nº30 | política local

El arbolado urbano y el Gobierno municipal

Una vez más, el Ayuntamiento de Sevilla, sea del signo político que sea, ha demostrado el poco respeto que tiene por el medio ambiente de la ciudad, en este caso por su arbolado. En los tres últimos años se han eliminado alrededor de 3000 árboles del municipio, sin tener en cuenta que, según la Plataforma Europea de Adaptación al Cambio Climático (Climate-ADAPT), el valle del Guadalquivir corre el riesgo de ser una de las zonas donde más graves sean los efectos del cambio climático.

En la Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático en España del Ministerio para la Transición Ecológica, se calcula que en Sevilla la temperatura máxima aumentará más de 2 °C para el año 2050, pudiendo llegar a registrarse picos de más de 48 °C; las temperaturas mínimas aumentarán aproximadamente 2 ºC, incrementándose el número de noches cálidas (noches que superan los 25 ºC). Se estima que para 2050 el número de estas noches calurosas llegará a cuarenta, mientras que en 2015 estos periodos no llegaron a veinte. En cuanto a las olas de calor, está previsto que se extiendan a más de cinco días, cuando en 2015 no duraron más de 2,5 días. En este sentido, la funcionalidad de los árboles adultos en las ciudades es esencial para la reducción de la temperatura ambiental, la captación de CO2 y la reducción de los niveles de contaminación atmosférica; más en una ciudad como Sevilla donde los niveles de contaminación son altos según el último informe de Ecologistas en Acción sobre la calidad del aire.

Pero además de esta necesidad evidente de un arbolado en buenas condiciones, no hay que olvidar que el propio Ayuntamiento de Sevilla, junto al de otras ciudades europeas, se sumó en 2009 a la idea de establecer una serie de medidas para disminuir los efectos del cambio climático. Un acuerdo que el alcalde de Sevilla —y presidente, además, de la Red Española de Ciudades por el Clima— renovó en 2015 en París en el marco de un nuevo Pacto Europeo de Alcaldes por el Clima y la Energía. De las casi 80 medidas que contiene el PACES (Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible) para luchar contra el cambio climático y reducir la emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero, la plantación de 10 000 árboles en el viario de la ciudad es una de las más importantes.

Otra cuestión surgida a partir de las podas y de las talas de los últimos meses ha sido la debilidad de una gran parte del arbolado. Muchos árboles de la ciudad están débiles o algo enfermos debido a las podas salvajes y a actuaciones desproporcionadas sobre el arbolado urbano o realizadas en épocas nada propicias para ello. Estas actuaciones a menudo dañan severamente la salud y la integridad de los ejemplares intervenidos, al provocarles numerosos daños fitosanitarios y estructurales que en ocasiones son irreparables. Ello supone, por un lado, maltratar y acortar la vida útil de unos bienes públicos que además son seres vivos; y, por otro, que se incremente el peligro de accidentes por caída de ramas.

Desde hace años, Ecologistas en Acción y otras entidades ciudadanas preocupadas por la gestión del patrimonio arbóreo de Sevilla reclaman una mayor transparencia en materia de gestión del arbolado de la ciudad. El primer paso, clave para una gestión eficaz y rigurosa, es una evaluación pormenorizada y actualizada del estado del arbolado. Los contratos firmados por las empresas adjudicatarias para el mantenimiento, la poda, los apeos y la reposición del arbolado del viario tienen que realizarse con minuciosidad y en base a los inventarios actualizados de árboles en todos los distritos y en plazos de tiempo razonables. Estos inventarios se concretan en fichas que deben ser la base que certifique el estado de cada árbol de la ciudad y que se corresponderá con las fichas de apeo, como exige la Ordenanza de Arbolado de Parque y Jardines del Municipio de Sevilla y el acuerdo en pleno del Ayuntamiento de Sevilla de diciembre de 2005. Sin embargo, las fichas que se publican parecen realizadas a medida para justificar a posteriori las decisiones adoptadas, a pesar de que el Ayuntamiento encargó al inicio del mandato del actual alcalde, en verano de 2015, un estudio general sobre el estado del arbolado. El contenido de este expediente se ha estado ocultando a propósito y los árboles en mal estado no han sido tratados desde entonces. A fecha de hoy, a pesar de haber sufrido varios temporales con fuertes rachas de viento en febrero y marzo de este año —durante los que, según el consistorio, la ciudadanía ha estado expuesta a un peligro por caída inminente de ramas—, no sabemos si dicho inventario se encuentra actualizado, como debería haber ocurrido al inicio del contrato. Es una muestra más de la improvisación y de la mala gestión con la que se realiza el mantenimiento del arbolado urbano: «cuando no se pueden atender los árboles, se cortan todos».

Además, si tenemos en cuenta lo que dice la normativa urbanística de la ciudad (PGOU), por cada árbol talado el Consistorio debe reponer otros cinco árboles con las especies adecuadas. Es decir, se deberían plantar casi 15 000 árboles por la tala de estos últimos años (el borrador del Plan de Gestión de Arbolado de 1 de octubre de 2015, un documento de nueve páginas donde ni siquiera se mencionan los informes de evaluación de riesgo preceptivos, indica que deben ser eliminados alrededor de 2500 ejemplares por su mal estado). Pero el total de árboles talados es de 2806, según los datos que se reflejan a día de hoy en los planes publicados en la web municipal de la Oficina de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla. Esto, unido a los más de 10 000 alcorques vacíos que existen en la ciudad, daría un total de 25 000 árboles que se deben plantar.

Otra cuestión por la que nos preguntamos es la referida a los macrocontratos y a su coste real. Exigimos un seguimiento y un control de su ejecución, puesto que, según aseguran, estos «no se están realizando por la escasa dotación de recursos y técnicos cualificados que tiene el área». La garantía de que estos servicios funcionen tiene que venir de lo público ya que los criterios de rentabilidad no son económicos, sino sociales. En relación a las podas, existen planes anuales que determinan a priori el momento idóneo de las mismas atendiendo a las características de los árboles y a la función que cumplen en el ecosistema urbano (refugio y cría de especies), unas condiciones que no se han respetado en las últimas semanas.

En definitiva, no sabemos ni entendemos qué piensan estos políticos sobre lo que significa conservar el medio ambiente; en este caso sobre el arbolado urbano de la ciudad de Sevilla y sus talas masivas sin las necesarias garantías de transparencia y sin respetar las propias ordenanzas municipales ni tener en cuenta el riesgo futuro de los efectos del cambio climático.

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