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Una vuelta de tuerca hacia la mercantilización del sistema educativo

Para clavar el palo de una sombrilla en la playa, no resulta efectivo empujarlo directamente hacia abajo. Si nuestro objetivo es conseguir que el pincho penetre ostensiblemente en la arena, será necesario menearlo alternativamente hacia uno y otro lado, un poco a la derecha y un poco a la izquierda, pero a la vez que se empuja firmemente hacia abajo, consiguiendo así hincar el palo eficazmente en la dirección deseada.

La ilusoria alternancia legislativa

Estas fluctuaciones en uno u otro sentido se reflejan en la mal llamada alternancia de siete leyes educativas desde el final de la dictadura. Estas oscilaciones legislativas son un espejo en el que se materializan las consecuencias del bipartidismo en el Gobierno durante todo este período. Mientras gobierna el Partido Socialista, la legislación educativa que emana tiende a recoger ciertos detalles de malentendida progresía, como quitar cierta importancia a la religión o introducir una asignatura de una hora semanal en tercero de la ESO, como Educación para la Ciudadanía. Por su parte, cuando entra a gobernar el Partido Popular tiende a dictar leyes con una orientación opuesta a la anterior. Este vaivén de movimientos, aparentemente antagonistas, en realidad genera una simbiosis, un todo funcional que cumple con varios objetivos:

  • Satisfacer la inclinación ideológica de los hipotéticos votantes de uno u otro partido.
  • Conceder argumentos populistas al partido en la oposición y a los medios de comunicación vinculados a este, apuntalando así el sistema bipartidista.
  • Verter una cortina de humo sobre la verdadera orientación del cambio que implican estas leyes, que se ha producido siempre en la misma dirección: la venta de los servicios públicos a la empresa privada y la hipoteca de nuestra educación o nuestra salud. En definitiva, la mercantilización de nuestras vidas. El robo, no solo de lo público, sino también de lo común.

Durante los últimos meses, los medios de comunicación vinculados a la izquierda parlamentaria han criticado el proceso de mercantilización de la escuela que subyace a la LOMCE. Convendría, sin embargo, que hicieran un ejercicio de revisión del sucesivo proceso de especulación mercantil que viene sufriendo nuestro sistema educativo desde la Transición, o mejor dicho, la Transacción, pero con especial intensidad desde los últimos veinte años. Hace tiempo que nuestra educación está amenazada por voraces hienas.

El negocio de los derechos fundamentales

En el año 1995, la Organización Mundial del Comercio pone en marcha el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, con el objetivo de allanar el terreno de la educación pública para convertirlo en un campo donde hacer florecer el negocio, privatizando servicios educativos y poniendo la enseñanza al servicio de la demanda de la empresa privada. En 2004, la Constitución Europea ya pasa a definir los servicios públicos, incluida la educación, con las siglas SIEG (Servicios de Interés Económico General), poniendo así de relevancia los jugosos beneficios empresariales que deben surgir de la venta de estos derechos fundamentales.

Solo quieren hacer negocios, y no solo privatizando recursos, sino también con los currículos. Quieren que en las escuelas y universidades se enseñe a desenvolverse en el mundo laboral de acuerdo a las necesidades y requerimientos del que paga. Rezan el credo de la mejora de la «empleabilidad» del alumnado, una de las palabras más repetidas en el texto de la LOMCE, pero ya vitoreada desde hace tiempo desde los más altos púlpitos de las autoridades educativas. Un ejemplo concreto de esta situación es el uso de los créditos ECTS en el ámbito universitario, que ya no mide el volumen de las asignaturas en función de las horas de docencia, sino en base a las horas de trabajo del estudiante, calculado tomando como referencia una jornada laboral de 40 horas semanales. Limitando la concepción del alumno a la de prototrabajador. Sobredimensionando así la dimensión laboral de la enseñanza.

Acercándonos al sistema educativo andaluz, cabe destacar hitos como el Plan de Cultura Emprendedora, donde el Gobierno andaluz invierte 92 millones de euros desde 2011 a 2015 solo en el ámbito educativo, mientras suprime 4500 plazas docentes. Un plan que tiene por objeto «[…] desarrollar la cultura y la actividad emprendedora en la educación primaria, educación secundaria obligatoria… » (BOJA 219/2011).

Sigan exprimiéndonos. Hasta la última gota

En este marco contextual se le da una vuelta de tuerca a este proceso de mercantilización de nuestro futuro, mediante la puesta en marcha de la LOMCE. Mucho se ha criticado durante los últimos meses en los medios convencionales, sobre aspectos de la nueva ley relacionados con la enseñanza de la religión o el tratamiento de las lenguas cooficiales, entre otras cuestiones. Lejos de desacreditar estos análisis, propongo enfocar la atención sobre un asunto que es primordial, no solo por su enjundia, sino también por ser una de las novedades que comienzan a aplicarse partir del inicio del próximo curso: la Formación Profesional Básica (FPB).

El despido por bajo rendimiento llevado a la escuela

Una vez llegado a 2º o a 3º de la ESO, el alumnado que viene acumulando resultados insatisfactorios puede pasar a la FPB. Una medida que pretende ser una vía para la adaptación de la carga lectiva, pero que en la práctica no es más que un itinerario paralelo hacia la exclusión social, bajo la excusa de la atención a la diversidad. Una forma de sacar del sistema educativo al alumnado con peores resultados. Un despido por bajo rendimiento. Una medida comparable a los anteriores PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial), encaminada a «facilitar» el currículo al alumnado con peores resultados. ¿Cuál es la principal novedad? Que la FPB no conduce a la obtención del título de graduado en ESO. El alumno abandona la escuela, como suele decirse, «con una mano delante y la otra detrás». Esta segregadora medida tiene por objetivos:

  • Generar mano de obra barata y sin titulación, uno de los salmos del credo de la «empleabilidad».
  • Maquillar los resultados en las estadísticas, ya que el alumnado con peores resultados no cuenta. Tampoco para eso.
  • Recortar los recursos dirigidos a las clases más desfavorecidas, aumentando la brecha social entre ricos y pobres.

Mirando hacia delante

Ante este gélido invierno que ya se otea a la vuelta de septiembre, la única alternativa que nos queda a esta lógica que nos engulle es la de reclamar lo que es nuestro desde ya. Salir a la calle y movilizarnos de manera firme y coordinada. Un ataque como este a los derechos de todas y todos merece una respuesta de unidad en la movilización de todos los sectores de la comunidad educativa.

Por eso, asociaciones de madres y padres, sindicatos, organizaciones estudiantiles y asambleas de centro deben confluir en tempestuosas mareas que hagan temblar los diques de contención. Desde diversos ámbitos de la comunidad educativa se están poniendo en marcha diferentes iniciativas de boicot a la aplicación de esta ley. Medidas de desobediencia que pueden adoptarse desde cada sector (alumnado, familias, profesorado y PAS), pues están vendiendo el futuro de todxs.

Contra esta ley, seremos el pedrusco con el que choca el palo de la sombrilla, pero no debemos quedarnos ahí. Habrá que seguir empujando en la escuela y en la calle para sacarnos ese hierro que tenemos clavado tan hondo en cada aula de nuestros centros educativos.   

El castigo como herramienta de contención social:

la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y más allá

Para reflexionar sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, es necesario abordarla más allá de una estricta perspectiva jurídica y enmarcarla dentro de un contexto social y económico determinado. Desde el punto de vista jurídico no es un hecho aislado sino que cierra un círculo de reformas legales que conlleva un recorte de determinadas libertades fundamentales encaminadas a la contención de la protesta social.

¿Cuándo empezó todo?

En marzo de 2011, la huelga general era un primer termómetro para advertir el nivel de descontento social que la crisis económica estaba provocando. Las masivas manifestaciones que se sucedieron por todo el territorio y el nivel de conflictividad que se originó pusieron en alerta al poder político y la respuesta represiva no tardó en llegar.

Este descontento tuvo su mayor visibilización en el movimiento 15M que sacó a la calle a miles de personas pidiendo una democracia real. A partir de mayo de 2011, los movimientos de disidencia política son reforzados y los movimientos por la vivienda se extienden y reinventan nuevas formas de protesta y acción directa.

¿Cuál es la respuesta del poder político?

Desde el año 2011, hemos visto aumentar el presupuesto del Ministerio de Interior: el gasto en las unidades antidisturbios se ha triplicado cuando el resto de ministerios ha sufrido recortes en sus presupuestos.

Los discursos políticos y los medios de comunicación han comenzado a asimilar las protestas ciudadanas a conductas pseudoterroristas, en un intento de crear un estado de opinión que legitime la suspensión de garantías que las reformas legislativas pretenden imponer.

La ecuación en la que nos encontramos ahora podría resumirse de la siguiente forma: recortes sociales que provocan la precarización de la vida de gran parte de la ciudadanía; protesta social ante esta precariedad; exceso punitivo desde el poder para reprimir estas protestas sociales. En resumen, ante un retroceso del estado del social se impone un avance del estado penal.

La reforma del Código Penal

El castigo contra la protesta social se observa con claridad en la futura reforma del Código Penal. Una reforma que establece la cadena perpetua, que criminaliza la pobreza y que crea la figura del «disidente político» a través de un endurecimiento de las penas en los delitos de orden público. Un ejemplo de ello sería el nuevo delito de desobediencia que plantea la reforma del Código Penal, que consiste en castigar hasta con dos años de prisión a las personas que practiquen la desobediencia civil de forma no violenta. Un ejemplo sería una sentada para impedir un desahucio. La pena es desproporcionada en comparación con el «daño» que esta desobediencia está produciendo en el orden social. Realmente, lo que esta excesiva pena castiga es el empoderamiento ciudadano ante situaciones de injusticia. Asimismo, desaparecen las faltas del nuevo Código Penal, criminalizando ahora —a través de la figura del delito— comportamientos nimios y estableciendo penas desproporcionadas como, por ejemplo, para los pequeños hurtos. Por último, el nuevo Código Penal —en un estado como el nuestro que es el que mayor población penitenciaria tiene de los países de nuestro entorno— establece una restricción de la posibilidad de suspensión de las condenas, lo que va a provocar una masificación de nuestras cárceles por pequeños delitos.

¿Y la Ley de Seguridad Ciudadana?

Una vez eliminadas las faltas del Código Penal, estas conductas pasan a castigarse como faltas administrativas a través de sanciones recogidas en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Además, nuevas conductas que hasta ahora no eran constitutivas de falta penal ni administrativas aparecen ahora recogidas en el texto de la ley. Estas conductas están redactadas de forma especialmente descriptivas, lo que pone de manifiesto que la voluntad del poder político es castigar conductas que los movimientos sociales han llevado a cabo durante estos últimos años en forma de protesta. Ejemplo de ello serían: los escraches, las pancartas colgadas en fachadas de edificios o las acampadas en la vía pública que hasta ahora escapaban al castigo.

Cuando el castigo se impone en la vía administrativa y no en la penal se vulneran varias garantías jurídicas:

  • La presunción de inocencia y el derecho a la defensa ante un juez desaparece. Será la autoridad administrativa la que tipifique los hechos e imponga la sanción y será la persona sancionada la que tendrá que acudir a la justicia a través de un proceso contencioso administrativo si no estuviera de acuerdo con la sanción. Los principales obstáculos que la vía administrativa contempla es que es más lenta y que, durante el proceso, la persona ya ha sido declarada culpable y solo podrá ser declarada inocente al final, invirtiendo así la presunción de inocencia que impera en el orden penal.

  • En la nueva reforma de la Ley de Tasas el derecho a la justicia gratuita se ha visto recortado, por lo que si la persona quiere demandar para que un juez juzgue si la sanción que le han impuesto se ajusta o no a Derecho tendrá que pagar una tasa.

  • Las multas administrativas que impone la ley contemplan una cuantía enormemente más elevada que las penas multas del orden penal. La misma acción que podría ser castigada con una multa de 60 € en un juzgado penal puede castigarse ahora por el poder político hasta con 300000 euros.

Este exceso punitivo alejado de cualquier ordenamiento europeo pone de manifiesto el temor que el poder político siente ante los intentos de transformación social de la ciudadanía. En la lucha por un mundo más justo e incluyente para todas y todos, el miedo está cambiando de bando. La exhaustividad de la redacción de las conductas sancionadas en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana muestra cómo se pretende reprimir las formas de lucha no violenta que la ciudadanía reinventa cada día. Para las personas comprometidas con la justicia social, este miedo del poder es nuestra mejor ventaja pues demuestra que la inteligencia colectiva y las redes de apoyo mutuo que originan las acciones de protesta social siempre irán por delante del miedo y el castigo que el poder intenta imponer.

Participación electoral, participación ciudadana, ¿participación?

Hace un tiempo, en un spot publicitario de Repsol, se distinguía entre los litros de la multinacional y los «litritos» de las otras compañías. Lo mismo se podría decir del voto en este sistema electoral: hay votos y «votitos».

El sistema electoral español, como reconocen abiertamente sus diseñadores, tenía tres objetivos: dar estabilidad al sistema mediante un bipartidismo fuerte, no penalizar a las formaciones nacionalistas para evitar tensiones territoriales y limitar en lo posible la influencia del Partido Comunista. Un sistema pensado para que la participación ciudadana, reducida a la emisión de un voto en un juego amañado, sea una mera coartada para hacer pasar por democrático un sistema esencialmente oligárquico.

Los números hablan por sí solos: en las últimas elecciones generales el censo electoral ascendía a 34 301 332 según datos del Ministerio del Interior. De este censo, ejercieron su derecho al voto 24 590 557 personas, poco más de dos tercios. A partir de estos resultados electorales, es posible calcular un «índice de sobrerrepresentación»; es decir, cuántos diputados de más tiene cada formación en relación a su proporción de votos (bien sobre votos emitidos, bien sobre el total del censo). Estos son algunos resultados.

  • PP: un 20 % más de diputados que votos en relación a los votos emitidos, y un 70 % más en relación al censo.
  • PSOE: un 10 % más de diputados que votos en relación a los votos emitidos, y un 55 % más en relación al censo.
  • CIU: un 10 % más de diputados que votos en relación a los votos emitidos, y un 55 % más en relación al censo.
  • IU LV: un 55 % menos de diputados que votos en relación a los votos emitidos, y un 35 % menos en relación al censo.

Lo mismo se podría hacer con el resto de formaciones. Con estos números podemos preguntar: ¿a quién representan los partidos? ¿Y a quién no representan?

A la vista está que la ley electoral cumple con los objetivos que se marcaron sus diseñadores. A menudo se culpa a la ley d’Hont de la falta de proporcionalidad del sistema. Dicha regla es bastante proporcional en su aplicación. Lo que realmente imposibilita la proporcionalidad del sistema (es decir, su representatividad en la forma más simple), es la selección de la provincia como circunscripción electoral y el establecimiento de un mínimo de dos diputados por circunscripción. Es la combinación de todos estos elementos, cuidadosamente seleccionados, lo que da lugar a los resultados anteriores. El sistema juega con las cartas marcadas. Hay votos y «votitos», y algunos, como los que deciden no votar, son simplemente ignorados, como si no participar no fuese una forma legítima de participación.

Pero quienes controlan el juego no se limitan a amañar las reglas. También se preocupan de establecer una determinada forma de percibir la política dentro del paradigma del consumo: se trata de inculcar la autopercepción de ciudadanos como meros consumidores de marcas políticas. Es una cuestión más sutil, y por lo tanto más difícil de detectar, que la cuestión aritmética del voto. La idea del ciudadano consumidor está tan enraizada que se vuelve invisible. Por eso es poderosa.

Desde la perspectiva de la política entendida como un objeto de consumo, los partidos funcionarían como la televisión: uno compra el aparato, y después el aparato muestra lo que otros deciden. Quien compra no tiene más opciones que seguir viendo cabreado ese canal, cambiar de canal o apagar el aparato. Lo que no puede hacer es interpelar a quien sea que esté al otro lado.

El 15M ha significado, desde esa perspectiva, una ruptura cultural, una negación de ese paradigma del ciudadano-consumidor: el movimiento rompió la pantalla del televisor y se presenció en medio del plató para decir «no queremos que sigan diciendo que programan lo que el público quiere; el público somos nosotros y venimos a pensar qué queremos ver». No a «decir» qué queremos ver, sino a «pensar» qué queremos ver. El 15M nos invitó a no ser espectadores, sino participantes (ciudadanos). Y ahí es donde muchos empezaron a mirar ese movimiento con extrañeza, como si hubiesen sintonizado un canal con una película birmana sin subtítulos. Una gran mayoría quiere convertir al 15M en algo reconocible: una nueva marca política a consumir. Nuestra percepción de ciudadanos consumidores está tan arraigada que la mayoría de nosotros somos incapaces de imaginarnos en formas de ciudadanía distintas a las del impotente votante espectador. Ello nos ahorra el trabajo de participar, pero también nos priva del aprendizaje de los otros, y de la construcción colectiva de una sociedad distinta. Preferimos votar a un partido que sabemos que no hará nada de aquello que promete y después enfadarnos cínicamente, como si nos pillase por sorpresa la mentira tantas veces repetida.

Sin embargo, la política es sobre todo, o debería ser, una reflexión y una práctica sobre nuestros anhelos y deseos, tanto individuales como colectivos, sobre su legitimidad y sentido ético, y a la vez sobre la manera en que nos relacionamos entre las personas para hacerlos realidad. Y en esa reflexión y en ese anhelo necesitamos al otro. No somos ciudadanos-consumidores de diferentes marcas políticas. Debemos preguntarnos por nuestro sistema político. ¿Hasta qué punto el proceso político con estas reglas permite un debate abierto y colectivo sobre nuestras metas y fines? ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros para conseguirlas? ¿Son esas metas legítimas, éticas, buenas? ¿Permite el sistema un debate abierto sobre estos aspectos donde todas las voces puedan ser escuchadas? ¿Hasta qué punto el resultado es en forma alguna representativo? ¿Representa nuestras aspiraciones, nuestras necesidades, siquiera nuestra voluntad? En definitiva, ¿hasta qué punto puede considerarse democrático nuestro sistema político?

Sobra decir que el entramado político y mediático nos hurta estos debates necesarios, y silencia sistemáticamente discursos alternativos con la excusa de no ser representativos. Lo que más necesitamos escuchar hoy es precisamente lo que se silencia. Necesitamos pensar fuera de nuestro pensamiento habitual, justo el lugar donde se impone el silencio. En cambio, seguimos instalados en un sistema que sustituye el debate por el marketing.

Decía Aristóteles que aquellos incapaces de entrar en esta participación común —o que, a causa de su propia suficiencia, no necesiten de ella— no forman parte de la ciudad, sino que son bestias o dioses. Esa es la fantasía que aspiran a realizar quienes verdaderamente detentan el poder: esa oligarquía en la sombra que impone una narración y un discurso únicos, que impiden todo debate colectivo sobre cómo queremos vivir, y sobre cómo debemos vivir. Pero no son dioses, sino bestias, y como bestias se comportan. Nosotros no queremos ser ni lo uno ni lo otro. Aspiramos simplemente a ser seres humanos que se desenvuelven con dignidad, y solo podremos serlo si cambiamos en primer lugar las reglas del juego.