimonio cultural— donde señalaba con rotundidad que esta torre amenaza los valores paisajísticos del área donde se hallan los edificios sevillanos declarados Patrimonio Mundial: Catedral, Archivo de Indias y Alcázares. El informe pedía que el proyecto se reformulara y recomendaba a la Unesco la inclusión de esos bienes en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro.

Las peticiones de la Unesco de que el proyecto se parara y reconsiderara, así como la posibilidad de que Sevilla entrara en tan deshonrosa lista, se dieron durante cuatro años. Mientras, la torre seguía alzándose. Finalmente, en junio de 2012, dicha institución terminó «claudicando», al dejar ya de pedir la paralización y descartar incluirnos en esa «lista negra». No sin antes volver a señalar la inadecuación de tamaña torre en ese enclave y censurar la falta de consultas y debates, así como la política de hechos consumados perpetrada por promotores y administradores.

La movilidad

En cuanto a la movilidad, este complejo —que albergará un aparcamiento de 4000 plazas— generará un grave impacto sobre el tráfico en uno de los nudos del viario metropolitano ya más tensionado. A medio plazo, ello determinará la ampliación de las infraestructuras de movilidad en la zona, repitiéndose una vez más la jugada: gasto público para financiar beneficios privados.

Sin ir más lejos, asistimos ahora a la pretensión del Ayuntamiento de que la pasarela peatonal prevista sobre el río, cerca de la gasolinera de Torneo, sea un puente rodado de cuatro carriles para «aliviar» lo que se nos viene encima. Una «solución», por lo demás, que no resolverá nada, como advierten las especialistas.

Incumplimiento de normativas

Con relación al incumplimiento de normativas, las razones de crítica tampoco son baladíes; ni pocas: con ellas se elaboró el prolijo informe Libro Negro de la Torre Pelli2, de más de 100 páginas, en el que especialistas analizaban la actuación a la luz de la legislación urbanística y patrimonial. Y el panorama era, es, desolador, dado el cúmulo de alegalidades, cuando no flagrantes ilegalidades que arrastra este proyecto.

Pero, en esta materia, hay una razón de razones: que dicha burla la hayan efectuado los propios órganos y responsables que han de velar por el cumplimiento de las normas. Unas normas que estos aplican con rigor al personal de a pie, pero que resultan papel mojado cuando quien está por medio «don Dinero, poderoso caballero»…

A nadie pareció importarle que la altura prevista exceda en diez veces la permitida por el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Sevilla. Tampoco que la edificabilidad supere la permitida ni que se reduzcan las zonas verdes y equipamientos exigidos, como reconociera la Junta de Andalucía en sus informes.

De nada sirvió poner estas irregularidades en conocimiento de los tribunales: no hubo juez que quisiera entrar en el fondo del asunto, despachándose las varias denuncias por meras cuestiones formales interpretativas.

La ética y la estética

Y también hemos luchado contra esta torre por ética y estética, al pretender imponerle a la ciudad su imagen, que es la de la entidad financiera que la yergue, y que representa la preeminencia de la banca, del capital, sobre todo lo demás. No queremos que este monumento al urbanismo de especulación financiera-inmobiliaria que hemos padecido y que padecemos, se convierta en símbolo e hito omnipresente de la ciudad que compartimos, que deseamos construir colectivamente y que dejaremos a las generaciones por venir.

Hace tiempo que las especialistas en la materia saben que la calidad de vida, la habitabilidad… la «modernidad» de las ciudades no se mide en parámetros ya rancios: altura y número de rascacielos; coches, kilos de basura y consumo energético por habitante… Abracemos en verdad la modernidad midiendo y mejorando otro tipo de indicadores; como el grado de participación cívica; el de reutilización y reciclaje; el respeto de los gobernantes a la ciudadanía; la variedad, calidad y reparto equilibrado de la actividad cultural; el porcentaje de viajes realizados a pie, en bici o en transporte público; el cuidado dado a los patrimonios histórico, ambiental y paisajístico; el porcentaje de espacio y edificios accesibles para cualquier persona…

Mejorar estos indicadores «alternativos» también requiere dedicación, gasto y puestos de trabajo. Pero estas inversiones tendrán una sostenibilidad (ambiental, social y económica) mucho mayor que las empleadas en crear (y recrearnos en) fastuosidad.

Con esta torre, los dirigentes políticos y económicos nos dicen que Sevilla será más «moderna». Pero nuestra ciudad, por esa senda, no es que volverá a llegar tarde y mal a «la modernidad», como en tantas ocasiones: es que no estará más cerca sino más lejos de la misma.

 

1 http://ciudadaniacontralatorrepelli.blogspot.com.es/

2 Este libro te lo puedes descargar directamente desde la página de la plataforma

 

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¿Qué hay detrás de la SE-35?

Desmontando la operación inmobiliaria de IKEA

mapa se35

A finales de año, una veintena de asociaciones y cooperativas de diversos colectivos manifestaban por escrito su oposición a la ronda urbana SE-35 en Sevilla, mientras en una campaña de recogida de firmas en internet se recibía el apoyo de más de dos mil personas. Concluía así, con casi treinta alegaciones y a raíz del impulso de la Plataforma en defensa del Parque Tamarguillo, el trámite de exposición pública previo a la ejecución de la obra para la que tanto el alcalde, Juan Ignacio Zoido, como la ministra de Fomento, Ana Pastor, habían acordado destinar 52 millones de euros en materia presupuestaria.

En este escenario de austeridad impuesto, asistimos al recorte de la inversión en ciencia, nuevas tecnologías o cultura y a la merma dramática, hasta su práctica desaparición, de las partidas destinadas a los barrios. Pese a que, siguiendo el plan de ajuste del Ayuntamiento, se ahorra calefacción en los colegios y no hay dinero para abrir las bibliotecas por las tardes, el alcalde declaraba disponer de una reserva de crédito de 29 millones para abordar la construcción del primer tramo (de tan solo 2,5 kilómetros de longitud) de la nueva autovía.

Sin embargo, como señala Ecologistas en Acción, la SE-35 no figura ni en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, ni en el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, ni en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla. De hecho, solo está incluida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Ayuntamiento tiene la obligación de revisar —como la propia Junta de Andalucía reconoce— para ajustarse al principio de sostenibilidad de dichos planes. Otros municipios, como Mairena del Aljarafe y Salteras, ya han eliminado esta infraestructura de sus planeamientos por ser innecesaria para la movilidad metropolitana.

A pesar del interés del alcalde, con mayoría absoluta en Sevilla, los Presupuestos Generales del Estado solo recogían un millón de euros para su ejecución. Por tanto, como ya viene siendo tónica habitual, las obras comenzarían sin contar con el presupuesto total de ejecución y sin que conozcamos cómo se financiará su coste final. Esto plantea otras preguntas: ¿por qué genera debate?, ¿a qué se debe tanta urgencia? (paradoja que no caracteriza a nuestra administración). Y, sobre todo, ¿por qué esta polémica obra se presenta como una prioridad absoluta para el gobierno municipal?

Para responder a la primera cuestión es necesario remontarse a la peculiar génesis del espacio donde comienza el trazado de la ronda urbana: el parque fluvial de la cabecera del arroyo Tamarguillo. Su cuenca estuvo ocupada por un vertedero incontrolado hasta que, en 1996, a instancias de una asociación juvenil, se aprobó en el pleno municipal el Plan Especial de Parque y, posteriormente, se llevó a cabo con fondos europeos. En total, el presupuesto invertido superó los 30 millones de euros.

El origen reivindicativo del parque — gracias al trabajo de las asociaciones locales implicadas decididamente en su recuperación— adecuando las obras públicas a las necesidades del entorno, poniendo en marcha proyectos y dinamizando el parque para un sector de la periferia con más del 50% de paro, ha extendido entre la población la necesidad de disponer de espacios libres. Las actividades llevadas a cabo a lo largo de casi dos décadas para salvaguardar el Parque Tamarguillo han hecho posible su existencia y ello forma parte de la raíz misma y de su valor más importante: la cultura de disfrute y respeto por la naturaleza, la actividad saludable al aire libre, así como un ambiente de convivencia alegre y humano, que contrasta con las prioridades de la sociedad de consumo, el beneficio privado y el egoísmo personal.

Recientemente, han sido publicadas noticias sobre la apertura inmediata de un expediente de infracción por parte de la Unión Europea a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento al considerar que no cumple con la Directiva de Impacto Ambiental. De confirmarse la cancelación definitiva de la SE-35, se habría puesto fin al último intento de continuar con el modelo económico que nos ha traído hasta la actual crisis. Pero hasta entonces, la situación levanta suspicacias. Quizás responda más al temor que despierta la posibilidad de llegar de nuevo a un punto G (de Gamonal) que a cuestiones plenamente administrativas.

A pesar de la cercanía de la A4 —auténtica arteria que irriga instalaciones aeronáuticas, industriales y comerciales—, las autoridades plantean la SE-35 como irrenunciable argumentando la conectividad urbana del entorno. Según figura en el proyecto, cercenará por la mitad el parque sobre un talud de tierra, sin viaducto alguno, canalizando los arroyos Tamarguillo y Ranillas a su paso. Los barrios colindantes, el parque y la actividad agrícola de los terrenos adyacentes se verán afectados de forma radical por su trazado, lo que va en contra de las políticas europeas de sostenibilidad. Según el alcalde, la operación está estrechamente ligada a la implantación de la segunda tienda IKEA y se convierte de este modo en un ariete político con el aliciente de la creación de empleo. Para instalarse en el municipio, la multinacional sueca exigió a la Gerencia Municipal de Urbanismo una recalificación en el PGOU, que se llevó a cabo, triplicando la superficie edificable de los terrenos de San Nicolás Oeste.

Sin embargo, a pesar de la existencia de alternativas, la modificación para desviar la SE-35 es presentada por el delegado de Urbanismo como un reto casi imposible. No deja de ser otro caso de especulación urbanística que beneficiaría claramente ciertos intereses privados en detrimento de la economía local. Se pretenden destruir puestos de trabajo consolidados en el sector agrícola y mercantil por otros de carácter precario o restringidos al tiempo de duración de la
obra. Y, más frustrante aún, con el erario público repitiendo el patrón que ha llevado a la situación de crisis de la que somos herederos ilegítimos. Resulta cuanto menos paradójico que la rehabilitación preferente de Parque Alcosa no encuentre financiación para con tratar mano de obra o que en el interior del parque haya un Centro de Formación Profesional cerrado por falta de recursos. Si lo que realmente prima es acabar con el desempleo, ¿por qué no se desarrolla el tejido productivo existente con el mismo interés que se tramitan las grandes áreas comerciales?

Como apunta Esteban de Manuel en su artículo Aprendiendo de la operación IKEA, este caso ilustra muy bien cómo se ha hecho el urbanismo en los últimos años y hasta qué punto este modo de proceder, basado en una ilusión de crecimiento y sustentado por mecanismos especulativos, ha demostrado ser manifiestamente insostenible. Los ayuntamientos se han financiado fundamentalmente a base de convenios y licencias de obras. En el caso que nos ocupa, los propietarios pagaron al Ayuntamiento 20 millones de euros al suscribir el convenio, en virtud del cual este suelo rústico, de alto interés agrícola, pasaría a ser urbanizable y haría posible la infraestructura urbana, considerada necesaria para la viabilidad de la operación. Pero esos ingresos, como ha sido norma en muchos ayuntamientos, se destinaron a financiar otras operaciones, confiando que en el futuro nuevos convenios e ingresos por licencias financiarían a su vez la SE-35. Este proceso, que alimentó la burbuja inmobiliaria, fracasó estrepitosamente dejando un nivel de endeudamiento municipal que nos va a lastrar en las próximas décadas.

Algo se muere en el agua cuando un amigo se va…

El último culebrón del Guadalquivir y Sevilla

Sobreexplotado, desplazado, contaminado… Nuestro río Guadalquivir se nos va. El nuevo proyecto de dragado de río, aún más profundo que el actual, puede terminar por darle la puntilla a nuestro malherido amigo.

Y dentro de mí, y de muchas personas más que piensan como yo, algo se remueve y se llena de rabia, más aún cuando todo este daño se pretende realizar con dinero público. Guadalquivir, ¡no te vayas todavía, no te vayas por favor!

Sevilla y el Guadalquivir: una relación de amor y odio

La historia de la ciudad de Sevilla y el río Guadalquivir ha sido una relación de amor y odio. Las ventajas de asentarnos junto a un río rico en recursos naturales han sido cruciales en la historia sevillana. Pero los ríos son salvajes, cambiantes e impredecibles, algo que nos cuesta entender. Por eso, Sevilla ha estado marcada desde sus orígenes por el miedo a las inundaciones y la lucha por mantener de forma artificial una comunicación comercial con el mundo a través de un río navegable.

Desde hace unos 200 años la maquinaria urbano-agroindustrial ha ido engrasándose hasta ser capaz de transformar el paisaje planetario a velocidades vertiginosas. Una de las sociedades científicas más prestigiosas de geología, Geological Society of London, consideró que el Holoceno, etapa milenaria en la que se han desarrollado las distintas civilizaciones humanas, ha terminado para dar paso a otra era histórica marcada por la incidencia de la «especie humana» en el planeta Tierra (1). Los ríos son quizás uno de los ecosistemas más maltratados: 1 de cada 10 grandes ríos no llega a desembocar en el mar y, de promedio, la mitad de los ríos del planeta posee al menos un gran embalse (2).

Fuertemente transformado desde hace más de 200 años

Los ríos han sido fuertemente transformados. El Guadalquivir no es una excepción. Ni su propia madre lo reconocería en su tramo bajo. Desde hace poco más de 200 años sus llamadas «vueltas» (meandros) han sido anegadas rectificando su trazado mediante «cortas» que han supuesto que la distancia de Sevilla al mar pasara de los 128 a los 80 kilómetros actuales. Los brazos en los que se dividía el Guadalquivir aguas abajo de la ciudad han sido reducidos a un solo cauce, que actualmente se draga para mantener una profundidad de 6,5 metros y permitir así la entrada de buques mercantes. El trazado a su paso por Sevilla ha sido también muy transformado desde hace siglos. Pocas personas conocen que el río recorría la actual Alameda de Hércules (La Laguna), la calle Sierpes o Plaza Nueva (antigua Laguna de la Pajería).

A estas grandes presiones y transformaciones del río Guadalquivir en su tramo bajo hay que añadirle la contaminación y la demanda de agua en continuo aumento (principalmente para la agricultura de regadío) que ocurre en buena parte de su recorrido y sus afluentes. Así que, pese a discurrir junto al Parque Nacional de Doñana, el Bajo Guadalquivir está fuertemente alterado.

La puntilla para el Guadalquivir: el nuevo proyecto de dragado

La Autoridad del Puerto de Sevilla, organismo público dependiente del Ministerio de Fomento, lleva desde 1999 tratando de que se apruebe el nuevo dragado de profundización del Guadalquivir. El dragado ampliaría la profundidad del Guadalquivir desde los 6,5 hasta los 8-9 metros, permitiendo la entrada de buques mayores (de hasta 10 000 toneladas). Tras la entrega de la memoria del proyecto y el proceso de información pública, el ministerio daba luz verde al proyecto en 2003 con su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva. Pero la DIA se olvidó —¡qué despiste!— de la opinión del Patronato de Doñana contra el proyecto. Así que en 2005, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, acordó junto con la Autoridad Portuaria y el Patronato de Doñana la creación de una sola comisión científica que estudiara con rigor las afecciones del nuevo dragado.

Como resultado de esta comisión, en 2010 vio la luz uno de los estudios científicos más completos sobre un estuario de río: Propuesta metodológica para diagnosticar y pronosticar las consecuencias de las actuaciones humanas en el estuario del Guadalquivir. El estado catatónico del Bajo Guadalquivir quedó más que demostrado.

El estudio, realizado por el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y coordinado por Miguel Losada y Javier Ruiz, concluye que el río no soportaría una profundización del actual dragado (de los 6,5 actuales hasta los 8-9 metros de profundidad). No por el impacto del proyecto en sí, sino por la multitud de presiones a las que actualmente se ve sometido el Bajo Guadalquivir. El estudio aboga por una «gestión integral de los recursos naturales». Es decir, para que este dragado fuese ambientalmente «viable» debería acometerse primero la restauración del estuario que obligaría a sentar en una misma mesa a todas las partes implicadas para ver cómo se disminuye la presión humana sobre el río.

¿Cómo finalizará el culebrón?

La cosa aún se complica más para el Guadalquivir. La recién estrenada esclusa, que ha costado unos 160 millones de euros, no sirve para nada si no llegan barcos de mayor calado, condicionando su utilidad a la realización del nuevo dragado. Por lo que la Autoridad Portuaria intentará por todos los medios sacar adelante el proyecto. Para ello cuenta con bastantes apoyos. Sin embargo, actualmente tiene en contra a otros grupos: arroceros, pescadores, empresas de acuicultura, sindicatos de Cádiz y Málaga, ONGs, Patronato de Doñana…

De momento, el Ministerio espera a que la Autoridad Portuaria le envíe un nuevo proyecto, el definitivo, que asegure que no perjudicará al entorno de Doñana ni a los arroceros… ¿se olvidaron de los pescadores?

En breve volveremos a escuchar eso de que «la protección del Medio Ambiente está garantizada», así que, ¡prepárense para salir de sus galerías!

(1) El Antropoceno: la crisis ecológica se hace mundial. Ramón Fernández Durán, 2011.

(2) Impactos ambientales de las presas de Alcalá del Río y Cantillana sobre las comunidades acuáticas del Bajo Guadalquivir. Carlos Fernández Delgado, 2009.