nº61 | política local

La violencia dentro de los feminismos

La explosión de los feminismos tuvo como consecuencia una mayor ocupación feminista de la esfera pública, con lo que algunos de los conflictos internos de los colectivos adquirieron más visibilidad y han sido objeto de discusión fuera de los círculos habituales donde suelen tener cabida estas reflexiones

Que los feminismos no son (solo) un espacio de activismo de armonía, disensos desde los cuidados y discusiones con ética y argumentos, ya lo sabíamos, por desgracia, desde hace bastantes años; pero la violencia (digital y simbólica, pero también con efectos en la vida cotidiana de las personas) que una parte del movimiento feminista está ejerciendo contra aquellas que no considera sujetos de sus reivindicaciones (trabajadoras sexuales, mujeres no cis, regulacionistas, transactivistas, etc.) está alcanzando niveles y formas lamentables.

Una parte del feminismo abolicionista y transexcluyente copia las estrategias de acoso y violencia de la extrema derecha para establecer un discurso de odio y polarizador. Para ejemplificar y analizar estas prácticas, nos centraremos en el caso de una militante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla y en el acoso online y offline que sufrió tras una charla realizada en Cádiz. Lo que contamos en este artículo es el resumen de una investigación académica más amplia que llevamos a cabo el año pasado.

El 7 de marzo de 2022 la activista del CPS participa junto a otras invitadas en una biblioteca viviente organizada en el IES San Severiano, en la ciudad de Cádiz, con el objetivo de compartir sus experiencias de vida como mujeres que han experimentado situaciones de discriminación y precariedad. Una actividad realizada en colaboración directa con uno de los nodos territoriales desde los que se han construido las huelgas feministas generales: la Comisión 8M Cádiz.

En los días siguientes aparecieron en redes sociales publicaciones por parte de dos colectivos abolicionistas que acusaban a la activista de haber acudido al instituto a captar niñas para introducirlas en la prostitución. Además de insultos y amenazas, algunas abolicionistas revelaron datos personales de la activista e hicieron pública la imagen de miembros de su familia; en este caso de su hijo menor de edad. Se publicó, además, otra información privada, como sus antecedentes penales y lugar de residencia.

Se abusó de técnicas de desinformación ya que, partiendo de un hecho real (una exprostituta acudió a un instituto a hablar de su experiencia), se inventaron otros hechos intencionadamente con el propósito de señalarla y crear polémica, y usaron acusaciones provocadoras para llamar la atención.

Como en otros ataques realizados por el partido de ultraderecha Vox, la repetición de la noticia falsa provoca la necesidad de publicar un desmentido, consiguiendo así su objetivo de enmarcar el debate en los términos que exclusivamente ellos han planteado.

El ataque orquestado en redes también se encarga de señalar objetivos: se visibiliza, con nombre y apellidos, a la participante en la charla, y se señalan a otras personas públicas, como a la concejala de Igualdad, o al alcalde de Cádiz de esa época y se les acusa de consumo y promoción de la prostitución, sin aportar pruebas.

Se realiza, a través de publicaciones y comentarios, una campaña de odio que busca el linchamiento público y el aislamiento de la víctima usando la provocación de forma masiva: «que se haga viral» para que «vaya a la cárcel», hasta llegar a proferir insultos y amenazas.

Se polariza el debate estableciendo dos posiciones opuestas (siendo una el abolicionismo), y todas aquellas otras posiciones que no apuestan por la misma estrategia se califican de «pseudofeministas».

También hubo amenazas, sobre todo a colegios o institutos que decidían dar este tipo de charlas o que no seguían sus líneas de pensamiento: «les pongo una demanda y mi hija no vuelve a pisar ese colegio», «voy a hacer un escrito a la jefatura de estudios», «esto es de cárcel (…) creo que se puede denunciar». Esta estrategia coincide con el lawfare empleado por la ultraderecha usando la justicia como medida para frenar avances y conseguir en la práctica censurar actividades por miedo a represalias legales.

Se establece una lógica dicotómica entre el bien (la abolición de la prostitución) y el mal (la regulación o el activismo pro-putas), lo que genera, además, una confrontación entre el grupo de pertenencia («nosotras», «las verdaderas feministas» y «las abolicionistas») y el grupo de exclusión («las otras», «las malas», «las que quieren la regulación», «las pro-putas»).

También se recurre a los elementos discursivos de la teoría de la conspiración. Una vez que se ha desmentido en los comentarios de las redes sociales –por parte de personas que participaron en la charla– que el objetivo no era promover la prostitución, se insinúa sin aportar datos: «Hay muchas trabas para dar información real», «por qué tanto ocultismo».

En este caso encontramos acciones que responden al concepto de violencia de género digital desde posturas feministas «abolicionistas» en contra de una exprostituta y activista: contaminación, manipulación y generación de bulos acerca de sus ideas y del contenido de la charla; proliferación de discursos del odio (contra la activista, la Comisión del 8M, las personas a favor de la regulación de la prostitución); acusaciones falsas; polarización mediante la simplificación de la realidad en tan solo dos posturas; fomento de cámaras de eco, donde todos los participantes se reafirman y no cuestionan nada de lo planteado; acusaciones, aislamiento de la víctima y difamación; flameo mediante insultos; publicación de imágenes con su hijo menor; provocación masiva, para generar viralización y expresiones de odio acerca de esta persona y de colectivos que la apoyan.

Este caso no es una excepción que destaque por su virulencia, sino que se trata de una práctica habitual de una minoría dentro de los feminismos contra los derechos de dos colectivos heterogéneos: las personas trans y las personas que ejercen el trabajo sexual. Las discusiones son necesarias, pero estas prácticas no proponen un debate, son violencia.

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