Justicia patriarcal y violencia vicaria: el caso de María Salmerón

La historia de María Salmerón, su sufrimiento por el maltrato padecido por parte de su expareja y la posterior violencia institucional, se remonta a 2001. María, con una hija de pocos meses, se separó de su pareja por las vejaciones y humillaciones que venía sufriendo. El maltratador, su exmarido y padre de su hija, fue condenado con sentencia firme en 2008, ratificada por el Tribunal Supremo. La condena contemplaba una pena de prisión de ventiún meses, pero al no ser reincidente y ser esta inferior a dos años, el maltratador nunca pisó la cárcel. Ello no excluyó que siguiera ejerciendo violencia, a través de su hija, pues, a pesar de la sentencia, el padre seguía manteniendo visitas con ella, pese a solicitar reiteradamente no querer ver al padre. La niña no fue escuchada por lxs togadxs hasta cumplidos los quince años. El delito que se le ha acusado a María Salmerón no es otro que el de proteger a su hija, respetar su voluntad de no querer ver a su padre. María fue condenada por el poder judicial por incumplimiento del régimen de visitas ante las denuncias presentadas por el exmarido que se prolongaron durante décadas; a lo largo de todo este calvario judicial, Salmerón obtuvo tres indultos. Es en 2019 que se dictó una nueva sentencia por la Audiencia Provincial de Sevilla, confirmada en 2020, en la que se le impone una pena de nueve meses de prisión por desobediencia, agravada de reincidencia por hechos que se remontan a una década atrás.

Su caso es de una relevancia particular porque aglutina temas que tenemos en agenda quienes luchamos desde los feminismos de base: la justicia patriarcal, los diferentes niveles de violencia, vicaria e institucional, y las contradicciones en materia de la mujer y las disidencias sexuales del actual gobierno español.

En primera instancia la Justicia. En el caso de Salmerón, la Justicia ha olvidado los deseos manifiestos de la menor y el daño que pudieran reportarle los encuentros con su padre; estos se produjeron obviando los acuerdos internacionales existentes en esta materia sobre el interés superior de lxs menorxs (Convención de los Derechos de la Infancia, ratificada por España en 1990 y leyes de protección al menor) que establecen que, a partir de los doce años, lxs menorxs deben ser escuchadxs por lxs juecxs de familia en este tipo de litigios. La Justicia, entonces, podemos decir que actúa de forma sorda y patriarcal, y aporta inseguridad y desconfianza jurídica a las víctimas: la menor y su madre.

En segundo lugar, los niveles de violencia que se trasladan de un contexto privado a uno público. El nivel privado, según la definición de Sonia Vaccaro, es el de la violencia vicaria que es «aquella violencia que se ejerce sobre lxs hijxs para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de tercerxs, por interpósita persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar a lxs hijxs, es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo». El nivel público, por otro lado, es el de la violencia institucional, que juega con la ambigüedad o el descargo de responsabilidades entre los órganos de gobierno. «Es una competencia del Ministerio de Justicia», declara Irene Montero, ministra de Igualdad, a la vez que sostiene que la condena por violencia en contra del exmarido de Salmerón aplicaría para la suspensión del régimen de visitas. Pero la violencia institucional también es lavarse las manos por parte del Gobierno ante el aparato de justicia. «El Gobierno no ha tenido margen […] el Gobierno tiene que cumplir la ley», Pilar Llop, ministra de Justicia. Lo que es evidente con estas justificaciones es la falta de empatía, la ceguera y la incapacidad de respuesta del Gobierno.

Finalmente, queremos señalar el alto componente de hipocresía por parte del Gobierno actual «el más feminista y progresista» que ha denegado el indulto alegando que Salmerón fue reincidente y que obtuvo informes desfavorables por parte de la fiscalía y el tribunal sentenciador, basándose
en antecedentes prescritos, pese a la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 y en base a la Ley de Indultos de 1870, «Ley nada garantista, inapropiada en un Estado de Derecho, olvidada por la complicidad de sucesivos gobiernos y nuestros representantes en el Parlamento» (R. Soriano). Evidentemente, es una ley obsoleta, inútil en la sociedad y realidad actual: en el siglo XXI cuesta comprender estas sentencias. La orden de entrar en prisión, que tiene una función de reinserción (aunque en realidad diste mucho de ello), es hacia una mujer cuyo delito ha sido proteger a su hija y a sí misma durante veinte años y que está plenamente insertada e integrada en su contexto social, familiar y laboral.

Una vez más, nos encontramos con un aparato judicial que pone de manifiesto discursos que están lejos de la realidad, con leyes por las que se condenan o excluyen a las mujeres y a otros colectivos vulnerables en el campo social y laboral, negándoles sus derechos humanos, a pesar de las promesas electorales. El de María no es un caso aislado, muchas mujeres están en esa misma situación y lo vivido por ellas, además de que arrastra la violencia contra la mujer, incorpora tortura y violencia por parte de las instituciones. Estos casos persisten también porque en España la violencia vicaria no está claramente tipificada como delito, a pesar del debate que sobre ella hay desde 2015.

El recurso presentado ante el Ministerio de Justicia para el indulto denegado fue inadmitido el 1 de junio de 2022, y el 9 de junio de 2022 María Salmerón ingresó voluntariamente en el Centro de Inserción Social (CIS) de Sevilla, con un régimen con el que podrá salir diariamente para acudir a su trabajo. La lucha continúa con más de cien mil firmas, huelgas de hambre, vigilias y manifestaciones. La sociedad civil ha manifestado su respaldo incondicional, estamos seguras de que las mujeres que María conocerá en el CIS le darán calor humano, estrategias de resistencia y también momentos de felicidad. Este artículo está dedicado a ellas también y a todxs quienes viven en el encierro. El mundo al revés, eso sí, y lo es con el Gobierno que se jacta de ser «el más progresista y feminista de la historia».

Las autoras de este artículo denuncian y se solidarizan con toda vulneración de los derechos, no solo de María Salmerón y las mujeres víctimas de violencia, sino también de todxs los colectivos e individuos, incluyendo a las personas trans y todas las disidencias sexuales, lxs trabajadorxs sexuales, lxs trabajadorxs jornalerxs, entre muches otres.

Gobierno progresista, Estado fascista

Se dice y se comenta que «el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla». Otres, hacen acopio de historicismo científico y aplican la tercera ley de Newton para hablar de «ciclos histórico-políticos»: para toda acción hay una reacción de igual magnitud y opuesta. Y así vamos, reviviendo cada generación los mismos acontecimientos históricos, con sus matices, pero en esencia, los mismos. Y es que lo que rompió el bipartidismo no fue capaz de romper la dicotomía política. Habrá más partidos, sí. Pero no más opciones políticas.

Si compramos el discurso del Gobierno central español, une no puede más que ilusionarse: ¡El Gobierno más progresista de la historia! La ley trans, la del «solo sí es sí», la de la eutanasia, la primera reforma laboral que no recorta derechos, la subida del SMI, la creación de un Ministerio de Transición Ecológica, la incorporación de un día en el calendario para recordar a las víctimas del franquismo y un largo etcétera de leyes, decretos, posicionamientos y demás parafernalia parlamentarista, que hace pensar que, por primera vez, el Gobierno está escuchando las reivindicaciones históricas del pueblo. Si es que así, hasta a mí me dan ganas de sacar la bandera al balcón y sentirme orgulloso de mi país.

Así que busco entre los trapos de tela que aún guardo en recuerdo de aquel yo que aún se creía la mística popular de una república salvadora y emancipadora y me dirijo a la terraza. Y de pronto, vuelvo a la realidad: ¡no vivo en una república! Y me pregunto: «¿Es este el Gobierno más progresista de la historia? ¿No será que hemos aceptado nuevamente la dialéctica populista de la socialdemocracia que nos dice que “un pequeño paso es mejor que nada”?». Y es que, mientras escuchamos los vítores victoriosos de la toma de las instituciones y creemos ver la bandera del feminismo ondear sobre el Parlamento, se nos olvida mirar a donde no quieren que miremos.

No se nos puede pasar por alto que este Gobierno es el mismo al que le tiembla la voz cuando habla de un Estado republicano, el que mandó tanquetas a los barrios de Cádiz para aplastar la lucha del metal, el que convirtió el país en un Estado militar durante una pandemia y dejó en la estacada a cientos de miles de personas que se quedaban sin recursos, el mismo que, lejos de criticar a la OTAN, invierte más que nunca en armamento y lo envía para apoyar la defensa de un país en guerra (uno, tampoco, puede dejar de ver que este apoyo tiene tanto de racismo como de interés económico y se aleja mucho de un interés altruista, tal y como nos lo quieren vender).

Pero, es que si nos vamos a la letra pequeña de esas «leyes y reformas progresistas» nos volvemos a encontrar con el mismo pastel. La reforma laboral excluye a las más vulnerables, a las trabajadoras del hogar, a las jornaleras, a las personas migrantes y a un largo etcétera que seguirán tal y como han seguido hasta ahora: explotadas y sin recursos. La nueva ley de ciencia es un himno a la división de clases y se olvida (muy intencionadamente) del sector más inestable: las que no son doctoras ni tienen la categoría suficiente, las técnicas de laboratorio. Y no nos olvidemos de las putas, las racializadas, las personas que no se identifican dentro del marco de la ley trans, y un largo etcétera de personas que son excluidas de todos estos supuestos avances.

Nuevamente, tal y como pasó en la II República del frente popular y tal y como pasó en los años ochenta con un PSOE revolucionario, la nueva política nos ha comido la tostada. Y así, en apenas un siglo, ya son tres las veces que nos dejamos llevar por las promesas burguesas del reformismo. La mística socialdemócrata ha vuelto a demostrar que no es una herramienta del pueblo, sino del mismo capital, una llave que hace girar los engranajes más pequeños del sistema para darle un nuevo brillo a las cosas para que así, en el fondo, nada cambie.

Si algo ha conseguido esta nueva política es calmar las ansias de cambio de las clases populares. La misma clase que ahora se queda huérfana y en silencio porque ya no tiene a donde mirar para ser escuchada y compra el discurso populista y fascista de la ultraderecha.

Una vez más, la historia nos demuestra aquello que decía Chomsky de que «cualquier Estado es, en mayor o menor grado, un Estado fascista». Sean quienes sean sus clases dirigentes, serán siempre eso, clases que nos dirigen, por mucho que aparenten ir en armonía con el pueblo que gobiernan, siempre, el pueblo será el objeto a reprimir cuando los pilares mismos de la patria o el capital tiemblen lo más mínimo. Y si la vía parlamentaria ya ha quedado obsoleta, la solución no es ni más partido, ni partidos que se autodefinan como adalid del progreso, caminando hacia adelante, como una nueva vanguardia izquierdista.

La única opción que nos queda es la de volver a recordar nuestra historia y comprender que podemos hacerle frente al poder establecido sin la necesidad de usar sus propios métodos. Que el apoyo mutuo, la autogestión, el internacionalismo, el humanismo integral, la democracia radical y la acción directa, han sido, son y serán las únicas herramientas capaces de organizar la sociedad en pos de su completa emancipación.

No perdamos ni un segundo más de nuestras vidas en crear o defender viejas estructuras de poder. Nuestras fuerzas deben orientarse en la creación de nuevos discursos y espacios que sean ejemplo de un modelo distinto de sociedad y de relación entre personas. No hace mucho, una compañera me preguntaba que cómo definiría un acto revolucionario. Para mí, le dije, es «aquel acto que por muy pequeño que sea destruye lo que existe y crea un vacío de poder en su lugar». Se me pasó añadir, que, en realidad, lo verdaderamente revolucionario es tomar ese vacío y crear algo nuevo que no repita ninguna de las estructuras que la revolución destruyó.

Me temo, compañeras, que no nos queda otra que ser revolucionarias. La tibieza libertaria que, hasta la fecha, sigue agazapada cómodamente en la retaguardia de los movimientos sociales ha de terminar. Un nuevo discurso emancipador es, hoy día, no solo posible sino más necesario que nunca. Al fantasma fascista de la ultraderecha no lo va a frenar un gobierno progresista sino un pueblo organizado. Y un pueblo organizado no necesita un gobierno progre sino el control sobre los medios de producción y una visión emancipadora del ser humano.

Seamos, amigas anarquistas, de nuevo vanguardia y salgamos a gritar: ¡Muerte al Estado y viva la anarquía!

Contra la prisión permanente revisable

Por la reinserción de los presos y presas

Desde su aprobación y de forma progresiva, la prisión permanente revisable ha ido adquiriendo carta de naturaleza gracias al discurso punitivo de la derecha, la extrema derecha y los medios de comunicación sensacionalistas. La reinserción de lxs reclusxs, fin último de toda pena, ha sido triturada por esta ignominiosa ley. Por su parte, la izquierda incumplió su compromiso de derogarla.

El Gobierno del Partido Popular significó un incremento sustancial de leyes represivas y el endurecimiento del código penal. El primer caso, la llamada ley mordaza fue un brutal recorte de las libertades dirigido a cortar de raíz las protestas contra la crisis. Aunque se ha retocado, aún sigue sin ser derogada en su totalidad. Durante esos años se sucedieron detenciones y juicios contra sindicalistas, actores, actrices, tuiterxs, humoristas… De sobra es conocido el caso de la compañía de títeres a cuyos componentes se les aplicó la ley antiterrorista y el régimen FIES (ficheros de internos de especial seguimiento) durante el tiempo de su encarcelamiento, una cárcel dentro de la cárcel, con medidas especiales de control, tales como el acceso a su correspondencia o a sus comunicaciones.

El segundo caso, el corolario a esta política, fue la prisión permanente revisable o, dicho en román paladino, la cadena perpetua, ratificada recientemente por el Tribunal Constitucional (TC). Esta brutal e inhumana ley se aprobó en el contexto de la demagogia punitiva del Partido Popular, de su política reaccionaria de ley y orden. Hoy es utilizada políticamente por la extrema derecha y el propio PP para obtener votos de los sectores más conservadores de la sociedad, manipulando el dolor de las víctimas con fines exclusivamente partidistas. Basta recordar, en el momento en que gobernaba el Partido Popular, dirigido entonces por Rajoy, todo el morbo desplegado por los medios de comunicación cuando se producía algún trágico asesinato, lo que creaba un ambiente que inducía a la histeria y al miedo social, los cuales eran repercutidos por la derecha y la extrema derecha para defender medidas penales más duras. Tampoco hay que olvidar la campaña de firmas promovida por el PP contra la derogación de la prisión permanente, que mantuvo incluso una vez desalojado del Gobierno por sus casos de corrupción.
Numerosos juristas tacharon a la prisión permanente, acto seguido de su aprobación, como una ley de dudosa constitucionalidad, especialmente en el sentido de que ponía en entredicho la reinserción social que ha de tener cualquier persona presa y que está establecida en la Constitución: «Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social» (artículo 25). Al ser una pena indivisible, es decir, sin un grado inferior o superior, deja completamente desarmada jurídicamente a la persona condenada. Una cosa es segura: no hay posibilidad de reducción. Sin esperanzas, destroza moral y psíquicamente a quienes sufren la pena. Por otra parte, ofrece al Estado un poder absoluto sobre las personas. Con esta inicua ley no se quiere aplicar justicia, sino venganza; el «ojo por ojo, diente por diente» atribuido al Código de Hammurabi.

Pero esta involución de la legislación penal no es nueva. Desde 1995 el Código Penal se ha ido endureciendo: supresión de la reducción de penas por el trabajo; pena máxima hasta los 40 años y restricciones para obtener la libertad provisional (2003); la libertad vigilada, para determinados casos, una vez cumplida la condena (2010) y la aberrante prisión permanente (2015).

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), nos ofrece datos muy esclarecedores sobre la desproporción de esta pena en el actual contexto punitivo español: «España tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, siendo, por ejemplo, la tasa media en la UE de 0,92 asesinatos u homicidios consumados por cada 100 000 habitantes, mientras que en España es de 0,69. Sin embargo, contamos con la mayor tasa de personas reclusas de toda Europa occidental, cercana a 150 por cada 10.000 habitantes, y con una media de tiempo de cumplimiento muy elevado, de más de 17 meses, estando la media de los países de la UE en poco más de 7 meses (en España, en el año 1996, el tiempo medio era de 9 meses)».

Antes de la arbitraria resolución del TC, pasó casi desapercibida la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 16 de enero de 2019. En ella se ponían los puntos sobre las íes sobre el significado exacto de esta ley. La sentencia cuestionaba su carácter de «revisable» y sostenía que, en la práctica, más bien, es una cadena perpetua. En los fundamentos de derecho (punto 4) explica que el «legislador de 2015», es decir el ministro de Justicia del PP, resucitó la cadena perpetua del Código de 1848 que fue derogada en 1928 ¡con la dictadura de Primo de Rivera! La Sala especificaba que, a esa misma cadena perpetua, ahora se la denominaba prisión permanente, «con el adjetivo añadido de revisable, que no evita la posibilidad de que integre prisión por vida».

Este último razonamiento coincide con los argumentos que presentaron al TC los partidos promotores del recurso de anticonstitucionalidad. Como apuntaba José María Brunet en un artículo de El País de 29 de septiembre de 2021, los grupos recurrentes achacaron a la ley del PP la vulneración de los puntos 1 y 2 del artículo 25 de la Constitución «al introducir un tipo de pena capaz de prolongarse indefinidamente en el tiempo y alterar el derecho a la reinserción social». La sentencia que venimos comentando también deslizaba otra crítica contundente: la prisión permanente revisable no solo compromete «a perpetuidad la libertad del condenado, sino también su propia dignidad».

Desde su aprobación y hasta su convalidación por el TC, la prisión permanente ha ido imponiéndose aupada por el morbo de los juicios mediáticos, ante la indiferencia de la izquierda parlamentaria que la dejó en manos del TC, aunque haya tenido la posibilidad de cambiar la ley. Esta izquierda que prometió su derogación y cuenta con mayoría suficiente en el parlamento ha incumplido lo que decía al respecto y ha hecho dejación de su obligación moral como fuerza de progreso.

En un escrito contra la prisión permanente revisable, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía llegaba a esta conclusión: «la inseguridad ciudadana no se soluciona con más años de prisión, sino con medidas sociales que luchen contra las causas. El endurecimiento del Código Penal es la consecuencia del fracaso de la política social.»

¿Acaso la solución a los graves problemas sociales, entre otros la exclusión o las enfermedades mentales que vivimos, es la muerte civil de una persona?

Construir comunitat, reforçar el territori

Els discursos polítics dels partits juguen a l’espectacle mediàtic i estètic. Convertir en transcendentals temes superflus i anecdòtics per tal construir un relat que en el que sustentar la seva posició. Focs d’artifici d’una política que se’n diu general, quan realment en podrien dir superficial. Una quota més a cobrir en la societat de l’espectacle que anunciava Guy Debord, que pugui respondre a les necessitats de connectar amb el món d’aquells que la contemplen.

Una distracció que ens amaga una batalla cultural i política exercida de forma constant i aclaparadora. Aquesta es dirigeix contra la principal resistència a l’expansió neoliberal, la comunitat. La individualitat avança, acompanyada de l’egoisme i l’aïllament social, per tal de dibuixar un món a l’abast de la influència exercida pel poder. Sense connexió amb les nostres veïnes, els discursos d’odi i depredació entren a les nostres vides. Per un costat assimilem els valors del capital, milions de persones sense recursos arreu del món aspiren i somien a esdevenir milionari, i per altra mirem amb por aquells que ens envolten. El dibuix que ens volen imposar és clar, la vida és una jungla de tots contra tots, i les desigualtats resultats de l’esforç personal.

És així com es fomenten campanyes criminalitzadores contra les més pobres, les immigrants, les dissidents sexuals, les identitats de gènere diverses, les okupes, i en general contra tot allò que surt fora dels paràmetres desitjats pel capital. Però aquests atacs ens mostren també el camí a recórrer de cara a combatre l’abans dels discursos de l’odi i la por. Buscar la seguretat col·lectiva a través de comunitats fortes. La resposta a un vell debat polític a l’esquerra, que sorgeix de manera espontània i natural.

En el passat els explotats econòmics es trobaven a la fàbrica o al camp, esdevenint la seva condició laboral l’eix en comú que els forjava com a col·lectiu, la classe obrera. Amb la reconversió econòmica capitalista a occident, el model productiu ha variat, forçant el debilitament de la identificació amb la classe. Aquesta a més ha estat reforçada per una ofensiva brutal des dels entorns culturals, dissipant aquelles identitats que posen en perill el poder.

El lloc comú des d’on bastir les resistències i projectar les alternatives al capitalisme és el territori. Els barris i pobles són els espais de trobada on unir les sinergies entre les desposseïdes. D’aquesta manera sorgeixen periòdicament moviments, que parteixen d’aquesta realitat, com a puntes de llança per la dignitat i els drets socials. Fa deu anys el 15M va arrelar precisament a les places, punt de trobada físics. I quan aquest va créixer es van desplaçar les acampades del centre als barris de les grans ciutats. De forma intuïtiva s’anava a fer política allà on es podia incidir de forma directa, formant part de la comunitat.

De la mateixa manera es pot observar en els moviments socials més importants que hem viscut en els últims anys a Catalunya, el procés independentista i la lluita per l’habitatge. Aquest últim ha fet un creixement importantíssim en els últims anys, tant a escala qualitativa, com quantitativa, amb origen en la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), que va ser un dels col·lectius que més va créixer amb el cicle del 15M. Aquesta va acabar condicionada per interessos partidistes i el joc polític d’alguns dels seus militants més destacats. Les que menys es van veure afectades per aquesta deriva van ser justament les PAH’s que van sorgir en pobles i ciutats petites. Però del mateix sentiment de la PAH van començar a sorgir a partir del 2016 els sindicats de barri, un nou actor en la lluita per l’habitatge que posa el focus en els barris.

Aquesta estratègia ha fet possible una incidència molt més gran, creant cada cop més sindicats arreu del territori català, fins a arribar a barris i pobles on anteriorment no hi havia hagut cap moviment social destacable. Els sindicats d’habitatge han esdevingut eines importantíssimes a l’hora de vertebrar comunitat entre les classes més baixes, generant un orgull de pertinença a la classe i al territori al qual es pertany. Lluny de discursos sectaris i amb una pràctica pragmàtica, però combativa, han portat la lluita a sectors socials als quals els moviments socials no havien pogut mobilitzar. Generant un subjecte polític representatiu d’aquelles més castigades pel capital. Posar el territori al centre permet aglutinar la diversitat d’identitats existents a una societat sota un sol paraigües combatiu. D’aquesta manera es pot percebre com lluites aparentment diferents de la de l’habitatge s’entrelliguen en aquests pols de lluita que són els sindicats.

Un altre exemple on l’organització territorial ha pogut superar l’escenari de política institucional ha estat el moviment independentista. Un moviment de masses a Catalunya, però que els diferents partits havien pogut canalitzar. Això canvia amb el referèndum de l’1 d’octubre del 2017. Els partits majoritaris i la Generalitat es van intentar rentar les mans, donant la consigna a les organitzacions que controlaven de no forçar la situació. Però la ciutadania els va passar per sobre, amb un exercici d’autoorganització espectacular es va fer possible aquella votació, amb el sorgiment dels Comitès en Defensa del Referèndum (CDR). No només això, sinó que la força demostrada va fer que aquest evolucionessin i es multipliquessin per tot el territori, sorgint a la gran majoria de municipis catalans. Els CDR’s han estat un actor clau en la radicalització del conflicte portant-lo al carrer i polititzant una part de l’independentisme cap a l’esquerra transformadora. Aquestes estructures populars són les que durant el confinament van desenvolupar les xarxes de suport mutu per assegurar les necessitats més bàsiques de les seves comunitats.

En resum, en un moment en què part de l’esquerra es perd en lluites sobre identitats, el territori esdevenen un pol d’unitat i política real. Un espai on trobar-se a partir de la realitat local, amb capacitat de realitzar canvis que afecten la vida de les persones. I quelcom important, la de generar una identitat basada en una pertinença amplia i diversa, però partint de diferents opressions. En el territori es troba la lluita per l’habitatge, el feminisme, l’antiracisme, el sindicalisme i l’alliberament nacional, cada lluita impregnant a les altres i radicalitzant les pràctiques. Un camí per lluitar i un horitzó cap on caminar.

AL FILO DE LA NAVAJA

ALGUNAS CLAVES SOBRE LA ENCRUCIJADA ENERGÉTICA

En nuestro día a día, nos duchamos con agua caliente de termo de gas, vamos al curre en coche, utilizamos dispositivos electrónicos como ordenadores y teléfonos, cocinamos con gas o con vitrocerámica eléctrica, aclimatamos nuestros hogares con aire acondicionado o calefacción, vamos a diferentes comercios y encontramos lo que estábamos buscando… Quehaceres cotidianos a los que estamos tan acostumbradas que, habitualmente, ni siquiera nos damos cuenta de lo que implican a nivel económico, social y ambiental. Sin embargo, detrás de cada una de estas tareas habituales hay toda una pléyade de materiales y una compleja red de trabajos que los hacen posible. Algunos de estos elementos que juegan entre bambalinas para muchas de nosotras están quedando ahora al descubierto, como si se estuviera empezando a deshacer el decorado de un inmenso escenario en plena función.

Uno de los actores ocultos que está quedando al descubierto, últimamente, es el sistema eléctrico y todo lo que este conlleva, incluyendo a miles de trabajadores y trabajadoras. Los medios de comunicación de las clases dirigentes no paran de hablar sobre la subida del precio de la electricidad. Nos estamos empezando a enterar del sistema de cálculo del precio mayorista de la electricidad; un cálculo «marginalista», le llaman, por el que toda la energía eléctrica se paga al precio de la última en entrar en subasta (la más cara, es decir, el gas, que se quema en centrales térmicas). Un sistema de precios diseñado por las burocracias neoliberales de la Unión Europea al servicio de los grandes capitalistas. También estamos aprendiendo que estamos llegando al pico de extracción mundial de gas y que su precio mayorista en Europa ha aumentado cerca del 80% desde la primavera. También sabemos ahora que el mercado de gas está, geográficamente, mucho más localizado que el de petróleo debido a las dificultades para su transporte; hace falta construir gaseoductos y el transporte marítimo de gas (licuado) es muy costoso económica y energéticamente. Además, estamos aprendiendo política geoestratégica al identificar el papel clave de Rusia y Argelia en el suministro de gas a Europa. Para quienes ya tenemos unos años y encajamos en la categoría de boomers, estos aprendizajes se conectan con recuerdos que vamos desempolvando, poco a poco, como la privatización de la empresa pública de generación de electricidad (Endesa) por parte del PSOE y el PP. Al unir todas estas informaciones en nuestro puzle mental, podemos llegar a la conclusión de que existe un riesgo importante de que el gas se convierta en un lujo o, incluso, de quedar desabastecidas. Entonces, algunas veces, tendemos a olvidar estas malas informaciones. Nuestro cerebro pone en marcha, de manera inconsciente, la disonancia cognitiva que arrincona en nuestras neuronas aquellas informaciones que hacen tambalearse nuestra percepción actual del mundo. Sin embargo, las noticias y la factura de la electricidad se empeñan en recordarnos, una y otra vez, que algo fuera de lo habitual está pasando.

A la subida del precio del gas y la electricidad se suma el ascenso de los precios de la gasolina (el barril de Brent está por encima de ochenta dólares) y de recursos naturales claves como el magnesio, imprescindible en multitud de procesos productivos básicos como los del acero y el aluminio (necesarios para las energías solar y eólica). Por si esto fuera poco, las cadenas internacionales de producción están mal engrasadas tras la parada productiva de la pandemia. Esto, unido a la carestía de materias primas claves, dificulta la producción y el transporte de mercancías. A todo esto hay que sumarle una economía capitalista exhausta que aún no se ha recuperado de la crisis económica que comenzara en 2008. Una economía dopada con grandes inyecciones de capital por parte de los bancos centrales. Capital que se dirige, fundamentalmente, a burbujas financieras especulativas, y que deja de lado las inversiones productivas, ya que estas ofrecen cada vez menos beneficios en un contexto de caída general de la tasa de beneficios de los capitalistas en el marco de un sistema socioeconómico muy maduro. Escasas inversiones productivas que se combinan con altas tasas de explotación ambiental y laboral para aumentar los beneficios menguantes, lo que conduce a la falta de mano de obra (a la que hay que pagar y formar con tiempo, pues no aparece de la nada) y a la guinda de este pastel del despropósito: un cambio climático que se agrava cada día camino del calentamiento brusco e incontrolado en pocas décadas. Además, el dinero barato de los bancos centrales ha generado grandes deudas privadas y estatales que, ahora, con el aumento de la actividad económica tras la mejora parcial de la situación pandémica y la escasez de ciertas materias primas, está generando un aumento de precios. En este contexto, los capitalistas no tienen salida buena en la gestión de su sistema. Si siguen inyectando dinero barato acabarán explotando burbujas especulativas y la inflación frenará su sacrosanto crecimiento económico. Pero es que si suben los tipos de interés, dejarán al descubierto a multitud de empresas y estados zombis que no podrán pagar sus deudas, lo que pondría en marcha una muy posible cascada de impagos con el riesgo de que cayeran algunas empresas/bancos «demasiado grandes para caer».

Dejándonos llevar por estos análisis tan terrenales y poco agradables podrían venirnos a la cabeza escenas distópicas que hubiésemos visto en alguna película o serie de esas que tanto abundan sobre catástrofes. Podríamos imaginarnos a dos hombres peleando en una gasolinera londinense por el último litro disponible de gasolina. Las imágenes de ficción se podrían mezclar con las reales y vernos a nosotras mismas en un gran apagón, ensayando una ceguera comunitaria. Entonces, en este escenario tan complejo e inquietante, al borde del precipicio, de la navaja, podríamos darnos cuenta de que la solución suele ser siempre la más sencilla: «¡es el capitalismo, imbécil!», acabaríamos gritándonos al mismo tiempo que nos autoorganizamos desde la dignidad y por la supervivencia.

La paz para quien la quiera

El desgarrador asesinato de Samuel Luiz, en julio, nos conmocionó y puso el foco en el aumento que las agresiones lgtbifóbicas están teniendo en los últimos años (según los datos que recoge el Portal estadístico de criminalidad del Ministerio de Interior).

En 2019 mis amigas cortaron la calle frente a Puerta Osario (Sevilla) con un cartel que decía «ESTAMOS EN GUERRA». Mis amigas ponían título a su lucha y nos alumbraban. La guerra que las mujeres sufren, la guerra que también sostenemos las disidencias sexuales por no ajustarnos a las normas de un panorama heterocispatriarcal que se disfraza bajo la modernidad capitalista, que de nosotras solo quiere nuestro dinero. Nos ahoga y legitima la violencia cada vez con menos disimulo y más dureza. Las marikas estamos en guerra.

Por si ya nadie se acuerda, el 27 de marzo de 212 en Santiago de Chile, Daniel Zamudio, un joven de 25 años, era atacado y torturado en un parque de la capital chilena hasta provocarle la muerte con un traumatismo craneoencefálico. Previo a su muerte, le dibujaron una esvástica con una navaja en la piel y quemaron colillas de cigarro sobre él. Posteriormente, en Chile emitieron una serie donde Zamudio aparecía como un joven promiscuo que tenía relaciones con señores mayor que él y a sus asesinos como víctimas de un sistema social injusto que se vieron avocados al asesinato.

Samuel Luiz, un joven «maricón» más, tan cotidiano como yo, que escribo este artículo, salió de fiesta con sus amigas una noche en la que la furia del tan sano sistema heterocispatriarcal lo torturó con una brutal paliza en varios ataques que duraron en torno a unos seis minutos. A Samuel también lo mataron.

Las amigas de Samuel salieron en televisión narrando el desconsuelo, los hechos, las palabras de «maricón de mierda», el vacío y el trauma que se les ha quedado para siempre. Las marikas que vimos esas imágenes vimos en esas amigas, a todas nuestras amigas, llorando por nosotras, en un hecho sin vuelta atrás, en una desaparición sin lugar a una prórroga, en una brutalidad de película encarnizada en su piel. Mientras tanto teníamos que seguir discutiendo en nuestros trabajos, en la calle o con nuestras familias si lo habían matado por ser maricón.

La posibilidad de que te puedan matar un día cualquiera en la calle por mostrar libremente con quién te gusta acostarte o de quién te enamoras es una razón de suficiente peso para que actives el «ve con cuidado», para que ocultes un poquito tus formas de contarle a todos quién eres, para que temas por ti y por tantos otros que quieres.

Pero quería contarles algo sobre esta guerra de la que hablaba al principio. Los maricones libramos una guerra toda nuestra vida, no digo que sea ni peor ni mejor que otras que se han de librar, digo que es la nuestra y que entre tantas cosas el lavado rosa que el capitalismo ha hecho con nuestra sexualidad hace que hayamos pensado que nosotras ya estábamos a salvo. Como si ya pudiéramos respirar tranquilas porque ya nos dejan casarnos y adoptar. Ya esta sociedad nos tolera. Bueno, en realidad, lo que la sociedad nos deja es que consumamos, que compremos viajes para gays, vayamos a hoteles gays, salgamos en discotecas y festivales gays, utilicemos apps gays y todo al módico precio de estar cada vez un poquito más «atontadas», más vacías de rabia, más conformistas, más entretenidas, menos organizadas, más drogadas y mucho más solas.

De repente ¡pum!, resulta que la muerte de Samuel nos saca unos llantos a borbotones cargados de cansancio, de heridas mal cerradas, de traumas, de hartazgo de librar batallas. La de la niñez con el primer «maricón» en tu cara, la de contarlo o no en casa, la del «no lo parecías», la del hetero que te gustaba en el instituto y nunca nadie lo supo, la de serlo en el entorno laboral, la de esconder la pulsera con la bandera en el gimnasio, la de las bromas del jabón en las duchas, la del novio hetero de tu mejor amiga, la del coche que pasó y nos gritó. Todas esas que las hemos normalizado y las llevamos como mochilita en la espalda sin decir nada a nadie, porque en el fondo pareciera que hasta nosotras nos hemos creído lo de «no tenemos de qué quejarnos», nos hemos creído «que ya está todo hecho». Hemos dejado que el mercado rosa gane, que el amor romántico gane, que las drogas ganen y así nos hemos ido quedando cada vez más solas, más distraídas y expuestas.

Harvey Milk dijo que, si algún día una bala lo alcanzaba, ojalá sirviera para abrir las puertas de todos los armarios y ¿saben cuál es la pena? La bala alcanzó a Harvey, pero antes ya había alcanzado a Lorca, y más tarde mató a Zamudio y asesinó a Samuel. Y aunque muchos armarios se hayan abierto, las balas siguen a punto de ser disparadas contra nosotras en cualquier momento y no debería haber paz para quien nos apunta con esa arma.

Si olvidamos quién porta el arma, quién se lucra con nuestra sexualidad, quién nos da «gato por liebre». Si olvidamos que solo organizadas podremos sostener esta resistencia, que solo nosotras podemos dar voz a nuestra disidencia, si apagamos nuestra potencia, nuestra mirada, nuestra energía de multiplicarnos, de abrazarnos, de protegernos, de ponernos voz, cara, de llenarnos de historia, estaremos siempre en riesgo, en vulnerabilidad, amenazadas de muerte.

Por eso, igual que mis amigas ya afirmaron con tanta rotundidad aquel 8 de marzo con aquel cartel, nosotras no deberíamos olvidarnos jamás: estamos en guerra.

ANARQUISMO DE BARRIO

LA FEDERACIÓN ANARQUISTA DE GRAN CANARIA SE HA CONVERTIDO EN UN REFERENTE. HAN PROMOVIDO ONCE COMUNIDADES DE VIVIENDAS DE AUTOGESTIÓN VECINAL Y NUMEROSOS PROYECTOS DE REALOJO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO. AHORA LUCHAN CONTRA EL DESAHUCIO DE OTRA COMUNIDAD: LA MARISMA. HABLAMOS CON UNO DE SUS PORTAVOCES RUYMAN RODRÍGUEZ, INMERSO EN UN PROCESO JUDICIAL POR SU MILITANCIA EN ESTOS PROYECTOS.

¿Como estás? ¿En qué punto está ese proceso?

El caso lleva seis años coleando. El juicio (contra él por atentado y contra tres guardias civiles por tortura) era el 24 de marzo, pero tras la campaña que se organizó, los guardias civiles pidieron que los consideraran aforados, que implica que juzgue otra instancia superior. 

La Federación Anarquista de Gran Canaria ha trascendido fronteras. Cuéntanos qué hacéis. 

La Federación surge al albor del 15M de forma muy espontánea. Éramos un grupito anarquista en la plaza de San Telmo y fuimos viendo que nuestro discurso calaba y cada vez había más anarquistas y más gente que se interesaba por el anarquismo. Al principio era un anarquismo muy convencional. Nos dimos cuenta que era una línea muy combativa que estaba muy bien, pero muy alejada de la situación social canaria, que era muy alarmante. Tenemos la mayor ratio de pobreza infantil de Europa, un 35% de los niños canarios son pobres. Más de un 45% de la población canaria está en riesgo de exclusión social. En los últimos cinco años ha subido un 56% el precio del alquiler. Somos la región más pobre con uno de los consumos más altos. Eso es insostenible y ha arrojado a mucha gente a la indigencia. Y nos metimos ahí. Empezamos con la vivienda, parando desahucios, pero nos dimos cuenta que nos faltaba el plan B. Entonces empezamos a hacer los primeros proyectos de realojo y así surgen las primeras comunidades. Hablamos de comunidades autogestionadas llevadas por las propias vecinas. En algunas, como la Comunidad de La Esperanza, viven más de 210 personas. 76 familias viviendo en autogestión. Otras son proyectos dedicados a migrantes en situación de persecución policial y se llevan de forma más reservada para evitar deportaciones. Son comunidades en las que hay actualmente más de 270 personas. Al final el ejemplo va cundiendo y la gente asume que es mucho mejor un modelo cohabitacional en colectivo, en comunidad, que solos. 

¿Como accedéis a estos espacios? 

En muchas de estas comunidades, como La Esperanza, se llega a un acuerdo con la promotora que estaba en quiebra, embargada por Bankia. Llegamos a un acuerdo para realojar a las familias y de camino jodemos al banco, que le va a costar mucho más echar a estas familias y que esta persona pierda la propiedad. Otras veces okupamos después de hacer un estudio de la titularidad. Siempre son de personas jurídicas, bancos, empresas, la Sareb. 

Actualmente hay once comunidades, pero entre las comunidades y las viviendas unifamiliares, calculamos que hay más de 1.000 personas viviendo en autogestión en Gran Canaria, que para una isla tan chica como la nuestra es un hito. 

En 2017 se produce una situación que es un poco paradójica. Cuanto más nos metemos en este tipo de anarquismo de barrio, como nosotras lo llamamos, hay más vecinas que quieren implicarse en la Federación Anarquista. El problema es que muchas veces son personas a las que les gustan las herramientas, pero no tienen por qué definirse como anarquistas. Entonces surgió la idea de formar una organización más amplia, de masas y es ahí cuando nace el Sindicato de Inquilinas. 

¿Y qué ocurre con La Marisma? 

La Marisma surge de otra manera. Ellas llegan a esta situación porque contactan con un supuesto promotor inmobiliario que les ofrece unas viviendas que llevaban abandonadas diez años. El promotor les dice que les va a ir descontando los arreglos de la vivienda del alquiler y que les formalizará un contrato de arrendamiento. Que le den 100 euros a modo de buen
voluntad a cambio de las llaves y en las próximas semanas se formalizaría el contrato. Les vecines, 28 familias, lo hacen; el tipo se embolsa 2 800 euros, les da las llaves y desaparece. Las familias se quedan sin ese dinero y se meten en las viviendas que están destrozadas. Durante seis meses han estado reciclando de la basura, ayudándose unas a otros y creando verdaderos hogares. Y ahora que son inmobiliariamente atractivas les contacta el banco, que les informa de que los quiere echar. Es un fondo de inversión de Caixabank y se dedican a hostigarles. Las vecinas nos contactan y a partir de ahí se pone en marcha esta campaña. Primero redactamos recursos legales para todos y cada una para ahogar a los juzgados en papel. Sabemos que solo servirá para ganar tiempo pero es necesario. Después hacemos lo que llamamos «guerra de tinta»: contactar con todos los medios posibles, empezamos la presión contra la propiedad y conseguimos que se sentara a negociar. Después hubo que presionar al Ayuntamiento porque se negaba a facilitar los informes de vulnerabilidad que requiere la propiedad. El resultado ha sido que el pasado 15 junio, ocho de estas familias se exponían a un juicio por usurpación y la propiedad retiró la demanda penal. Todavía queda en pie la demanda civil, pero es un gran paso. 

¿Por qué es tan difícil que se reproduzcan estas experiencias en otros espacios militantes anarquistas? 

Al final se convierte todo en un concurso de pureza anarquista, como si fuera una cuestión de grados. La realidad no es esa. Si seguimos potenciando ese anarquismo lo acabaremos convirtiendo en un club de intelectuales. Y en realidad el anarquismo a quien es útil es a la persona a la que van a desahuciar y tiene miedo que los servicios sociales les quiten a sus hijos o a la persona migrante que tiene que buscarse un refugio para esconderse. Sin embargo, no usan las ideas anarquistas porque las hayan leído en un libro y sean muy brillantes, ni pueden dedicarse seis horas a participar en una asamblea interminable. Lo necesitan para sobrevivir. En realidad, el anarquismo es algo eminentemente práctico y nos hemos olvidado de eso. 

Y es verdad que hay otros vectores: el racismo, el machismo, el capitalismo feroz. Pero es que, eso, o se lo entregamos al enemigo y nos rendimos y nos damos la vuelta, o nos metemos y lo cambiamos. Hay quien critica que hay gente que está muy necesitada pero lleva un dineral en tatuajes. Ya lo decía Galeano: «En casas en las que falta la leche sobra Coca Cola». Porque las leyes del consumo son obligatorias para todas. El lugar del anarquismo está ahí y tenemos que tener claro que, si no estamos nosotras, va a estar el fascismo. ¿Qué quieres barrios fascistas o barrios anarquistas? Yo lo tengo claro.

El control del alquiler a debate

La experiencia de Nueva York

«La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado.» Así respondió José Luis Ábalos a las preguntas sobre el desacuerdo entre PSOE y UP a raíz de la nueva ley de vivienda que contempla el pacto de Gobierno. La paradoja del ministro no debe sorprender, puesto que está en la línea de la evolución ideológica neoliberal de los partidos socialistas en las últimas décadas. Sí sorprende, en cambio, si tenemos en cuenta que estamos ante el Gobierno más progresista de la historia. O eso nos han contado, porque en materia de vivienda, la afirmación no es cierta. El derecho a la vivienda no se puede garantizar sin regular el mercado, especialmente en grandes ciudades. La vivienda no es una mercancía como otra cualquiera. Al ser un bien raíz, su ubicación geográfica condiciona los precios, lo que explica que el mismo piso, con las mismas características, cueste más en el Arenal que en Amate. La vivienda, además, satisface una necesidad humana fundamental: el refugio, donde nos sentimos seguras, donde tenemos intimidad. Hasta en el epicentro del capitalismo global, Nueva York, lo saben y desde hace un siglo tienen políticas de control del alquiler. No es la única ciudad norteamericana: San Francisco, Los Ángeles o Seattle también han regulado los precios de los arrendamientos. Se trata de una política que el PSOE rechaza aplicar; pero ¿en qué consiste exactamente?

El control del alquiler significa que algunos propietarios privados que arriendan una o varias viviendas tienen un límite máximo fijado por el Estado en el precio de la renta. La política garantiza el acceso a la vivienda a un gran número de personas, asegurando su permanencia en las mismas, puesto que obliga a renovar contratos y evita subidas de renta abruptas. También impone unos estándares mínimos de habitabilidad. Esto es especialmente relevante en Nueva York, una de las ciudades más caras del mundo, donde casi un millón de viviendas tienen el precio regulado por ley, lo que se calcula que es un 40-45% del total del mercado de arrendamientos. El control del alquiler se fundamenta en que caseros e inquilinas no negocian los precios en igualdad, sino que los primeros se encuentran en una posición de poder y tienen la facultad de imponer condiciones injustas o arbitrarias en un mercado muy especulativo. Además, la regulación se legitima en que los propietarios de las viviendas intervenidas ya han recuperado la inversión que realizaron para construirlas: son objeto de control del alquiler todos los edificios de seis viviendas o más levantados entre 1947 y 1974. Los precios se fijan una vez al año en una comisión del Ayuntamiento teniendo en cuenta las características (año de construcción, número de habitaciones, tamaño, etc.) y la localización. Bajo el mandato del alcalde, Bill de Blasio, los precios han subido entre un 1 y un 4% anualmente, y con la pandemia se han congelado. La situación contrasta con las subidas de hasta un 8% permitidas cuando gobernó, entre 2002 y 2013, el multimillonario y entonces republicano Bloomberg.

Estas normas generales tienen excepciones. Por ejemplo, si la renta, con sus incrementos anuales, alcanza los 2 733 dólares al mes, se entiende que la vivienda pasa a estar en el mercado libre y el casero podrá aumentarla a su gusto. De esta forma, el programa del control de alquiler ha perdido casi 300 000 viviendas desde 1994. Cabe puntualizar que, en abril de 2021, el precio medio mensual de un alquiler de un piso de una habitación en Nueva York era de 2 500 dólares, y había descendido por la pandemia, tras llegar a rozar los 3 000 dólares en 2019. Otro supuesto por el que la vivienda puede dejar de estar regulada es si la propiedad hace una inversión considerable en ella. Por su parte, los propietarios de viviendas posteriores a 1974 tienen incentivos fiscales para que entren en el programa. Desde la perspectiva del inquilinx, si pasa a ganar más de 200 000 dólares al año, automáticamente la propiedad tiene derecho a sacar la vivienda del marco regulado. A estas excepciones se suman algunas deficiencias. Por ejemplo, debido a los tipos de edificios que se contemplan, la gran parte de los apartamentos controlados están en el norte del Bronx y de Queens o en barrios centrales de Brooklyn, lo que contribuye a cierta segregación, puesto que un buen número de personas beneficiadas por esta política son clases trabajadoras racializadas, en ocasiones jóvenes precarizadxs o mujeres migrantes. Estas personas también se favorecen de otras políticas en la materia, como las de vivienda pública, que si se han mantenido vigentes en el contexto desregulador del neoliberalismo ha sido gracias a la movilización constante de sindicatos de inquilinxs y colectivos por el derecho a la vivienda.

Estos mismos colectivos son los que, en el marco de la pandemia, han organizado la campaña #CancelTheRent con el objetivo de condonar miles de dólares de deuda que acumulan muchxs inquilinxs. La crisis de la covid-19 está haciendo emerger problemas estructurales del mercado de la vivienda neoyorquino, lo que demuestra que tampoco podemos idealizar el control del alquiler. A pesar de esta regulación, en 2017 se calculaba que el 45% del inquilinato blanco y el 57% del inquilinato negro y latino destinaba más del 30% de su salario a pagar el alquiler. Asimismo, en 2018 se produjeron casi 20 000 desahucios por impago del alquiler. La situación se solapa con las prácticas cuasi mafiosas de muchos caseros, de viviendas reguladas o en el mercado libre, propietarios individuales o empresas. Estas últimas han crecido tras la crisis de 2008, sobre todo las entidades financieras, que son dueñas de unas 100 000 viviendas con los precios regulados. Si la situación general es mala, incluso extrema para familias en barrios obreros, sería todavía peor si no existiera el control del alquiler. En Nueva York, como en tantas otras ciudades, existe una emergencia habitacional cada vez más acuciante. El control del alquiler no es una panacea y, de forma aislada, es insuficiente, aunque contribuye a combatir la especulación y dar seguridad en el acceso y disfrute de una vivienda para muchas personas con pocos ingresos. En definitiva, es una política intervencionista necesaria para compensar un mercado en sí mismo desequilibrado, que debe complementarse con otras políticas proactivas de vivienda para que sea eficiente y socialmente justo. Lo mínimo que esperamos del Gobierno más progresista de la historia.

Remontando lo Común

Madrid 2021

El desalojo del Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA) en Madrid pone en evidencia una dualidad muy sencilla: la política de tierra quemada del Ayuntamiento de Almeida frente a los centros sociales, las asociaciones vecinales y cualquier atisbo de espacio o estructura de organización fuera del marco de la ciudad-mercado. Esta dualidad polarizante derecha política/comunes urbanos podría parecer obvia, pero no ha sido así siempre en la ciudad de Madrid; hemos visto a Gallardón y a Manzano ceder espacio a asociaciones vecinales e incluso a centros sociales okupados.

El verdadero cambio en las inercias de relación entre lo comunitario y lo municipal tuvo lugar en Madrid durante el mandato de Manuela Carmena, que se empeñó junto con las diversas facciones de la izquierda que la acompañaron en la locura de gobernar la ciudad renegando de su programa político y de las bases que impulsaron la candidatura, en las que los diferentes tejidos comunitarios se volcaron en gran medida. Las timoratas cesiones de la pasada legislatura y la negación de un estatuto propio para los centros sociales son una explicación fundamental de la historia reciente de estos espacios. Para colmo de desinformación, se suele nombrar a estos espacios «los espacios de Carmena». Curioso, fueron y son de los pocos lugares desde los que se ha hecho oposición al urbanismo neoliberal de los ayuntamientos de Madrid de ayer, de hoy y de siempre.

Así pues, la explicación política del ciclo de desalojos de espacios cedidos y okupados en Madrid durante el Almeidato se encuentra en la polarización de todo de hoy y en la emergencia fascista en las instituciones, pero no solo. También se encuentra en la instrumentalización y posterior abandono de estas experiencias por parte de eso que se llamó municipalismo en Madrid.

Al desaparecer espacios como EVA o La Ingobernable no desaparecen las comunidades que los impulsan, sostienen y cuidan. Sigue latiendo en los barrios la necesidad de espacios para la vida que les niega el urbanismo «democrático» de la ciudad europea contemporánea, que privatiza cada vez más servicios públicos y que preserva el vacío urbano como bien escaso para futuros momentos de emergencia especulativa. Vivir y sobrevivir en la ciudad es cada vez más difícil y más precario para muchas personas. Vemos en estos meses que el capitalismo despliega sus estrategias pandémicas y que derechos como el alimento, el aire, el agua, la comida y el techo están cada vez más cuestionados, aun considerándolos formalmente fundamentales. El derecho a la ciudad y al territorio cobran un sentido especial en los tiempos que corren, el deseo de juntarse se torna en necesidad de organizarse de formas diversas en los territorios urbanos y, sin duda, buscará formas de expresión en los repertorios y en la imaginación radical posible ante las múltiples realidades urbanas de una ciudad que se permite cortar el suministro eléctrico en la Cañada Real en los meses más fríos que ha conocido nadie por aquí, que especula con el suelo público allá donde hay posibilidad, que desahucia y que golpea sin cesar a cada forma de denuncia o de lucha.

La característica desigualdad socioeconómica entre los barrios de Madrid se acrecienta, al tiempo que las luchas urbanas y la organización popular busca formas de reinventarse y de afrontar nuevos retos. Multiplicidad de repertorios de acción y de posibilidad de análisis, pero también intentos metropolitanos de estructuras de apoyo mutuo y enunciación colectiva. Así muchos espacios (okupas, alquilados, cedidos, incluso otros) mantienen conversaciones en la actual REMA (Red de Espacios Madrileños Autogestionados) con el deseo de reencender la mecha y la práctica cotidiana del entendimiento y el respeto a prácticas no alineadas. Federaciones de deseos y necesidades, apoyo en convocatorias de cada espacio y entendimiento entre prácticas y retóricas diversas son los mimbres de una resistencia popular en tiempos difíciles, también en lo que al territorio se refiere.

Volviendo a EVA, ha sido un espacio intensamente usado, muy disfrutado, que ha servido de cobijo a innumerables acciones y eventos de todo tipo, muy conectados con la realidad del barrio y del distrito que les rodea, pero también con prácticas metropolitanas que lo han convertido en un referente para gente de toda la ciudad. Esta intensidad afectiva se hizo bien visible en la manifestación que precedió a su desalojo; masiva, alegre y diversa. No en vano el proceso es más antiguo que el espacio y que el carmenismo. Surge con el desalojo de La Traba, un CSO (Centro Social Okupado) de larga trayectoria que contaba con un descomunal espacio en Arganzuela. La conversación abierta entre personas vinculadas a La Traba, a organizaciones vecinales, sociales, culturales, etc., es la chispa constituyente del proceso que reclamaba, y reclama, la totalidad del mercado de frutas y verduras de Legazpi. El mercado queda ahora, de nuevo, totalmente abandonado y destruido por la piqueta municipal que demolió todos sus cerramientos al tiempo que lo considera, ironías de la nueva vieja política, patrimonio.

La posibilidad de desarrollo de centros sociales autogestionados en Madrid está muy limitada a día de hoy. Sigue la incógnita de si surgirá un nuevo ciclo de okupaciones y si perdurarán. También de si aparecerán nuevos repertorios de acción. Ha habido otros periodos de dificultades en las últimas décadas, periodos de desalojos encadenados y decaimiento de las prácticas. La ciudad no es ni será la misma, algunas cosas serán diferentes, más difíciles; otras parecen nunca cambiar.

Se respira solidaridad entre espacios en esta época extraña de desalojos y pandemia; puede que la acogida a la gira zapatista de 2021, las redes de solidaridad ante la pobreza y la precariedad, o simplemente la emergencia de la primavera sirvan para tejer redes y apoyo mutuo. Puede que saque del centro de los imaginarios al infierno faccional de la política parlamentaria y deje espacio para la imaginación y para una nueva materialidad. El reconocimiento de la diversidad en este ámbito, entre los centros, es importante y viene de una década de aproximaciones, planteamientos en común. La fragilidad que nos atraviesa no es hegemónica, es solamente el camino por andar.

Madrid es un espacio de deseo para personas que venimos de otros territorios. El trabajo es uno de los motivos, pero no el único. El carácter de ciudad abierta y de acogida es real para muchas personas. Ese carácter necesita territorio y en ese equilibrio podremos medir la resiliencia de las prácticas y de las comunidades, que tienen mucho por hacer e inventar.

Canarias: el muro que emerge del mar

En el primer envite migratorio desde el inicio de la pandemia ha ganado el caos a pesar de los esfuerzos. El Gobierno de España ha llegado tarde, mal y con un enfoque distorsionado a la situación migratoria de Canarias por la lejanía y la ausencia de una respuesta integral y temprana a un fenómeno que implica coordinación, disposición, músculo administrativo, capacidad diplomática, pedagogía y prevención de la xenofobia, y humanidad. Y han fallado, al menos, estas seis columnas capitales.

El repunte migratorio que venía viviendo Canarias se inició en septiembre de 2019 y la red de acogida humanitaria se está levantando un año y cuatro meses después. Mientras tanto, se vivió de angustias y noches sin dormir por no tener capacidad de acogida, del uso de espacios públicos durante el confinamiento y de la utilización de hoteles como espacios de acogida humanitaria de emergencia.

La descoordinación entre administraciones hasta el mes de noviembre fue preocupante, especialmente entre los diferentes ministerios del Gobierno de España que están implicados en la gestión (Interior y Migraciones, con Defensa como invitado especial). Es inexplicable la tardanza en habilitar un Centro de Atención Temporal a Extranjeros que desahogara Arguineguín, tanto como el retraso en la cesión de espacios militares en desuso para gestionar la acogida humanitaria ante la ausencia de recursos disponibles. Todo esto ha ido desembocando en una suerte de decisiones arriesgadas en las que cada error u ocultación ha sido un tiro en el pie para los gestores y unos metros más en el trampolín del racismo para las personas migrantes, completamente expuestas. Y ha tenido como consecuencia revestir la realidad migratoria de una situación de crisis que conceptualiza el fenómeno como un problema y no como una situación estructural a gestionar.

El muelle de Arguineguín fue el cénit de la exposición de algo evidentemente evitable. Se llenan la boca algunos representantes públicos para acusar de racista a la población civil que ha vociferado contra las migraciones cuando el mayor grito racista ha sido el muelle de Arguineguín y la violación de derechos sistematizada que se produjo en aquella explanada durante semanas. Centenares de personas vieron sus derechos violentados en aquel espacio, sin que se preservara siquiera la salud en tiempos de pandemia. Carencia de higiene, de asistencia letrada, poca comida, sin servicios adecuados y durmiendo en el suelo, muchas de ellas a la intemperie. Una innecesaria crueldad que se podía haber evitado y no se hizo. Esa pesadilla no quita que las protestas contra personas vulnerables con evidentes tintes racistas sean intolerables.

La situación migratoria en Canarias y las decisiones del Gobierno de España se han solapado con una grave crisis del principal motor de la economía de las Islas: el turismo. En 2019 el 35% del PIB local dependía de forma directa de este sector al que le ha estallado las restricciones de movilidad impuestas a consecuencia de la pandemia. En la última década, a pesar de récords encadenados de llegadas de turistas, hasta los 16 millones de personas anuales, la población de las Islas ha soportado tasas de riesgo de pobreza y exclusión social muy por encima de la media estatal. Alrededor del 35% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social, según el último informe Arope presentado por EAPN; más del 27% de la población en edad de trabajar está en paro, casi 270 mil personas; además, a finales de octubre había, además, casi 85 mil personas con un ERTE.

Esta situación de dependencia económica de un sector que ha quedado destruido por las restricciones derivadas de la pandemia, la cronificación de una pobreza que se ha convertido en estructural, el potente incremento de las personas desempleadas y la incertidumbre de aquellas que tienen un ERTE hacen que las políticas migratorias deban de tener en cuenta el contexto social. Se ha producido un tremendo desajuste en el contexto con la crisis turística, la pandemia y el fenómeno migratorio. Las decisiones puestas en marcha no poseen un carácter integral, que hayan comprendido este desajuste y sus consecuencias.

Este caldo de cultivo se ha visto convenientemente regado por la ola aventada por círculos próximos a la extrema derecha que tiene la intención de pescar en el caladero del miedo utilizando mentiras difundidas de forma organizada en momentos determinados: desde anunciar que las migraciones forman parte de una invasión, que son personas con complexión y en edad militar, o incluso sostener que la crisis turística es derivada del repunte migratorio. Se trata de una práctica deshonesta, una trampa antidemocrática y un señalamiento y hostigamiento de la población vulnerable que inflama la reacción de rechazo.

De lo acontecido hasta ahora se espera que se depuren responsabilidades, pero también que sirva como guía de aprendizaje para no volver a errar en las mismas curvas. La comprensión del desajuste del contexto invita a pensar que conceptualizar a las Islas Canarias como un lugar de retención, identificación y expulsión es un error histórico. Se debería profundizar en el refuerzo de los servicios sociales comunitarios de los municipios de acogida de los nuevos campamentos y también trabajar de forma más coordinada entre administraciones. Convendría no homogeneizar al colectivo migratorio en un momento especialmente complejo, con una pandemia que galopa los meses y hace añicos previsiones y formas de vida.

El cambio climático que asoma no puede ser olvidado, nos lo ha dicho esta ruta migratoria en forma de jóvenes que han visto el cambio drástico del clima y su radicalización ya sea en forma de lluvias torrenciales o de sequías prolongadas. La falta de expectativas de vida, la crisis de los sistemas educativos de los países de origen, las situaciones de persecución y la amarga desigualdad que separa a dos mundos vecinos hacen que la ruta migratoria siga siendo una oportunidad de cambio 26 años después de la llegada de la primera patera. Los miles de personas que han muerto o desaparecido durante estos años no han sido obstáculo para que se siga utilizando. Es una ruta a cara o cruz.

Las costuras de la acogida en Canarias han saltado por los aires y el archipiélago ha lanzado un SOS. La respuesta es comedida: SOS escuchado, pero no comprendido. 2020 fue el año en el que entendimos que vamos a ser una cárcel a cielo abierto contra nuestra voluntad.

La comunicación de la memoria

La memoria democrática, histórica, social o colectiva, como en este texto preferimos tratarla, se asemeja a la lengua: ambas deben ser compartidas por un grupo determinado de personas; ambas evolucionan y se transforman con el paso del tiempo; ambas tienen vida y, cuando la gente deja de utilizarlas, ambas mueren. Tanto la lengua como la memoria son, frecuentemente, definidas y categorizadas. Sus usos se legislan y sus abusos se penalizan. Y tanto la lengua como la memoria son, hasta cierto punto, nuestras dueñas. Las palabras y gestos que usamos, en ocasiones, nos delatan contra nuestra voluntad, convirtiéndonos en vehículo de nuestro lenguaje y no al revés. La memoria colectiva, que heredamos a través de la comunicación, nos condiciona imponiendo significados, identidades e incluso traumas, convirtiéndonos en el canal por el que fluyen nuestros recuerdos y no al revés.

El control sobre la comunicación de la memoria colectiva es un poder tan codiciado como el control sobre las lenguas nacionales. Ambas batallas desatan similares pasiones exaltadas y enfrentamientos enconados (o al menos su interpretación) en el Congreso de lxs Diputadxs. Esta vez la lucha se dirige a la aún nonata ley de Memoria Democrática, que sustituirá a la aprobada en 2007 por el Gobierno del PSOE presidido por Zapatero. Quizás, antes de que la lucha se vuelva menos metafórica de lo deseable, deberíamos cuestionarnos la necesidad de una ley estatal sobre memoria colectiva, dado que las asociaciones memorialistas y las familias han estado encargándose durante más de veinte años de recuperar la memoria de las víctimas del franquismo con poca o ninguna ayuda por parte del Estado.

Si llegásemos a la conclusión de que una ley estatal podría resultar valiosa para el movimiento memorialista, aún deberíamos preguntarnos sobre la viabilidad del anteproyecto de ley que se presenta por el grupo socialista en el Congreso. Automáticamente surgen cuestiones como: ¿en qué posición quedan entonces las diversas leyes autonómicas que ya existen? ¿Serán los protocolos de actuación aplicables en todo caso y situación? ¿Podría la burocratización convertirse en el mayor obstáculo para la recuperación de la memoria colectiva? ¿De qué forma se comunica el Estado con las asociaciones y familias que integran el movimiento memorialista? La ley de Memoria Histórica de 2007 no recoge la diversidad de opiniones y objetivos dentro del movimiento memorialista, revelando la falta de diálogo entre el Gobierno y la ciudadanía, así como la carencia de políticas públicas de comunicación de aquel momento. Trece años más tarde no parece que mucho haya cambiado. La creación de un discurso común representativo de la complejidad y riqueza del movimiento memorialista en España podría ser una de las funciones del Gobierno que más constructiva resultara para la sociedad y para la memoria colectiva que se está construyendo en el presente. Spoiler alert: la proposición de ley no parece encaminarse en esa dirección.

La comunicación está plagada de símbolos que nos ayudan a descifrar el mensaje y la memoria colectiva tiene sus propios ideogramas. No es casual que una de las primeras decisiones del Gobierno en materia de memoria, antes de esbozar el anteproyecto de ley, antes de resignificar oficialmente la memoria con el sobrenombre de democrática, fuera sacar los restos de Franco del «valle de los Caídos» (seguramente el mismo Franco se habría escandalizado de lo lejos que han llegado las exhumaciones). Las exhumaciones componen el símbolo que mayor difusión —y, por lo tanto, mayor fuerza— ha adquirido en el relato sobre la recuperación de la memoria de las víctimas de la dictadura. El Gobierno jugó una carta de oro al enviar un mensaje en el que desposeía de autoridad a una representación clásica del autoritarismo en España. Sin embargo, ¿podría ser que esta jugada no fuera más que un farol? ¿Podría la memoria colectiva utilizarse por parte del Gobierno como un instrumento propagandístico con el que vende su imagen a una parte de la población, al mismo tiempo que crea espectáculo y agenda política a ritmo de discusiones en el Parlamento?

Tampoco puede ser casual que las novedades más sustanciales introducidas en la proposición de ley vayan dirigidas a la exhumación de las fosas comunes. Siguiendo la línea previamente marcada por autonomías como Andalucía, el Gobierno obliga al movimiento memorialista a colaborar con la administración pública, es decir, a solicitar permiso al Estado para toda acción memorialista que tenga «repercusión pública», incidiendo en la exhumación de fosas y traslado de restos. Se introducen, además, sanciones económicas para las infracciones. El texto alude a la responsabilidad moral del Gobierno de hacerse cargo del tratamiento y dignificación del recuerdo de las víctimas, independientemente del partido que se encuentre en el poder. Pero esta medida puede convertirse en una peligrosa arma de doble filo. ¿Acaso puede el Gobierno actual garantizar que el próximo partido en el poder no modificará la ley de Memoria Democrática hasta dejarla exánime o que no la derogará? 

En Andalucía tenemos el ejemplo presente de un Plan de Memoria Democrática (aprobado en 2017 por el último gobierno del PSOE en la Junta) que decreta la financiación, exhumación y dignificación (previo permiso gubernamental) de las fosas comunes en Andalucía; la creación de un banco de ADN y un registro de desaparecidxs; la supresión de todo símbolo de exaltación a la dictadura en lugares públicos; la promoción de la investigación y divulgación sobre la represión, etc. No obstante, desde que el Plan se puso en marcha en 2018, las actuaciones de la Junta en cuanto a memorialismo han brillado por su escasez; en 2020, bajo el pretexto de la pandemia, el presupuesto del Plan se ha reducido drásticamente y Queipo de Llano sigue enterrado en un lugar privilegiado en la asimismo privilegiada basílica de la Macarena. 

La pertinencia de la próxima ley de Memoria Democrática no debería medirse por la cantidad de promesas en su discurso, sino por la coherencia, sensatez, sensibilidad y pragmatismo de su relato. Su legitimidad debería medirse por la amplitud y profundidad del diálogo público en el que las medidas gubernamentales se apoyen. No olvidemos la conexión entre lengua y memoria. Las palabras tienen el valor que cada cual les otorga y, así, pueden convertirse en obras de arte tanto como en profundas heridas. Algunos recuerdos se convierten en representaciones de la lucha social por la justicia, y esa es una interpretación del pasado que nace de la ciudadanía. Ni el español (si es que tal lengua, efectivamente, existe) pertenece a la RAE, ni la memoria colectiva española (si es que tal relato común puede llegar a existir) pertenece al Estado. Tratemos de ser el cauce de la(s) memoria(s) que conduce(n) a un presente más justo y a una comunicación más digna.

La lucha del movimiento antirracista en España

#RegularizaciónYA

En los últimos años se ha producido un cambio de paradigma en nuestra sociedad. Las personas de origen migrante, las refugiadas, las peticionarias de asilo, les hijes de familias migrantes nacides en este territorio, las heterogéneas comunidades «no blancas» violentadas en su cotidianidad por el racismo institucional y social, han adquirido un mayor protagonismo en la lucha por la transformación y la justicia social.

Este cambio viene precedido de históricas resistencias migrantes. El legado recogido es un compromiso político contra las lógicas del colonialismo, el capitalismo y el machismo: exotización, deshumanización, persecución, criminalización, encierro, explotación y exterminio. En último término, es un acuerdo comunitario para proteger nuestros derechos y garantizar una vida digna para todas.

El movimiento #RegularizaciónYa se puede enmarcar en esta génesis de lucha política. El papel de las mujeres migrantes en este movimiento, ha sido (es) fundamental, como fuerza impulsora y organizadora de la práctica totalidad del trabajo que ha llevado a cabo el movimiento durante estos meses. Esta participación ha implicado que, a la interna y externa del movimiento, se pusieran en marcha prácticas políticas antipatriarcales y de cuidados.

Nuestro movimiento ha introducido en el debate público la necesidad de llevar a cabo una regularización urgente, permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas. La regularización extraordinaria es una vía que se complementa con dos de nuestras principales reivindicaciones: la derogación de la ley de extranjería y un cambio de paradigma de la política migratoria que priorice la protección y promoción de derechos de las personas migrantes en España.

La migración incide en cada dimensión de los derechos humanos, derechos políticos, civiles, sociales, culturales y económicos y el ejercicio de ciudadanía, por lo tanto la política migratoria debe poner en el centro el cuidado de la vida, de condiciones dignas de trabajo, de igualdad de oportunidades, del derecho a la vida en familia, de protección de las infancias y juventudes que migran, de la participación social y política y no solo las necesidades de la economía. El Estado español es responsable de garantizar los derechos de todas las personas que habitan en su territorio y de desarrollar políticas adecuadas para este fin.

En este sentido, elaboramos una campaña de incidencia para que una de las medidas estrellas de este gobierno progresista, el ingreso mínimo vital, no dejara fuera a las personas migrantes en situación administrativa irregular. Finalmente, unas de las partes más vulnerabilizadas de nuestro país, aquellas cuyo trabajo fue considerado esencial durante el confinamiento, se quedó fuera de esta medida, siendo discriminada institucionalmente, al convertir este derecho en un privilegio, primando su situación administrativa frente a la salvaguarda de sus derechos fundamentales. Esto demuestra en sí que «fuerzas progresistas o de izquierdas» no es sinónimo de compromiso con los derechos de las personas migrantes, ni tampoco de llevar a cabo políticas igualitarias y mucho menos antirracistas.

A pesar de que se ha constatado que el trabajo jornalero ha sido esencial para sostener nuestras vidas durante el confinamiento, el abandono institucional de los jornaleros migrantes en situación administrativa irregular ha seguido siendo la política de Estado llevada a cabo por el Gobierno. Esta práctica visibiliza el pacto entre las patronales del campo y algunas administraciones. Es una cuestión que viene dándose desde hace más de 15 años y, que, en sí, pone en una situación de mayor vulnerabilidad a las jornaleras que sufren las consecuencias de la alianza colonial entre el racismo, el patriarcado y el capital.

El movimiento buscó responder a otras vulneraciones de derechos que se dan en España contrarias a todas las recomendaciones que organismos internacionales de derechos humanos y salud pública emitieron sobre la situación de las personas migrantes privadas de libertad. Las personas encerradas en el centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI) de Melilla, llevaron a cabo una serie de protestas; algunos de ellos se pusieron en huelga de hambre, para denunciar las condiciones de hacinamiento en las que se encontraban. La respuesta del ministro del Interior, Grande Marlaska, fue la de presionar para que se expulsara, en el menor tiempo posible, a las personas de origen tunecino, las mismas que estaban encabezando las protestas.

Gran parte de nuestro trabajo se ha concentrado en conseguir un hito histórico: que se debata por primera vez en el pleno del Congreso de las Diputadas una proposición no de ley (PNL) elaborada por un movimiento autoorganizado migrante y organizaciones antirracistas.

Esta PNL construida desde las bases de #RegularizacionYa y Coordinadora Obrim Frontera, apoyada por más de 1 500 entidades, es un nuevo esfuerzo de nuestro movimiento de presionar a este gobierno progresista para que no deje fuera a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión. Sus demandas son medidas integrales que se enfocan en reconocer y garantizar el acceso a derechos.

Nuestra PNL se discutirá en el pleno del Congreso de las Diputadas en las próximas semanas, en nuestros cálculos entra que no se apruebe, desde el principio marcamos que nuestro objetivo era llevar el debate al Congreso para presionar a los diferentes grupos parlamentarios y visibilizar la posición de aquellos que dicen hacer políticas para no dejar a nadie atrás, que plantean que tenemos una constitución antirracista e incluso difunde en sus redes mensajes de apoyo al movimiento #BlackLivesMatters, cuando en nuestro contexto implementan políticas que excluyen, criminalizan, explotan, expulsan y matan a personas negras.

Después del debate en el pleno, seguiremos luchando y construyendo este sujeto político migrante, autónomo, de base, porque uno de nuestros grandes logros es que hemos asentado el cambio de paradigma que se venía dando en los últimos años. No necesitamos a nadie que nos represente, que hable por nosotras, que nos de voz, que nos diga qué estrategia política debemos seguir. Hemos demostrado, una vez más, que las comunidades migrantes estamos cargadas de historia, de dignidad revolucionaria y de vida. No pararemos hasta conseguir la regularización inmediata, permanente, sin condiciones y amplia, se lo debemos a nuestras ancestras y ancestros y a las vidas de hermanas y hermanos que se quedaron por el camino.

Volver a las aulas, pero no a cualquier precio

CGT considera insuficientes, superficiales y engañosas las propuestas de la Consejería de Educación de cara al próximo curso escolar.

Las direcciones de los centros han recibido un texto en el que la Junta de Andalucía da instrucciones sobre las medidas que deben adoptar para garantizar la seguridad al inicio y desarrollo del curso escolar 2020-21. Quien redacta ese texto tiene que resolver un grave inconveniente ya que, dada la extrema diversidad de contextos educativos, no hay un centro igual a otro y son más de 7 000 en Andalucía. En el Estado hay un total de 18 998 establecimientos escolares, sumando: centros de educación primaria (10 305, de los cuales 9 819 públicos y 486 privados), centros que ofrecen primaria y ESO (2 024, sumando 520 públicos y 1 504 privados), centros con ESO, bachillerato y FP (5 095, con 4 094 públicos y 1 001 privados) y centros que ofrecen todo el abanico: primaria, ESO, bachillerato y FP (5 públicos y 1 569 privados).

¿Cómo pretende resolver quien redacta estas instrucciones tal eventualidad? Pues la inspiración homérica llega en su ayuda y a fuerza de generalizar, clásica estratagema, queda zanjado el asunto. Además, recurre al viejo, o más bien tradicional truco político, de hacer referencia a instituciones como las autoridades sanitarias o los gabinetes de prevención de riesgos laborales de las Delegaciones Provinciales o Territoriales, para ofrecer una imagen de que hay estructura técnico-administrativa suficiente para afrontar cualquier casuística, cualquier eventualidad, porque pretenden mostrar el poder que no tienen.

Algunas direcciones de centros educativos quedan anonadadas ante tamañas generalizaciones, totalmente descontextualizadas de sus entornos educativos y, ante el sinfín de dudas que se van amontonando conforme son leídas, descuelgan los teléfonos para que, bien la autoridad sanitaria o el gabinete de prevención de riesgos laborales de la Delegación de turno, les aporte alguna propuesta útil para sortear las dudas que se agolpan. Porque, ¿cómo garantizar la ausencia de contagios en entornos masificados?

Reciben este mensaje: «Lamentamos informarle que no debe llamar a la autoridad sanitaria hasta que la delegación de Educación se lo indique”. Si la llamada es para el Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales, atendido de media por dos personas de la Delegación Territorial de Educación, la respuesta es que «se está a la espera de recibir instrucciones para poder asesorar las ya recibidas por las direcciones de los centros».

Pero el tiempo pasa y el cronómetro va marcando una cuenta atrás que terminará con el día D, en el que millones de alumnas y alumnos llegarán de la mano de sus familias a los centros educativos.

Afortunadamente contamos con grupos de expertos en educación que, en su inmensa mayoría, por no decir todos, nunca han enseñado a leer a una niña o un niño, y mucho menos han dedicado algunos años a trabajar con menores de seis años. Tranquiliza saber que sus conocimientos sobre la educación los han conseguido por lecturas y de oídas.

Algunos, muy pocos, han visitado, repetimos: v-i-s-i-t-a-d-o, algún aula; y de ellos, algunos han preguntado, repetimos: p-r-e-g-u-n-t-a-d-o, a las personas que trabajan en la docencia e incluso les han pasado cuestionarios, en eso que se dice «investigaciones». Que sin duda son rigurosas en cumplir con los estándares oficiales de las llamadas Ciencias de la Educación, con el único objeto de que ningún colega las pueda criticar o ridiculizar.

Estos expertos al final llegan a ocupar hasta carteras ministeriales o, peor aún, asesoran a quienes las ostentan sobre todo lo divino y humano de los asuntos educativos. Y así va el asunto. Si a eso añadimos que debatir sobre cualquier tema no requiere mayor trabajo que hacerlo, y en el campo de la política discutir de educación es muy recurrente, la fórmula de hablar y hablar de educación está servida. Y, claro, para que la ciudadanía reciba el espejismo de que se está en ello, político tras político, se dedican a redactar leyes y más leyes, planes de estudio y más planes de estudio, sin que esos cambios formales cambien nada la realidad de las aulas, de las relaciones de docentes y discentes o entre familias y centros educativos.

Es curioso el absoluto silencio de esos expertos cuando se trata de garantizar la prevención de los contagios de la covid-19 al inicio de este curso. De hecho, la tendencia a dejar en manos de las direcciones de los centros cada vez más marrones no acaba de detenerse, incluso se incrementa en estos tiempos de pandemia. De esta forma consiguen hacer inoperantes a estos cargos directivos que deben tragar sapos y culebras, recibiendo el mandato de los políticos de que «justifiquen» lo injustificable a las familias.

La educación en este país tiene que experimentar una transformación profunda y parece que rescatarla de la crisis de políticos ineptos sería un buen comienzo. Autonomía real para los centros educativos, que deben ser públicos.

¿Por qué debe la educación toda ser de titularidad pública? En primer lugar, porque la educación nunca puede ser una mercancía que se compra o se vende en una sociedad verdaderamente democrática. Demostrado está, hasta la saciedad, que la educación en una sociedad competitiva, antidemocrática en su esencia, nunca desarrolla el principio de igualdad de oportunidades reales. Es más, su principal papel es legitimar las inmensas desigualdades que el sistema económico capitalista genera y, con ello, persigue justificar la explotación de unos privilegiados sobre la gran mayoría del pueblo. En segundo lugar, porque casi toda la educación está financiada con dinero público. La financiación pública de iniciativas privadas supone un robo al conjunto de la sociedad. No es legítimo utilizar el dinero de toda la población para que empresas privadas hagan sus negocios y obtengan sus beneficios, incluyendo la reproducción de la ideología dominante de las familias más pudientes sobre el conjunto de la sociedad, creando en los retoños la conciencia malsana de ser superiores.

Este trasvase de las plusvalías obtenidas por el Estado a través de los impuestos es un mecanismo utilizado en el asalto al poder del Estado por la burguesía desde la Revolución francesa hasta nuestros días. Mecanismo que se ha ido perfeccionando, extrayéndose cada vez más, con las privatizaciones de los servicios públicos, ingentes recursos públicos a favor de grandes empresas privadas.

Una sociedad democrática garantiza la educación de toda la población, dando a cada cual según su necesidad y requiriendo de cada cual según su capacidad. En una sociedad así, es legítimo exigir la aportación al común social de todas las competencias que cada persona tenga. Deber ciudadano que es posible demandarlo solo cuando todos los derechos de cada cual estén garantizados. No antes.

El derecho a la educación es uno de esos derechos esenciales que debe estar asegurado en cualquier circunstancia, y todos los recursos económicos del país deben ponerse a ello. Las comunidades educativas no pueden conformarse ni aceptar el discurso de los políticos y «expertos» que siguen planteando, desde instancias burocratizadas o, peor todavía, politizadas, una escuela para ricos y otra para pobres. Una escuela por internet para quien tiene todo y un abandono escolar para quienes nada o poco poseen.

Además, la clave de la polémica sobre el inicio de curso radica en el principio de presencialidad de todos los actores que generan los actos educativos. Varias perspectivas confluyen en este principio. En primer lugar, por la necesidad de interactuar personalmente entre iguales, que es uno de los principales beneficios de la socialización, sobre todo en modelos urbanos donde quedan pocos lugares seguros para que la infancia se reúna. En segundo lugar, porque los actos didácticos también se benefician del cara a cara entre alumnado y profesorado. Muchos matices que inciden profundamente en los aprendizajes no son susceptibles de ser observados mediante conexiones telemáticas. En tercer lugar, porque la escolarización en los centros educativos cumple un papel esencial para liberar mano de obra adulta. Las familias pueden desarrollar actividades, bien de reproducción de fuerza de trabajo y cuidados, como productivas de esta forma, al estar hijas e hijos al cuidado de la docencia en los establecimientos escolares. Parece este uno de los aspectos que desde el punto de vista pedagógico menos importancia tendría, pero en el contexto del actual sistema productivo capitalista es esencial, y el confinamiento producido desde marzo hasta bien entrado junio lo ha puesto de manifiesto.

Tanto por lo que respecta al proceso de socialización, al de enseñanza-aprendizaje, como al productivo, la presencialidad es una condición sine qua non para que el sistema educativo, en particular, y el productivo, en general, funcionen adecuadamente.

Por ello, desde CGT se ha venido insistiendo a las administraciones públicas educativas en la necesidad de abordar cualquier plan de inicio de curso escolar garantizando la presencialidad, tanto del alumnado como del personal de los centros educativos. Este enfoque hubiera requerido un análisis de cada centro educativo y de los grupos de alumnado, lo que habría implicado, para respetar las medidas de seguridad y evitar contagios de la covid-19, la reducción de ratios (número de alumnado por clase), con lo que el aumento del número de profesorado era inevitable en cantidades importantes, así como la adaptación de otros espacios como aulas.

Nada se ha realizado y los políticos irresponsables de Educación se han limitado a trasladar a las espaldas de las direcciones de los centros educativos la diabólica tarea de dar respuestas a los requerimientos de Sanidad para garantizar la prevención del contagio de la covid-19, con los mismos medios y recursos que tenían antes de la llegada del virus. Llegada que los mismos políticos, al saber de la imposibilidad manifiesta, atajaron cerrando los establecimientos escolares. ¿Algo ha cambiado desde marzo de 2020? Se sigue ordenando el distanciamiento en todos los lugares del centro, extremar la higiene, uso de mascarillas y seguimiento de los contagios y aislamiento de las personas que den positivo.

Para mayor dislate, la confusión provocada por noticias contradictorias crea mayor incertidumbre y anima el miedo a lo desconocido. Que si los niños son menos propensos a portar el virus, que si el contagio es poco común, que no son la primera fuente de contagio… Vienen a reforzar la idea de que se pretende comenzar el curso escolar con total normalidad. Porque para los políticos la «nueva normalidad» en materia educativa no existe. Hasta los colectivos de docentes deben recordar a los gobiernos que el artículo 43 de la Constitución establece: «1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.» Igualmente, llama poderosamente la atención que los colegios son los únicos espacios cerrados, tanto públicos como privados, donde no se limita el aforo: ¿por qué?

A la vista de cómo se desarrollaban los acontecimientos, ya en el mes de junio, la CGT anunció convocatoria de huelga al inicio de curso para animar a las administraciones a cumplir con sus obligaciones. Este anuncio no ha servido para eso, así como las múltiples manifestaciones de sectores de las comunidades educativas, de quejas e incluso dimisiones de direcciones de los centros escolares. Ahora la convocatoria de la huelga, a la que ya han manifestado sumarse otros sindicatos, tiene mayor sentido, porque de esta forma permite que al menos el personal de los centros educativos no tenga que estar obligatoriamente en zona de contagio (más que seguro). Colectivos de familias ya están exigiendo que en estas circunstancias no sea obligatoria la asistencia a centros «inseguros». Por falta de voluntad política, que no es otra cosa que no querer aumentar el gasto en educación, los políticos dejan que el tiempo pase y que sea «lo que dios quiera». ¿Alguien asumirá esta grave irresponsabilidad? ¿Qué político pondrá de su bolsillo los cuantiosos costes que supondrán las decenas de miles de aislamientos, horas de trabajo perdidas, aumento del gasto sanitario, etc.? ¿Qué político será acusado judicialmente de hacer imposible el derecho a la educación? Porque de eso se trata, ni más ni menos.

¿Íngreso Mínimo Vital o Renta Básica Universal?

Son dos medidas que, a simple vista, tienen semejanzas, pero son distintas desde su raíz, porque cada una nace de una filosofía y un objetivo político distintos. Veámoslo.

¿Cuál es el norte político del IMV? No es atender a la carencia material de la ciudadanía pobre. Es contribuir a la supeditación universal de la ciudadanía al mercado de trabajo y, más en general, a las exigencias de los variados negocios y profesiones. Es decir, a que hagamos de la preparación para, o del ejercicio de, nuestro trabajo, nuestra profesión o nuestro negocio el centro de nuestra vida. El IMV forma parte por ello de un conjunto relevante de políticas públicas que tienen por fin último contribuir a lo que los filósofos económicos llaman «crecimiento de la economía» o «incremento de la producción».

Dentro de tal conjunto hay medidas que son premios, «incentivos positivos», y medidas que son castigos, «incentivos negativos», al trabajo. El IMV se cuenta entre los castigos a quienes no trabajan, pues exige a quienes va dirigido humillarse ante la ventanilla burocrática demostrando con papeles que su vida está entregada a formarse para trabajar, buscar trabajo y aceptar cualquier trabajo, condición para recibir el ingreso. Es, pues, la burocratización pública de la secular pedagogía de la limosna privada o eclesial: quien mendiga expresa con su genuflexión el acatamiento del orden jerárquico de la persona o entidad que entrega la dádiva. Los cursillos de formación y la peregrinación, puerta a puerta, a los centros de trabajo son la penitencia impuesta por el orden del trabajo a quien no trabaja. Pero la pedagogía no se dirige tanto a quienes no trabajan como al conjunto de la ciudadanía, advirtiendo que será humillado quien no contribuya a la producción. Por eso, los beneficiarios de estos subsidios para pobres repiten arrepentidos que quieren la «reinserción laboral». Ahora sí podemos ofrecer una definición precisa del IMV: ‘una compulsión indirecta a trabajar que atiende subsidiariamente la indigencia material’.

Como atiende antes las exigencias del trabajo que las urgencias del hambre, conviene una definición apresurada de trabajo: una idea muy abstracta parida por los filósofos económicos que pretende homologar un montón de actividades humanas, algunas de innegable provecho, otras perniciosas y otras denigrantes. Quedan unidas como trabajo porque contribuyen, según estos filósofos, al «incremento de la producción». Ya no podremos definir aquí producción, idea también abstractísima. Sea lo que sea, las autoridades de nuestra sociedad de trabajo nos advierten que es algo «muy serio con lo que no se puede jugar». Vamos, como si fuera ente o cosa sagrada.

¿Y cuál es entonces el norte político de la RBU? Tampoco atender a la carencia material de la gente pobre. Esto es, en todo caso, un medio para su fin, que es de naturaleza política, no caritativa. Atender la menesterosidad es loable y, de hecho, es una motivación poderosa para muchxs que apoyan la RBU. Pero también se encuentra esta motivación entre muchxs que apoyan el IMV. Ninguna de las dos medidas tiene por fin la caridad, pues si la tuvieran, sería fácil el acuerdo de ambos partidarixs. Pero tanto el IMV como la RBU persiguen fines políticos: el del IMV —ya se ha dicho— es fortalecer la producción, el de la RBU es la igual libertad de los integrantes de la comunidad política. Realmente, las diferencias políticas que separan a todos los subsidios para pobres de la RBU son de fondo y enormes. Señalemos algunas:

  1. Ya de entrada, parten de distinta concepción del ser humano: homo faber o animal laborans los partidarios del IMV; zoon politikon los partidarios de la RBU. Los primeros, seguidores de los economistas; los segundos, de Aristóteles y, más en general, de la tradición republicanista, que era ya milenaria cuando nació Adam Smith, padre de los economistas.
  2. El IMV quiere que la identidad y el afán de la persona se centre en su promoción laboral, profesional o empresarial, mientras que quienes defienden la RBU quieren que las personas sean ante todo agentes políticxs atentxs a los bienes comunes y la virtud cívica.
  3. La defensa del IMV quiere que el modo superior de vida sea el éxito profesional y su correlato de consumo dispendioso. Mientras, la RBU lleva a la acción política y la vida contemplativa como actividades más elevadas, orillando todo lo posible lo que los economistas llaman trabajo. La contemplación es, cuando menos, absurda para quien se afana en la carrera profesional. Y la vida política que persigue la RBU es la controversia deliberativa y el pacto entre sujetos iguales en libertad, actividad incompatible con la inserción en las jerarquías partitocráticas hoy imperantes que el republicanismo no reconoce como actividad política.
  4. Ambas medidas entrañan distinta noción de pobreza y de riqueza: el productivismo subyacente en el IMV cree que la riqueza o pobreza es abundancia o escasez de bienes materiales o de dinero; el republicanismo cree que riqueza es dominio sobre otras que por ello son pobres, ya que una vida austera y frugal no es pobre si no es sometida. La RBU está diseñada para hacer más difícil el dominio de unas personas sobre otras, no para recuperar el consumo que recupere la producción que recupere el consumo y vuelta a empezar, como quiere el productivismo del IMV.
  5. El IMV es una ayuda monetaria para las familias con carencia material. La RBU es una ayuda monetaria solo en apariencia, pues en el fondo es una propiedad. El republicanismo es propietarista porque cree que la propiedad es condición necesaria para el ejercicio solvente de la virtud cívica y la autonomía trabada en común. El republicanismo contemporáneo es propietarista en este sentido preciso: es amigo de que cada integrante de la comunidad tenga su propiedad inalienable (¡cuán diferente al comunismo!) y, en coherencia, es enemigo acérrimo de que nadie concentre propiedad. Pero es más: el tipo de propiedad que defiende es distinto a la propiedad privada o mercantil hoy dominante porque, si esta es definitoriamente enajenable, la republicana tiene que ser inalienable y eso es la RBU. Porque el contrato republicanista fundamental consiste justamente en que todxs aceptan proteger la propiedad de cada unx, para, desde esa posición elemental de autonomía mutua, acordar o denunciar después todas las promesas y acuerdos que las circunstancias requieran.
  6. …en fin, el IMV es más de lo mismo, la RBU es otra cosa.

El virus de la corona

La Transición y el régimen del 78 se construyeron bajo la premisa del olvido intencionado de las víctimas de cuarenta años de dictadura y de la guerra civil, y del perdón de sus culpables. El golpe de Estado del 36, la guerra civil, cuarenta años de dictadura, la Transición del 78 y la posterior democracia están unidas por el mismo cordón umbilical: el franquismo y posfranquismo. El dictador sabía que Juan Carlos de Borbón cambiaría lo necesario para adaptar su monarquía a una nueva era, matizando su poder y adaptándolo para ejercer el despotismo de una corona supuestamente moderna bajo la protección de una constitución y supuestos estándares europeos.

Las élites franquistas formadas por militares, banqueros, terratenientes, magistrados, cardenales, catedráticos, medios de comunicación y empresarios comprendieron la necesidad de apoyar al rey durante la Transición. Admitieron un consenso con las clases medias, entendido como la necesidad de permitir ciertas cesiones a cambio de seguir manteniendo el poder. Nunca hubo una ruptura con el régimen autoritario anterior, siendo la corona el símbolo más claro de esta continuidad.

Nuestra monarquía —formalmente democrática, pero nacida de un régimen fascista— acabó siendo aceptada, por no decir impuesta. Un régimen distinto hubiera significado un enfrentamiento con las élites y las clases dominantes. Juan Carlos de Bordón supo avivar el miedo al conflicto. La imposición de los Pactos de la Moncloa, la ratificación de la Constitución y el apoyo de las élites a un partido de izquierdas que durante cuarenta años de dictadura había estado de vacaciones, el PSOE, acabó con cualquier tipo de alternativa democrática profunda.

Durante años nos habían dicho que el pueblo español no era monárquico, que éramos «juancarlistas». Ahora ya no sabemos lo que somos. Juan Carlos I había intentando confeccionar una imagen de rey «campechano», pero la realidad no se pudo ocultar por más tiempo. El rey estaba desnudo. Tras el accidentado viaje en plena crisis de deuda soberana a Botsuana en 2012 para matar elefantes, y con objeto de salvar a la monarquía, Juan Carlos I acabó abdicando en junio de 2014, pero manteniendo todos los títulos, asignaciones presupuestarias y honores.

Un escándalo desvelado por el rotativo suizo Tribune Genève a principios de marzo de este año ha puesto, de nuevo, en jaque a la institución: la realización de una transferencia en agosto de 2008 a una fundación controlada por Juan Carlos de Borbón, supuestamente como pago de una comisión de 100 millones de euros por su intermediación con grandes constructoras españolas del AVE a La Meca. De estos 100 millones, 65 millones fueron posteriormente transferidos a una cuenta de la amante del rey emérito, empresaria y también aristócrata, Corinna Larsen.

Es en este punto donde la historia con Corinna Larsen se vuelve truculenta, entrando en juego los servicios secretos españoles, con su director de entonces a la cabeza, Félix Sanz Roldán, un oscuro comisario, Villarejo, con sus grabaciones secretas a la empresaria alemana, publicadas en un dudoso medio de comunicación, OK Diario. A esto se sumó el allanamiento del apartamento de Corinna con regalo incluido de un libro sobre la muerte de la princesa Lady Di, a la que le siguieron veladas amenazas realizadas, supuestamente, por el CNI. Y las fiscalías anticorrupción, tanto de Suiza como de España, entrando a investigar el origen de estas transferencias millonarias.

Felipe VI, recién ascendido al trono, carente de la personalidad de su padre y sin un relato como el de la Transición y del golpe de estado del 23F, necesitaba un momento épico para legitimar su reinado. Socialmente muy alejado de su generación y de la posterior, pese a estar estas generaciones tan bien formadas como él. Una formación que no ha sido suficiente para que mucha gente haya tenido que emigrar para trabajar. Una generación que, en gran parte, comparte piso por no poder acceder a una vivienda digna. Una generación que padece la precariedad laboral y vital de dos crisis económicas. La fractura social entre parte de la ciudadanía con Felipe VI estaba servida.

Pronto, su imagen de heredero, el «mejor preparado» de la historia monárquica española, se vio ensuciada, poniéndose de manifiesto su carácter agrio, antipático y, sobre todo, soberbio. Intentó crearse su propio momento épico fundacional aprovechando la crisis territorial de Catalunya durante el otoño del 2018. Igual que su padre la noche del 23F, Felipe VI compareció ante las cámaras, pero ahora vestido de civil, dos días después del referéndum del 1 de octubre. Su aparición fue un rotundo fracaso. Aparte de romper la neutralidad política de la corona recogida en la Constitución, tomó partido por una parte olvidándose de las víctimas de las cargas policiales, con un discurso lleno de reproches al pueblo catalán y completamente falto de empatía. Se granjeó las críticas de gran parte de la izquierda y de los partidos nacionalistas. La fractura política entre la monarquía y parte de los partidos políticos se profundizaba.

Último capítulo. Pese al constante intento de la monarquía española por limpiar su imagen y de darnos lecciones de ejemplaridad y transparencia, la realidad volvió a imponerse. El diario británico The Telegraph desveló que Felipe VI estaba vinculado como beneficiario de la fundación Lucum, responsable de uno de los fondos secretos panameños que recibieron 65 millones de euros provenientes de las comisiones por la mediación de su padre en las obras del AVE a La Meca. Además, el actual monarca conocía su existencia y su propia relación con el fondo desde hacía más de un año.

Ante el último escándalo, Felipe VI ha intentado salvar lo que queda de su corona renunciado a la herencia económica, pero no política, de su padre, al que ha retirado la asignación anual de 194 232 euros de dinero público. Aunque tarde, diversos medios de comunicación se han hecho eco del escándalo. Se han impulsado varias iniciativas parlamentarias para la creación de una comisión de investigación parlamentaria, bloqueadas por el PSOE y el PP.

En plena pandemia de la covid-19, la nueva aparición del monarca en televisión, sin una sola mención al escándalo que le persigue, ha sido contestada con una considerable cacerolada desde las terrazas y balcones que duró más que su discurso paternalista, plano y cargado de estereotipos.

Sabemos que saldremos de la crisis del coronavirus luchando, de la misma manera que sabemos que, más pronto que tarde, deberemos enfrentarnos al virus de la corona que imposibilita, a estas alturas, cualquier nuevo cordón sanitario que la salve.

Repúblicas digitales, dictaduras digitales

Contextualizando el Decreto ley 14/2019

TOTHOM A L’AEROPORT
Octubre de 2019. Se hace pública la sentencia a los líderes políticos del procés y las calles de Barcelona comienzan a arder. Tienen lugar gran cantidad de acciones descentralizadas, coordinadas a través de distintas herramientas digitales.
Se usan tecnologías sofisticadas. La aplicación móvil que articula las acciones se consigue a través de una red de personas de confianza, mediante códigos QR que solo funcionan si las localizaciones de las personas son próximas. Se usa encriptación en varias capas de los procesos, como los pagos en bitcoin, dificultando la búsqueda de responsables. Las webs que tumba la policía rápidamente se replican en otros dominios, cuando no se usan plataformas abiertas y servidores localizados en lo que se vienen a llamar «paraísos digitales», difícilmente intervenibles.
Al mismo tiempo, el Govern desarrolla sus planes para una «república digital catalana». Licita la base tecnológica de un sistema de identidad digital, IdentiCAT, basado en la tecnología blockchain. Jordi Puigneró, consejero de Políticas Digitales, llega a aludir a «futuras iniciativas de monedas digitales», así como anuncia una red de fibra óptica de la Generalitat, mejor conectada, para evitar su intervención por parte de la Guardia Civil.

TOTHOM A CROATAN
Pese a su sofisticación, muchos aspectos de este proceso no son originales. Las distintas caras de esta historia (Tsunami Democràtic, los CDR, el Govern, etc.) tienen referentes con los que comparten similitudes, como los planes de desconexión de la troika de Syriza durante la crisis o la coordinación de las protestas en Hong-Kong contra el Estado chino. Escenarios que muestran el inevitable calado de la tecnología en los movimientos soberanistas.
De hecho, de algún modo podemos entender algunas de las prácticas e ideas mostradas en este proceso como manifestaciones particulares de los postulados de la soberanía tecnológica, en su faceta menos antisistémica y sin obviar el contexto y composición del movimiento secesionista, proclive a gestos más cargados de relato que de realidad. La soberanía tecnológica es un concepto que describe prácticas de autogestión de distinta escala, algunas de ellas muy tecnologizadas. Aunque su imaginario es policromático, es destacable la influencia de todo el espectro anarquista, desde la Cooperativa Integral Catalana —un interesante ejemplo de laboratorio de investigación en este área— a ejemplos más relacionados con el anarco-capitalismo anglosajón.
Prácticas contemporáneas, de un amplio espectro ideológico, que convergen en una vieja idea: si no puedes cambiar el mundo, crea uno nuevo. Pero, evidentemente, a medida que se vuelven amenazadoras, cada statu quo se articula para suprimirlas o reapropiarlas.

TOTHOM A PRESÓ
El pasado 31 de octubre se aprobó el Real Decreto ley 14/2019. Pedro Sánchez lo describió como una medida «para poner punto y final a este proyecto del independentismo de la república digital».
En un ejercicio de neolengua descarada el decreto se defiende a sí mismo, entre otras cosas, como una herramienta de defensa de la privacidad y derechos digitales de la ciudadanía:
La hiperconectividad actual agudiza algunas de las vulnerabilidades de la seguridad pública y exige una mejor protección de redes y sistemas, así como de la privacidad y los derechos digitales del ciudadano.
Sin embargo, el resultado natural puede llegar a ser, precisamente, su imagen especular. El decreto plantea la potencial intervención de cualquiera de las distintas capas que componen lo que denominamos internet (servidores y otras infraestructuras de hardware, correo electrónico, páginas web, etc.) sin orden judicial. La ley de telecomunicaciones ya permitía en algunos supuestos la intervención sin orden judicial «de internet», de modo que el decreto la modifica para rebajar sus condiciones a supuestos más laxos relacionados con el orden y la seguridad públicos, abriendo la
puerta a su uso arbitrario. Por otro lado contempla medidas más específicas, como obligar a las Administraciones a tener todos sus servidores y datos en la Unión Europea —para facilitar su intervención— o establecer al DNI como único de sistema de identificación posible dentro del Estado.
De este modo España se une a una tendencia global imparable en la que el espacio radicalmente libre que una vez fue internet se convierte en un lugar cada vez más controlado a través de mecanismos de excepción y cercamientos digitales.
Al menos, hay que reconocerle el mérito a este decreto de haber hecho una instantánea del teatro de relatos de los principales partidos del Estado español durante la reciente crisis política. El texto recibió críticas de PP y Ciudadanos que, sin embargo, apoyaron su aprobación («produce perplejidad que hoy estemos aquí para tragar con este decreto, incluso si puede ser tumbado por inconstitucional»); fue criticado por VOX con declaraciones tan sensatas que suenan oportunistas y falsas en un partido de corte fascista («la Constitución ya tiene mecanismos para este asunto, deberían aplicarla y no un micro-estado de excepción para atajar problemas de orden público»); y, por último, fue criticado también por Podemos que, sin embargo, se abstuvo en la votación. Jaume Asens defendió esta postura como un complicado ejercicio de «ética de la responsabilidad» frente a la «ética de la convicción» al conseguir introducir de este modo modificaciones en un decreto que se hubiera aprobado de todos modos. Sin duda una posición acomodada, pobre de miras y difícil de separar del contexto de negociaciones de gobierno entre Podemos y el Partido Socialista.

TOTHOM ALS CARRERS
El pasado miércoles 15 de enero varias asociaciones y entidades de defensa de las «libertades digitales» presentaron ante el Defensor del Pueblo —paso previo al Tribunal Constitucional— un recurso contra el decreto, dada la grave amenaza que supone contra varios derechos fundamentales.
Aunque no pinta bien, es destacable que una plataforma similar tuvo éxito usando el mismo mecanismo para frenar la reforma que hubiera permitido a los partidos confeccionar bases de datos con información ideológica de los y las votantes.
Si la vía de los recursos legales fracasa solo nos quedará la presión popular para forzar la derogación de un peligroso decreto capaz, junto a la ley mordaza, de hipotecar considerablemente las capacidades de protesta y creación de alternativas de cualquier movimiento antagonista.

Algunas claves del 25N de 2019

El 25N es el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres. La fecha se eligió en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia, en 1981, en honor a las hermanas Mirabal, torturadas y asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura del general Trujillo en República Dominicana por oponerse al régimen dictatorial.

Las movilizaciones a raíz del 25N han crecido drásticamente en los últimos años, como ha ocurrido con las acciones feministas convocadas, sobre todo, a partir del 8M de 2018. No nos creíamos entonces que la lucha contra la violencia machista suscitara unanimidad en la sociedad, como no nos lo creemos ahora. Las cifras de mujeres asesinadas cada año a manos de hombres no admite duda: más de un millar desde que se iniciaron los recuentos, en 2003. La unidad institucional al respecto parecía incuestionable a estas alturas, al menos en lo simbólico. Sin embargo, una de las consecuencias del avance del movimiento feminista ha sido la reacción del machismo más retrógrado representado en las instituciones por VOX. El partido de extrema derecha tiene al feminismo en su punto de mira y acabar con la ley de violencia de género como objetivo prioritario. Este año han estrenado su participación en autonomías y ayuntamientos boicoteando los actos institucionales contra la violencia hacia las mujeres y haciendo declaraciones incendiarias.

Según los datos oficiales, 55 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en 2019. La cifra asciende a 99 según la web feminicidio.net, que incluye casos no resueltos. La violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad que hay que visibilizar y contra la que hay que luchar.

Como decíamos al inicio, el 8M de 2018 marcó un antes y un después en las movilizaciones feministas en cuanto a repercusión y seguimiento, con todo lo que eso implica. El feminismo está en el centro del debate público. La violencia contra las mujeres es un hecho contrastado en todo el planeta y cada vez somos más las que salimos a la calle a gritarlo. Si este año ha habido una acción que ha marcado el 25N a nivel planetario ha sido la performance ideada por un colectivo chileno, Las Tesis. Su canción, Un violador en tu camino, ha traspasado fronteras y se ha gritado en medio mundo convirtiéndose en un auténtico himno feminista. Aunque la letra responde a la realidad chilena y surge a raíz de la crisis en la que está inmersa el país, miles de mujeres de todo el planeta la han hecho suya. Las responsables, este colectivo multidisciplinar de Valparaíso, afirman que para elaborar la letra se han basado en las obras de Silvia Federici y Rita Segato, y sus análisis sobre los factores que estructuran la violencia sexual ejercida contra las mujeres. No deja de ser ilustrativo que sea una performance contra la violencia la que haya sido capaz de unir en una sola voz a mujeres de diferentes países, culturas y clase social. Una de las réplicas más sonadas fue la llevada a cabo en Turquía, donde la policía reprimió de forma violenta la intervención en Estambul: siete mujeres fueron detenidas. Como protesta por esta acción policial, sin embargo, 20 diputadas de la oposición corearon en el Parlamento turco el himno, mostrando las fotos de 20 mujeres asesinadas por sus parejas. Un fenómeno mundial viralizado por las redes sociales que quizá ha marcado las movilizaciones del 25N de este año por encima de cualquier otro.

Dentro de nuestras fronteras también se ha reproducido la performance de Las Tesis. En Sevilla, se hicieron dos intervenciones, una en el Monumento a la Tolerancia junto al río y otra en la plaza del Pumarejo.

Pero más allá de la performance, la lucha contra la violencia hacia las mujeres ha sacado este 25N a miles de personas a las calles de todo el Estado. Lejos quedan aquellas convocatorias en las que eran poco más de una decena de mujeres las que se manifestaban en cada ciudad para conmemorar este día. Hoy pocos, más allá de los neofascistas de VOX, pueden negar la violencia que se ejerce cotidianamente contra las mujeres por el hecho de serlo. Este año entre el viernes 22 y el lunes 25 hemos podido contar más de 300 convocatorias en todo el país para mostrar de una u otra manera su rechazo a las violencias machistas.

En Sevilla, además de la manifestación a la que asistieron miles de personas, la Asamblea Feminista Unitaria Sevillana convocó, la noche del domingo 24 al lunes 25, la marcha nocturna y aquelarre contra las violencias machistas «reivindicando en lo simbólico un espacio que nos ha sido históricamente negado, la calle y la noche, que también son nuestras…».

El 25N es uno de los símbolos que más consenso genera dentro de un movimiento feminista que, al menos en nuestro país, pasa por un momento en el que hay algunos temas que generan más confrontación que debate.

Precisamente a raíz del 25N se ha estrenado el documental ¿Qué coño está pasando?. Una obra sobre el feminismo dentro de nuestras fronteras de Rosa Márquez y Marta Jaenes. Las autoras, a raíz de las movilizaciones de 2018, hacen un barrido de entrevistas a mujeres de distintos ámbitos (políticas, filósofas, sociólogas, periodistas, artistas, directoras de cine porno, etc.) y lo dividen en bloques temáticos. Hay dos elementos clave con este documental. El primero es que el feminismo vende, con todo lo que eso supone: se estrenó en los cines Renoir Princesa de Madrid, pero solo puede verse en Netflix y parece que el éxito está garantizado. El segundo, ya entrando en el contenido, es que hay posturas irreconciliables dentro del feminismo respecto a algunos temas como la prostitución o la identidad de género de las personas trans. De hecho, una de las mujeres cuyo discurso tiene más peso en ¿Qué coño está pasando? es Lidia Falcón, líder del Partido Feminista de España, que ha protagonizado en las últimas semanas un conflicto con el colectivo trans. La formación liderada por la histórica abogada reclamó a principios de diciembre a Unidas Podemos que no volviera a registrar en el Congreso la ley Trans que, en la línea de la que ya hay en Andalucía, busca despatologizar la transexualidad y permite transicionar a menores sin informes médicos. Falcón afirmó que «esta legislación está auspiciada por el lobby gay para imponer el discurso queer (sic)». Unas declaraciones que han propiciado la reacción de la federación trans que ha llevado el caso a la justicia.

No se puede entender la lucha de clases sin saber que la clase obrera está dividida en dos subclases: los hombres, privilegiada, las mujeres, dominada
Ey, tú, propiedad privada, mi cuerpo no será más el sostén capitalista
No se puede entender el capitalismo sin saber que se basa en la esclavitud femenina, laboral, sexual y reproductiva
Patriarcado y capital, alianza criminal

Colectivo Las Tesis, El internado de Valparaíso, febrero 2019

También nos duelen vuestros golpes

El 25N, las feministas salimos a la calle a denunciar las violencias que nos atraviesan. Desafortunadamente, las trabajadoras Sexuales no solo padecemos violencia por ser mujeres, sino que también la sufrimos a raíz de nuestro estigma: violencia que muchas ejercen en nombre del feminismo y la igualdad.

Las violencias derivadas del abolicionismo han sido una constante a nivel mundial en las últimas décadas, pero en nuestro país han aumentado significativamente en los dos últimos años desde que el movimiento feminista ha crecido en importancia y protagonismo, y se ha empezado a utilizar de una forma partidista y electoralista.

Desde los grupos abolicionistas se nos acusa de ejercer una actividad que aumenta la trata con fines de explotación sexual, pese a que es sobradamente demostrado que la trata es un fenómeno ligado a las políticas de extranjería. También se nos responsabiliza de que haya mujeres que se ven abocadas a la prostitución por pura necesidad. Sin embargo, ninguna de las políticas abolicionistas ha conseguido acabar con la trata o con la feminización de la pobreza. Ante esta pasividad y permisividad, afirmamos que el abolicionismo instrumentaliza a las compañeras que desean abandonar la prostitución, así como a las víctimas de trata, como arma arrojadiza contra nuestra lucha proderechos. Es más: una plataforma como Granada Abolicionista —que ha hecho llamamientos para boicotear nuestros actos de debate universitarios en todo el Estado español— ha guardado silencio ante la persecución de nuestras compañeras en las calles de Granada, las cuales han sido multadas durante 8 años. Las compañeras de Málaga son multadas desde el 2013 mediante ordenanzas aprobadas por los mismos partidos abolicionistas.

El abolicionismo institucional también es testigo de cómo son precisamente sus propios partidos políticos los que conceden licencias a los clubs de alterne, con la intención de sacarnos de las calles (donde molestamos) y abocarnos a los clubs, espacios donde tenemos más probabilidades de sufrir abuso laboral impunemente ya que carecemos de derechos que nos amparen. Pero cuando nuestro movimiento lucha para que las compañeras de los clubs tengan un sindicato para defenderse, el neoabolicionismo se encarga de llevarlo a la Audiencia Nacional para ilegalizarlo.

Ante tanta incoherencia, hemos intentado incidir a través de los movimientos sociales y feministas, lo cual ha resultado en silenciamiento y boicot a nuestra participación en las diferentes asambleas de las coordinadoras del 8M —como ocurrió en Valencia— así como en las asambleas del 25N, con consignas violentas y estigmatizantes para las que ejercemos el trabajo sexual. El acoso hacia nosotras es una práctica habitual, con formas de deslegitimación y difamación machistas y fascistas que en ningún caso tienen cabida en el movimiento feminista.

El neoabolicionismo también nos ha silenciado en la Universidade da Coruña el pasado mes de septiembre, mediante una campaña amarillista y de presión violenta dirigida a la Universidad y a su rector. Una campaña que consiguió que se cancelaran las jornadas que llevábamos meses organizando. Esas jornadas estaban destinadas a explicar las violencias institucionales que sufrimos en primera persona, como mujeres y como trabajadoras, y los problemas y explotaciones reales que nos atraviesan. Durante esas jornadas queríamos dialogar juntas para encontrar herramientas que mejoren nuestras condiciones de vida y las de tantas mujeres que viven en la precariedad, las que optan por la prostitución como única alternativa laboral a su alcance.

Somos muy conscientes de que la prostitución se nutre de la feminización de la pobreza y es por eso que nuestra intención no es la de presentar el trabajo sexual de un modo romantizado ni como una práctica empoderante. Pero la prostitución, en este mundo sin oportunidades para las más pobres, constituye en muchos casos la única salida laboral y económica para personas atravesadas por los diferentes ejes de opresión, como son la pobreza extrema, el racismo, la transfobia y estar en situación de migrante irregular, entre otros. De nada sirve dejarnos sin derechos por no estar de acuerdo con nuestra actividad: es más coherente con el feminismo que, mientras esperamos el día en que todas las prostitutas sean vocacionales, apliquemos una visión de reducción de daños y de protección real, con opciones laborales y de formación subsidiada de calidad, que no consistan en otras opciones igualmente feminizadas y precarias.

Creemos que es muy necesario acercarnos a las futuras profesionales en sus centros de estudio y formación para informarles de todas las dificultades e injusticias que atraviesan nuestras vidas: ordenanzas municipales; vulneración de nuestra integridad física y psíquica debida a nuestra falta de derechos laborales; una ley de extranjería que fomenta la trata y no protege a las víctimas; vejaciones por parte de la policía; retiradas de custodia de nuestres hijes; psicopatologizaciones; malos usos de las subvenciones destinadas a proyectos para ayudar a las prostitutas —a quienes llega solo una ínfima parte—; programas de salud discriminatorios en los cuales solo importa nuestra salud sexual… Pero desde el abolicionismo institucional se nos está dificultando el acceso a ese altavoz.

Con todo lo ocurrido en las últimas semanas hemos podido comprobar que las universidades no son un espacio apolítico: al contrario, suponen un poderoso dispositivo estatal para el control social y, a su vez, legitiman determinadas decisiones políticas. Pero, al mismo tiempo, las universidades son espacios donde los estudios que se realizan van a incidir significativamente en nuestro colectivo. Por ejemplo, en un estudio del grupo Antígona (Barcons, 2018), se analiza cómo las ordenanzas municipales vulneran los derechos de las trabajadoras sexuales: criminalización, clandestinidad, deterioro de las condiciones, mayor aplicación de las ordenanzas a las trabajadoras que a los clientes, e inutilidad en la lucha contra la trata.

Nosotras, las putas organizadas, reivindicamos que la Universidad sea un espacio que promueva el debate y la crítica social, el contexto para que los colectivos históricamente reprimidos tomen la voz y reivindiquen su lugar en la sociedad como agentes políticos y de derechos, y no como sujetos pasivos de estudio. Es por eso que agradecemos la oportunidad que nos han brindado las más de veinte universidades que acogen la iniciativa «Debates Universitarios sobre Trabajo Sexual» en el territorio español. Reivindicamos y pensamos la universidad como un espacio no solo para reproducir el conocimiento, sino para crearlo, deconstruirlo, potenciar el pensamiento crítico y hacer política basada en los derechos humanos.

NOTA:

Barcons, M. (2018) «Las ordenanzas municipales: entre la regulación y la sanción de prostitución en España». Revista Crítica Penal y Poder, nº 15, pp.90-109. Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos. Barcelona: Universidad de Barcelona. http://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/26785

Alimentarnos en tiempo de crisis climática

El IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático) ha publicado este agosto un informe especial en el que analiza el uso del suelo y su relación con el cambio climático. En el informe se evidencia cómo nuestra forma de alimentarnos está contribuyendo seriamente a agravar el problema. En términos globales, el 25-30% de las emisiones totales de GEI (gases de efecto invernadero) son atribuibles al sistema alimentario, incluyendo las emisiones derivadas de la agricultura y el uso de la tierra, el almacenamiento, el transporte, el empaquetado, el procesamiento, la distribución, el consumo y el desperdicio de alimentos.

El informe demuestra la necesidad urgente de impulsar cambios para frenar no solo las emisiones de GEI, sino también el deterioro de los suelos fértiles y los ecosistemas. Y apunta los riesgos que el cambio climático nos va a plantear en términos de abastecimiento de alimentos y equidad. De hecho, el cambio climático observado ya está afectando a la seguridad alimentaria (provocando una disminución en las cosechas en diferentes partes del mundo) debido al aumento de las temperaturas, a los cambios en los patrones de precipitación y a la mayor frecuencia de algunos eventos extremos.

Los escenarios de futuro apuntan además a una subida de precios de los alimentos, lo que afectará muy especialmente a las poblaciones más desfavorecidas, así como una peor calidad nutricional y mayores riesgos de plagas. Además, la ganadería extensiva y el pastoreo van a sufrir riesgos derivados de las sequías y la ausencia de precipitación, que se sumarán a las graves dificultades que afronta ya esta actividad como consecuencia de la competencia de la ganadería industrial y la ausencia de políticas públicas que defiendan al sector.

Para el IPCC, los sistemas alimentarios deben cambiar sus prácticas, tanto en términos de oferta como de demanda. En materia de producción agroganadera es esencial basar la fertilización en materia orgánica y regenerar los suelos, así como diversificar los cultivos y razas de ganado para optar por especies y variedades más resistentes al calor y la sequía. Una mayor diversidad que debe adoptarse también por parte del consumo, virando hacia dietas más saludables y sostenibles, en las que se reduzca sensiblemente el consumo de carne —evitando la de origen industrial— y se amplíe el de legumbres y verduras y frutas frescas. Para el IPCC, el conocimiento indígena y local puede contribuir significativamente a mejorar la resiliencia del sistema alimentario.

El informe del IPCC ha tenido una notable atención mediática y una abundante cobertura en los medios generalistas. Era agosto, es cierto, pero aun así, es obvio que el tema ya está dentro de las agendas públicas. La cuestión a analizar es si se está abordando bien, si el enfoque es el adecuado y si las conclusiones que nos invitan a extraer son suficientes para la transición que necesitamos.

En nuestra opinión el foco se está poniendo casi en exclusiva en el cambo de dieta como solución al cambio climático y, en particular, en eliminar o reducir drásticamente el consumo de carne. Un enfoque parcial que transfiere al individuo —y sus decisiones sobre lo que come— la responsabilidad sobre un problema que no es, ni de lejos, solo individual.

Es obvio que necesitamos reducir el consumo de carne y que debemos hacerlo de forma significativa. Pero esto no es suficiente ni va a solucionar todos los problemas que genera nuestra alimentación en términos de cambio climático; de calidad y fertilidad de los suelos; de conservación de los ecosistemas y la biodiversidad; de equidad y vulnerabilidad; de salud; de pérdida de pequeñas explotaciones agroganaderas; de despoblación y abandono del medio rural; de dependencia de las grandes corporaciones agroalimentarias y de las de distribución; de quebranto de nuestra soberanía alimentaria, o de merma en nuestra capacidad de decidir qué cultivamos y qué comemos.

Pero la solución es irremediablemente colectiva. Necesitamos cambiar todo lo que gira en torno a la alimentación y, muy particularmente, el conjunto de las políticas públicas que están influyendo en lo que comemos: desde las políticas internacionales de libre comercio —como el reciente tratado con Mercosur, que va a perjudicar gravísimamente al sector agroganadero—, hasta las políticas europeas de subvenciones agrícolas (es urgente dotarnos de otra PAC), pasando por las instituciones estatales, autonómicas y locales, que deben dejar de apoyar sistemas de producción y distribución hiperintensivos y concentrados en cada vez menos manos.

Sin embargo, en nuestro país, uno de los más sensibles al cambio climático, resulta significativa la escasa atención al tema tanto en los programas electorales como en los debates políticos, y su presencia no deja de ser tangencial en la acción de la mayoría de los Gobiernos. Son significativos, por ejemplo, los problemas que están surgiendo para aprobar una ley de cambio climático que dé por fin a este tema la relevancia y la transversalidad que merece en todas las políticas públicas. El impulso de un sistema agroalimentario sostenible puede generar grandes aportes tanto en materia de mitigación como de adaptación pero, a pesar de los pasos dados por algunas ciudades en los últimos años, la transformación que requiere nuestra alimentación está todavía lejos de ser suficiente.

Es urgente impulsar políticas alimentarias sostenibles, de carácter integral, que impulsen una forma de alimentarnos capaz de regenerar nuestros campos y pueblos; de preservar el clima, los suelos, acuíferos y ecosistemas; de reactivar el pequeño comercio y los mercados en nuestras ciudades; y de ayudarnos a elegir mejor lo que comemos y de garantizarnos salud y equidad a todas y todos.

El reto es complejo y requiere una acción integral e integrada, un propósito firme y un compromiso compartido. Los intereses en juego son enormes, la batalla va a ser ardua y va a haber que pelear duro en todos los frentes y en todos los foros. Desde lo más pequeño e individual, como puede ser apoyar a las pequeñas productoras de ecológico de nuestra zona, organizarnos para consumir mejor o promover cambios en los comedores escolares o en nuestros barrios, hasta activar con fuerza redoblada la batalla política, la de la comunicación (compartir experiencias e información es esencial) y la de la reivindicación.

Ganadería industrial, capitalismo agrario 2.0

La industrialización capitalista del sistema agroalimentario va de la mano de los oligopolios de la agroindustria, el uso masivo de insumos, la mecanización y la expulsión o explotación laboral de campesinas y destrucción ambiental. A cambio, ¿qué se hace con las enormes cosechas de cereales fruto de esta industrialización?: alimentar ganado, lo que transforma el modelo ganadero extensivo milenario, acoplado a cada territorio, por uno intensivo y cada vez más industrializado.   ¿Cómo funciona y por qué decimos #StopGanaderíaIndustrial?

El proceso de industrialización del sistema agroalimentario ha ido de la mano de la rápida transformación desde una dieta saludable —rica en legumbres, verduras, frutas y cereales— al predominio de otra dominada por alimentos de origen animal como la carne, los preparados, los huevos o los lácteos, y con repercusiones en la salud como enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes o cáncer. Pero no solo el excesivo consumo de productos de origen animal nos enferma, sino que ingerimos enormes cantidades de antibióticos y hormonas que se suministran al ganado para que sobreviva y (re)produzca en condiciones de hacinamiento. Esto genera bacterias multirresistentes que acaban en los organismos humanos, perdiendo eficacia los tratamientos antibacterianos: la OMS pronostica que en 2050 la resistencia a los antibióticos será la principal causa de muerte por enfermedad.

Pero la ganadería industrial y la enfermedad humana contribuyen al PIB. Y mucho. Así que necesitamos urgentemente consumir #MenosYMejor: si consumes productos de origen animal, que sean locales y de ganadería extensiva, preferiblemente con base agroecológica. Además, no hay planeta B y estamos destruyendo el que habitamos. La ganadería industrial es una de las principales causas del cambo climático, ya sea por sus propias emisiones de gases de efecto invernadero, como por las que generan otros sectores asociados, dada su naturaleza transnacional. Sumemos: la agricultura industrial, fuente del alimento de la ganadería industrial, es gran emisora de dióxido de carbono y óxido nitroso por la mecanización y la fertilización química. La deforestación asociada a la transformación de bosques en cultivos de soja para producir piensos emite igualmente grandes cantidades de dióxido de carbono. Las fuentes de energía no renovable, necesaria para transformar los productos y mantenerlos refrigerados o congelados durante sus largos viajes, emiten muchísimo dióxido de carbono. Juntos, el transporte, la deforestación y la energía no renovable, emiten entre un 25% y un 30% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. La ganadería industrial achicharra el planeta.   Y, al menos, ¿el mundo rural sale beneficiado? Desgraciadamente, tampoco. El capitalismo agrario no necesita personas. Las explotaciones industriales están mecanizadas, no precisan más que una única persona, a menudo falsa autónoma que asume sus propios costes laborales aunque trabaje, de forma encubierta, para una empresa. Todo se sustenta en un modelo de integración vertical en el que lo que lo importante (animales, piensos o servicios veterinarios) es propiedad de la empresa integradora, mientras que lo malo (costes laborales, inversiones y deuda para la construcción de las naves ganaderas o la gestión de los purines) se lo queda la persona trabajadora. Además las zonas rurales, ya con problemas de falta de servicios sociales, agudizan su despoblación con el desarrollo de esta industria. Para sectores como el turismo rural sostenible o la ganadería extensiva resulta imposible desarrollarse o permanecer: los malos olores, el agua contaminada y la emisión de gases tóxicos como el amoniaco, no solo no atraen gente ni para vivir ni para disfrutar, sino que interfieren con otros modelos productivos agroecológicos.   ¿Y por qué ahora tanto ruido? España y China acaban de firmar un acuerdo comercial, en parte motivado por una epidemia en el sector porcino asiático, según el cual se podrá exportar no solo carne congelada o deshuesada y curada como hasta ahora, sino también carne fresca, jamón y embutidos. España se consolida así como el tercer exportador mundial de carne de cerdo, solo detrás de EEUU y, precisamente, de China. Así, cada día en nuestro territorio se registran nuevas solicitudes de ampliación o apertura de fábricas de carne, leche, huevos o mataderos.   En Andalucía, por ejemplo, la multinacional El Pozo —cuya integradora se llama Cefusa— ya ha expandido sus tentáculos hacia Huércal-Overa, Gacia y María, en Almería, y La Puebla de Don Fadrique, Castillejar y Bácor-Olivar, en Granada. En estas comarcas, plataformas vecinales se oponen a sus proyectos porque conocen desde hace años las consecuencias de tener estas fábricas. De hecho, las plataformas de Pozuelo en Albacete y Yecla en Murcia han logrado parar proyectos similares de la misma empresa, por lo que saben que es posible. En la provincia de Sevilla, la comarca de los Alcores se lleva la peor parte, con unas 80 000 cabezas de ganado (¡una cada dos personas!) en 57 granjas autorizadas. Todas están en el término municipal de Carmona, donde no hay una ordenanza municipal que regule el tratamiento de los purines. Resultado: a partir de los años 80, el agua de los pozos empezó a acumular nitratos, antibióticos y residuos de productos fitosanitarios (herbicidas, pesticidas, fertilizantes químicos) que redujeron su disponibilidad e hicieron el agua no apta para consumo humano.   Así que toca luchar para explotar la burbuja de la ganadería industrial. Año tras año, el censo porcino en España va batiendo récords y supera ya la cifra de 30 millones de cerdos (¡en Aragón ya hay 8 cerdos por persona!) y llega al 19% de toda la producción europea. Plataformas vecinales coordinadas en la plataforma Stop Ganadería Industrial están obteniendo éxitos parciales con la paralización de proyectos, pero se necesitan consumidoras críticas para sacar de nuestros platos este modelo industrial y administraciones públicas responsables que hagan lo propio con los comedores escolares, de los hospitales o de los centros para la tercera edad. El capitalismo agrario morirá porque con recursos limitados no se puede crecer indefinidamente, lo sabemos. Eso sí, morirá matando y la duda es quien morirá antes: él o nosotras. Se acabó el tiempo, ahora es la hora de la soberanía alimentaria.  

Se vende humo (verde)

Ecologistas en Acción presenta sus observaciones al anteproyecto de ley de cambio climático y al borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

La emergencia climática empieza a ser una preocupación prioritaria para la ciudadanía. Gran parte de la población ha tomado conciencia de la necesidad de que las instituciones tomen medidas reales para atajar la crisis ecológica y social. Las nuevas generaciones son mucho más conscientes del colapso que estamos viviendo. Miles de estudiantes se están movilizando en muchos puntos del planeta bajo la etiqueta Fridays for Future para exigir a los Gobiernos un compromiso real. Ante la evidencia los partidos políticos no pueden mirar para otro lado, pero ¿cuál es su mirada?, ¿dónde colocan el foco?, ¿hay realmente voluntad de transformación? En plena temporada de elecciones y por tanto de campañas electorales, el Gobierno del PSOE presentó un anteproyecto de ley de cambio climático y un plan nacional de energía y clima colocando el foco en los cambios tecnológicos para seguir pensando en términos de crecimiento y desarrollo. Ecologistas en Acción analizó cada uno de los temas planteados y en este número de El Topo nos hacemos eco de las puntualizaciones presentadas sobre ambos documentos.

El reconocimiento de la urgencia climática de los discursos políticos no tiene su reflejo en compromisos acordes con la evidencia científica. Las medidas propuestas para la lucha climática siguen sin comprender que el cambio necesario es más profundo que una sustitución tecnológica. El aumento de la ambición respecto a la anterior propuesta es para la organización ecologista una noticia positiva, pero sigue aún muy lejos de las reducciones necesarias.

Un reciente informe de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) cifra los efectos del cambio climático en la prolongación de cinco semanas del periodo de verano, la duplicación de las noches tropicales y la reducción de los recursos hídricos disponibles. Una pequeña muestra de los cambios que se experimentarán de no contener el incremento de la temperatura global y una nueva señal de alarma que muestra la emergencia climática actual. Sin embargo, para Ecologistas en Acción las propuestas presentadas hasta el momento repiten varios errores que impedirán limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo de 2 ºC.

1. Los objetivos no son suficientes. Todas las propuestas deberían incluir una evaluación comparativa de sus compromisos con los objetivos presentados en el informe del IPCC, explicando con claridad la ruta de descenso anual de emisiones. De nuevo es necesario señalar que solo una reducción del 7% anual constituiría un mínimo a garantizar, siendo un 10% anual la reducción necesaria y adecuada bajo criterios de justicia climática.

2. El 58% del ahorro de energía alcanzado mediante mejoras de la eficiencia, especialmente en el sector residencial, se utiliza para generar nuevos consumos. Esto indica que en 2030 la huella ecológica de España será superior a dos planetas. La propia modelización utilizada asume las máximas del crecimiento ilimitado, de forma que los horizontes desarrollados son por definición insostenibles.

3. Aunque el transporte es el sector más emisor, la falta de medidas a nivel nacional deja a las entidades regionales y locales la responsabilidad de la reducción de las emisiones. La promoción del vehículo eléctrico oculta la inviabilidad del transporte individual y la falta de voluntad de atajar la reducción del número vehículos privados. En cuanto a las mercancías, se sigue apostando con claridad por el transporte por carretera, dejando de lado otros medios menos contaminantes como el ferrocarril convencional eléctrico.

4. El sistema eléctrico está en condiciones de lograr una descarbonización rápida sin carbón, nuclear u otras energías fósiles. Sin embargo, la falta de ambición solo protege las cuentas de amortización de las grandes eléctricas, como ha quedado demostrado en el pacto de prolongación de la vida de las centrales nucleares. Sigue sin impedirse que la fijación del precio de la luz esté en manos del oligopolio energético, empresas que concentran gran parte de la producción eléctrica. Para ello, se continúa con grandes e innecesarias infraestructuras como las interconexiones eléctricas o gaseoductos.

5. Es patente la falta de medidas en muchos aspectos clave que pueden fortalecer un cambio de escala de lo local a lo global. No se apuesta por lograr que el consumo local y sostenible se articule como la cadena alimentaria mayoritaria para la población, lo que se contrapone con la falta de freno de un proceso de industrialización agroalimentaria creciente. Evitar el debate sobre el regadío y el excesivo consumo de agua agrícola no va a impedir que su escasez se incremente en las próximas décadas. La compensación de las emisiones por los bosques va a someter a mayores presiones a ecosistemas frágiles, mientras que la elección de falsas soluciones como los biocombustibles o la captura y el almacenamiento de carbono solo agravarán problemas ya existentes. El centro de la discusión climática debe ser frenar la despoblación, un nuevo concepto de empleo y la sostenibilidad, no cómo influir en los mercados.

Ecologistas en Acción recuerda que numerosas declaraciones de políticas y políticos han reconocido públicamente la necesidad de cambiar el sistema para frenar el cambio climático. En este sentido, la organización ecologista remarca que una transformación del sistema no es una reformulación del mismo esquema productivista que ha llevado hasta la ruptura de los límites planetarios. La reducción del consumo es una realidad física ineludible. Cuanto más se tarde en dar una respuesta viable, mayores serán las pérdidas a afrontar durante los próximos años.

La fábrica (urbana) del turismo.

Notas para una economía política de la turistificación en un escenario post-crisis

En verano de 2016, el politólogo barcelonés Joan Subirats alertaba en las páginas de un importante periódico de tirada nacional sobre la creciente preocupación que se extendía por Europa acerca del turismo y de la hostilidad que empezaba a despertar en determinadas ciudades.

 Eran los tiempos de las primeras movilizaciones en Barcelona contra los pisos turísticos, aunque en ciudades como Lisboa y, sobre todo Venecia, hacía años que se sucedían protestas contra el turismo de masas. Las consecuencias de los procesos de turistificación comenzaban a ser percibidas como una amenaza más a la vida de las ciudades tal y como la conocíamos o como la deseábamos. Una nueva vuelta de tuerca de lo que se ha definido como mercantilización de las ciudades, a través del uso productivo e intensivo de sus espacios públicos cada vez más dedicados y/o okupados por los servicios turísticos, pero también de los espacios privados, casas y habitaciones que se ponen a disposición de la demanda turística.

Este proceso, además de alterar la convivencia en los entornos turistificados está promoviendo fenómenos especulativos, como subida de alquileres y precios o la retirada del mercado de stock de vivienda que, en última instancia, están definiendo un nuevo tipo de expulsiones urbanas, en palabras de Saskia Sassen, donde las personas con menos renta son, una vez más, desplazadas hacia entornos periféricos. Las consecuencias de este tipo de procesos están ya en la agenda de los movimientos urbanos por el derecho a la ciudad, pero ¿qué podemos decir de sus causas?

¿Por qué el turismo y por qué ahora?

Podemos definir una serie de factores implicados en el desarrollo presente de los procesos de overtourism y que guardan una estrecha relación con una aplicación radical del paradigma actual de producción denominado posfordista. Según este paradigma, frente a la reducción de la tasa de ganancia del capital frente al trabajo, el capitalismo ha de colonizar nuevos espacios para continuar manteniendo su ritmo de crecimiento basado en una simple premisa: la extracción privada del valor creado socialmente. Así, sobre todo desde los años 70, el capital fue colonizando nuevos espacios, el trabajo salió de la fábrica, se habló del paso del obrero masa al obrero social y el capitalismo, ya en la era de la información, aprendió a extraer valor de la cooperación social, del consumo e incluso de las relaciones íntimas. Mi tesis es que estos procesos también pueden ser observados a escala urbana.

La ciudad es una construcción social fruto de la cooperación de sus habitantes, presentes y pasados. Alberga una enorme cantidad de contradicciones en su seno, siendo la principal y la que nos ocupa ahora, la que se produce en términos lefebrviarnos entre la ciudad como valor de cambio y la ciudad como valor de uso, esto es, entre la ciudad como mercancía y el derecho a la ciudad deseada. Bajo esta idea los procesos de turistificación podrían explicarse como una extracción de beneficio privado del valor creado mediante la cooperación social de la ciudadanía.

La globalización actual impulsada por la ideología que la sustenta, el neoliberalismo, ha disuelto barreras para libre circulación del capital y la construcción de un mercado de consumo global. Afecta a las ciudades en dos sentidos: por una parte, las ciudades compiten para atraer flujos de capital. La construcción de ciudades globales como Nueva York, Londres o Dubai reflejan la importancia de la construcción de la ciudad como marca, esto es, como mercancía. En mayor o menor medida las ciudades se adaptan a esta competición global por atraer capital y visitantes. Por otro lado, el desarrollo de infraestructuras globales de comunicación y transporte, con una huella ecológica insostenible, ha propiciado la creación de un mercado turístico global.

La construcción de la marca de la ciudad, la puesta en valor de las cualidades que la hacen única y apetecible para el turista, viene en consonancia con la existencia de un cierto cambio cultural que aboga por la mercantilización de la experiencia vital y de la marca personal.  Así, a través de aplicaciones como Facebook o Instagram, los individuos comparten sus experiencias “únicas y especiales” en el mercado global por el reconocimiento (los likes).

Esta búsqueda de experiencias únicas afecta de manera determinante al turismo, no solo por su efecto cuantitativo (más turistas) sino en lo cualitativo. Ahora los turistas quieren vivir la ciudad, vivir donde un nativo, comer como un nativo insomma habitar como un nativo, a costa de desnaturalizar su forma de vida e incluso propiciar su expulsión.

Otro factor clave para entender el auge turístico y sus consecuencias, especialmente en nuestro entorno, es el de la especulación inmobiliaria. El capital patrio siempre apostó por el suelo y el ladrillo para generar beneficio desde el país de propietarios impulsado por las políticas franquistas y su oligarquía extractiva. La crisis de 2008 en nuestro país fue una crisis inmobiliaria, pero la tímida recuperación de la economía puso de nuevo en marcha la maquinaria especuladora de una clase propietaria dominada por nuevos actores, fondos de inversión que se habían hecho con un importante stock de viviendas y solares. Este nuevo movimiento especulativo ha visto en el turismo una importante fuente de beneficio, a través de vivienda turística y nuevos hoteles, lo que al mismo tiempo ha desatado una nueva burbuja de este tipo de alojamientos y un efecto terrible en los precios de venta y alquiler.

El papel de la economía  ¿colaborativa?

Por último, se ha señalado la importancia de la mal llamada economía colaborativa en el auge del turismo. Aplicaciones como AirbnB o Home Away para la vivienda pero también el acceso a otro tipo de servicios, como UBER, o incluso aquellas aplicaciones que ponen en relación a turistas con personas que cocinan en sus casas “platos típicos” o con guías turísticos amateur. La economía colaborativa idealmente se basa en la ética hacker de “compartir es bueno”, sin embargo, la realidad de este tipo de aplicaciones es muy distinta y da cuenta de cómo el capital coloniza espacio de manera cada vez más aceleradas y son actualmente la expresión más pura de la máxima capitalista de la extracción del valor de la cooperación social.

Y si hemos trazado un dibujo de las causas y las consecuencias, nos queda despejar el futuro ¿qué hacer? Necesitamos inventar. Caminar hacia una transformación social que incluya el derecho a la ciudad dentro de una propuesta socioeconómica socialista que implique poner fin a la precarización de la existencia  impuesta por el capitalismo actual. Crear un imaginario de ciudad que escape de la mercantilización de nuestras vidas. Escapar de las prisiones de lo posible.

DESDE LA MACARENA A ESTRASBURGO EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN:

CASAS VIEJAS VS REINO DE ESPAÑA

La negación de la tortura y la criminalización de quién la denuncia.

El 30 de noviembre de 2007, el activista Agustín Toranzo junto a otro compañero, fueron extraídos por la fuerza de un túnel bajo tierra en el que se encontraban sujetos como forma de protesta por el desalojo judicial del Centro Social Ocupado y Autogestionado “Casas Viejas”, situado en la calle Antonia Sáenz nº 12 de Sevilla.  Al día siguiente, debido a la gran expectación informativa del suceso, se realizó en la Plaza del Pumarejo una rueda de prensa con presencia de diversos medios de comunicación. En esta se explicó cómo se había producido el desalojo del inmueble y cuáles fueron las técnicas de violencia, coacción y amenazas que se habían utilizado para extraerlos del túnel. Se dijo  literalmente: “los malos tratos psicológicos y físicos no se han podido parar”; “ahora voy a hablar de las torturas que nos han hecho para que nos soltáramos de los tubos […] las torturas físicas han sido realizadas exclusivamente por policías nacionales […] han sido bastantes refinadas en el sentido de que no han dejado huellas físicas y han producido bastante  dolor[…] A mí me ataron la cuerda en la cintura, la sacaron del túnel y entre los tres empezaron a tirar con la misma intención”.

Al relatar cómo fue atado de la mano libre a los tobillos con precinto, sufriendo un dolor intensísimo, manifestó que “esta tortura la realizan además dos policías nacionales que aparecen en las fotografías de prensa con los monos blancos de Emasesa”; “[…] Cuando te están torturando piensas en todo […] hemos corrido peligro”.

Todos los partidos, incluyendo al PSOE e IU, no solo negaron la mayor, sino que incluso llegaron a justificar dicha manera de proceder, reprochando a todos los colectivos implicados que se había puesto en peligro al personal de policía y bomberos (noticia compartida por otros medios como el diario ABC el día 04/12/2017). Desconocían que existía una gran red de afinidad político-afectiva-vecinal entonces, y sobre todo, unas cámaras que grabaron todo el sufrimiento de estas personas, sin que lo supieran los que lo infligían.

La larga travesía del desierto de la justicia española

La maquinaria del Estado empleó todos los frente posibles para criminalizar a quien en mayor o menor medida había participado en dicha acción contra el desalojo: multas administrativas, denuncias penales por desobediencia, atentado a la autoridad, reclamaciones civiles millonarias, etc. Como consecuencia de una de estas denuncias Agustín fue condenado como “autor de un delito de calumnias con publicidad a la pena de 20 meses multa con una cuota diaria de 10 euros (…) y a indemnizar a los agentes de policía por los perjuicios causados en 1.200 euros.” 

El Juzgado de lo Penal 13 de Sevilla y la Sección Tercera de la Audiencia Provincial consideraron que sus declaraciones eran ciertas, pero que no se podían incluir en el concepto de tortura descrito en nuestro Código Penal. Y esto a pesar que la técnica empleada consiguió el dudoso honor de que la prestigiosa Revista internacional Torture la incluyera dentro de la categoría de torturas[1]. Además ello reflejaba una actuación proporcionada de la policía, de modo que calificarlas de tortura constituía una falsedad que implicaba la comisión del delito de calumnia. El Tribunal Constitucional ni siquiera admitió el recurso de amparo, ya que no se justificaba la trascendencia constitucional, sin más argumentación.

De nuevo Estraburgo, de nuevo la libertad de expresión

Sin embargo, la persistencia del propio Agustín, la del colectivo de Casas Viejas y el apoyo de la Coordinadora estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura y del Grupo de Juristas 17 de Marzo, fueron fundamentales para interponer una demanda por vulneración del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, o sea, por vulnerar la libertad de expresión.11 años después se dictó la Sentencia de la Sección Tercera del TEDH, en el caso Toranzo Gómez vs. Spain de 20 de noviembre de 2018 que da la razón al activista y condena al Reino de España destacando cuatro ideas:

La primera: el Reino de España vulneró el artículo 10 del Convenio en este caso. Es decir, se vulneró el derecho a la libertad de expresión. Como consecuencia, se condena a España al pago de más de 8.000 euros en multas, indemnizaciones y costas. Ninguna institución es intocable a este derecho y debe estar sujeta a la crítica política en sus actuaciones: jueces, policías, ministros e incluso la monarquía.

La segunda: criminalizar estas conductas persigue desalentar la crítica política e imponer un pensamiento único bajo la amenaza de multas y prisión.

La tercera: el derecho a la libertad de expresión es también subversión, transgredir los códigos establecidos y decir en definitiva, las cosas que molestan e incluso las que pueden ofender al poder. Por tanto, las últimas condenas de los tribunales españoles en este sentido carecen de justificación, ya que no han interpretado extensivamente este derecho conforme a la jurisprudencia europea.

La cuarta: todos los hechos que denunció Agustín eran ciertos, pero el concepto de tortura definido en el Código Penal español no se adecúa a las definiciones que recomienda el Comité contra la Tortura de la ONU, mucho más amplias que las recogidas en nuestro ordenamiento jurídico, y  por tanto urge adaptar a los estándares internacionales.

Desde la Macarena se crea jurisprudencia: porque fuimos somos porque somos serán.

No es la primera vez que España es condenada por vulnerar los derechos humanos. Según «La tortura en el Estado Español», el último informe del 2017  de la Coordinadora para la prevención y denuncia de la tortura, Andalucía fue la segunda nacionalidad en denuncias de torturas y/o malos tratos. Por medio de esta condena se puede visibilizar y recuperar la memoria de muchas personas dispuestas a resistir, a arriesgar su comodidad y su vida para denunciar dichas prácticas, mediante la movilización, los afectos, y la lucha en todos los frentes, incluido el jurídico. También se demuestra que es posible ganar al estado.

Gracias al esfuerzo colectivo, en los próximos juicios a activistas se podrá invocar esta doctrina en los procesos judiciales contra compañeras acusadas de delitos contra los sentimientos religiosos, que conforme a las mismas deberían ser archivados inmediatamente.


[1]     Transitory Ischemia as a form of white torture: a case description in Spain. Torture 20(2), 104–107   

Vida y muerte en el Mediterráneo:

¿ONGs o barbarie?

¿Qué hay detrás de la televisiva Proactiva Open Arms? ¿Sustituirá a Salvamento Marítimo en el Estrecho privatizando la labor humanitaria? Open Arms desempeña una función esencial en el Mediterráneo a la vez que forma parte de una empresa que explota a sus trabajadorxs. Aquí os mostramos algunos detalles de esas dos caras de la misma moneda que confirman la complejidad del asunto.

Proactiva SL El negocio de la solidaridad

Dar cera, pulir cera

Maestro Miyagi

La Sección de Portuarios del sindicato CNT ha denunciado recientemente en diversos comunicados y en las redes sociales las malas prácticas laborales de Proactiva SL, empresa del mediático Oscar Camps, que desde 1999 se dedica a la gestión de servicios públicos de los ayuntamientos en materia de prevención, salvamento y socorrismo. A raíz de esta denuncia, muchxs trabajadorxs se han animado a compartir su experiencia laboral en las redes. Esta empresa creó en el año 2015 la fundación Open Arms.

Según el sindicato, la empresa se ha ido quedando con casi todas las adjudicaciones del servicio de gestión del socorrismo en playas de la costa catalana a base de reducir el precio de los servicios hasta tal punto que las pequeñas empresas del sector no pueden competir. ¿Y cómo se reduce el precio de los servicios siendo aún lucrativo para la empresa? Entre otras lindezas, la fuente señala la bajada de los salarios con mínimo tamaño de las plantillas, haciendo que algunos trabajadores hagan jornadas de 10 horas diarias sin descanso durante todo el verano. Seis meses de contrato con seis pagas de unos 980€, en los que se trabaja el equivalente a las horas anuales según convenio. La empresa mantiene el lucro mediante fraude en la contratación (haciendo que una relación fijo-discontinua pase a ser temporal por obra y servicio), abaratando los costes de despidos y salidas de personal, y mediante fraude en la obtención de contratos públicos, ofertando más material del que disponen, moviendo el material de playa en playa a medida que se suceden las inspecciones o escatimando el material sanitario sin tener en cuenta la salud e integridad de personal y de bañistas.

Se señala también que Proactiva SL lleva a cabo una persecución sindical a todos los empleados que quieren organizarse para combatir las condiciones impuestas, poniendo como ejemplo el despido el año pasado de cinco trabajadores de la playa de El Campello por montar una sección sindical de CGT.

Todo ello es posible debido a la naturaleza del sector. El trabajo, precario y de temporada, dificulta la organización de la plantilla, ya que la empresa contrata muchos trabajadorxs en origen (incluyendo migrantes rescatados o demandantes de asilo) que no están familiarizados con la regulación laboral. Además, por la brevedad de los contratos y la intensidad de las jornadas, probablemente nunca van a denunciar dada su extrema situación de vulnerabilidad. Tan pésimas son las condiciones de trabajo que varias plantillas de la empresa (entre ellas, las de Alicante y Barcelona) convocaron varias huelgas indefinidas , algo nunca visto antes en el sector.

A pesar de los innumerables conflictos laborales en los que Proactiva SL está inmerso, ha firmado un acuerdo con el Gobierno para actuar como uno más de los equipos de Salvamento Marítimo en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán para el rescate de migrantes. Un acuerdo que puede entenderse como un primer paso en la privatización de un servicio público ejemplar, referente en toda Europa por su labor salvando personas sin importar su origen. Fundar y dirigir una ONG que salva refugiados y ser propietario de una empresa que explota a sus trabajadores e incumple contratos públicos no parece ser incompatible en los tiempos locos que vivimos.

Un crimen en el Mediterráneo central

En la frontera marítima de Libia, en lo que se ha dado en llamar el Mediterráneo central, se está cometiendo un crimen contra los derechos humanos y el derecho internacional, y se está haciendo a escondidas, ante la indiferencia internacional. Las víctimas son personas obligadas a huir de sus países de origen que se embarcan en busca de una vida nueva y a las que solo se les permiten dos opciones: morir ahogadas en el mar o ser entregadas a las torturas, abusos y violaciones de los sádicos libios.

Los responsables de estos crímenes son los Gobiernos europeos. Notablemente los de Italia y Malta, pero también el resto de los países de la Unión. Y lo hacen con total impunidad porque no hay testigos que cuenten lo que está sucediendo.

Tras su llegada al poder, Mateo Salvini —ministro del interior de Italia y líder ultraderechista— se planteó el objetivo de acabar con la llegada de inmigrantes a las costas y puertos italianos. Y lo ha conseguido del modo más brutal, con la connivencia de la Unión Europea.

La negativa a recibir los inmigrantes rescatados no es más que el elemento final, decorativo, de una estrategia asesina que se plasmó en junio de 2018 en la creación de la zona SAR (zona de rescate marítimo) de Libia. Con ella se le dio a Libia la responsabilidad de los rescates en una zona del mar que se extiende por más de cien kilómetros desde sus costas, hasta tocar casi las de Malta e Italia. De todo ese territorio se retiraron luego los barcos de salvamento de Frontex, la misión europea para vigilancia de las fronteras. Fueron sustituidos por aviones con el objeto de dejar de rescatar a inmigrantes. Los aviones, cuando detectan una barca de inmigrantes, se limitan a informar —si pueden— a las autoridades libias. Sus guardacostas, conocidos por sus excesos y su violencia, son los responsables de los rescates. Las pocas veces que acuden a uno, llevan a las personas migrantes de vuelta al puerto de Trípoli, contraviniendo las normas internacionales que obligan a desembarcarlos en el puerto seguro más próximo. Trípoli es un lugar inseguro y violento donde se producen casos documentados de violaciones, asesinatos y sometimiento a esclavitud de personas que quieren escapar a Europa.

Italia, prácticamente, ha retirado sus barcos de la zona SAR libia. Además, en sus costas, ha sustituido los de la guardia costera por los de la militarizada guardia de finanzas. El centro de coordinación y salvamento de Roma se niega a poner en marcha operativos de rescate cuando es contactado por algún barco que se cruza en el mar con barcas de inmigrantes a punto de zozobrar. Son remitidos al centro de coordinación libio, donde nadie coge el teléfono.

En este panorama desolador, la única esperanza la representaban los barcos de rescate de las ONGs. Son los únicos dispuestos a seguir patrullando las aguas internacionales delante de Libia, a rescatar a las personas en riesgo y llevarlas al puerto seguro que determina la ley internacional. Para evitar estos testigos incómodos las autoridades europeas están utilizando todo tipo de tretas para paralizar sus barcos: desde quitarles la bandera de su país, hasta ordenar interminables revisiones mecánicas o investigar supuestas irregularidades administrativas en sus papeles. Es un hostigamiento infame que demuestra lo importante de su papel.

MONARQUÍA Y REPÚBLICA, NI CHICHA NI LIMONÁ

Si nos mantuviéramos en una posición doctrinaria, el debate monarquía/república sería una falsa discusión desde una perspectiva anarquista ya que ambas son formas de Estado, principio inútil y nocivo tanto en origen como para cualquier función práctica según esta ideología. Considerado como instrumento de dominación de clase, que propiciaba el mantenimiento de la explotación y la desigualdad social, sería igualmente descartado. El anarquismo criticó la delegación de poder que suponía un sistema representativo como el liberal (y el democrático) que se constituía en monarquía o república como forma de Estado.

Así como no hay duda de que la monarquía no tuvo, ni tiene, afinidades con el anarquismo, que rechaza de plano la idea misma de que la jefatura del Estado resida en una persona —un rey o una reina, siendo un cargo vitalicio al que se accede por derecho y de forma hereditaria—, han existido afinidades históricas en España con la república.

La cultura democrática cobró forma en España, en el siglo XIX, como una doble impugnación a las exclusiones políticas y sociales que implicaban la construcción del Estado liberal y las contradicciones del capitalismo. Así fue como el republicanismo federal asimiló el socialismo premarxista y, desde 1869, apoyó la construcción de organizaciones obreras.

El Estado liberal consideró pronto al republicanismo federal como un movimiento peligroso para su existencia puesto que rechazaban, a la vez, dos aspectos sobre los que se sustentaba dicho Estado: la autoridad y la propiedad. Este planteamiento revolucionario produjo, sin duda, afinidades con el anarquismo que se incrementaron por la huella de Proudhon en el pensamiento de Pi i Margall. Este margen de contacto pudo (puede) provocar equívocos sobre su afinidad pese a que las dos corrientes estaban bien delimitadas desde el punto de vista ideológico y no podemos considerar el republicanismo federal como precursor del anarquismo.

El republicanismo arraigó en las clases populares y no perdió apoyos cuando fracasó la experiencia republicana de 1873, manteniéndolos hasta bien entrado el siglo XX cuando la competencia con el anarquismo se hizo patente. Esto no fue óbice para que se mantuviera la doble militancia republicana y anarquista en las últimas décadas del siglo XIX. La tradición democrático-social del republicanismo federal fue una aportación importante a la cultura radical del obrerismo presente en anarquistas que procedían del republicanismo.

Además de esta afinidad con el republicanismo federal, hay un segundo elemento a considerar: la mitificación de la II República (1931-1936). La historia puede convertirse en moneda de cambio para justificar posturas políticas actuales; para ello, lo más fácil es construir mitos que repetidos hasta la saciedad acaban pareciendo verdades. El mito de la bondad o maldad intrínseca de la II República, según qué posiciones políticas lo necesiten, es uno de ellos tal y como observamos hoy en España.

El mito que está construyendo la nueva izquierda en España, con someras referencias a la II República, oculta sistemáticamente la política represiva de los Gobiernos de centro-izquierda republicanos. Un aspecto relevante, que no por repetido en la historia reciente resulta menos engañoso, fue la clara diferencia entre el discurso y la práctica del republicanismo en la oposición, progresista e incluso radical, y el republicanismo en el poder defensor de un mundo de orden.

En el proyecto republicano, el orden y la reforma eran conceptos inseparables. Para poder reformar las estructuras obsoletas de la monarquía liberal era necesario que las clases populares abandonaran la lucha y confiaran plenamente, delegando el voto en los partidos, en su capacidad para democratizar el viejo sistema liberal. El sueño de una república reformista se centró en la igualdad política, dando menos relevancia a la cuestión económica y social, manteniendo intacta la economía liberal. Frente al paro, muy elevado por los efectos del crac de 1929, se aprobaron leyes draconianas como la de la Defensa de la República, la del Orden Público y, especialmente, la de Vagos y Maleantes.

La ley de Vagos y Maleantes pretendía separar a los parados respetables de los pobres peligrosos. En la práctica, cualquier trabajador o trabajadora que no tuviera empleo fijo podía ser detenido por tener aspecto sospechoso. Desde las páginas de periódicos como Solidaridad Obrera, las diatribas contra esta ley eran constantes, puesto que se aplicaba frecuentemente contra los propios anarquistas y otros rebeldes sociales, como los exiliados antifascistas de Europa o América Latina, que se encontraban en España de manera clandestina.

Después, la II República sufrió un organizado golpe de Estado que desencadenó una guerra civil y una revolución social potenciada mayoritariamente por el movimiento libertario y, de nuevo, las diferencias entre las fuerzas republicanas de izquierdas contrarias a la revolución social y el movimiento libertario provocaron la confrontación abierta (sucesos de mayo de 1937). La colaboración con los Gobiernos de la república durante la guerra se produjo para intentar salvar algo de la revolución social ya fracasada. Tras la guerra: el duro exilio, los intentos de unidad y el inicio del mito…

En conclusión, ante el debate monarquía/república, la respuesta sería: ni chicha ni limoná. Descartada la monarquía y reconociendo que hubo importantes afinidades con el republicanismo federal en la oposición, la experiencia de la II República y la guerra civil demostraron que la república es una forma de organizar un Estado, mejor que la monarquía porque la jefatura del Estado es electiva; pero que el interés del anarquismo en esta fórmula solo podría despertar cierto interés en el caso improbable de que cuestionara la autoridad, la propiedad privada y otros aspectos sociales en los que no hemos entrado —por ejemplo el patriarcado— por la poca extensión de este texto[1]


[1] Para escribir este artículo me he servido de mi propio libro: Laura Vicente (2013): Historia del anarquismo en España. Catarata, Madrid. Y de dos artículos, el de Chris Ealham «Los mitos de la II República: la reforma, la represión y el anarcosindicalismo español». Libre Pensamiento, nº 89, invierno 2016/2017, pp. 85-91; y el de Eduardo Higueras Castañeda «La cuestión del siglo: el federalismo español y las respuestas a la cuestión social en el siglo XIX». Libre Pensamiento, nº 94, primavera 2018, pp. 9-15.

Patrioterismos 2.0

En momentos de crisis el reforzamiento de la identidad nacional frente al otro surte efecto: cohesiona y mantiene la indignación de la población debidamente encauzada hacia cuestiones más emocionales que racionales. Es más fácil odiar al moro, al catalán o a la andaluza que a los fondos de inversión o a los grupos de presión empresariales. En estos momentos, la coyuntura socioeconómica dentro de nuestras fronteras constituye un caldo de cultivo idóneo para hacer crecer esos populismos identitarios: Un Estado caduco cuyos mecanismos de gobierno no funcionan correctamente, amplios sectores de la población desencantados, unas condiciones laborales cada vez más precarias, un desempleo estructural que ronda el 20% de la población activa y una ola de inmigración creciente, en su mayoría de personas que han sido expulsadas de sus países por nuestras guerras por los recursos.

A todo esto hay que añadir la más que probable y cercana próxima recesión económica, prevista incluso por los analistas más optimistas para antes de 2020. Las principales economías capitalistas están creciendo por encima de su equilibrio, un escenario insostenible durante mucho tiempo. Este crecimiento, que está sucediendo sin inflación, es solo un espejismo y se acabará en los próximos años. Según estos análisis, esta fase de expansión de la economía global está viviendo una prórroga inesperada por las políticas fiscales expansivas aprobadas por Donald Trump. Es un crecimiento artificial conseguido a partir de deuda que solo servirá para retrasar la próxima recesión y hacerla más profunda.

Pero la crisis económica no es suficiente para hacer crecer el nacional populismo; son necesarios los símbolos identitarios, hay que apelar a la emoción. La idea de escribir este artículo surge, de hecho, de la inquietud generada por la plataforma puesta en marcha por Ciudadanos hace unos meses llamada España Ciudadana. Todas tenemos aún grabada en nuestras retinas la imagen entre casposa y ridícula de un salón de actos repleto de personas, banderas de España, Marta Sánchez cantando el himno entre lágrimas y Albert Rivera diciendo que solo ve españoles. La escena generó cientos de memes y chistes, a la vez que revelaba el parecido del discurso del presidente de Ciudadanos con el de José Antonio Primo de Rivera sobre «España como unidad de destino en lo universal». España Ciudadana evidenció la reaparición del hasta ahora agazapado nacionalismo español (patriotismo constitucional según Rivera) con toda su artillería simbólica. Banderas, himnos y proclamas patrióticas han salido del armario sin complejos, alimentadas por el conflicto catalán, principal detonante, junto al nacionalismo vasco, de la explosión españolista. 

Pero ¿por qué este episodio de patrioterismo 2.0 nos rechina tanto? Hagamos un poco de historia. No son pocos los autores que plantean la teoría de la débil nacionalización del Estado español, basándose en la tesis de que sus principales dispositivos nacionalizadores, el Ejército y la educación (en manos principalmente de la Iglesia), no consiguieron el objetivo de crear una conciencia/identidad de Estado-nación española. Por así decirlo, el proyecto democrático liberal y la idea de Estado-nación no triunfaron como en otros países europeos. Por contra, fueron el catolicismo y la derecha reaccionaria quienes enarbolaron el proyecto nacionalizador iniciando esta asociación entre Iglesia y Estado cuyo legado aún pervive. Es desde ahí desde donde se extiende un discurso referido a una unidad española sacrosanta que emana directamente de un derecho natural con todo lo que eso significa: todo aquello que cuestione este dogma es declarado enemigo del orden natural y justifica la violencia estatal (GAL, 1O en Cataluña) pero, aun así, es un discurso que seguíamos considerando minoritario.

Desde el Estado se intentaron otros instrumentos para construir una suerte de identidad nacional. Así, la música, las fiestas, el teatro y otras expresiones culturales fueron empleadas en este empeño. Aunque tampoco en esto se puede decir que hayan tenido el éxito deseado. Entre otras cosas porque algunos de estos símbolos fueron expoliados de una región, Andalucía, y descafeinados para el consumo estatal, produciendo como efecto una mayor reafirmación de las expresiones culturales locales que configuran las diferentes nacionalidades del Estado, propiciando un abono para el desarrollo de los nacionalismos periféricos.

Por otra parte, nos queda la pequeña anécdota del franquismo. Por mucho «café para todxs» que hayamos bebido a lo largo de los años que llevamos de régimen del 78, no se ha podido olvidar que, durante casi 40 años, Franco utilizó un arsenal de simbología «nacional» para justificar su existencia, mientras se cargaba entre 100 mil y 150 mil personas. Para terminar de comprender de donde nos viene el recelo hacia lo españó quedaría pensar cómo se ha afrontado la transición a la democracia. Una «modélica transición» que no ha condenado los crímenes realizados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, que no ha enjuiciado a sus responsables, que no ha reparado a las víctimas y no ha reconocido los diferentes daños causados. La trazabilidad de familias del franquismo y élites político-económicas es, por el contrario, bastante fácil de hacer.

En estas circunstancias, ¿qué ha hecho despertar ese sentimiento nacionalista que parecía dormido y recluido en el fútbol y nostálgicos del franquismo? Parece claro que el catalizador principal ha sido la cuestión catalana. Nade hace reaccionar más al nacionalismo español que los nacionalismos periféricos. La posibilidad de una Cataluña independiente cuestiona ese discurso de la unidad de España como dogma inamovible. Un discurso que olvida que España no se fundamenta en un derecho natural, si no en un derecho positivo. Es decir, que el modelo territorial es un acuerdo, un pacto entre las personas que habitan un territorio, en un momento histórico determinado, y que como todo pacto está sujeto a revisión y a debate. Por el otro lado, no olvidemos que los nacionalismos periféricos caen en la misma retórica: un nacionalismo basado en una identidad inamovible a través del tiempo que se convierte en excluyente dejando fuera a personas que habitan el mismo territorio. Algo que en Cataluña ha aprovechado Ciudadanos utilizando con éxito el discurso de odio para enfrentar a la población migrante (principalmente del cinturón obrero), que se siente rechazada por el discurso esencialista, contra el catalanismo.

Las circunstancias, por tanto, deberían alertarnos. Crisis económica, migraciones, discurso de odio, enfrentamientos identitarios y partidos que alientan esas posiciones.  Todos estos indicios conforman un panorama perfecto para que el discurso nacional populista triunfe, como ya está sucediendo en algunos lugares de Europa, si no construimos alternativas hacia una transición ecosocial justa que reconduzca la frustración y la rabia.

Después de la sentencia

Un breve recorrido sobre algunos de los efectos del juicio de La Manada

«Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí» Augusto Monterroso

Es difícil, mucho, escribir sobre acontecimientos que de una u otra manera nos atraviesan. Si ese ¿hecho?, ¿episodio? —es tan frío el lenguaje— del que queremos hablar está lleno de aristas y genera otros acontecimientos a su vez y opiniones y reacciones viscerales y teorías y odio y dolor, el reto se pone realmente complicado y las dudas aparecen. ¿Qué decir que no se haya dicho ya? ¿Y si digo algo que molesta? ¿Y si no digo nada que moleste? Sin embargo, asumiendo la incertidumbre, los miedos y la ignorancia que me envuelven, pienso que hacer un breve repaso de lo ocurrido puede ayudar, al menos a mí, a digerirlo.

Como tengo muy aprendidas las técnicas periodísticas, empezaré contextualizando por si hay alguien de otro planeta que no sabe de lo que se está hablando: el pasado 26 de abril el Tribunal de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra dictó la sentencia del juicio a La Manada: cinco hombres acusados de violar en grupo a una joven en los Sanfermines de 2016. La Audiencia los condena a nueve años cárcel por abuso y los absuelve de agresión sexual amparándose en el artículo 181.3 del Código Penal. Unas horas después, miles de mujeres salen a la calle en ciudades de todo el país para mostrar su indignación por la decisión judicial. Concentraciones y manifestaciones espontáneas que recorren plazas y juzgados al grito de «yo sí te creo» o «no es abuso es violación».

Pero no solo en la calle se escuchan voces de rabia y estupefacción; expertas y expertos en leyes critican la condena en medios y redes sociales: «La sentencia de la manada ha sido la gota que ha colmado el vaso. Puede ser técnicamente legítima, pero denota una cultura machista que ya no es de recibo en la sociedad». Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. «La sentencia es laxa e injusta sin duda con la denunciante. Los hechos demuestran una clara intimidación y coacción, por tanto, es un delito de agresión sexual del artículo 179 del CP y no un delito de abuso sexual del artículo 181.4. No se ajusta a derecho». Pastora Filigrana, abogada.

Desde la psicología también se han elaborado análisis que plantean el quid de la cuestión desde mi punto de vista: «La sentencia ofrece en su argumentación todo un reguero de pistas sobre una construcción cultural machista que tergiversa y confunde sin pestañear términos como placer, deseo, satisfacción, excitación o consentimiento». Mónica Ortiz, psicóloga y sexóloga.

Las reacciones en redes, medios y en la calle, se han sucedido desde entonces e intuimos que no van a parar. Si el 8M supuso un punto de inflexión en el movimiento feminista internacional, este caso lo está siendo además dentro de nuestras fronteras. Otra de las consecuencias directas de lo ocurrido ha sido la creación de la etiqueta #Cuéntalo en Twitter por parte de la periodista Cristina Fallarás, para recopilar experiencias de abuso, acoso o violación de mujeres que quisieran hacerlo público. La respuesta ha sido y es estremecedora: miles de mujeres han reconocido experiencias —más o menos traumáticas, claro está— en las que han sido acosadas, abusadas o agredidas por hombres, a los que conocían en bastantes casos. Una auténtica caja de Pandora con la que no sabemos muy bien qué hacer.

Ante tanta movilización social, el Gobierno del PP, en horas bajas y con las elecciones cerca, mueve ficha y crea una comisión de revisión de los delitos sexuales formada por ¡veinte hombres y ninguna mujer!, evidenciando no solo esa estructura machista del sistema, sino la torpeza infinita de sus representantes (unos días después decidió enmendar la decisión incluyendo a seis mujeres de manera temporal).

No es algo que sorprenda y además sabemos que las protestas serán utilizadas como excusa para endurecer las penas, para dar una vuelta de tuerca más a la represión. Sin embargo, también creemos que el feminismo no puede quedarse callado ante el mensaje que lanza esa sentencia y otras tantas que se han dado a conocer en las últimas semanas. Como señalaba Rocío Medina, profesora del Dpto. de Derecho Público de la Universidad Pablo de Olavide: «El mensaje jurídico, y por tanto también político y mediático, es que lo que pasó aquella noche no fue una violación y eso es un retroceso inaceptable para los feminismos en este país. Yo no creo que el debate de fondo deba ser más o menos cárcel, ese es el marco donde nos quieren meter —la cárcel no previene nada, solo castiga—; el debate de fondo es cómo se están reformulando políticamente los tipos penales a partir y a través de las violencias contra las mujeres».

Como decía al principio, no es un tema fácil y menos cuando seguimos inmersas e inmersos en él. Me reconozco incapaz de extraer unas conclusiones o unas reivindicaciones claras más allá del lugar común de que la cárcel no es la solución —ni la guerra de bandos y aquí discreparé de algunas compañeras—. Lo único que me queda claro dentro de la consternación, la duda, el miedo y la ilusión, es que la lucha feminista debe continuar en la casa, en la escuela y en la calle. Nos equivocaremos muchas veces y acertaremos otras, pero ya no nos callarán.

Desbordando el 8M

El día de huelga comienza de noche. Son las 22:30 h del 7 de marzo y algunas andamos dando vueltas por las calles para no quedarnos dormidas en los sofás antes de poder arrancar para el piquete de las 00:00 h. Las vecinas nos hemos convocado a esa hora en la Alameda de Hércules para estrenar una huelga feminista que, por nueva, suscita numerosas dudas a nuestro alrededor.

Mientras esperamos bajo una tromba de agua nos inundamos con las incertidumbres: ¿irá gente al piquete? Llueve mucho… Y a nuestro alrededor otros nos acribillan con las suyas: ¿si soy un hombre debo hacer huelga? ¿Qué hago? ¿Voy mañana a trabajar? ¿Yo puedo consumir? ¿Y si es en un sitio donde no trabajan mujeres? ¿Los piquetes son mixtos?… La única certeza que nos acompaña es que la lluvia ha decido caer como si el mañana no existiera.

A las 23:55 h caminamos a la Alameda, al punto de reunión. Allí nos esperan unos 80 o 90 paraguas bien apretaditos unos contra otros, para dar calor a las mujeres que, con risas nerviosas, se saludan bajo ellos. Comenzamos cantando la canción que nos acompañará durante 24 horas (y durante muchas más resonará en nuestros cerebros): «Oooli, ooooli, olá, la huelga vencerá / Es la huelga feminista, es la huelga feminista / Oooli, ooooli, olá, la huelga vencerá / Este mundo no nos gusta / y lo vamos a cambiar» o más popularmente conocida como el «alialió». Cantamos bajo la lluvia pasando por los bares y repartiendo panfletos. Algunos cierran a nuestro paso, otros nos miran con una mezcla de curiosidad y susto vital…  Sobre las 01:30 h empapadas y con una felicidad eléctrica decidimos disolvernos. Queda mucha huelga por delante.

Sevilla se levanta con la Ronda cortada a la altura del Arco de la Macarena. Una pancarta fijada con cubos de fregar inamovibles reza: «A la huelga, compañeras». A eso vamos. Comienzan de nuevo los piquetes. Vamos por nuestro barrio, donde vivimos, donde trabajamos, repartiendo panfletos con nuestro alioli y otras consignas. Rápidamente nos venimos arriba, andamos por la carretera, entramos en un cole, visitamos supermercados, centros de salud. Cada vez somos más. Cortamos la Ronda, y a estas alturas la energía que nos recorre comienza a desbordarse por la piel. Emprendemos el camino a las Setas donde nos encontraremos con las estudiantes en huelga. Cuando llegamos gritando «¡Alerta, alerta! Alerta que camina la lucha feminista por las calles de Sevilla» realmente sentimos que el asfalto retumba ante tantas mujeres juntas y revolucionás. El encuentro con las estudiantes que ocupan las escaleras de las Setas con sus pancartas de cartón y sus gritos es uno de los múltiples momentos del día en los que algunos ojos, como el día, hacen aguas.

Toca ahora avanzar hacia la Plaza del Duque donde la Asamblea Unitaria Feminista ha convocado una concentración. Llueve a mares de nuevo, pero en el Duque no se cabe. La CGT ha montado en su sede un punto de cuidados. Hay fruta, tostadas, café y té; baños y un montón de niñxs perseguidos por adultos con diferentes grados de agobio en su rostro. Una compañera dice: «Esto debería de ser todos los días así». La concentración comienza su particular mitosis y las células de mujeres hambrientas (con algunos hombres hambrientos empotrados) se dividen. La mayoría se dirigen hacía el Pumarejo donde hay convocada una comida antipatriarcal con teatro y actuaciones. Las células van cortando las calles, cantando y gritando «Este mundo hoy lo paramos» y «Hoy ni limpio, ni cuido ni cocino», al tiempo que alguna se gira y agarra del brazo a la amiga: «Cuidado con el escalón que yo casi me tropiezo», y es que cuesta dejar de cuidar cuando nos sale a cada rato.

De nuevo entre los gritos, las risas y el subidón de llegar a un Pumarejo (bastión del barrio) desbordado y tomado por mujeres, nos caen dudas como lluvia fina: ¿se puede no cuidar? ¿Qué implica esta huelga de consumo? También hablamos riendo de cómo para parar hoy hemos pasado toda la semana currando a doble ritmo y dejado comida y casa lista los días anteriores para no hacerlo hoy. Llegamos a la huelga eslomás. Pronto se hace evidente que es imposible acercarse a la barra donde compañeros venden tiques y sirven comida y bebida. No hemos socializado muy bien los cuidados alimentarios hoy y parece que cada oveja se preocupa de alimentar a su pareja, algunos compañeros les traen tuppers sobre los que nos abalanzamos sin piedad. Compartir es amor (y no les damos muchas opciones, la verdad). Vuelven a calarnos las dudas sobre la huelga de consumo. Tenemos hambre y tenemos sed. ¿Deben los compañeros unirse al parón consumidor? Creemos que sí pero, ¿y si en ese establecimiento no trabajan mujeres? Hemos pedido a los compañeros que acudan a trabajar si no es para cuidar. El/la que no encuentra excusas es porque no quiere.

La plaza es un hervidero de vecinas y habituales del barrio, adolescentes que se pintan símbolos feministas en las mejillas a juegos con labios morados, niñxs que corren sin que ,a pesar de todo, dejen de ser cuidadxs, hombres con permanente cara de solícitos… En el descanso previo a la mani nos rebotan otras cuestiones de un cerebro a otro; el comunicado de Afroféminas y su renuncia a apoyar la huelga nos hace plantearnos la necesidad de reflexionar sobre nuestro feminismo mayoritariamente blanco que invisibiliza a compañeras racializadas; si todo volverá a la normalidad machista el día 9 o si después de este día que nos está haciendo vibrar tanto nada podrá volver a ser lo de antes; si los discursos mainstream reflejan el cambio profundo que queremos.

Salimos hacia la mani como quién se tira por un tobogán. Grupos y grupos de gente se dirigen hacía el mismo punto. Nosotras vamos en bloque y no dejamos de gritar (las que aún tenemos voz) y pronto comenzamos a darnos cuenta de que esta mani es muy grande. Enorme. Que hay más gente que en la guerra, como empieza a repetir todo el mundo cuando vamos llegando a Plaza Nueva. No podemos ni llegar a la plaza ni avanzar. A la media hora de permanecer en el sitio sin parar de movernos, comienza el desborde (y la diversión). Las cabeceras se multiplican y comienzan a tomar recorridos alternativos; los bloques se mezclan; banderolas de UGT cantan tras la pancarta anarcofeminista; las de 18 años van codo a codo con las menopáusicas; un señor mayor nos dice «no veía una cosa así desde el 4 de diciembre del 77». Somos brazos de un río arremolinado que va buscando su camino hasta la Alameda. La policía no acierta a pararnos cuando nos repite: «Este no es el itinerario autorizado» y no le queda otra que acompañarnos. Fluímos, seguimos gritando, reímos, cortamos la carretera, vamos por donde nos da la gana, y gritar «La calle y la noche también son nuestras» cobra otro peso.

Aún recordamos otros 8 de marzo en los que no nos sentíamos interpeladas. Desde que Facebook ejerce de memoria postiza, nos saltan recuerdos de otros años anunciando dudas, pidiendo que no nos felicitaran, alegando que no era otro día más para el Corte Inglés. Este 8 de marzo, el mundo, nuestros mundos, se han parado. Que siga esta sensación en el cuerpo, que siga la lucha feminista.

Populismo punitivo. Vivan las caenas.

La demanda por parte de la mayoría de la población de un endurecimiento de las leyes, que se resume en más control y más cárcel, no surge casualmente como exigencia espontanea fruto de un mundo supuestamente más inseguro. Tampoco es por azar que la idea que genera ese desplazamiento del pensamiento general hacia el miedo, el populismo punitivo, ya no solo cuaje en los sectores más conservadores. Ahora el “vivan las caenas” cuaja por fin a todos los niveles sociales, izquierdismo incluido, en virtud principalmente de la aprobación de una serie de leyes de carácter “progre”, que se abrazan como males menores necesarios, y a una cierta sensación de derrota e incapacidad para elaborar crítica. Es un tema complejo, que nos enfrenta a contradicciones, por lo que sería conveniente hacer un poquito de historia.

El denominado por el pensamiento crítico criminológico como populismo punitivo es un término acuñado a mediados de los 90 y se concretaba como: “la utilización del Derecho penal por parte de los políticos para aumentar sus réditos electorales”. A día de hoy podemos afirmar que esta corriente de pensamiento reaccionario actúa, impulsada por dinámicas generadas durante décadas, como un cuerpo social con vida propia siendo finalmente ella quien rige las agendas de la política.

Pero las razones estructurales de la actual deriva autoritaria de las autodenominadas “democracias occidentales”, así como su interrelación con los massmedia, arranca en los 70 en plena recesión económica. Es entonces cuando se empieza a abandonar los discursos garantistas a nivel penal junto al asistencialismo  de los años de prosperidad*,  acentuando la criminalización de la pobreza como retórica que justifique el “auge de la delincuencia” y por tanto el aumento de la represión. A su vez la violencia política que surge en este contexto es utilizada para aprobar un arsenal de leyes de excepción bajo el manto de la lucha contra el terrorismo y la seguridad nacional.

En estos años el papel de los massmedia será fundamental en la construcción del populismo punitivo. La introducción en las “agendas-setting” (la selección previa de las noticias que se deciden que deben ser las más importantes) de los temas como la inseguridad y la delincuencia se convierten en claves para ganar las elecciones. La mano dura transmite la sensación de estar haciendo algo y sacia la furia cobarde entre los de abajo. A su vez, o como consecuencia, comenzarán a construir la figura de “la víctima” como eje entorno al que enderezar la idea de una justicia vengativa, así como a desarrollar el concepto de “alarma social” como forma de naturalizar esa sensación de inseguridad construida artificialmente. Paulatinamente el miedo inoculado de manera individual al fin será colectivo, dando pie a lo que se vino a denominar “pánico moral”. Pero más allá de los noticieros y la prensa, justo cuando la policía era más impopular, arranca el género televisivo por excelencia, las series policíacas,  llegando hasta hoy desarrollado a unos niveles delirantes. La justificación y la simpatía hacia los esbirros es algo único de nuestros días, pues tanto en la literatura como en la tradición oral nunca salieron bien parados. Hoy utilizando como espejos desde los roles de mujeres fuertes en un mundo de hombres hasta los de polis machotes de los de toda la vida, empujan a admirar al verdugo y despreciar al ajusticiado.

 Los cambios legislativos que se derivarán de este clima de miedo se concretarán en dos tendencias, no excluyentes e interrelacionadas entre sí:

La desarrollada en EE.UU. más liberal desde el punto de vista económico que resolverá con la transformación del antiguo sistema penal deficitario, y en teoría de vocación reinsertora, en una mera industria con la progresiva privatización de las cárceles. Nace así el denominado “complejo industrial penitenciario” como lo define Angela Y. Davis (feminista afroamericana y teórica del abolicionismo de las cárceles) alimentado por más de 2 millones de personas en distinto grado de encierro y explotación. Si bien, como apunta Davis, se trataría del resurgir de un esclavismo nunca abolido en la práctica. Siempre hubo trabajo forzado y el porcentaje de negros fue el más elevado.

La otra tendencia, la de marca Europa, a remolque de la lucha contra la insurgencia armada en los ´70, desarrollará las leyes de excepción que vulnerarán su sistema de garantías procesales. Sistema del que antaño alardeaba como seña  demócrata frente a los regímenes fascistas derrotados tras la Segunda Guerra Mundial, evidentemente la península ibérica no contaba. Se doblan las condenas en los delitos “políticos”, se amplía la represión a lo que se considere entorno social de estas organizaciones armadas y se reconoce veladamente la tortura como una herramienta más.  La necesaria complicidad de toda la socialdemocracia europea está fuera de toda duda. La lucha contra ETA, en todas sus etapas, es emblemática de este proceso.

Sin embargo el hecho de que  del populismo punitivo haya adquirido una dinámica propia como forma de juzgar la sociedad, lo lleva inexorablemente con los años a extenderse a otros ámbitos más allá del “terrorismo” y búsqueda de la rentabilidad económica del sistema penal.

 Más cercano en el tiempo, y en esta misma ciudad, el caso de Marta del Castillo, junto con otros previos y posteriores debidamente publicitados,  marcaría estos nuevos horizontes. Curiosamente lo que hoy sería denominado, sin duda, como asesinato machista pasó a ser bandera de la extrema derecha sevillana a favor de la pena de muerte. Coincidiendo en el tiempo  y jaleados por casi toda la prensa, la familia de una niña de Huelva, Mari Luz, junto a la de Marta llevarían a cabo una exitosa campaña a favor de la cadena perpetua. Sin embargo ahora ya no son solo los fachas, o lo que con suficiencia solemos denominar la masa, la que pide más cárcel.

La lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción, la violencia machista o las leyes para proteger minorías son algunas de las nuevas vías por las que el discurso del control y el miedo está pasando de hegemónico a ser ya prácticamente incuestionable. En la batalla de las ideas parece que también vamos perdiendo.

La izquierda del capital ya abandonó hace unos años la crítica anticapitalista al considerarla casposa, señalando solo al capital financiero como culpable y soñando con un desarrollismo sostenible vigilado de cerca por las instituciones. Ahora ya ni eso: unas hipotecas bien regladas, unos gastos de gestión más austeros, su poquita de regeneración democrática y pa´casa. Que la lucha contra la corrupción es un caramelo que nos dan para dulcificar el amargor de las recientes derrotas no es ningún secreto. Que jueces estrella, periodistas tenaces o policías cargando ordenadores le están lavando la cara al sistema penitenciario tampoco. Regocijarse con la imagen de un pez gordo entrando al talego es lo que tiene, o esa manita en el cogote de Rato, y es que nuestros cerebros son esponjas.

La violencia machista

La violencia machista es tema más delicado y complejo,  y es justo por ello que no debiera obviarse. Que una mujer en una situación extrema, que no tiene porque ser que peligre su vida, utilice todos los recursos que tenga a su alcance no es algo que aquí vayamos a cuestionar. No van por ahí los tiros. No es que precisamente esta vez las “agendas-sitting” hayan sido las que sacaron el feminicidio a la luz, pero ya lo absorbieron. De nuevo el endurecimiento de las condenas, el autobombo policial y el tratamiento sensacionalista de los medios ahogan en este caso las ideas y propuestas más críticas contra el patriarcado como origen de esta violencia y opresión. Esa gran capacidad de fagocitación de la idea del miedo y el control al final siempre ofrecerá la misma receta. Que en nuestro fuero interno quizás nos sea comprensible que haya colectivos feministas que pidan mano dura al Estado debe llevarnos al menos a alguna reflexión. En este sentido el artículo de opinión publicado por SALHAKETA-NAFARROA, a raíz de los casos “Yllanez” y “La Manada”, abre una vía de debate necesario. Parte del hecho de que la justicia del Estado es patriarcal por definición al estar construida “en y desde el patriarcado” y no tanto porque, además, en su práctica tienda a perjudicar a las mujeres como fiel reflejo de la sociedad que nos envuelve a todas, jueces y fiscales incluidas.

Y es que la violación en San Fermín por parte de cinco tíos del grupo denominado La Manada de una chavala, y el posterior circo mediático del juicio, resulta revelador. Imposible no empatizar con la víctima y aborrecer a los agresores, pero de golpe todo el casco viejo de una ciudad  monotorizado por más de 200 cámaras (paradójicamente con alcaldía de EH-BILDU) nos parece un mal menor y 20 años de prisión lo mínimo. No es cuestión de tenerles pena o no que eso tiene que ver más con la percepción que cada cual tenga de la prisión, es que esas cámaras y esas cárceles también nos aguardan a todas, pero a su vez queriendo o no las afianzamos echando leña a la hoguera. En cuanto a la defensa de los acusados de una violación que no reconocen es normal que nos resulte repugnante. Los juzgados son lo que son, que nadie busque ahí templos de la verdad y la justicia.

Los denominados delitos de odio.

Los denominados delitos de odio surgen como respuesta a las reivindicaciones de mayor protección por parte de asociaciones de minorías vulnerables a la violencia fascista callejera. Fue principalmente el chiringuito de la órbita del PSOE “Movimiento contra la intolerancia” del señor Esteban Ibarra, quien mediáticamente se erigió como voz de dichas minorías pidiendo leña también. Nada bueno se estaba cociendo. Los motivos de raza, religión, orientación sexual, pero también  los ideológicos surgen como agravantes. Así en virtud de esta carambola, por ejemplo, cada vez más antifascistas detenidos en acciones se enfrentan a  mayores condenas, la figura del radical se construye como la del nuevo terrorista, antisistema como antisocial. A esta categoría de delitos le debe bastante lo peligroso que se ha vuelto volcar un poquito de guasa y mala leche en internet, aunque para este espacio en concreto ya andan en marcha nuevas reformas penales que sin duda estrecharán a un más el cerco.

Sí, definitivamente Orwell y Foucault pasaron de moda. Justo por eso no es mal momento para revisitar la crítica de la sociedad del control, en vez de desprendernos de ella como de un equipaje incómodo que no sabemos dónde colocar.

*más que discutible axioma de la progresía que utilizaremos para iniciar el relato.

Fuentes consultadas:

Democracia de la Abolición. Prisiones, racismo y violencia.  Angela Davis. Editorial Trotta.

La Sociedad Implosiva. Corsino Vela.  Muturreko Burutazoiak.

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/10/doctrina42286.pdfhttp://www.ub.edu/ospdh/sites/default/files/documents/El%20populisme%20punitiu.pdfhttp://www.salhaketa-nafarroa.com/2017/12/el-abordaje-de-los-casos-yllanes-y-la-manada-como-reto-articulo-de-opinion/

Armamos a Arabia para que defienda nuestros intereses

El Estado español es un gran exportador de armas, con una cuota en el mercado mundial que nos sitúa, según el año, entre el sexto y el séptimo puesto, detrás de los cinco grandes con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tal vez la paz no se abre camino por esta curiosa coincidencia: los encargados permanentes de mantenerla son los principales interesados en vender armas con que negarla

Dos de las grandes características de nuestra venta de armas son que:

  1. Gozan de una especial y privilegiada promoción efectuada por las altas magistraturas de nuestro poder político (léase del rey para abajo) y de todo el estímulo de siniestros y complejos intereses militares-políticos-industriales caracterizados por el puertagiratorismo entre los cargos políticos y las empresas de armamento.
  2. La falta de escrúpulos para vender armas a cualquier tipo de país y bajo cualquier circunstancia, eludiendo incluso las exigencias de la ley al respecto.

Uno de los casos más nefastos lo tenemos en la venta de armas a diversos países del Golfo y del entorno árabe, a los que vendemos armas a sabiendas de su uso más que previsible en las guerras que generan. Conflictos que, además, muchas veces se juegan en un tablero geoestratégico mundial donde actúan en defensa de nuestros intereses occidentales, y «luchan por nosotros», cuando no bajo el consejo de nuestros asesores militares y entrenadores. España ha ido un paso más allá y no solo vende armas a países en guerra, sino que fomenta y promueve la guerra y alimenta los conflictos, pasando de ser un mercader a ser uno de los países agresores de primer orden, con una peligrosidad que no puede, a largo plazo, sino volverse como un búmeran contra nosotrxs mismxs.

El caso de Yemen es paradigmático. Lanzagranadas y lanzadores españoles, de la marca Instalaza, fueron encontradas allí. Instalaza, según la trazabilidad de dichas armas, se las vendió a Arabia Saudí, en guerra con Yemen. Instalaza fue la empresa de Morenés, desde que abandonó la Secretaría de Estado de Defensa del gobierno Aznar, hasta que asumió el Ministerio de Defensa con Rajoy. ¿Coincidencia?

En agosto de 2017 iba a salir de Bilbao, como de costumbre, el buque Bahari Jaddah. No era su primer viaje y su cargamento debía ser vox populi en el puerto, pero saltó a los titulares mundiales gracias a la hazaña de un bombero, Ina Robles, que se negó a colaborar con la tropelía de vigilar el embarque de armas para Arabia Saudí, previsiblemente para su guerra en Yemen, con la ignorancia (¿falta de vigilancia, relajo, complicidad tal vez?) de las autoridades españolas y vascas. ¿Otra coincidencia?

El carguero Bahri Jeddah, según información de la Cadena Ser, ha transportado con destino saudí 352 contenedores de armas, 9975 toneladas de bombas, granadas y misiles. Una barbaridad que no puede, o no debería, haber pasado inadvertida.

También conocemos la presencia de blindados BMR-600 Pegaso, URO Vamtac S273; pues se han encontrado en mano de los rebeldes houtíes, aliados de los saudíes, en Yemen. ¿Cómo llegaron hasta allí?

Yemen en la actualidad no solo cuenta con la asolación propia de la guerra, sino que ahora, además, y a causa de esta, padece la más extensa pandemia de cólera del planeta. ¿Dónde deberán apuntar Instalaza y el Gobierno español esta proeza, de la que nuestro armamento es partícipe y que engorda los dividendos de nuestra industria militar?

También ahora se está cerrando un acuerdo, con apoyo de las propias casas reales saudí y española, para que Navantia, empresa pública en números rojos, venda fragatas (que se fabricarán en Cádiz y Ferrol) previsiblemente destinadas a participar en el bloqueo marítimo al que los saudíes quieren someter a alguno de sus enemigos. Esto provocó que en el Parlamento se tratara un posible veto a la venta de armas a este país y a Irán; con el resultado de que tanto Ciudadanos, como el PP y el PSOE vetaron la propuesta con argumentos peregrinos. Ciudadanos llegó a afirmar incluso la prioridad del empleo en Cádiz por encima del sufrimiento en Oriente Próximo, o a negar la vigencia de los Derechos Humanos cuando los humanos carecen de DNI español. ¿Otra coincidencia de intereses entre los partidos dispuestos a apuntalar el régimen?

Según la campaña Armas Bajo Control, el Estado español ha vendido material militar a Arabia Saudí desde marzo de 2015 (fecha del conflicto de Yemen) por más de 650 millones de euros. ¿Nada que decir?

Nuestra colaboración con el militarismo saudí no se reduce a la venta de armas, sino que además entrenamos a sus pilotos militares. Así ha ocurrido en la época de Zapatero como presidente de Gobierno. Les entrenamos en el uso de cazas de combate Eurofighter. Este aparato se fabrica por un consorcio del que España forma parte y en el que es el único país que ha perdido aviones con víctimas mortales: cuatro, el último, el pasado 12 de octubre. Mismo entrenamiento que se intentó con los omaníes y fracasó porque alguien puso el grito en el cielo.

Está demostrado que Arabia Saudí bombardea posiciones en Yemen con 40 Eurofighter, de los 72 con que cuenta gracias a la venta que les hizo el Reino Unido.

De modo que la estrecha relación del Estado español con los saudíes es, cuanto menos, cómplice de las guerras que desencadena por la irresponsabilidad de mirar para otro lado y no preguntarse qué hace tal cliente con las armas españolas. Pasaríamos de cómplice a culpable si ese desvío de mirada fuese consecuencia de saber de antemano el futuro uso de tales armas y del interés en ganar dinero, dejando a un lado la ética con el objetivo de que otros hagan el trabajo sucio de fragmentar aún más a los pueblos árabes.

En suma, demasiados datos para hacer inexcusable la revisión de la política de venta y de fabricación de armas. Y no solo porque atenta contra los Derechos Humanos en todo el planeta y contra nuestra ética y solidaridad, sino también porque el prometido trabajo para las zonas deprimidas en España es una falsedad más. Una solución mágica que sirve como señuelo para perpetuar la dependencia de Cádiz o Ferrol del monocultivo militar; atados a los caprichos del militarismo y a los intereses económicos de los propietarios de estas industrias y sin posibilidad de emprender un desarrollo alternativo, solidario y con futuro al que tienen derecho.

Si todo lo que invierte el Estado en mantener subvencionada la industria asesina se destinara al desarrollo ético de Cádiz, Ferrol o Cartagena, sus posibilidades de futuro y de justicia serían evidentemente más halagüeñas. Y si no se invierte en ello es porque se defienden otros intereses. No nos engañemos.

BREVE CRÓNICA DE UNA DEPORTACIÓN

El vuelo

El 15 de agosto de 2017 tomaba un vuelo Barcelona-Dakar para pasar dos semanas con Mahmud Traoré, un amigo africano que me enseñaría la región. Recién abrochado el cinturón, oí unos gritos angustiosos y estridentes que provenían de la parte trasera del avión. Numerosas personas nos levantamos de nuestro asiento para ver qué pasaba. Tal y como haría mucha gente, pedí permiso a mis compañeras de fila para que me dejaran acceder al pasillo. Fui directo a la tripulación y pregunté: ¿esto es una deportación? El silencio compungido de la azafata era una indudable respuesta afirmativa. Los gritos seguían y al girarme, el pasillo estaba ya lleno y en seguida se corrió la voz de que se trataba de una expulsión forzosa.

Comenzaron los debates y por lo que yo vi, era mayoritaria la disconformidad y extrañeza ante lo que estaba pasando. Había que tomar decisiones y la primera para mí (y para mucha otra gente en el avión) estaba clara: todo debía pararse ante una falta de humanidad como aquella. La claridad que en mi caso me impulsó se debe a una cierta familiaridad previa con la cuestión migrante. El impresionante libro Partir para contar, en el que el propio Mahmud plasma su vivencia como clandestino, fue para mí no solo la antesala de una gran amistad, sino también un acercamiento a los caminos que se trazan desde el África negra. Por otra parte, el gran trabajo del colectivo StopDeportación, uno de cuyos frutos fue una conmovedora y rigurosa charla de Eduardo Romero a la que pude asistir unos años antes, me permitió ser consciente al instante de la situación.

Nunca olvidaré el sosiego que me causó percibir cómo la solidaridad se expandía rápidamente, que enérgicamente surgían protestas espontáneas y que, al fin y al cabo, la ética no quedaba, como tantas otras veces, arrastrada en un rincón de nuestras conciencias occidentales a menudo limpias por desuso. Pero si algo me quedará marcado para siempre es la mirada desesperada de aquel chico maniatado: «no puedo volar, je suis malade». Nunca supimos nada más de él.

La selección

Al cabo de hora y media llega el primer y único aviso por megafonía: el comandante informa de que va a entrar la Guardia Civil para bajar al deportado y a todo el pasaje. En este momento se produce un evento completamente mezquino y jurídicamente dudoso: dos pasajeros (que precisamente eran de los pocos que se empeñaban en volar con los gritos del joven de fondo) se erigieron como testigos improvisados de un motín inventado. A dedo nos señalaron a seis personas al salir, procediendo varios agentes a nuestra retención sin que se nos explicase el criterio ni las razones. Cuando al resto del pasaje se le volvía a introducir, de nuevo se extrajo a otras cinco personas de manera similar. En total, a 11 personas, solo algunas de las cuales habíamos mostrado nuestro rechazo a aquella situación, se nos impedía volar a Dakar.

Las consecuencias legales

Pronto nos pusimos en contacto con Andrés Barrios, que ejercería como abogado asesor y que nos ayudó mucho. Las consecuencias legales que nos amenazaban podrían abrirse en tres frentes. Por un lado, estaba la posibilidad de un expediente por la ley de seguridad ciudadana. Por otro, podía ser que se abriera por la ley de Seguridad Aérea. Finalmente, Vueling podría acusarnos de los retrasos ocasionados y los consecuentes gastos económicos. El único frente abierto a día de hoy es el segundo: el comandante interpuso una demanda por haber «impedido el vuelo». Lo curioso de esta acusación es que hubo varias personas retenidas con las que el comandante no cruzó palabra ni  interactuó en ningún momento. La arbitrariedad de nuestra elección destapaba lo chapucero de un proceso que, esperamos, se quede en nada. Lo inhumano de aquella expulsión legal de un chico en mal estado de salud nos forzaba, como en mi opinión debe ser en caso de contradicción, a poner la humanidad por encima de la legalidad.

La prensa y la verdad

En la prensa, muchas veces, el morbo desplaza la veracidad. Nuestra estrategia fue clara desde un principio: teníamos que contar lo ocurrido tal y como tuvo lugar. Solo así evitaríamos que se nos situara injustamente en un falso marco: el de un motín pergeñado anteriormente y no el de una reacción humanitaria, pacífica y espontánea de muchas personas, de las que algunas de nosotras éramos solo una muestra. Asumir la labor de atender a la prensa tampoco era sencillo. Cuando uno va a contar la verdad y está seguro de ella, se supone que todo ha de ser fácil, pero el temor a cómo se harían los extractos era inevitable. Hoy en día salir en la tele (o en internet) es como tatuarte: cualquier error, cualquier desajuste, cualquier salida de tono, cualquier pérdida del control de tus palabras será pública para siempre. Además, la acusación de protagonismo gratuito pende incluso sobre quien no muestre aprecio alguno por la fama. Pero pesar de todo, la decisión estaba clara: la verdad por delante a todo el que nos preguntase.

África

Con unos días de retraso volé y allí entendí en carne viva en qué consiste la diversidad de culturas. Mahmud nos enseñó su pueblo, otra manera de existir, y el distinto calibrado que puede darse a las necesidades humanas. Nos brindó una experiencia incluso terapéutica que hace redimensionar nuestros problemas de primer mundo. Probablemente, poquísimos europeos aceptaríamos llevar aquella dura vida rural. Pero a su vez, me pareció que esa existencia engrandecía a aquellas gentes sobre todo por la capacidad para hacer frente a todo sin remilgos, con su característico ímpetu vital y con sus coloridas sonrisas, de las que bien se podría aprender mucho en el a veces entristecido hemisferio norte.

Un simple testigo

Yo soy una persona normal. En la vida he hecho cosas de las que me arrepiento y cosas que me honran, como cualquier otro ser humano. No hay nada heroico en lo que hicimos y es cierto que, en alguna medida, todo lo que sobre ética digamos desde occidente queda enrarecido por el hecho de que nuestro bienestar se asienta sobre una gran injusticia. Simplemente, con estas palabras, trato de contar un suceso que ilustra bien una dura paradoja. Aquél día, 11 personas europeas no pudimos volar y se montó un revuelo del que se hizo eco hasta la BBC. Hoy, sin que sea noticia, millones siguen viviendo en un continente que hemos convertido «en una cárcel» (Mahmud), pero del que sin tapujos extraemos y consumimos sus preciados recursos. Es hora de adquirir conciencia de este desequilibrio y de que empiece a respetarse algo tan humano como lo que se le negaba a aquel joven ese día: la libertad de circulación por nuestro mundo.

Nuevo bono social:

un parche que no soluciona la pobreza energética

El Estado español no ha creado ninguna medida eficaz contra la pobreza energética. Con más de un 11% de la población que no puede mantener su casa a una temperatura adecuada, la única medida de “protección al consumidor vulnerable” tomada hasta el momento es el bono social eléctrico, que ni siquiera define el propio concepto desatendiendo desde 2009 una obligación de España frente a las Directivas Europeas.

El bono social ha sido una medida muy criticada por no responder a las situaciones de pobreza energética que se viven en el Estado español. Esta medida significa un descuento en la factura de la luz de un 25% sobre el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) al que puede acogerse muy poca gente porque los criterios no tienen en cuenta la renta y son totalmente restrictivos. Lo único positivo que tenía el bono social era quien lo financiaba. El bono social estaba previsto que lo financiaran las empresas eléctricas integradas de manera vertical, es decir, las que controlan producción, distribución y comercialización. En la práctica eso significaba que principalmente las empresas del oligopolio, las 5 grandes (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Eon y Edp) eran las que asumían la financiación del bono social. En concreto, entre cuatro empresas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural y EON) se asumía el 96% del coste del bono social, frente al 4% que se repartía entre las otras 23. Endesa e Iberdrola tenían los mayores porcentajes ya que debían asumir el 41% y el 38% del coste del bono, respectivamente.

Como no podía ser de otra manera, y como ya hicieron en 2012 con el mecanismo de financiación anterior, Endesa y Eon presentaron un recurso en contra y el 26 de octubre de 2016 el Tribunal Supremo les dio la razón. El Tribunal consideró dicho mecanismo discriminatorio y no solo eso, si no que obligaba al gobierno a devolver a todas las compañías que sufragaban el bono social -y no solo a las demandantes- las cantidades pagadas desde 2014 (se estiman unos 500 millones de euros). Lo que no tuvo en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo es que el mercado eléctrico tal y como está diseñado es discriminatorio en sí mismo, y son las empresas del oligopolio las que acaparan gran parte del mercado. De hecho, las 5 grandes controlan la generación en un 67,3%, la distribución un 98% y la comercialización un 87,3%. Dicha concentración de poder es, entre otras cosas, la que permite sus escandalosos beneficios. Sólo en 2016 Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, obtuvieron un beneficio conjunto de 5.463 millones de euros. Sobran, por tanto, los argumentos para defender que en el sistema actual son las empresas del oligopolio las que deben asumir esos costes con sus obscenos beneficios.

Pocas semanas después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo muere en Reus Rosa, una mujer de 81 años, víctima de un incendio provocado por una vela que utilizaba para alumbrarse porque Gas Natural le había cortado la luz dos meses antes. Este caso saltó a los medios de comunicación, no por ser un caso aislado, sino porque en Cataluña existe la ley 24/2015 que si Gas Natural hubiese cumplido esta muerte se podía haber evitado. Según esta ley, Gas Natural, y todas las compañías eléctricas, de agua y de gas tienen la obligación de antes de efectuar ningún corte consultar con servicios sociales si la familia que no está pagando la factura se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Gas Natural nunca realizó esta comunicación y de hecho la Generalitat, empujada por la presión social, ha sancionado a la compañía con medio millón de euros.

En este contexto, el gobierno español se apresura a crear un nuevo mecanismo de financiación del bono social y aprovecha para reformar sus criterios. El 21 de diciembre del año pasado se hace público el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista con el apoyo de Ciudadanos para determinar el nuevo mecanismo de financiación del bono social, pero la reforma no se queda ahí. Muy influenciados por el contexto de alarma social generado por el corte de luz en Reus incluyen en esta reforma una supuesta protección contra los cortes de suministro a las familias en situación de vulnerabilidad severa que se definirá en un Real Decreto posterior. Una foto muy oportuna para el PP y el PSOE a las puertas de las vacaciones navideñas que en la práctica no significa ningún cambio para las familias amenazadas por cortes de suministro ya que queda todo condicionado a la elaboración de dicho Real Decreto en los siguientes meses.

En el mes de mayo se hace público el borrador del futuro Real Decreto concretando tanto el mecanismo de financiación del bono social, la definición de consumidor vulnerable como el supuesto mecanismo de protección contra los cortes. Una vez más el gobierno plantea una medida que será un parche más que no va a dar respuesta a la situaciones de pobreza energética. En el borrador se incluye el criterio de renta como requisito para acogerse al bono social pero los baremos son muy bajos y la protección contra los cortes es casi inexistente, ya que queda supeditada a que sea una persona seguida por servicios sociales y además la comunidad autónoma se comprometa a hacerse cargo del 50% de la factura. Un mecanismo enrevesado, excluyente y que va a dejar a muchísimas familias fuera de su protección.

Por último, en lo referente a la financiación del nuevo bono social, esta recaerá sobre todas las empresas comercializadoras, aunque solo podrán ofrecerlo las comercializadoras de referencia (de nuevo principalmente las 5 grandes), y se repartirá en función del número de clientes, lo que significa que contará igual un cliente doméstico que uno industrial. Esto en la práctica significará que las pequeñas comercializadoras especializadas en clientes domésticos sufragaran un coste muy difícil de asumir para ellas. Por ejemplo, para Som Energia que actualmente tiene 30.000 contratos, la mayoría domésticos, la financiación del bono social le implicará al año casi 300.000 euros que no podrá cubrir la propia cooperativa y tendrá que trasladarlo a sus socios cooperativistas si quiere sobrevivir. 

En definitiva, esta reforma del gobierno del PP de nuevo se ha hecho pensando en proteger los intereses de las grandes empresas del oligopolio en lugar de buscar la protección de las personas más vulnerables. Es una lástima que se pierda la oportunidad de hacer medidas realmente eficaces teniendo leyes como la Ley 24/2015, fruto de una ILP impulsada por la propia ciudadanía y que en Cataluña ha conseguido parar más de 30.000 cortes de suministro, que podían haber servido de inspiración para ampliar dicha protección a todo el Estado español. Está claro que desde el gobierno del Estado no hay ninguna intención de poner fin a la pobreza energética pero desde las organizaciones, desde la calle, seguiremos luchando y presionando a gobiernos y empresas hasta conseguir que no haya ninguna familia sin agua, sin luz y sin gas.

Hoy la manta por mí, mañana por ti

¿Quiénes son los manteros?

En febrero de 2016 llegué a Sevilla, ávida de emprender mis investigaciones sobre las relaciones entre la migración y la economía informal en lo que yo consideraba el lugar ideal: Andalucía, con una tasa de paro del 28,3%, un baluarte europeo de contratos temporales y trabajo informal, una encrucijada antigua de culturas y un punto principal de entrada a Europa.

Mi trabajo se concentró en los manteros del centro de Sevilla, en su mayoría hombres senegaleses de veinte a treinta y pico años, pertenecientes a la orden islámica sufí de Senegal y  muridíes de Gambia. Hay también mujeres, otros africanos occidentales, ecuatorianos e incluso una pareja española que vendía de vez en cuando. Algunos no tienen papeles o han caído en una situación de irregularidad por no encontrar un contrato de trabajo (un requisito para obtener residencia), mientras otros han conseguido la residencia permanente pero no encuentran trabajo formal.

El estado legal de la venta

Vender en la calle no es, en sí, ilegal. Vender mercancía falsificada sí es ilegal, además de vender sin licencia y vender en zonas prohibidas y durante ciertos eventos, donde se requiere licencias especiales. El Código Penal actualmente regula la propiedad intelectual (CD y DVD, progresivamente desapareciendo) y la propiedad industrial (calzados de marca, camisetas de fútbol, etc.), imponiendo una pena de prisión de 6 meses a 2 o 3 años y multa de 12 a 24 meses a quien distribuya sin autorización una obra intelectual o productos industriales[1]. Un cambio notable y cuestionado ha surgido en la última versión del Código Penal de 2015, en que se agrega el artículo 274.3, relativo específicamente a vendedores ambulantes y manteros, revocando los triunfos de varios colectivos de manteros en 2010, cuando lograron que la pena se redujera a multas y trabajos en beneficio a la comunidad. El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, entre otros, sigue protestando contra esta revocación y pidiendo la despenalización de la actividad[2].

La precariedad aumenta

Nada indica que los manteros vayan a desaparecer. Al contrario, las tendencias actuales del mercado laboral y la migración, impulsadas por las necesidades del capitalismo global y los avances tecnológicos, solo supondrá más gente trabajando en empleos autocreados e informales. En busca de una mano de obra cada vez más barata y de lugares donde se paguen menos impuestos, las empresas globales se instalan en regiones del mundo menos desarrolladas. Muchos, en vez de ofrecer empleo a las poblaciones locales, traen a sus propios trabajadores, instalan muros y crean sus propios pueblos industriales. Los países que no quieran que se marchen sus empresas al extranjero tienen que flexibilizar su propio mercado laboral, lo que se refleja en salarios más bajos y más empleos de carácter temporal y sin los derechos sociales de sus antecesores; un problema especialmente destacado en España, que según la OCDE el año pasado alcanzó una tasa de empleos temporales del 25,1%[3]. Como los manteros, muchas personas se encuentran mundialmente en una situación de temporalidad que, como veremos, se convierte cada vez más en un estado permanente.

«Hay que aguantar» 

En un oficio tan perseguido, tu mejor herramienta es la paciencia. Para gente sin ofertas de empleo, la venta ambulante es una manera de sobrevivir que puede cubrir las necesidades cotidianas, pero que va aplazando los planes de futuro; una actividad inicialmente pensada como algo temporal que, desafortunadamente, se convierte en algo permanente. Muchos han estado con la manta 10 años o más. Día tras día he observado cómo la policía, mecánicamente, interrumpe sus intentos de trabajar (aunque según los manteros «solo hacen su trabajo»), observando cómo se establece el estrés y el cansancio crónico. «Si esto sigue, no voy a continuar así, todo el tiempo corriendo. Te pone nervioso. Vas a perder tu personalidad.» «Fatiga, fatiga, fatiga.» «Este trabajo es muy difícil, siempre pendiente de la policía. Cuando regreso a casa me siento en el sofá y pongo la tele. Es muy difícil.» Pero cuando les pregunto por qué no se dan un descanso, siempre se ríen. «¿Crees que nos rendimos tan fácil?»

Desde luego, en la calle no hay solo miseria. También hay mucha risa, camaradería, gratitud, fe, esperanza e ingenio. Los beneficios y redes de apoyo que no les provee el Estado por falta de empleo o residencia los buscan en otra parte, y sus sistemas de apoyo mutuo y solidaridad son un ejemplo brillante a seguir; tanto en la calle, cuando recaudan dinero entre ellos para un mantero al que le han incautado su mercancía, como en la dahira (la comunidad religiosa) y en la comunidad africana.

Una penalización sin sentido

Me da la impresión de que muchos piensan que los manteros son, de alguna manera, una anomalía social; que son «pobres africanos» cuya situación no tiene mucho que ver con ellos. Cuando empecé mis investigaciones, creía que estaban vendiendo en la calle porque estaban sin papeles y sin recursos. Pero he encontrado que eso es un tópico, entre muchos otros que tenemos, por desconocerlos. La verdad es mucho más interesante. Una gran parte de los manteros sí tienen papeles, e incluso han tenido trabajos normales. Uno estudia en la universidad, otros han trabajado en el campo, otros en bares u hoteles. Son inmigrantes y también son sevillanos.

La cuestión fundamental, pues, es esta: la persecución de la venta ambulante no es un problema de «los pobres africanos», como podría parecer a cualquier observador que pasa por el centro o Nervión, y su penalización, aparte de ser una medida injusta y desproporcionada que criminaliza la pobreza, simplemente no tiene sentido, porque formamos todos parte del mismo sistema laboral; un sistema que se aleja cada vez más de los empleos estables del pasado con beneficios laborales y los cambia por un estado de precariedad, con contratos temporales sin beneficios. Trabajar la manta simplemente es una solución en este sistema cuando no encuentras trabajo.

En innumerables ocasiones me han contado de la vergüenza que sienten trabajando en la calle, imaginando las percepciones de los sevillanos. Los manteros no deben sentir vergüenza. Deben sentir orgullo, porque en una situación precaria en la que se encuentran tantos hoy día, no esperan que el Estado los cuide, porque no lo hará; se empoderan y salen a la calle. 


[1] Artículos 270-274 del Código Penal.

[2] https://despenalizamanta.wordpress.com/

[3] https://data.oecd.org/emp/temporary-employment.htm

Los señores de la guerra eligen Madrid para su feria de armas

Madrid ha soportado en marzo de 2017 una feria de armas que cuenta con el patrocinio de diversos organismos públicos y oficiales. Se trata de la feria Homsec 2017, la mayor feria de armas del Estado español, promovida por un siniestro grupo comercial y de intereses.

La feria Homsec 2017 tuvo lugar del 14 al 16 de marzo en los pabellones emblemáticos del recinto ferial Ifema, lo que además ofrece un inigualable marco para la publicidad y proyección mundial de este evento.Para conocer mejor la feria, puede acudirse al informe que la Plataforma DesarmaMadrid ha publicado en internet[i]. La feria ha sido la sexta que se produce desde 2007, fecha del primero de estos eventos.

La progresión de la feria ha ido en aumento, desde los cerca de 3000 visitantes de 2007, a los más de 12 940 visitantes, 74 nacionalidades, 68 expositores de 15 países diferentes y 25 delegaciones internacionales de la feria de 2015. Y, para 2017, esperan nuevos expositores tan relevantes como China[ii], la oficina comercial de Austria —con 17 empresas austriacas del sector[iii]— o las ferias de armas Isdef de Israel o Expodefensa, de Colombia.

Del calado de Homsec como feria de armas da cuenta el propio grupo promotor en su publicidad:

HOMSEC es el único Salón profesional enfocado a la Seguridad Nacional en España. […] Un lugar privilegiado para OEM, desarrolladores e integradores, proveedores de productos, sistemas y servicios. […] En HOMSEC podrá ver una muestra de los últimos avances en las diferentes áreas tecnológicas que aborda la Defensa y Seguridad Nacional. Una oportunidad real de networking entre empresas y con instituciones. Tendrá la posibilidad de mantener reuniones clave con Administraciones y compradores privados y planificar su seguimiento mediante servicios privados de consultoría.

La feria ha proporcionado, según refieren los documentos de su grupo promotor, cuantiosas oportunidades de negocio para las empresas militares y suponemos que pingües beneficios a los señores de la guerra.

Pero Homsec 2017 es mucho más que una feria de armas. Es un motor de la expansión del pensamiento militarista hacia otros ámbitos de la sociedad, incluida la defensa civil y la seguridad humana, y pretende influir en la opinión pública a favor del armamentismo y de los intereses agresivos del sector.

¿Qué explica el apoyo institucional con que cuenta esta feria?

La feria Homsec ha contado desde sus orígenes con apoyo institucional tanto del ámbito europeo (en 2015 se celebró en su seno el Security Research Event de la Comisión Europea) como estatal (todos los ejércitos, varios ministerios, ministros, secretarios de Estado, los organismos autónomos militares) y, en la última edición, hasta de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid (en 2017 el Ayuntamiento de la capital se ha desmarcado de forma pública de la feria y, curiosamente, la Comunidad de Madrid no aparece ya en su publicidad).

Puede parecer sorprendente que los organismos oficiales patrocinen una feria privada de armas. Pero la sorpresa no es tanta si sabemos que promover el negocio de las armas es —en el caso español, como en el de tantos otros países— una de las líneas esenciales de su política de defensa (y así aparece por ejemplo en la directiva de Defensa Nacional vigente, el principal documento del planeamiento español).

Una de las principales estrategias y objetivos de los ejércitos más consolidados consiste en promover la industria militar y la venta de armas, negocios que, paradójicamente, prometen seguridad pero tienen como consecuencia tanto la proliferación del armamentismo y del gasto militar como una situación de mayor riesgo e inseguridad global.

La venta de armas aparece así como una de las líneas estratégicas principales a desarrollar por las políticas militares: sus explicaciones más frecuentes son que una industria militar potente es una apuesta estratégica que nos dota de independencia soberana y que ofrece ventajas militares gracias al desarrollo tecnológico que produce dicha industria a nuestros ejércitos y su «doble uso» (civil-militar) y que, dado lo enormemente costosa que es la fabricación de ingenios militares sofisticados y la investigación militar necesaria para ello, la única manera de soportar tan tremendo coste de esta industria es sobreproducir y vender el excedente (a ser posible en las versiones tecnológicas menos novedosas para mantener la ventaja militar) a terceros países.

Pero eso no es todo: los ejércitos en sí han dejado de ser fundamentalmente un instrumento de la defensa de las sociedades, para ser más bien una herramienta, junto con el fomento de la guerra en la que participan, de una estrategia comercial y de un negocio.

La venta de armas no es solo una de las principales estrategias de la política de defensa. Es que, más bien, la política de defensa ha pasado a ser una de las tácticas comerciales del complejo militar-industrial que se lucra vendiendo armas. La guerra, el ejército, los conflictos, etc. son parte del negocio de los señores de la guerra.

Trump pidió a Rajoy, en la llamada telefónica del 7 de febrero, que España aumentara su contribución a la OTAN. Sabemos por la nota de prensa norteamericana, que aquí este «detalle» se ocultó. Se dice que Pedro Morenés será el próximo embajador de España en EEUU. Este chico de Deusto se llevará bien con Trump y continuará el negocio. Observar las puertas giratorias entre el sector industrial militar y los ministerios de defensa es esclarecedor.

El gasto militar sería una amenaza si fuera un futurible. Pero lo cierto es que el inmenso gasto militar del Estado español es una realidad, por lo que más que una amenaza es una agresión, una agresión a la sociedad, a las personas que queremos defendernos de las armas, de la preparación de la guerra, y de un mundo cuajado de personas y materiales dispuestos a destruir, como en las 69 guerras actuales podemos, una vez más, observar.

Desarmar Madrid, una lucha por la paz

Respecto a la feria de armas Homsec 2017, somos muchas las organizaciones —110 hasta ahora—, tanto de la ciudad como de otros territorios, que entendemos que dicha feria es inmoral y no debe tener lugar.

Más aún, que sus consecuencias son nefastas tanto para las ansias de paz de la gente del común, como para las ideas más nobles de solidaridad humana y lucha contra la violencia estructural.

Por eso nos hemos reunido en la Plataforma DesarmaMadrid, que busca como una de sus primeras iniciativas luchar contra dicha feria, auspiciada por los señores de la guerra y consentida por las instituciones de mentalidad militarista. Más información: www.utopiacontagiosa.org


[i]           https://es.scribd.com/document/337851038/Dossier-Homsec-Desarma-Madrid

[ii]          http://www.homsec.es/homsec-2017-acoge-pabellon-china-nuevos-expositores/

[iii] 

http://www.advantageaustria.org/es/events/Aktuell/Advantage_Austria_en_Homsec.es.html

El agua NO es un negocio

Situación actual del movimiento por la gestión pública del agua

Situación actual del movimiento por la gestión pública del agua 

 Desde los años 80 del siglo pasado, los procesos de privatización en todo el mundo han permitido a los Estados importantes ingresos a cambio de la venta o concesión de entidades públicas, algunas en sectores tan estratégicos como la energía o el transporte.
A pesar de esta tendencia, y de la presión ejercida por las multinacionales del agua y determinados organismos internacionales (incluida la Comisión Europea), la privatización del agua ha sido frenada gracias a que se ha topado con una oposición frontal de la opinión pública. En los últimos 20 años, la sociedad civil ha organizado, con buen resultado, varias campañas para detener o revertir la privatización en numerosas ciudades, organizando referéndums que la han rechazado de forma rotunda1.


Así, desde el año 2000, unas 235 ciudades en el mundo han remunicipalizado sus servicios de agua. Las razones están relacionadas con importantes carencias en el servicio, falta de inversión, aumento de los precios o incluso la necesidad de ser rescatados. Esta tendencia ha hecho que en la actualidad el 90% de las 400 grandes ciudades del mundo disfruten de una gestión pública, siendo ejemplos significativos los de París o Berlín en Europa, Buenos Aires y La Paz en América del Sur o Atlanta e Indianápolis en EE. UU., país donde en la actualidad el 86% de los servicios de agua se encuentran en manos públicas.


Finalmente, la proclamación en el año 2010 del agua potable y el saneamiento como «un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos»2 ha supuesto un gran impulso para la democratización de este servicio.

Tendencia privatizadora en el Estado español

Sin embargo, en el Estado español se ha registrado un importante avance de la privatización de los servicios de agua y saneamiento, que ha reducido el porcentaje de población servida por entidades públicas del 63% al 43% en los últimos 20 años. Parte de la explicación se encuentra en que, tras la caída de ingresos por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, algunos ayuntamientos decidieran buscar financiación alternativa para sus abultadas deudas. Así, a través del denominado canon concesional, han hipotecado por décadas la gestión de su servicio de aguas a cambio de fuertes inyecciones de dinero. Actualmente, un 55% de los servicios del Estado están en manos de compañías multinacionales, concentrándose este control en un 89% en la francesa Suez (propietaria de AGBAR, Aquagest o Hiadralia) y la española FCC (propietaria de Aqualia).


Entre las consecuencias de esta privatización se encuentran el encarecimiento de las tarifas (hasta un 22% según el Tribunal de Cuentas de Cataluña), cortes de suministro a familias, reducción de derechos laborales y de las inversiones en mantenimiento de instalaciones, y un importante crecimiento de casos de corrupción. Resulta especialmente llamativo que entre los años 2012 y 2015 la fundación de Aguas de Barcelona (AGBAR), supuestamente implicada en los casos de corrupción Pokémon y Púnica, tuviera un convenio con el Consejo General del Poder Judicial por el que impartió cursos de formación a jueces de toda España sobre derecho de aguas. Afortunadamente, una organización de abogados logró suspender el convenio tras saltar a los medios estos escándalos.
 

La respuesta organizada de los movimientos sociales
Frente a esta realidad, han surgido significativos procesos de organización y movilización social que han dado lugar a un número importante de plataformas ciudadanas como las de Alcázar de San Juan, Jerez de la Frontera, la RAPA, la Taula de l´Aigua de Terrasa, Aigua es Vida o la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II, que ha conseguido frenar el proceso de privatización de la mayor empresa pública de gestión de aguas del Estado. Estos movimientos, junto con otras organizaciones como AEOPAS, ATTAC, Ecologistas en Acción o la Fundación Nueva Cultura del Agua, conforman la denominada Red de Agua Pública (RAP), integrada a su vez dentro del Movimiento Europeo por el Agua Pública.


Esta red surge en 2012 y adquiere gran fuerza a partir del lanzamiento de la #iniciativagua2015 y el Pacto Social por el Agua, en el que, con un amplio consenso promovido desde la sociedad civil, se acuerdan las bases del modelo de gestión del agua que promueve la RAP. Los principios fundamentales se basan en la gestión 100% pública, entendiendo el agua como un bien común e incorporando el derecho humano al agua y al saneamiento como una herramienta transversal que garantice el acceso universal al mínimo vital, así como la transparencia, la participación y rendición de cuentas. Se apuesta para ello en la creación de Observatorios del Agua encarnados por la sociedad civil, con la participación de plataformas ciudadanas, usuarios, trabajadores e investigadores.
El último gran paso dado por la RAP ha sido la celebración a principios de noviembre del Encuentro de Ciudades por el Agua Pública, que ha servido para el intercambio de experiencias, estudiar las potencialidades y los obstáculos en la gestión pública del agua, analizar la necesidad y posibilidades de contar con las administraciones públicas en los procesos de remunicipalización y poner en marcha estrategias compartidas de colaboración entre los ayuntamientos y las organizaciones sociales.


Además, expertos en aspectos jurídicos, financieros y laborales de la remunicipalización desentrañaron las claves para afrontar las dificultades de estos procesos. Se pudo comprobar cómo la legislación estatal ha experimentado una evolución en los últimos años tendente a promover la privatización de los servicios públicos y proteger al sector privado frente a los intentos de recuperación de los mismos. A pesar de ello, compartieron su experiencia una serie de municipios que están afrontando actualmente procesos de remunicipalización como Valladolid, Terrassa, tres pedanías de Jerez de la Frontera o el Área Metropolitana de Barcelona.
El encuentro finalizó con una declaración por la gestión pública del agua suscrita por los diez alcaldes y alcaldesas presentes en la que se propone la conformación de la Red de Ciudades por el Agua Pública.


Posteriormente, desde la RAP se valoró el éxito de público, organización y contenidos del encuentro, y se trazaron las líneas de trabajo que se van a llevar a cabo en los próximos meses. Animamos a seguir atentamente las jornadas, encuentros y acciones que se pondrán en marcha en los próximos meses para seguir defendiendo un agua pública y para todxs a través de la Red Agua Pública3.

1 Por qué el agua es un servicio público: destapando los mitos de la privatización. EPSU, 2012.

2 Resolución A/RES/64/292, de 28/07/2010, adoptada por la Asamblea General de NN. UU. 

https://redaguapublica.wordpress.com/

La educación moral en España

La educación moral es, según un proverbio africano, tarea de toda la tribu, con especial énfasis en la familia, pero con intervención decisiva de instituciones públicas y privadas. Es el amplio ámbito de la educación informal. Aquí nos vamos a centrar en la educación formal obligatoria, la etapa de escolarización que va desde los 6 hasta los 16 años. Y vamos a entender la moral como el ámbito de la vida humana en la que operan las normas, valores o criterios que permiten evaluar la bondad o maldad de nuestros actos, y orientan la clase de persona que queremos llegar a ser y la clase de mundo en el que querríamos vivir.

La educación formal se inicia en España en la Constitución de 1812, y se convierte en realmente universal y obligatoria en la década de los setenta del siglo pasado. Desde 1812 el objetivo ha sido garantizar el aprendizaje de las competencias básicas en lengua (leer y escribir) y matemáticas (contar), y las normas morales y las obligaciones cívicas. Y así ha continuado siendo en las sucesivas constituciones, hasta la de 1978, y en las leyes orgánicas de educación hasta la LOMCE de 2013. El cambio más significativo ha sido abandonar la moral católica como marco moral de referencia adoptando una moral más general, cuyo texto básico son los derechos humanos.

El sistema escolar ha sido fundamental para socializar a los niños y a las niñas en las normas morales dominantes en su sociedad; como diría Foucault, ha sido una institución de normalización social, dicho esto por el momento sin sentido negativo. Lo ha hecho con la introducción de una materia específica de educación moral, primero la clase de religión y desde 1980 ha ido ganando terreno una asignatura específica de educación cívica o en valores. Pero, sobre todo, el funcionamiento propio del sistema consigue que el alumnado interiorice unos códigos de comportamiento imbuidos de unos valores específicos.

La asignatura no ha tenido mucho peso, aunque está creciendo la preocupación por la educación en valores, en especial en los valores relacionados con la construcción de sociedades democráticas; desde distintos foros se pide la introducción de esa asignatura, con metodologías pedagógicas coherentes a los objetivos buscados. La asignatura permite familiarizarse con esos valores consensuados y favorece que los estudiantes los incorporen, más o menos profundamente, a su visión del mundo y de sí mismos. Es, por tanto, importante, pero no es lo más importante para el objetivo de proporcionar una educación moral sólida.

No obstante, conviene hacer una salvedad muy relevante: una cosa son los valores defendidos (currículo explícito) y otra los vividos (currículo oculto). Los primeros incluyen valores como la igualdad de todos los seres humanos, la solidaridad con el grupo y con la población en general, la libertad… Pero tanto en los libros de texto como en la vida cotidiana de la escuela opera de hecho un currículo oculto que perpetúa valores morales menos aceptables. En la vida cotidiana de la escuela se reproducen el acoso escolar, el sexismo, el racismo… Ejemplos extremos de valores negativos.

Mayor impacto en la educación moral tiene la propia estructura del sistema educativo, con especial énfasis en los reglamentos disciplinarios y en los sistemas de acreditación, es decir, en las calificaciones. Por eso, todos los niños y las niñas aprenden a respetar unos horarios rígidos, a distinguir entre tiempo de trabajo y tiempo libre, a convivir y también a competir con sus iguales, a respetar unas normas de conducta que han sido impuestas por los adultos, a obedecer a los adultos (revestidos en España en los últimos tiempos del estatus de autoridad con todo lo que eso implica en casos de enfrentamiento), a aplazar la satisfacción de sus deseos en aras de objetivos alcanzables a largo plazo… Freud diría que aprende a vivir regidos por el principio de realidad.

Sin duda, los discípulos, haciendo honor a ese nombre, salen bien disciplinados al finalizar el período de educación obligatoria. Y también me queda claro que esas normas o pautas de comportamiento interiorizadas tienen un carácter global más bien negativo. Contribuyen a generar una cultura cívica muy apreciable para poder vivir en sociedades complejas y diversas, pero también es cierto que predomina un sentido de interiorización del control y la obediencia poco reflexiva y muy poco crítica. El sistema educativo reproduce el código de valores del orden establecido, pero no prepara del todo bien a los estudiantes para afrontar de manera crítica y creativa la sociedad que ellos tienen que construir.

Más importa posiblemente el papel de acreditación y selección. Por más que en el período obligatorio y universal lo importante es la evaluación del aprendizaje, se van imponiendo las calificaciones que etiquetan y seleccionan al alumnado. A partir de la ESO, los exámenes marcan el ritmo del aprendizaje y las calificaciones legitiman la pirámide jerárquica de quienes van ascendiendo escalones en la carrera académica hasta alcanzar las acreditaciones que permiten el acceso a los puestos de mando en la sociedad. Ese es, explícitamente, el modo de reconocer y premiar a las personas dotadas de excelencia, merecedoras, por su esfuerzo y su capacidad, de ascender en la escala social.

En este caso, el sistema educativo propaga una moral concreta, la que exalta los méritos individuales y los convierte en legitimación del triunfo social: la meritocracia que da el poder a los que lo merecen, a los mejores. La igualdad, valor indiscutible de una moral propia de sociedades democráticas, se reduce a igualdad de oportunidades y la educación se convierte en un espacio competitivo en el que lo importante son los resultados, es decir, llegar al final en un largo proceso selectivo. La meritocracia sustituye a la democracia y se aleja totalmente de la acracia, de la fragmentación del poder para evitar que algunas personas o grupos sociales lo monopolicen

Incluso esa legitimación es muy dudosa, puesto que atribuye el éxito escolar al mérito personal, ocultando el importante sesgo social: triunfan sobre todo los miembros de la clase medio alta y alta y quienes están dotados de específicas cualidades, sobre todo la inteligencia. Al exaltar el indiscutible esfuerzo de algunas personas, se oculta que la educación no garantiza la movilidad social ni la equidad en el reparto de la riqueza, sino que más bien da una pátina de legitimidad a un estatus que es más heredado y recibido que logrado. Introduce, por tanto, en el corazón del sistema democrático un caballo de Troya que permite que se apoderen de la ciudad quienes no están democráticamente legitimados, en el supuesto de que pueda haber alguna circunstancia en la que sea legítimo que unos pocos se apoderen del poder que debe permanecer distribuido entre todos.

Acerca de la infiltración en la bestia

Pretendía dar comienzo a estas líneas con una letanía de las miserias que nos impone el sistema u Orden Mundial, con intención de hacer énfasis en lo urgente de frenar la destrucción implacable del territorio, de la salud de las personas y de las relaciones sociales, y ese largo etcétera de sindioses y estupideces que nos arruinan la vida. Pero antes de haber empezado, ya me quedaba sin espacio. Pardiez, sí que hay que ir al grano en estos artículos cortos. Como buen topo, iré a la raíz.

La tesis de partida es, como anarquistas comprometidas con la agitación y lucha política, y en el actual contexto histórico, asaz diferente al de 1900: ¿debemos seguir absteniéndonos del hecho electoral o involucrarnos, hasta un grado por definir, en el parlamentarismo? Esta pregunta puede reformularse de muchas formas con el fin de matizar en lo posible su intención. Por ejemplo, ¿nos es tan indiferente un gobierno de las CUP que uno de VOX a la hora de dialogar con el mandril del dispositivo que viene a desahuciarnos o impedir una reunión? ¿Tendremos tantas luchas por la defensa del territorio (v. g. minas, fracturas, etc.) con un gobierno de tinte ecologista que con uno convencido de las virtudes autorreguladoras del mercado? Ahora bien, aquí no se habla de tomar poder, sino de infiltrarlo. Desde ahí, ser hostiles al gobierno, sacar trapos sucios y participar de la agitación que se dé fuera.

Desde topillo, el ácrata que hay en mí conoce la estrategia electoral gracias a los escritos de preclaras anarquistas de ayer y hoy. Advertían al proletariado del engaño del artefacto burgués para legitimar al Estado y atenuar su malestar. Comprendemos ferpectamente la naturaleza del poder y la incapacidad de un gobierno de alterar las reglas del juego económico, que es en última instancia el que regula nuestras vidas. En resumen, no nos hacemos ilusiones.

Ahora bien, como anarquistas tenemos la obligación de llevar la agitación y la lucha a todos los frentes, y aquí señalamos el parlamentario: ¿por qué ponérselo tan fácil e inhibirnos de hacerlo en el ágora más visible que tenemos a nuestra disposición? ¿Por qué no emplear las herramientas de que dispondríamos para el largo camino de la revolución? ¿Es que vamos sobradas de recursos? Y para la difusión de la Idea: ¡menuda plataforma! No se trata de hacer la revolución gracias al Estado, sino a su pesar, infiltrando una maquinaria que en cualquier caso encontraremos de frente. Así pues, el voto en la urna, ¿no podría considerarse como un sabotaje en lugar de una claudicación? ¿Son incompatibles el parlamentarismo y la agitación revolucionarias?

Este escrito sostiene más bien lo contrario. La sintonización táctica con lo primero es más un impulso que un freno para lo segundo. Cabe preguntarse si ello devendría en sostener o adulterar el acervo anarquista, desafortunadamente no hay cabida aquí para ese análisis esencial. Por mi parte, estoy convencido de que lo sostiene. Antes de empezar a tirarnos de nuestra revolucionaria pelambrera ante tamaña supuesta herejía, reflexionemos un poco.

Tradicionalmente, el socialismo anárquico se ha apartado del parlamentarismo y ha hecho apología de ello entre la clase trabajadora. Por muchas razones sí, y como si su proximidad fuera condición suficiente para contagiar el virus de la apatía, del aburguesamiento y otros males asociados al poder. No obstante, el balance positivo de ello a mí no me queda tan claro. Y menos si pienso en la difusión del anarquismo en el último siglo y su actual estado de coordinación (aunque la culpa de todo sea del Estado opresor, lo sé). Por dos razones fundamentales:

El pueblo ignora el discurso anarquista, al que no tiene acceso más que —tergiversado— cuando el Estado tiene a bien engrasar su aparato represor. La difusión del ideal anarquista es muy limitada si lo que pretendemos es una revolución de masas y no la inmolación de un puñado de personas con buenas intenciones. El pueblo debe politizarse y, qué duda cabe, si lo va a hacer al ritmo que asimila el ideal anarquista y los conflictos humanos de sus afines, no va a agotarse el petróleo, ¡se va a agotar el Sol! (exagerando una miqueta). Y ya habrá tiempo para esa maduración revolucionaria tras la que las masas caerán rendidas ante la grandeza y coherencia del ideal anarquista. Pero deben estar politizadas. ¿Qué más da por dónde empiece? Ya llevará la lucha más allá.

La segunda razón es la transmisión de ideas. Aisladas no tenemos ocasión de comunicar la Idea más que a quienes tienen un interés previo. ¿Acaso no gozamos de todas esas ocasiones en que colaboramos en alguna lucha colectiva, tipo luchas vecinales, ecologistas, el 15M, etc.?: así transmitimos nuestras ideas. Aquello de «el roce hace el cariño»…

El mandato revolucionario es explícito en que las anarquistas deben estar siempre ahí para instigar, agitar, apoyar cualquier movimiento emancipador, denunciar al Sistema que aliena y subyuga. Que el pueblo tome con conciencia todo el control que pueda.

Aquí hablamos de colocarnos en posiciones estratégicas para conocer sus tejemanejes con más antelación. Atisbar su ponzoña antes de que nos caiga encima. Y reducir la velocidad a la que arden los bosques y las libertades. Un apoyo a la verdadera lucha de afuera: ¿qué se pierde? ¿Acaso no ahorramos energías por la información de que disponemos así como otras muchas prerrogativas muy convenientes a la disidencia, como son los palos en la rueda represiva? ¿O es que preferimos hacer el triple tirabuzón con las manos atadas y sin red? Hay quien defiende el cuanto peor mejor; mejor dictadura a parlamentarismo. ¡Ay!, cuántas veces se ha demostrado falso y con cuánto sufrimiento. Las ideas no progresan gracias al mal, sino a pesar de él.

Renunciar a los beneficios de la infiltración en la bestia por la pureza del ideal anarquista, por su coherencia, no es muy coherente si tomamos en cuenta los innumerables compromisos a los que nos sometemos en el empleo, el consumo, relaciones, etc., solo por vivir en esta sociedad. ¿A cuento de qué ponernos tan tiquismiquis en algo ambiguo? «Nada de compromisos: cuando madure la conciencia revolucionaria, la gente admirará nuestra coherencia, sabrá quién no cambia de chaqueta». «Afirmemos la idea, ella encontrará la forma de hacerse realidad». Hasta no ha mucho, el topo que les escribe suscribía eso. La pureza del ideal aporta energía para sobreponerse de cualquier varapalo. Pero tengo la impresión de que es una proposición errónea. Aunque solo sea porque la especulación temporal se lleva mal con el sufrimiento y la destrucción cotidianas.

Muerte al Estado, Viva la anarquía.

El gobierno del desgobierno

¿Cuando el gato duerme los ratones bailan?

La corrupción acompaña al poder como la sombra al cuerpo. Alejandro Nieto Entre 2010 y 2011, Bélgica logró el récord mundial de país sin Gobierno: 541 días de parálisis, un año y medio de una inestabilidad teóricamente devastadora. Teniendo en cuenta que la economía política es un género literario disfrazado de ciencia, todo ocurrió al revés de lo predicho. La vida siguió sin gobierno y contra todo pronóstico, y basándonos en indicadores capita-listamente polarizados, Bélgica creció un 2% y el desempleo cayó del 8,2% al 6,7%.

Tras casi seis meses de Gobierno en funciones, en el Estado español la vida continúa y han sido los poderes políticos y financieros los que han mostrado su nerviosismo ante la posibilidad de que se encuentren resquicios que evidencien que la cosa no funciona. Las agencias de calificación ya han hecho veladas amenazas sobre una posible subida de la tan referida como desconocida prima de riesgo española. Los voceros de medios de comunicación y tertulias han lanzado su propaganda del miedo para intentar preservar los intereses a los que sirven. Amenazan con que el PIB se frenará y reclaman la constitución de un Ejecutivo que enderece el barco, en nombre de organismos internacionales, bancos de inversión, entidades financieras, patronales y grandes empresarios directamente interesados en que el PIB crezca. Se prevé una fuga de capital extranjero de 19 000 millones de euros que impedirá la creación, dicen, de un millón de puestos de trabajo. La bola de cristal está funcionando a toda máquina.

Por otro lado, en las redes sociales se escucha cierta algarabía de fondo sobre las virtudes de una hipotética situación de ingobernabilidad que frustre futuras subidas de impuestos, recortes en gastos sociales y cualquier medida austera a las que se vería abocado un potencial Gobierno. Sin embargo, ya se ha hecho pública la desviación del déficit del Estado de casi un punto durante 2015: 5,18% del PIB frente al 4,2% comprometido, más de 10 000 millones de euros que Bruselas pedirá escamotear a los derechos sociales y laborales.

La cuestión del desgobierno tiene sus más y sus menos, no crean. A quien busca recetas para arreglar lo que se conoce como España, la invocación a las fuerzas telúricas para formar un Gobierno «del cambio» parece que no le servirá de mucho. Cualquier Gobierno que pueda llegar a formarse ha sido despojado por el BCE de la posibilidad de acometer políticas monetarias propias: el pacto de estabilidad y el Tratado de Maastricht, voluntariamente incluidos en la Constitución, les limita la adopción de políticas fiscales expansivas y redistributivas; las vergonzosas políticas migratorias y el control de fronteras son decididas por la Comisión Europea y las intervenciones militares presentadas a la ciudadanía como actos de solidaridad son, en realidad, guerras neocolonialistas decididas por la OTAN en defensa de los intereses de las grandes corporaciones.

En esta coyuntura, se antoja oportuno plantearnos cuál es la utilidad de un Gobierno que actúe como correa de transmisión de los mandatos dictados desde los auténticos centros del poder: Fráncfort-Washington-Bruselas. En el caso español, además hay que añadir que un funcionamiento hipócrita y corrupto, tan enraizado en nuestra tradición católica, ha hecho del Estado un instrumento de depredación de lo público en provecho de las élites políticas y económicas. Supuestamente, el Estado suplanta la voluntad del pueblo, el Gobierno la voluntad del Estado y el partido la del Gobierno. Los partidos son la clave de bóveda del desgobierno de lo público. Unos partidos controlados por los poderes económicos, quienes se aseguran así la salvaguarda de sus intereses, y amparados por la inoperancia judicial, la ineficacia administrativa y una asombrosa tolerancia, comprensión y/o ceguera inducida por parte de la ciudadanía. Los partidos han secuestrado la democracia suplantando la voluntad de la ciudadanía y apropiándose de las instituciones del Estado, poniéndolas al servicio del IBEX 35.

En la teología católica, la corrupción es algo consustancial (ahora se llamaría sistémico), es decir, cuando alguien quiere algo, tiene que acudir a la virgen santísima intercesora de no sé qué, hay un santo para cada cosa y la salvación eterna se puede comprar con una bula. Esa lógica está tan interiorizada en nuestra cultura que nada tiene de particular que acudamos a Fulano para que nos resuelva un problema que tenemos en la Administración o que nos saltemos la cola de un ambulatorio acudiendo a una cuñada que es médica.

En este estado de cosas, nos preguntamos si en lugar de democracia no deberíamos estar hablando de cleptocracia y si a lo que llamamos Gobierno no lo deberíamos llamar Desgobierno. El teatro en el que, ahora aún más si cabe, se ha convertido la escena política institucional española permite sospechar de forma legítima que el poder es un instrumento para el beneficio personal del que lo ejerce o de los colectivos a los que defiende. Como eso no se puede decir, se envuelve en papeles de colores y banderas. Y en este contexto, el Estado, el bien común o el sacrificio por los demás son solo envoltorios.

La energía necesaria para hacer de esta catástrofe un momento fundacional y regenerador se ve entorpecida por la confusión y la impotencia generalizada. La desmovilización de la calle es palpable y no existen las condiciones necesarias de articulación de la sociedad civil para ir suplantando gradualmente los poderes del Estado. En este escenario, todo espacio que no cubre el Estado lo está cubriendo el mercado y esto se ha hecho más evidente desde la última ola de privatizaciones de servicios públicos.

El discurso anarcocapitalista de los conocidos como libertarianos, o libertarios de derecha, está teniendo una función central en las políticas, prácticas y valores emergentes de los últimos decenios. Se puede sintetizar en una palabra: privatización. Una privatización que se naturaliza y desborda el ámbito de lo empresarial, afectando a todas las esferas de la vida de las personas. Su objetivo es el bienestar económico individual que solo es posible en una situación de libertad económica absoluta. Exigen la ausencia de interferencias por parte de las instituciones a las que consideran coercitivas, aun cuando la connivencia actual entre estas y las grandes corporaciones es evidente. El Estado-nación, ya sea socialista, capitalista, capicomunista o socialdemócrata, es el enemigo común de una nueva élite financiera que, siguiendo algunos de los postulados de ese discurso, no le debe fidelidad a país alguno y tiene su dinero en paraísos fiscales. Y ahí está el reciente caso de los papeles de Panamá para ilustrarlo.

No existen recetas mágicas para gestionar la decadencia institucional del Estado-nación desde una perspectiva que ponga la vida en el centro de toda actividad humana. Lo que es evidente es que los poderosos empezaron a organizarse hace tiempo.

NOTA
Para indagar más en estas cuestiones, se recomienda la lectura de los libros El desgobierno de lo público de Alejandro Nieto y Cleptopía de Matt Taibi.

¿Qué es eso de la doctrina Botín?

Fieles al espíritu de la publicación que tiene entre las manos, nos disponemos a arrojar luz y a traducir el lenguaje jurídico, para que podamos conocer y construir opiniones propias y críticas sobre la realidad que nos cuentan los medios de comunicación de masas. Tenga paciencia, la causa lo merece.

Traduciendo el lenguaje de Mordor

Sin lugar a dudas, el derecho está redactado en el «lenguaje de Mordor» y no es casualidad. Detrás de la oscuridad del lenguaje jurídico se esconde una clara intención del poder de alejar a las personas del entendimiento del mismo, ya saben, la ignorancia es sumisión y la información es poder.

El titular «La infanta Cristina depende de la doctrina Botín para no ir al banquillo» suele sonar a chino, y normalmente nos hace saltar la página porque, sea lo que sea eso de la doctrina Botín, sabemos que todo es una pantomima y al final ganan los mismos. Pues bien, después de la lectura de este artículo todo seguirá siendo una pantomima en los medios de comunicación de masas, pero tendremos algunos argumentos más para poder contárselo a otras personas, que falta hace.

Antes de saber qué es la doctrina Botín

Antes es necesario saber quién puede acusar por un delito en el derecho español. Cuando una persona comete un delito, son varias las personas que pueden acusar y pedir una pena por el daño causado.

En primer lugar, puede acusar la persona perjudicada por el daño: se trata de la acusación particular.

En segundo lugar, puede hacerlo el fiscal: se trata de la acusación pública, que representa los intereses de la sociedad y el orden vigente. Cuando alguien comete un delito no solo lastima a la persona que lo sufre, sino al conjunto de la sociedad. Esto es un bonito principio inspirador muy parecido al «si nos tocan a una nos tocan a todas» o «conmoverse con la injusticia cometida contra cualquiera», lástima que en la actualidad esté completamente desvirtuado.

Por último, también puede acusar la acusación popular. Esta la realizan grupos de personas que, aunque no estén directamente perjudicadas, tienen un interés en la causa por un mero sentimiento de justicia y una visión común del daño. Por ejemplo, la Asociación de Juristas Grupo 17 de Marzo ha ejercido como acusación popular contra policías acusados de delitos de tortura o Ecologistas en Acción ha ejercido la misma en delitos contra el medio ambiente.

La doctrina Botín

La doctrina Botín tiene su origen en una sentencia del Tribunal Supremo de 2007 en el caso de las cesiones de crédito, en el que estaban imputados Emilio Botín y otros tres directivos del Banco Santander. La Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) ejerció la acusación popular y pidió 180 años de cárcel para Botín y sus ejecutivos por unas cesiones de crédito que permitieron al banco eludir el pago de las retenciones a Hacienda. Con esta medida se captaron casi 2500 millones de euros, lo que provocó la persecución de muchos clientes por presunto delito fiscal.

Sin embargo, el fiscal no acusó porque no vio indicios de delito en esta ocasión, y las acusaciones particulares tampoco acusaron y perdonaron. Así, ADIC se quedó sola con su acusación popular en interés de la sociedad, ya que esta no había perdonado. Pero el Tribunal Supremo archivó el caso al entender que el ejercicio de la acusación popular debía limitarse «en cuanto a su alcance y extensión». En definitiva, una sola acusación popular no puede mantener vivo un caso si el fiscal y las acusaciones particulares se inhiben, es decir, no acusan.

Esta decisión se apartaba de una tradición que permitía defender los intereses del Pueblo a través de la acusación popular, aun cuando el fiscal o las personas privadas, por oscuros intereses, no quisieran continuar con el procedimiento penal. Más criticable fue la decisión cuando se trataba de juzgar a los representantes de los verdaderos poderes económicos del Estado.

¿Es ciega la justicia?

Sin embargo, la justicia no siempre actúa siguiendo los mismos criterios y la Doctrina Botín no se ha aplicado por igual. Veamos brevemente el ejemplo de Atutxa: Juan María Atutxa ―el entonces lehendakari del Parlamento Vasco― fue imputado por un delito de desobediencia al negarse a disolver al grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, tal y como ordenó el Tribunal Supremo tras la ilegalización de Batasuna. No hubo acusación particular y el fiscal tampoco acusó. Pero al Tribunal Supremo le bastó la acusación popular para continuar el procedimiento y condenar, pues entendió que la doctrina Botín no era aplicable, ya que en este caso el delito tenía mayor trascendencia pública. Vio obvio que el no disolver un grupo parlamentario, votado democráticamente, era un daño de mayor repercusión que una cesión de créditos que costó 2500 millones de euros a las arcas públicas.

A raíz del conocido caso Noos, en el que se encontraba procesada la ciudadana Cristina de Borbón, se ha vuelto a intentar resucitar y consolidar esta doctrina. Así, en este caso, ni el fiscal ni las acusaciones particulares querían acusar a Cristina de Borbón. Por ahora, la Audiencia Provincial de Palma ha entendido que no es de aplicación esta doctrina y esta ciudadana continúa imputada. Habrá que seguir la noticia ahora que manejamos los conceptos para saber si se aplicará la doctrina Atutxa o la doctrina Botín.

El caso Noos tiene tantos paralelismos con el caso Botín que merecen una reflexión: el fiscal no ve delito, las acusaciones particulares perdonan y las arcas públicas pierden dinero.

Peligros de la doctrina Botín

Podríamos señalar dos peligros de la doctrina Botín. En primer lugar, limita la acusación popular, convirtiéndola en una acusación de segunda. Así, esta doctrina limita el que podamos conmovernos con la injusticia que le sucede a otra persona, sentir el daño como propio y actuar en defensa de la víctima. La tendencia individualista de la ideología dominante nos limita hasta la empatía.

En segundo lugar, la doctrina Botín es una interpretación que no encuentra sustento en ninguna norma penal, lo cual pone en peligro el propio concepto de Estado de derecho, pues la justicia se convierte en legislador según quien se siente en el banquillo.

Que la justicia no es ciega es algo empírico; y no nos cabe duda de que es un instrumento del poder que sirve a sus intereses. Sin embargo, seguimos sintiendo la necesidad de recuperar el derecho y traducir la oscuridad de su lenguaje para ponerlo al servicio de las personas oprimidas. Creemos que es posible reapropiarnos del derecho como una herramienta al servicio de la transformación social en pos de una sociedad donde la vida digna de todos y todas esté en el centro. Valga este artículo como un paso más hacia esa reapropiación.

Sobre la ciudad y los cuidados

¿Qué hay detrás de la importancia actual del término «economía de los cuidados»? ¿Y qué tiene que ver ese término con la planificación de las ciudades?

Es importante hacer notar que el foco se ha puesto en los cuidados cuando estos han entrado en crisis. Es decir, cuando no ha podido darse por sentado que las mujeres iban a especializarse en el cuidado de la familia, asegurando la calidad de la vida privada, y atendiendo a aquella esfera de la vida humana sin la que la especie no puede sobrevivir: alimentar, limpiar, cuidar de los niños pequeños, ancianos y enfermos, amar, enterrar a los muertos, mantener los lazos familiares o vecinales, rezar o hacer gestiones burocráticas, etc. Una esfera heterogénea, pues comprende casi todo lo que queda —o quedaba— fuera de las relaciones mercantiles y de la producción industrial; bien porque no es fácilmente convertible en mercancía —como el amor de una madre—, bien porque satisface necesidades que incluyen, necesariamente, elementos emocionales de convivencia no programables e impredecibles.

Incluyen, sobre todo, el más imprescindible de los ingredientes: el sentido. Hay sentido en las acciones del cuidado porque estas se producen entre desiguales, obviando el mundo de la competencia y el intercambio. La desigualdad, temporal o definitiva, no implica aquí una deficiencia, una falta de valor. La dignidad de la dependencia se da solo en esta esfera de la vida social, en la que todos, antes o después, nos encontramos.

Por lo tanto, el mundo de los cuidados, que solía llamarse trabajo doméstico, se ha visto amenazado por las fuerzas contradictorias del cambio social: el avance de las relaciones capitalistas —que individualiza todas las relaciones— y la voluntad de las mujeres de existir en otros ámbitos que los de la familia, su incorporación a la fuerza de trabajo desde los años setenta. Las estrategias para sobrevivir a esta crisis son muchas y todas incompletas, además de injustas: la reducción del número de hijos (y de horas de cocción de las comidas, de relaciones de vecindad, etc.); la sobrecarga de trabajo para las mujeres, a pesar de la inclusión masculina en las tareas domésticas —lo que curiosamente las eleva de categoría, de ahí que se hable de «economía de los cuidados»—; la ampliación de horarios de la ciudad (que a su vez recae sobre los turnos y jornadas de los y las trabajadoras); el mercado de servicios (que siempre favorece a las rentas altas). Una crisis silenciosa, que se expresa en cansancio generalizado, sacrificios personales y demandas al Estado, que este no cubre por insuficiencia económica o porque el tipo de necesidad no encuentra acomodo en la atención burocrática o la prestación de un servicio (basta pensar en la soledad de los ancianos o las enfermedades crónicas).

¿Qué tiene esto que ver con las ciudades? Las ciudades tradicionales, densas y mezcladas, permitían que las necesidades sociales fueran cubiertas de forma compleja: cuidado, trabajo, consumo, juego, seguridad, se producían (o se enfrentaban) en espacios pequeños, en las calles o barrios, de manera que podían satisfacerse (o entrar en conflicto) simultáneamente y en contacto unas con otras. Las ciudades contemporáneas, zonificadas, extendidas y motorizadas, donde la privacidad gana terreno a los espacios comunes, rompen esos lazos: se trabaja, se vive, se aprende o se conversa en lugares especializados, separados unos de otros y en contacto solo con el grupo que tiene la misma necesidad.

Cuando la ciudad se simplifica, repartiendo sus piezas en el territorio, cada persona deberá satisfacer sus necesidades en lugares dispersos y sucesivos, perdiendo en el camino tiempo y energía (las ciudades modernas son cronófagas), y muchas capas de sentido… En las nuevas ciudades empresariales, uno solo puede ser un empleado; en los nuevos desarrollos de vivienda —cuyo tamaño, monotonía y vaciado del espacio público producen una hipertrofia de la vida privada—, uno solo podrá residir: ni participar, ni divertirse, ni jugar en la calle, etc.

La crisis de los cuidados es una crisis energética y de sentido. Para cuidar hacen falta muchas personas variadas y a menudo espontáneas (por ejemplo, para producir seguridad en las calles o educar a los niños), además de proximidad y tiempo: exactamente las tres dimensiones interdependientes que los nuevos barrios y ciudades han destruido o complicado. ¿Por qué ese desprecio a bienes tan preciados? Porque no son comercializables y porque se basan en la dignidad de la dependencia y de la desigualdad, dos valores que nuestra sociedad del intercambio y la autonomía no contempla.

El origen de la palabra cuidar es pensar, cogitare, un acto de reflexión que incluye al otro en los propios cálculos. La ciudad no debe hacer otra cosa si quiere revertir esta crisis que tensa y resta calidad a nuestras vidas. Debe pensar, es decir, incluir las necesidades en su planificación, y actuar en consecuencia con tres enfoques:

Primero, concebir las relaciones entre piezas antes que en las piezas sueltas. Construir un equipamiento o un grupo de viviendas preguntándose quién lo va a usar y a mantener, cómo se llega a él y qué aporta y detrae de la vitalidad urbana.

Segundo, incorporar la complejidad en la planificación para hacer la vida más sencilla a las personas que cuidan. La simplificación del proceso de planificación, buscando soluciones rápidas, baratas, estandarizadas o fáciles de gestionar, genera vidas muy complejas para quienes tienen que habitar esos espacios. Todo aquello que se ahorra en las fases iniciales de diseño y planificación urbana es pagado con creces por quienes tienen que dedicar su tiempo, su esfuerzo o su dinero a unir lo que está troceado, inconexo y sin sentido.

Tercero, volver a pensar las relaciones entre lo público, lo privado y un tercer ámbito que ha sido empobrecido, cuando no totalmente barrido, siendo como es imprescindible para satisfacer necesidades de forma igualitaria: se trata de la red social física, las relaciones por proximidad de diversas organizaciones locales y del vecindario. Para retejer redes rotas, la ciudad puede aportar la calidad del espacio público, el calmado de tráfico, las viviendas de configuración y rentas heterogéneas, la promoción de usos múltiples de los equipamientos y el comercio de proximidad, la densificación de la ciudad dispersa, la participación ciudadana. Una tarea colectiva que tiene que partir de lo existente para construir una ciudad más habitable, que no cargue sobre una parte de la población el cuidado de todos.

Los derechos humanos en la Frontera Sur

Mediterráneo, de Mare Nostrum a Tritón El pasado mes de abril, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presentaba su informe de 2015 Derechos humanos en la Frontera Sur. En este informe se advertía que en menos de un año, más de tres mil personas murieron en el mar Mediterráneo y en la Unión Europea (UE) y se incrementaron en un 24% las solicitudes de asilo entre los primeros semestres de 2013 y 2014. Este artículo reflexiona sobre la situación de la inmigración en nuestras fronteras y sobre cómo el lenguaje político en los medios de comunicación utiliza atajos que finalmente suprimen esta realidad.

El foco está en el Este

Y con justicia. La dimensión del drama que se está viviendo en estos momentos en la frontera oriental de la Unión Europea es tremenda. Las causas que originan tal éxodo masivo de personas también lo son. Y la actitud y el comportamiento de la Unión Europea hacia la acogida de personas refugiadas y hacia la gestión de las migraciones supone todo un desprecio a los tratados internacionales y a los derechos humanos.

Una de las consecuencias más negativas de esta política de la UE y sus gobiernos es el endurecimiento acordado para la inmigración, diferenciando un tanto artificialmente la huida por motivos políticos o de conflicto de la huida por la falta de futuro y el hambre. Realmente, los flujos actuales en el Mediterráneo son mixtos, tanto de inmigrantes como de personas refugiadas, y en ocasiones son difícilmente separables. E injustamente separados.

Informe 2015 Derechos humanos en la Frontera Sur1

Durante el año 2014 se ha producido un notable incremento de inmigrantes interceptados en la Frontera Sur de España. Según el seguimiento de la APDHA, un total de 11 146 inmigrantes fueron interceptados por las fuerzas españolas en el conjunto de la Frontera Sur (Ceuta, Melilla, los peñones, las costas peninsulares, Baleares y Canarias), frente a las 7550 del año 2013, lo que supone un incremento de casi un 50%. Pese a ello, si los ponemos en relación con las 170 000 llegadas a Italia o las 50 000 a Grecia, estos datos nos muestran que España ya no es la primera ruta de entrada en Europa. De ellas, el 23,3% eran sirias y el 56,9% subsaharianas, muchas de ellas huyendo también de países en conflicto como Malí, Congo o Nigeria. Esta es una de las conclusiones que podemos extraer del informe Derechos humanos en la Frontera Suri que anualmente elabora la APDHA.

En una cifra provisional que a nuestro juicio se queda corta. El ACNURii ha estimado en 2400 el número de personas que han llegado a España a través del Estrecho. Por ejemplo, solo en el CETI de Melilla —con una capacidad de 480 plazas— hay casi 1800 personas —entre ellas, 500 niños—, el 90% de ellas sirias.

Como ha denunciado la senadora Maribel Mora tras una reciente visita, hay un enorme hacinamiento, se respira desesperación en un lugar en el que no se respetan ninguna de las legislaciones internacionales sobre acogida de solicitantes de asilo. Un solo médico —señala— y un solo psicólogo para atenderlos (cuando es obligatoria la atención a menores que provienen de zonas de conflicto y a personas que hayan sufrido torturas) y una sola abogada de una ONG para asistirlos a todos en el centro.

La documentación no se realiza sino justo antes de embarcarlos hacia la Península, varios meses después de llegar a Melilla, impidiéndoles la libertad de circulación, que es uno de los derechos de las personas refugiadas. Ellas no saben por qué no les dejan salir de Ceuta o de Melilla.

De hecho, durante 2014 se produjeron acampadas en céntricas plazas de ambas ciudades. Preferían estar en la calle en tiendas de campaña protestando, denunciando que no habían huido de una guerra para terminar en una cárcel, antes que seguir en un centro sin perspectivas y hacinados.

Otra consecuencia, de menor calado pero que no deja de ser injusta, es que al poner en exclusiva el foco de atención en el Este, se desdibuja el sufrimiento, la pérdida de vidas y las graves violaciones de derechos humanos que se están produciendo en nuestra Frontera Sur.

Según datos de la APDHA, 131 personas murieron en el intento de llegar a España durante 2014. Y de forma callada, lejos de los focos mediáticos, unas 50 personas habrán perdido la vida en lo que va de este año 2015. No es ni de lejos la cifra insoportable de muertos en el resto del Mediterráneo, que supera las 3200 personas este año según la Organización Internacional para la Inmigración, pero es también nuestro drama. El drama de la falta de respeto a las convenciones internacionales y a los derechos humanos por parte de nuestro país.

No se puede hablar de asilo como hace el Gobierno cuando rechaza con botes de humos y pelotas de goma a inmigrantes que intentan entrar en Ceuta, con el resultado de 15 muertos en el Tarajal el año pasado. A ninguna de esas personas le dieron la oportunidad de expresar si solicitaban protección internacional. Como tampoco se la dan a quienes expulsan manu militari mediante las llamadas «devoluciones en caliente», rechazadas por la ONU pero que nuestro país sigue practicando ampliamente en la Valla de Melilla con el respaldo público explícito de los responsables políticos directos de la misma (Delegación del Gobierno y Ministerio del Interior).

El Gobierno español versus las personas solicitantes de asilo

El Gobierno español no está respetando la Convención de Ginebra que protege a las personas que solicitan asilo. No la está respetando porque no las acoge en condiciones dignas, porque apenas acepta las solicitudes, porque el 75% de ellas fueron denegadas, porque solo admite el 1% del total de solicitudes de la UE… ¿Cómo es posible que no haya llegado ni un solo solicitante de asilo africano a las oficinas habilitadas este año cerca de las fronteras de Ceuta y Melilla? ¿Por qué el Gobierno no actúa respecto a las fundadas denuncias respecto a la extorsión que están sufriendo refugiados sirios para acceder a las oficinas de asilo en frontera por parte de fuerzas de seguridad marroquíes?

Para la prueba del algodón de la actitud del Gobierno de España respecto a los refugiados, basta con señalar que el Gobierno no ha elaborado el reglamento que la Ley de Asilo 12/2009 señalaba que había que aprobar obligatoriamente en seis meses. Nunca más se supo.

En suma, no hace falta ir a Hungría, por más salvaje que sea la política contra los inmigrantes de Orbán con la indiferencia del resto de la UE. Las personas refugiadas están en nuestra tierra tras pasar verdaderas barbaridades superando mafias y corrupción en los países de tránsito. Es nuestra responsabilidad y es nuestra obligación resolver esto. Los derechos humanos deben ser los que inspiren las políticas migratorias y de asilo y deben ser respetados sin excusas en las fronteras de nuestro país.

1 Entendemos por Frontera Sur de España el arco que abarca Baleares, las costas del sur y levante de la Península, Ceuta, Melilla y las Islas Canarias.

i www.apdha.org/media/informe-fs2015-web.pdf

ii Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

Análisis de la deuda en el Estado español

Este artículo es una síntesis del informe realizado por la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), con el objeto de dilucidar cuestiones como: ¿cuánto y a quién debe el Estado español? ¿Es verdad que el Estado gasta mucho? ¿A qué se deben las medidas de austeridad? Podéis encontrar la versión íntegra en la web de la PACD.

¿Cuál es la deuda total de la economía española en 2014?

Cuando se habla de la deuda española se incluye el conjunto de la deuda, es decir, tanto la pública (administraciones públicas) como la privada (bancos, empresas no financieras y familias) del territorio español. La deuda de la economía española alcanza la escandalosa cifra de 4,4 billones de euros, lo que supone el 424% del PIB, es decir, la deuda es cuatro veces lo que produce la economía real. Especialmente peligrosa es la situación de la deuda externa: la economía española debe 1,6 billones de euros al resto del mundo.

¿Cuál es la deuda privada española?

La deuda privada hace referencia a la totalidad de los préstamos contraídos por los prestatarios privados, ya sean empresas privadas nacionales (financieras o no financieras), como hogares y familias (con entidades e inversores nacionales o extranjeros).

El fuerte aumento de la deuda privada entre 2000 y 2008 es debido, fundamentalmente, al espectacular aumento de la deuda de las instituciones financieras. Entre 2000 y 2008 las instituciones financieras multiplicaron su endeudamiento por 9,46 y las empresas no financieras por 2,52.

En el año 2000, las empresas no financieras suponían el 64% de la deuda privada total, seguida por las familias con un 27% y por las entidades financieras con un 9%. A partir de 2007, el peso relativo de la deuda de las entidades financieras (27%) supera al de las familias (23%). El nivel de endeudamiento de las instituciones financieras ha seguido en aumento hasta suponer, a fecha de diciembre de 2014, el 29% del total, mientras que tanto el de las familias como el de las empresas no financieras ha experimentado un descenso desde entonces: hasta el 24% y el 47% del total de deuda privada, respectivamente.

09 POLI ESTATAL 2 (ver creditos en fichero texto)
Figura 2 – Fuente PACD a partir de datos de Banco de España

¿Cuál es la deuda pública española?

Es el dinero que el Estado (administraciones públicas, organismos y empresas públicas) ha pedido prestado para financiar sus actividades o inversiones. El Estado no solo contrae obligaciones financieras mediante la solicitud de un préstamo en una entidad financiera, sino que en el caso español la deuda pública también toma la forma de títulos de deuda como Letras, Bonos y Obligaciones del Tesoro.

Para poder liquidar hoy la deuda pública, que desde 2008 se ha multiplicado por 2,17 y actualmente asciende a 1,01 billones de euros (103% del PIB), cada ciudadana tendría que pagar 23.445 euros. Para una familia de cuatro personas, esto significaría la suma de 93.779 euros, unos 7.814 euros al mes durante un año. Cabe recordar que esta cantidad no tiene en cuenta los intereses que se deberían abonar como contraprestación al dinero recibido.

Además, el Estado español tiene un alto nivel de deuda indirecta y oculta con el sector financiero, consecuencia del rescate bancario, y que alcanza la escalofriante cifra de 1,2 billones de euros.

09 POLI ESTATAL 3 (ver creditos en fichero texto)
Figura 3 – Fuente PACD a partir de datos de Banco de España

¿Quiénes son los acreedores de las Administraciones Públicas?

A fecha de diciembre de 2014, la mayoría de los tenedores de deuda de las Administraciones Públicas son los acreedores residentes, fundamentalmente las instituciones financieras (un 59% frente al 41% de los acreedores no residentes).

En el período que va desde 2007 a 2014, el endeudamiento público frente a los acreedores españoles (residentes) se triplica. En el caso de los acreedores extranjeros, aunque en menor medida, el nivel de endeudamiento también se ha visto incrementado al pasar a ser algo más del doble.

¿Cuáles son los gastos públicos?

Si comparamos los gastos del Estado español entre 2007 y 2012, podemos observar cómo las principales partidas que afectan a los derechos básicos y fundamentales de las ciudadanas, como son la educación (de un 11% a un 9%), sanidad (de un 15% a un 13%) y vivienda (de un 2% a un 1%) son los gastos que mayor reducción han sufrido. Mientras estas partidas se han visto recortadas, otras, con conceptos amplios y poco definidos han aumentado su cuantía. Parte importante de este aumento se ha debido al pago de la deuda.

El total del gasto público ha aumentado un 19%, debido fundamentalmente al aumento tanto de los intereses y la amortización del capital de la deuda como del subsidio de desempleo.

Conclusiones

Este informe evidencia que los principales argumentos utilizados por los partidos políticos, repetidos constantemente por la mayoría de medios de comunicación para aplicar las medidas de austeridad impulsadas por la troika, no se corresponden con la realidad de la economía española.

La supuesta responsabilidad del gasto público en el estallido de la crisis queda en entredicho al analizar la evolución de la deuda, ya que durante los años previos a la crisis, el endeudamiento público prácticamente no se vio incrementado, a la vez que el Estado disfrutaba de superávit.

A partir de 2007 se incurre en déficit público y la deuda pública se incrementa desmesuradamente debido al desequilibrio fiscal por la disminución de la recaudación (por disponer de un sistema recaudatorio regresivo e ineficiente), por el mayor coste de las prestaciones de desempleo (debido al incremento del paro) y por el rescate bancario asumido por el Estado.

Los efectos de las llamadas políticas de austeridad han repercutido negativamente en la actividad económica del país y han causado un enorme daño social debido a los recortes de los derechos básicos de las personas. Por ello, ante las evidencias de ilegitimidad, e incluso ilegalidad de la deuda pública española, desde los movimientos sociales y plataformas ciudadanas reclamamos una auditoría ciudadana de la deuda para determinar qué deudas son ilegítimas y repudiar el pago de las mismas.

Si quieres saber más sobre el proceso de auditoría que estamos llevando a cabo, curiosea en nuestra página: http://auditoriaciudadana.net/. Te esperamos.

Apoyo Mutuo.

Una alternativa política que pone en el centro a las personas

El cambio radical es difícil de conseguir desde la vía electoral. Es lo que entiende el colectivo de militantes de Apoyo Mutuo, una red horizontal que está dando sus primeros pasos y que reivindica la política sin delegación.

Si se tuviera que definir Apoyo Mutuo, sería como «una red de militantes de diferentes movimientos sociales, sensibilidades y experiencias para actuar conjuntamente en base a un programa común». Lo dice Dilia Puerta, portavoz de esta iniciativa que se presentó de forma oficial el 9 de mayo en el Teatro Lagrada de Madrid, e inmersa ahora mismo en el debate de un programa político. Entre sus filas hay sindicalistas, feministas, ecologistas, gente que trabaja en el ámbito de la vivienda, la inmigración, etc. Su ámbito es libertario, «pero sí queremos dejar claro que no es una organización de y para anarquistas. Caben todas las personas que no se ven representadas por la vía institucional, que creen que otras vidas son posibles», matiza Dilia.

En todo caso, los integrantes de Apoyo Mutuo son militantes ya implicados en colectivos sociales y movimientos de base: «No queremos sobrecargarnos. De lo que se trata más bien es de coordinar energías, ideas, para conseguir una democracia directa de personas libres e iguales. Para eso necesitamos juntarnos, enriquecernos mutuamente». Y rescata la idea de las alianzas insólitas de la feminista María Galindo. «A veces, los movimientos identitarios acaban asfixiando las ideas, se repiten consignas. Es interesante juntarnos para crear y actualizar los discursos. Sin miedo a dialogar con gente con la que tienes muchas cosas en común. Podemos aprender mucho de todos y todas», apostilla Dilia.

Ese es el espíritu que los anima: «reivindicar una democracia directa de verdad» es su objetivo. Todo ello, en un contexto actual de desmovilización social. Desde Apoyo Mutuo consideran que el movimiento 15M fue «un aldabonazo que hizo a la gente despertar, las personas se comunicaron unas con otras y unos sectores mucho más amplios de la sociedad tomaron conciencia de que las cosas tenían que cambiar». Pero su fuerza, y la de otros movimientos sociales, «se ha diluido en partidos políticos que optan por cambiar a la sociedad desde las instituciones».

«Respetamos a estas personas en su opción, pero no es nuestro camino», explica Dilia. «Como si solo se pudiera generar política desde las elecciones. Hay muchas más personas de las que imaginamos que creen que es una vía insuficiente. En nuestras redes sociales hay cada vez más gente interesada. Es un buen momento para hacernos oír, estamos empezando todavía, a ver cómo se va consolidando».

Construyendo pueblo fuerte

Dilia explica los orígenes «desde la reflexión y la autocrítica en positivo. El 15M ha movilizado a mucha gente, y hay personas que han sabido canalizar toda esa energía a lo que estamos viviendo ahora. Otras no estábamos tan de acuerdo con eso y no hemos sabido reaccionar y organizarnos tan rápidamente. En foros online empezamos a debatir sobre esto. De ahí surgió el manifiesto Construyendo pueblo fuerte, cuando se ha dado a conocer, de repente, ya tenemos 600 firmantes de todos lados y sensibilidades identificados con él. El interés generado nos ha llevado a crear la organización».

El proyecto está en construcción. «La idea es una estructura común que pueda ser federal, que estamos viendo cómo hacerlo, y luego otras territoriales. Que cada territorio tenga su autonomía para repensar lo que necesita y ponerse manos a la obra. Por ahora, lo más común e inmediato es un encuentro a nivel estatal a final de junio, donde vamos a empezar a generar un programa político. Porque parece que solo las vías electorales tienen derecho a ello. Queremos ser actores políticos reales, necesitamos empoderarnos para ser un pueblo fuerte».

Mientras tanto, ya se han presentado en Madrid y Granada. Pronto lo harán en Zaragoza, y después del verano en Sevilla. En Cataluña, comparten militantes y objetivos similares con Procés Embat.

La política, de todas y sin delegar

Para Apoyo Mutuo, la solución no es que el pueblo delegue en políticos profesionales. «Casi todo el mundo tiene la sensación que se traduce en que los políticos nos roban y no podemos hacer nada. Es muy triste tener esa conciencia social. Por eso es muy importante juntarnos en los colectivos y reflexionar juntas. Una de las mayores diferencias con la vía representativa es que nosotras queremos un pueblo empoderado y queremos recordarle a la gente que la política es nuestra, de todos y de todas. Simplemente nos ayuda a organizarnos. Tenemos la responsabilidad y no podemos delegar algo tan importante. Es el momento de que saquemos el dinero del centro y pongamos la vida, pero no cualquier vida, sino la que merece la pena ser vivida».

Dilia insiste en que «hay dificultades, pero también esperanza y alegría. La historia lo dice. Todo lo que se ha conseguido ha sido luchando, pero con conciencia, no perdemos nada, tenemos mucho que ganar. Y hacerlo sin ningún miedo, hay que atreverse, dialogar, defender nuestras ideas con quien haga falta, salir de las cuevas, a la luz del día. Animamos a eso, a leer sobre Apoyo Mutuo, a contactarnos y a empoderarnos entre todos y todas».

Por un nuevo proceso constituyente y más allá

¿Qué es el proceso constituyente?  

El proceso constituyente es aquel momento donde las personas que conforman una comunidad política —es decir, el Pueblo— deciden dotarse a sí mismos de un marco jurídico que regule su vida en común. Consiste en cambiar las reglas de convivencia que se otorga un pueblo, redefiniendo los ámbitos económicos, sociales,territoriales, culturales y políticos. Y, por supuesto, hecho con la participación de la mayoría social en ese momento.   El proceso constituyente tiene su marco teórico en la idea de Jean Rousseau de que el Poder emana del pueblo. Esta teoría cuenta cómo las personas nacemos libres e iguales en un estado natural, pero en pos de la seguridad cedemos una parte de nuestra libertad y nos autoimponemos normas que consensuamos con el resto de personas con las que cohabitamos. Esta cesión parcial de la libertad y construcción de estas normas comunes es a lo que se le llama contrato social. Para el desarrollo de estas normas y el control del cumplimiento de las mismas se constituye un Poder. Se ceden libertades a ese Poder que tomará decisiones que afectarán a las personas a cambio de la seguridad de que las normas se cumplan.  

¿Cómo se hacen los procesos constituyentes?  

Este contrato social se plasma en una Constitución.La constitución es la llamada «carta magna» o «ley de leyes». En ella se redactan los principios mínimos que han de respetarse para el desarrollo de la vida política, los derechos y deberes de la ciudadanía, quiénes ostentarán el poder y cómo lo harán.   Para realizar este contrato, el Pueblo se «sienta» en una Asamblea Constituyente. Es una reunión nacional de delegad@s del pueblo —no representantes— elegid@s para determinar las reglas de funcionamiento del juego social. Estas reglas del juego tendrán que ser aprobadas en un referéndum por las personas a las que va a afectar.   En la práctica, esta teoría no se lleva siempre a cabo con el nivel de democracia y participación deseados, y solo participa con más peso una parte de la sociedad: la que está representada en el poder anterior al momento constituyente.   Sin embargo, en los últimos años hemos visto abrirse nuevos procesos constituyentes en América Latina y Europa donde se ha intentado llevar a cabo un «borrón y cuenta nueva» planteando un nuevo modelo amplio de contrato social en el que ha participado una gran parte de la sociedad. Venezuela, Bolivia o Ecuador en América Latina e Islandia en Europa son claros ejemplos.      

El proceso constituyente del Estado español  

El último proceso constituyente que se llevó a cabo en el Estado español fue en 1978, en la llamada «transición». Se decidió cambiar el modelo de Estado, es decir, cambiar la forma del poder, quién y cómo se ostentaba. Para el lo se redactó la Constitución Española de 1978, vigente en la actualidad, que proclama un Estado social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es una monarquía parlamentaria.   La principal crítica a este proceso constituyente fue la falta de participación democrática en su formación, al ser dirigido por quienes ostentaban el poder con carácter previo a ese momento y en el que la participación del pueblo fue más de carácter formal que real. En palabras del profesor Gerardo Pisarello, las Cortes elegidas en junio de 1977 fueron declaradas constituyentes gracias a la presión de la calle, pero la Constitución que salió de allí fue tutelada desde arriba. El ejército e importantes sectores económicos y políticos vinculados al franquismo impusieron líneas rojas en todo momento. Incluso Estados Unidos se implicó a fondo para que no hubiera una salida similar a la que se había producido con la Revolución de los Claveles en Portugal.   El resultado es un insólito modelo de poder que combina una monarquía hereditaria con un modelo parlamentario. Una Constitución que a efectos prácticos cierra cualquier tipo de apertura de un nuevo proceso democrático, con ánimo de permanencia infinita en el tiempo. En palabras de Pisarello, «la Constitución ha perdido sus potencialidades democratizadoras. Aquí se vulneran derechos sociales y libertades civiles básicas, se conculcan los derechos reproductivos de las mujeres, se ataca el autogobierno territorial y el Tribunal Constitucional asiente o mira hacia o tro lado».  

Las reivindicaciones de un proceso constituyente en el Estado español  

Desde el año 2011 se han originado en el Estado importantes movilizaciones sociales que reclaman la apertura de un nuevo proceso constituyente. No se reivindica la reforma de la Constitución, sino un nuevo proceso que origine una nueva Constitución emanada de asambleas constituyentes delegadas del pueblo, sometida a referéndum y que suponga la verdadera ruptura democrática con el régimen heredado en 1978. Es decir, un proceso destituyente-constituyente que gire en torno a una política participativa, democrática y transparente, libre de tutelas y de un sistema económico que ponga en el centro el bienestar de la ciudadanía y un poder judicial eficiente e independiente y al servicio de todas por igual.   Ante esta situación y con estas propuestas sobre la mesa, cabe preguntarse si otro tipo de proceso constituyente es posible.   En primer lugar, surge la cuestión de si el sujeto constituyente deben ser las personas que habitan un territorio, como por ejemplo el del Estado español y sus 40 millones de personas. Planteamos aquí la cuestión para la reflexión, si es posible un modelo constituyente que englobe verdaderamente de forma democrática a este número de personas.   Y aunque la respuesta fuera afirmativa, nos preguntamos sobre la viabilidad de un solo centro de poder político para tal cantidad de «contratantes» del pacto social. Sin duda,para garantizar la participación real en este nuevo poder político habrá que articular numerosas formas de participación y control desde las contratantes al poder.   Ante esto surge la idea de articular otros procesos constituyentes a menor escala donde los territorios a abarcar y el número de personas participantes sea menor y así poder descentralizar más la toma de decisiones, simplificando el control del ejercicio del poder. Esta es la apuesta histórica de los movimientos cantonalistas y federalistas, procesos constituyentes descentralizados que fueran capaces después de articularse entre sí.   Como sabemos de los teóricos clásicos contractualistas, el Estado no tiene sentido por sí solo si no es para mejorar permanentemente las condiciones de vida de los miembros de la sociedad organizada. Sería deseable discutir sobre esto en un futuro proceso constituyente y pensar si en un modelo de poder descentralizado sería posible avanzar hacia fórmulas más avanzadas que el Estado para articular la vida política de la sociedad, en modelos más horizontales de participación y en una democracia más directa donde el precio de libertad a pagar por el contrato social sea cada vez menor y la gestión directa de la vida propia cada vez mayor.   En definitiva, de eso trata un proceso constituyente: de discutir de todo entre todas.  

Vídeo Marcha a Ceuta 2015

El pasado 7 de febrero de 2015 se cumplió un año de la muerte de 15 inmigrantes cuando intentaban entrar a nado en Ceuta por la zona del Tarajal. Se completó así un año de impunidad e injusticia. Quedan pocas dudas de que al menos una parte sustantiva de la responsabilidad de aquellas muertes radica en la acción de la Guardia Civil. Y menos dudas aún de los intentos del Gobierno español para ocultar y manipular lo ocurrido.

Transcurrido más de un año, apenas se ha investigado nada y nadie asume ninguna responsabilidad por lo ocurrido. Los hechos quedan impunes y la Justicia, de nuevo y por desgracia, es incapaz de determinar esas responsabilidades.

Pero desgraciadamente este acontecimiento forma parte de una larga lista de asesinatos fruto de la violencia estructural que la «Europa Fortaleza» ha construido para proteger sus privilegios. El mediterráneo se esta convirtiendo en el mayor cementerio del planeta.

Este fue un acto en defensa de los Derechos Humanos, de la democracia y los valores que representan: justicia, igualdad, libertad, diversidad, solidaridad, pluralidad, convivencia, respeto…Nos seguirán mantando. Seguiremos insistiendo.

Gracias a las compañeras Paula Álvarez y Maka Makarrita por ofrecernos este valioso material.

 

El derecho a la autodeterminación de los pueblos:

la soberanía para empezar

¿De qué vamos a hablar?

En este artículo vamos a abordar, desde una perspectiva crítica, el concepto de la autodeterminación como derecho humano. Hay que usar este concepto con precaución: es fácil su manipulación política según el contexto donde se utilice.

Los discursos sobre el derecho a la autodeterminación están de moda a raíz de algunos acontecimientos como el referéndum sobre la independencia de Escocia, la consulta ciudadana sobre la independencia de Cataluña o las campañas electorales que siempre ven útil sacar a la palestra el debate sobre la autodeterminación.

Partimos de la definición jurídica internacional de autodeterminación como «el derecho de los pueblos a la soberanía sobre las riquezas y los recursos naturales de los territorios que habitan».

Pero, ¿existe esta definición jurídica?

La legislación internacional reconoce el derecho a la autodeterminación como un presupuesto básico para el desarrollo del resto de derechos. No podríamos hablar del derecho a la vivienda o a la alimentación si no existiese el derecho a acceder a unos materiales para construir casas o a una tierra que dé alimentos.

El derecho de los pueblos a la libre determinación tiene un lugar privilegiado en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966.

La Carta proclama como objetivo de las Naciones Unidas «fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos».

Los pactos internacionales de derechos humanos consagran en los mismos términos el derecho de los pueblos a la autodeterminación.

  1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen a sí mismos su desarrollo económico, social y cultural.
  2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales […]. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

Así pues, el derecho internacional reconoce el derecho a la autodeterminación con una vertiente política y otra económica. Entiende, eso sí, que la económica es prioritaria, es decir, que la soberanía de los recursos naturales es prioritaria para que pueda existir este derecho.

La independencia política no puede separarse de la soberanía económica. Sin la soberanía económica, la independencia política quedaría en un plano teórico.

Ahora que sabemos qué es, ¿qué no es el derecho a la autodeterminación?

Para defender el derecho a la autodeterminación no hace falta defender al Estado. Quien puede ejercer este derecho es el pueblo, no el Estado. El Estado es un instrumento del que se valen los pueblos para poder ejercer la autodeterminación, pero no es el único.

La utilización del Estado como instrumento emancipatorio de los pueblos es un fenómeno que surge durante la descolonización de la primera mitad del siglo XX. Los pueblos colonizados consiguen la soberanía de los territorios que habitan constituyéndose en Estado, única posibilidad que ofrece el derecho internacional. Sin embargo, de esta necesidad no se puede hacer virtud. Siendo conscientes de las limitaciones emancipadoras que el propio concepto de Estado impone, es necesario articular discursos en pos de la soberanía del territorio que se habita trascendiendo la visión estatalista, como muchos pueblos indígenas de América latina han construido ya.

La historia acredita que los Estados que mejor vehículo han sido para el ejercicio del derecho a la soberanía de los pueblos son aquellos que han apostado por una mayor descentralización del poder como, por ejemplo, el modelo cantonal suizo. La ecuación «a mayor descentralización del poder, mayor ejercicio de soberanía», nos da una pista de los vehículos que hay que dejar aparcados para el ejercicio de la autodeterminación.

Tampoco hay que confundir la soberanía de los pueblos con las identidades culturales. Aunque el derecho internacional no establece una definición de «pueblo», podemos utilizar la que sugiere Aurelieu Cristescu, experto en la ONU: «a) el término “pueblo” designa una entidad social que posee una evidente identidad y tiene características propias; b) implica relación con un territorio; c) el pueblo no se confunde con las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas».

Es decir, el pueblo o los pueblos que habiten un territorio tienen el derecho a la soberanía sobre él, independientemente de las diferencias culturales que puedan existir en la población.

¿Por qué no es posible el ejercicio pacífico del derecho a la autodeterminación de los pueblos?

El derecho a la autodeterminación se enuncia en un primer momento por Naciones Unidas para poder llevar a cabo la descolonización. Sin embargo, aunque la descolonización política fue posible, no fue así con la económica. El capitalismo ha articulado nuevas fórmulas para seguir perpetuando la explotación de los poderosos sobre la soberanía de los pueblos.

De entre ellas, las fórmulas más importantes son: la deuda externa y los programas de ajuste estructural, el comercio y las inversiones extranjeras, las actividades de las sociedades transnacionales, los derechos de propiedad intelectual, la privatización de los servicios públicos, la utilización de mercenarios y la explotación de los recursos naturales, entre otras, por el acaparamiento de tierras a gran escala.

Y esto también pasa aquí: ejemplos en Andalucía

Como ejemplos de violaciones actuales a la soberanía del pueblo andaluz contra las riquezas y recursos naturales, podemos destacar:

  • Las explotaciones de hidrocarburos para la obtención de gas, de gravísimas consecuencias ambientales, sociales y sanitarias.
  • Las concesiones mineras a cielo abierto por parte del Gobierno andaluz sin un plan de choque para los gravísimos efectos medioambientales. Hay que tener en cuenta que estas concesiones no abastecen la demanda interna de materiales y son un expolio de materias primas para Andalucía, pagado con dinero público y con beneficios para empresas extranjeras.
  • Las grandes extensiones de tierras cultivables concentradas en manos de la Casa de Alba que no son explotadas y reciben subvenciones europeas, lo que impide el desarrollo agrario en Andalucía.

Conclusión

Para que las luchas que protagonicemos no sean asistencialistas, es necesario —ahora más que nunca— reivindicar la soberanía del territorio que habitamos. No solo como reivindicación cultural, sino como nuestra principal reivindicación económica y social. No pidamos pan y vivienda, conquistemos la soberanía de nuestra tierra. No queremos un pez, sino las redes para pescar.

Ante este panorama, el derecho a la autodeterminación se convierte en el punto de partida para alcanzar la sociedad a la que aspiramos, donde la vida digna de todos y todas sea posible.

Repensar el presente para tejer el futuro:

10 años de lucha contra la tortura

Bajo este título, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) celebró en Barcelona el pasado 21 y 22 de noviembre sus 10 años de existencia. En dichas jornadas se repasaron los éxitos, pero también el largo camino que aún queda para la erradicación definitiva de estas prácticas (opuestas a los derechos humanos más básicos) que aún tienen un amplio respaldo social y político.

¿Qué es la CPDT?

La CPDT (antes CPT) se constituyó en 2005 y está formada por más de 50 asociaciones de la más diversa índole de todos los territorios del Estado. Están unidas en torno a la prevención, denuncia y visibilización de la tortura y los malos tratos, entendidos estos de forma extensa. Para cumplir este fin, la CPDT realiza informes anuales, jornadas, recomendaciones a las autoridades y, sobre todo, denuncia y visibiliza (a través de sus colectivos) la vulneración sistemática de los derechos humanos.

¿Cómo ha desarrollado su trabajo?

En febrero del 2006 se organizaron en Barcelona las primeras Jornadas sobre la Prevención de la Tortura, en las que participaron 37 asociaciones y colectivos en contacto directo con las personas torturadas, transmisoras de sus denuncias y, por ello, conocedoras de la situación real de la tortura y los malos tratos en el Estado español. El objetivo de estas jornadas fue incidir en el debate abierto sobre la firma, ratificación y cumplimiento (por parte del Gobierno español) del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (PFC). Durante los debates que allí tuvieron lugar, quedó patente la persistencia de la tortura en el Estado español, tanto por las denuncias y los testimonios de aquellas personas que la habían sufrido directamente como por el informe publicado por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura en mayo de 2005, en el que se recogían casi 800 casos de personas que denunciaron haber sido torturadas el año 2004. Desde entonces, cada año se ha publicado un nuevo informe.

Pese a este y otros informes, las autoridades estatales, autonómicas y locales, han seguido negando esta realidad, y desoyendo las recomendaciones de organismos internacionales y estatales para su prevención. Asimismo, se constató la impunidad que envuelve la práctica de la tortura en el Estado español: desde el mantenimiento de la detención incomunicada y el aislamiento penitenciario (regímenes que facilitan y dotan de sistematicidad a la práctica de la tortura), hasta la falta de investigación real e independiente de las denuncias realizadas por jueces y fiscales, pasando por la adjudicación de indultos y medidas de gracia a los pocos funcionarios que son condenados por los tribunales. Por todo ello, para erradicar la tortura, se efectuaron 16 recomendaciones, cuyo cumplimiento se exigía a los poderes del Estado español, y se hicieron públicas a nivel estatal e internacional.

En noviembre de 2009, el Gobierno del PSOE designó al Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNP), desvirtuando así lo que debería ser un mecanismo independiente de todos los poderes del Estado y participado por la sociedad civil, actuando así en contra de la opinión de las organizaciones en defensa de los derechos humanos. La CPDT denunció este proceso antidemocrático y opaco. Además, declaró la incompatibilidad de pertenencia de los miembros de la CPDT al MNP o a cualquier otra instancia y/o institución de prevención y/o denuncia de la tortura cuyo proceso de selección no estuviese sujeto a mérito y fuese abierto, transparente, independiente y participado por la sociedad civil. Todo ello en base a la legalidad internacional y en cumplimiento de la recomendación 1580 del Consejo de Europa y los Principios de París. Este compromiso se renovó en las Jornadas de Sevilla en el año 2010 en el que se aprobaron nuevas recomendaciones.

¿Por qué sigue siendo necesaria la CPDT?

La CPDT y el Grupo 17 de Marzo1 han constatado con preocupación que el sistema de garantías democráticas y el respeto de los derechos y libertades de la ciudadanía se ven amenazados por un proceso legislativo y unas prácticas policiales y judiciales que, progresivamente, están reduciendo el ámbito de vigencia de los derechos humanos fundamentales. Se prioriza la ideología de la seguridad como valor supremo y la lógica de la guerra permanente contra la disidencia política y el «enemigo».

Así, en el último informe de la CPDT, los casos documentados de malos tratos y torturas se han incrementado de forma exponencial según ha ido aumentando la conflictividad, las movilizaciones de 15M y la precarización de la existencia de una mayoría de la población. Frente a esta precarización, la respuesta de los poderes públicos ha sido el incremento de la represión a través de tres elementos: el primero, garantizar la impunidad en el ejercicio de estas prácticas execrables; el segundo, criminalizar a los defensores de los derechos humanos; y el tercero, construir un «corpus iuris» excepcional, acorde con la nueva realidad social, y de crisis de régimen, que garantiza aún más la impunidad y la invisibilidad de estos hechos. Un ejemplo claro de esto es la inminente aprobación de la Ley Mordaza y del Código Penal.

La hegemonía de las tendencias políticas autoritarias (y más represivas) es un hecho presente en toda Europa que condiciona nuestra realidad social y política. Por eso, en las próximas Jornadas de Barcelona se volverá a constatar que, ahora más que nunca, es necesario luchar por crear un nuevo sistema de derechos y libertades en el que los derechos de las personas estén por encima de los derechos de las cosas. En esta lucha, la CPDT tiene aún mucho que decir y hacer.

1 La Sociedad Andaluza de Juristas en Defensa de los Derechos Humanos Individuales y ColectivosGrupo 17 de Marzo, se creó el 17 de marzo de 2006 con una intención tan clara como su denominación indica: la unión de juristas —en el más amplio sentido de la palabra— con unos ideales comunes de izquierda para la defensa de los derechos humanos y civiles. De igual manera, se marcaron los principios de actuación de la asociación y se delimitó hasta dónde debía llegar nuestra acción y cómo queríamos hacerlo. A nivel estatal, formamos parte de la de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), y a nivel europeo, de la Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED).

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual:

poniendo puertas al campo

Qué es la propiedad intelectual y de qué estamos hablando

La propiedad intelectual es un derecho sobre objetos inmateriales, es decir, un derecho de propiedad sobre ideas. La autora es la persona que crea una obra literaria, artística o científica; y es a quien corresponde por el solo hecho de haberlo creado, los derechos morales y patrimoniales sobre su obra, es decir, su propiedad intelectual o copyright.

Los derechos de propiedad intelectual se plasman en leyes por primera vez en el siglo XVIII. Durante miles de años, las creaciones humanas no han estado limitadas por derechos de propiedad y han tenido un uso común en el desarrollo de la humanidad.

La regulación legal de este tipo de derechos es difícil por el propio concepto que intenta proteger, la propiedad sobre bienes inmateriales, o sea, sin átomos ni moléculas. Estamos hablando de las ideas.

¿Cómo se las ingenian para privatizar las ideas?

En el Estado español las creaciones de las personas están protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que establece que los derechos morales y patrimoniales de una creación pertenecen en exclusiva a la persona que los crea y solo con su autorización podrán otras utilizarla.

El sector industrial, propietario de la mayoría de las creaciones, exige mayor protección del monopolio de los derechos de autor; usuarias y activistas políticas reivindican la cultura libre y el fin de los monopolios de las ideas en pos del desarrollo humano.

En los últimos años, hemos visto dictar medidas legales encaminadas a reforzar dichos monopolios para poder acotar el fluir de ideas que se producen en la realidad.

Un ejemplo de estas medidas es la famosa ley Sinde —modificación de la LPI— que crea una comisión de propiedad intelectual dependiente del Gobierno con la potestad de cerrar páginas web que, de acuerdo con su propio criterio, vulneren los derechos de propiedad intelectual previa autorización judicial.

Otra medida es el fallido canon digital en compensación por copia privada que las usuarias debían pagar en las compras de soportes físicos para grabación.

Es un hecho evidente que la comisión Sinde es del todo ineficaz para cumplir su pretencioso objetivo de perseguir el fluir de las ideas en la red, y el canon digital en la actualidad corre a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y no de las usuarias, mientras la Unión Europea aclara su dudosa legalidad.

A pesar de este fracaso, el Gobierno —en su nueva propuesta de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual— continúa legislando con el fin de reforzar los monopolios del derecho de autor. Este afán del Gobierno deja entrever que más que legislar a favor del avance del conocimiento y la cultura, legisla a favor de los intereses económicos de la industria. Si no, no se explica que sigan complicando cada vez más esta legislación con medidas de difícil fundamentación jurídica.

Un ejemplo de ello es la llamada «tasa Google», que afecta a todos los servicios que enlazan a medios de comunicación citando resúmenes (como Yahoo! o News). La nueva LPI establece que estas citas, siempre que sean «fragmentos no significativos», no requerirán autorización, pero dan derecho a los editores a recibir «una compensación equitativa». Además, «este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión»: CEDRO para los textos y VEGAP para las imágenes. Cada agregador tendrá que negociar con las entidades el monto de esa remuneración. 

Así se intenta regular una realidad que escapa a las pretensiones de monopolio de la industria y que desemboca en situaciones de desequilibrio e injusticia. En esta ocasión, los agregadores tendrán que pagar tarifas estándar por todos los enlaces, aun cuando sean de medios que no pertenezcan a ninguna gestora o publiquen sus contenidos bajo licencias libres.

La reforma también regula el canon por cita en la enseñanza y establece que los centros han de liquidar las compensaciones a los autores citados. Se establece una compensación aleatoria de cinco euros por alumna. Esto dificulta a las autoras de investigaciones para la difusión de sus obras, y vuelve a recaer en las arcas públicas el pago de estas compensaciones al capital privado.

Pero la reforma más alarmante es la que se pretende con el refuerzo de la Comisión de Propiedad Intelectual que creó la ley Sinde. Esta comisión será la encargada de perseguir a las webs denunciadas por los propietarios de derechos y tendrán potestad para cerrarlas, imponiendo multas tanto a sus titulares como a las empresas que se anuncien en ellas. El papel de la autoridad judicial queda relegado a una autorización a posteriori, una vez concluido el proceso. Queda pues en manos de esta Comisión política el llevar a cabo acciones que limitan derechos fundamentales como la libertad de expresión.

¿Cabe esto en un Estado social y de derecho?

Todas estas medidas podrían tacharse de arbitrarias. ¿Por qué los derechos de autor se establecen en 70 años desde la muerte del autor? ¿Cuáles son los criterios para el cálculo de la tasa que deberán pagar los agregadores informáticos para los futuros enlaces? ¿Por qué cinco euros por alumna como canon para las bibliotecas universitarias?

La respuesta pasa por la filosofía del Derecho. El concepto de propiedad privada aparece en el antiguo Derecho Romano para garantizar el uso exclusivo de una persona sobre un determinado bien que por su propia naturaleza no puede ser usado por más de una persona a la vez —por ejemplo, una cama o unos zapatos—; cuando estos objetos se usan por una persona, quedan excluidos para el resto de la humanidad por su propia naturaleza. Si alguien era despojado del uso de estos bienes podía reclamar ante un tribunal que se le restituyera. Así nace la propiedad privada. Cuando esta misma lógica se pretende establecer para un bien que no es escaso —por su propia naturaleza puede ser usado por muchas o todas las personas a la vez sin que se agote o se desgaste, como el aire, por ahora, o las ideas—, es cuando aparecen arbitrariedades e injusticias como las que rodean a la legislación de propiedad intelectual. Y es que querer limitar lo ilimitado buscando un lucro es quererle poner puertas al campo.

Y ahora, lo propositivo

Esta sinrazón de la mercantilización absoluta de la propiedad intelectual es una de las vías de fuga de un sistema socioeconómico como el actual y pone de manifiesto la inviabilidad de las pretensiones totalitarias del capitalismo. Las movilizaciones sociales por la cultura libre (licencias Creative Commons, Copyleft o software libre) proponen un modelo de gestión de lo común donde los derechos de autora puedan estar protegidos, pero no mediante el monopolio absoluto de las ideas. En este nuevo modelo, las ideas y creaciones humanas están al servicio del desarrollo humano y la vida digna de todas y todos, y no al servicio de los intereses económicos de unos pocos.

El derecho a huelga, chapado y acabado

¿Otra vez hablando de represión?

Bueno, pues sí, es verdad, pero esta vez encendiendo determinadas alarmas.

Hasta ahora, activistas y juristas habíamos alertado del devenir represivo contra las protestas sociales que conllevaban determinadas actuaciones políticas: identificaciones aleatorias, detenciones arbitrarias, ficheros ideológicos, penas, multas y criminalización mediática. Sin embargo, los últimos pronunciamientos judiciales suponen un plus cualitativo en las formas de represión del poder frente a la disidencia política. Hablamos de las sentencias de condenas a prisión a huelguistas por participar en piquetes informativos acusadas de atentar contra el derecho de los trabajadores y trabajadoras, valga la paradoja.

La sentencia de Carlos y Carmen en Granada les condena a tres años y un día por participar en un piquete informativo durante la huelga general de 2012. Entiende la sentencia que coaccionaron a la propietaria de una champanería al grito de «chapa y se acaba», impidiendo así su derecho al trabajo.

La sentencia de Pontevedra de Ana y Tamara las condena a tres años y un día por participar en un piquete informativo en su empresa en el que se vertió un cubo de pintura en una piscina.

Hay que saber que la condena a prisión es la más dura del ordenamiento jurídico, ya que atenta contra uno de los bienes más importantes de las personas: la libertad. También es conveniente saber que el Estado español tiene la población penitenciaria más alta de Europa y parece que hay intenciones de seguir aumentándola con pronunciamientos judiciales desproporcionados como estos.

¿Pero esto es posible? Quiero decir, ¿es legal?

Lo más sorprendente es que estas medidas están dentro de la legalidad vigente. Para ser claras, esto no es ninguna reforma del Código Penal ni ninguna nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Es un delito previsto y penado en el artículo 315.3 del Código Penal que dice textualmente: «[…] Se impondrán las penas superior en grado [de tres a cuatro años y seis meses] a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga».

Este delito está enmarcado en un capítulo del Código Penal que se llama De los delitos contra los derechos de los trabajadores. Lo más llamativo de este artículo de la ley es su apartado primero, que dice así: «Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga». Quizás a muchas lectoras se les venga a la imaginación algunas situaciones donde un empresario, abusando de la situación de necesidad de una trabajadora, le impidiera su derecho a huelga con la amenaza del despido. Esto es una práctica bastante extendida y bien conocida por las sindicalistas, máxime en un panorama de crisis económica donde las situaciones de necesidad son mayores y las trabajadoras y trabajadores están expuestos a un mayor abuso empresarial, ante el miedo de perder el puesto de trabajo y engrosar la extensa fila del paro.

Sin embargo, brillan por su escasez, o simplemente ausencia, las condenas de prisión a empresarios que limitan o impiden el ejercicio a huelga de las trabajadoras de su empresa aprovechándose de su estado de necesidad.

¿Pero no es el derecho a huelga un derecho fundamental?

El derecho a la huelga, reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución, es uno de los derechos de carácter fundamental. Lo desarrolla el Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo. Este real decreto, a pesar de ser previo al Estado democrático, parece desbordar en permisividad las pretensiones del poder político que tiende, cada vez más, a aplicarlo de una manera más restrictiva.

El Tribunal Constitucional señala que el derecho a la libertad sindical comprende, no solo el derecho de las personas a formar sindicatos y a afiliarse a los de su elección, sino también el derecho a que los sindicatos realicen las funciones que de ellos se debe esperar, de acuerdo con el carácter democrático del Estado. En este contenido esencial, núcleo mínimo e indisponible, se incluyen, entre otros, los derechos de actividad y medios de acción, entre los que se encuentra la utilización de la huelga como medida de presión, sin la cual la libertad sindical quedaría vacía de contenidos. Esto no es una opinión, es jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Dentro de este derecho, el Tribunal Constitucional reconoce la figura de los piquetes de huelga informativo. Los piquetes tienen el derecho a informar sobre la huelga así como a pedir la solidaridad de otras trabajadoras. Entre sus actividades están las de repartir propaganda e informar sobre los motivos de la huelga. Son un elemento fundamental del derecho de huelga sin los cuales no podría entenderse.

¿Y cómo es posible entonces que el ejercicio de un derecho fundamental sea castigado por los jueces incluso con penas de prisión?

El Tribunal Constitucional dice que cuando entran en colisión dos derechos, si uno es fundamental y el otro no lo es, debe primar el primero. Es decir, el derecho a informar sobre los motivos de una huelga y pedir la solidaridad con ella, al ser un derecho fundamental enmarcado dentro del derecho a huelga, prevalece, por ejemplo, sobre el derecho de la dueña de una champanería a no ser molestada en su local un día de huelga por un piquete informativo numeroso con espráis, pegatinas y cánticos. Sin embargo, en este caso, como lamentablemente en otros, el poder judicial no ha priorizado el derecho fundamental a parar la producción como protesta.

Vuelve a darse la paradoja de que seamos las juristas y activistas que apostamos por un nuevo modelo social que supere las relaciones de trabajo asalariado y que ponga en el centro del ordenamiento la vida digna de todas, quienes exijamos al poder que cumpla sus propias normas, las que ellos mismos han dictado para su modelo social.

Las 150 personas encausadas por participar en piquetes informativos o las amenazas del Gobierno de limitar el derecho a huelga, demasiado desmedido a pesar de estar regulado en un real decreto de 1977, demuestran la incapacidad cada vez mayor del poder para contener las aspiraciones de trasformación social de la sociedad.