PIGMENTOS CON MEMORIA

Lo que las pinturas rupestres nos cuentan

Hace unas semanas, un colaborador de uno de los shows televisivos más vistos de España decía que él no se creía lo de las pinturas rupestres (ya sabéis, esos monigotes prehistóricos de personitas y animalitos en cuevas y oquedades pétreas). Que cómo iba eso a tener tantos años y a seguir ahí; que no podía ser verdad de ninguna de las maneras. Independientemente de su convencimiento, lo cierto es que poner en duda la veracidad de estas pinturas ante la audiencia televisiva es totalmente negligente. No solo porque se está cuestionando tanto la importancia de un elemento histórico y patrimonial como la credibilidad de les profesionales que se dedican a estudiarlo, sino porque, además, legitima un discurso peligroso: el que define qué se conserva y qué se deja al abandono o se vandaliza. O lo que es lo mismo, decidir qué vale la pena, qué es arte y qué no. Se defina como se defina el arte, estoy segura de que todes compartimos que este es siempre una expresión humana intencionada. Entonces, ¿por qué no reconocemos esa capacidad expresiva en nuestres antecesores?

Muchas de estas pinturas muestran un estilo abstracto, llamado «esquemático». Justamente, del gusto que, en el siglo XX, triunfó tanto y que le hizo ganar tanta pasta a más de un señor. Eso era aceptado, unánimemente, como Arte, con mayúsculas. Un pigmento de miles de años de antigüedad sobre una roca, con todo el significado que conlleva, resulta que para muches no lo es. Y si algo no se considera digno de valor, no se hará nada por conservarlo.

Estamos en un momento delicado para las pinturas rupestres. En 2006, la FAE (Federación Andaluza de Espeleología) señaló la falta de protección del 99% de las cuevas prehistóricas andaluzas, la mayoría de libre acceso y sin plan de conservación alguno. A día de hoy, no se puede decir que haya mejorado mucho el asunto. Recientemente hemos visto en medios cómo Las Sacerdotisas, en el Parque Natural de Despeñaperros, Patrimonio de la Humanidad desde 1998, eran empercochadas con pegotes de aerosol rosa. Muy cerquita está la Cueva de los Escolares que, en 2014, sufrió el intento de robo de una de sus pinturas a golpe de piqueta. En enero de este mismo año, el abrigo manchego de la Rendija amaneció un día con un «aki stubo josue», entre otros pintarrajeos. En 2017, la entrada a la malagueña Cueva de la Victoria fue forzada para arrojar allí basura, muebles y, por supuesto, para hacer pintadas. La cueva tarifeña de Atlanterra, bien de interés cultural desde 1985 por ser sus pinturas de las más antiguas de Andalucía, lleva siendo violentada, periódicamente, desde 1992: pintadas, golpes con objetos punzantes, grietas por voladuras cercanas y sucesivos lavados para recuperar las pinturas originales, con el desgaste que ello conlleva. No fue hasta 2017 cuando, por fin, se cerró su acceso. Y paro ya de contar, porque esto es para ponerse, como diría Martirio, «mala de los nervios».

Si Andalucía (especialmente las provincias de Almería, Jaén, Córdoba, Granada, Cádiz y Málaga) es uno de los puntos más importantes de arqueología prehistórica de la península, ¿cómo no conocemos, valoramos y fomentamos esta riqueza? No hablo ya en términos turísticos, sino en términos culturales. ¿Cómo no querer proteger y divulgar eso? ¿Cómo no querer conectar con les ancestres que dejaron su imaginario y sus huellas en piedra? Sin embargo, es así y nos permitimos el lujo de despreciar esas manifestaciones y de hacer asunciones sobre la otredad de quienes las dejaron, sin hacer siquiera el esfuerzo de plantearnos lo común con elles… o lo diferente. Asumimos que todo lo que no entendemos es un ritual anacrónico y obsoleto; asumimos que, únicamente, hay, y siempre ha habido, dos sexos y géneros, y asumimos sin dudas que los machos cazaban y las hembras se quedaban en una cueva. Aun así, somos incapaces de plantearnos, ni por un momento, que esas hembras (mujeres siempre imaginadas como salvajes con las tetas fuera y bebés colgando de ellas) sacasen tiempo, entre toma y toma, para imprimir sus huellas en una pared. A pesar de que existan cuevas como la asturiana de Tito Bustillo, que aloja el Camarín de las vulvas (sí, paredes, literalmente, llenas de evidentes representaciones de vulvas) o la granadina de los Machos que, a pesar de su nombre, tiene impresiones de manos que las investigaciones constatan, casi con toda probabilidad, como femeninas: ¡sorpresa!, las mujeres existían en la Prehistoria.

La cantidad de sesgo androcéntrico que hay en esta retahíla es hasta vergonzosa. Más aún, lo es que nos esté costando tanto superarla. Para responder a todos estos interrogantes, las pinturas rupestres son grandes recursos.

Para empezar, estas pinturas nos hablan de nuestra antigüedad como especie. Para sorpresa del colaborador que mencionaba al inicio, hay técnicas de datación (como el radiocarbono o la LOE, luminiscencia ópticamente estimulada) que pueden darnos estimaciones muy certeras sobre el tiempo que tienen los pigmentos que se utilizaron, el material que hay debajo de estos, o las pátinas que se forman encima por acción de los elementos del entorno y el paso de los milenios.

Nos hablan, también, de los materiales que tenían estas personas a su disposición y cómo los usaban; es decir, de su tecnología. Vemos formas de ocupar el espacio según las necesidades, así como los conceptos que manejaban y a los que daban tanta relevancia como para representarlos. También comprobamos que lo de los géneros no está, para nada, escrito en piedra (guiño, guiño), puesto que las representaciones mujer-hombre no son, necesariamente, unívocas. Constatamos que lo ritual no implica necesariamente magia, pero sí subraya lo que es importante para el grupo. Sin ir más lejos, en la antes citada cueva de Atlanterra (llamada también de «las Orcas») encontramos un calendario natural: según los solsticios o los equinoccios, el sol incide en unas u otras pinturas de la cueva, pudiendo así saberse, por ejemplo, el inicio de la temporada en que llegaban los atunes a las costas gaditanas. Estos venían seguidos de las orcas que se alimentan de ellos, las cuales se otearían perfectamente desde este lugar (de ahí el nombre de la cueva), e indicaban con su presencia que era el momento de comenzar la pesca del atún.

Tan impactante como la cueva de las Orcas es el dolmen de Soto en Trigueros, declarado Monumento Nacional en 1931. Se trata de un corredor compuesto de grandes piedras u ortostatos, que se abre a una cámara donde había un pequeño altar. En todo el espacio, que tenía un uso funerario para enterramientos colectivos, podemos distinguir pinturas y grabados rupestres, incluyendo formas humanas y constelaciones. Aquí fueron depositados ocho cadáveres, en cuclillas y apoyados sobre los ortostatos, acompañados de algunos objetos de cerámica, collares o cuchillos de sílex. Al estar el dolmen orientado de levante a poniente, la cámara solo recibe luz del sol en los equinoccios. No es difícil imaginar la trascendencia y el significado que tendría para esta comunidad el momento de ver a sus ancestres bañades por el sol, así como los grabados que quedaban sobre sus cabezas. Alrededor del dolmen, había diferentes estructuras de altar y hogueras, así como un anillo de menhires que recuerda al famoso Stonehenge (este de forma previa al dolmen). Por tanto, tenemos un ejemplo, no solo de calendario astronómico, sino, también, de manifestación cultural y ritual, y de organización social. Para que luego andemos pensando que en la Prehistoria no afinaban.

Observando y estudiando las pinturas rupestres, nos acercamos a formas de concebir el mundo previas a la actual. Y esto, a mi juicio, es lo más importante. Porque después de abrirnos los ojos a tantas cuestiones, hay un mensaje que es imposible pasar por alto: siempre subyace lo colectivo. Las escenas representadas son, en su inmensa mayoría, grupales. Ya sea la caza, la recolección, la danza, o el conjunto de huellas de personas adultas, adolescentes o infantes (incluyendo bebés), queda patente que sus actividades eran, por definición, comunitarias. Porque tenían claro que la supervivencia está en lo colectivo. No será tan inteligente y avanzada esta sociedad nuestra si se nos ha olvidado una cosa tan elemental.

Pensar para vivir

Algunas reflexiones sobre poder, cultura y medios de comunicación

Quien canta para comer

apenas puede decir.

El que dice cantando

es porque canta para vivir.

Soleá del decir

Portal de Andalucía inició su recorrido para ser un instrumento útil a toda aquella persona que desee acercarse a conocer la realidad de Andalucía. Con el pensar y el mirar, el cerebro, los ojos y el corazón puestos en Andalucía, desde y para Andalucía.

Hablar de lo que pasa en nuestro lugar en el mundo es un acto político. Ejercemos el poder de indicar lo que nos interesa, por un lado, y tratamos sobre lo colectivo, por otro. Lógicamente, también es político el uso que el capital hace de los medios de comunicación o la ausencia de temas y lugares en las noticias que nos llegan a diario. Desde Portal de Andalucía, por tanto, hacemos política. Queremos hablar de Andalucía desde lo colectivo, desde diversas miradas de los abajos y a la izquierda, miradas que cada vez están más silenciadas en los medios de comunicación financiados por el capital.

CONTROL DE EXPRESIÓN

En una época en la que tanto se habla de la libertad, se habla muy poco de la escasa autonomía de estos medios masivos que nos marcan las temáticas, las opiniones e, incluso, lo opinable. El actual sistema de comunicación social no es más que un medio para limitar la libertad, objetivo coherente en el sistema capitalista, colonial y patriarcal en el que vivimos. En este sentido, me parece apropiado indicar lo que pensaba Rafael Sánchez Ferlosio (Campo de retamas, 2012-2015): «Suelo decir que no sé lo que es la libertad, pero como en muchas otras cosas el argumento más sólido que tengo no es más que una alegoría: la de las cuerdas de la marioneta: cuantas más, más
libertad». O lo que pensaba José Luis Sampedro: «La libertad es como una cometa. Vuela porque está atada. Sin cuerda no vuela, y esa cuerda que facilita el vuelo pero se resiste al viento es la fórmula clásica de la revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad. (…) Cada cultura ha tenido su referente. Los griegos, el hombre; la Edad Media, Dios; ahora, el dinero. Para mí el referente es la vida. Hemos recibido una vida y vamos a vivirla hasta el final. Pero para eso necesitamos la libertad, para que esa vida sea la nuestra y no la que nos mandan tener».

Cuando los ricos, o sus representantes, hablan de libertad, persiguen convertir en derecho su capacidad de negar la libertad al resto. En este marco, la libertad de expresión pasa a ser una broma de mal gusto. Y en eso juegan un papel muy importante los medios de comunicación a los que financian y compran. Por eso, para luchar por nuestra libertad son tan importantes medios como El Topo o Portal de Andalucía. Porque son herramientas antagonistas de la libertad del capital para imponer sus libertades: la libertad de explotar, la libertad de imponer, la libertad de saquear, la libertad de dominar…

VÍCTIMAS CULPABILIZADAS

Gramsci definió el sentido común como el principal instrumento de dominación. Para la imposición o establecimiento de ese sentido común es tan importante el control de las temáticas como de los argumentos. Respecto a lo primero, hay que decir que en el mundo la gente muere de hambre. La covid-19 en muchos países es un problema menor. En Huelva se explota a diario a gente que malvive. En nuestras playas turísticas llegan personas ahogadas, silenciadas, ninguneadas. Miles de personas de Andalucía también emigran, no pueden vivir en su lugar en el mundo. La gran mayoría de las cooperativas agraria andaluzas trabajan para el capital. Podemos continuar enumerando temáticas silenciadas, realidades invisibles. Como muestra la película de moda en estos días, puede llegar el fin del mundo, por un cometa, o por las barbaridades que el capitalismo está haciendo sobre nuestro planeta, que miraremos hacia donde nos digan que miremos. El sentido común dictará que «no miremos hacia arriba».

Respecto a los argumentos, cada vez más la causa de los problemas acaba siendo la propia víctima. Es decir, la situación de precariedad de una persona en situación de desempleo se debe a su escasa «empleabilidad». Los problemas socioeconómicos de un territorio como Andalucía, o como sus pueblos, se deben a que «no es capaz de poner en valor sus fortalezas y aprovechar las oportunidades de la globalización». Las mujeres asesinadas o maltratadas son constantemente culpabilizadas por los propios Tribunales de Injusticia. En estos días, se indica como causa de las escasas mejoras de la reforma laboral la incapacidad de movilización de las clases obreras y populares. Es decir, vivimos en una constante culpabilización de la víctima, lo que indica la asunción de los argumentos del Poder para evitar su responsabilidad en lo que pasa. Necesitamos medios de comunicación, de difusión de ideas, de contrapoder, que frenen o contrarresten la enorme capacidad del capital de imponer su argumentario, su sentido común.

LA IMPOSICIÓN DE UN PENSAR COMPRADO

Alex Casanova es un músico pontevedrés cuyo proyecto, Baiuca, aúna el folclore gallego con los ritmos electrónicos. Hace unas semanas leía una declaración suya que decía: «No quiero que nadie se apropie de la cultura popular como ya hizo el franquismo». Hoy, otra dictadura cuyo nombre también termina en -ismo se ha apropiado de la cultura popular. Se llama capitalismo. No es nadie, pero es (casi) todo.

En Andalucía, el flamenco, la cultura popular se mueve según dicta el dinero, la demanda solvente, el valor de cambio. La propiedad o característica del flamenco de hoy lo marca la propiedad privada, la propiedad de los medios de producción, la propiedad como control y poder. Quien canta, baila o toca busca un empleo, un salario, un sustento que, en caso de conflicto (y los hay), subordina a lo expresado.

Se canta lo que se paga.

Se baila lo que se contrata.

Se toca lo que permite tocar dinero.

Como la cultura popular flamenca, los medios de comunicación corporativos están apropiados; porque, casi siempre, se informa lo que se cobra. El marco de los medios de comunicación es muy similar a la cultura popular contratada. Es necesario escribir independientemente del poder, el que paga; es preciso informar independientemente de quien contrata; es necesario pensar aunque ese pensamiento no produzca dinero. La dictadura del capital se basa esencialmente en imponer un pensar comprado (por él).

ALGUNOS QUIZÁS

Necesitamos miradas de la realidad distintas a las que compra el Poder. Para ello, quizás fuera interesante para Andalucía sondear la posibilidad de avanzar en la posibilidad de coordinar la diversidad de los medios autónomos existentes. Como dice Jule Goikoetxea, la diversidad no es lo contrario de la unión, sino de la homogeneidad. Quizás necesitamos cierta unión, no para crecer en altura, sino para ampliar nuestras miradas y propuestas, y que ambas sean capaces de llegar a más gente. Para fortalecer los movimientos que luchan contra los diversos ejes de dominación. Para crecer para abajo, o hacia o para los abajos; para hacer que los altavoces del capital sean menos potentes; para mezclarnos o liarnos o enredarnos desde nuestras autonomías, desde nuestras imprescindibles diversidades.

Quizás, también, sea necesario hablar de las bases materiales de los proyectos de información y pensamiento alternativos. Porque no vendría mal que gentes que se dedican a informar y pensar puedan desarrollarse con mayores grados de autonomía, sin tutelas del capital, sino todo lo contrario. Para vivir con y de un pensar libre, es decir, no comprado por el capital, es preciso pensar en lo material. Y podemos hacerlo desde la mezcla de trabajos, unos remunerados monetariamente, otros no. Recibiendo y aportando. Aunando activismos, formas de vida y sustento, y modos de expresión. En todo caso, desde el convencimiento de que la autonomía sin recursos, de múltiples tipos, no es posible. Para mirar con luces largas, quizás no deberíamos engañarnos.

«Quien canta para comer / apenas puede decir. / El que dice cantando / es porque canta para vivir». Quizás esta letra flamenca se aproxime a la realidad solo cuando la hegemonía del capital es absoluta. Pero hay grietas en ese bloque de imposición, y, sin quizás, esta vez, debemos agrandarlas con nuestros medios de comunicación, pensamiento y lucha; para que el pensamiento pueda alumbrar, para iluminar las realidades invisibilizadas, para generar nuevas grietas; para escuchar y mirar las voces y los cuerpos que nunca han sido mirados o escuchados, pensados para nuestro vivir.

Para todo lo anterior, larga vida a El Topo y a las que lo queremos.

URBANISMO DEL SHOCK EN ANDALUCÍA

La expresión «doctrina del shock» fue popularizada por el libro de Naomi Kleim y alcanzó cierto grado de popularidad en los años noventa. El término refiere la manera en que distintos tipos de desastres se usan para generar climas políticos propicios a la introducción de reformas de políticas interesadas. Guerras, tsunamis y crisis económicas se habrían convertido habitualmente en recursos útiles para imponer políticas económicas en favor de los intereses de multinacionales y del capital financiero internacional, principalmente en cuanto a la supresión de medidas regulatorias y el desmantelamiento de estados interventores y con vocación social por todo el mundo.

Hay mucho de esto en la manera en que se ha gestionado la pandemia de la covid-19. El virus se ha convertido en la gran excusa para aprobar medidas políticas relativamente impopulares o que necesitasen de un gran esfuerzo propagandístico para ser defendidas. Podríamos hablar entonces de un «urbanismo del shock», que se ha empezado a entrever durante los dos últimos años, en el que prácticamente cualquier medida se justifica en el ambiente de conmoción de la coyuntura reciente. En la Andalucía de la nueva normalidad, por un lado, la pandemia ha supuesto un gran impulso político a las expectativas de desregularización urbanística, depositadas en el primer Gobierno declaradamente de centro derecha de la historia de la autonomía. Por otro lado, estamos contemplando un nuevo auge del viejo urbanismo del miedo, que de manera planificada o por desidia de la planificación viene haciendo impracticables los espacios públicos de nuestras ciudades.

POR MIS SANTOS DECRETOS

Empezando por el oportunismo a gran escala, parece indudable que la covid ha venido como caído del cielo a la hora de poder realizar reformas polémicas que eran parte del proyecto neoliberal del actual Gobierno andaluz. El estado de emergencia es una excusa inmejorable para gobernar a golpe de decretos. El decreto-ley permite a un gobierno aprobar medidas de urgencia saltándose los trámites parlamentarios y el control de la oposición. Una política de hechos consumados que viene justificada por contextos urgentes y catastróficos sobre los que se debe intervenir inmediatamente.

No esperó mucho la Junta de Andalucía. En abril de 2020 se apresuró a sacar el conocido «decretazo» dirigido a relajar las normas y controles en materia de urbanismo, turismo y medio ambiente. El decreto afectó a un elevado número de leyes suponiendo la flexibilización de horarios comerciales para grandes superficies, la relajación de los controles para el desarrollo de distintos tipos de proyectos urbanísticos y la reducción de la protección de espacios naturales frente al desarrollo de infraestructuras productivas. La relación de estas medidas con la covid es más bien complicada de hallar. Es evidente para todos que se trata de medidas para nada coyunturales, sacadas del programa liberalizador del Gobierno, siendo la fórmula del decreto la herramienta para poder ignorar la oposición de partidos, sindicatos y organizaciones ecologistas o de consumidores.

En verano de 2021 el gobierno andaluz intentó repetir la jugada con un nuevo decreto-ley para la renovación y modernización de alojamientos turísticos. El texto original dejaba claro en su preámbulo el carácter «esencial» del turismo para la comunidad. Posteriormente exponía la terrible tara que ha supuesto para la economía la caída de las visitas, pernoctaciones y consumo, como justificación para desarrollar una batería de medidas de dinamización económica del sector. El proyecto propone un incremento en la edificabilidad y ocupación en los alojamientos turísticos de entre un 15 y un 20%. Esto beneficiará también a los inmuebles en situación fuera de ordenación, a los que, como es natural, no se debería conceder licencias de obras en condiciones normales. Descartado el decreto, este documento se está tramitando actualmente como proyecto de ley.

El próximo paso en esta dirección es la reforma de la ley andaluza del suelo. De manera similar a las anteriores normas, la ley se orienta claramente a la desregulación, favoreciendo los intereses de los promotores inmobiliarios y reduciendo el control sobre los ayuntamientos. 

Todas estas normativas siguen el mismo patrón: reducir la intervención y el control del gobierno sobre los procesos de desarrollo urbano y productivo. Esto parece ignorar por completo lo que ha sucedido en Andalucía en el último medio siglo en cuanto a desarrollo urbano y turístico. La ausencia de leyes e instrumentos de ordenación del territorio y urbano, o la desobediencia a los mismos, han sido causa histórica de graves pérdidas en el patrimonio cultural y de una terrible depredación del territorio. La actual política de la Junta de Andalucía pareciera querer retornar al desarrollismo o más atrás, prescindiendo de los criterios ambientales y sociales que se han ido introduciendo en la legislación. Lo más grave es que las medidas de emergencia frente a la pandemia de la covid se dirigen a apuntalar el modelo económico que nos ha conducido a la actual situación de extrema vulnerabilidad frente a crisis de este tipo. Ya lo vivimos en 2008 y lo volvemos a ver ahora. Apostar todo a una economía rentista e hiperespeculativa cimentada en el ladrillo y el turismo ya nos ha derribado dos veces en apenas 10 años y vamos corriendo a buscar una tercera ocasión.

URBANISMO TALEGUERO

La idea de urbanismo del shock parece todavía más adecuada para el empujón que se le ha dado a la destrucción del espacio público en las grandes ciudades andaluzas a raíz de la covid-19. Probablemente la pandemia ha puesto en valor lo público en muchos sentidos, especialmente en la medida en que son instituciones políticas colectivas las únicas que pueden afrontar una situación de estas características. Sin embargo, tampoco cabe duda de que una parte de los dispositivos urbanos públicos se han visto negativamente afectados por la situación. Aunque los colegios han sobrevivido, otro pilar de las dotaciones públicas, como son los centros médicos, prácticamente han sido inutilizados a raíz de la pandemia. La manera en que se ha sacrificado al sistema sanitario de proximidad para salvar al sistema sanitario de proximidad merecería una reflexión más profunda. Muy visible ha sido también la forma en que el periodo pandémico se ha aprovechado para continuar con la patibulización de los espacios públicos, en relación con la multiplicación de cerramientos, cámaras de seguridad, y eliminación de todo tipo de equipamiento del espacio público, ya fuesen bancos o juegos infantiles.

Hay un elemento clave ahí en la manera en que el encuentro y la convivencia, base de la sociedad, han pasado a convertirse en enemigos de la supervivencia. Por mucho que el aislamiento estuviera justificado, hay algo patológico en la manera en que se ha perseguido el uso de los espacios públicos, o el ninguneo que han sufrido durante la pandemia determinados colectivos que necesitan especialmente hacer uso de él, como son los niños y los adolescentes. La necesidad de socializar de estos últimos se ha convertido en motivo de escarnio y de censura por parte del conjunto de la sociedad, objeto de las frustraciones que buscan culpables no microscópicos al desbarajuste generado por el virus. A decir verdad, nada de esto es realmente nuevo en nuestras ciudades. El tratamiento carcelario del espacio público lleva consolidándose ya varias décadas, con la apuesta por los bloques en manzana cerrada y el desdén o la agresividad hacia plazas y espacios peatonales con la mala fortuna de encontrarse fuera de las zonas turísticas de la ciudad. El pánico a los adolescentes sentados en el banco estaba escasamente justificado en el pasado. Con la pandemia, esta tendencia paranoica ha encontrado su justificación perfecta y la poca oposición que podría encontrar el comportamiento vandálico de los ayuntamientos o de los vecinos hacia su propio espacio público, ha desaparecido por completo. Lo que no se había vallado todavía, se ha vallado con la pandemia, y el banco que quedaba en el barrio, se saca para evitar que nadie esté demasiado tiempo parado en un lugar que no sea su casa, mientras la persecución policial a los grupos de adolescentes se intensifica.

Nada indica que esta agorafobia, potenciada sin duda por el virus, vaya a amainar con la nueva normalidad, pues tiene causas estructurales que trascienden a la misma. En una sociedad que construye su espacio cada vez más en servicio de lo privado y cada vez más desconfiada hacia el encuentro fortuito, la manera en que pueda revertirse esto parece lejana. Habría que hacerse al menos más consciente de este problema, diagnosticarlo y buscar la forma de combatirlo. Por lo pronto el urbanismo del shock tiene mucho de revanchismo neoliberal tardío, pero también va un paso más allá de eso. Tiene mucho de intereses especulativos, pero también de desdén popular hacia lo colectivo

BOMBEROS/AS FORESTALES… SIN DERECHOS LABORALES

El dispositivo INFOCA está amenazado de privatización. Ya desde hace años, se viene desmontando. Cada vez son más lxs bomberos/as forestales eventuales contratados de manera ilegal. El próximo 15 de octubre, unas mil personas irán a la cola del SAE, debilitando las labores preventivas y la profesionalización del dispositivo.

En un contexto de cambio climático y abandono del medio rural, los incendios forestales son una realidad cada vez más exigente y peligrosa en Andalucía. En los últimos años, hemos vivido incendios que han llevado al límite la capacidad de nuestro dispositivo de extinción, como fueron los de Doñana o Almonaster. En el futuro es esperable que este tipo de incendios masivos se hagan más comunes.

Sin embargo, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía, INFOCA, lejos de estar siendo reforzado, está bajo amenaza. Recientemente, se publicaron los resultados de una auditoría realizada por consultoras como PricewaterhouseCoopers (PwC) a petición de la Junta de Andalucía, en el que se abogaba por privatizar el servicio, reducir personal y rebajar las condiciones laborales marcadas por el convenio.

Lejos de ser una auditoría neutral e independiente, PwC es una consultora de dudosa reputación, conocida por su lucrativa relación con el partido que gobierna Andalucía. Fue condenada por lucrarse de contratos fantasma a cambio de financiar al PP, ha sido condenada por fraude fiscal y es famosa por sus puertas giratorias, acogiendo entre sus filas a ministros y presidentes como Jaume Matas (encarcelado por corrupción), Luis de Guindos, Jordi Sevilla o Ramón Bonastre.

Por lo que vemos, la lucrativa relación continúa viento en popa: el Gobierno andaluz ha pagado 10 millones de euros a las auditoras en solo un año. Y ya que hablamos de pasta… no queremos dejar pasar el siguiente dato: consultando la tarificación aplicada en el año 2020 por AMAYA (la agencia pública que nos contrata a los/as bomberos/as forestales en Andalucía) y TRAGSA (la principal empresa del sector a nivel estatal), ¡la contratación pública es 8 € más barata por hora!

MENOS EMPLEO FIJO, MÁS EMPLEO TEMPORAL

La amenaza de la auditoría es real, y debe ser tomada muy en serio. Sin embargo, no podemos olvidar que

INFOCA ya viene desmantelándose desde hace alrededor de 15 años. Durante esos años, mayoritariamente con el PSOE en el Gobierno, se ha ido sustituyendo empleo de calidad y estable por otro temporal y precario.

La elevada edad media de lxs bomberxs forestales de INFOCA ha hecho que las jubilaciones sean algo común durante ese periodo. Pero las plazas que han salido a concurso para reponer esas bajas han sido muchas menos. Como resultado, el dispositivo INFOCA cuenta hoy con numerosas vacantes sin cubrir. Estas plazas vienen ocupándose exclusivamente en el periodo de alto riesgo de incendios forestales (1 de junio-15 de octubre) con contratos temporales, fraudulentos e ilegales.

Cuando un empleado/a público/a se jubila, se debe contratar a un interino o interina como reemplazo hasta que la plaza salga a concurso y se adjudique de manera definitiva. Sin embargo, en INFOCA se hacen contratos temporales «por circunstancias de la producción», que, si tienes la suerte de trabajar cada año, se encadenan campaña tras campaña.

Esto supone una inestabilidad vital grande para los/as eventuales, que nunca sabemos si el año que viene podremos trabajar o no, o dónde lo haremos. Al vernos obligadas/os a superar cada año las pruebas físicas, una torcedura de tobillo en un mal momento o un simple resbalón durante las pruebas pueden hacernos perder el empleo. Además, las bases de la bolsa de empleo temporal suelen cambiar la forma de baremar los méritos, de manera que un año puedes estar arriba y al año siguiente no ser llamado.

Actualmente, sumando vacantes, contratos-relevo y sustituciones, el número de temporales en INFOCA ronda las 1 000 personas. El número exacto no lo conocemos, ya que AMAYA no publica la relación de puestos de trabajo (RTP), a pesar de ser una agencia pública.

NO SOLO UN PROBLEMA LABORAL…

Esta situación no es solo un problema de índole laboral, sino que afecta a la calidad del servicio de emergencias que presta INFOCA. Durante el invierno, el dispositivo queda muy debilitado, por lo que las labores preventivas que realizamos durante esa época se ven mermadas. Además, cada vez más, los incendios forestales están perdiendo su estacionalidad y, debido al cambio de condiciones climáticas, suelen producirse incendios forestales fuera del periodo de alto riesgo.

Sin ir más lejos, durante el pasado invierno ha habido el mismo número de grandes incendios
forestales en Andalucía (+ de 500 ha), que durante lo que llevamos de verano al cierre de este artículo.

También hay que valorar que los/as bomberos/as forestales no solo nos dedicamos a incendios. Atendemos otras situaciones de emergencias como pueden ser despejar caminos bloqueados, búsqueda de personas y rescates en el medio rural, inundaciones, nevadas, etc… Todas esas labores que realiza INFOCA también se ven debilitadas al perder mil componentes durante más de siete meses.

Por último, la eventualidad supone una pérdida de profesionalidad del servicio. Imaginad una futbolista que es contratada por su equipo el mismo día que comienza la liga. Evidentemente, no habrá tenido tiempo de entrenar físicamente, no estará integrada en su equipo y no estará familiarizada con su nuevo contexto. Esto es lo que nos pasa a los/as bomberos/as forestales eventuales: somos contratados/as y desde el primer día estamos en periodo de alto riesgo.

Nos tenemos que enfrentar a esfuerzos físicos comparables al deporte de élite sin haber recibido un entrenamiento profesional previo, nos integramos en una unidad (retén o brigada) en la que la compenetración y el trabajo en equipo es vital sin haber podido practicar antes, y, en el caso de los/as novatos/as, es inevitable que su inexperiencia repercuta en su conocimiento en el manejo de las herramientas de trabajo y de las técnicas de extinción.

Además, no deja de ser triste ver cada año a grandes profesionales, bomberos y bomberas forestales capaces, dedicados/as y con experiencia, abandonar porque han encontrado un empleo estable en un sector cualquiera. Perdemos gente de talento y arrancamos la campaña con el dispositivo lleno de gente sin experiencia. En mi primer incendio (en Extremadura), fuimos cinco nuevos y un compañero con dos campañas anteriores. Una temeridad completa.

La profesionalidad se compone de formación, entrenamiento, práctica y experiencia. Es imposible reunir esos requisitos con contratos temporales de 4 o 5 meses. Menos, en una actividad extrema como es la de los/as bomberos/as forestales.

LAS INSUFICIENTES PLAZAS, PARA MILITARES

Ante las críticas, el Gobierno andaluz suele sacar pecho destacando que bajo su mandato se han encadenado varias ofertas de plazas fijas (OPE) en INFOCA. Lo que nunca mencionan es que las nuevas bases bajo las que se han ofertado esas plazas favorecen descaradamente a los/as militares de la UME.

La experiencia de cualquier militar de la UME es considerada equivalente a la de un/a bombero/a
forestal, realice o no funciones respecto a incendios forestales. A quienes se ocupan de conducción, logística o transmisiones en la UME se les puntúa como bombero/a forestal, mientras a quien opera una autobomba en INFOCA no. Por otra parte, se considera a cabos de la UME como bomberos/as forestales, aunque su función en realidad es equiparable a la de jefes/as de grupo.

Como resultado, la adjudicación de plazas en la última OPE ha dejado de lado al colectivo de eventuales de INFOCA, que, con hasta diez campañas consecutivas, se han quedado fuera de plazas, beneficiando a los y las militares. Lamentablemente, la intención es que este tipo de bases se repitan en próximas OPE.

Por nuestra parte no queremos excluir a ninguna persona de fuera del dispositivo para que pueda pelear por una plaza fija, ni mucho menos. Pero queremos que esa asignación sea en pie de igualdad, en función del mérito y capacidad que cada candidato/a pueda demostrar. No podemos tolerar que después de soportar años y años de precariedad, ahora además nos dejen fuera de las insuficientes plazas que salen por una decisión política.

SI QUIEREN GUERRA, ¡GUERRA TENDRÁN!

Con este panorama, los y las eventuales de INFOCA nos encontramos las puertas cerradas. El destino que nos han preparado es encadenar como temporales los años que seamos capaces de aguantar antes de rendirnos y buscar una salida laboral en otro sector. Pero ya hemos despertado y hemos decidido plantar batalla contra la precariedad y el abuso. Nuestro futuro se decidirá con lucha.

Los sindicatos mayoritarios en la empresa, que han respondido a la amenaza de privatización, no se han movido hasta la fecha con la misma contundencia para el combate contra la temporalidad fraudulenta en INFOCA. No es casualidad que desde el colectivo de eventuales haya surgido una asociación autogestionada en primera persona por nosotrxs mismos, Movimiento INFOCA; y que algunos/as de nosotros/as, además, estemos buscando impulsar un sindicalismo alternativo y combativo.               

Esperamos y deseamos que a partir de ahora podamos sumar fuerzas para la movilización. Tenemos los ejemplos de Castilla-La Mancha, Valencia o Aragón, donde los sindicatos con representación han convocado huelgas durante este verano. Pero si siguen despistados, no vamos a esperar más. No nos lo podemos permitir, nos va el futuro en ello. Y el de los montes y bosques de Andalucía que protegemos.

NON OMNIS MORIAR

MEMORIA, TRAUMA Y ACTIVISMO

EN NUESTRA COMUNIDAD CONTAMOS CON UN RICO MOVIMIENTO SOCIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA, EL CUAL SE ENFRENTA AL TRAUMA COLECTIVO CONSECUENTE AL GENOCIDIO QUE SUFRIÓ EL PUEBLO ANDALUZ (1936-1939). EL PROCESO DE SANACIÓN DE ESTA HERIDA PASA POR LA NARRACIÓN DE LAS HISTORIAS SILENCIADAS.

Non omnis moriar es una expresión latina que nos ha llegado a través del poeta Horacio. podemos traducirla como ‘no moriré del todo’, o bien, ‘no todo lo que soy desaparecerá’ y, en su sentido hegemónico, hace referencia a la inmortalidad del alma. Pero también es interpretable desde perspectivas tan mundanas como la memoria, por los recuerdos e influencias que dejamos a nuestro paso; la comunicación, por las historias transmitidas a través de la tradición oral; e incluso los restos físicos, porque permanecen y requieren un ritual funerario que proteja la psique y las emociones de nuestros seres queridos.

El pasado revela, por estas vías, su permanencia en el presente y, por lo general, no vacilamos en concederle su espacio. Todas las comunidades se esfuerzan por registrar y atesorar su historia. Lo hacemos así para comprender quiénes somos, para conocer nuestros valores y necesidades. Sin embargo, no es tarea sencilla integrar de manera apropiada todas las facetas del pasado, sin obviar las perturbadoras, en nuestras identidades actuales. Quizás haya en la historia episodios que nunca debieron haber sucedido, aunque la solución no se encuentra en el olvido. Tenemos la obligación moral de recordar y divulgar la injusticia, para redimir el dolor de las víctimas y evitar que vuelva a ocurrir. 

Pero, como suele pasar cuando se aplica la teoría a la práctica, el caso de la historia reciente de Andalucía es algo más complicado. Durante décadas, se ha difundido un discurso (por parte de las instituciones públicas, de la escuela, de los medios de comunicación, etc.) que nos hablaba de «guerra civil», de «régimen franquista» y de un conflicto en el que «ambos bandos» fueron fratricidas. Esto ha alimentado una serie de mitos («con Franco se vivía mejor/no se vivía tan mal»), adoptados por una considerable cantidad de gente, que todavía perduran como parte de los imaginarios sociales. 

Los efectos de una campaña propagandística tan intensa y prolongada no pueden ser abordados a corto plazo, pero hace casi cincuenta años del fin —oficial— de la dictadura y más de ochenta desde que acabara la Guerra Civil (cuando hubo más víctimas mortales). Hoy, gracias a la investigación, la divulgación cultural y académica y los testimonios, sabemos que en la mayor parte de Andalucía resulta más apropiado hablar de genocidio que de guerra; que el golpe de Estado surgió de una conspiración militar liderada, inicialmente, por Sanjurjo y Mola (hasta que ambos murieron en sendos accidentes de avión); y que, en nuestra comunidad, un ejército profesional, azuzado hasta la vesania por Queipo de Llano, arrasó con una población civil perpleja y aterrorizada. 

Como esta versión de los hechos no se acomodaba al estandarte de «santa cruzada» que más tarde enarboló la dictadura, ni tampoco al propósito de «pasar página» que guió a la Transición, los acontecimientos que mostraban con mayor claridad la crudeza de la represión fueron censurados. No cabía esperar que la gente que había sobrevivido a las masacres que se cometieron olvidara su dolor, pero probablemente se apostó por que, al condenar sus historias al silencio institucional, la denuncia social inherente a sus experiencias muriera con los últimos testigos directos. 

Sin embargo, el horror causado era indeleble. Para que una población relativamente progresista (en la que buena parte de lxs obrerxs estaba sindicada, en la que la mujer había logrado el derecho al voto y al divorcio, en la que personas homosexuales eran referentes culturales, en la que se extendía la educación libertaria y gratuita, etc.) se sometiera a una dictadura militar regida por los más férreos principios del nacionalcatolicismo, la sublevación empleó una violencia extrema e intentó destruir hasta la más diminuta brizna de alteridad. De manera intencionada y sistemática, se provocó un profundo trauma colectivo que buscaba, y en gran medida obtuvo, sumisión.                       >>

Ahora bien, un trauma se compone de recuerdos con tal carga emocional negativa que su sola evocación produce sufrimiento, recuerdos que desearíamos no tener, pero cuya impresión en la psique es permanente. Lo natural es que la persona que sufre un trauma lo reprima en aras de continuar con su vida, pero el dolor seguirá subyacente y, periódicamente, brotará por distintos cauces; a veces, siendo verbalizado. Es así que el trauma se hereda, transmitido por historias orales en el seno familiar, a través de las que entendemos la tristeza de nuestra gente. En Andalucía hay un trauma de carácter colectivo porque los mismos fantasmas abruman a una multitud de personas. La honda devastación provocada por la sublevación militar en la sociedad andaluza cuenta con representaciones en cada una de las provincias. A modo de sumario provisional y mínimo, hablamos de 45 566 personas asesinadas y desaparecidas en 708 fosas comunes (una de las cuales, la del cementerio de San Rafael en Málaga, ha sido considerada como la segunda mayor de Europa, tras Srebrenica, al haberse identificado en ella a 2 840 víctimas); 50 000 personas empujadas al exilio y muchas más desplazadas en el interior (la Desbandá movilizó alrededor de 100 000 personas, de las que murieron miles, imposibles de cuantificar); la construcción de unos 55 campos de concentración y trabajos forzados (además de las prisiones), en los que se hacinó a unas 100 000 personas; la opresión selectiva y diferenciada de las mujeres, el pueblo romaní y el colectivo LGTBI; la persecución laboral y el saqueo de bienes materiales; la censura ideológica y artística, etc. En fin, un daño que, como sostenía Cernuda, «no es de ayer, ni de ahora, sino de siempre».

La dictadura nunca cesó de castigar a lxs supervivientes de sus crímenes contra la humanidad, a través de una retórica de «vencedores contra vencidxs», y la Transición asumió voluntariosamente el legado franquista: permitiendo a Arias Navarro, alias «el carnicerito de Málaga», figurar como primer presidente de Gobierno de esa etapa y a Juan Carlos de Borbón poseer el título de rey; malversando una ansiada Ley de Amnistía para garantizar impunidad a insignes torturadores; manteniendo los privilegios de una Iglesia que había firmado innumerables sentencias de muerte y difundiendo un discurso que quería decir que todo había cambiado para que nada tuviese que cambiar.

Ante la negligencia institucional, lxs hijxs y, especialmente, lxs nietxs de las víctimas directas de la represión, generaciones herederas del trauma cultural (desde una lejanía en la que pueden observar la injusticia con una perspectiva suficiente como para combatirla), comienzan a movilizarse. De esta manera, nace una corriente
social que lucha por la recuperación de la memoria histórica, es decir: por desvelar y divulgar las dimensiones reales de los crímenes franquistas; por acabar con la apología del fascismo, eliminando sus símbolos de los espacios públicos; por identificar y honrar a las personas represaliadas; por permitir, a través de las exhumaciones, que lxs familiares puedan ofrecer, al fin, una sepultura digna a sus seres queridos. 

En la actualidad, la legislación estatal vigente, así como el Plan de Memoria Democrática lanzado por la Junta en 2018, reconocen la valía del movimiento memorialista y amparan la actividad de las asociaciones. El problema endémico es la reticencia de los Gobiernos a aplicar la ley y, lamentablemente, el mantenimiento, por parte de algunos representantes políticos y medios de comunicación, de posturas que vulneran los derechos de las víctimas y los principios más básicos de convivencia democrática. Esto coloca al activismo en una constante situación de lucha contra quienes deberían, en su lugar, constituir un apoyo. 

Aun así, no pretendemos homogeneizar al memorialismo andaluz, fuente de tanta diversidad y riqueza como las personas que lo componen, ni establecer los límites de la recuperación de la memoria histórica. Si bien existe un buen número de asociaciones memorialistas registradas en Andalucía (de ámbito autonómico, regional, comarcal y local), no todas cuentan con las mismas prioridades ni con idénticos desafíos. No todos los grupos que participan del memorialismo lo hacen «oficialmente». No todas las personas que guardan y honran la memoria histórica militan en un colectivo definido, aunque todas las interesadas podrán encontrar, a poco que busquen, alguno cercano.
La idea principal es que, al igual que la comunicación (o su impedimento) jugó un rol fundamental en la creación del trauma cultural, la transmisión consciente de los recuerdos silenciados puede redimir nuestro sufrimiento social. Por diversas que sean las propuestas del memorialismo andaluz, todas orbitan alrededor de la misma reivindicación: verdad, justicia y reparación. Empecemos por hacernos eco de la verdad, que suele ser la primera damnificada cuando la violencia aparece, pero que es, también, aquello que siempre prevalece y que no se puede destruir.

APUNTES SOBRE LA REPRESIÓN

y de cómo a duras penas surfeamos la ola

La estrategia de represión política del Estado, el español en nuestro caso, pivota en torno a tres objetivos entrelazados entre sí y que varían en funcionalidad según los casos.

El más evidente es la utilización del castigo contra las luchas sociales como una herramienta para neutralizar a posibles vectores de contagio de la sociedad. Coacciona la capacidad de acción de los colectivos, condiciona su estrategia y discurso para finalmente desviar atención y recursos de sus objetivos iniciales hacia la incuestionable solidaridad con las compas represaliadas, gastos judiciales, movilizaciones…

Además, está el efecto disuasorio para toda la población que si bien, en el mejor los casos, en buena parte puede incluso llegar a empatizar, igualmente le quedará claro que lo mejor es no meterse en líos. A veces el alarmismo de las propias campañas antirrepresivas sirven como caja de resonancia involuntaria de esta estrategia de intimidación.

Y tenemos la represión como propaganda espectacular del propio Estado. Tanto para confundirse como sociedad como para justificar el monopolio de la violencia que ejerce contra la misma y que necesita siempre de un enemigo interno al que señalar. Tras la disolución de ETA hace una década, salvo para réditos electorales, el enemigo se ha diversificado. Un terrorismo yihadista ya emergente, efectista y de violencia indiscriminada, vino bien para sustituir esa figura a la que luego se sumaría «la amenaza para la unidad de los españoles» del independentismo catalán. Cerrando el círculo y para poder criminalizar la lucha social se construye un sujeto de amplio espectro que abarcaría «anarquistas dinamiteros, okupas, feminazis,
sindicalistas radicales, antifas y hordas de vándalos niñatos de terrorismo callejero». Dentro de esta última figura difusa es donde enmarcan la represión en Andalucía.

Si la represión política, además de castigo, es chantaje, intimidación y espectáculo, con más razón denunciarla y combatirla es ineludible. No solo porque la solidaridad y el afecto nos obliga, sino porque abandonar a aquellas que son utilizadas como chivos expiatorios nos sentencia al fracaso de cualquier posibilidad de transformación social.

Ante este reto las estrategias y formas de organizarse han sido diversas, pero se podrían concretar en dos: una, digamos, identitaria y otra de visión más amplia, ambas legítimas y no necesariamente excluyentes.

La estrategia del SAT, seguramente el sindicato más represaliado en Andalucía, o normalmente la de colectivos feministas y anarquistas sería la identitaria. La organización o el movimiento asumen públicamente la represión como propia y se contextualiza políticamente en lo específico de la acción que se pretende castigar. Se pone en primer plano el conflicto con la intención de convertir en propaganda lo que se pretendía intimidación y darle así la vuelta a la desmovilización. Por contra, la fina línea que separa el uso de la propaganda por la represión del proselitismo o el autobombo, común en estas campañas, suele limitar la construcción de redes de solidaridad fuera de esa lucha concreta o de sus ámbitos ideológicos más afines.

Con otro enfoque tenemos los intentos de plataformas surgidas a raíz de hechos de especial gravedad, que acaban finalmente en asambleas de personas de lo más variopintas pero bien conectadas, en las que colaboran colectivos que vienen de trabajar la represión en un sentido más general: la ley mordaza, violencia policial, control de redes, cárcel, etc. Suele primar el esfuerzo por la extensión de redes de apoyo más amplias y duraderas, así como la elaboración de un discurso antirrepresivo de confrontación con el Estado en todos sus frentes, en el que todas reconocemos al enemigo común y por tanto asumimos esa represalia específica como propia. Sin embargo, esta estrategia de construcción de redes más ambiciosa no suele conseguir cuajar en el tiempo quedando por lo general reducida a pequeños núcleos.

En cualquier caso, de una manera u otra, será a costa del voluntarismo y sobreesfuerzo de algunas de las represaliadas y sus grupos de apoyo como se alcanzarán los objetivos de: movilización, denuncia pública, apoyo afectivo y, el que absorbe más energía, el económico. Por lo general se consigue la disminución de las condenas o incluso la absolución, pero, desde luego, no siempre.

FRAN MOLERO

Cumple una sentencia de 5 años por atentado a la autoridad y lesiones en la cárcel de Archidona desde mayo de 2018, además de tener que afrontar el pago de una multa de 17 000 euros. Jornalero, trabajador de la hostelería y militante del SAT acudió desde Cuevas de San Marcos a las movilizaciones en Madrid de Rodea el Congreso de 2013, donde fue detenido. Su sindicato ha organizado numerosos actos y movilizaciones, marchas a la cárcel entre ellas, a la vez que grupos de apoyo e individualidades de su pueblo y otros puntos de Andalucía han contribuido a visibilizar su situación. Desde marzo en tercer grado, se mantiene la campaña de apoyo.

@libertad_fran

MÁLAGA

Las luchas por la vivienda y por el cierre de los CIEs han marcado la agenda durante años en Málaga y, por tanto, la represión ha golpeado reiteradamente a las activistas implicadas en ambas. Las asambleas antirrepresivas se han ido sucediendo durante el tiempo al reflujo de los palos recibidos, siendo el hecho grave más reciente el desalojo de la playa okupada de Arraijanal en 2018. En el contexto de la Costa del Sol, la oposición a un proyecto urbanístico, en uno de los pocos parajes no urbanizados, fue duramente reprimida con los consiguientes montajes policiales para justificar la agresión. Ocultación de pruebas que podrían demostrar torturas y chantaje judicial a las encausadas para no acabar en prisión como patrón habitual del Estado para estos casos de abuso.

@SalvaArraijanal

GRANADA

El 17 y 20 de febrero se realizan en Granada sendas protestas por el encarcelamiento de Hasél y la violencia policial en Linares la semana antes que acaba en enfrentamientos con la policía y el consiguiente genocidio de contenedores. Seis detenidos en total de los que 2 pasan a la prisión de Albolote en preventiva, acusados de los delitos habituales, y no son puestos en libertad hasta el 11 de marzo. Durante semanas la criminalización mediática y el acoso policial intentaron amedrentar la solidaridad dando pie a diversas movilizaciones y a la creación de una plataforma.

antirrepregranada.blogspot.com

Destacar la labor, entre otras, que desarrolló durante años en Granada el colectivo StopRepresión contra las listas negras de la policía y las sanciones de la ley mordaza.

stoprepresiongranada.wordpress.com

LINARES

De ser una de las ciudades más industrializadas de Andalucía a encabezar el ranking de paro a nivel estatal. Cuando el 12 de febrero dos policías fuera de servicio, bien conocidos por su violencia gratuita, dan una paliza a un hombre y a su hija de 14 años riéndose de la gente que les increpa, Linares estalla. Al día siguiente cuando cientos de personas se dirigen a los juzgados, donde permanecían custodiados, la policía carga dando lugar a disturbios por el centro y barrios hasta bien entrada la noche. 14 detenidas, muchas más golpeadas y un chaval herido por disparos de postas de la policía para intentar frenar la indignación y el coraje de lxs linarenses.

@asambleantirrepresionjaen

SEVILLA

Detenciones selectivas de activistas, intentos de infiltración, montajes…Desde hace años el grupo V de la Brigada de Información de la policía nacional vigila y acosa de manera intermitente, pero constante, para desarticular los intentos de organización popular que se resisten a institucionalizarse. Palo y zanahoria. En febrero de 2018 el violento desalojo de una okupación en la Macarena acaba con 6 personas en prisión, donde pasarán 2 meses, y 12 más imputadas. En total 18, sumando una petición total de 77 años de cárcel y más de cien mil euros entre fianzas y multas cuando acaba de terminar en marzo la fase de instrucción. Junto al juicio reciente por delito de odio contra aquellas acusadas de echar al autobús de HazteOir de Sevilla en 2017, ambos casos señalan un aumento progresivo de la criminalización de la lucha social, lo que nos ha de poner más alerta en agudizar los sentidos frente a la represión y trabajar en la construcción de redes de solidaridad.

@18delamacarena

Salud.

Nuestra memoria de la Jamahiriya

La Andalucía solidaria

Entre Andalucía y los pueblos del sur del Mediterráneo ha existido históricamente un vínculo, más o menos estrecho, que ha sido borrado de nuestra memoria colectiva por años de olvido y falta de reconocimiento. En este artículo nos vamos a centrar en la relación que se produjo entre Libia y Andalucía fruto de una serie de viajes y brigadas de solidaridad en la década de 1980. Acompáñanos a rescatar la memoria andaluza de la Jamahiriya.

Es innegable que Andalucía tiene una vinculación y proyección mediterránea y africana que la ha caracterizado desde los albores de la historia. Dejando de lado cierto pensamiento dominante que trata de ofrecer una imagen exótica y oriental de nuestra tierra, y que ha acompañado a las ideas más reaccionarias sobre Andalucía (como el ideal vegetativo de Ortega y Gasset), nuestros vínculos con el Próximo Oriente y con África a través de la autopista que supone el Mediterráneo son más que evidentes. Nuestra tierra es parte de una misma región mediterránea, fruto del contacto con otros pueblos con los que siempre hemos estado volcados a la mezcla y la relación.

No obstante, es igualmente imposible no admitir que nuestra relación con dichos países ha sido profundamente contradictoria y sujeta a los avatares políticos de cada momento. Por ejemplo, en la época de al-Ándalus, éramos una región plenamente central e integrada en los vínculos sociales, comerciales, culturales y políticos que se desarrollaban en todo el arco que recorre desde la península ibérica hasta el Mediterráneo oriental, pasando por el norte de África. No obstante, tras el siglo XV, se inicia un largo proceso que comenzó con la definitiva conquista de al-Ándalus, caracterizado por las relaciones políticas de tipo colonialistas, racistas y eurocéntricas. Así, el pensamiento supremacista europeo y nacionalista español insiste en construir una frontera económica y religiosa en el Mediterráneo, entre el mundo civilizado y rico europeo, y el «bárbaro» y pobre africano y asiático. La fortificación de nuestra frontera natural, estigmatizando y criminalizando a nuestros pueblos vecinos del sur, es solo su última manifestación. Este pensamiento hegemónico adquiere sus mayores cotas de hipocresía cuando no solo nos arrastran a que seamos insensibles con el sufrimiento, la muerte, el bloqueo económico o las agresiones militares a países como Siria, el Líbano, Palestina o Libia, sino que lo justifican en nombre de la democracia y los derechos humanos.

Y es que, debemos ser conscientes que el Mediterráneo juega hoy en día un papel fundamental en la geopolítica mundial. En concreto, se está librando una guerra económica, cultural
y militar que enfrenta, de un lado, a las potencias occidentales capitalistas, antiguas metrópolis de las colonias, y EEUU, que intentan controlar el acceso a materias primas, a rutas comerciales y a mercados; y del otro, a los pueblos que intentan defender su soberanía.

Volviendo a Andalucía, tenemos que señalar que esa relación contradictoria con el resto de los países mediterráneos nos sitúa hoy como parte de un país imperialista que, no solo posee una larga tradición colonial, sino que apoya y alienta dichas guerras, como ocurrió en el caso libio. Y que ha permitido que tengamos dos bases militares de la OTAN en Rota y Morón, concebidas por EEUU como puntos de control del Mediterráneo, desde donde se han coordinado y lanzado ataques contra la soberanía de otros países vecinos.

No obstante, las resistencias de sectores de nuestro pueblo a esta situación de Andalucía como punta de lanza del imperialismo han sido también numerosas. Desde las luchas y denuncias de la guerra colonial en Marruecos a comienzos del siglo XX, de las que recientemente se ha rescatado las de la linense Anita Carrillo, que llamaba a declarar la «Guerra a la guerra»; pasando por las protestas de los movimientos pacifistas, ecologistas, antimilitaristas, pero también andalucistas, comunistas y anarquistas contra las bases de Rota y Morón; hasta el movimiento antiimperialista o los grupos de apoyo al pueblo palestino o saharaui, de plena actualidad. Son muchas más las experiencias y movimientos que engrosan esta larga sucesión de resistencias al imperialismo y de solidaridad internacional, la mayoría de las cuales aún están por rescatar de nuestra memoria colectiva.

Como hemos adelantado, en este artículo nos vamos a centrar en un acontecimiento pasado por alto, olvidado, pero que supuso el establecimiento de un contacto relativamente estrecho durante varios años de sectores del movimiento andaluz (y andalucista) con la Jamahiriya, o Libia de Gadafi.

Hace más de 35 años, jornaleras y jornaleros andaluces del Sindicato de Obreras/os del Campo (SOC), del Frente Cultural del SOC, militantes de izquierda, estudiantes e intelectuales, se embarcaron en una sucesión de brigadas de solidaridad internacionalista a Libia. Brigadas contra el desierto y por la solidaridad; contra las calumnias y por la verdad. Este grupo de andaluces y andaluzas fueron testigos de primera mano de cómo se escribía la historia del nuevo país libio. Pero ¿qué los había llevado a emprender este viaje? ¿Qué Libia conocieron?

Buscar las respuestas a estas preguntas fue el motivo del proyecto de documental recientemente estrenado en Alcances, el Festival de Cine Documental de Cádiz. Más de cuatro años de investigación, inmersión en archivos y entrevistas nos han permitido rescatar estos acontecimientos. Así nace el documental Libia verde. Memoria andaluza de la Jamahiriya, que ha sido realizado colectivamente y sin ningún tipo de financiación, por el colectivo de Historia Social Lumbre, de la mano del realizador Patricio Musalem y otras y otros compañeros de las artes visuales, como Antonio Pareja, Zora Moreno, Jordan T. Caylor o Calde Ramírez, que nos han acompañado durante este periplo. En él planteamos una reflexión sobre la solidaridad internacionalista, la memoria histórica andaluza y la denuncia de las agresiones imperialistas, en el caso concreto del país libio.

A partir de 1969, Libia rompe con su realidad neocolonial, que provocaba que hasta entonces estuviese bajo la tutela económica y militar de Gran Bretaña y los EEUU y con sus tierras más fértiles ocupadas por los antiguos colonizadores italianos. Bajo el mando de los llamados oficiales libres, y en pleno auge de los movimientos socialistas y nacionalistas árabes, se produce el derrocamiento de la monarquía y se proclama la República Árabe Libia. Es entonces cuando se inicia un proceso de construcción de un nuevo país encaminado a controlar todos sus recursos y revertirlos para su propio beneficio. Un país soberano que rompe con el imperialismo y comienza a nacionalizar su principal recurso: el petróleo. Esta nueva Libia se convierte en 1977, bajo el liderazgo de Gadafi, en la Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista, profundizando en las políticas sociales y económicas socialistas, a través de las cuales lograron crear un sistema público de salud y educación, abordar los derechos de las mujeres, realizar una reforma agraria que repartió las tierras entre la población libia, crear una renta básica universal, e iniciar diversos proyectos de infraestructuras que pretendía modernizar un país que se encontraba entre los más desfavorecidos de todo el continente. Además, se configuró todo un sistema de asambleas populares para la toma de decisiones en el nuevo país.

En unos años caracterizados por la derrota de los países árabes frente a Israel y la desaparición del nasserismo político, Libia y Gadafi se convirtieron en un ejemplo de alternativa en el mundo árabe y en el continente africano como país soberano y desarrollado, no dependiente del Occidente capitalista y totalmente enfrentado al imperialismo, lo que dio lugar a su apoyo a diversos movimientos populares y de lucha armada en todo
el mundo. Asimismo, a comienzos de la década de 1980, alentó un movimiento por la paz en el Mediterráneo en el que hubo contactos con organizaciones andaluzas. Toda esta realidad provocó la enemistad de EEUU, quienes llegaron a bombardear el país en 1986, para posteriormente iniciar un largo y criminal bloqueo económico en la década de 1990.

Diversas expresiones políticas y sindicales andaluzas (y andalucistas) fueron testigos directos de esta Libia Verde. Distintos viajes y brigadas de colectivos andaluces estuvieron en la Jamahiriya, ya sea para conocer el proyecto del nuevo país, para defender su soberanía frente a las agresiones occidentales o para establecer lazos entre países pertenecientes a un mismo ámbito de influencia. De todas ellas, en nuestro documental hemos decidido narrar los viajes que organizó el SOC a lo largo de la década de 1980, bajo la coordinación de su entonces secretario general, Francisco Casero. No obstante, existen otras anteriores, como fueron los acercamientos del PSA y de Rojas Marcos en 1978, cuando la Jamahiriya era un joven país en pleno proceso de construcción. Y otras posteriores, como fueron los viajes que a lo largo de la década de 1990 se organizaron para apoyar al país en un momento en que Libia era sometido a un criminal bloqueo económico por parte de EEUU y sus aliados occidentales.

A través de la narración de estas brigadas y de los testimonios de sus integrantes, no solo podremos conocer mejor esa Libia Verde, sino también conocernos a nosotras mismas. Así, el documental aborda cómo se gestaron y organizaron dichos viajes y cuál era la realidad del país libio que nuestras protagonistas vieron; una Libia desconocida, criminalizada y recientemente destruida. Pero además, también nos permite acercarnos a la Andalucía de la Transición, a los integrantes de algunas de sus organizaciones más combativas, que estaban en primera línea de la lucha por los derechos de las mujeres, por el reparto de la tierra, por la soberanía andaluza y por la solidaridad internacionalista. Pero también, que sentarán las bases de los movimientos sociales y políticos que llegan hasta nuestro presente, como pueda ser el andalucismo, el sindicalismo de clase, el movimiento ecologista y pacifista, la lucha por los derechos humanos, el feminismo, la solidaridad con Palestina o el movimiento antimperialista. Desde la producción colectiva de este documental hemos considerado que es fundamental rescatar estos valores y estas experiencias de vida, reconocernos en esa historia de lucha que llega hasta el presente y nos desborda.

Y nos hace asumir las responsabilidades políticas ante el mundo que hemos heredado. Ya hemos expuesto cómo existe una memoria andaluza del sistema político que llegó a brindar a Libia los mayores niveles de calidad de vida de todo el continente en la década de 1990, la Jamahiriya, y que hoy debemos alentar por rescatarlo y ponerlo en valor. Más aún, cuando hace apenas 10 años fuimos testigos del horrible final de dicho país, cuando la agresión occidental se ensañó con Libia en el año 2011. Entonces, la OTAN y la ONU intervinieron para derrocar a Gadaffi, en ayuda de una supuesta oposición democrática que posteriormente se ha demostrado que no existía. Con el apoyo del Estado español, las grandes potencias imperialistas sumieron al país en una guerra civil, introduciendo mercenarios yihadistas, destruyendo el sistema social libio, sus infraestructuras y los mecanismos de redistribución de la riqueza, así como fomentando la división política de Libia para poder explotar mejor su petróleo y recursos naturales, generando incluso un mercado de esclavos que escandalizó al mundo entero. Actualmente, Libia sigue en guerra, siendo un país fragmentado y donde diversas potencias pugnan por controlar sus recursos. Y no podemos permanecer impasibles.

Es fundamental, si queremos que el Mediterráneo sea un espacio de paz y fraternidad entre pueblos, que rescatemos la memoria histórica de los movimientos solidarios andaluces con los países agredidos por el imperialismo, y que tomemos ese ejemplo y lo convirtamos hoy en guía de nuestra acción política. Que declaremos, como diría Ana Carrillo, la Guerra a la guerra, máxime cuando esta empieza en nuestra propia tierra (tanto materialmente, como por los intereses que la motivan) y agrede y desestabiliza a nuestros países vecinos. Por nuestra situación geográfica, nuestra historia y nuestra responsabilidad como pueblo, no podemos permanecer al margen de los conflictos que se suceden en nuestro entorno más cercano. Sin este compromiso, sin la solidaridad internacionalista, no habrá fórmula posible que permita conquistar la soberanía y la libertad para Andalucía, los pueblos y la Humanidad

Unos presupuestos de extremo centro

Los nuevos presupuestos de PP y Ciudadanos son posibles gracias al apoyo de la extrema derecha. El pago por sus votos ha sido claro: más caza, más toros, más perseguir a los menores no acompañados y menos de La Nuestra.

El Gobierno de Juanma Moreno, en coalición con Ciudadanos, necesita a la ultraderecha desde su investidura. Los 12 diputados con los que Vox se plantó por primera vez en un Parlamento son, sin duda, los más valiosos en Andalucía. Aunque no han dejado de sufrir escándalos —incluyendo la pérdida de un sillón por el abandono de Luz Belinda o la baja del candidato el juez Serrano—, son los que, en la práctica, más condicionan al Gobierno. Cada ley del dúo Bonilla-Marín tiene que contar con su aprobación, lo que sitúa al partido de Abascal como la pieza clave en todas las iniciativas. Bonilla lo sabe y no duda en relajar sus intervenciones hacia sus socios preferentes, incluso cuando estos lanzan duras críticas desde el estrado. Los nuevos presupuestos andaluces para 2021 no iban a ser menos. Vox lanzó su farol con una enmienda a la totalidad que le permitió sentarse en la mesa con una posición adelantada. El Gobierno no iba a permitir que sus presupuestos quedaran bloqueados y ha hecho lo que tenía que hacer para velar por los intereses de su proyecto neoliberal: sentarse, negociar y ceder ante quienes en la práctica están marcando la política andaluza.

Vox tiene claro que viene a cambiar las cosas. Desde su denuncia a los chiringuitos socialistas, que sirvió para desinflar los presupuestos a asociaciones feministas, a su apuesta estratégica por aquellas batallas clave que permiten recomponer el campo de las derechas. Así, la tauromaquia y la caza, el antifeminismo —con especial dedicación a luchar contra el derecho al aborto— y la lucha contra la televisión pública son sus tres pilares desde donde avanzan sus ideas y logran apoyos en los sectores más conservadores. Una estrategia muy medida para ganar terreno en la batalla cultural contra los nuevos movimientos sociales y políticos de izquierdas. Desde fuera del Gobierno se sienten más libres para aparecer como críticos cuando Bonilla titubea con posiciones más centristas y, a la vez, se otorgan para sí como victoria cada céntimo de euro que el Gobierno otorga a los espacios comunes de la derecha. Un auténtico win-win con el que dejan más que claro que sus discursos estrafalarios y sus salidas del tiesto están más que medidas, en contra de lo que puede parecer a simple vista.

OBJETIVO CANAL SUR

Una de las batallas que con más ahínco ha peleado Vox ha sido la de Canal Sur. Al tiempo que el Gobierno de Bonilla la convierte en su televisión particular, los de Alejandro Hernando (actual portavoz de Vox) siguen presionando para menguar su financiación. Si hace unos meses saltaba la noticia de que el consejero Juan Bravo inyectaba 11 millones de los fondos covid para la recuperación económica a la televisión autonómica, los nuevos presupuestos retroceden en su inversión recortando en 14 millones su partida para el próximo año. La situación financiera de Canal Sur depende casi exclusivamente del dinero que el Gobierno de turno le otorgue con lo que ahora su crisis se agudiza. Vox ha conseguido también que se elimine una de sus tres cadenas y evita que se cubran los puestos del personal que se jubile, lo que merma así una plantilla envejecida.

Los ultraderechistas ocuparon los titulares con el órdago de cambiar el nombre a la mítica cadena andaluza por, precisamente, el nombre de la cadena que ahora van a suprimir: Andalucía TV. Consiguieron sacar un debate en el que toda la derecha es interesada, tratando de eliminar el legado del PSOE. Canal Sur es una cadena asociada a su régimen de casi 40 años, como lo era el logo de la Junta, y la extrema derecha está por romper con todo lo que huela al socialismo de Díaz, Griñán, Chaves y los suyos. Bonilla no iba a tragar con una polémica a raíz del nombre de la cadena, tan integrada en los usos y costumbres andaluces, pero ese globo sonda fue la distracción perfecta para imponer los recortes en la cadena que ocupan menos titulares. De nuevo, la política performativa de la extrema derecha marca agenda y permite aplicar políticas neoliberales.

A la vez que recortan los ingresos, sus líderes no dejan de copar espacios en la misma. Denuncian falta de pluralidad pero lo cierto es que la presencia de Vox en Canal Sur es cada vez mayor. Si antes atacaban a la cadena, ahora se fijan en los periodistas, a los que apunta y dispara vía redes. Hace un mes ya se encargó Zancajo, el entonces jefe de Canal Sur traído desde Madrid, de cargarse a uno de sus trabajadores por su vinculación con la lucha social y política en Sevilla. Nuestro vecino Ricardo Martín lo denunció así, aclarando que sus supervisores inmediatos no sabían nada del supuesto informe negativo que la dirección ha esgrimido como motivo del cese. A esta persecución laboral y política se suman los escándalos desatados con el regreso de la derechista Mariló Montero, con baja audiencia pero alto salario, a su expareja el polémico Carlos Herrera e, incluso, al hijo de ambos: Alberto Montero Herrera, que, junto con su desconocida empresa, formaron parte de un debate de opinión sobre redes sociales. Todo queda en casa. Poco presupuesto y, el que hay, para fomento de las ideas más neoliberales y conservadoras. Lo contrario a un servicio público y plural. Su propio chiringuito.

JARA Y SEDAL

Los valores clásicos de la identidad más derechista vuelven a recibir su pico en estos presupuestos. La caza toma un primer plano en las reivindicaciones de Vox, contentando así a su electorado y poniendo de los nervios a la izquierda que cada vez toma más distancia de estas prácticas violentas contra los animales. La Federación Andaluza de Caza se colará en nuestros colegios para enseñar a los y las más pequeñas de los beneficios de esta actividad. Si las escuelas debían convertirse en espacios de respeto, convivencia, cuidado del medio y de los animales, con este último giro de tuerca vuelve el gris y la violencia a los pupitres. Esta federación ya ha logrado cosas como saltarse el cierre perimetral para que los cazadores pudieran salir del municipio y acudir a los cotos de caza a ejercer su particular divertimento. ¿Cómo rompemos con la idea de que la caza o la tauromaquia son valores culturales y motores económicos en Andalucía? Son muchas las ecologistas y biólogas que plantean que la mano humana no hace más que alterar el ecosistema. La defensa de la caza como valor de «conservación» solo puede ser defendida por quien entiende que hay que poner tiritas, una detrás de otra, a un medio cada vez más exhausto. Dejar a los animales en paz, que recuperen su equilibrio y restablezcan sus poblaciones solo traería beneficios a la naturaleza, pero no a todos esos negocios cada vez más menguados de los cotos de caza privados o las monterías. Por no hablar de las 6 000 toneladas de plomo que se sueltan a nuestros bosques cada año en la península. Plomo que contamina e intoxica aguas, suelos y animales libres. Cada vez menos personas practican esta actividad dedicada a la muerte y la propuesta de llevarla a las escuelas, es la última ocurrencia de una derecha rancia que quiere conservar sus desfasadas aficiones a toda costa.

BILLETES PARA LOS CAPOTES

Nuestras escasas leyes de protección animal no pueden hacer nada contra la fiesta magna española. Miles de euros son dedicados cada año a una actividad que, además de promover valores un tanto cuestionables, no hace otra cosa que perder seguidores. Con datos de 2016 en la mano, observamos el descenso de esta práctica en los números: solo 386 corridas de toros en toda España para los algo más de 800 toreros registrados. La realidad es que muy pocos de ellos obtienen beneficio económico del asunto. Igual pasa con las ganaderías de lidia, apenas más de 1 000 en España, donde solo el 20% vendió a algún animal para este tipo de festejos. ¿Qué sector hay que rescatar realmente? Parece que poco, más si tenemos en cuenta que el 90% de personas en el Estado español no ha pisado nunca una plaza de toros a no ser que sea para ir a conciertos. En apenas el 20% de las plazas hay algún tipo de actividad relacionada con el maltrato animal.

No hay nada que justifique los 400 000 euros a esta partida: ni un gran número de personas que vivan de ello, ni interés para la sociedad ni tampoco interés cultural. Y es que la Unesco le ha dado un nuevo varapalo al sector de la tortura de toros en este 2020 negándose a reconocer tal aberración como acto cultural. Tal protección solo queda vigente en Andalucía y España.

Cada euro que el Gobierno le roba a la sanidad, la educación, los servicios en dependencia o la lucha contra el cambio climático para destinarlo a la tauromaquia es una cuestión puramente ideológica. Un espectro del voto conservador se siente vinculado a la idea del español como hombre bravo y fornido capaz de enfrentarse a un semental de 300 kilos aunque apenas acudan a las plazas a verlo. Para Vox estas victorias son balas cargadas de motivos para justificar su existencia en el campo de la derecha. ¿Quién si no sería capaz de aumentar inversiones en algo que cada vez se practica menos? ¿Hay otro motivo que no sea el de relanzar esa idea de país tan medieval, basada en el Cid, la sangre taurina y en el macho alfa para liderarlo? Una contraofensiva cultural frente a las ideas de feminismo, cuidados, diversidad y defensa de los derechos de los animales que tanto habían avanzado estos últimos años.

A POR LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS

El presupuesto andaluz para 2021 contempla un aumento en la partida para los centros de menores no acompañados —dados a conocer por la derecha como «menas» para que olvidemos durante un segundo que son menores sin familia—, pero las prestaciones que otorgan no son para mejorar los centros, organizar talleres o ayudarles a formarse y buscar empleo. No, qué va. Vox ha arrancado al Gobierno de Moreno Bonilla un aumento en seguridad. Pero ¿qué implica esto?; ¿de quién hay que defenderse exactamente? La estadística oficial desmiente todos y cada uno de los bulos que hablan de violencia. Por mucho que Vox —y ahora Bonilla— hablen de la necesidad de «barrios seguros», lo cierto es que estos barrios lo son. O son tan poco seguros como el resto donde no se ubican estos centros, según cómo o con qué gafas se mire. No hay menores extranjeros cometiendo delitos por ahí de forma masiva. A nuestros móviles llegan a veces capturas de pantalla de medios de dudosa credibilidad que aluden a estos menores como responsables de los peores delitos, pero la realidad choca de frente contra el bulo. Invertir en seguridad significa criminalizar estos espacios seguros. Hasta ahora, poca gente conoce que estos centros existen en sus ciudades o cuál es su ubicación exacta. Precisamente por seguridad (de las menores) la ubicación no es pública y apenas es conocida por las vecinas de la zona. Sin embargo, si colocan a un segurata en la puerta, solo van a conseguir señalar el punto rojo del conflicto para quienes precisamente quieren provocarlo, y a colocar a estos menores la lucecita de «peligrosos» al tiempo que tratan de encajar en un país que cada día les pone más barreras.

También se esfuerzan estos presupuestos en señalar que será la iniciativa pública la que se favorezca. Algo que en abstracto no está nada mal: luchar contra el servicio concertado. Pero viniendo de donde viene nos hace sospechar. Y es que el discurso de Vox, muy pegado a la denuncia de «chiringuitos» nos habla de que esta prioridad por lo público es más bien una declaración de intenciones para cerrar el grifo a ONGs e iniciativas particulares que son las que salvan la situación cuando la administración desaparece.

A POR UN FINAL FELIZ

La lucha contra el presupuesto no va a llegar desde el arco parlamentario. La aritmética le da a las derechas al menos dos años más de martillo pilón contra todo lo que suene a derechos sociales, servicios públicos y diversidad. Vox vuelve a colocar su teléfono intrafamiliar en la agenda con los presupuestos del 2021. El teléfono intrafamiliar que no discrimina entre el género opresor y el oprimido a la hora de pedir ayuda y en la práctica inutiliza un servicio para proteger a las mujeres como era el 016 que, con mucho espacio de mejora, era una vía segura para alertar sobre violencias machistas. En general, cientos de partidas que de forma directa o indirecta establecen una estrategia clara: ahogar todo lo que favorezca a las mayorías que, a su vez, representan a las minorías más oprimidas. Frente a esto: tejido barrial, cuidados, pelear cada discurso y cada bulo en nuestros centros de trabajo y estudio, y mucha, mucha organización. A pelear.

La lucha por nuestros servicios públicos

El gobierno de derecha-ultraderecha andaluz ha profundizado y extendido los recortes y el discurso público que los sostiene

El alumnado ha vuelto a las aulas al mismo tiempo que sindicatos y la Marea Verde alzaban su voz exigiendo medidas suficientes para un curso con clases presenciales y seguras. A la vez, se hacía cada vez más difícil conseguir una cita de atención primaria en muchos centros de salud a cuyas puertas se forman colas de usuarias indignadas. En este contexto de precarización de nuestros servicios sociales, en plena pandemia de la covid19, charlamos con Sebastián Martín, médico de atención primaria jubilado y portavoz de la Marea Blanca de Sevilla, y con Carmen Yuste, profesora de Secundaria y sindicalista en USTEA.

Los actuales recortes en Educación son la última manifestación de una tendencia que se viene imponiendo desde hace muchos años. El gasto público en Educación en el Estado español no ha llegado nunca al 5% del PIB. Tras una década de recortes, aún no hemos recuperado el nivel de gasto educativo anterior a la última crisis financiera: la inversión educativa es hoy mil millones menor que en 2008. Estos datos no son achacables a un determinado partido, pues la deriva se ha mantenido a lo largo de los años, tanto a nivel estatal como autonómico, con diferentes gobiernos. Esta tendencia, consustancial al actual modelo neoliberal, se ha visto impulsada recientemente por dos procesos interrelacionados. Por un lado, la llegada al Gobierno de Andalucía de la coalición de derecha-ultraderecha con un programa de reformas radicalmente neoliberales en lo económico y profundamente conservadoras en lo moral. Por otro lado, la debilidad de las organizaciones sociales y sindicales para plantar cara a estas políticas, explica Carmen cuando le preguntamos sobre las causas de los recortes en servicios públicos. Sebastián corrobora que los recortes actuales en la sanidad pública vienen de muy lejos. Desde el año 2008, y durante 10 años seguidos, el presupuesto de la sanidad pública andaluza ha sufrido un recorte de mil millones anuales. Es decir, nos encontramos con un agujero real de 10 000 millones de euros. Ahí está la causa principal del deterioro drástico que tiene la sanidad pública.

Carmen profundiza en las causas de los recortes, cuando hablamos de recortes y políticas neoliberales, no nos referimos solo a una disminución de la partida presupuestaria para Educación, sino también al desvío de enormes cantidades de dinero público hacia la empresa privada. En este sentido, los conciertos educativos, aunque venían de atrás, se afianzaron bajo el gobierno central del PSOE en 1985. La externalización de servicios, como los comedores escolares, las actividades complementarias o las monitoras para el alumnado con necesidades especiales la han llevado a cabo gobiernos del PSOE en Andalucía. En fechas más recientes, el Gobierno andaluz de derecha-ultraderecha ha profundizado y extendido los recortes y privatizaciones, y en este momento, hay que destacar dos iniciativas de gran impacto. La primera, los cambios en el proceso de matriculación que permiten que los centros privados concertados amplíen su área de influencia a toda la extensión de las capitales y las ciudades medianas andaluzas, ampliando su nicho de mercado hasta el límite, pues la escuela rural no les resulta rentable. En segundo lugar, el proyecto de llevar el modelo de conciertos al Bachillerato y la Formación Profesional (FP) que, hasta este momento, se habían mantenido, casi en su totalidad, en el ámbito público. Y aquí hay que señalar un dato especialmente significativo y escandaloso: el consejero de Educación, Javier Imbroda, es fundador y expresidente del Grupo Medac, una empresa dedicada a la formación profesional. Como máxima autoridad de la administración educativa andaluza, es Imbroda quien ha autorizado la apertura de varios centros privados de formación profesional del grupo empresarial que fundó y presidía.

Leyendo a Carmen, me vienen a la mente las puertas giratorias entre gobiernos y empresas privadas en un sistema corrupto desde sus cimientos.

A la pregunta sobre cuáles son las diferencias entre el anterior gobierno del PSOE y el actual Gobierno trifachito andaluz, Sebastián y Carmen coinciden en que tanto PSOE como PP han impulsado recortes en servicios públicos «consustanciales al modelo neoliberal». Al mismo tiempo, también ambas opinan que la situación empeora con la gestión de la derecha. Sebastián ilustra esta situación en la sanidad pública: Lo que ha ocurrido en comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, es que la gestión se ha derivado de una manera brutal hacia empresas privadas. Es un modelo mixto en el que la sanidad privada va expandiéndose a costa del deterioro de la pública. Esto no quiere decir que las comunidades donde la llamada «colaboración
público-privada» y la gestión privada se han dado con mayor amplitud tuvieran menor gasto público, pues, muy al
contrario, el coste de todos los hospitales gestionados como sanidad privada ha sido mucho mayor que el de la sanidad pública.

El Gobierno de derecha-ultraderecha andaluz está implantando a marchas forzadas el modelo fracasado de la Comunidad de Madrid en la educación pública andaluza, comenta Carmen coincidiendo con Sebastián en señalar al Madrid gobernado por el PP como la punta de lanza de las medidas neoliberales. Además, añade, estas políticas se defienden públicamente sin complejos, con la excusa de la falta de fondos para sostener desde lo público la totalidad del sistema educativo andaluz y las supuestas bondades de lo que llaman «colaboración público-privada». En las décadas de gobierno del PSOE en Andalucía, las políticas neoliberales encontraban cierto freno y un punto de pudor a la hora de defenderlas, pues este partido se debe a un cuerpo de votantes que, en contra de su aparato, se siente y reivindica «de izquierdas» y tiene una sensibilidad social ausente entre los votantes de la derecha-ultraderecha.

En plena ola de recortes y privatizaciones llegó la pandemia de coronavirus que, según Carmen, creó la esperanza de que, esta vez sí, las circunstancias eran tan graves que a los Gobiernos y quienes los sostienen no les iba a quedar más remedio que ampliar la cobertura de servicios públicos y mejorar la calidad de la educación, aunque solo fuera por evitar la extensión de la enfermedad. Pero la crisis sanitaria solo ha provocado que las carencias en los sistemas de sanidad y educación públicas se hagan más evidentes. Es más, los recortes y privatizaciones se han profundizado y extendido, precisamente con la excusa de la lucha contra el virus. Tratan de imponer la idea de que la mejor manera de combatir la enfermedad es la imposición de enseñanza en línea, acrecentando la brecha digital. El impacto producido por la pandemia y sus consecuencias están favoreciendo que se vea como algo natural la sustitución de la escuela por una pantalla, del profesorado por aplicaciones vendidas por multinacionales, y la imprescindible socialización del alumnado por la distancia y el individualismo inherentes al modelo online. La universalización de la escolarización en la que se ha invertido tanto tiempo, esfuerzo y recursos ha retrocedido décadas.

Sebastián coincide con Carmen en que la llegada de la pandemia ha evidenciado las vulnerabilidades tras los recortes, principalmente, la atención primaria de salud que es la que más recortes sufrió, y todos los programas y servicios pensados para la prevención y la promoción de la salud.

Aquí Sebastián aporta una visión optimista de cara al futuro: La pandemia, en mi opinión, ha hecho reflexionar a mucha gente y a sectores políticos sobre la necesidad de dotarnos de una sanidad pública potente con una atención primaria de la salud con personal y recursos suficientes. Una lección muy importante que ha dado la pandemia.

Afortunadamente, la lucha en defensa de los servicios públicos lleva desarrollándose durante décadas y gracias a ella no estamos peor. Sebastián nos explica que desde la Marea Blanca estamos situando nuestras luchas en una alianza, lo más amplia posible, con otros movimientos sociales, como la Marea Verde y asociaciones vecinales. Al mismo tiempo, desde las mareas blancas estamos denunciando que esta pandemia se ha cebado con los sectores sociales más vulnerables, por ejemplo, en las residencias de mayores y los barrios más empobrecidos, por determinantes de salud tan importantes como el paro, la falta de vivienda, una alimentación inadecuada… Por ello, junto a la necesidad de reforzar los servicios sanitarios públicos, hay que generar un modelo diferente desde lo público, teniendo en cuenta que en torno al 90% de las residencias de mayores están privatizadas. Y también hay que tener en cuenta cómo afectan circunstancias específicas como, por ejemplo, la contaminación ambiental derivada de la incineración de residuos en la cementera de Alcalá de Guadaira. Son cuestiones muy relevantes que vienen a demostrar que las poblaciones que las sufren son, al mismo tiempo, las más proclives a contraer la covid-19 y otras muchas enfermedades como las derivadas del cáncer.

Por su parte, Carmen explica que desde USTEA, como sindicato de enseñanza, enfocamos la lucha contra los recortes desde una doble perspectiva. Como trabajadores y trabajadoras de la escuela pública, tenemos que defender unas condiciones de trabajo dignas que garanticen la seguridad y la salud de todo el personal. En este sentido, no nos cansamos de denunciar la absoluta falta de recursos y la situación de grave desprotección en la que han dejado al personal vulnerable. Como ciudadanía que considera la defensa de los servicios públicos como uno de los principios fundamentales estamos impulsando movilizaciones y visibilizando los problemas que presenta la educación pública. Esto lo hacemos en plataformas amplias que incluyen a toda la comunidad educativa. Nuestras principales reivindicaciones podrían resumirse en dos grandes principios: aumento de la inversión en educación e incremento de personal que permita una bajada de la ratio alumnado/profesorado. La reducción del número de alumnado por aula es una reivindicación que viene de lejos, pues, desde el punto de vista pedagógico, es la única forma de garantizar una atención personalizada que no deje a nadie atrás. Ahora, además, es un imperativo desde el punto de vista de la salud pública, y continúa, en la lucha en defensa de la educación y los servicios públicos, la unidad sindical y el trabajo con todos los sectores implicados es imprescindible y un reto complicado.
A nadie se le escapa que los sindicatos con mayor representación docente tienen un marcado carácter conservador; no es casualidad que una parte importante de los cargos de responsabilidad de la Consejería de Educación provengan de la principal central sindical del sector. Por su parte, las grandes organizaciones sindicales del ámbito de la izquierda llevan años transitando la senda de la concertación y el pacto social, abandonando la movilización, la organización en los centros y evitando, en general, la confrontación. Desde USTEA, además del trabajo a través de los mecanismos de representación ante la administración que nos impone nuestra posición como tercera fuerza sindical en el sector docente, volcamos nuestra actividad en el impulso a los movimientos sociales donde converge la comunidad educativa. Estos movimientos sociales son, en ocasiones, reticentes al trabajo con los grandes sindicatos que, por su parte, rehúyen toda actividad fuera de sus líneas tradicionales. En USTEA, nos sentimos obligadas a hacer de puente entre estos dos mundos que, dada la feroz ofensiva contra los servicios públicos, están condenados a entenderse.

Sebastián refuerza esta idea de la importancia de la unidad en la lucha: En esta lucha en particular, y en todas las luchas en general que vayan encaminadas a conseguir mejoras sociales y libertad, está claro que es esencial conseguir una articulación unitaria de los movimientos sociales, sindicatos, etc. Una coordinación y una alternativa unitaria que permita generar una correlación de fuerzas, desde la población trabajadora y la sociedad civil, para modificar las líneas maestras que el neoliberalismo está llevando a cabo.

Tras estas entrevistas, leyendo a Carmen y Sebastián, saco varias conclusiones entre las que destaco que nos encontramos en un punto de inflexión clave en la defensa de nuestros servicios públicos. Un punto de inflexión entre la mercantilización brutal de nuestras necesidades vitales más esenciales y la construcción de una sociedad diversa sostenida en servicios sociales fuertes. Un punto de inflexión en el que ir hacia uno u otro lado depende, en gran medida, de la participación desde abajo de todas en las luchas. Luchando desde la diversidad y sin sectarismos. Cada vez más, nos jugamos nuestras vidas y las de las nuestras. ¿Cuáles son vuestras conclusiones tras escuchar a Carmen y Sebastián?

Economía social subversiva: La Vacuna

Álvaro González Franco, jefe de Medicina Interna del Hospital Universitario Central de Asturias indicaba en las primeras semanas de epidemia: «Estamos viendo que el daño en los enfermos no es tanto por la lesión que provoca el virus en las células, sino por la respuesta inmune del organismo, que es la inflamación».

Del mismo modo, el daño a la economía no es tanto por los efectos del virus sino por la respuesta del tipo de economía en la que vivimos: la economía capitalista. Una economía que tiene por objetivo la acumulación de capital; para la que solo es trabajo aquel que genera ganancias; que confunde valor con precio; que privatiza los bienes comunes; que necesita la destrucción de la naturaleza; y que usa el dinero para ganar dinero.

La economía capitalista está respondiendo al virus como le es propio: dañando a las personas. Inflamando el dolor para salvarse ella, a costa de la gente. Esta economía es más mortífera que el virus, que todos los virus, pues es ella la causa de su generación; porque tiene una respuesta inmune, para salvarse ella, que no pone en duda el sacrifico de más seres humanos; que no dudará en destruir naturaleza o pequeñas actividades económicas que sostienen muchas vidas.

La economía, sin adjetivo, debe tener como fin mantener y enriquecer la vida. La economía capitalista, sin embargo, solo cumple con este objetivo si es útil para la acumulación de capital. Solo salva vidas si así obtiene ganancias. Las vidas se subordinan al capital.

La economía no es contraria a la salud. La economía capitalista sí. Por tanto, es preciso, más pronto que tarde, cambiar la economía en la que vivimos. Se debe, se puede.

La doctrina del shock a la andaluza

La COVID-19 es un subproducto más de la incesante destrucción de los hábitats por parte del capitalismo global. Los recortes sociales, la deslocalización productiva y la movilidad insostenible han favorecido su letalidad.

Las consecuencias de las catástrofes y las crisis no afectan a todo el mundo por igual. La sociedad andaluza, tras siglos de mal reparto y cuarenta años de políticas neoliberales deslocalizando la economía, recortando derechos y adelgazando el gasto público sanitario, se encuentra más indefensa que otras sociedades ante las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Los datos de desempleo y pobreza antes de la crisis indicaban nuestra peor posición. En los próximos meses esta mala situación empeorará bajo las luces de neón de Canal Sur.

«La locura está en comportarse siempre de la misma manera y esperar un resultado diferente», dijo Einstein. La posición del Gobierno andaluz es pretender salir de la crisis con las mismas líneas políticas que nos han traído hasta aquí. Un claro ejemplo es el Decreto-Ley 2/2020 Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía. Con esta norma mejorará y será más simple la puesta a disposición del capital de todo lo andaluz rentabilizable; llevar al límite aquello de «poner en valor».

Todo por crear «trabajo», dirán, como si lo que nos faltara fuera trabajo y no renta. Hasta son capaces de «vender a la madre, si hace falta», por «progresar» en su desquiciada lógica de acumulación. La «doctrina del shock a la andaluza».

Y venga rollo local

Nada nuevo bajo el sol. Desde la década de 1980 se llevan poniendo en marcha políticas económicas que impulsan el mismo modelo productivo extractivista de siempre, basado en los mismos sectores o actividades productivas y en el mismo tipo de empresa. Empresas de capital, local o foráneo, absorbiendo ganancias en actividades turísticas, agricultura para la exportación o minería. Tal como dice Isidoro Moreno, dos de los tres sectores del «nuevo» modelo productivo los iniciaron los romanos. Y ahí seguimos, «modernizándonos», «innovando».

En todo esto hay un protagonista por encima del bien y del mal; asumido por todos los partidos políticos en los ayuntamientos, en las diputaciones; valorado como positivo, no sujeto a crítica por nadie. ¿Quién es tal ingenio político capaz de unir a gobiernos municipales de fachas y rojos? Las políticas de desarrollo local impulsadas desde la Europa comunitaria. Estas políticas, sin embargo, deberían denominarse «neoliberalismo territorial». Estas políticas han propiciado que las instancias públicas (de ámbitos locales y territoriales subestatales) se mantengan al servicio de la acumulación de capital, propia de la economía capitalista. Para ello, se han basado fundamentalmente en tres elementos:

a) la «puesta en valor» del territorio o mercantilización de cualquier recurso local potencialmente vendible o rentabilizable en términos monetarios;

b) la valorización social de la figura individual del empresario tradicional, renombrado como «emprendedor»;

c) dirigir el gasto público en favor del capital, ya sea local o foráneo. Además, estos elementos se
complementaban con las políticas de «empleabilidad», y se culpabilizaba de su situación a la persona desempleada, y todo se enmarcaba en simpáticos discursos de participación, innovación, actitudes, etc. En los «Andalucía Orienta» se orientaba a las desorientadas personas sin empleo y con déficits de «empleabilidad».

Años y años de enseñar a hacer currículos; de conferencias tipo «Tu proyecto eres tú. Activa tu mejor versión»; de charlas de CEOs de empresas de coaching especializadas en «bienestar organizacional»; de conferencias de «emprendedores locales de éxito» que quebraron año y medio después del motivador discurso; de «coffee break and network», es decir, de tomar un café y una tostada con aceite para mayor gloria del dueño del bar «con carnet» que ha diversificado su actividad hacia el catering a domicilio (a domicilio, sí, que recibió una subvención para comprarse la furgoneta).

En fin, demasiado tiempo de políticas de desarrollo local neoliberal, esa política económica local que apenas ha sido valorada, criticada y mucho menos evaluada. Tanto que tras décadas de implantación en las localidades de Andalucía, continuamos con ratios de desempleo, emigración y pobreza de enorme envergadura.

Nada de ojana: innovación y transformación real

Frente a la economía capitalista, frente al modelo productivo extractivista, frente a tanto rollo y desfachatez, existe la alternativa de un nuevo modelo productivo con la economía social transformadora como agente relevante. Un nuevo modelo productivo transformador que ponga a las personas por delante del capital; que democratice las oficinas, las fábricas o los cortijos.

Un verdadero modelo productivo innovador se debe guiar, paradójicamente, mirando atrás, a los valores jornaleros del cumplir, la unión y el reparto; debe profundizar en la propiedad colectiva de los medios de producción y servir para que las personas dejen de ser meras mercancías en búsqueda de un salario. Cuando hoy queremos que la economía social transforme Andalucía no estamos inventando nada nuevo: está en la tradición del primer cooperativismo andaluz, aquel que, como nos recuerda el profesor Carlos Arenas, tuvo como motores la libertad y la voluntad salida de la ideología transformadora y el conocimiento.

La economía social y el cooperativismo transformador pueden suponer una vía para que Andalucía sea dueña de sus recursos y actividades económicas y los dirija a satisfacer las necesidades prioritarias de la población andaluza en materia de empleo, de vivienda, de alimentación, etc. Además, desde las entidades o prácticas socioeconómicas transformadoras es posible avanzar en una Andalucía más democrática y solidaria. En fin, como planteaba M. Haubert en 1984, creemos que es posible construir una economía social andaluza con vocación subversiva capaz de unir a las mujeres y hombres de los grupos sociales dominados y explotados y, de este modo, hacer que no haya en Andalucía tanta dominación y tanta explotación.

Convencimiento para la autogestión

Para lograr lo anterior hay mucho camino por recorrer. A continuación planteamos algunas ideas que quizás lo facilitarían. En primer lugar, creemos necesario construir y difundir un discurso de economía social y solidaria transformadora. En Andalucía la economía social tiene como referencia hegemónica el cooperativismo agrario. Un cooperativismo de propietarios de tierras que ha afianzado la desigualdad en la propiedad de la tierra, la precariedad en el trabajo jornalero dependiente y que es básico en la especialización andaluza, en la globalización, en la exportación de productos agrarios (aceite, aceituna mesa, hortofrutícolas agricultura intensiva). Cualquier estrategia de impulso de la economía social transformadora debe impugnar este cooperativismo, esta economía social hegemónica.

En segundo lugar, hay que formular nuevas políticas de desarrollo local. Frente a estas políticas de neoliberalismo territorial hay que apostar por un desarrollo local transformador, comunitario, que tenga como agente fundamental la economía social transformadora. Entender por desarrollo local transformador al conjunto de estrategias políticas y elementos teóricos cuyo objetivo sea la mejora y el aumento de la capacidad que las personas que habitan un determinado territorio tiene para resolver sus problemas económicos y, así, mantener y enriquecer su vida. Las entidades o prácticas de economía social transformadora se convertirían en la base de otro desarrollo territorial o local.

En tercer lugar, asumir que la economía la hacemos nosotros y nosotras. Para que surjan entidades de economía social transformadora, cooperativistas, prácticas de consumo consciente, ahorro ético y solidario, etc., es preciso dejar de pensar que «la economía la hacen otros»; que los problemas económicos se resuelven desde arriba, desde afuera, desde otros. Esta es la antítesis de la autogestión, imprescindible para alcanzar otro modelo económico.

La economía social con vocación transformadora, el desarrollo local transformador comunitario, las prácticas socioeconómicas transformadoras (producción, distribución, consumo o ahorro) no son consideradas como alternativas a la actual economía de la propiedad privada, el trabajo asalariado y el valor de cambio por casi ninguna fuerza de política institucional, sindical o social. Para cambiar esta situación es esencial afianzar y convencer del potencial de transformación desde la producción, el consumo, la distribución y las finanzas y, a partir de ahí, aumentar la intercooperación con otras organizaciones e impulsar que la gente quiera ser parte de esta economía social con vocación transformadora. Es decir, la economía la hacemos nosotros y nosotras y, a partir de ahí, es preciso impulsar un discurso socioeconómico alternativo asumido por todas las fuerzas sociales, sindicales y políticas que aspiren a la transformación social. De este modo se mejorará la necesaria intercooperación entre los diversos movimientos.

No le cojan gusto a las cadenas

La economía capitalista, la acumulación de poder, la «distancia y disciplina social» nos ha traído hasta aquí: una crisis sistémica precipitada por un virus. Frente a esto podríamos avanzar hacia la distribución del poder, del capital, de los trabajos; hacia la asunción de responsabilidades colectivas e individuales no disciplinarias; hacia la cooperación que acorte distancias. El reparto, el cumplir y la unión, ideas y valores de las luchas jornaleras, de esa gente que «habla tan mal», y que están plenamente vigentes para nuestras luchas socioeconómicas actuales.

«Lo peor de la condena, es cogerle el gusto a las cadenas.» Dice una letra de Isabel Escudero cantada por Rocío Márquez. Acabemos con la condena, despreciemos las cadenas, como el trabajo asalariado dependiente o el marco capitalista que nos asfixia, y busquemos prácticas socioeconómicas transformadoras que aumenten nuestros grados de autonomía; impugnando de forma nítida la economía capitalista.

La Junta aprovecha la pandemia para aprobar un decreto de desregulación neoliberal

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprovechado el actual estado de alarma para aprobar y convalidar un decreto ley titulado «de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía». Un golpe que pretende desregular nuestra economía para favorecer los intereses privados en contra del control e interés público.

El Decreto Ley 2/2020 fue convalidado el 9 de marzo por la Mesa del Parlamento, al estar sus sesiones plenarias suspendidas a propuesta de Vox. Con solo 10 votos a favor (PP, Cs y Vox) y 8 votos en contra (PSOE y Adelante Andalucía), se cambian 28 importantes normas legales, algunas aprobadas por unanimidad por el propio Parlamento. Cuando la población andaluza empezaba a ser consciente de la dramática situación a la que entraba, cargada de temores e incertidumbres, 10 parlamentarios deciden, con alevosía y sin posibilidad de debate ni participación pública, cambiar 22 leyes y decretos leyes y 6 decretos.

Por el número y la importancia de las normas modificadas, lo lógico es que se hubiera tramitado un proyecto de ley y no un decreto ley. Esta estratagema legal ha permitido eludir la fase de información púbica que obliga todo decreto, y las fases de tramitación en comisiones y enmiendas en el Parlamento, que conlleva también un proceso de audiencia a las entidades ciudadanas interesadas. El voto de 10 diputadxs ha bastado para este pucherazo legislativo; han decidido por 8 414 240 habitantes de Andalucía.

Este decreto supone un total de 154 modificaciones repartidas en 22 leyes y 6 decretos aprobados entre 1991 al 2019, y que nada tiene que ver con la crisis sanitaria que estamos viviendo. Y es también una clara muestra de la salida que la derecha y la extrema derecha de nuestro país quiere darle a la situación de pandemia. Como si nada hubiera ocurrido con la crisis económica originada por la estallido de la burbuja inmobiliaria, aprovechan la pandemia para justificar cambios legislativos de profundidad bajo la óptica del neoliberalismo; cuando más necesitamos del Estado y de las políticas públicas, PP-Cs-Vox aprueban una batería de normas para desregular la economía.

El extraño decreto deconstructivo consta de 29 artículos, 1 disposición adicional, 17 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 4 disposiciones finales. Pero lo que más llama la atención son sus 30 folios iniciales de «justificación». A esto se le dedica un gran esfuerzo, parece que les cuesta justificar lo injustificable.

En esta justificación se afirma que «las incertidumbres derivadas del brexit o de las tensiones de desaceleración económica, […] la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19 [sic], suponen evidentes razones que hagan prever una mayor desaceleración del crecimiento económico que alcanzará a la economía de Andalucía». Sigue insistiendo en que «el cambio de expectativas a nivel internacional y la ralentización económica, intensificada en las últimas semanas, obligan a tomar decisiones de política económica […] y la Administración autonómica ha de poner el acento en las políticas económicas de oferta […] lo que obliga a revisar aspectos tales como el exceso de regulación y sus costes para las empresas…» . En definitiva, una clara afirmación de que, aprovechando la pandemia de la covid-19, la prioridad es facilitar los negocios, introduciendo un liberalismo a ultranza.

El decreto ley modifica gran parte de la normativa autonómica en materia de urbanismo y medio ambiente, abriendo las puertas a una desregulación que, vista la reciente experiencia de la burbuja inmobiliaria, puede provocar importantes daños medioambientales, territoriales, sociales, sanitarios y de patrimonio histórico, y a fomentar, entre otras cosas, la especulación urbanística y la privatización de servicios públicos.

Analizando el articulado del decreto ley destacamos las siguientes modificaciones:

Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Se modifica el Anexo II incluyéndose Planificaciones y Actividades de Intervención Singular de Interés autonómico. El anexo hace un listado de 18 Actividades de Planificación (de la red de carreteras, de la red ferroviaria, de los puertos, de aeropuertos, hidrológica…) y 14 Actividades de intervención singular (nuevas carreteras nuevas líneas ferroviarias, nuevos puertos, aeropuertos, embalses de más de 15 hectómetros cúbicos, transformación en regadío de zonas con superficie igual o superior a 500 hectáreas, urbanizaciones residenciales supramunicipales, grandes establecimientos comerciales, turísticos e industriales, etc.). Todo tipo de planes y de actuaciones de fuerte impacto territorial que, al declararse de «interés autonómico», se equiparan a actuaciones de utilidad pública e interés social. Es decir, se pueden hacer en cualquier tipo de suelos y con todo tipo de facilidades, obligando a su integración en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de los municipios.

Ley 1/2002 de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina

Para la actividad de cultivos marinos se exige solo la autorización de la Consejería correspondiente, evitando la necesidad de informe favorable de Demarcación de Costas para la ocupación del Dominio Público Marítimo y Terrestre, hecho que puede ser contrario a lo determinado por la Ley de Costas.

Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía

Se modifican la LOUA para reducir el plazo del informe de la Junta de Andalucía de verificación del cumplimiento de la normativa sectorial, de tres a un mes. Si ya no se suele evaluar el informe en ese plazo de tres meses, esta reducción dificultará más su elaboración, por lo que no se garantizará el cumplimiento de la normativa sectorial en los planes urbanísticos.

También se elimina la obligación de tramitar planes especiales y proyectos de actuación para la implantación en suelo no urbanizable de infraestructuras hidráulicas y energéticas, y para canteras y minas. Estas actuaciones, cuyos planes hasta ahora estaban sometidos a un procedimiento de evaluación ambiental estratégica, solo necesitarán un informe favorable de la Junta de Andalucía.

Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

Se modifica el Anexo I de la Ley para rebajar sustancialmente el estándar de evaluación de los tendidos eléctricos de más de 3000 metros, a los que se les exigía Autorización Ambiental Unificada, bastante rigurosa. Ahora, con menos de 15 000 metros solo necesitarán Calificación Ambiental, que emiten los ayuntamientos

Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía

Se suprime el punto seis del artículo 25 que decía «Con carácter general, no se podrán incluir en los programas de actuaciones de canalización superficial o subterránea de cursos fluviales». Es decir, que ahora si se podrán canalizar los ríos.

Se va a permitir la aportación de recursos externos o no convencionales para la mejora del estado de las masas de agua y la satisfacción de las demandas. Es decir, que si un acuífero se declara contaminado, en vez de corregir las causas que lo motiva, pueden recargarlo con recursos externos, traídos de cualquier sitio —trasvases, depuradoras, desalación, etc.— con tal de satisfacer las demandas.

También se incluye una disposición adicional por la que se permite el uso del Dominio Público Hidráulico a empresas privadas cuando realicen obras o inversiones en el mismo. Mediante decreto, los cauces fluviales se podrán canalizar, soterrar, desviar, hormigonar, etc., por interés privado

Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público de Andalucía

La modificación habilita a enajenar todo el patrimonio público agrario de la Junta de Andalucía, en su mayoría trasferido del Estado desde el extinto IRYDA. Es una pérdida patrimonial importante, cuando algunas fincas tienen un gran valor ambiental, están en terrenos inundables, son colindantes con terrenos forestales, etc. Y potencialidades para fomentar una economía social ligada a cooperativas de trabajadores del campo.

Ley 13/2011 del Turismo de Andalucía

Se realizan 17 modificaciones. Entre ellas, se deja de considerar alPlan General del Turismo como Plan con Incidencia en la Ordenación del Territorio, eludiendo la obligación de someterlo a evaluación ambiental estratégica.Según el Gobierno andaluz, la principal industria andaluza, con fuerte implantación y consumo de suelo, territorio y paisaje, no incide en el territorio y no requiere evaluarla ambientalmente. También se elimina laEstrategia de Turismo Sostenible de Andalucía. La sola mención a la sostenibilidad no interesa a la Junta de Andalucía.

Y se elimina el principio básico de unidad de explotación de apartamentos turísticos; los establecimientos pueden constituirse en propiedad horizontal. Es una forma de convertir apartahoteles en uso residencial. Más especulación.

Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía

Se elimina la obligación de someter a evaluación del impacto en la salud a las actividades y proyectos que se localicen a una distancia superior a 1000 metros de una zona residencial. O sea, que algo que está a un kilómetro de distancia ya no afecta a la salud; lo que, en tiempos de coronavirus y de emergencia climática, resulta patético y ridículo.

Decreto 18/2015 que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados

Se elimina la prohibición de que en los proyectos de recuperación voluntarias de suelos contaminados se contemplen como alternativa la técnica de confinamiento in situ del suelo tratado. Esto supone que tanto los suelos de Palomares, en Almería, como los de fosfoyesos en Huelva, con contaminación radioactiva, pueden quedarse en el sitio.

Decreto 109/2015 que aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía

Se elimina la obligación de soluciones conjuntas para acceder a los servicios básicos de las urbanizaciones ilegales, con el aplastante argumento de que «es difícil alcanzar un acuerdo entre los propietarios vecinos». Más facilidades para las viviendas ilegales. A los cientos de urbanizaciones ilegales existentes en Andalucía, con más de 3 00 000 viviendas, no se les exigirá para su regularización ni red de alcantarillado ni depuradora. Esto se califica de «mejora», según el decreto 2/2020.

Tras tres amnistías para las viviendas ilegales aprobadas por el anterior Gobierno de la Junta (PSOE) y por el actual (PP-Cs con apoyo de Vox), ahora se modifica de nuevo la normativa para favorecer al urbanismo ilegal, con el agravante de que se pretende permitir vertidos de aguas sin depuración al dominio público con parámetros de contaminación más altos que los exigidos a las estaciones depuradoras de aguas residuales de poblaciones y de urbanizaciones legales.

Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.

Se suprime el apartado ocho que decía: «La Consejería competente en materia de cambio climático deberá elaborar, con una periodicidad no superior a dos años, la huella de carbono de Andalucía, basada en el inventario de emisiones gases de efecto invernadero». Ya esto no será necesario, Andalucía no se molestará en conocer su huella ecológica.

La Junta de Andalucía no solo se ha comportado así con el Decreto 2/2020; también, en plena alarma sanitaria, ha sometido a consulta pública la prolongación temporal y ampliación de la actividad de los vertederos de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva (Huelva) y Bolaños (Jerez). Son auténticas bombas de relojería con millones de toneladas de residuos tóxicos enterrados. La Junta de Andalucía, en vez de clausurar esos vertederos y fomentar un genuino programa de Economía Circular y de Producción Limpia en Andalucía, pretende prolongar su funcionamiento.

Es lamentable la forma de legislar que representa este decreto ley, su pretendida justificación y la forma y momento de validación; esperamos que este modelo fraudulento no se extienda al resto del Estado.

Por lo pronto, 80 colectivos sociales ya hemos solicitado al Defensor del Pueblo Español que presente un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto ley de la Junta de Andalucía. Los argumentos jurídicos son sólidos. Un decreto ley debe justificarse por «un caso de extraordinaria y urgente necesidad». Visto el contenido de las modificaciones legislativas no parece que impida una tramitación normalizada mediante un proyecto de ley, con su preceptivo periodo de enmiendas, debate en comisión, audiencia a entidades interesadas, publicidad y, también, la posibilidad de que la ciudadanía se movilice, lo que ahora ha sido imposible debido a las limitaciones que impone el estado de alarma. Además, estas modificaciones legales vulneran el derecho constitucional de todos los españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado y quebranta la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, vulnerando normativa básica estatal.

El Gobierno central ha acordado ya recurrirlo al Tribunal Constitucional, pero parece dispuesto a llegar a un acuerdo con la Junta para retirar el recurso si modifica los artículos que pueden invadir competencias estatales relativas a la protección del patrimonio cultural contra los expolios y a la comunicación audiovisual. Lo demás le da igual.

Ante el escándalo suscitado, la Junta parece también dispuesta a tramitar el decretazo como ley en el parlamento, eso sí, manteniendo su vigencia hasta tanto. Con Vox tienen la mayoría asegurada.

Estándar para el andaluz/ÊTTANDÂ PAL ANDALÛH

La historia del surgimiento de una ortografía normalizada andaluza/ La Îttoria der çurhimiento  d'una ortografía normaliçá andaluça

Escribir en andaluz no es nada original o descabellado: a lo largo de la historia, muchos han sido los que lo han hecho. Juan Ramón Jiménez, Nobel de litera­tura, lo hacía porque la ortografía cas­tellana no reflejaba bien lo que luego él recitaba. Los Quintero lo hacían en los diálogos de los andaluces de sus obras teatrales. Cientos de autores de anto­logías flamencas lo han hecho para plasmar las letras manteniendo la so­noridad, métrica y rima de los cantes. Incluso todas nosotras, actualmente, lo usamos en nuestras redes sociales y medios de comunicación digital. ¿Quién no ha escrito pa en vez de para? Sin embargo, todos estos casos tienen en común que la transformación de habla a texto se sigue sin una norma fija, a menudo de manera deslabaza­da, incompleta e inconsistente.

En las últimas décadas, va­rios han sido los intentos de establecer unas reglas ortográficas para el anda­luz, todas ellas alrededor de la Zoziedá pal Ehtudio’el Andalú (ZEA). Estas pro­puestas han sido iniciativas de carác­ter individual, entre las que destacan las de G. Reondo, H. Porrah, X. Ashra, J. Arjhona y T. Gutier / P. Arbadulí. Todas estas consiguen desde un prin­cipio identificar con claridad los pro­blemas fundamentales que deben ser resueltos a la hora de desarrollar una ortografía andaluza, aunque cada pro­puesta da diferentes soluciones. A pe­sar de su rigurosidad, estas propuestas han tenido un uso muy restringido a ciertos círculos académicos y no han prácticamente trascendido al conjunto de la sociedad andaluza.

En marzo de 2017, Huan Porrah publica la traducción al an­daluz mijeño de El principito, obra de Saint-Exupéry, provocando una gran repercusión (en la mayoría de casos negativa) en los medios de comunica­ción y en redes sociales. Como reacción a esto, nace de forma espontánea en Facebook un grupo de apoyo al autor llamado Er Prinçipito Andalûh, donde se reúnen un grupo de filólogas, tra­ductoras, historiadoras de la lengua y aficionadas a la lingüística en general. En dicho grupo intercambian impre­siones y respuestas, desde el conoci­miento, a los ataques recibidos hacia Porrah. Muy pronto vuelven su aten­ción a la (falsa) afirmación de que «el andaluz no se puede escribir porque en Huelva no se habla igual que en Alme­ría» —como si el inglés de Bristol fuese igual al de Glasgow—, y se comienzan a preguntar: y si hubiese de existir una ortografía que aúne todas las variantes del andaluz, ¿cómo sería?

Esta pregunta comienza un proceso abierto en redes sociales donde cada decisión ortográfica se somete a debate y análisis. Al principio decenas y al final cientos de personas, contrastan durante meses las distintas soluciones posibles hasta llegar a un consenso para cada una de ellas. Algu­nas de las líneas fundamentales en la elaboración de la ortografía fueron:

Debe ser integradora y estandarizante de las distintas variantes del andaluz.

Debe ser a su vez flexible para escribir registros específicos.

Debe contemplar un menor uso de grafemas y simplificación de los valores fonéticos.

Debe permitir contracciones y sinalefas.

Debe ser comprensible en ausencia de acentos.

Debe estar alineada diacrónica y sin­crónicamente con las demás ortografías romances.

Debe poder escribirse en un teclado con­vencional.

Debe ser estéticamente agradable y elegante.

Este proceso culmina en fe­brero de 2018 con la publicación de la Propuesta Ortográfica EPA (Êttandâ Pal Andalûh), una propuesta rigurosa, com­pleta y coherente para la escritura del andaluz en todas sus variantes, y sea cual sea la consideración lingüística que se tenga hacia la modalidad o lengua andaluza. El hecho de que participen tantas personas de conocimientos lin­güísticos y procedencias tan diversas, dota a la propuesta de una amplitud y una consistencia nunca vista antes en una ortografía andaluza.

Gracias a esta consistencia, combinada con una eficaz estrategia de comunicación en redes, la propues­ta EPA comienza a extenderse lenta pero firmemente durante el año 2018. Sin embargo, existen una serie de cir­cunstancias que limitan en parte su expansión. En primer lugar, a pesar de que la propuesta establece claramente las reglas de escritura, no existía un diccionario de consulta ortográfica para que las personas en proceso de aprendizaje pudiesen resolver sus du­das. En segundo lugar, la ausencia de textos grafiados en EPA hacían compli­cado que muchas personas empezasen a naturalizarla a través de la lectura. Para dar respuesta a ambas cuestiones surge AndaluGeeks, un colectivo de programadoras informáticas de có­digo libre y abierto, que se fijan como objetivo el desarrollo de herramientas digitales que asistan tanto al aprendi­zaje de la ortografía como a la produc­ción de textos en EPA. Este colectivo comienza a trabajar en verano de 2018 y culmina su primer desarrollo en fe­brero de 2019 con la publicación de su Transcriptor Andaluz.

El impacto del transcriptor de AndaluGeeks es muy notable tanto en redes como en medios de comuni­cación, apareciendo en multitud de periódicos y cadenas de radio y tele­visión. La aplicación recibe decenas de miles de descargas y visitas, y se produce un claro ascenso de cuentas en redes sociales que usan EPA para escribir sus publicaciones. Tras la pu­blicación de Transcriptor, el colectivo se enfoca en otra aplicación para asistir a la expansión del andaluz escrito: el primer teclado digital en EPA con dic­cionario predictivo en andaluz, que se publica en febrero de 2020.

La expansión de la EPA no se ha visto limitada al mundo digital, sino que también se ha dado en el analógi­co. Como muestra basta con indicar la aparición en estos últimos dos años de multitud de pancartas en manifesta­ciones, ilustraciones, poemarios, cami­setas, pintadas y grafitis, artículos en prensa y tatuajes, entre muchas otras expresiones artísticas y culturales. Es­pecialmente notable es la penetración de la EPA en el mundo de la música, con varios proyectos musicales de cierto im­pacto adoptando esta escritura para la publicación de sus trabajos. Destacan principalmente la FRAC, Cadipsonians, Trandalûh y Califato 3/4, los cuales con­tribuyen al prestigiado de la escritura en andaluz en general, y de la ortografía EPA en particular.

Como conclusión, la ortogra­fía EPA representa un hito histórico de tremenda singularidad. El desarrollo de una propuesta ortográfica colecti­va, colaborativa y sin ningún tipo de apoyo económico ni institucional, es un caso único en el mundo de habla hispana (y posiblemente a nivel mun­dial). Adicionalmente, es la primera vez que una ortografía andaluza se extiende con tanta profusión a lo largo de toda nuestra geografía y con tanta repercusión en el mundo digital. El fu­turo dirá si esto será la base para una futura normalización de la escritura del andaluz contemporáneo.

Êccribîh n’Andalûh no’ ná orihinâh o dêccabeyao; a lo largo la îttoria, muxô an çío lô que l’an exo. Huan Ramón Himenêh, Nobê de Literatura, l’açía porque la ortografía câtteyana no re­flehaba bien lo q’aluego ér reçitaba. Lô Quintero lo açían en lô diálogô de lô andaluçê de çû obrâ teatralê. Çien­tô d’autorê d’antolohíâ flamencâ l’an exo pa plâmmâh lâ letrâ manteniendo la çonoriá, métrica y rima de lô cantê. Incluço toâ noçotrâ, âttuarmente, lo uçamô en nuêttrâ redê çoçialê y me­diô e comunicaçión dihitâh. ¿Quién n’a êccrito “pa” en bêh de “para”? Çin embargo, tôh êttô caçô tien en común que la trâfformaçión de abla a têtto çe çige çin una norma fiha, a menudo de manera dêl-labaçá, incompleta e in­conçîttente.

En lâ úrtimâ décadâ, bariô an çío lô intentô de êttableçêh unâ re­glâ ortográficâ pa el andalûh, toâ eyâ arreôh de la “Zoziedá pal Ehtudio’el Andalú” (ZEA). Êttâ propuêttâ an çío iniçiatibâ de caráttê indibiduâh, entre lâ que dêttacan lâ de G. Reondo, H. Po­rrah, X. Ashra, J. Arjhona y T.Gutier/P. Arbadulí. Toâ éttâ conçigen dêdd’un prinçipio identificâh con clariá lô po­blemâ fundamentalê q’an çêh reçuertô a la ora de deçarroyâh una ortografía andaluça, aunque cá propuêtta da di­ferentê çoluçionê. A peçâh de çu rigu­roçiá, êttâ propuêttâ an tenío un uço mu rêttrinhío a çiertô çírculô académi­cô y no an prátticamente trâççendío ar conhunto de la çoçiedá andaluça.

En março 2017, Huan Po­rrâ publica la tradûççión al andalûh “miheño” de “Er prinçipito”, obra de Saint-Exxupéry, probocando una gran repercuçión (en la mayoría de caçô ne­gatiba) en lô mediô de comunicaçión y en réê çoçialê. Como reâççión a êtto, naçe de forma êppontánea en Façe­book un grupo d’apoyo al autôh yamao “Er Prinçipito Andalûh”, donde çe reú­nen un grupo de filólogâ, tradûttorâ, îttoriadorâ de la lengua y afiçionâh a la linguíttica en henerâh. En dixo grupo intercambian impreçionê y rêppuêttâ, dêdde er conoçimiento, a lô ataquê reçibíô por Porrâ. Mu pronto guerben çu atençión a la (farça) afirmaçión de “l’andalûh no çe puede êccribîh porque en Guerba no çe abla iguâh que en Ar­mería” —como çi el inglêh de Bristol fueçe iguâh ar de Glasgow—, y çe co­miençan a preguntâh: y çi ubieçe de êççîttîh una ortografía que aúne toâ lâ bariantê del andalûh, ¿cómo çería?

Êtta pregunta comiença un proçeço abierto en réê çoçialê don­de cá deçiçión ortográfica çe çomete a debate y análiçî. Durante étte, ar prinçipio deçenâ y ar finâh çientô e perçonâ, contrâttan durante meçê lâ dîttintâ çoluçionê poçiblê âtta yegâh a un conçenço pa cá una de eyâ. Argunâ de lâ líneâ fundamentalê en la elabo­raçión de la ortografía fueron:

Debe çêh integraora y êttandariçante de lâ dîttintâ bariantê del Andalûh.

Debe çêh a çu bêh flêççible pa êccribîh rehîttrô êppeçíficô.

Debe contemplâh un menôh uço de grafe­mâ y çimplificaçión de lô balorê fonéticô.

Debe permitîh contrâççionê y çinalefâ

Debe çêh comprençible en auçençia de açentô.

Debe êttâh alineá diacrónica y çincrónica­mente con lâ demâh ortografíâ romançê

Debe podêh êccribirçe en un teclao com­bençionâh.

Debe çêh êttéticamente agradable y elegante.

Êtte proçeço curmina en fe­brero de 2018 con la publicaçión de la Propuêtta Ortográfica EPA (Êttandâ Pal Andalûh)1, una propuêtta riguroça, completa y coerente pa la êccritura del andalûh en toâ çû bariantê y çea cuâ çea la conçideraçión linguíttica que çe tenga açia la modaliá/lengua an­daluça. El exo de que partiçipen tantâ perçonâ, de conoçimientô linguítticô y proçedençiâ tan diberçâ dota a la pro­puêtta de una amplitûh y una conçît­tençia nunca bîtta antê en una ortogra­fía andaluça.

Graçiâ a êtta conçîttençia, combiná con una eficâh êttratehia de comunicaçión en redê, la propuê­tta EPA comiença a êttenderçe lenta pero firmemente durante l’año 2018. Çin embargo, êççîtten una çerie de çircûttançiâ que limitan en parte çu  êppançión. En primêh lugâh, a peçâh de que la propuêtta êttableçe clara­mente lâ reglâ de êccritura, no êççîttía un dîççionario de conçurta ortográ­fica pa que lâ perçonâ en proçeço de aprendiçahe pudieçen reçorbêh çû dudâ. En çegundo lugâh, la auçençia de têttô grafiáô en EPA açían compli­cao que muxâ perçonâ empeçaçen a naturaliçâl-la a trabêh de la lêttura. Pa dâh rêppuêtta a ambâ cuêttionê çurhe AndaluGeeks, un colêttibo de progra­maorâ informáticâ de código libre y abierto, que çe fihan como ôhhetibo er deçarroyo de erramientâ dihitalê que açîttan tanto al aprendiçahe de la or­tografía como a la prodûççión de têttô en EPA. Êtte colêttibo comiença a tra­bahâh en berano de 2018, y curmina çu primêh deçarroyo en febrero de 2019 con la publicaçión de çu Trâccrîttôh Andalûh2.

El impâtto der trâccrîttôh de AndaluGeeks êh mu notable tanto en redê como en mediô de comuni­caçión, apareçiendo en murtitûh de periódicô y caénâ de radio y telebiçión. La aplicaçión reçibe deçenâ de milê de dêccargâ y biçitâ y çe produçe un claro âççenço de cuentâ en redê çoçialê que uçan EPA pa êccribîh çû publicaçionê. Trâ la publicaçión de trâccrîttôh, er colêttibo çe enfoca en otra aplicaçión pa açîttîh a la êppançión del andalûh êccrito: er primêh teclao dihitâh en EPA con dîççionario predîttibo en an­dalûh, que çe publica en febrero de 2020.

La êppançión de la EPA no ça bîtto limitá ar mundo dihitâh, çino también al analóhico. Como muêttra bâtta con indicâh la apariçión en êttô úrtimô dôh añô de murtitûh de pan­cartâ en manifêttaçionê, ilûttraçionê, poemariô, camiçetâ, pintâh y grâffi­tî, artículô en prença y tatuahê, entre muxâ otrâ êppreçionê artítticâ y cur­turalê. Êppeçiarmente notable êh la penetraçión de la EPA n’er mundo de la múçica, con bariô proyêttô muçicalê de çierto impâtto adôttando êtta êccri­tura pa la publicaçión de çû trabahô. Dêttacan prinçiparmente la FRÂC, Ca­dipsonians, Trandalûh y Califato 3/4, lô cualê contribuyen ar prêttihiao de la êccritura en andalûh en henerâh y de la ortografía EPA en particulâh.

En concluçión, la ortogra­fía EPA repreçenta un ito îttórico de tremenda çingulariá. Er deçarroyo de una propuêtta ortográfica colêtti­ba, colaboratiba y çin ningún tipo de apoyo económico ni îttituçionâh êh un caço único n’er mundo de abla îppana (y poçiblemente a nibêh mundiâh). Adiçionarmente êh la primera bêh q’una ortografía andaluça çe êttiende con tanta profuçión a lo largo de toa nuêttra hografía y con tanta reper­cuçión n’er mundo dihitâh. Er futuro dirá çi êtto çerá la baçe pa una futura normaliçaçión de la êccritura del an­dalûh contemporáneo.

ESTE ARTÍCULO HA SIDO ESCRITO EN ORTOGRAFÍA CASTELLANA Y ANDALUZA PARA EJEMPLIFICAR Y PARA AYUDAR A QUIEN LO LEE A INFERIR Y ESTABLECER UNA CORRESPONDENCIA ENTRE UNA Y OTRA

Fuego en la fresa de Huelva

A lo largo del año 2019, se han contabilizado trece incendios graves en los múltiples asentamientos chabolistas de las zonas freseras en la provincia de Huelva. El último, durante la madrugada del 14 de diciembre en el asentamiento del polígono indus- trial San Jorge de Palos de la Frontera, se llevó por delante la vida de un joven marroquí de 23 años.

El contexto

La realidad es que, a día de hoy, en torno a mil quinientos jornaleros y jornaleras viven en asentamientos chabolistas en las zonas agrícolas de frutos rojos de Huelva y el único motivo que les trae y mantiene aquí es la demanda creciente de mano de obra. La falta de recursos públicos destinados a locales de acogida y hospedaje, junto al elevado precio de los alquileres y la reticencia de la población autóctona a alquilarles pisos, hacen que proliferen estos asentamientos. Y así, en pleno siglo xxi, en Europa, miles de trabajadores y trabajadoras extranjeras que sostienen el crecimiento agrícola y los beneficios de grandes empresas, viven hacinados en habitáculos que ellos mismos fabrican con desechos de las producciones agrícolas; principalmente palés, cartones y plásticos. Viven en condiciones infrahumanas que vulneran varios derechos humanos como el acceso al agua potable, al saneamiento o a una vivienda digna. Con el paso de los años y la falta de alternativas, estos asentamientos se han convertido en núcleos habitacionales permanentes para unas personas a las que se les niega su sitio en Europa mientras se les explota durante su jornada laboral aprovechando su situación de vulnerabilidad.

Hay un factor determinante a tener en cuenta: mas del 90% de la población que habita estos asentamientos son personas migrantes africanas, tanto del Magreb como de África Central, en situación administrativa regulada con permiso de residencia y trabajo, o no regulada. Sobre estas personas pesa una ley de extranjería excluyente que les exige primero demostrar documentalmente que llevan tres años en nuestro territorio sin permisos, es decir, sin existir administrativamente y, por tanto, sin poder acceder a ningún puesto de trabajo legalmente ni a contratos de alquiler o cuentas bancarias. Una vez logrado, deben adjuntar a la solicitud un contrato laboral de un año de duración. En estas circunstancias es muy frecuente encontrar en los asentamientos a personas que llevan en nuestro país mas de diez años sin poder regularizar su situación y con pocas expectativas de poder hacerlo, que encuentran en estos asentamientos la única alternativa habitacional. Estas circunstancias de vulnerabilidad extrema, el temor a no poder conseguir papeles o a perderlos, su propia cultura en origen, la impunidad del sector empresarial y la inacción de las instituciones han facilitado la completa exclusión social de este sector de población.

Y llegados a este punto podríamos preguntarnos, ¿por qué vienen? Muy fácil, ¡porque les necesitamos! Se estima que la campaña de la fresa y frutos rojos de Huelva, que en 2018 generó más de 1000 millones de euros de beneficios, genera 90 000 puestos de trabajo. Más de la mitad es mano de obra recolectora; de esta, más del 95% son personas migrantes venidas principalmente de África, Europa del Este y América Latina. En 2019, el Servicio Andaluz de Empleo sacó una oferta publica de 10 000 puestos de trabajo de peón agrícola para la campaña: el número de españoles adscritos no superó los 300.

¿Y quién se beneficia de esto? Un sector empresarial basado en la obtención de beneficios a costa de mantener a miles de personas en condiciones de semiesclavitud. En este sector de la agricultura industrial intensiva es difícil identificar quiénes están detrás de los capitales que mueven los hilos. No se trata aquí de agricultores que buscan sacar adelante a sus familias, sino de grandes capitales y distribuidoras internacionales que firman contratos leoninos en los que determinan desde la variedad que se debe sembrar, hasta cuándo sembrarla y cuándo arrancar la mata, tomando así el control del mercado. Este sector es vanagloriado cada año por los Gobiernos de turno de aquí y allá, soslayado por los organismos y entidades públicas que deberían velar por que se cumpla la legislación laboral y se respeten los derechos humanos, y amparado por las autoridades judiciales en sus numerosas vulneraciones. Ejemplo de ello es el caso de las temporeras marroquíes sometidas a todo tipo de abusos y vejaciones, cuya situación es bien conocida en la zona y sobre la que no se ha conseguido, inexplicablemente, ninguna condena.

 

El caso de Lepe

Mención especial merece la población de Lepe, por contar con el mayor número de asentamientos y por la cercanía de estos a la población local. Muchos de estos asentamientos chabolistas están dentro del casco urbano y albergan un gran número de trabajadores durante todo el año. A pesar de esto, la interacción entre las personas que habitan los asentamientos y el resto de vecinos y vecinas a nivel social es prácticamente nula.

Hasta el pasado 14 de octubre de 2019, al pasear por la avenida del Cementerio de Lepe podía contemplarse un panorama dantesco y distópico: a la izquierda, un poblado de chabolas cubiertas de plástico que podía llegar a albergar más de mil quinientas personas; a la derecha, una explanada con grandes establecimientos comerciales. Decathlon, Leroy Merlin, Worten, Mercadona, Burger King y una gasolinera Shell como representación salvaje del neoliberalismo más brutal enfrentado a los cuerpos que necesitan consumir para seguir dando beneficios, sin que a nadie pareciera importarle.

Este asentamiento había ido creciendo durante más de veinte años y era muy anterior al centro comercial, cuya construcción comenzó en 2017 e hizo intuir que las chabolas tenían los días contados. En 2018, la propiedad del centro comercial adquirió los terrenos sobre los que se establecía el asentamiento. A principios del pasado año 2019, se anunció en los medios una ampliación del centro comercial y un parque de viviendas de VPO gestionado por el Ayuntamiento de Lepe, sin hacer ninguna mención al asentamiento, pero levantando la sospecha de que se produciría un desalojo, en principio esperado por vías legales.

En la madrugada del 13 de octubre, con fuerte viento del norte, se produce un incendio en el asentamiento que fue controlado por los propios habitantes y solo se calcinaron seis chabolas. La noche del 14 se produjo otro foco de incendio justo donde terminó el anterior y con fuerte viento también, adquiriendo esta vez el fuego grandes proporciones rápidamente. Para los que presenciamos el incendio y hemos visto otros muchos, resultaba bastante llamativo observar cómo cuatro camiones de bomberos permanecían en la avenida y no vertieron ni una gota de agua en las más de cuatro horas que duró el incendio que calcinó casi la totalidad del asentamiento. La zona había sido acordonada y ya no se dejó pasar a nadie, ni siquiera a los que habitaban las chabolas que no se incendiaron, para recoger sus pertenencias. Esa misma noche comenzaron las máquinas a derribar las chabolas. Con el amanecer, operarios del Ayuntamiento comenzaron a colocar el vallado que cercaría toda la zona, protegidos por policías locales y guardias civiles. En dos días estuvo vallado el terreno y una empresa de seguridad custodió el perímetro durante las siguientes semanas impidiendo la reconstrucción de las chabolas, una práctica habitual tras los dos incendios parciales anteriores en enero y junio de 2019 y los de años anteriores, dejando así a los afectados sin ninguna alternativa habitacional.

Hay que añadir, llegados a este punto, que en el año 2017, después de uno de estos brutales incendios en el asentamiento del cementerio de Lepe, el Ayuntamiento anunció a bombo y platillo, en colaboración con las entidades FECONS y ASNUCI, lo que se denominó el Plan Agenda 2020 para la Erradicación del Chabolismo. El plan ha demostrado ser una maniobra mas de distracción y otra muestra de falta de consideración y respeto. Constaba de dos medidas principales: incentivos al alquiler mediante reducciones fiscales a los propietarios y la construcción de un macrogueto para inmigrantes en unos terrenos municipales con más de 100 viviendas prefabricadas que proporcionaría un empresario local.

Con estas medidas, se consiguió alquilar un piso que acogió a cinco trabajadores de los mas de 1500 que pueden llegar a vivir en chabolas en la localidad durante la campaña fresera, hecho recogido con énfasis en los medios colaboradores. Sin embargo, hoy el Ayuntamiento de Lepe se permite borrar de un plumazo y de forma totalmente irracional, injusta e ilegal ese asentamiento sin aportar ninguna alternativa habitacional para esta campaña ya comenzada.

Administraciones públicas, partidos y sindicatos

Las reacciones ante este acontecimiento dramático y ante la situación general en los asentamientos, carentes de acceso al agua, a la energía y a ningún tipo de saneamiento ni gestión de residuos, por parte de las administraciones, empresarios, colectivos sociales, sector sindical, político y sociedad civil son escasas, casi nulas. La tendencia general es la de mirar a otro lado. Año tras año, el problema se acrecienta con el incremento de la necesidad de mano de obra recolectora en el sector agrícola.

En cuanto a las administraciones y su gestión de esta grave problemática, habría que resaltar cómo es frecuente que después de cada campaña de recogida aparezca algún comunicado de prensa haciendo alabanzas a los grandes beneficios económicos obtenidos. Sin embargo, rara es la ocasión, a pesar de los numerosos informes de las entidades a las que financian, en la que se pronuncian con respecto a las condiciones de vida de un gran porcentaje de las personas que sustentan estos beneficios.

Por su parte, las administraciones locales se han limitado a ignorar directamente esta problemática —en casos como en Lepe, Palos de la Frontera o Lucena del Puerto— o a tratar de regular el número de pobladores de los asentamientos —como en el caso de Moguer—, pero en ningún caso se ha tratado de mejorar sus condiciones de vida.

Algunos partidos políticos más sensibilizados con esta problemática social han agotado los recursos parlamentarios. Se ha conseguido, en 2018 y 2019 por parte de IU y Adelante Andalucía respectivamente, llevar al Parlamento Andaluz sendas proposiciones no de ley, que en ambos casos fueron aprobadas por unanimidad, para mejorar las condiciones en los asentamientos. El resultado es que a día de hoy ambos procedimientos, al carecer de carácter vinculante, habrán sido almacenados en algún cajón y allí se quedarán, viendo agotada de este modo la vía parlamentaria que no contempla ningún otro recurso.

Desde el ámbito laboral y sindical hemos de situarnos en un marco en el que Huelva cuenta con el peor convenio agrícola de toda España, pactado por los sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT) y la patronal, donde el resto de sindicatos tiene escasa repercusión. A día de hoy, ningún sindicato (salvo el SAT en alguna ocasión y con escasos recursos en la zona) ha mostrado ningún interés por esta problemática que afecta directamente a un gran porcentaje de trabajadores del campo andaluz, que además y tal vez precisamente por esto, son personas migrantes y pobres.

Durante todo este tiempo, numerosos colectivos sociales han estado incidiendo sobre este conflicto. Se han realizado numerosos informes, denuncias, manifiestos, etc., y mucha labor asistencial, pero el problema sigue creciendo a la vez que crece el número de profesionales y colectivos que se benefician directamente de esta coyuntura mediante subvenciones de las diferentes administraciones.

 

Organización y lucha

Tras el último incendio y el brutal desalojo del asentamiento del cementerio de Lepe, un grupo de personas que han vivido y viven estas circunstancias en primera persona comienzan a organizarse. Tras varias reuniones celebradas en Lepe, nace el Colectivo de Trabajadores Africanos, conscientes de que es necesario unirse y reivindicar sus derechos básicos y hacerlo en primera persona, representándose a sí mismos tras muchos años de no sentirse representados por nadie.

Una primera manifestación de protesta fue convocada el pasado 15 de noviembre en Lepe, con bastante participación y apoyo desde diferentes sectores como la Red Andaluza Nueva Cultura del Agua, Red Agua Pública-Marea Azul del Sur, Adelante Andalucía, el SAT, la Plataforma de Pensionistas de Aljaraque y el Partido Comunista de Huelva. Desde entonces, se siguen celebrando reuniones, organizando actos y movilizaciones con el objetivo de reclamar el derecho a una vivienda digna, con acceso a agua, luz y saneamiento.

Nos preparamos para los graves problemas de alojamiento que se van a producir en Lepe tras la desaparición sin alternativa del gran asentamiento donde se alojaban más de 1500 personas. Se prevén movilizaciones y paros laborales durante la propia campaña. No será una lucha fácil, pero ya no vamos a callar. Y aunque tal vez no seamos muchos ahora, seremos muchos más.

En defensa de Doñana

50 años después de la declaración de Doñana como parque nacional son más las sombras que las luces a destacar entre las efemérides.

La recuperación por parte de la Junta de Andalucía del viejo proyecto de autovía por el trazado norte de Doñana, la intención de Naturgy de convertir Doñana en un almacén de gas o la insistencia del Puerto de Sevilla en promover dragados de profundización en el estuario del Guadalquivir, son buenos ejemplos de los peligros a los que aún se tiene que enfrentar el Espacio Natural de Doñana. Contar con todos los reconocimientos nacionales e internacionales por su importancia ecológica no le está sirviendo de mucho.

La historia de estos 50 años es una sucesión de acontecimientos que han ido mermando de forma sostenida la capacidad del espacio protegido para mantener la biodiversidad que atesoraba. Ya la propia declaración como parque nacional se debió a la defensa del espacio ante amenazas que se cernían sobre el mismo, especialmente el empeño de la Administración de la época de Franco por desecar las marismas mediante la transformación de los espacios adyacentes en eucaliptales que ya habían demostrado su capacidad desecante en otras zonas palustres.

Por sus características diferenciadoras de otros espacios protegidos, la Doñana actual está muy cerca del colapso. Su recuperación, además, está lejos de producirse, ya que los factores que la condicionan son estructurales y dependientes de un modelo económico basado en el crecimiento ciego, que se dan en paralelo a problemas de escala global, como el calentamiento planetario, que nos han llevado a la situación de emergencia actual.

Entre las actuaciones del siglo pasado poco coherentes con la conservación de Doñana, tenemos la apuesta en los años 60 por un turismo masivo de sol y playa mediante la creación de Matalascañas como centro de interés turístico nacional; la transformación de parte de la marisma para su puesta en cultivo en los años 70-80, con la consecuente alteración y anulación de los aportes hídricos al resto de la marisma no transformada; y la promoción y conformidad con los cambios de usos forestales a agrícolas en la zona de la corona norte y oeste para el boom de los frutos rojos desde los años 80. Este último hecho permitió la perforación de miles de pozos ilegales que siguen abiertos y que, junto con las extracciones de la marisma sevillana en la zona conocida como Los Hatos, está llevando al acuífero a una situación de clara insuficiencia para mantener los procesos biológicos que dependen de él debido a la eliminación de aportes de aguas superficiales.

En 1998, se produjo la catástrofe anunciada del vertido tóxico de Boliden desde la mina de Aznalcóllar. La presa de esta mina, al romperse, derramó 6 hectómetros cúbicos de lodos tóxicos en la cuenca del Guadiamar que han dejado un rastro de contaminación residual aún perceptible en el río. Mina que, por cierto, se pretende reabrir bajo el paraguas de esa supuesta minería sostenible que no acabamos de reconocer en los múltiples proyectos mineros por los que la Junta de Andalucía está apostando.

Ya a principios de este siglo comenzaron también los problemas de gestión de fauna materializados, por ejemplo, en la ausencia de conejos, que está poniendo en serio peligro precisamente a las especies más emblemáticas del Espacio Natural. Se han invertido cantidades ingentes de dinero en reforzar la población, realizando sueltas de más de 10 000 conejos en los últimos 10 años sin éxito por falta de alimento, pues tenemos un matorral envejecido que no les abastece de los nutrientes necesarios para alimentarlos. El movimiento continuo de ejemplares ante la proliferación de enfermedades tampoco parece haber funcionado, al no apostar por la recuperación de las poblaciones nativas que han desarrollado inmunidad y que lo que precisan para crecer sanas es alimento y protección inicial frente a la predación. Esto hubiera sido mucho más barato y sensato, pero parece que no hemos aprendido nada. Además sigue autorizándose la caza en los meses de verano.

La gestión de las aves constituye otro problema. La muerte de calamones de forma alegal en los arrozales o la matanza de especies protegidas como la cerceta pardilla y la ganga aprovechando batidas de otras aves cazables en la laguna de Sanlúcar, son consentidas por la Administración.

Llevamos varios años con las premisas de permeabilizar el territorio para la fauna, recuperar la cadena trófica y favorecer la reproducción y cría de las especies como fundamentos para su conservación. Pero, a pesar de tener un amplio conocimiento sobre las causas del declive, poco avanzamos.

Es sabido que las infraestructuras viarias existentes en Doñana suponen una fragmentación del Espacio Natural, por lo que se hace necesaria una moratoria de la creación de nuevas infraestructuras, la adaptación de la señalización vial y el seguimiento y la vigilancia en las carreteras y los caminos existentes en los corredores ecológicos y las áreas adyacentes. Es necesario eliminar los puntos negros de atropello de lince ya que están perfectamente definidos y son conocidos. Ni que decir tiene que el supuesto proyecto de trazado norte que ha lanzado el Gobierno andaluz dentro del próximo plan de infraestructuras supondría un eficaz y definitivo estrangulamiento para la conservación del Espacio Natural Doñana y sus valores, razón que debe ser causa automática de inviabilidad total de la propuesta y su renuncia definitiva.

Del mismo modo, bajo el criterio fundamental de dar continuidad al territorio para las especies de fauna y flora creando corredores ecológicos y fusionando el espacio protegido y su área de influencia, es también inexcusable frenar la descatalogación de montes, que paulatinamente van desmembrando Doñana. Hay que acabar con las propuestas de desafección forestal de terrenos plenamente sumergidos en el territorio, como la recientemente alegada por Ecologistas en Acción, de forma extensa y fundamentada, de convertir en una isla no forestal 75 hectáreas en la zona donde se ubica el Centro de Investigación El Arenosillo del INTA.

En materia de gestión del territorio para las especies, cada vez se hace más urgente la integración de la franja litoral en el espacio protegido del área marina que le pertenece a Doñana. De este modo se completaría ese todo terrestre-dunar-marismeño-marino, el mix de ecosistemas único que conforma el Espacio Natural Doñana.

Hay que tener también presente que un voraz incendio ocurrido hace solo dos años arrasó 10 000 hectáreas de Doñana, llevándose por delante algunas de las zonas de mayor riqueza ecológica. No obstante, en este caso el desastre puede conllevar una oportunidad, pues un buen plan de restauración podría permitir la recuperación de especies y hábitats eliminados con las reforestaciones realizadas desde mediados del siglo XX, que hicieron un inadecuado uso de especies y un abuso del pino.

Otro de los proyectos que hay que cancelar definitivamente y cuanto antes es el de Marismas de Naturgy. No solo pone en riesgo la biodiversidad y los hábitats de Doñana, sino también a las personas que habitan las localidades existentes, por posible inundación, contaminación del acuífero y sismicidad inducida.

En resumen, la multinacional Naturgy anda pretendiendo convertir el subsuelo del acuífero y Doñana en un almacenamiento de hidrocarburos. Este proyecto ha encontrado una oposición firme y documentada científicamente en diversas organizaciones ciudadanas, y en particular en Ecologistas en Acción, así como en algunos estamentos políticos, que han llevado el asunto al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha recomendado al Estado cancelar el proyecto. Sin embargo, ni el Gobierno central ni el autonómico parecen haber puesto en marcha los mecanismos necesarios para ejecutar esta recomendación.

El proyecto Doñana 2005, diseñado por el Gobierno central para recuperar algunos de los aportes de aguas superficiales perdidos durante la transformación agrícola, se quedó muy corto. De las actuaciones realizadas, hemos aprendido el gran potencial de autorrestauración que tienen los sistemas marismeños a poco que se les facilite el recurso básico, el agua. Buenos ejemplos de esto son la espectacular recuperación de la zona de Caracoles con la apertura del Caño Travieso, la permeabilización del muro de la FAO o la retención de sedimentos en el arroyo de El Partido. Sin embargo, otras actuaciones también contempladas no se han ejecutado y el tiempo ha demostrado que son vitales, por eso hablamos de elaborar un Plan Doñana 2025 que las retome, rediseñe de manera ambiciosa con compromiso y sean ejecutadas en el menor plazo de tiempo posible.

En este marco, es obligado evitar que en las marismas transformadas de Trebujena, en la llanura de inundación del río Guadalquivir, se desarrollen proyectos urbanísticos de ningún tipo, como el propuesto megaproyecto Costa Guadalquivir. Este, además de producir un impacto negativo en el espacio protegido, a la larga se convertiría en un blanco fácil para inundaciones y catástrofes, arriesgando la vida de las personas.

El deslinde del dominio público hidráulico y la restauración de los bosques riparios, la recuperación de los aportes del Guadiamar por su Caño y la recuperación del Brazo de la Torre, cercenado al Guadalquivir, son la clave para recuperar aportes y territorios ocupados actualmente por una agricultura en muchos casos fallida o por arrozales, que tienen muy difícil su supervivencia en el escenario de cambio climático que se nos avecina.

La recuperación de estos aportes es incompatible con las pretensiones del Puerto de Sevilla de seguir creciendo, por lo que es evidente que no caben más dragados, y como puerto interior tendrá que ajustarse a sus limitaciones físicas y no imponer sus intereses al resto de sectores afectados. La clave estará en buscar modelos de colaboración y no de competencia con los macropuertos de Huelva, Cádiz o Algeciras, con mercantes de mediano calado y refuerzo de la conexión ferroviaria que permita el tráfico de mercancías sin mermar la capacidad del estuario de seguir ofreciendo servicios ecosistémicos a toda la comunidad.

Igual es el momento de revisar los modelos de crecimiento y apostar por los mercados interiores de cercanía y por la calidad ambiental de las producciones más que por el modelo extractivo en el que Andalucía lleva décadas instalada.

Doñana necesita una apuesta clara por que su conservación se convierta en el principal baluarte generador del bienestar social, invirtiendo en un Doñana 2025 para recuperar el régimen natural de aguas que le da la vida y los niveles del acuífero que le permiten mantenerla. También necesita acabar con las amenazas derivadas del turismo desaforado o de nuevos proyectos mineros o energéticos que ya han demostrado su capacidad letal. Doñana tiene que abrirse hacia el exterior por medio de corredores ecológicos que la interconecten con otros espacios naturales, completando las conexiones iniciadas con el corredor verde del Guadiamar, incorporando todos los arroyos y vías pecuarias con conexión a Doñana.

Por todo ello, como deseos para que Doñana pueda celebrar otros 50 años con el orgullo de seguir siendo el reservorio de biodiversidad único y patrimonio de la humanidad que aún es, desde Ecologistas en Acción, declaramos que en Doñana urge:

1. Virar la política socioeconómica desarrollista a otra de base agroecológica y de conservación en la que toda la comarca sea un referente de sustentabilidad ecosocial, en sus abastecimientos y en el tratamiento de residuos, en la movilidad, en una apuesta firme y decidida por la energías limpias y renovables, y en todos los aspectos de la vida social.

2. Recuperar todos los aportes hídricos en cantidad y calidad suficientes para eliminar el tapón artificial de la montaña del río, rejuveneciendo la dinámica de la marisma, diversificándola de nuevo y dando paso a la mayor biodiversidad que lleva asociada.

3. No más infraestructuras de asfalto, gas o dragados, considerando el espacio protegido, no como una isla, sino como una celdilla de una red interconectada, donde son necesarios los corredores y la defragmentación del territorio. Urge eliminar todo proyecto de infraestructuras o actuación que aísle zonas biológicamente conectadas porque interfieren en los procesos naturales que hay que preservar como criterio básico de conservación del Espacio Natural.

4. Hacer una evaluación de los impactos de actividades de otros sectores, como caza o peregrinajes rocieros, y planificar en consecuencia, ejecutando las medidas necesarias para eliminar los similares efectos de esos sectores sobre la fauna y los ecosistemas de Doñana, como la afección a la biodiversidad, el uso masivo de vehículos a motor o la proliferación de basura.

5. Apostar por la gobernanza en la toma de decisiones, que permita definir estrategias colectivas holísticas que anulen las tentaciones populistas que proveen pan para hoy y hambre para el futuro, con el rastro de destrucción irreversible que las acompaña.

Silencio cómplice

Desde que tengo uso de razón me gusta pensar en las cosas a través de números, mi afición por las relaciones entre cantidades me llevó a formarme como físico, y dentro de sus especialidades, elegí la Meteorología y Climatología, campos en los que doy clase a futuros graduados en Ciencias Ambientales. Mi especialidad es bonita, pero ocasionalmente es difícil de llevar. Todo el mundo habla del tiempo y lo que para el resto es una anodina conversación, para mí se convierte en un examen. Puede imaginarse el lector que, tras el procedimiento estándar para interrumpir un silencio tenso en el ascensor un día que amanece nublado: “pues parece que va a llover ¿no?” si yo respondo con el consabido “pues sí, pues sí”, y luego es que no, el cachondeo del personal puede durar días. Particularmente perturbadora resulta esa apostilla tan nuestra: “si es que el que vale vale, y el que no, da clases…”. Es lo que hay.

Fuera de bromas, lo cierto es que predecir eventos meteorológicos es complicado. Nótese que digo “meteorológicos” y no “climatológicos” ya que son conceptos distintos (por mucho que se empeñen los locutores deportivos en confundirlos). La predicción del tiempo concierne a la meteorología y se refiere al estado a corto plazo de la atmósfera. El pronóstico meteorológico requiere describir el estado de la atmósfera en escalas de horas y kilómetros. A estas escalas, la atmósfera se comporta como un fluido turbulento, y eso complica extraordinariamente las soluciones de las ecuaciones que la gobiernan y, por lo tanto, dificulta hacer un pronóstico. Supongo que no es casualidad que fuera un meteorólogo (Edward Lorenz, del MIT) el que nombró a este efecto “Teoría del Caos” desesperado con estas movidas matemáticas.

La climatología es otra historia. En esencia la climatología estudia el estado promedio de la atmósfera a largo plazo. Aunque parezca increíble, hacer predicciones sobre el estado de la atmósfera a esta escala es relativamente sencillo. Cuando las propiedades de los fluidos se promedian para grandes escalas, los términos turbulentos tienden a anularse y los problemas matemáticos se difuminan. Paradójicamente, resulta más fiable predecir el estado promedio de la atmósfera al final del siglo XXI que decir si va a llover en Meadero de la Reina (provincia de Cádiz) dentro de dos semanas.

Dentro de la climatología, el estudio del cambio climático debido a la emisión de gases de efecto invernadero es merecidamente la rama más conocida y, en consecuencia, es un tema de conversación habitual. De hecho, el tema es tan popular que es relativamente frecuente acabar hablando de él. Escribo estas líneas durante los últimos días de mis vacaciones de verano. Un periodo en el que las largas sobremesas tras una comida entre amigos y/o familiares a veces se complican, cuando tras dos o tres cervezas y la desinhibición consiguiente comienza el “momento cuñao” y todos empezamos a solucionar los problemas del mundo. Lo mejor que me puede pasar es que el tema derive hacia existencia/no existencia de funcionarios o independencia/no independencia de Cataluña, las broncas son siempre contenidas. Pero si tengo la mala suerte de que la conversación acabe tratando sobre el cambio climático, para mí se acabó el tema. Ni con esas tres cervezas consigo animarme a contribuir constructivamente a la discusión.

La razón principal de mi silencio es que me siguen gustando los números y los he aplicado a mi estilo de vida y a su relación con el clima. Y no me siento muy a gusto con los resultados. Hasta el año 2015, no tenía mucho problema. En el famoso protocolo de Kioto de 1997 se estableció como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Un 8% en el caso de Europa. Es hecho destacable que en Andalucía se nos consideraba “deprimidos” y se nos dejaba emitir ¡un 15% más! para que nos desarrolláramos (ya compensarían los países más ricos del norte nuestro incremento). Así yo, como residente en Andalucía, con no aumentar mi consumo energético, estaba cumpliendo sobradamente con Kioto. Era feliz montado en mi bici sintiéndome adalid de la revolución sostenible. Procuraba no pensar mucho en que mi intuición como climatólogo me decía que tratar de frenar el cambio climático reduciendo un 8% las emisiones de gases de efecto invernadero es como tratar de adelgazar 30 kg quitándote la manzana de media mañana de tu grasienta dieta habitual.

Pero en 2015 se aprobó el “Acuerdo de París”. Por primera vez se puso en negro sobre blanco un número con significado climático. La versión española del Acuerdo ocupa 29 densas páginas (del estilo de “…la parte contratante de la primera parte se considerará la parte contratante de la primera parte…”) pero en mi opinión, la esencia del documento se resume en el apartado 2 que reza: “El presente Acuerdo […] tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático […] y para ello: Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”.

Es difícil exagerar la relevancia de ese 1,5. Significa que los que hemos ratificado el protocolo, como todos y todas las andaluzas, nos comprometemos a hacer lo que haya que hacer para que el clima no se caliente más de 1,5ºC con relación a la era preindustrial. Es decir, para “reducir considerablemente los efectos del cambio climático” debemos conseguir que la temperatura media mundial no aumente más de 1,5ºC con relación a la era preindustrial para el año 2100. Y no queda tanto tiempo. Muchas de las personas que vivirán durante ese año ya están entre nosotros.

Llegados a este punto podemos plantearnos qué debemos hacer para cumplir el Acuerdo de París. ¿Bastará con reducir un 8% las emisiones de gases de efecto invernadero como se nos decía en Kioto? (o algo parecido). Si fuera así, no parece muy difícil. En Andalucía, con un ligero aumento de la eficiencia energética y poner algunos parques eólicos más en el Estrecho para quitar alguna central térmica, podríamos mantener nuestro acomodado estilo de vida. Siempre, claro está, que los millones de personas que viven actualmente en el límite de la subsistencia unos pocos kilómetros más al sur, sin apenas consumir energía y pasando frio y hambre, sigan conformándose con seguir así. Este último es un tema derivado tan serio que ni siquiera me siento legitimado para discutirlo en este breve ensayo, por lo que en lo que sigue me concentraré en lo que, olvidándonos del carácter global del problema climático, deberíamos hacer como andaluces para cumplir con nuestro compromiso.

Desde finales del siglo XIX, se sabe que el dióxido de carbono (CO2) absorbe radiación infrarroja, genera efecto invernadero y determina la temperatura del Planeta. Como quien lee estas líneas sabe sobradamente, un incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera implica aumentar la temperatura del planeta. Este efecto se conoce desde finales del siglo XIX y por mucho que se empeñen algunos personajes en decir que es algo “opinable”, es científicamente tan opinable como la existencia de la fuerza de la gravedad. La única diferencia es que para aplicarlo con precisión a un sistema tan grande como el climático, hemos tenido que esperar hasta finales del siglo XX. De hecho, actualmente es posible hacer cálculos sobre el estado global del clima de aquí al año 2100 utilizando un ordenador portátil. Sólo necesitamos decirle al ordenador cuantas emisiones de gases de efecto invernadero creemos que vamos a verter a la atmósfera de aquí al año 2100 y el ordenador calcula la temperatura media resultante.

Como dije al principio, me gustan los números, y las relaciones entre ellos. Y me gusta inculcar a mis estudiantes mi aburrida afición. El curso pasado, mis compañeros y yo propusimos a un grupo de estudiantes de Ciencias Ambientales que realizaran su Trabajo de Fin de Grado utilizando un modelo del clima para determinar cuáles deberían ser las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global para que cumplamos el acuerdo de París. Un par asumieron el reto y llegaron a la conclusión de que para que no superemos ese incremento de 1,5ºC en 2100, debemos comenzar ya mismo a reducir las emisiones de manera que para el año 2050, sean CERO. Y de hecho, entre el 2050 y el 2100, deberíamos conseguir ¡emisiones negativas! (es decir, retirar CO2 de la atmósfera). Sí. Lo que oyen. Así de fuerte. Emitir cero equivale a no quemar nada (o al menos a absorber el mismo CO2 que generamos, una “sociedad neutra en carbono”). Y lo de emisiones negativas, implica que no sólo tendremos que dejar de emitir, sino que habrá que inventar algo para absorber parte de lo que ya hayamos acumulado (en realidad ya tenemos un invento para eso, se llama “reforestación”).

Debo decir que no sólo nuestros estudiantes han llegado a esa conclusión. Estos resultados ya se conocen desde hace algún tiempo. Sin embargo, no dejan de ser sorprendentes. ¿Emisiones cero y luego negativas? Me permito ponerlo en perspectiva. De aquí a 30 años ¡no deberíamos estar quemando nada! Pero ni yo, ni todos los andaluces, ni todos los españoles, ni todos los estadounidenses, ni todos los chinos ni todos los rusos, ya ven cómo va… ¿Cómo vamos a hacerlo? 30 años están a la vuelta de la esquina. Es poco más del tiempo que ha pasado desde la Expo de Sevilla hasta que yo estoy escribiendo esto.

Resulta que hay más relaciones entre números interesantes–espero no aburrir mucho a la paciente lectora-, pero ya estoy terminando. Uno de mis menos favoritos es la relación entre la cantidad de gasoil/gasolina quemadas y la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera. La relación es sencilla. Por cada litro de uno de estos combustibles, se generan unos 2,5 kilogramos de CO2. Este verano me he tenido que mover algo más de lo habitual, pero nada fuera de lo común. Entre algún compromiso laboral en la otra punta del país en las postrimerías del curso y mis burguesas vacaciones con sus vaivenes playa-pueblo-ciudad, ha resultado que he rellenado el depósito del coche 5 veces entre julio y agosto. Mi coche tiene 60 litros de capacidad, por lo que yo solito he usado 300 litros de gasoil. Bien tostados en el motor, han tenido que resultar en unos 750 kilos de CO2 “fresco” para que se quede en nuestra castigada atmósfera absorbiendo un poco de infrarrojo extra. He emitido en dos meses el equivalente a diez veces mi peso en CO2 sólo por mi uso del coche. ¡Toma ya!

Podría haber decidido quedarme en casa. Pero vivo en la cuenca del Guadalquivir, donde no es raro que se superen los 40ºC en verano. Como muchxs de mis vecinxs, tengo un aire acondicionado. Es de bajo consumo y tiene todas las pegatinas de color verde que pude permitirme. Pero al final, necesita 1000 W para funcionar. Con esa potencia, producir la electricidad necesaria para que yo esté fresquito requiere la emisión de unos 200 gramos de CO2 a la atmósfera ¡cada hora! Y eso que en Andalucía tenemos un sistema de generación con un alto porcentaje de energías renovables como la eólica y la hidroeléctrica que ya quisieran otros países. Pero ni por esas. En invierno es aún peor. Aquí es muy normal no tener calefacción central. Y las viviendas antiguas se hicieron con unos aislamientos lamentables, y en invierno te congelas. Necesitas calor rápido. Y eso requiere potencia. El calefactor con el que caliento el cuarto de baño por las mañanas requiere la emisión de 400 gramos de CO2 por cada hora que lo tengo encendido… Uff. ¿Y si me quedo en casa mirando el Facebook indignándome o viendo videos de gatitos en YouTube? Pues no sé. Hace tiempo leí que se estima que la electricidad necesaria para que funcione Internet implica la emisión de más de 800 millones de Kg de CO2 ¡por día! A lo mejor ni siquiera debería estar escribiendo esto en mi portátil. Joder. Hasta yo me canso de hacer números.

La cosa es que si queremos cumplir el Acuerdo de París tenemos que emitir cero CO2 para 2050. Y eso no es que evite el cambio climático, es que lo limita a 1.5ºC para “reducir considerablemente los riesgos y los efectos”. Como andaluces, estos “riesgos y efectos” deberían preocuparnos especialmente. Estamos en una región altamente vulnerable. Es dolorosamente evidente que no podemos permitirnos mucho más calor ni mucha menos lluvia. Pero no somos capaces de traducirlo en bajar las emisiones a cero. Yo al menos no lo consigo. Todo lo que hago implica emisiones que no son cero. Unas son 200 gramos, otras son 800 millones de kilos. Pero nada es cero. ¿Se puede hacer algo neutro en carbono hoy en día?

Y en las sobremesas me quedo en silencio. Me siento cómplice. Tengo que usar la bici más a menudo, y seguiré apoyando a los mandamases que al menos tienen el Cambio Climático en sus agendas y no hablan de él con vergonzante desprecio (aunque haya que votar varias veces al año, por lo visto) y a quienes investigan para descubrir cómo absorber el carbono que ya he emitido. Y a las organizaciones que consiguen que cada vez haya más gente que conozca el problema y aunque sean tan cómplices como yo, al menos se preocupen.

Pero sigo emitiendo más que cero.

Andalucía ante el cambio global

Una gran convergencia de sectores sociales diversos a favor de la transición hidrológica

Culminando por el momento una trayectoria de quince años, el pasado mes de marzo la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua celebró en Priego de Córdoba la XII Fiesta Andaluza del Agua. Como conclusión del encuentro se aprobó un manifiesto que fue apoyado por trece importantes organizaciones de ámbito andaluz, además de muchas otras de carácter local. Un gran conjunto que representa a un amplio abanico de perspectivas e intereses sociales, desde el mundo ecologista hasta el agrario, pasando por el sindical y el vecinal. Tras las experiencias de las alegaciones conjuntas al Plan de Sequías y al borrador del Reglamento del Ciclo Urbano del Agua, este manifiesto representa otra iniciativa muy significativa de coordinación y acción unitaria de sectores sociales diferentes.

La trayectoria de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua

En 1995, un pequeño colectivo de activistas malagueños formó el Grupo de Trabajo del Valle del Genal. Su elaboración de discurso (con el libro El Genal apresado. Agua y planificación: ¿desarrollo sostenible o crecimiento ilimitado, de 1998) y su ágil y flexible organización, fue un punto de referencia fundamental para el movimiento andaluz en defensa del agua y está en el origen de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua (Ranca, Málaga, 25 de mayo de 2001), que desde entonces agrupa a colectivos que trabajan en los ríos Genal, Guadiaro, Vélez, Nacimiento y Grande, en la provincia de Málaga; Riopudio, Guadaíra, Corbones y Guadalquivir, en Sevilla; sistema Fuente-Charca y Huerta de Pegalajar y acuíferos de Jódar y de la Loma de Úbeda, en Jaén; ríos Almanzora y Adra y acuíferos del Campo de Níjar y de Dalías en Almería; ríos Hozgarganta, Guadalete, Barbate y la laguna de la Janda en Cádiz; ríos Castril, Guardal,  Guadalfeo y Guadiana Menor, en Granada; estuario del Guadiana, Tinto, Odiel y acuífero de Doñana, en Huelva; Guadiato, Hornachuelos y arroyo Bejarano, en Córdoba, entre otros.

Desde su constitución, la Red se fijó como objetivos fomentar iniciativas de encuentro entre colectivos comprometidos en la promoción de una nueva forma de entender la relación social con el agua; presentar proyectos de acción en torno a los problemas más relevantes del agua en Andalucía, sin excluir las conexiones con el conjunto de la península Ibérica; dinamizar la interacción entre el mundo científico-técnico y los movimientos sociales, fomentando el debate y la coproducción de conocimiento (como el mapa colaborativo de los conflictos del agua que acabamos de poner en marcha).

En sintonía con estos objetivos, la Ranca lleva 16 años trabajando en la difusión de los valores naturales, económicos y patrimoniales de los ríos, fuentes, manantiales, acuíferos y zonas húmedas de Andalucía. La Red se articula a través de lista de correos electrónicos, redes sociales y página web; y de la Fiesta del Agua de Andalucía, cuya primera edición se celebró en Ronda en el 2004, tras la que la Red ha recorrido buena parte de los escenarios sociales del agua en Andalucía: Pegalajar, Alcalá de Guadaíra, Coín, Ayamonte, Almería, Arcos de la Frontera, Jódar, Guadalcacín-Jerez de la Frontera, Castril y Priego.

En estos años, los movimientos ciudadanos defensores de los valores de la nueva cultura del agua han conseguido éxitos importantes como la paralización del azud de río Grande en Coín o del complejo urbanístico de Los Merinos, la sentencia contra el dragado de profundización del Guadalquivir o el encauzamiento del Guadalete en Grazalema, pero también quedan muchos conflictos por resolver, como el uso de las aguas subterráneas en el entorno de Doñana, la proliferación de permisos para fracking (fracturación hidráulica) en Jaén, la recuperación de los ríos Guadalete o Guadaira, o la privatización de servicios públicos del agua, y problemas de fondo que afrontar, como la aplicación definitiva de la Directiva Marco del Agua, lucha contra el cambio climático, etc.

En la etapa más reciente, al calor de procesos globales (crisis, activación del movimiento por el derecho humano al agua) y locales (intensificación de dinámicas de privatización de sistemas de abastecimiento, surgimiento de grupos municipales alternativos) se ha constituido en toda España un movimiento de defensa de la gestión pública del agua (Red Agua Pública) en su dimensión urbana (abastecimiento y saneamiento). Esta corriente, que ya ha tenido eco en las páginas de números anteriores de El Topo, se está materializando en la Red Agua Pública Andalucía. Marea Azul del Sur, con una interesante, e imprescindible confluencia con el movimiento de carácter más rural, territorial y patrimonial de la Ranca, que sintoniza plenamente con la defensa del discurso antagonista frente a la privatización neoliberal. En noviembre de 2017 se celebraron unas jornadas de la Red Agua Pública Andalucía. Marea Azul del Sur, en las que se profundizó en los aspectos discursivos y organizativos de este movimiento.

El Manifiesto de Priego[1]

Con este telón de fondo, en este último encuentro de Priego, se aprobó el siguiente documento:

«El objetivo de la XII Fiesta Andaluza del Agua (Priego de Córdoba 22-24 de marzo de 2019) ha sido contribuir a la construcción de la nueva mayoría social, ambiental, ciudadana, sindical y agraria capaz de cambiar las políticas hidráulicas agotadas, y de impulsar la transición hidrológica, en el marco de la transición ecológica general que los cambios globales (económicos, energéticos, climáticos y laborales) están imponiendo.

El nuevo Gobierno andaluz ha puesto sobre la mesa la necesidad de redactar un Pacto Andaluz por el Agua. Esta iniciativa solo tendría sentido en la medida en que siente las bases para poner freno a una política del agua que favorece la sobreexplotación de recursos a través de dinámicas especulativas que ocasionan la actual situación de degradación de ríos, arroyos, humedales, estuarios, aguas costeras, acuíferos y de los servicios ecosistémicos asociados, agravada por los efectos del cambio climático. Esta situación de deterioro de los ecosistemas y de los recursos hídricos y la urgencia en la adaptación al cambio climático, exigen abordar el reto de la transición hidrológica que deberá ser uno de los elementos claves de los mensajes y las acciones de las organizaciones sociales que apuestan por la sostenibilidad. El escenario de grave preocupación que ha señalado el último informe del Panel Internacional de Cambio Climático para 2030 no admite dilaciones.

La aplicación del derecho humano al agua y la defensa de la gestión pública del agua, que han sido ejes fundamentales de la movilización social en Andalucía en la última década para hacer frente a los problemas de pobreza hídrica y de privatización de servicios públicos, son también cuestiones claves para seguir promoviendo modelos avanzados de gestión del agua en nuestros pueblos y ciudades. En este proceso, la declaración de Cádiz de noviembre de 2017 evidenció el compromiso de varios operadores públicos por el cambio de modelo de gestión en unas jornadas impulsadas por las mismas organizaciones que estamos hoy en Priego. En este  sentido, el borrador del reglamento del Ciclo Urbano del Agua de Andalucía ha incorporado, fruto del trabajo colectivo desarrollado hasta el momento, importantes avances en esta materia, y ha servido para ampliar y articular el discurso social y ecointegrador del derecho humano al agua. Aunque el reglamento no se ha aprobado en la pasada legislatura y en la nueva haya dudas razonables sobre su aprobación, este trabajo es ya un referente que debemos seguir defendiendo en pro de la gestión pública como mejor garante del derecho humano.

Desde el punto de vista de la cohesión social y territorial, es necesario atender de manera solidaria a los territorios en los que continúan los procesos de despoblación y empobrecimiento, agudizados por el cambio climático. En estos casos debe contemplarse como criterio prioritario la integración del paisaje en las actuaciones de desarrollo, permitiendo la modernización de territorios deprimidos con el menor impacto posible en el medio. Es esencial la conservación y gestión sostenible de las zonas de sierra y cabeceras hidrográficas de gran importancia para la cantidad y calidad de las aguas que todas las personas necesitamos y usamos. El desarrollo de estas zonas no puede someterse a criterios mercantilistas ni mucho menos debe amenazarse con el desarrollo de negocios agroganaderos esquilmadores, sobre todo de agua y suelo.

Es necesario abrir un profundo debate sobre el regadío que incluya el apoyo a pequeñas y medianas explotaciones profesionales que contribuyen al equilibrio territorial, al asentamiento de la población rural y al relevo generacional; la denuncia de los procesos de crecimiento abusivos y especulativos; el desarrollo de modelos de agricultura y ganadería ecológica y de baja huella hídrica; la redistribución del agua disponible con criterios de eficiencia productiva y laboral; las posibilidades de reutilización de aguas regeneradas y la desalación, preferentemente con energías renovables; las tarifas volumétricas, y la aplicación de instrumentos de bancos públicos de agua.

Es necesario también establecer criterios de cohesión y justicia territorial en relación con las políticas de recuperación de costes en los sistemas del ciclo urbano del agua, incluidos los niveles de eficiencia y los sistemas de depuración de aguas residuales que arrastran importantes déficits en Andalucía y que requieren una atención prioritaria.

En estos momentos, tenemos que afrontar de manera inmediata el comienzo de los trabajos del tercer ciclo de planificación hidrológica (2022-2027). Los documentos iniciales de las demarcaciones andaluzas ya están en información pública y las aportaciones de los colectivos y organizaciones implicados en la defensa del agua son fundamentales para garantizar el «control social» de los planes hidrológicos. Además, este proceso coincide con la revisión de la Directiva Marco del Agua que está en pleno debate y la discusión entre defensores de esta norma y un grupo de Estados y sectores con intereses que piden una rebaja de los niveles de exigencia de la DMA.

En el contexto de sobreexplotación y deterioro de las masas de agua en el que nos encontramos, es indispensable la prohibición de los permisos de prospección y explotación de hidrocarburos mediante técnicas de fracturación hidráulica debido al volumen de agua que requieren y al alto riesgo de grave contaminación que implica.

Es necesario que las fuerzas políticas no solo incorporen las adecuadas propuestas a sus programas, sino que además tengan la voluntad real de ponerlas en práctica eficazmente, de forma transparente y con mecanismos válidos de participación proactiva de la sociedad. Es necesario también desarrollar una pedagogía social efectiva para facilitar la transición hidrológica, ya que se trata de una transformación de modelos de pensamiento, para el que el cambio de la educación ciudadana y escolar son básicas.

2018 fue el año del acuerdo social por los ríos y la gestión pública del agua suscrito por más de 150 entidades en toda España. En Andalucía elaboramos las alegaciones conjuntas al Plan de Sequías del Guadalquivir por parte de organizaciones ambientales, consumidores y usuarios, sindicatos y organizaciones agrarias (un hito en los movimientos sociales andaluces relacionados con el agua) y las aportaciones colaborativas de esos mismos colectivos al reglamento del Ciclo Integral del Agua de Andalucía (otro gran hito). Esto nos debe servir de base para seguir ampliando y fortaleciendo los lazos entre organizaciones de la sociedad civil que tenemos, ahora más que nunca, el reto de seguir planteando alternativas a las políticas del agua que garanticen la protección de los ecosistemas, la gestión pública, la participación, la solidaridad y la justicia ambiental.

Estos retos son solo algunos de los que tenemos que abordar durante 2019, para lo que contamos con la experiencia de muchos años de organización y movilización social y la implicación de organizaciones sociales y de personas a título individual desde el mundo académico, técnico y la sociedad en general.


[1] Firmantes del manifiesto: AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento), CCOO (Comisiones Obreras), COAG Andalucía (Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía), EeA (Ecologistas en Acción), FACUA Andalucía, Consumidores en Acción, FNCA (Fundación Nueva Cultura del Agua), Fundación SAVIA, ISF (Ingeniería Sin Fronteras), SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores), SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología), UGT (Unión General de Trabajadores), UPA (Unión Pequeños Agricultores y Ganaderos), Marea Azul del Sur, WWF-ESPAÑA (World Wildlife Fund).

El laboratorio neoliberal de la fresa de Huelva

Los debates dentro de la izquierda plantean si es más importante empezar por la lucha de clase, la lucha contra el racismo, contra el patriarcado o contra el desarrollismo. Muchos de estos debates buscan una respuesta unívoca del tipo: «la clase en el centro» o «lo racial es lo determinante». La polarización en los debates obvia algo esencial y es que estas son realidades entrecruzadas, indisolubles que se encarnan en los cuerpos de trabajadores, y que se manifiesta con mayor violencia dependiendo del género y el origen.

Cuando decimos que el neoliberalismo se basa en la explotación del trabajo, asalariado o no, y que esta explotación se realiza entrecruzando diferentes ejes de opresión, como son el género y la raza, no estamos diciendo algo abstracto e intangible. Esta evidencia de la alianza opresiva entre clase-raza-género puede verse, olerse y tocarse a escasos kilómetros de la Sevilla natal de esta publicación: en la macro explotación del fruto rojo de Huelva. Además, esta acumulación de riquezas no solo necesita la explotación del trabajo vivo, sino que necesita también la sobre-explotación de la tierra y los recursos naturales. La agricultura intensiva del fruto rojo en Huelva es un claro ejemplo de todo esto.

Bajemos esta hipótesis de la alianza clase-raza-género-desarrollismo a la tierra de Huelva.

La explotación laboral de la fresa

En Huelva se dedican once mil hectáreas al cultivo del fruto rojo, aunque popularmente se conoce como la fresa. Huelva produce el 100% de la frambuesa española, el 96% de los arándanos y el 97% de la fresa. Durante los meses de marzo a mayo se lleva a cabo la recolección de la fruta, una tarea que, se calcula, necesita más de ochenta mil personas trabajando. Los beneficios que supone el cultivo de este fruto para la comarca onubense ascienden a cuatrocientos millones de euros.

Las empresas que conforman la patronal fresera, al igual que cualquier patronal, tienen dos recursos disponibles para aumentar sus beneficios: la innovación tecnológica y el abaratamiento del salario. La innovación tecnológica en un proyecto empresarial como este es muy limitada. Cultivar bajo los invernaderos, los famosos plásticos, supuso en su día una de estas innovaciones tecnológica que disparó los beneficios porque permitió producir fresas fuera de sus ciclos naturales. Sin embargo, la innovación tecnológica toca techo y, máxime en la recolección y por la propia delicadeza del fruto, no permite usar máquinas. La mata de la fresa no es un olivo al que se pueda zarandear con una máquina para la recolección: se necesitan manos. El único recurso que tiene la patronal para aumentar beneficios es por tanto el salario, es decir, pagar lo menos posible por el mayor trabajo posible, para lo que requiere a las personas que más necesitan el ingreso. Veamos tres estrategias utilizadas para este abaratamiento salarial que revierte directamente en las ganancias de la empresa:

  1. El Convenio del campo de Huelva es el que establece el salario más bajo para esta labor en el Estado español. En la actualidad el salario día para una jornada de trabajo es de cuarenta y dos euros, un precio por debajo del nuevo salario mínimo interprofesional. Para que pudiera pactarse un salario mayor sería necesario que los sindicatos negociaran con presión frente a la patronal. La realidad es que los sindicatos mayoritarios firmantes del Convenio huyen de esta confrontación y temen romper la paz social de la industria más importante de la provincia. Los sindicatos minoritarios, con una tradición más combativa, tienen poca representación en la comarca principalmente porque la población jornalera es inmigrante con mucha movilidad y difícilmente se quedan a construir sindicatos.
  2. Otro de los recursos para abaratar el salario lo puso en bandeja la propia ley de extranjería. Esta ley permite la contratación de personas trabajadoras en su país de origen que vendrán directamente para la campaña de recogida de la fruta y se volverán cuando esta acabe. Este año vinieron más de 19 000 mujeres marroquíes a través de esta posibilidad que otorga la ley de extranjería. Las jornaleras desconocen el Convenio y gran parte de sus derechos, viven en situaciones de aislamiento en las fincas y se les ocultan los mecanismos que deben activar en el caso de que sufran algún abuso empresarial. En teoría deben cobrar el salario que establece en el Convenio del campo en la provincia, pero según sus testimonios rara vez lo cobran y sus posibilidades de reclamar judicialmente son escasas porque entre otros motivos serán devueltas en cuanto acabe la campaña. En la parte del salario legal que la patronal no paga a estas trabajadoras está la ganancia empresarial.
  3. Otro mecanismo histórico que la patronal tiene para abaratar los salarios es tener una mano de obra de reserva dispuesta siempre a trabajar más por menos porque sus necesidades de supervivencia son extremas. Esta función la cumple en Huelva las personas inmigrantes que viven en los asentamientos chabolistas. Más de 1500 personas malviven en estos asentamientos sin agua, luz o saneamientos básicos, en viviendas autoconstruidas, a la espera de poder trabajar algunos días en el campo e ingresar así algún salario. En su mayoría son hombres originarios de Ghana, Malí, Marruecos, Rumanía y Senegal, aunque la población de mujeres comienza a ascender. Esta mano de obra en situaciones de extrema necesidad estará dispuesta a vender su fuerza de trabajo por un salario bajo a cambio de obtener alguna mejora vital. A la vez es un mecanismo de contención para la lucha sindical de otras personas trabajadoras que no se quejarán si sufren algún recorte en sus derechos porque siempre existe una persona inmigrante con extremas necesidades dispuesta a hacer su trabajo por menos dinero.

La explotación racial de la fresa

Como viene exponiéndose, uno de los recursos del capital para obtener mayores beneficios es abaratar salarios y esto será más fácil cuanto más extremas sean las condiciones vitales de las personas trabajadoras. Según el orden económico mundial, las personas hijas de la colonia, es decir, no occidentales, siempre estarán en una desventaja económica respecto a occidente.

El mundo funciona por la sustracción sistemática de recursos materiales y humanos de dos terceras partes de la población mundial hacia una primera parte. Esta ordenación económica, que comienza en el siglo XV con la expansión del capitalismo, situó en la jerarquía de la pirámide social a la población europea blanca y las poblaciones del resto del mundo quedaron convertidas en colonias productoras de materias primas y cuerpos trabajadores baratos en pos del desarrollo de la Europa blanca. Es por esto que el racismo es un factor de ordenación de la riqueza en el mundo y no solo una actitud de intolerancia de los diferentes como suele usarse coloquialmente. Por eso siempre es más barato contratar a personas migrantes: porque son más pobres.

El contrato en origen de personas trabajadoras inmigrantes se empezó a utilizar con población de Europa del Este y las jornaleras eran polacas, lituanas o ucranianas. En el año 2006 se decidió cambiar por población marroquí y el acuerdo se hace desde entonces con el Reino de Marruecos. Esta decisión no fue casual. Las trabajadoras de Europa del Este eran problemáticas, exigían derechos, salían de noche, querían quedarse después de la campaña y hasta se echaban novios onubenses. Las marroquíes se presentaban como una opción más dócil: son musulmanas, salen menos, deben respeto a sus familias y maridos, no se han criado en el comunismo y están naturalmente acostumbradas a servir sin rechistar. Esto es el racismo y el colonialismo como estrategia de explotación a favor de los intereses del capital.

La explotación de género en la fresa

La patronal fresera solo quiere mujeres. Como decíamos al principio, durante la recogida de la fresa se requieren varios miles de personas trabajando. Muchas de ellas son mujeres y hombres autóctonos, pero para los puestos que no se llegan a cubrir con la población autóctona se requiere la contratación de personas inmigrantes. Para esto es para lo que se utiliza la contratación en origen. Al Gobierno marroquí se le hacen llegar las necesidades de mano de obra de cada empresa y se encargarán de una preselección en origen. La patronal les hace llegar el número de personas que necesita y sus cualidades. Hay una cualidad en la que coinciden al 100% todas las empresas: que sean mujeres. Además, se requiere que tengan familia a su cargo en su país de origen, al menos un hijo menor de 12 años. Los empresarios justifican la decisión por la delicadeza que requiere el trabajo de la recogida de la fresa. La realidad que se oculta detrás es que en el imaginario machista se considera que una mujer será menos conflictiva sindicalmente que un hombre a la hora de reclamar sus derechos. Si a esto además se le suma que es una mujer pobre, que por el mismo trabajo de recolección en su país cobra un jornal de siete euros, que tiene hijos a su cargo y una familia musulmana, su docilidad será mayor. Fue viral aquel vídeo del encargado de una finca amenazando a las mujeres con contarle a la familia cómo se portaban. La infantilización en el trato es muy común: incluso en declaraciones públicas, los empresarios hablan de castigos a las trabajadoras en lugar de sanciones laborales. La mujer pobre, musulmana, inmigrante y con hijo a su cargo, se convierte en el sujeto perfecto para abaratar salarios y condiciones laborales, en general, sin temor a una respuesta sindical organizada. Cuando hablamos de la alianza entre el capital y el patriarcado no es solo una consigna, es esto. 

La sobrexplotación de la tierra en la fresa

La producción fresera está regada con las aguas subterráneas que nutren las lagunas y los ecosistemas del Parque Nacional de Doñana. La Junta de Andalucía reconoce que el 15% de estos riegos son ilegales pero las asociaciones ecologistas que trabajan en la zona mantienen que el 30% de las plantaciones de fresa se nutren de acuíferos ilegales que afectan directamente al Parque Natural. Esto supone que una de cada tres hectáreas de plantaciones de fruto rojo se riega ilegalmente a costa de las aguas subterráneas del Parque. En la actualidad, España se enfrenta a una sanción por incumplir la normativa europea sobre aguas. Sin embargo, la Junta de Andalucía se niega a declarar la zona con acuíferos sobrexplotados en una clara connivencia con los intereses de la patronal fresera. Los expertos insisten en equilibrar la explotación económica con la protección de los recursos naturales de Doñana, pero por ahora el capital va ganando. Este agotamiento de los acuíferos repercute directamente en la perdida de biodiversidad. La supervivencia de varias especies autóctonas de aves, mamíferos, plantas e insectos está en peligro. Esto no va de salvar pajaritos desmontando la economía local y la renta de muchas familias. Esto va de que la pérdida de biodiversidad repercute en la desaparición del ecosistema que nos procura el alimento, el agua y la salud. Estamos cortando la rama del árbol sobre la que estamos sentadas.

De lo aquí contado se puede concluir que la ganancia de la patronal fresera pasa por el abaratamiento de las condiciones de trabajo de las jornaleras y jornaleros. Y que, para que este ataque a los derechos de personas trabajadoras genere la menor protesta posible, se escogen a las personas en una situación de vulnerabilidad mayor. En un sistema-mundo patriarcal y racista las personas en una situación de mayor vulnerabilidad son las personas no-blancas que no habitan en Occidente, la migración y, de entre estas gentes, las mujeres. Pobreza, machismo, racismo e insostenibilidad de la tierra al servicio de la ganancia del capital.

Ante esta realidad tenemos que tomar posiciones. Podemos reivindicar y luchar por una subida del convenio, por el saneamiento de los asentamientos chabolistas, para que acudan inspecciones de trabajo, por papeles para todas y para que la Junta de Andalucía declare la sobrexplotación de los acuíferos. Podemos y hacemos todo esto, pero hace falta más. Hace falta pararse a pensar si es posible que un tipo de economía que requiere esta sobrexplotación de la tierra y las personas entre dentro de un marco donde los derechos de todas estuvieran garantizados. Posiblemente, a pesar de todas nuestras conquistas salariales, la situación seguiría siendo incompatible con la dignidad humana y la salvaguarda del territorio. Tenemos que ir a más y proponer soluciones reales, teniendo en cuenta que este negocio cubre el sustento de numerosas personas autóctonas e inmigrantes. Una nueva economía sostenible, ordenada y local que garantice las cosas del comer a todas, y no solo a la patronal, debe estar entre nuestras prioridades políticas para una salida realista y duradera a esta sinrazón.

Andalucía por el turismo, los ladrillos y la humanidad

Andalucía se ha convertido en la campeona del turismo a escala estatal. Tras un periodo de cierto estancamiento por la crisis internacional, desde 2013 se produce un fuerte incremento anual de la entrada de turistas en Andalucía. En el momento previo a la crisis, en 2007, Andalucía recibió 25 millones de visitantes y, en la actualidad, han llegado a los 30 millones. ¿Cuáles han sido las razones de este incremento? ¿Qué repercusiones tiene el turismo en Andalucía? ¿Hasta qué punto Andalucía debería apostar por un modelo económico casi exclusivamente basado en este sector? Esbozamos algunas de estas preguntas a continuación: prepárense que vienen curvas.

Se mezclan una serie de factores que nos han llevado a la actual situación de bonanza en la que se habla del turismo como uno de los principales motores de la economía andaluza. Un contexto internacional, en el que destinos que tradicionalmente han sido focos de atracción de turismo extranjero se han visto debilitados, unido a un corpus normativo garantista hacia la actividad y que ha cercenado la seguridad del inquilinato, a lo que se le suma la irrupción de las plataformas de alquiler de viviendas con fines turísticos y animados por una política de bajo coste de combustible para las empresas low cost, dibujan el boom de una actividad que bate récords, no solo en el Estado español o Andalucía. El 2018 cerró con 1326 millones de llegadas de turistas a aeropuertos internacionales, lo cual supone un crecimiento del 7% con respecto al año anterior y el mayor crecimiento en siete años, desde 2010, según datos de la Organización Mundial del Turismo.

En el Estado español, el incremento del turismo durante la «recuperación económica» ha sido empujado por el mercado extranjero. Lo cual muestra una progresiva debilidad del mercado interno como motor de la economía y refleja la tendencia internacional de incremento de los viajes. El peso del turismo extranjero ha subido hasta superar el 40% del total y además supone la mayoría de las pernoctaciones, 29 millones frente a 23 de españoles, invirtiendo la tendencia previa a la crisis (Balance del año turístico en Andalucía, Junta de Andalucía, 2017). Esto se debe a un cambio en la preferencia de otros destinos internacionales que, acuciados por crisis socio-políticas, han dejado de tener el peso que tenían anteriormente. Un cambio que, por otra parte, refleja la volatilidad del mercado turístico internacional, el cual puede cambiar sus preferencias influido por factores que escapan a la calidad de la oferta de destinos o a las políticas de promoción que puedan realizarse.

Los ingresos por turismo se calculan en 20,6 miles de millones de euros, lo que representa el 12,8% del PIB, con una tasa de crecimiento del 5,5% alimentado por el creciente flujo de turistas. Los rubros que más aportan al PIB andaluz son, por este orden, los restaurantes, comercio, hoteles y actividades inmobiliarias (Balance del año turístico en Andalucía, Junta de Andalucía, 2018). Esto es resultado de una economía que desde la década de los setenta depende del sobredimensionamiento de un complejo turístico-inmobiliario, iniciado en el franquismo con la explotación de la Costa del Sol para el turismo europeo, que tiende a marginar otros sectores de la economía. Así, desde los años ochenta, el sector servicios, ha pasado a suponer más de tres cuartas partes del PIB, donde la combinación entre el sector turístico y el inmobiliario-financiero son determinantes, mientras el peso de las actividades estrictamente productivas (industria y agricultura) no ha parado de reducirse. El comercio, hostelería y transportes y el sector de la construcción y servicios inmobiliarios, llegaron a sumar un 45% del empleo en Andalucía (censo de 2001). La crisis económica afectó especialmente al sector de la construcción y servicios inmobiliarios, que entre 2001 y 2011 pasó de suponer un 21% de los contratos a apenas un 10%. Esto ha implicado una mayor dependencia directa del sector turístico, lo que se evidencia principalmente en el crecimiento del rubro del comercio-hostelería y transportes, que supone más de una cuarta parte del empleo en Andalucía.

Pero el turismo también le cuesta dinero a las arcas públicas, aunque la Junta de Andalucía no incluya esta inversión en su Balance anual (¡qué curioso!). El gasto, o inversión según se mire, que la Junta destinó a la promoción del turismo en 2018 fue de unos 120 millones de euros. A esto, hay que sumarle las inversiones que ciudades y mancomunidades de municipios destinan por separado para la promoción de sus destinos. En Sevilla, por ejemplo, el gasto operativo en promoción turística en 2018 fue de más de 3 600 000€, según datos del presupuesto municipal.

Por otro lado, el empleo que genera el turismo es de baja calidad. El empleo administrativo en el sector turístico es apenas un 7,6 % y el de profesionales y el de personal técnico apenas supera el 8%, con lo que la mayor parte del trabajo responde a peones manuales con baja cualificación. Un 28% son empleos a jornada parcial, una tendencia que se ha incrementado enormemente desde 2008. De estos, tres cuartas partes lo están no como una elección propia, sino por no haber encontrado trabajo a jornada completa. Cerca de un 50% de los contratos del sector son temporales, frente algo más del 35% en el total de la economía. La tendencia, especialmente desde la «recuperación económica», ha sido al incremento del peso del trabajo a tiempo parcial, los contratos eventuales y el cuentapropismo (ver Balance del año turístico en Andalucía, Junta de Andalucía, 2018).

Una serie de reformas legislativas han posibilitado esta situación. Una vez que la burbuja inmobiliaria explotó en 2008, el sector se contrajo a relamerse las heridas mientras se tejían las urdimbres necesarias para reactivar el negocio. Por ello, la ley de flexibilización de mercado del alquiler, desarrollada en 2013, no solo redujo los derechos de las personas inquilinas bajo el pretexto de dinamizar el mercado, sino que, además, transfirió las competencias legislativas de las recién aparecidas viviendas con fines turísticos a las diferentes comunidades autónomas. Esto, que en Andalucía se tradujo en el decreto de viviendas turísticas de 2016, dibuja un escenario en el que el sector inmobiliario se sentía como en los viejos tiempos de los pelotazos urbanísticos. En Andalucía, lejos de ejercer una función protectora del derecho a la vivienda, el decreto ha propiciado un aumento paulatino de registros de este tipo de viviendas desde su creación. Algo que choca frontalmente con la exposición de motivos, en la cual se reconoce el impacto que tiene este tipo de alojamientos en el territorio, sobre la convivencia en las comunidades vecinales y sobre el medio ambiente; de ahí la necesidad de regularlo.

¿Cómo ha afectado esto a la oferta de plazas de camas destinadas a fines turísticos? Andalucía contaba en 2017 con 39 651 establecimientos y 643 015 plazas de alojamiento turístico reglado. Esto supone un crecimiento de plazas del 12,5%, ligado principalmente al incremento de las viviendas con fines turísticos y las viviendas turísticas de alojamiento rural. Sin embargo, las viviendas registradas en el Registro Andaluz de Viviendas con Fines Turísticos (VFTs), distan mucho de las que realmente están siendo ofertadas en los diversos portales existentes para tal efecto. Andalucía cuenta con 117 385 viviendas en plataformas de VFT según los datos de DataHippo. De las cuales probablemente encontremos algunos anuncios que se duplican. No obstante, dista mucho de las 44 628 viviendas registradas en el Registro Estadístico de Turismo de Andalucía. Así, si vamos a las cifras de viviendas de los principales portales, Airbnb y Homeaway, en Andalucía hay 74 157 y 28 143 respectivamente. Haciendo zoom en algunas provincias, Málaga superaba los 48 000 establecimientos en febrero de 2019, siendo la segunda provincia del Estado con mayor número de establecimientos. También, siendo la zona de Andalucía en la que más se incrementó el precio de las viviendas según datos del portal Idealista. En Cádiz se llega a las 17 240 viviendas, Sevilla y Granada superan los 10 000, Almería los 7000 y tan solo Huelva y Jaén se quedan por debajo de cifras de 5000 establecimientos. Cabría por otra parte pararse a realizar un análisis de la distribución de estas viviendas sobre el territorio. La mayor parte de la oferta se concentra, sin lugar a dudas, en la zona costera. La costa andaluza, y no exclusivamente los centros urbanos de los pueblos costeros, está repleta de VFTs. A pesar de una supuesta ley de costas que tendría que proteger el litoral de los efectos devoradores de los intereses inmobiliarios, hemos alicatado gran parte del litoral del estado. Se calcula que entre 1985 y 2005 se han urbanizado 2 hectáreas al día de los 500 primeros kilómetros de costa. Andalucía es la tercera región del estado con la costa más degradada con un 15,4%. Casi la totalidad de espacios que no tienen una figura de protección ambiental ha recibido los efectos de la presión inmobiliaria. Tenemos localidades como Marbella, por ejemplo, que tienen el 90% de su costa urbanizada y cuya tendencia no cesa.

Si miramos a la concentración de estos anuncios en pocas manos, se desdibuja esa imagen tópica sobre el “modelo de negocio” que se vende de airbnb, como una forma de economía colaborativa que complementa los ingresos familiares de personas con una o dos propiedades. En Sevilla, el 5,8% de anunciantes acumulan el 33,6% de la oferta (según datos de Datahippo) En Málaga, hay un 6,4% y, en Marbella, 4,3% acumulando un 37,5, un 31,7 y un 24,7% de las viviendas ofertadas. La nacionalidad de los propietarios también desdibuja la imagen tópica de la familia que saca un ingreso extra. El 37% de las VFT, registradas en Andalucía pertenece a propietarios extranjeros que han invertido al albur del pelotazo colaborativo. En el caso de Málaga, superan el 50%.

Al incremento del turismo costero andaluz, hay que añadirle la incidencia del denominado turismo cultural sobre los centros históricos. Muchos de los centros históricos más importantes de Andalucía pasaron por procesos de declive durante la segunda mitad del siglo XX, perdiendo gran parte de su población y de su patrimonio edilicio. La reinversión de estos espacios se produjo, en muchos casos durante los dos últimos ciclos inmobiliarios alcistas, en algunos casos provocando procesos de incremento de la población y de rejuvenecimiento, así como de gentrificación. El impacto de los pisos turísticos ha desembocado en dinámicas de fuerte competencia por el suelo con el mercado residencial, que están conduciendo a nuevos procesos de desplazamiento. Esto no sucede en todos los casos. Cádiz no ha parado de perder población en ningún momento desde los años noventa y el Albaycín de Granada no ha parado de ganarla. En otros casos este proceso sí es evidente. Durante la primera década del siglo XXI centros históricos como el de Sevilla, Córdoba (excluyendo la Judería), Málaga o Granada (excluyendo el Albaycín) ganaron población, en la mayoría de los casos incluso durante el periodo de crisis. Sin embargo, en el contexto de «recuperación económica», desde 2014, con el impacto del incremento del turismo y de los apartamentos turísticos, todas estas zonas pasan a perder población todos los años. En algunos casos estas pérdidas son considerables, como en Sevilla, que había ganado cerca de 6000 habitantes en el periodo previo pero que ha perdido 2000 desde 2014 (datos extraídos de SIMA, IAECA).

Así pues, el turismo es hoy día un elemento con un impacto incuestionable en la ordenación territorial andaluza. La casi reducción de la estacionalidad turística, tanto en el litoral como en entornos rurales, ha provocado que el impacto sobre la vivienda, expulse a la población local del mismo modo que ha ocurrido con los centros históricos de las capitales de provincia. Sin embargo, los impactos del turismo no solo se circunscriben a la vivienda. El turismo articula un sistema socioeconómico que ejerce influencia en el mercado laboral, el pequeño comercio, el patrimonio, el ocio, y en las actividades productivas primarias y secundarias. Perfila, por otra parte, un territorio pensado por y para el turismo, con pueblos dedicados a un monocultivo económico que los hace muy vulnerables a la volatilidad del sector. Si las resistencias al turismo están siendo complicadas en las metrópolis andaluzas, nos preocupan los impactos y la dependencia del turismo en sitios como en Ronda, en los pueblos aledaños del Caminito del Rey, en Baeza o en los pueblos situados en parques naturales, como la Sierra de Aracena o Sierra Nevada, por citar solo algunos de ellos. Nos preocupa que cuando pinche esta burbuja, que pinchará, deje un territorio desarticulado y con poca capacidad de recuperación. Nos preocupa hasta que Andalucía viva por el turismo, los ladrillos y la humanidad.

Autonomía y Canal Sur:

hacia unos medios de lo común

No hay autonomía posible sin la institución de lo imaginario, sin explorar, como sugiere Castoriadis, la organización y praxis de lo social como ruptura con el relato que lo haga posible. Normalmente planteamos la autonomía exclusivamente en el plano de lo físico, del territorio, y olvidamos la importancia para la autodeterminación del campo de lo simbólico.

Desde esta visión no parece sorprendente que una de las primeras reclamaciones de la ultraderecha para apoyar un gobierno conservador en Andalucía sea acabar con Canal Sur y la radio pública andaluza. Creemos imprescindible, por tanto, dibujar una hoja de ruta que haga visible, no solo la necesidad de unos medios de comunicación públicos para Andalucía, sino el camino y los pasos necesarios para transformarlos en pilares de una cultura emancipatoria andaluza al servicio de la gente común.

Reconstruir la hegemonía cultural

La coyuntura actual tras las elecciones hace aún más indispensable la necesidad de dar forma a ese imaginario que genere una identificación transversal sin perder su potencial de transformación. Sabemos que para construir la hegemonía política es necesario (re)construir previamente una hegemonía cultural. Valores como la libertad, la igualdad, la justicia, la honradez, la responsabilidad, la solidaridad; la primacía de lo colectivo sobre lo particular; de lo comunitario sobre lo individual; de la democracia sobre los mercados; del trabajo sobre el capital, etc., que han dado sentido a las luchas de la izquierda, han ido siendo sustituidos por valores como la disciplina, la austeridad, la desigualdad, la competitividad, la estabilidad, el beneficio; la primacía de lo individual sobre lo comunitario; de los mercados sobre la democracia; de la acumulación sobre la distribución; de la rentabilidad sobre los derechos sociales y culturales. Por ello, hoy más que nunca, es preciso plantear una rebelión democrática de las matrices culturales que nos definen en Andalucía desde una visión estratégica para la construcción de un nuevo bloque histórico en la región.

En el actual contexto de crisis financiera internacional y de modelo de acumulación y desarrollo de Andalucía, la disputa por la hegemonía y en defensa de la democracia pasa por priorizar la lucha en los frentes culturales. Es en el terreno simbólico donde se definen las condiciones de autonomía y modelo de desarrollo de nuestro país. Las políticas de comunicación y cultura pueden desempeñar en este sentido una función estratégica de cara a proyectar nuevas lógicas de mediación, contribuyendo desde las instituciones y políticas públicas autonómicas a promover procesos de rearticulación de solidaridades y la autonomía cultural necesarias en pro de salidas creativas y rupturistas. Uno de los principales retos que cabe plantear desde una perspectiva alternativa para la autonomía andaluza es el de saber conectar nuestro discurso político con los imaginarios de las clases populares, adaptando prioridades y teniendo en cuenta los cambios generacionales que, en términos políticos, han marcado la historia reciente de nuestro país.

Necesitamos definir como prioridad política la disputa ideológica sobre qué es y cómo debemos reconstruir Andalucía. Y aquí tenemos un problema de partida. Las televisiones públicas se ven hoy más denostadas (y amenazadas) que nunca. Los intentos de manipulación partidista por parte de los Gobiernos central, autonómicos y locales, y la campaña sistemática de descrédito liderada por los medios de comunicación privados, marcan lo que algunos expertos denominan el déficit democrático de la transición en España, que ha conducido a la estigmatización de muchos de los medios de comunicación públicos con los que contamos.

En el caso de Andalucía, no ha habido políticas coordinadas ni un plan de formación y apoyo económico a la industria cultural del denominado Tercer Sector. Es más, la comunicación parece ser, para nuestras autoridades y en especial lo ha sido para Susana Díaz, el correlato perfecto para la orientación de las posibilidades autonómicas deseables según la ley propagandística de dosificación, por la que se administran, jerarquizan y controlan los contenidos y las ideas discutibles en el marco de reforma del Estado, bien mediante la limitación del número de actores posibles y las voces únicas publicables, o definiendo los límites del juego o reglas de la comunicación política a cumplir. Exactamente todo lo contrario de lo que parece razonable para el fortalecimiento y la gobernabilidad en los tiempos que vivimos. Sabemos que todo sistema, también nuestro sistema político autonómico, se fortalece en la medida que los flujos de información, las conexiones, los actores y las iniciativas de articulación social se multiplican, se traman y cruzan en múltiples direcciones, complejizando y enriqueciendo las miradas, los discursos y las propuestas de futuro.

Por una radiotelevisión pública al servicio del común

Considerando la gravedad de la situación que vive el sector público y a tenor de los hechos reseñados, sería necesario reclamar de modo urgente un Foro Democrático sobre Sistema Público Audiovisual y Desarrollo Cultural de Andalucía que reúna a empresarios, sindicatos, profesionales y entidades de la sociedad civil con la vista puesta en la apertura de un debate que, con el concurso de todos los actores y la ciudadanía en general, contribuya a crear un polo andaluz del sector y de desarrollo de la industria audiovisual andaluza desde otra racionalidad y visión estratégica. A tenor de la ausencia de grupos propios de comunicación y una burguesía que promueva el desarrollo cultural de Andalucía, es deseable que en la región se garantice desde el sector público:

  • La creación de una Plataforma de Servicio Público de Radiotelevisión, una red de coproducción andaluza con televisiones locales, comunitarias y culturales que incentive y desarrolle el sector audiovisual con Canal Sur como locomotora, central de compras y principal empresa de exportación y coproducciones del audiovisual andaluz.
  • La reorganización de la Fundación Audiovisual y la Comisión Fílmica como vías para generar recursos, con una mayor relación con la RTVA, la Universidad y la sociedad civil.
  • La planificación industrial del audiovisual andaluz como un sistema integrado, que articule el audiovisual andaluz (Universidades, tejido productivo, ETICOM, medios locales, etc.), como generador de empleo en convergencia con las empresas públicas o participadas por la Junta de Andalucía en el sector de las telecomunicaciones.
  • La regulación de forma transparente y organizada de la contratación con el sector privado privilegiando el talento y empresas de origen y base andaluza.
  • El desarrollo de un sistema y plataforma de medios dentro y fuera de la comunidad. Dentro, en torno a la RTVA y fuera, para personas andaluzas en el exterior, a fin de atender a la migración, que ha jalonado de forma determinante la historia del pueblo andaluz, dando cobertura tanto por radio como por televisión a dichas andaluzas en Cataluña y Madrid, cuando menos.

La asunción de estos objetivos mínimos de la agenda política sobre el audiovisual andaluz pasa por articular la política y gestión de los medios públicos desde nuevos criterios:

1. Trasladar el debate de lo económico a lo político, pues el servicio público de radiotelevisión se rentabiliza no en términos económicos, sino en términos de calidad informativa, de democracia, de pluralismo, de derechos culturales y de participación ciudadana. La defensa de lo público, frente a las pretensiones desreguladoras y privatizadoras azuzadas por los operadores privados, significa la apuesta no solo por la existencia de un servicio público de radiotelevisión, sino también la exigencia de una regulación que afecte a las emisiones de los operadores privados, que también tienen una responsabilidad en términos de democracia, de cultura y de educación que no puede ser dejada al arbitrio del libre mercado (que se traduce en precariedad y homogeneidad informativa).

2. Asumir que los valores que tienen que regir el sector público de radiodifusión son la independencia, la libertad informativa, el dominio público y los derechos ciudadanos.

3. Plantear un sistema de financiación claro y preciso para la radiotelevisión pública, como existe en otros países que, también afectados por la crisis, no condenan a su servicio público de radiodifusión a la marginalidad e irrelevancia social con sus recortes.

Pistas para dibujar una hoja de ruta

Hay, además, algunos aspectos que nos gustaría resaltar y que son necesarios clarificar para no dejarnos confundir en el camino dibujado:

Necesitamos reivindicar un concepto de medios comunitarios radicalmente opuesto a la visión que se establece en la Ley Audiovisual de Andalucía y que reproduce una visión liberal, privada, y no pública o comunitaria, de esta modalidad de acceso a radiofrecuencias. Así, en la norma, se tiende a equiparar ideológicamente lo comunitario con lo libre frente a lo público coincidiendo en ello con los operadores privados en una lógica de acceso.

Por otro lado, es necesario dotar de una función efectiva y social a organismos como el Consejo Audiovisual de Andalucía, que continúa relegado y disminuido, al igual que el Consejo de Participación Audiovisual que queda como una instancia meramente consultiva sin trascendencia ni función relevante alguna desde el punto de vista social.

Además, el marco normativo actual mantiene como pauta una visión mercantil y comercial en contra del Estatuto de Autonomía, preservando para el sector privado la publicidad total (de la que quedan exentos los medios comunitarios y los futuros medios educativos vinculados a la Universidad) e incluyendo contenidos de nocivos efectos para la salud pública como los espacios comerciales de esoterismo y juegos. Nada se dice, además, de la publicidad que atenta contra la identidad y los valores de la cultura andaluza. En suma, se asimila en la norma la doctrina liberal de la UE sobre la publicidad en todos sus formatos, modalidades y en exclusiva para los operadores privados, lo que a medio plazo garantiza un dominio del espacio audiovisual por los grupos nacionales de comunicación de Madrid.

Por último y de manera sorprendente, el papel de la Universidad es irrelevante en todo el desarrollo normativo. Paradójicamente, no se habla de I+D, de tecnopolos audiovisuales, de industria y política económica para el sector, por más que se insista en la promoción del empleo y la importancia para Andalucía.

Un camino para avanzar juntas

En definitiva, parafraseando el célebre lema de una campaña institucional de la Junta: Andalucía será imparable solo si las personas avanzamos juntas, si todas caminamos, si la ciudadanía está comprometida, implicada y en pie. Y esto solo es posible con información, con debate, con movilización popular, con un esfuerzo colectivo de pedagogía política. ¿Estamos a tiempo de cumplir estas condiciones cuando nuestros medios de comunicación públicos están hoy amenazados de muerte por la extrema derecha de ayer y de hoy? Seguro que sí. Pero ello pasa por rebelarse contra un destino, el de la RTVA, de arma propagandística y reivindicar su papel de pilar de lo común, con más praxis y menos declaraciones solemnes. Esto es, construyendo autonomía desde la voluntad instituyente del pueblo andaluz como ya hiciera décadas atrás el 4D. Es tiempo, en fin, de discutir y evaluar las políticas de comunicación y cultura. La ausencia de la Junta hasta hoy en el campo de producción simbólica del imaginario, da cuenta de la renuncia a la propia libertad de un necesario proceso constituyente, del PSOE a VOX pasando por las negociaciones en Madrid del PP y Ciudadanos. Los cambios políticos aún por definir tras estas elecciones no auguran un cambio a mejor en este sentido, más bien todo lo contrario. Por ello, corresponde ahora más que nunca pensar qué hacer y cómo: dar cuerpo a la autonomía desde la alegre pasión de quienes han perdido todo menos la esperanza de un futuro mejor para nuestra tierra. 

Qué es eso de una ley de medios aprobada para Andalucía. Y a mí, qué

La guerra de la democratización de los medios está perdida, pero hay que permitirse el lujo de ganar una batalla, que diría el inmenso Federico Lupi en esa epopeya de la utopía que es la película de Aristarain, Un lugar en el mundo. Hacía alusión así, apostado en un árbol y con la mirada de estar donde quería estar, a la lucha de David contra Goliat, de impedir que la construcción de una presa destruyera la organización colectiva cooperativa de ganaderos en la Pampa argentina. Pues eso digo yo. Se ha aprobado la ley Audiovisual de Andalucía pero te queda un vacío, después de casi cinco años de trabajo colectivo, y te preguntas: ¿y ahora qué? El Gobierno de la palabra de las grandes decisiones está en las mismas manos. 

Las que estamos participando en los medios comunitarios lo tenemos claro. Queremos comunicar un relato propio de los acontecimientos y enredarnos en un imaginario tejido con muchos hilos de colores distintos de la comunidad de la que somos y en la que construimos una gran parte de nuestra identidad. Pero ¿qué son los medios comunitarios a efectos legislativos? A pesar de que las radios libres existen y existirán sin amparo administrativo —con el afán de expresarse libremente sin corsés que las amordacen en su interpretación del ejercicio de la libertad de expresión—, en el año 2010 la ley General Audiovisual dibuja un marco legal de reconocimiento de la existencia de estos medios junto a los medios privados y a los medios públicos. Y también impone una serie de condiciones, claramente discriminatorias, para poder emitir. La primera, la prohibición de sustentarse a través de la publicidad, privada o institucional. Y, la segunda, la de restringir la capacidad de incidencia limitando el presupuesto que manejen a unos exiguos 50 000 euros anuales, por ser entidades sin ánimo de lucro. Y, lo más grave, deja el asunto de la obtención de licencias (cómo se va a regular ese procedimiento para las comunitarias) a un inminente desarrollo posterior a través de un decreto o similar. Han pasado ocho años y el Gobierno central ha hecho caso omiso a este deber y compromiso plasmado en una ley. La Red de Medios Comunitarios (ReMC), la mayor red organizada estatal de estos medios, puso un recurso por este motivo, que se ha perdido, y actualmente, también a instancias de esta red, el Comité de Derechos Humanos de la ONU le está pidiendo explicaciones a España sobre el motivo por el que en nuestro país no haya licencias concedidas, a diferencia de muchos países europeos.

Todo esto supone lo que desde algunas compañeras de la Red de Medios Comunitarios hemos dado en denominar las tres ‘P’. Pocas, Pequeñas y Pobres. Y añado otra más: Perseguidas. Hasta el punto de que desde eldiario.es se publicó la filtración de un informe interno, cuando el ministro Soria del anterior Gobierno del PP controlaba la cartera del Ministerio de Industria, donde se apelaba a la eliminación de la presencia de los medios comunitarios en la ley General Audiovisual, tachándolos de «extrema izquierda». Peligrosos, en definitiva. Y esto viene a coincidir con que las emisiones del programa La Tuerka de Podemos, «enemigos» del Estado, se realizaba desde Tele K, televisión comunitaria de Vallecas. La campaña entonces desde muchos mass media era de acoso feroz a esta organización política. Y daba igual la ingente cantidad de post verdades que se lanzaran. La impunidad de la mentira y del discurso hegemónico era la dinámica predominante, y lo sigue siendo ahora con cuestiones como el independentismo catalán o cualquier asunto que cuestione la transición en nuestro país. Los blindajes, por tanto, son inexpugnables y atenazados a razones económicas fundamentalmente.

En este punto, conviene parar y explicar brevemente esas razones económicas que impiden la subsistencia de los discursos divergentes sin ánimo de lucro que representan los medios comunitarios en un espacio público, el radioeléctrico, saturado. Y donde, como un mantra, las administraciones te repiten que no cabe nadie más. Y que ellos quisieran, pero que no es posible. En primer lugar, la competencia de planificación de frecuencias la tienen las comunidades autónomas, pero las tiene que autorizar el Estado, que es quien realmente decide cuántas licencias y cómo. Aquí llega la colisión y el bloqueo constante de otorgar licencias. El peloteo de una administración u otra con lanzallamas políticos según el colorido ideológico incompatible o no entre ellas. La verdadera razón que late detrás en ambos casos es la de cuidar a sus clientelas mediáticas y la de ser indulgentes con muchos incumplimientos en los que incurren las televisiones privadas y las públicas, tanto de territorios nacionales, autonómicos como de municipales. Y no solo se trata de indulgencia, sino de prevaricación en algunos casos. Y claro que hay espacio. Si se exigiera que se cumplieran muchas cláusulas de concesión, como son la transparencia o la obligatoriedad de emitir un porcentaje de contenidos territoriales que reflejen una diversidad cultural real, en vez de redifusiones de mensajes estandarizados que se fabrican en Madrid y se replican reproduciendo un modelo comunicativo centralista y en blanco y negro de la realidad. Y no hablemos ya de hacer cumplir la función educativa y social de los medios, y de dar cabida a la participación de colectivos y ciudadanía. Si se exigiera todo eso, lo establecido en las condiciones de concesión de una licencia, quedaría mucho espacio libre. Todo esto deja a la intemperie a nuestra democracia y sin argumentos para asegurar que cumple la Constitución o los estatutos de autonomía, por no mencionar las muchas directrices europeas relativas al derecho a la comunicación.

En Sevilla, el ejemplo mas paradigmático de este acoso a una radio comunitaria es Radiópolis. Esta emisora, de la que he sido presidenta y coordinadora y, por tanto, cuyo caso conozco bien, se ha visto envuelta en varios tsunamis persecutorios. Desde un Ayuntamiento que nos invitó a irnos de la sede en la que legítimamente estábamos funcionando y avalados por un acuerdo de Gobierno anterior, pasando por requerimientos de la Junta de Andalucía, denuncias de AGEDI, para finalmente culminar en la peor amenaza de todas: una posible multa de entre doscientos mil y dos millones de euros desde el Ministerio por emisión ilegal. Conseguimos paralizarla. Y fue gracias a estar empoderadas por pertenecer a la ReMC e involucrarnos, desde el compromiso, en su comisión de legislación y derecho a comunicar, con compañeras expertas; y por formar parte de foros, como es el caso del Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía. Y, por tanto, el inicio de un proyecto de ley en Andalucía nos parecía una oportunidad para seguir incidiendo, aprendiendo y vinculándonos más entre todas.

Así, en el seno de este escenario tan complejo, la reciente aprobación de la ley Audiovisual andaluza supone un paso adelante en lo referido a otorgarle dignidad y legalidad a los medios comunitarios, que llevan muchos años, desde los 80, pretendiendo ser un contrapoder informativo, pero que se veían avocados a cerrar cuando llegaba un expediente de multa. Ahí han estado desde entonces Radio Vallekas, en Madrid, Radio Kras en Asturias, con amenazas resueltas de cierre; Radiópolis en Sevilla, que ya hemos mencionado, o Cuac FM en A Coruña, afectada actualmente por una prohibición de emitir en FM, por mencionar solo algunas. En otras palabras, esta norma puede posibilitar la existencia en el espacio público radioeléctrico de los medios comunitarios andaluces sin amenaza, que no es poco. Eso sí, de manera transitoria y a través de una autorización temporal interpelando al papá Estado de que cumpla con su obligación de conceder licencias como hace con sus amigos privados, y en igualdad de condiciones que los públicos. Eso que se llama los tres tercios. Reparto equitativo entre los tres tipos de medios. Y ahí tenemos la utopía de nuestro particular lugar en el mundo. Pues bien, algo impensable como eso ha quedado reflejado como horizonte al que tender en la ley, algo que sabemos que no llegará, pero ahí ha quedado escrito y, desde ya, publicado en el BOJA. Desde los colectivos que hemos trabajado por esto y, especialmente, de los que he formado parte, el Foro Andaluz de Comunicación y la Red de Medios Comunitarios, de ámbito estatal, consideramos que esto supone un precedente para otros procesos legislativos que se están empezando a dialogar en otras comunidades autónomas a través de compañeras de la ReMC, como es el caso de Asturies, o que andan ya muy avanzados como en Cataluña. Y en la Comunidad Valenciana o Navarra donde hay procesos abiertos con receptividad.

El resto del texto de la ley no deja huellas muy reseñables que celebrar, bien es verdad.  La renovación pendiente de la RTVA para que sea un vehículo de socialización de un relato común, plural, diverso, rico, que atraviese todas las capas sociales y nos cuente a todas las andaluzas, no se ha movido apenas a raíz de la aprobación de esta ley. Quizás habría que destacar también que sí se menciona el derecho de acceso a la RTVA, y determina una serie de horas en horario no residual para emisión de contenidos que provengan de colectivos y sociedad civil. Por otro lado, una asignatura muy importante, la de la alfabetización mediática, se ha quedado coja. Y es que según nos argumentaban desde la Junta de Andalucía, nuestras mociones para que esta se convirtiera en materia obligatoria en todas las etapas del sistema educativo no depende de Andalucía, sino del currículum que marca el Ministerio de Educación. Una vez más, tropezamos con el peloteo competencial. No obstante, ha quedado reflejado que desde el sur se marcan las líneas estratégicas para una planificación educativa que ponga en el centro, en nuestras escuelas e institutos, la lectura crítica de los medios como algo consustancial del aprendizaje comunicativo. Y, por último, es bastante reseñable que se haya considerado la necesidad de creación de un Consejo de Participación, más allá del papel actual que desempeña el Consejo Audiovisual de Andalucía que actualmente ni siquiera es vinculante y se queda en un mero adorno de informes que no deciden lo que nos importa a la ciudadanía activa y preocupada con el progresivo deterioro de la radio y televisión públicas y, qué decir, de las comerciales. Este Consejo de Participación, en los últimos meses de negociación, ha dado un pequeño salto en positivo en sus funciones y en su composición, que no se limitará, para conformarlo, a sindicatos, universidad y asociaciones de consumidores, sino, también, a colectivos y medios comunitarios. También se encargará del diseño de la planificación estratégica del sector.

Ahora, por delante, quedan muchos reglamentos pendientes que posibiliten abrir estas ventanas que se plasman en la ley y que podrían hacernos ganar otras batallas. Y, sobre todo, queda el debate social, el de la calle. Hablamos de una gran mayoría social a la que aun no le genera interés nada de esto cuando enciende la tele o enchufa una radio para informarse por las mañanas.  

El paradigma actual de la comunicación en la última década ha dado un giro de 180 grados. Y eso pasa por considerar que la globalización informativa puede vincularse con los medios de comunicación tradicionales a través de nuevos formatos y modelos,  donde la ciudadanía sea la protagonista y participe. No queda otra. Esto ya es una realidad plasmada en modelos asociativos de suscriptoras y cooperativos de medios digitales. Ejemplos son El Salto Andalucía, o este Topo querido. Los medios comunitarios lo llevan implementando desde hace más de 30 años con una comunidad física y local que apoya generando contenidos, decidiendo en la gestión y aportando económicamente para su sostenimiento. Los viejos mamuts siguen dando sus últimos estertores y lo hacen con fuerza porque siguen bajos las alas de los gobiernos en una relación de connivencia de intereses mutuos que les permiten seguir respirando, pero con crisis reales de credibilidad. El gran error es que no quieren ver a una generación 3.0 que se informa y se entretiene a través de otras ventanas audiovisuales, sonoras y, cada vez menos, escritas. Y eso es imparable. La ley Audiovisual andaluza es un pequeño aporte a este devenir tan vertiginoso y —lo hemos advertido en las mesas del proceso donde hemos estado— no soluciona en casi nada lo que está pasando.

El paradigma de la comunicación, por tanto, está mudando la piel hace tiempo. Pero no da tiempo a hacer una reflexión sosegada sobre ello. La tiranía de la inmediatez en la que vivimos a través de las redes sociales y canales comunicativos digitales, donde cada usuario se expresa mucho y lee poco, no posibilita ese debate. La información cada vez está más en desuso y en su lugar acampa una avalancha de opinión sobre la opinión que genera una sociedad crispada y plagada de bulos y patrañas que nos distraen mientras ya sabemos quién y cómo se están tomando las decisiones. Y no podemos permitirnos perder más batallas, como diría el gran Federico Lupi.

QUIENES TRABAJAN LA TIERRA

La explotación laboral en el campo andaluz

Andalucía es colonia

Andalucía es un territorio colonizado. Aunque se ubica en Europa se construye como colonia interna y en el mejor de los casos como periferia.

En Andalucía existen dos actividades económicas principales: la agricultura intensiva e insostenible y el sector servicio orientado al turismo. Esta tierra y sus 8 millones de habitantes carecen de industria fuerte a pesar de ser uno de los territorios productores de materias primas principales en Europa. Más allá de las cifras, si se pasean por la costa de Granada y Almería verán, principalmente, turistas y los famosos plásticos de los invernaderos. Si se pasean por las costas de Huelva verán plásticos de invernaderos de fresas, mujeres migrantes y turistas. Aquí se produce el 47% de la naranja del Estado, pero no hay industrias de transformación de la naranja. Igual ocurre, por ejemplo, con el algodón. La plusvalía de la trasformación se queda en los lugares donde se procesan y comercializan los productos finales. Andalucía pone la tierra, los manijeros, la camarera y la precariedad. El Sur global pone la mano de obra inmigrante y la miseria. Esta es la realidad colonial de Andalucía.

La Política agraria común en Andalucía

Si desde antes de la entrada en la Unión Europea a Andalucía ya se le había asignado una división territorial del trabajo, especializada en la agricultura, a partir de la entrada en la UE se acentúa la especialización también de los productos a cultivar, atendiendo a los intereses del mercado agroalimentario global. Así, Andalucía se convierte, en los 90, en la huerta y el olivar de Europa. Ambas producciones representan casi el 80% de la producción final agraria. Esto nos muestra cómo la economía andaluza tiende cada vez más, por las decisiones comerciales de la UE y la PAC, al monocultivo. Así, la variedad de cultivos desciende conforme aumenta el peso del olivar y el sector hortofrutícola; así sucede con cultivos complementarios (cereales y cultivos industriales, sobre todo) que compartían con estos dos la especialización agraria, acentuada en los 60, que satisfacían en cierto grado la demanda interna y que ahora hay que importar. Si a la pérdida de cultivos y a la tendencia al monocultivo le sumamos una economía con un sector industrial débil y que exporta la mitad de su producción agraria para ser manufacturada fuera, y que después tiene que importar productos alimentarios industrializados (habiendo aquí la materia prima necesaria), el resultado es un sistema económico injusto, vulnerable y dependiente. Como reflexiona Vandana Shiva,

«creo que debemos reconocer, a nivel profundo, que la destrucción de la diversidad y la creación de monocultivos nos empobrece ecológica y culturalmente. Es tiempo de decir adiós a los monocultivos. No son un sistema sofisticado, son un sistema de violencia, porque solo la violencia puede convertir la diversidad en monocultivo, ya sea en una plantación forestal o en el sistema en que nos alimentamos».

Andalucía es la lucha por la tierra

La lucha por el cambio social y político en Andalucía y la trasformación de los movimientos sociales se vincula directamente, así lo ha querido (para bien y para mal) la historia, con la tierra, esto es, con las condiciones históricas de explotación del pueblo andaluz; con sus sufrimientos y tormentos como pueblo expoliado del control sobre sus propios recursos; con sus luchas contra tales condiciones de explotación y expolio. Es decir, con una reafirmación de su identidad nacional-popular como reflejo, en lo cultural, lo económico, lo político y lo social, de todos estos aspectos directamente vinculados a lo que hemos definido como soberanía alimentaria; sinónimo, en Andalucía, de lucha popular, de lucha del pueblo, que nace de las propias condiciones de los movimientos sociales y que se dirige hacia la defensa de los intereses del pueblo desde una perspectiva comunitaria, solidaria.

Dicho con otras palabras, para entender los procesos políticos que se han dado en Andalucía, es fundamental entender la lucha contra la colonización de la tierra, que hoy como ayer, sigue concentrada fundamentalmente en unas pocas manos de grandes terratenientes (hoy incluso más que ayer: 2% de los propietarios poseen más del 50% de toda la tierra cultivable andaluza); insertada dentro de un marco de lucha mayor, como es el que incluye el concepto de soberanía alimentaria, que relaciona a movimientos  campesinos, de consumidorxs, a sindicatos y a ecologistas.

Quienes trabajan la tierra

Para la mayoría de trabajadorxs del campo, lxs jornalerxs, la situación laboral es de períodos de paro forzado, alternado con otros de precariedad laboral. Su reclutamiento se encuentra sujeto a diversas coyunturas, como las variaciones del mercado y la necesidad puntual de los agricultores, frente a un incremento del ritmo de la recolección o el despido de algún trabajador. Se guiarán por las campañas: desde mayo hasta finales de octubre, la campaña de la fruta en zonas como Navarra y Aragón; al terminar la fruta, empieza la vendimia y la naranja; también desde noviembre empieza la recogida de hortalizas en Almería y Murcia, en una campaña de larga duración. En diciembre, la campaña de la aceituna en zonas como Jaén; y luego la fresa, en Huelva, y los espárragos, a finales de mayo. En las provincias de Jaén y de Huelva, la situación presenta diferencias con respecto a la provincia de Almería, ya que la mayor parte de los trabajadorxs no comunitarixs son temporerxs que abandonan las localidades al final de la recolección. Así, la media de estancia en la provincia de Jaén es de dos meses y de cuatro en la provincia de Huelva.

Lxs jornalerxs, de emigrantes a inmigrantes

Andalucía, en su calidad de colonia interna, ha representado una bolsa de mano de obra barata para el resto del Estado. Ha sido primariamente una tierra de emigrantes. La industria del norte del país, catalana y vasca, se levantó gracias a la emigración andaluza. Un dato ejemplarizante es el millón y medio de andaluces que durante los años 60 y 70 del siglo XX emigraron a Cataluña buscando las oportunidades de trabajo que la industria ofrecía y de las que carecía el campo o la minería en andalucía.

En los años 90 comienza a implementarse la agricultura intensiva en Andalucía. Las condiciones climáticas permiten que la agricultura de invernaderos se implante principalmente en Huelva, y en el oriente, en las costas de Granada y Almería. Una agricultura insostenible desde un punto de vista ecológico, que genera una altísima producción de materias primas de la que Europa es receptora y que requiere mano de obra barata para subsistir. Andalucía se consolida así como un territorio productor de materias primas y de escasa industria, y ratifica su rol de colonia económica interna en el Estado español.

Las duras condiciones del trabajo en el campo andaluz, tanto físicas como salariales, hacen que sean las personas con menos capacidad de elección las que accedan a este trabajo. La población autóctona rechaza la precariedad del trabajo agrícola optando por el sector servicio o la emigración. La producción intensiva del campo andaluz necesita brazos y son las personas inmigrantes las que los ponen. Las personas que se sitúan en el escalón más bajo de la jerarquía social y económica son la mano de obra perfecta para estas explotaciones agrícolas: migrantes, pobres y en un elevado número mujeres.

En Almería la población marroquí supera las 50 000 personas dedicadas principalmente al trabajo agrícola como jornaleros. Existiendo también una alta presencia de personas subsaharianas y de Europa del Este que trabajan en los invernaderos de las explotaciones agrícolas. Cerca de estas explotaciones proliferan asentamientos chabolistas donde reside la mano de obra inmigrante sin papeles. Se conoce como sin papeles a las personas migrantes que no tienen regulada su situación administrativa en el Estado español. Estas personas conforman la mano de obra de reserva para las explotaciones agrícolas mientras esperan poder echar un jornal en el campo malviven en precarias condiciones en estos asentamientos.

Parecida situación sucede en Huelva. La campaña de recogida de la fresa requiere durante unos meses al año más de 120 000 personas para hacer frente a una enorme producción. Los puestos de trabajo que no son cubiertos por autóctonxs se cubren con mujeres inmigrantes. Se trata de una contratación en los países de origen, un ejemplo de migración ordenada según el discurso hegemónico. La patronal fresera informa al Gobierno de los puestos de trabajo que necesita cubrir con mano de obra inmigrante, y la selección y contratación se realiza en el país de origen gracias a acuerdos bilaterales entre el Estado español y estos países. Los empresarios freseros de Huelva exigen un requisito principal: que sean mujeres. Justifican esta petición por el carácter menos conflictivo de las mujeres y por la delicadeza de las manos de las mujeres en la recogida de la fresa. Este tipo de contratación en origen se puso en marcha en el año 2000 y hasta el año 2006 las mujeres contratadas en origen provenían de Europa del Este. A partir del año 2006 y hasta la actualidad los contingentes son de mujeres marroquíes gracias al acuerdo entre el Ministerio de Trabajo de Marruecos y las autoridades españolas. Estas mujeres son más apreciadas por la patronal porque son más dóciles. Los requisitos para ser seleccionada son estar casada o ser viuda o divorciada, y tener al menos un hijo menor a cargo para garantizar que retornan a su país una vez que termina la campaña de la fresa. Son muchas las situaciones de abusos laborales y sexuales que se han denunciado durante estos años. Estas mujeres trabajan y viven en las fincas alejadas de los núcleos urbanos; desconocen el idioma y las formas de hacer valer sus derechos ante situaciones de abusos. Esta situación visibiliza una vez la alianza entre la explotación capitalista, patriarcal y racial en la que se sustentan el crecimiento económico y el desarrollo.

Las mujeres jornaleras andaluzas

El reciente informe de Contabilidad Regional Anual de Andalucía revela que el sector económico que mejor se está recuperando de la crisis estafa es el de la agricultura. Ya tiene más trabajadores que hace diez años. Trabajadores, pero no trabajadoras, porque desde hace unos años estas últimas, las mujeres, están siendo expulsadas de los tajos.

La crisis estafa y la mecanización de la agricultura han facilitado la expulsión de las mujeres del campo, sobre todo en el ámbito de la recolección de la aceituna. Estos dos factores han sido y son la coartada perfecta para seguir profundizando en el trato discriminatorio y machista que sufren las mujeres del campo andaluz. Aunque encontramos testimonios vivos y rebeldes de esta realidad en cada pueblo y en cada provincia, no encontramos estudios publicados que recojan datos de la evolución de esta tendencia que condena a la mujer a la marginación y precariedad laborales en el mundo rural.

Nuestras madres y nuestras abuelas han demostrado con creces durante largo tiempo que podíamos y podemos desempeñar cualquier labor agrícola igual que nuestros compañeros. Tras duras y extenuantes faenas en el campo, llegaban a casa y ampliaban la jornada dedicándose al cuidado de la casa y de la familia, todo ello sin las facilidades ni comodidades con las que hoy cuentan la mayoría de hogares. Lavaban la ropa a mano, fregaban los suelos de rodillas, remendaban, cocinaban para las cuadrillas… Hasta embarazadas tuvieron que demostrar su fortaleza, dando el callo como el que más, hasta el día antes del parto.

Hace unos años, cuando los hombres, atraídos por los cantos de sirena de la construcción, abandonaron el campo, ahí estuvieron ellas cuando este necesitó mano de obra. Pero ahora, de nuevo, quienes acaparan la tierra desprecian su presencia, y solo la aceptan, en la mayoría de los casos, si van acompañando a un hombre.

De nada han servido convenios del campo, como el que se firmó en 2014 en la provincia de Jaén reconociendo en una cláusula «el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, en la formación y promoción profesional, y en las condiciones de trabajo».

Nuestro reto

La situación aquí descrita no es un mal funcionamiento que pueda solucionarse con mayores inspecciones de trabajo ni mejores convenios colectivos. Es el sistema mismo, un capitalismo que necesita mano de obra vulnerable y territorios fértiles para su explotación y acumular riquezas en unas pocas manos. Un ejemplo de la voluntad específica para que esta situación de explotación laboral se perpetúe es la inacción de las Administraciones y la connivencia de los sindicatos mayoritarios con la patronal. El reciente convenio colectivo del campo de Sevilla recoge un falso aumento de salario, pues la jornada laboral se amplía desapareciendo el derecho a los quince minutos de bocadillo de lxs trabajadorxs. Ahora se trabaja más por menos

Andalucía es colonia, destinada a la agricultura intensiva y al sector servicios, la explotación laboral se concentra por tanto en la agricultura y en el sector turístico. Si le damos la vuelta, el campo y el turismo se presentan como nuestros territorios de lucha para la emancipación de Andalucía. En ello estamos.

Salvemos Valdevaqueros

Bajo este lema, decenas de miles de personas se movilizaron cuando en mayo de 2012 el Ayuntamiento de Tarifa aprobó el Plan Parcial para construir una macrourbanización en este emblemático y paradisíaco paraje situado en el litoral de Tarifa. La campaña para salvar Valdevaqueros del ladrillo se acaba de saldar con un sonado triunfo: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Tarifa que aprobó el Plan Parcial SL1 Valdevaqueros, procediendo a su anulación.

El Plan Parcial de Valdevaqueros pretendía construir 740 000 m2 junto a la playa y a la famosa duna de Valdevaqueros, con 350 viviendas y 1400 plazas hoteleras, provocando un impacto brutal e irreversible en uno de los litorales más valiosos del sur de Europa. Vulneraba numerosas leyes y planes urbanísticos y medioambientales, lo que no fue óbice para que contara con el incondicional apoyo del alcalde tritránsfuga del PP, Juan Andrés Gil. La aprobación del Ayuntamiento de Tarifa se llevó a cabo con los votos del PP y PSOE y el aval de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que actuó más como representante de los intereses de la empresa promotora que del interés general de toda la ciudadanía. En la especulación urbanística PP y PSOE han ido de la mano.

Tras la aprobación del Plan Parcial, cerca de 100 000 personas firmaron un manifiesto en defensa de este paraje natural, mostrando su oposición a este proyecto en lo que fue una de las primeras campañas contra la especulación urbanística con tan amplia repercusión en las redes sociales. Varios actos y manifestaciones se sucedieron durante el verano de 2012 en Valdevaqueros, con masivo apoyo y participación de los usuarios y usuarias de esta playa virgen.

Pero además de la oposición ciudadana, era preciso dar un paso más, acudiendo a los tribunales para conseguir anular este proyecto especulativo. Si no, las protestas se marchitarían y los especuladores y sus apoyos políticos tendrían las manos libres para desarrollar esta macrourbanización y destruir este paisaje único. Ecologistas en Acción presentó un recurso contencioso administrativo en el TSJA pidiendo la anulación del acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Tarifa que aprobó este Plan Parcial. Los procesos judiciales son largos y tediosos para los ciudadanos del común y lo saben quienes se manejan a sus anchas en los tribunales. Pero hemos demostrado que, con justicia gratuita y abogado de oficio, si se tienen claras las ilegalidades cometidas y aportando argumentos rigurosos, es posible ganarles la batalla legal a gabinetes jurídicos de las administraciones y a los costosos bufetes que trabajan para las empresas constructoras. En este caso, el promotor urbanístico era Juan Muñoz, marido de la conocida presentadora Ana Rosa Quintana.

El recurso se basaba en la grave vulneración de la legislación vigente, al afectar a varios espacios naturales protegidos y no haberse sometido a la preceptiva evaluación ambiental estratégica. La sentencia el TSJA viene a ratificar nuestras denuncias y deja en evidencia la complicidad del Ayuntamiento de Tarifa y de la Consejería con la especulación urbanística, y su nulo compromiso con la defensa de los enormes valores ambientales y paisajísticos del litoral gaditano. 

Ecologistas en Acción y la Plataforma Salvemos Valdevaqueros advirtieron que esta operación afectaba a una zona virgen del Parque Natural del Estrecho, incluida en la Red Natura 2000 de la UE como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y a la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. De un total de 741 350 m2 de superficie del Plan Parcial, 222 700 m2 (el 30%) se encuentran en el interior de estas zonas protegidas.

¿Qué hizo la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio? A pesar de que es la responsable de la gestión de esos espacios naturales y de la evaluación ambiental de planes y proyectos, el día antes de la aprobación del Plan Parcial de Valdevaqueros, la entonces delegada provincial, Silvia López Gallardo, remitió un escrito al alcalde Juan Andrés Gil, del PP, en el que textualmente asegura que este Plan Parcial «se considera compatible con la normativa ambiental de aplicación». A la señora delegada se le olvidó advertir que este proyecto no había sido sometido al preceptivo procedimiento de evaluación ambiental, que afectaba a espacios naturales protegidos, que no había sido informado por la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho… En la sentencia del TSJA se asegura que esta «autorización» de la Consejería no se adoptó en el curso de un procedimiento regulado en la legislación de evaluación ambiental. O sea, la delegada falsificó un informe para favorecer la aprobación de este proyecto urbanístico ilegal. Y al día siguiente el PSOE votó en el Pleno municipal junto al PP la aprobación del Plan Parcial.

Tras este despropósito, remitimos un amplio informe al entonces presidente Jose A. Griñán proponiendo una serie de medidas para impedir la urbanización de Valdevaqueros. No contestó, pero sí lo hizo el entonces consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Luis Planas (ahora ministro), comprometiéndose a impulsar un plan de protección del litoral que blindara contra la especulación urbanística al litoral tarifeño. Y lo hizo. Aunque su sucesora, Mª Jesús Serrano, desmontó en gran parte la protección prevista a numerosas zonas del litoral andaluz, se mantuvo la protección al litoral de Tarifa. A esta consejera le demandamos que recurriera el Plan, para sí evitar demandas de indemnizaciones de los promotores, pero no lo hizo, argumentando que el Plan de Protección del Litoral ya impedía el desarrollo de esta urbanización. Cuando propusimos en el Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTUA) que se recurriera, Nieves Masegosa, Secretaria General de Ordenación del Territorio, nos contestó que un informe del gabinete jurídico de la Junta lo desaconsejaba. Jamás nos facilitaron dicho informe. Ahora Mª Jesús Serrano es diputada y Nieves Masegosa viceconsejera. El Plan de Protección del Litoral ha sido anulado por el TSJA (¡lo aprobó un consejo de gobierno en funciones!), y si no llega a ser por el exitoso recurso presentado por Ecologistas en Acción, el ladrillo y el hormigón estarían devastando Valdevaqueros

Pero hay mucho más, la Junta de Andalucía ha mantenido este proyecto en todos los planes urbanísticos y de ordenación del territorio, incluso tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. En 2010 lo mantuvo cuando aprobó la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Tarifa a LOUA, y en diciembre de 2011 cuando aprobó el Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Campo de Gibraltar, solo cinco meses antes de la probación del Plan Parcial de Valdevaqueros por el ayuntamiento. El PGOU de Tarifa data de 1990 e incluye crecimientos urbanísticos injustificados y desorbitados, propios de los inicios de la burbuja inmobiliaria. Solo en el litoral hay siete grandes urbanizaciones que suman 5 688 627 m2, lo que multiplicaría por cuatro su actual núcleo urbano. La Junta de Andalucía ha mantenido y apoyado todas estas macrourbanizaciones. Además, para facilitar su desarrollo, las eximió de cumplir los límites de crecimiento del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Cuando se aprobó el Plan Parcial, la delegación de la Consejería lo inscribió en el registro de instrumentos urbanísticos, intentando así darle visos de legalidad. ¡Más complicidad imposible! La sentencia del TSJA también es un varapalo para la Consejería, pues declara ilegales los informes favorables al Plan Parcial y anula esa inscripción.

Si no hubiera sido por la campaña ciudadana desplegada y por el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción, las grúas estarían en Valdevaqueros y muchos políticos que ahora dicen aceptar la sentencia que anula esta urbanización, estarían justificándola… o inaugurándola.

La sentencia es contundente al declarar la ilegalidad de este proyecto:

  • Resulta controvertido que el Plan Parcial no ha sido sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental, incumpliendo la ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
  • Debe concluirse que, habiéndose omitido durante la tramitación del Plan Parcial el preceptivo procedimiento de evaluación ambiental, el acuerdo impugnado es nulo de pleno derecho.
  • Bastan los antecedentes señalados para advertir la gran importancia de los valores ambientales y naturales presentes en distintas zonas tanto dentro del ámbito del sector como en sus inmediaciones, y que han merecido reconocimiento autonómico, nacional y comunitario, mediante su catalogación, según el caso, como Parque Natural, Lugar de Interés Comunitario, Zona de Especial Conservación, Zona de Especial Protección para las Aves y Reserva de la Biosfera.

Es de lamentar que los dos motivos de impugnación que el Tribunal no ha aceptado se basen en certificaciones y planes aprobados por la Consejería que han pretendido avalar este proyecto especulativo. Así, no se admitió el motivo de no haber sido informado por la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho porque la Consejería certificó que se habían recabado todos los informes preceptivos, lo que es manifiestamente falso. Tampoco se admite que el plan incumple los límites de crecimiento del POTA porque el POT del Campo de Gibraltar eliminó del cómputo de los crecimientos los sectores urbanizables de uso turístico. O sea, la Consejería ha sido la principal baza del ayuntamiento y la empresa promotora para intentar rechazar nuestro recurso, pero no les ha bastado.

Tras la sentencia, Ecologistas en Acción manifestó públicamente su satisfacción, que viene a dar carpetazo a unos de los proyectos más significativos de la era del ladrillo y que sorprendentemente se pretendió desarrollar en plena crisis provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Esta satisfacción es aún mayor si tenemos en cuenta que una ONG, con el mero trabajo voluntario, ha conseguido ganarle en los tribunales al Ayuntamiento de Tarifa, a una potente empresa promotora y a la propia Junta de Andalucía.

Pero la anulación del plan parcial, aunque muy importante, no es suficiente para garantizar la protección del litoral de Los Lances y Valdevaqueros. Estos suelos siguen siendo urbanizables y son una espada de Damocles para el litoral tarifeño. Para conseguir desmontar las previsiones delirantes de crecimiento urbanístico del actual PGOU de Tarifa, hay que revisarlo, desclasificando los suelos de estas siete macrourbanizaciones.

Ecologistas en Acción presentó en la última reunión de la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, celebrada el pasado 7 de junio, las siguientes propuestas:

•  Instar al ayuntamiento de Tarifa a que, en el marco de la revisión del PGOU, proceda a la desclasificación de los suelos considerados como urbanizables por el PGOU vigente, que data de 1990, en la zona de Valdevaqueros-Playa de Los Lances.

•  Instar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a la modificación del POT del Campo de Gibraltar para incluir como Zonas de Interés Territorial los suelos entorno a Valdevaqueros y Playa de Los Lances que estaban protegidos con la categorías de Zonas litorales de Protección Territorial 1 en el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, prohibiéndose expresamente cualquier desarrollo urbanístico de tipo residencial o turístico.

El primer punto se aprobó por práctica unanimidad tras un acalorado debate. El alcalde de Tarifa, ahora del PSOE, lo apoyó, por entender que era congruente con la opción del actual ayuntamiento por un nuevo modelo de desarrollo turístico centrado en el actual núcleo urbano. El segundo no se pudo votar por los responsables de la Consejería, denotando que siguen eludiendo sus responsabilidades y anclados en las expectativas especulativas, en vez de apostar decididamente por el decrecimiento urbanístico y la protección del litoral.

Nuestro objetivo ahora es que se revisen todos los planes urbanísticos de la época de la burbuja inmobiliaria para desclasificar los millones de metros cuadrados urbanizables. Estas previsiones de crecimiento totalmente desmesuradas siguen vigentes con el beneplácito de ayuntamientos, empresas promotoras y Junta de Andalucía.

Ecologistas en Acción ha exigido también responsabilidades a los y las políticos y técnicos que avalaron este proyecto ilegal. Quienes tanto invocan que «las leyes están para cumplirse», parecen no sentirse aludidos por esta máxima cuando se trata de cumplir con la normativa urbanística.

Esta sentencia es la mejor noticia que puede recibir nuestro litoral y la sociedad ante la incipiente temporada turística, ya que garantizará la preservación de uno de los parajes litorales vírgenes más valiosos y afamados del sur de Europa. 

No es sequía extraordinaria e imprevisible:

es sobreexplotación de los ecosistemas acuáticos

Por primera vez sindicatos y organizaciones agrarias mayoritarias coinciden con ecologistas y otras organizaciones sociales en planteamientos con un claro contenido decrecentista en la gestión del agua.

Nos encontramos en el comienzo de un nuevo ciclo histórico de política de agua: de la misma manera que los efectos de la sequía del 1991-1995 hicieron entender que los cortes generalizados de agua a las poblaciones eran inadmisibles, la sequía que amenazaba gravemente hasta el mes de marzo, atenuada por una secuencia extraordinaria de lluvias, ha puesto de manifiesto rotundamente que la demanda total de agua ha sobrepasado las disponibilidades en Andalucía. La sociedad tiene que tomar definitivamente conciencia de ello. Y está empezando a hacerlo.

La Comisión Europea reconocía en 2007 que las sequías y la escasez hídrica eran fenómenos cada vez más frecuentes en el ámbito comunitario[1]. Establecía claramente las diferencias entre la escasez de agua, como el desequilibrio entre la capacidad de atender las demandas y los recursos disponibles de forma natural; y las sequías, como situaciones ocasionales y recurrentes de descenso de las precipitaciones, suficientemente largas e intensas como para generar impactos socioeconómicos y ambientales adversos, al reducir temporalmente la disponibilidad de recursos hídricos.

Hasta finales de febrero se venía desarrollando un año hidrológico con precipitaciones muy inferiores a la media, después de tres años de similares características. Los embalses se encontraban a un tercio de su capacidad, una situación frecuente en la cuenca de Guadalquivir. A lo largo de marzo se ha producido un intenso y prolongado período de precipitaciones, que ha permitido que los embalses aumenten sus reservas por encima del 60% de su capacidad: un período extraordinario de lluvias que únicamente acontece cada 40 o 50 años. Se han evitado las fuertes restricciones a los regadíos de la cuenca en la próxima campaña, mientras que los abastecimientos urbanos están garantizados.

La realidad bien conocida es que nuestro clima mediterráneo se caracteriza precisamente por periodos, de distinta duración e intensidad, pero frecuentes y recurrentes, de precipitación escasa que reduce la disponibilidad natural de recursos hídricos para la naturaleza y la sociedad. A veces estas circunstancias naturales y recurrentes producen una disminución muy acusada de los caudales de los ríos. De la misma manera, de forma natural se repiten también períodos de abundantes lluvias, a veces con espectaculares crecimientos de los caudales de los ríos. Hasta aquí, la naturaleza, pero a partir de aquí comienza la intervención humana, la construcción social de los riesgos (sequías e inundaciones) que nos afectan y la responsabilidad administrativa y política sobre los mismos.

Para poder aprovechar una parte importante de los recursos hídricos que circulan por los ríos, independientemente de las características del año hidrológico (seco, normal o húmedo), se han construido embalses en los cauces de los ríos y pozos que perforan los acuíferos. Un correcto uso de la gran capacidad de regulación que estas infraestructuras proporcionan debería permitirnos resistir las frecuentes situaciones de disminución temporal de las precipitaciones (sequía meteorológica).

Pero el propio Plan Hidrológico del Guadalquivir (PHG) diagnostica que, debido al exceso de demandas, existe un déficit estructural de 320 hm3 de aguas reguladas por los 46 grandes embalses de la cuenca[2]. Una demanda que supera los recursos disponibles significa una situación de sobreexplotación (eufemísticamente denominado «déficit o brecha en el PHG») de los mismos. De manera inevitable en periodos de varios años de aportaciones escasas a los embalses, esta sobreexplotación da la cara y obliga a reducir drásticamente los suministros para los diferentes usos de la sociedad. Realmente, atribuimos a la sequía excepcional lo que es consecuencia de una mala gestión de los recursos hídricos disponibles: se está suministrando anualmente un 15% más que los recursos superficiales disponibles. En el caso de las aguas subterráneas, las incertidumbres son mayores a causa de la falta de control adecuado sobre lo que se está usando actualmente y por el desconocimiento del funcionamiento hidrológico de muchos de los acuíferos de la cuenca.[3]

Esta falta de previsión y la inadecuada gestión del agua en circunstancias normales, dan lugar a crisis cuando aparecen estos periodos de precipitaciones menores, propios de nuestro clima y, por tanto, en buena medida previsibles.

En este contexto, los Planes Especiales de Sequía (PES) que las administraciones, y en concreto la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tienen que elaborar, pretenden hacer frente a este problema convirtiendo la mala gestión de los recursos hídricos disponibles en una consecuencia imprevisible de nuestro clima mediterráneo. Aún más, en una pirueta política, se convierte en víctimas a las administraciones que no han gestionado adecuadamente y a los usuarios que han presionado durante mucho tiempo por aumentar las demandas por encima de los recursos disponibles, en vez de hacer ver que son los mayores responsables de estas crisis, que acaban afectando a toda la sociedad.

Los PES nacen desenfocados al convertir en extraordinario e imprevisible lo que es frecuente y ocasionado por la decisión y la acción humana. En este sentido, el PES del Guadalquivir en concreto considera que, en el período 1980-2012, durante el 26% de los meses la cuenca se ha encontrado en situación de sequía prolongada, banalizando este concepto. De forma similar define los escenarios de escasez, dando como resultado que únicamente considera períodos de normalidad el 46% de los meses, y de prealerta, alerta o emergencia el 54% de los meses: paradójicamente, lo normal se convierte en anormal y la excepción en la regla.

Mantener las elevadas demandas totales en el conjunto del territorio exige, además, recortar al límite los caudales circulantes en los ríos. Por eso se fijan unos caudales ecológicos mínimos (aproximadamente un 3% del caudal medio circulante en régimen natural, en el caso del Guadalquivir) totalmente insuficientes para alcanzar el buen estado ecológico de los ríos y los ecosistemas terrestres asociados. En el Guadalquivir se permite reducirlos casi un 40% en situaciones de sequía excepcional, definida de esa manera tan poco rigurosa que se ha indicado. Esta reducción de caudales ecológicos mínimos, mientras no estén en riesgo los abastecimientos urbanos, contraviene lo dispuesto en la legislación europea (Directiva Marco de Aguas) y la española (ley de Aguas) y supone de hecho un ataque a la existencia de los ríos.

Al mismo tiempo, cuando da la cara esa sobreexplotación permanente y hay que aplicar fuertes restricciones, se utilizan únicamente criterios hidráulicos de disminución de las dotaciones para el regadío, es decir, un porcentaje igual para todas las explotaciones. No se tiene en cuenta que se debe minimizar la repercusión sobre la economía, el empleo y los diferentes territorios rurales, y que hay que proteger especialmente a los sectores agrarios que resultan más perjudicados, generalmente las explotaciones familiares de regadío. En este sentido, a la hora de la reducción de las dotaciones de agua para la agricultura deberían considerarse, entre otras cuestiones, criterios de creación y/o mantenimiento de empleo de las explotaciones agrícolas, protección de las explotaciones con cultivo ecológico y asentamiento de la población rural.

Ante esta escasez estructural, la apuesta por los recursos no convencionales debe formar parte de la solución, ya que actualmente solo se reutilizan de manera directa una pequeña parte de las aguas residuales urbanas. Este aumento de la disponibilidad de recursos no puede servir de argumento, sin embargo, para aumentar la demanda, por ejemplo con la regularización (que significa legalización de la expansión ilegal) de riegos en precario, lo que, por el contrario, debería ser uno de las principales objetos de control, al igual que el control de la extracción de aguas subterráneas.

Por suerte, después de la terrible sequía de los años 90, en la que el 60% de la población de Andalucía sufrió fuertes y prolongadas restricciones en los abastecimientos urbanos, las diferentes administraciones han tomado medidas para asegurar el suministro de agua a las poblaciones con altos niveles de garantía en cualquier situación. Esto es un gran avance en relación con el pasado, pero no podemos olvidar las numerosas pequeñas y medianas poblaciones que siguen sufriendo problemas de abastecimiento, por sobreexplotación y/o contaminación de recursos locales (acuíferos, manantiales) causada por expansión desordenada de regadíos o procesos urbanísticos especulativos.

Además, aparte de los PES, el Plan Hidrológico Nacional (ley 10/2001, de 5 de julio), establece la obligación de elaborar planes de emergencia por sequía en aquellos sistemas de abastecimientos urbanos que individual o mancomunadamente abastecen a más de 20 000 habitantes. Son muy pocas las poblaciones de la cuenca que a estas alturas de 2018 han cumplido esta obligación. La inadecuada Guía para la elaboración de planes de emergencia por sequía en sistemas de abastecimiento urbano realizada en 2007 por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), el brazo de las corporaciones privadas en el sector del agua urbana, y el Ministerio de Medio Ambiente, no ha facilitado el cumplimiento de la misma. Por otra parte, frecuentemente son las poblaciones menores de 20 000 habitantes las más afectadas por la sequía, por problemas permanentes de escasez o por deterioro de la calidad del agua de abastecimiento y requieren soluciones e inversiones urgentes que deben de estar incluidas en el PHG.

La gestión de las sequías requiere que las administraciones públicas y todos los usuarios del recurso, y no solo los productivos, puedan actuar de acuerdo con los principios de responsabilidad, información-transparencia y participación. Por ello, la planificación debe incorporar:

–  Mecanismos de participación que incorporen a todos los usuarios, no solo a los productivos, superando de una vez la consideración de que la representación del usuario del ciclo urbano del agua recae sobre las entidades y empresas abastecedoras.

–  Identificación de todos los grupos que vayan a verse afectados por la planificación y deben ser involucrados tanto en el propio diseño de la planificación como en el desarrollo y ejecución de las medidas, y ello de forma temprana y continua.

–  Desarrollo de estrategias de información, comunicación y participación social que impulsen y fomenten la respuesta de la sociedad civil.

Basándose en estas ideas, un conjunto muy significativo de los agentes sociales presentes en la cuenca del Guadalquivir [4] ha presentado un documento de alegaciones al borrador del Plan Especial de Sequías del Guadalquivir, defendiendo que este documento debe someterse a una profunda reformulación.

Solo puede incluir aquellas situaciones de sequía prolongada contempladas en la Directiva Marco de Aguas, en las que se deben adoptar las medidas para que no se deteriore el estado ecológico de los ríos y ecosistemas asociados y para que no se vean perjudicados los demandantes más vulnerables a la falta del recurso, salvo en circunstancias de interés público superior, como es el caso de los abastecimientos de emergencia a la población.

Las situaciones de sobrexplotación de embalses y acuíferos (los denominados déficits y situaciones de escasez) deben regularse en la planificación ordinaria (los planes hidrológicos) por su carácter previsible, por ser consecuencia de la mala gestión de los recursos disponibles; resultado de haber tolerado demandas superiores a los recursos provocadas por procesos económicos, sociales y políticos que hay explicar y que afrontar.

Es necesario exigir a los responsables políticos que tengan el valor de reconocer ante la sociedad que usamos más recursos de los disponibles. Hay que tomar medidas para ajustar las demandas al nivel que permita que sean sostenibles, incorporando la realidad del cambio climático, que ya está reduciendo nuestras disponibilidades de agua actuales y que lo hará de forma más intensa en las próximas décadas.


[1] El reto que supone la escasez de agua y las sequías fue reconocido por la Comisión Europea en su comunicación «Addressing the challenge of water scarcity and droughts» en 2007 [COM(2007)414].

[2] Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (2015), Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, Segundo ciclo de planificación: 2015 – 2021, Memoria, pág. 81.

[3] De acuerdo con el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, a los 320,11 hm3/año de «Brecha en ríos regulados» hay que añadir 134,33 hm3/año de «Brecha en ríos no regulados y aguas subterráneas» hasta alcanzar un déficit estructural total de 454,44 Hm3/año (ídem, pág. 148).

[4] Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, Comisiones Obreras, Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía, Ecologistas en Acción-Andalucía, FACUA Andalucía, Fundación Nueva Cultura del Agua, Fundación Savia, Sociedad Española de Ornitología, Unión General de Trabajadores, Unión Pequeños Agricultores y Ganaderos y WWF-España.

Giro decolonial para una sociolingüística de la justicia social

Introducción: privilegiar, jerarquizar, oprimir

Hay quien desde sus posiciones socialmente privilegiadas jerarquiza variedades lingüísticas (que, en realidad, es una jerarquización de grupos humanos, es decir, de personas). Las jerarquías que desvalorizan el andaluz (en los últimos meses también y muy especialmente el catalán: ¡cuidado que el catalán es del pueblo, no de los «señoritos»!) o, en Andalucía, el llamado ceceo como un capital simbólico no válido, no adecuado, «no prestigiado» (nos escupen a la cara a menudo con un pseudotérmino llamado prestigio, tomado ciegamente de lingüistas desprevenides o atravesades del clasismo weberiano) son una forma de racismo (en términos fanonianos, una lógica de inferiorización de un grupo que superioriza sus capitales inferiorizando los de otros; esa superiorización/inferiorización se hace, entre otros mecanismos, mediante la hegemonía gramsciana).

Frente a prestigio, hay que hablar de un concepto que desarrollo en mi tesis doctoral (que versa sobre todo esto) y en mis investigaciones derivadas, y que tomo de los feminismos negros norteamericanos: privilegio. No se trata, pues, de que unos modos de hablar sean prestigiosos, sino del privilegio social (interseccionado con otros privilegios: de color de piel, de ingresos económicos, de profesión, sexuales, de identidad de género, de origen geográfico, etc.) que ostenta un grupo, cuyos capitales simbólicos, por tanto, se privilegian (naturalizados por construcción, no porque sean naturalmente superiores), se imponen por hegemonía. Gramsci lo expuso bien: un grupo social hace pasar sus intereses de clase como intereses generales, mediante el control de diversos medios sociales: escuela, mass media, etc. Y esto es importante, porque los discursos, como nos enseñó Foucault, circulan socialmente y reproducen las ideologías, y, como expone Bourdieu, la escuela —y la Universidad no escapa a ello— supone, en su esencia, un sistema de inculcación de valores inherentes a un grupo social. Luisa Martín Rojo añade que esas jerarquizaciones descapitalizan a les hablantes, quedan en un afuera, pues: un Ser frente a un no-Ser, diría F. Fanon, pero también E. Lévinas. De esto es de lo que se encarga la sociolingüística crítica.

Hablamos de personas, no de objetos abstractos, como si las jerarquizaciones de quien dice ser lingüista no fueran jerarquizaciones de personas.

La decolonialidad de las ciencias sociales implica problematizar todo y partir de la experiencia, especialmente, de quien sufre opresión. Luego también se le puede hacer el juego al sistema, pero entonces ya no estaremos ante científiques, sino ante policías: y entre un bolígrafo para recoger testimonios de les hablantes y una porra hay un abismo insalvable.

Pensar en vertical vs. pensar en horizontal y en diversidad

El trabajo científico que realizo se enmarca en los estudios de sociolingüística crítica, una sociolingüística que pone su foco sobre lo que hacen les hablantes y lo que les hacen a cuenta de la lengua, entendida esta como índice, un marcador a partir del cual estos son jerarquizades. Desigualdad y poder son dos palabras claves. La ciencia lingüística y sus afines normalmente basan sus conceptualizaciones en objetos abstractos, como si nada tuvieran que ver con los seres humanos, y, en función de esto, un planteamiento similar al que estamos poniendo sobre la mesa diría que se jerarquizan variedades o ni siquiera eso.

Hay una tiranía de las conceptualizaciones que arrodillan a les hablantes ante sus constructos ideológico-epistémicos, en lugar de poner en el centro de su teorizar al ser humano, con cuidado especial de quien es excluide por causa de la desigualdad, de la dominación y de la opresión, incluidas las que genera el propio teorizador. La sociolingüística que ya podemos ir llamando de corte clásico es clasista. Prácticamente, tampoco problematiza ninguna de las categorías con las que opera: ni las variables estadísticas, ni las mediciones —y no siempre queremos medir—, ni sus métodos de recogida de datos, como la encuesta, sin observar las advertencias de Bourdieu sobre la relación de fuerzas entre quien encuesta y quien es encuestade y por las relaciones de poder que actualiza y las nuevas condiciones que en sí genera.

¿Qué pasa con la cuantificación y mediación al estudiar lo que en la sociolingüística clásica aún llaman «creencias y actitudes», los «prejuicios» y la «discriminación»? Es el caso de los estudios sobre la microviolencia lingüística y las ideologías lingüísticas. Medir no tiene sentido y no lo hacemos. Estudiamos con otras técnicas de recogida de datos estos procesos sociales, estos hechos, estas prácticas y lo que piensan estes hablantes de sus prácticas, así como de las prácticas ajenas relacionadas con tales prácticas. Yo, particularmente, uso la observación participante y la entrevista. La encuesta me es auxiliar para aproximarme a ciertos fenómenos.

Esta cuestión supone una dicotomía de recogida de datos por parte de quien investiga, bastante conocida para quien practica una sociolingüística crítica, interaccional y etnográfica, basada en métodos cualitativos. En un polo opuesto o, al menos, de naturaleza muy diferente, se encuentran los métodos cuantitativos, basados esencialmente en la encuesta, la medición y, para ello, la matemática aplicada, especialmente, la estadística. Son objetivos dispares, que pueden confluir si la pregunta o las preguntas de quien investiga requiere una triangulación, un diálogo entre ambos métodos.

En mis investigaciones, el trabajo de campo lo clasifico en dos tipos de casos de desvalorización de los capitales simbólicos andaluces, lo cual, insisto, es una inferiorización, finalmente, ontológica. El primer tipo es la desvalorización de lo lingüístico y discursivamente andaluz por parte de personas no andaluzas (cómo nos construyen es la cuestión). El segundo tipo es la desvalorización de capitales simbólicos andaluces realizada por el sistema escolar en Andalucía. Es importante poner de relieve esto: el investigador (yo) ya no está estudiando lo que ocurre a partir de su competencia; no teoriza desde el despacho, sino desde la experiencia de les hablantes, problematizando absolutamente todo: empezando por el propio rol de investigador y todo lo que ello conlleva (nadie está en el vacío social).

Las jerarquías son construcciones. Se naturalizan porque son fetichizadas, pero no son naturales. El sistema escolar polariza lengua culta / lengua vulgar, y hay un continuo castigo simbólico a través de la estigmatización y desvalorización de capitales simbólicos inherentes, ya sea por acción u omisión, privilegiando fraseología o léxico ajeno o arcaizante frente al propio del pueblo andaluz: tener bulla, meterse en una bulla, canija/o, hablar ligero, encalomarse, mosqueta, saboría/o, mascá, buena/mala gente, etc., como expone Méndez García de Paredes. Los libros recogen otras palabras y frases y, normalmente, el profesorado excluye o anecdotiza este capital andaluz, por ser tenido como ilegítimo, en términos bourdieusianos.

Estas jerarquizaciones arrastran una historia, que aquí no podemos hacer (por espacio), pero baste decir que son construcciones ideológicas a partir de prácticas concretas, prácticas sociales de inferiorización ontológica: unos seres humanos son inferiorizados y sobre lo que les es inherente se construyen ideas inferiorizadoras. Esta es la idea de racismo de F. Fanon que ha desarrollado R. Grosfoguel: una lógica de jerarquización que inferioriza una otredad por parte de un grupo que se autosuperioriza, usando para tal inferiorización diferentes marcadores, tales como el color de piel, el habla o la lengua, el origen geográfico, la etnicidad, la religión, la identidad de género, etc.

La sociolingüística incorporó de la sociología weberiana el concepto de prestigio, que ha pasado a los estudios lingüísticos en general y, de ahí, a la didáctica de la lengua (y de ahí a los textos escolares), y lo único que hace es contribuir a reproducir las desigualdades que generan estas jerarquizaciones (normalmente, interseccionadas con otras jerarquizaciones y desigualdades), pues prestigio naturaliza lo que, insisto, no es más que construido por un pensamiento de corte tanto clasista como racista, así como patriarcal. Lo expuse al principio: debe ser sustituido por privilegio. Quienes ostentan un capital que es socialmente puesto en valor como el válido (la lengua legítima[da], de la que hablaba Bourdieu) no es que tengan prestigio, no están por encima de modo natural, es que tienen privilegio social (como nos enseñan los feminismos negros norteamericanos) y, por tanto, privilegio lingüístico, construidos históricamente a través de genocidios/epistemicidios moderno-coloniales (Grosfoguel) y la conformación de un sistema-mundo (Wallerstein, Grosfoguel) basado en una colonialidad del ser, el poder y el saber (Dussel, Grosfoguel, Maldonado-Torres, Rivera Cusicanqui, etc.). Se trata de un «exceso ontológico, que ocurre cuando seres particulares se imponen sobre otros» (Escobar), sustentado institucionalmente, por hegemonía e ideología.

Hegemonía en términos gramscianos: el interés de grupo particular impuesto a otros grupos como interés general mediante el control y uso de medios para tal fin (escuela, medios de comunicación, etc.). Ideología entendida como la representación sociocognitiva que hacen los grupos y que sustentan sus prácticas (van Dijk) a partir de otras prácticas.

Conclusión: otras herramientas, otra casa

Este giro decolonial es necesario. Si, como dice la intelectual feminista Audre Lorde, «las herramientas del amo nunca destruirán la casa del amo», hemos de dotarnos de otras herramientas conceptuales con las que interpretar la realidad y actuar sobre ella. Como hemos visto, las herramientas del amo, atravesadas de una ideología de la desigualdad, de la dominación y de la opresión, deben ser sustituidas por herramientas pensadas desde las ideologías de la igualdad y la justicia social, en tanto que, como dice Boaventura de Sousa Santos,

el conocimiento científico no es socialmente distribuido de un modo equitativo; no podría serlo; fue diseñado originariamente para convertir este lado de la línea en un sujeto de conocimiento, y el otro lado en un objeto de conocimiento […]. La injusticia social global está, por lo tanto, íntimamente unida a la injusticia cognitiva global. La batalla por la justicia social global debe, por lo tanto, ser también una batalla por la justicia cognitiva global. Para alcanzar el éxito, esta batalla requiere un nuevo tipo de pensamiento,

y debemos dotarnos de otras herramientas.

El pensamiento lingüístico que está jerarquizando capitales simbólicos de grupos humanos y sus miembros en términos de legítimos e ilegítimos, como superiores e inferiores, está atravesado de una filosofía política y social muy concreta, que, básicamente, atraviesa todas las formas de pensamiento inferiorizadoras. Esto, normalmente, ni siquiera es advertido por les propies científiques, ya que los centros de conocimiento por excelencia y de excelencia, las universidades, han hecho pasar (como instrumentos de la hegemonía a la que se refiere Gramsci) sus herramientas y capitales simbólicos como neutros, asépticos, no ideológicos, objetivos, superiores y únicos para poder dilucidar esto y lo otro. Es una uni-versidad, una verdad para todes, pero sin todes; frente a la pluriversidad necesaria de la diversidad epistémica que los pueblos y sus miembros, desde la experiencia de la injusticia social, están reclamando, explícita o implícitamente, como indica Grosfoguel. Se contraponen, pues, a herramientas conceptuales que giran en torno al pseudoconcepto de prestigio todos los conceptos que, lejos de naturalizar las desigualdades, las ponen en evidencia y explican los procesos sociales que dan lugar a tales de desigualdades.

Observamos, con Silverstein, qué ocurre cuando, a partir de unos capitales simbólicos de un grupo, percibidos como índices (señales, indicadores de algo), otro grupo construye sociocognitivamente una imagen, unas valoraciones, normalmente concretadas en acciones específicas, sobre aquel grupo. En el caso concreto de les andaluces, la cuestión de lo que se ha dado en llamar en algunos momentos y por algunas autorías «discriminación lingüística» ha de ser estudiada, no desde la justificación de que también sabemos hablar, sino de cómo nos construyen, cómo nos piensan. Estas herramientas necesarias son: privilegio social y lingüístico (e interseccionalidad), hegemonía; la dicotomía ideología de la desigualdad, dominación y opresión / ideologías de la igualdad y la justicia social; así como otros conceptos ya en uso en la sociolingüística crítica, tales como descapitalización (Martín Rojo), orden indexical (Silverstein) o ideologías lingüísticas (Woolard, Gal, Irvine, Silverstein, Rumsey, etc.).

Hay herramientas para otro mundo posible: solo hay que usarlas, a no ser que se quiera seguir contribuyendo a la desigualdad, a la dominación y a la opresión, por usar las herramientas del amo que, insistamos tantas veces como sea necesario, no destruirán la casa del amo. Al fin y al cabo, como nos advierte P. Freire, «el opresor para oprimir requiere de una teoría de la acción opresora, les oprimides, para liberarse, requieren de una teoría de su acción».

4 DE DICIEMBRE: CUARENTA AÑOS DESPUÉS

Este 4 de diciembre se conmemora el cuarenta aniversario de la más grande movilización histórica de Andalucía reclamando sus derechos como pueblo. Fue en 1977, en pleno proceso de transición, cuando la ciudadanía andaluza tomó las calles en lo que supuso un acontecimiento inesperado por masivo, singular y con amplias consecuencias sobre el futuro marco de organización territorial del Estado

En los años de la llamada transición al régimen democrático, el nuevo gobierno español conformado por una coalición de partidos de derechas, la Unión de Centro Democrático, muchos de cuyos líderes provenían del franquismo, solo reconocía una autonomía plena a las comunidades que llegaron a gozar de ese reconocimiento durante la Segunda República: Catalunya y País Vasco, a la que se añadió Galicia. El proyecto de Estatuto de Andalucía, que estaba en marcha en el período republicano, quedó trágicamente truncado con el golpe militar fascista de julio de 1936 y el asesinato de su principal impulsor, Blas Infante, el 10 de agosto del mismo año.

La gran mayoría de la sociedad civil organizada, así como todos los partidos de la izquierda en Andalucía, entendieron como un agravio que Andalucía no tuviera la posibilidad de alcanzar una autonomía plena similar a la contemplada para las otras comunidades. La percepción de agravio con respecto a estas nacionalidades históricas actuó como catalizador para la reivindicación autonomista que implicaba la exaltación de la libertad cívica tras cuarenta años de dictadura. Todas las reivindicaciones y movimientos sociales de aquellos años se impregnaron de andalucismo y en todas las masivas manifestaciones populares se hizo común el uso del himno andaluz y de la bandera blanca y verde como emblemas de identificación, dotándolos de un sentido de rebeldía y ruptura con el ignominioso pasado que se ansiaba superar. A todo ello contribuye de manera importante el mundo de la creación artística que, de igual modo, es influido por la conciencia andalucista. Personas dedicadas a la escritura y poesía, cantaores y cantaoras, personas provenientes del campo de la pintura o la música y gran variedad de artistas como Antonio Gala, Carlos Cano, Pepe Suero, Enrique Morente, El Cabrero, Jarcha, Triana, Alameda, Salvador Távora y su grupo La Cuadra, Luis Ocaña, entre otros muchos, se convierten en la expresión creativa del sentimiento reivindicativo andaluz.

Autonomía y libertad se consideran sinónimos. La conquista de la autonomía se erige en objetivo y herramienta para dejar atrás las lacras sociales de Andalucía. Las consignas más repetidas en aquellas movilizaciones eran del tipo «Tierra, trabajo y libertad», «País andaluz sin terratenientes», «Reforma agraria», entre otras muchas. El 4 de diciembre de 1977 se concretó la protesta unánime del pueblo andaluz bajo la bandera blanca y verde que condensaba las aspiraciones sociales y nacionales. Cientos de miles de andaluces y andaluzas se manifestaron para exigir la autonomía. Medio millón en Sevilla, ciento cincuenta mil en Málaga, cien mil en Granada, ochenta mil en Huelva, Córdoba y Cádiz, setenta mil en Jaén, diez mil en Almería, Campo de Gibraltar, Antequera y Ronda y casi trescientas mil personas en Barcelona, desde la Plaza de Cataluña a las Ramblas. Las provocaciones provenientes desde diversos ámbitos fascistas o del propio régimen tardofranquista tuvieron sus resultados con incidentes en diversas capitales, que acabó en tragedia con el asesinato del joven Manuel José García Caparrós, baleado por la policía nacional mientras defendía la bandera andaluza en el edificio de la Diputación de Málaga, asesinato impune hasta hoy.

Un año después se prohíben las manifestaciones por la cercanía del referéndum de la Constitución el 6 de diciembre, pero decenas de miles de andaluces residentes en Cataluña, salen a la calle en Barcelona el 17 de diciembre bajo una pancarta que rezaba «Día nacional del País Andaluz». La crónica periodística de El Noticiero Universal señalaba al día siguiente:

A las consignas independentistas de los grupos más radicales, los demás coreaban voces de “autonomía” y “libertad”. Todos, sin embargo, reivindicaron la ocupación y labranza de las tierras yermas o no cultivadas. Todos exigían menos señoritos y más trabajo, etc. Sin lugar a dudas, la sorpresa de la manifestación fue el grito de “independencia” que pronunciaron grupos minoritarios, pero muy decididos.

El domingo 2 diciembre de 1979 se convocan nuevas manifestaciones multitudinarias en toda Andalucía y en los principales destinos de la emigración (Catalunya, País Vasco y Madrid) que entroncan con la celebración del referéndum por la autonomía, por la vía rápida del artículo 151 de la Constitución española el 28 de febrero de 1980. Desde el gobierno central y los poderes del Estado se pusieron innumerables obstáculos para frenar el proceso autonómico andaluz. Había que obtener en las ocho provincias más del 50% de votos afirmativos, no sobre el total de votantes, sino sobre el censo electoral; por lo que la abstención era equiparable, junto al voto en blanco y nulo, al voto negativo. Los censos se inflaron con personas difuntas y desde el poder central se inició una campaña del miedo para contrarrestar el deseo masivo de alcanzar la autonomía plena. «Andaluz, no te dejes engañar, este no es tu referéndum», rezaba la campaña institucional de la UCD que pedía abiertamente la abstención. A pesar de todo, una abrumadora mayoría de andaluces y andaluzas no se arredraron y votaron afirmativamente. ¿Recuerdan a la actualidad aquellos sucesos?

Andalucía se había convertido en un gran problema para el diseño del nuevo Estado. Había que desactivar un movimiento andalucista y popular que no cabía en los planes de los poderes fácticos que habían pactado la transición. El andalucismo se había enraizado en organizaciones populares y sindicales y era un sentimiento muy extendido. Aún con todo, la maquinaria institucional del Estado, con el apoyo de los partidos, incluidos aquellos que habían participado en la demanda de la autonomía plena, y con el ruido de fondo de la bota militar tras el golpe del 23-F de 1981, aúnan esfuerzos para paralizar un proceso autonómico que les había desbordado por completo. Lo que se planteaba como un reconocimiento de nuestra soberanía, al igual que en otros pueblos peninsulares, pronto, como nos recuerda el antropólogo Isidoro Moreno, fue traicionado «por el tinglado político constituido entonces por el PSOE, la UCD, el PCE y hasta el PSA (PA), que fabricaron un Estatuto recortado e insuficiente, de segunda división para un pueblo que en la calle y en las urnas había ratificado su pertenencia a la primera».

Desde 1982 hasta nuestros días, Andalucía ha tenido siempre un Gobierno del partido socialista que ha sido responsable, en gran parte, de la desactivación de la conciencia andalucista y su potencial reivindicativo. Con la frustración por no ver colmadas las esperanzas depositadas en los primeros momentos, crece el desinterés por la política partidista. La anhelada reforma agraria se queda en nada y el modelo económico impuesto para Andalucía, no solo no ha acabado con el desempleo, sino que ha ahondado en la dependencia y la desigualdad con respecto a otros pueblos.

A pesar del camino transitado y de la impronta y significación de la lucha por una Andalucía libre en aquellos años de verdadera pulsión reivindicativa, Andalucía queda desdibujada todavía hoy por una imagen falsa de autocomplacencia proyectada desde las instituciones oficiales y los medios de comunicación. Con la verdiblanca en la mano se exigió con determinación transformar la realidad para ser más iguales y mejores. Deseos y esperanzas que no se tradujeron en realidades nuevas, encontrándonos hoy con el páramo de una economía que cotiza fuera; con unas propuestas de futuro que pasan por alentar sectores tan tóxicos socioecológicamente, y que muy pocos quieren en su territorio, como la minería; ahondándose en el papel de sirvientas y camareros que nos adjudicaron. Aquella masiva movilización no se hizo para defender la sacralizada unidad de España, tal como se nos quiere hacer vender hoy día desde la presidencia de la Junta de Andalucía, falseando de nuevo la historia, sino que se exigían unos derechos para no ser menos que nadie, para ser, en legítimo alarde del pobre, como la que más.

La crisis actual del Estado español está siendo aprovechada desde los sectores más reaccionarios de la sociedad, con la monarquía a la cabeza, el corrupto partido popular gobernante y con la irresponsable complicidad del Gobierno andaluz, como bastión imprescindible, para imponer el viejo dogma fascista de la España indisoluble, «unidad de destino en lo universal», como fórmula sacralizada e incuestionable. Desde este relato ultranacionalista que defienden los llamados partidos constitucionalistas, «lo andaluz» juega un papel relevante como esencia de España, ahondando peligrosamente, como ya sucediera durante la dictadura franquista, en la instrumentalización de Andalucía. La utilización de algunas expresiones culturales andaluzas y su presentación, vaciadas de sus significaciones más importantes, vuelven a aparecer como lo más rancio del nacionalismo español, que precisamente tiene como objetivo no solo negar el carácter plurinacional y pluricultural del Estado, sino, sobre todo, mitigar la potencialidad transformadora de la cultura andaluza. A Andalucía se la quiere convertir, retorciendo la significación del 4D, en una trinchera con fines insolidarios y excluyentes con otros pueblos que reclaman legítimamente su camino.

Afortunadamente, Andalucía es depositaria de una rica tradición de rebeldía y cuenta con referentes históricos con enorme potencialidad liberadora, como fue aquel 4D que sestea en la memoria colectiva y que es necesario activar. Como decía el añorado Carlos Cano: «Si en vez de pajaritos fuéramos tigres bengala, a ver quién sería el guapito de meternos en una jaula. No sé por qué te lamentas en vez de enseñar los dientes, y por qué llamas mi tierra aquello que no defiendes…

Agua en Andalucía: ¿abundancia o escasez?

Presiones sistémicas y resistencias locales

En Andalucía, en términos generales, no existe escasez de agua. A través de un proceso histórico de artificialización del sistema hidrológico se han hecho disponibles enormes cantidades de recurso. Los costes económicos, ecológicos y patrimoniales han sido muy altos. Desde hace décadas se producen respuestas sociales fragmentadas, pero muy ricas, que construyen un marco de prácticas y discursos alternativos

En el lenguaje de la administración del agua en España, «recurso disponible» se refiere a aquella parte del total de los «recursos naturales» que se puede utilizar para la satisfacción de «demandas» humanas concretas, en el lugar, en el momento y con la calidad requeridos en cada caso, dependiendo del tipo de «uso» de que se trate: urbano, agrícola, ganadero, industrial o energético. Los recursos hídricos naturales son el resultado del total de precipitación menos la evapotranspiración, coincidiendo con lo que también se denomina (con expresión nada inocente) «lluvia útil» (20-30% de la precipitación).

Tanto los recursos naturales como los disponibles se refieren a lo que se conoce como «agua azul», que es la que circula superficial o subterráneamente. Esta es el agua con la que trabaja la política hidráulica, que no incluye el «agua verde» (el 70-80% del total de la precipitación) que alimenta la humedad del suelo, la evaporación y la transpiración de las plantas, es decir, el agua de los ecosistemas terrestres, de las masas forestales y de los cultivos de secano (y, parcialmente, de los regadíos no cubiertos con plásticos).

Todas estas magnitudes se refieren a un periodo de tiempo (el año hidrológico, de octubre a septiembre) y se presentan como medias de series de cronológicas, lo que hace que dependan de las características de estas series cronológicas. Si se toman los datos de la serie 1985-2010, los recursos naturales se reducen entre el 10 y el 20% (según cuencas hidrográficas) respecto de los que se desprenden de la serie 1945-2010, lo que es coherente con los modelos de cambio climático aunque, en esta reducción, pueden incidir también otros factores, como el aumento de la cubierta forestal, que consume agua, en las cabeceras de las cuencas hidrográficas.

Pues bien, de acuerdo con los datos oficiales actuales, en Andalucía disponemos de 7 149,54 hm3 (1 hm3 es igual a 1 millón de m3) de media cada año. Como en Andalucía vivimos 8 409 657 personas (dato de diciembre de 2016), tocamos a 850 m3 por persona cada año, es decir a 2 329 litros de agua al día por cabeza; de agua disponible, es decir embalsada o extraída de acuíferos, canalizada y distribuida en el lugar, el momento y con la calidad adecuada a los distintos usos. Una interesante cifra para empezar a discutir sobre «abundancia» o «escasez», relativa o absoluta, física, social o ecosocial.

Esta disponibilidad es resultado de una ingente intervención histórica, infraestructural e institucional, sobre el sistema hidrológico, intensificada durante los últimos 100 años de política hidráulica basada en la regulación de ríos, desecación de humedales y explotación de acuíferos. Ni el modelo de crecimiento económico, ni el sistema urbano, ni los paisajes actuales podrían explicarse sin referencia a dicha política, que ha convertido a la mayoría de los ríos, lagunas, estuarios y acuíferos andaluces en «masas» de agua «muy modificadas» o en «mal estado ecológico», de acuerdo con la actual terminología Directiva Marco del Agua europea. En Andalucía el ciclo hidrológico ha dejado de ser un fenómeno natural (si es que alguna vez lo fue completamente) para ser una realidad socioecológica, en nuestro caso sociohidrológica.

Por supuesto que estas son cifras medias, tanto social como temporal y espacialmente, bajo las cuales se esconden diferencias muy acusadas. La mayor parte de la población, que no es titular de ninguna concesión de regadío o industrial, consume exclusivamente en torno a 125 litros de agua potable al día (menos de 50 m3/año). Tampoco las cifras medias temporales reflejan la gran variabilidad interanual o las grandes diferencias territoriales entre el extremo occidental y oriental de la Comunidad.

Pero aun así, las cifras son significativas: al final de un segundo año seco consecutivo (agosto 2017), los embalses de Andalucía, con un llenado medio del 41,78%, almacenan 4 978,73 hm3, a los que se añaden las aguas subterráneas, que son la parte de los recursos más resistente al impacto de la sequía; por eso los cultivos de la corona forestal de Doñana no se han dejado de regar por falta de agua ni un solo año desde que empezaron a implantarse hace cuatro décadas. Por su parte, Almería, la provincia más árida de Andalucía se sitúa (incluyendo sobreexplotación de acuíferos, reutilización de residuales y desalación de aguas salobres y marinas) en una cifra de dotación por habitante similar a la media andaluza (2 500 litros/día); de allí, en donde tampoco se ha dejado nunca de regar en 50 años, salen cada año no menos de 200 hm3 de «agua virtual», en forma de productos hortícolas, y muchos más del resto de Andalucía, en forma de los principales productos de exportación: aceites, frutas o cultivos industriales.

Para decirlo sintética pero claramente: el agua en Andalucía es rehén del regadío. La lógica del regadío tiene una hegemonía social, cultural y política aplastante: el aplicar el agua al riego es de sentido común. Y como las «demandas» de este sector son insaciables, la «escasez» y el «déficit» siguen creciendo, pese a que los «recursos disponibles» no han cesado de aumentar. Este esquema hay que matizarlo territorialmente: en algunas comarcas son las demandas turístico-residenciales las que más presionan sobre los ecosistemas acuáticos; pero esas situaciones son realmente bastante puntuales. El peso del sector urbano y turístico sobre el total de agua usada no supera el 15% como media regional. Aunque importante, es minoritario (en la escala de las respectivas cuencas) en la mayor parte del litoral (Huelva, Cádiz, Granada, Almería). Incluso en la Axarquía los cultivos (con el actual boom del mango, que se añade al aguacate) son el factor determinante. Solo en la Costa del Sol occidental, el sector urbano-turístico adquiere total protagonismo, además de algunas situaciones locales en las que, como en Pegalajar (Jaén), urbanizaciones ilegales amenazan gravemente los patrimonios únicos del agua.

Con el megasistema hidráulico disponible, las demandas urbanas (aparte de situaciones locales aisladas) están técnicamente garantizadas; por eso en Andalucía no ha habido restricciones urbanas de agua masivas desde el final de la gran sequía de 1992-1995. Esa fue la gran lección que se extrajo de aquella experiencia traumática: hay que reducir las dotaciones del regadío antes de que haya necesidad de restringir el agua a la población. Además, los consumos urbanos han descendido de manera generalizada y acusada desde entonces (el 40% en Sevilla desde 1991 a 2016), lo que ayuda a la gestión.

Pero la presión agraria también afecta a la calidad. Los principales problemas de contaminación (nitratos, turbidez, fitosanitarios) tienen su origen en la extensión del regadío, que va destruyendo los sistema locales de abastecimiento (regadío del olivar en las Subbéticas o en la Hoya de Antequera; nuevos cultivos hortícolas en el Altiplano de Granada). Un proceso difuso, de iniciativa privada, con cobertura institucional y financiera pública, basado en aguas subterráneas, que ha sucedido a las grandes operaciones estatales, principalmente con aguas superficiales de décadas anteriores.

No se trata de demonizar al regadío sino, por el contrario, de entender sus profundas raíces históricas, territoriales y culturales; y de situarlo en el marco del papel que desempeña Andalucía en la economía global y, más concretamente, en la española y la europea: especialización en los sectores primario y sector terciario no especializado. Los cultivos de regadío tradicionales se tienen que intensificar y los de secano (olivo, almendro, cereales…) no son económicamente rentables, si no es incorporando el riego, que implica más extracción de recursos naturales (agua, suelos –por incremento de la erosión– y reducción de la calidad ambiental y la biodiversidad).

En este contexto ecológico y político la resistencia social al «extractivismo hídrico» ha sido y sigue siendo, no hay que engañarse, débil y fragmentaria, aunque, como veremos, se multiplica en territorios con formas organizativas y discursivas muy ricas. La presión social organizada, con capacidad de «movilización de masas», sigue produciéndose a favor de la continuación de la estrategia hidráulica («más agua»), como acabamos de ver en las movilizaciones, encabezadas por los alcaldes, en contra de la introducción de algunas medidas de control del regadío en el entorno de Doñana. Algunos de los últimos grandes embalses que han acabado de artificializar los pocos ríos «intactos» que quedaban, generalmente con ninguna o escasa racionalidad económica (Andévalo, Melonares, Rules…) no han suscitado oposición social relevante, salvo algunas críticas de grupos ecologistas y sectores de la comunidad científica. La legitimidad de las demandas agrarias es muy potente en la sociedad andaluza.

Es muy significativo que las primeras reacciones con cierta base social se produjeran, a partir de finales del siglo pasado, en el traspaís de la Costa del Sol (valles del Genal, Hozgarganta y río Grande), defendiendo el territorio frente a proyectos de embalses justificados por necesidades del desarrollo urbano-turístico. Oponerse a que inunden tu propio valle para alimentar la espiral inmobiliaria (o el riego de campos de golf) proporciona más material simbólico cohesionador de resistencias y movilizador de agentes locales que oponerse a la «honrada y sacrificada» actividad de los agricultores. El Grupo de Trabajo del Valle del Genal, la elaboración de su discurso (con el libro El Genal apresado. Agua y planificación: ¿desarrollo sostenible o crecimiento ilimitado?, de 1998) y su ágil y flexible organización, fueron un punto de referencia fundamental para el movimiento y es el germen de la constitución de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua (RANCA, Málaga, 25 de mayo de 2001), que desde entonces agrupa a colectivos que trabajan en los ríos Genal, Guadiaro, Vélez, Nacimiento y Grande en la provincia de Málaga; Riopudio, Guadaíra, Corbones y Guadalquivir, en Sevilla; sistema Fuente-Charca y Huerta de Pegalajar y acuíferos de Jódar y de la Loma de Úbeda, en Jaén; ríos Almanzora y Adra y acuíferos del Campo de Níjar y de Dalías en Almería; ríos Hozgarganta y Guadalete en Cádiz; ríos Castril, Guardal y Guadalfeo, en Granada; estuario del Guadiana, Tinto, Odiel y acuífero de Doñana en Huelva; Guadiato, Hornachuelos y arroyo Bejarano, en Córdoba, entre otros.

Desde su constitución, la Red se fijó como objetivos fomentar iniciativas de encuentro entre colectivos comprometidos en la promoción de una nueva forma de entender la relación social con el agua, presentar proyectos de acción en torno a los problemas más relevantes del agua en Andalucía, sin excluir las necesarias conexiones con el conjunto de la Península Ibérica y dinamizar la interacción entre el mundo científico-técnico y los movimientos sociales, fomentando el debate y la coproducción de conocimiento (como el Atlas colaborativo de la Justicia Ambiental que acabamos de poner en marcha).

En sintonía con estos fines, la RANCA lleva 16 años trabajando en la difusión de los valores naturales, económicos y patrimoniales de los ríos, fuentes, manantiales, acuíferos y zonas húmedas de Andalucía. La Red se articula a través de los medios que ofrecen las TIC (lista de correos electrónicos, redes sociales, página web) y de la Fiesta del Agua de Andalucía, cuya primera edición se celebró en Ronda en el 2004, tras la cual ha recorrido buena parte de los escenarios sociales del agua en Andalucía: Pegalajar, Alcalá de Guadaíra, Coín, Ayamonte, Almería, Arcos de la Frontera, Jódar, Guadalcacín-Jerez de la Frontera y Castril. En abril de 2018 se volverá a reunir en Priego.

En la etapa más reciente, al calor de procesos globales (crisis, activación del movimiento el Derecho Humano al Agua) y locales (intensificación de dinámicas de privatización de sistemas de abastecimiento, surgimiento de grupos municipales alternativos) se ha constituido en toda España un movimiento en defensa de la gestión pública del agua (Red Agua Pública) en su dimensión urbana (abastecimiento y saneamiento). Esta corriente, que ya ha tenido eco en páginas de números anteriores de El Topo, se está materializando en la Red Agua Pública Andalucía – Marea Azul del Sur, con una interesante, e imprescindible confluencia con el movimiento de carácter más rural, territorial y patrimonial de la RANCA, que sintoniza plenamente con la defensa del discurso antagonista frente a la privatización neoliberal. El próximo 11 de noviembre en Cádiz se celebrarán unas jornadas de la Red Agua Pública Andalucía – Marea Azul del Sur, en las que sin duda se profundizará en los aspectos discursivos y organizativos de este movimiento.

ANDALUCÍA EXPOLIADA

Las inmatriculaciones de la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla y de otros miles de bienes constituyen el mayor escándalo patrimonial de Andalucía

Andalucía ha sido expoliada. No hablo de conquistas pasadas sino de ilegalidades perpetradas justo ahora, ante la pasividad cómplice de los poderes públicos. Se cuentan por miles los bienes que han sido incautados por la jerarquía católica, aprovechando dos normas franquistas e inconstitucionales, que le han permitido inmatricular de forma clandestina y sin acreditar prueba alguna, desde la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla, hasta plazas, calles, cementerios, pisos, locales comerciales, jardines, murallas, cocheras…, e incluso inmuebles que pertenecían a sus órdenes y hermandades como el Santuario de la Virgen de la Cabeza o la Quinta Angustia en Sevilla. Curiosamente, nunca inscribieron ruinas, pero sí que esperaron a que se restaurasen con dinero público para proceder a registrarlas a su nombre.

La Conferencia Episcopal reconoce haber llevado a cabo 40.000 inmatriculaciones en todo el Estado. Sin duda, son muchas más. En Andalucía se superan los 5000 bienes, con un valor histórico, cultural y catastral incalculable. Porque no sólo hablamos del coste inmobiliario que ha provocado esta descapitalización patrimonial, más el dinero público invertido, sino del coste social para nuestra educación o sanidad que supone dejar de percibir las millonarias cantidades que no declaran ni tributan por los ingresos que generan. Sólo la Mezquita de Córdoba, unos quince millones de euros anuales. Sin duda, un paraíso jurídico y fiscal dentro del Estado.

Y junto a esta apropiación jurídica y económica, debemos añadir la simbólica derivada de la manipulación histórica en el relato de los monumentos más trascendentales de Andalucía, cuando no de la amputación directa de su nombre como ocurrió con la Mezquita de Córdoba a la que llamaron sólo Catedral, borrando la palabra Mezquita, o inscribiéndola como marca comercial en todos los sectores de producción con la intención perversa de que nadie más pudiera utilizarlo. A la Giralda, símbolo incuestionable de Sevilla, se la inmatriculó como “dependencia anexa a la Catedral”, en prueba evidente del desprecio a nuestro pasado andalusí y de la colonización castellano-católica de Andalucía. 

Córdoba ha sido un ejemplo de concienciación y empoderamiento ciudadano en defensa de la memoria colectiva y del patrimonio público, sin duda a raíz de la reivindicación cívica de la Mezquita. El escandalo es de tal magnitud, que ha conseguido ser portada de los medios de comunicación más importantes del mundo, conseguir el respaldo de casi 400.000 ciudadanxs y ser objeto de investigación científica en muchas Universidades extranjeras.

Hablamos de un escándalo jurídico intolerable e injustificable en el siglo XXI, porque la apropiación de bienes por parte de la jerarquía católica se ha efectuado con arreglo a dos normas franquistas, propias de un Estado confesional y flagrantemente inconstitucionales: una equiparaba a la Iglesia Católica con una administración pública, y otra a los diocesanos con notarios. Valiéndose de ambas herramientas, la jerarquía católica ha inmatriculado miles de bienes de manera clandestina y sin acreditar título de propiedad, con especial codicia a partir de la reforma con la que Aznar abrió la puerta del Registro a los “templos de culto” en 1998. Hasta entonces, nadie cuestionaba la naturaleza pública de estos bienes, como las calles o las plazas, sin perjuicio de los derechos al uso que en su caso pudieran corresponder a sus tenedores. La inmensa generalidad de los inmuebles con finalidad aparentemente religiosa, no habían sido construidos por ninguna estructura de la Iglesia, sino por el mismo pueblo que los ha mantenido y restaurado con dinero de todxs.  De la misma manera que Miguel Hernández se preguntaba en el alma quién levantó los olivos de Jaén, tampoco la Iglesia levantó el bosque de columnas de la Mezquita de Córdoba o el minarete de la Giralda. Ni los bienes se adquieren por consagración. Ni se pueden apropiar por la posesión en el tiempo cuando su naturaleza es pública. En definitiva, podríamos calificarlo de un “robo jurídico e impune”, llevado a cabo con normas derogadas desde 1978 por la Constitución Española y declaradas nulas por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Ante un escándalo de esta magnitud, se hace necesario de divulgar y difundir lo ocurrido para evacuar en su momento las responsabilidades históricas que cada quien deba soportar.

En primer lugar,  dejemos claro que no por tratarse de una Iglesia o un bien con aparente finalidad religiosa pertenece a la Iglesia Católica. No podemos confundir el destino de un bien con la propiedad del mismo, por la misma razón que los colegios no son de sus profesores. Y la prueba más evidente de ello es que existen Iglesias que pertenecen a particulares y otras en ruinas que siguen siendo públicas, hasta el extremo de exigir la propia jerarquía católica su restauración con dinero público o con leyes de mecenazgo. En Córdoba, Sevilla o Jerez de la Frontera hemos podido comprobar que se apresuraron a registrarlas como propias tan pronto fueron arregladas con cargo a las arcas públicas.

En segundo lugar, no sólo se han inmatriculado templos de culto o similares. Este hecho contrastado desmonta la coartada de la Iglesia Católica de limitarse a regularizar sus “posesiones” (que no sus propiedades), porque han inscrito bienes privados de otra naturaleza, bienes que nunca han poseído o bienes documentadamente públicos, hasta el extremo de ofrecer vergonzantemente su devolución. Los casos de las plazas del Pocito, del Triunfo de San Rafael, del kiosco de San Hipólito o un local comercial en la mitad del paseo de Posadas, por ejemplo, rayan el esperpento y evidencia el uso torticero y la voracidad inmobiliaria de la jerarquía católica.

Y en tercer lugar, por definición, los bienes de dominio público no accedían al Registro de la Propiedad “privada” salvo para impedir que pudiera ser apropiados por particulares. Justo lo contrario de lo que ha ocurrido. De manera que estas inmatriculaciones practicadas por la jerarquía católica han invertido la prueba de manera diabólica: ahora se presumen que son suyos y deben ser las administraciones quienes tienen que demostrar lo que hasta entonces era incuestionable. Para colmo, ahora su naturaleza jurídica es de mero bien privado y, en consecuencia, enajenable (por más que nos pueda sorprender). Desde la Mezquita o la Giralda.

Los poderes públicos no pueden permitir esta tropelía. Sin embargo, la actitud del Gobierno central y andaluz ha sido la de huir del problema. Los dos impidieron que se presentara un recurso de inconstitucionalidad directo. Y para evitar el riesgo de que ocurriera y anulase todas las inmatriculaciones de un plumazo, primero Gallardón y luego Catalá se apresuraron a derogar el privilegio generando una amnistía registral que obliga a impugnar uno a uno los miles de bienes privatizados. 

Tras presentar varias iniciativas en el Congreso de los Diputados, hemos conseguido arrancar una proposición de ley que obligará al Gobierno a elaborar un listado de bienes inmuebles desde 1998, a pesar de haber descubierto que muchos de ellos se inmatricularon antes de esa fecha en evidente fraude de ley y abuso de derecho. En Jerez de la Frontera hasta quince inmuebles fueron inscritos previamente a la reforma de Aznar. Obtener los listados s no es fácil. En Andalucía no se llegó a aprobar por la abstención del PSOE, que presentó una moción idéntica en el Congreso. Es cierto que también lo hemos conseguido en muchos municipios, incluido Córdoba a instancia del PP presionado por la ciudadanía. Gracias a estos listados y al esfuerzo de los colectivos se han descubierto escándalos flagrantes como las inmatriculaciones de las Murallas de Artá en Baleares, los jardines del caudillo en Oviedo, los jardines de Agaete en Canarias, el cementerio de Cartagena, frontones en Aragón o Navarra, y casos tan grotescos como Casas Consistoriales o patios de colegio.

Hechos como los citados evidencian que Aznar, al permitir el registro de los templos de culto, se limitó a regularizar una práctica fraudulenta y abusiva con el argumento de su posible inconstitucionalidad. La realidad es que ni antes de 1998 todos los templos de culto eran bienes públicos, ni después todos pasaron a ser privativos de la Iglesia. El uso religioso no determina la titularidad en un Estado aconfesional, ni es admisible una inconstitucionalidad selectiva. Por supuesto que las distintas entidades de la Iglesia Católica, como cualquier otrx ciudadanx, pueden inscribir aquellos inmuebles que sean suyos. Pero siempre que, como cualquier otro ciudadanx, demuestre su titularidad y que no se está apropiando de lo que nos pertenece a todxs. Justo lo que no han hecho. La inmensa mayoría de estos bienes son monumentos de gran valor histórico, patrimonio milenario y cultural de la ciudadanía en cuanto que dominio público, imprescriptible y no enajenable. ¿Es la Iglesia una administración pública? No. ¿Son funcionarios públicos sus diocesanos? No. En consecuencia, todas las inmatriculaciones practicadas con estas normas inconstitucionales son nulas de pleno derecho. Y si recaen sobre bienes de dominio público, doblemente.

Tomamos como ejemplo Córdoba donde se dispone de un listado parcial, pero que perfectamente se pueden extrapolar a todas las localidades de Andalucía:   

1.- Bienes que tuvieron finalidad religiosa pero que al hallarse actualmente en ruinas siguen siendo públicos: Campo Madre de Dios, Conventos de Santa Clara o de Regina…

2.- Bienes con aparente finalidad religiosa restaurados con dinero público que siguen siendo públicos: Iglesia de la Merced. Increíblemente, a pesar de hallarse en la sede de la Diputación Provincial de Córdoba, se le ha cedido el uso al Obispado para fines religiosos. El caso ha sido denunciado ante el Defensor del Pueblo.

3.- Bienes desacralizados que tras su restauración con dinero público han sido inmatriculados: Iglesia de la Magdalena. Tras haber ardido y hallarse en ruinas, se restauró con la finalidad de dedicarse como centro desacralizado. Actualmente es sede de muchos acontecimientos culturales. A pesar de ello, fue inmatriculado alegando falsamente que su destino es el culto católico.

4.- Bienes o espacios documentadamente públicos inmatriculados por la Iglesia: Plazas públicas del Pocito, Triunfo de San Rafael, Kiosco del Gran Capitán, camino público Castillo del Maimón, barrio de Figueroa.

5.- Bienes documentadamente públicos en inmuebles inmatriculados por la Iglesia: Fuentes de la Mezquita o Triunfo de San Rafael de la misma Mezquita

6.- Bienes de uso religioso construidos con dinero público o por suscripción popular que han sido inmatriculados por la Iglesia: Ermita del Socorro o Iglesia de San Rafael.

7.- Bienes de uso religioso que tras su restauración con dinero público han sido inmatriculados por la Iglesia: Un ejemplo sería la Iglesia de Santa Catalina en Sevilla, con una subvención concedida en el último pleno de Zoido haciendo coincidir con su inmatriculación.

8.- Cesiones o permutas a la Iglesia por parte de la Administración de inmuebles públicos: Ermita del Cementerio de la Salud, Colegio de la Trinidad, Ermita de los Santos Mártires. Esta última ya ha sido devuelta vergonzantemente por la Iglesia.

9.- Bienes pertenecientes a hermandades u órdenes religiosas pero inmatriculadas por la jerarquía católica: La Iglesia de San Pablo, ganada en el Tribunal Supremo por los claretianos al Obispado de Córdoba. De enorme gravedad es la inmatriculación del Santuario de la Virgen de la Cabeza, que llevó al Obispado de Jaén a destituir a la Junta Directiva de la hermandad para que pudiera ser impugnada.

La jerarquía católica se ha apropiado de bienes que no eran suyos. Un caso de corrupción que abriría las portadas de todos los medios de comunicación si lo cometiera cualquier otra persona, y con unas consecuencias económicas y sociales impredecibles.

No se trata de un debate religioso, sino patrimonial y de defensa de lo público. Mientras la crisis sirve de coartada para despedir a médicos y maestros, la Iglesia abre hospitales, colegios y universidades sobre el suelo que ha usurpado y por el que no tributa. Nadie cuestiona su labor asistencial, pero la garantía del Estado social no se encuentra en la caridad porque no es un derecho ni se invoca en tribunales. Como decía Eduardo Galeano, “la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo”. Simplemente queremos que nos devuelvan lo que es nuestro y paguen por lo que es suyo. Que se sometan a la misma transparencia que la Corona, partidos y sindicatos. Que desaparezca este paraíso fiscal, en palabras del Magistrado Manglano, cuantificado en miles de millones: “no entiendo qué tiene que ver la labor social y la libertad religiosa con que no paguen como en el resto de Europa”. En definitiva, que se investigue y condene esta “inmatriculada corrupción”. Porque como dice el propio Papa Francisco: “La corrupción es sucia y la sociedad corrupta apesta. La ciudadanía que deja que le invada la corrupción no es cristiana, ¡apesta!».

¿Tienen los conocimientos africanos alguna cabida en las universidades andaluzas?

¿Por qué un artículo sobre la Universidad en un periódico como El Topo, publicación referente de los movimientos sociales de Sevilla? Y, ¿por qué en un número dedicado a África?

Universidad y movimientos sociales

La relación entre la Universidad y los movimientos sociales no siempre es una relación fácil, los casos de colaboración son muy puntuales y se llevan a cabo a iniciativa de personas concretas, la mayoría de las veces vinculadas de alguna manera con ambos espacios[1]. Sin embargo, la relación debiera ser mucho más estrecha, propiciando desde la universidad investigaciones que sean herramientas útiles a los movimientos sociales para la generación de cambios que dignifiquen la vida, tanto individual como colectiva, del pueblo andaluz —y no solo— en toda su diversidad. Ocurre que, en no pocas ocasiones, las dinámicas autocontemplativas en ambos espacios dificultan esta colaboración tan necesaria, permitiendo que espacios enormemente mercantilizados como el Consejo Social de la Universidad de Sevilla[2] se autoproclame espacio de confluencia entre universidad y sociedad, convirtiendo, como por arte de magia, a empresas multinacionales y a burocracias sindicales en representantes de la sociedad. Se hace necesario, por tanto, construir espacios de colaboración real con la parte de la sociedad civil organizada, porque la Universidad es parte de la sociedad y debe estar a su servicio.

No deja de ser una realidad constatable que, en la mayor parte de los casos, quienes trabajamos en la universidad vivimos en una burbuja en la que la investigación deja de estar al servicio del bienestar social para convertirse, exclusivamente, en un asunto de méritos con los que promocionar en una carrera cada vez con más obstáculos. La vocación de servicio público de la Universidad se pierde en un camino cuya meta es su privatización, una privatización que, como sabemos, no significa aumentar el patrimonio de Amancio Ortega mediante la compra del edificio de la Fábrica de Tabacos (que todo se andará…) sino poner nuestra docencia y nuestra investigación al servicio de intereses privados.

Universidad y África

Esto nos lleva directamente a la otra parte de la cuestión inicial, ¿por qué este artículo en un número sobre África? Porque tal privatización, apuntalada con el proceso de Bolonia, responde a una única lógica cultural, la lógica capitalista; y en esta lógica, la cuestión de la diversidad cultural queda reducida a cero. En las universidades andaluzas, en sintonía con las del resto de Europa, existe una sola producción de conocimiento que, o bien oculta realidades sociales y culturales que se salen del modelo hegemónico (capitalista), o bien las interpreta desde categorías occidentales, desvirtuándolas y construyéndolas como elementos y contextos a superar. Como podréis imaginar, interpretaciones no economicistas de las realidades sociales africanas no tienen cabida en nuestras universidades más allá de asignaturas específicas o programas concretos.  Bolonia impone unos valores culturales específicos —productividad, competitividad e individualismo—, por eso, cuando se habla de sociedades que no se rigen por estos valores se las define de manera etnocéntrica como subdesarrolladas y, claro, «¡qué se puede aprender de estos pueblos!» Se excluyen así, todos los conocimientos generados por sociedades definidas desde Occidente como inferiores, bárbaras y atrasadas. En este sentido, podemos afirmar que el pensamiento moderno occidental ha establecido una «línea abismal», empleando el concepto de Boaventura de Sousa Santos, de manera que son válidos únicamente los producidos solo a un lado de la línea, el resto de conocimientos quedan excluidos. Es decir, las tres cuartas partes del mundo quedan fuera de los ámbitos de producción del saber porque lo que no es escrito desde el centro del conocimiento occidental se entiende que no existe. Estamos ante un proceso evidente de epistemicidio.

Es así como se destruye la pluralidad de las ciencias. Es así como, quienes trabajamos en la universidad, nos situamos al lado de la línea de los conocimientos válidos, autocensurándonos y limitando nuestros horizontes de investigación cada vez más, investigando en muchos casos cuestiones que nada tienen que ver con la búsqueda de alternativas para territorios y pueblos que sufren la globalización capitalista, sea el pueblo andaluz o cualquier pueblo del continente africano; al contrario, dedicamos nuestras investigaciones a intereses que no solo ignoran los problemas de desigualdad e injusticia social a todos los niveles, sino que, justamente, ahondan en ellos (caso de las investigaciones al servicio de la industria armamentística, por poner solo el ejemplo más evidente). Convertidas ya en mentes colonizadas con la productividad, competitividad e individualismo en nuestro ADN, dedicamos nuestras investigaciones a «cosas que verdaderamente valgan», a nuestros currículum, claro, independientemente de su interés para la mejora de la sociedad a la que nos debemos.

La ciencia, sin embargo, debiera tener un resultado político de transformación y hoy es evidente que en Andalucía no lo tiene (hablando siempre en términos generales, en términos de lógica dominante; por supuesto que hay muy valiosas excepciones); de ahí la urgencia de incluir otras epistemologías que no tengan a la competitividad, la productividad y el individualismo como sacramentos sociales, otras epistemologías que aporten a la «ecología de saberes». Entre ellas, claro está, las epistemologías africanas.

Para que las cosas sean otras, debemos mirar de manera distinta

Decía un aldeano mozambiqueño: «Un mono estaba asomado a un río y vio un pez dentro del agua. Y se dijo: “este animal está ahogándose”. El mono metió la mano en el agua, cogió al pez y lo sacó. Y el pez empezó a agitarse. El mono se dijo: “qué contento está el pez”. Y cuando el pez murió, el mono se dijo: “lástima, si hubiera llegado antes…”». Muchas veces las interpretaciones académicas son como las del mono. Interpretamos todas las realidades según nuestros propios códigos culturales, deformando todo aquello que observamos y, lo que es peor, generando teoría a partir de la deformación. Así, a las mujeres africanas las definimos como homogéneas, sin habilidades ni poder, oprimidas por su familia, su religión y su cultura, basándonos en dicotomías occidentales muy utilizadas en las ciencias sociales occidentales que poco tienen que ver con la realidad del continente africano (público/privado; urbano/rural; moderno/tradicional; nuevo/viejo; formal/informal; oficial/no oficial; ciencia/otros saberes; racionalidad/magia; desarrollo/subdesarrollo). Por suerte, no hay teoría general que englobe toda la diversidad del mundo. La vida está siempre abierta a la sorpresa.

En esto hay una cuestión fundamental, y es la de «quiénes tienen el poder de definir al otro» (grupo). Se trata, a mi entender, de la cuestión principal, porque quienes tienen el poder de definir al otro, tienen en sus manos su destino. Hoy, tales definiciones se generan mayoritariamente en lo que se ha venido denominando «la academia» (universidades, centros de investigación) que, no olvidemos, se pone al servicio de distintos intereses según el periodo histórico del que hablemos: de instituciones religiosas con pretensión globalizadora, de Estados colonizadores, de empresas multinacionales. Los saberes generados en los márgenes del sistema se excluyen intencionadamente de estos centros de poder, bien sea ignorándolos (si miramos qué territorios y grupos sociales aparecen en los libros de Historia Universal o Historia del Arte apreciaremos cómo hay pueblos y grupos inexistentes) o bien sea tergiversándolos desde enfoques eurocéntricos, como ya hemos señalado anteriormente a la hora de definir a las mujeres africanas.

Tal y como afirma Samir Amin, es necesario acabar con el monopolio occidental de fijar los criterios con los que interpretar el mundo, porque diferentes comunidades producen diferentes visiones del mundo que no tienen por qué coincidir con la ciencia moderna occidental.

La construcción de narrativas

Qué duda cabe que la percepción del presente y del pasado condiciona la imaginación del futuro y las posibilidades de cambio, por ello se hace necesario revisar la construcción de narrativas que se imparte en las universidades (y en otros niveles educativos) acerca de los pueblos africanos y sus contribuciones a la historia y al presente de la humanidad.

Es bochornoso que no se lea historia africana porque se presuponga que no hay historia antes de la ocupación colonial, ¿o alguien ha estudiado la historia de los reinos africanos? Incluso se ocultan las obras que hablan de un Egipto Negro porque entonces se tendría que pensar que no eran civilizados. Inútil que antropólogos ingleses, egiptólogos africanos e historiadores norteamericanos hayan evidenciado la africanidad de Kémit, el antiguo Egipto, porque, tal y como señala Ferrán Iniesta, nadie abandonará sus instalados prejuicios sobre las incapacidades congénitas de la gente negra.

Es vergonzoso, también, que se continúe manteniendo la división lingüística del continente a partir del reparto colonial de África: África francesa, inglesa, portuguesa, alemana, belga, italiana y española. Es una clasificación por lenguas que refleja, como afirma Justo Bolekia Boleká, una identidad impuesta. Sin embargo, seguimos reproduciendo esta clasificación, a pesar de las cientos de lenguas presentes en el continente que reflejan la diversidad de identidades y de maneras de interpretar y vivir la vida. Por ilustrar esta cuestión, solo señalar cómo en las principales lenguas africanas, las referencias a la miseria no aluden directamente a la falta de dinero, sino a la ausencia de apoyo social. Comentaba en una entrevista Aminata Traoré, ex ministra de cultura de Malí y referente del movimiento antiglobalización, cómo «Occidente mira al resto del mundo en términos de tener o no tener. Lo peor que le puede ocurrir a alguien es carecer de cosas materiales: ¡Oh! ¿cómo alguien puede ser tan pobre? En lenguas bantúes, tener se dice con la expresión “estar con”». Es decir, en cada cultura, cada extremo, riqueza y pobreza, se define en relación al otro, y en relación al objeto, ya sea poder, relaciones, bienes ceremoniales…

Y un asunto más en esta cuestión de la construcción de narrativas. Los andaluces y las andaluzas debemos activar nuestra memoria negra, una memoria que continúa oculta mediante la invisibilización de una parte fundamental de nuestra historia. Sin embargo, este pasado se hace presente a través de nuestros elementos culturales. La memoria negra se activa cada Semana Santa con la hermandad de los negros de Sevilla o con el flamenco, uno de los principales marcadores identitarios del pueblo andaluz, por señalar solamente dos cuestiones.

Y ahora, ¿qué?

Se hace necesario, por tanto, renegociar el pasado para construir otro presente en el que ninguna cultura tenga el monopolio de fijar los criterios con los que interpretar el mundo. ¿Es posible tal revisión en las enseñanzas universitarias en el actual contexto de Bolonia? A mi parecer, no, por eso son necesarios espacios alternativos fuera de los ámbitos de poder.

Debemos crear entre todas dinámicas de vida donde la educación no sea diplomas, sino aprendizaje incrustado en la cultura (a través de grupos de amigos, familia, vecinos, etc.); dinámicas donde la salud tampoco sea solo medicamentos y hospitales, sino el ejercicio de la capacidad cuidadora y curadora de la sabiduría tradicional y del entorno, al modo de la Iniciativa de Bamako, que aboga por una cultura de la salud donde se pase del hospital centrado en las personas a la gente centrada en el cuidado de la salud. Es necesario, en definitiva, buscar espacios alternativos en los márgenes del sistema, crear entre todas estrategias contra lógicas culturales obsesionadas con una vida marcada por el consumo, la productividad y la competitividad y construir y poner en valor otras lógicas culturales con clara y alegre reivindicación de la vida.

Sin duda, es el momento de los márgenes.


[1]  Organización de jornadas o seminarios e invitación de activistas sociales a alguna clase de grado o máster en la universidad o invitación de algún profesor o profesora a actividades organizadas por alguna asociación o plataforma.

[2]  En su página (http://institucional.us.es/consejosocial/) podemos leer que «El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad de Sevilla». Actualmente, el Consejo está presidido por Concha Yoldi García, presidenta de la Fundación Persán y miembro del Consejo Social de Telefónica en Andalucía.

SOS sanidad pública

Los recortes pueden llegar a matar. Es la consecuencia más extrema, aunque no la única, de un sistema sanitario público andaluz en estado crítico, asfixiado por los recortes y cuestionado en su gestión. El empuje de las mareas blancas en la calle lo ha situado en primera línea política y sigue subiendo.

En un símil médico, la situación de la sanidad pública andaluza es «como la de un enfermo pluripatológico que fue sometido a desnutrición durante años y, al mismo tiempo, se le ha obligado a trabajos forzados». Así la califica uno de los cuatro portavoces de la Marea Blanca sevillana, Sebastián Martín Recio. Este médico jubilado insiste en que es una situación de desgaste y de asfixia. Una insuficiencia presupuestaria crónica a la que se han sumado recortes salvajes durante estos años de crisis. Y por tanto, un deterioro asistencial y un desgaste profesional que son, a su vez, el caldo de cultivo para que prosperen las inversiones en la sanidad privada».

2010 es el año de la inflexión y el punto a retornar. Andalucía invierte casi el 30% de los fondos públicos en sanidad. Pero desde ese año ha caído un 11% y ha pasado de 9739 millones gastados a los 8751 del pasado ejercicio, según datos del BOJA. En 2016 era la inversión más baja del país con 1700 euros por habitante, según datos del Consejo Económico y Social CES. En 2014 se tocó fondo con 8210 millones, para un sistema sanitario que realiza 75 millones de actos médicos en 49 hospitales y 1500 centros de salud públicos, según Susana Díaz. La situación de farolillo rojo aparece reflejada además en las estadísticas de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que la rebajan a la decimotercera del estado, en el grupo de las «deficientes». Mientras, el sector de los seguros de salud no hace sino ascender año tras año, junto a nuevos hospitales y clínicas privadas.

Para Antonio Guerrero, portavoz de la Plataforma de Atención Temprana y de Marea Blanca de Sevilla, la actual situación «de precariedad por abandono y recortes de recursos», se ceba con la atención temprana, «la gran asignatura pendiente.»

«Estos niños no están en la cartera de servicios del SAS, sino en el Servicio de Salud Sociosanitaria, que controla las calidades del aire, niveles de polen, aguas residuales o fecales. ¿Qué hacen ahí? Si estuvieran en el SAS mientras hay trastorno, tiene que haber tratamiento. Aquí, dependen de una partida presupuestaria, se acabó el dinero, hasta el año que viene.»

De hecho, la inversión en este segmento está por debajo de 2003: «Estos niños son tratados como un lastre y no como ciudadanía a recuperar, sobre los que invertir, no gastar. Cada euro invertido en atención temprana revierte 17 euros a la sociedad, en ahorro en salud mental, discapacidad y dependencia».

Alfonso Romera, médico oftalmólogo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y miembro de la Red de Sanidad de La Carpa, también habla del «progresivo deterioro de la sanidad pública que se inició con la deriva privatizadora del gobierno socialista andaluz». Una valoración hecha a pie de obra, desde urgencias, quirófano y los espacios para la hospitalización del Virgen del Rocío:

«El incremento del presupuesto para la sanidad privada ha duplicado al de la sanidad pública. Más del 50 por ciento de la hospitalización en Andalucía es privada. La sanidad pública se ha convertido en un objeto de lucro no solo para las entidades sanitarias, sino también para contratas y subcontratas de empresas potentísimas que se lucran con la seguridad, televisores, cocinas, mantenimiento, ambulancias, etc.»

Manuel Quintana, enfermero con 43 años de antigüedad en la sanidad pública, apunta a otro factor, junto a la imposición de recortes económicos (que se traducen en recortes en prestaciones, limitándolas en el tiempo o dificultando su acceso), recortes en personal (que derivan en déficit en la asistencia, que en algunos casos tiene graves consecuencias):

«Bajo la excusa de la racionalidad, se está colando un proceso de centralización, que en el caso de Granada se quería traducir en un cierre de hospitales y, en el caso de Sevilla, ha sido mucho más discreto, pero no por ello menos importante con dos actuaciones muy destacables. La unificación de las gerencias del Virgen del Rocío y del Virgen Macarena, situación recientemente revertida ante el empuje de las mareas, y la centralización de determinadas especialidades en un único hospital, situación que continúa».

Para Quintana, en esta evolución «hacia la pérdida de calidad tras imponer unos criterios puramente economicistas», juega un papel fundamental la generalización de las unidades de gestión cínica o UGC:

«Recurridas por distintos sindicatos ante los tribunales, con fallos en contra de su legalidad y en la actualidad en expansión y funcionando a pleno rendimiento, colocan en manos de un jefe un alto poder económico, una determinación de objetivos y, en definitiva, un rumbo de esa unidad. Es decir, con ese dinero tienes que sacar este trabajo y tú te apañas con el personal y los medios que tienes, el jefe de unidad intenta convencer a sus subordinados, escucha sus quejas, llena su cartera con una alta productividad y plantea como un logro el reparto de unas migajas siempre que no te des de baja, no te rindas o no protestes».

Sebastián Martín Recio califica a estas UGC como «una de las herramientas más nefastas de la gestión sanitaria en Andalucía, que han formalizado la implicación de los trabajadores sanitarios, especialmente los médicos, en los recortes, por la vía del establecimiento de una serie de “indicadores de resultados”, relacionados la mayoría de ellos con aspectos vinculados al coste, a la llamada “eficiencia”, y a la disminución de pruebas diagnósticas, tiempos de hospitalización, menos medicación, menos derivaciones a especialistas, etc. Todo a cambio de unos “premios” en productividad. A eso lo llaman ahora “participación”».

En este contexto, se multiplican los problemas. Los más graves, para Martín Recio: «Los que se centran en los aspectos más inmediatos de la asistencia, tales como la saturación de las urgencias en los hospitales, la dilatación de los tiempos de demora y de listas de espera en pruebas diagnósticas y asistencia especializada, la masificación de la atención primaria». Con personal «insuficiente, extenuado, desmotivado y al que se racanea la formación», según Manuel Quintana. Y con equipos y dotación «en muchos casos de empresas privadas».

Las Mareas Blancas están intentando dar respuesta a estos problemas. En palabras de uno de sus portavoces, Antonio Guerrero:

«Los problemas se corresponden con el objetivo, recuperar la sanidad de 2010. Las Mareas nacen por hartazgo. Podemos soportar una merma de calidad, pero todo tiene un límite, como el vaso que rebosa por una sola gota. Allí estaba el límite, la administración no supo evaluar». Su compañero Martín Recio lo explica así:

«Las Mareas Blancas han surgido como respuesta a situaciones críticas y de auténtica amenaza contra el sistema público, como ocurrió en Madrid, donde el PP planteó de manera salvaje la privatización de la gestión de los centros sanitarios y hospitales. En Andalucía, de forma más progresiva, aunque más de asfixia que de guillotina, las insuficiencias presupuestarias y los recortes han generado un descontento cada vez mayor entre los usuarios y un desgaste profesional de los trabajadores sanitarios, sometidos a la precarización laboral y a las retribuciones más bajas del Estado. En esas situaciones límite, de desamparo, desilusión y desconfianza, la última vuelta de tuerca de los avispados gerentes economicistas de Andalucía, fue la llamada «fusión hospitalaria», mediante la cual se intentaba que la suma de dos hospitales, cinco más cinco en recursos, diera como resultante un gasto y unos recursos no de diez, sino de siete. Y en Granada eso fue la gota que colmó el vaso. Y en cada provincia el catálogo de agravios y de deficiencias han ido apareciendo por todas partes».

Las Mareas las forman asociaciones de vecinos, partidos políticos, sindicatos, organizaciones profesionales, asociaciones de consumidores y otros colectivos ciudadanos. Según Martín Recio:

«Es un movimiento social amplio, muy plural y diverso, pues la enfermedad y por tanto la necesidad de su atención, afecta a todos por igual. Esa es su grandeza y su debilidad, como ocurre en cualquier movimiento social que tiene fuertes implicaciones políticas. Cada provincia ha ido planteando su movilización en función de sus particularidades y circunstancias concretas. Para bien, que son problemas muy cercanos, pero con la salvedad de que no debemos perder de vista que son problemas de toda Andalucía, no para que cada provincia haga la guerra por su cuenta. Fragmentar Andalucía en la propuesta alternativa de los servicios sanitarios públicos, no es lo más acertado de cara al futuro».

Pero la Marea Blanca no es una novedad. Alfonso Romera recuerda que ya a principios de los años 80 se creó la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

«Yo formé parte del equipo promotor de Huelva, asistí a la primera asamblea de las ocho provincias. Desde entonces se ha venido trabajando. En momentos de alta conflictividad la dirección parecía estar abducida por el propio partido socialista acallando a las protestas. En Sevilla la Marea nace en 2011, en 2012 se plasma en las calles el descontento con los recortes, hay manifestaciones casi a diario en torno a los tres principales hospitales, en el Parlamento y de forma conjunta con otros trabajadores públicos.»

En el caso sevillano, la Marea «casi siempre ha sido un nombre o marca de la que han querido apropiarse varios grupos», en boca de Manolo Quintana, quien participó también junto a Romera y otros compañeros cercanos a CGT en acciones coincidiendo con los primeros recortes. De aquellos tiempos queda la web de Marea Pública, CCOO también se reservó su marca Marea Blanca, otros currantes del Macarena crearon la suya, también Vox, en fin, un batiburrillo». 

En cuanto a las reivindicaciones comunes, «son las mejoras de los servicios sanitarios públicos, más presupuestos lógicamente para abordar sus deficiencias y carencias en personal, y una sanidad pública de calidad, con una gestión digna y democrática, participativa y, por supuesto, universal y gratuita».

Han ido acompañando a las movilizaciones en las distintas provincias tras el “efecto Spiriman” de Granada, detonante y «ejemplo de cómo lo conciso de las demandas, acarrea el triunfo de la lucha», según Alfonso Romera.

«En Granada se ha hablado de lo concreto, se ha explicado con detalle lo que implicaba seguir con la pésima gestión y los pésimos gestores. Se ha hablado de espacios de prestaciones, de trabajadores, ha evitado confundirse con localismos y solo ha sido solidaria en sus conceptos más generales. El límite se ha puesto allí donde se entraba en el debate de lo que políticamente se debe debatir en otros foros más teóricos. En este caso, Granada es un triunfo de lo pragmático».

El portavoz de Marea Blanca de Sevilla, Antonio Guerrero, opina sin embargo que «Granada no marca el camino. De hecho Jesús Candel (Spiriman) ha repetido que a él solo le interesan los dos hospitales de Granada. En ese sentido es muy insolidario».

Lo cierto es que tras las masivas protestas en la calle y en las redes sociales, la Junta ha paralizado la fusión hospitalaria en Granada y Huelva y tres altos cargos de Salud han dimitido. El estado de la sanidad pública ha protagonizado un debate en el Pleno parlamentario de febrero, con la ausencia de la presidenta de la Junta. Las movilizaciones se extienden mientras el Parlamento andaluz acuerda un pacto en defensa de la sanidad pública. «Un brindis al sol,» para Martín Recio, mientras no cuente con la participación efectiva de los profesionales y de los usuarios.

«Animamos a que haya un acuerdo, pero con una base concreta de dos temas: un presupuesto que aumente para recuperar el dinero que se ha perdido y una gestión democrática que quite a las personas que están aquí sencillamente porque pertenecen a un partido y son directivos del SAS».

El apoyo social a las movilizaciones que se anuncian a corto plazo marcará el rumbo de unas mareas que cuenta entre sus debilidades con la escasa implicación de los trabajadores del sector y posibles intereses contrapuestos. Para Antonio Guerrero, «las mareas no están unidas, se están politizando en exceso. Todos los ciudadanos somos usuarios, desde la derecha a la izquierda. Si deja de ser un movimiento ciudadano se desinflará. La administración lo sabe y está dejando el tiempo pasar para eso.» Alfonso Romera defiende que «es la última oportunidad para parar el furor privatizador de los socialistas. Su debilidad estará en el poder de los sindicatos, colegios profesionales, farmacéuticas, mutuas y entidades fuertemente subvencionadas que, según les interese o no, criminalizarán el sesgo político del movimiento».

Martín Recio apostilla: «La defensa de los servicios públicos, sanitarios, educativos, sociales, es cuestión que atañe a la ciudadanía, a los trabajadores, a la población en general. Ese es el papel de las mareas: ser espacio de encuentro y de movilización de todos los sectores, colectivos y personas afectadas y que deseen construir una alternativa más justa que globalmente dé respuesta a los valores de libertad, igualdad y solidaridad».

El reto de ser feminista y nacionalista andaluza

Hacia un feminismo decolonial andaluz

Nos preguntamos si es necesario crear un feminismo andaluz como herramienta de conquista de derechos para las mujeres andaluzas que ven incrementada la precariedad de sus vidas en cuanto que habitan este territorio y no otro. Reflexionamos sobre si hay que construir un feminismo andaluz desde las mismas premisas decoloniales con las que se han construido los feminismos indígenas o los feminismos negros. Nos sentimos responsables de nuestro tiempo y espacio y aceptamos el reto de reflexionar sobre ello.

El feminismo decolonial

Haciendo un resumen rápido y concentrado de la historia del feminismo podemos contar que se han dado tres olas de reivindicaciones y luchas: la lucha por el sufragio universal de los siglos XIX y XX en la primera ola; la liberación de la mujer y la lucha por los derechos sexuales y reproductivos en los años 60 del siglo XX en la segunda; y el reconocimiento de la diversidad y de la diferencia en los años 90 del siglo XX en la tercera. Estas luchas han estado enfocadas hacia el interior, es decir han estado centradas en grupos sociales y culturales de mujeres que han trabajado y luchado para conseguir reivindicaciones concretas en el interior de sus esferas sociales.

Pero el feminismo ha tenido un movimiento de expansión al exterior. El fenómeno feminista se traslada fuera del núcleo en que se produce y, si bien es cierto que a diferentes velocidades y con distintos impactos, ha alcanzado esferas sociales, económicas y culturales muy alejadas del lugar en el que se formó.

El feminismo decolonial surge como crítica a este feminismo occidental que se expande fuera del núcleo donde se crea, por cuanto considera que se ha centrado en el patriarcado y el androcentrismo, como única vía de dominación hacia las mujeres, obviando otro tipo de relaciones y problemas estructurales, más complejos (el militarismo, la pobreza, la etnicidad, la ecología, etc.), que agudizan la opresión sufrida por diferentes grupos de mujeres y que «los feminismos tradicionales» no tienen en cuenta.

Este feminismo, que se convierte en colonizador cuando llega a otras realidades externas al contexto en el que se formó, fue denunciado por las mujeres indígenas de América Latina que empezaron a plantear la necesidad de reconocer sus derechos colectivos como parte de sus pueblos, como condición para el ejercicio pleno de sus derechos como mujeres y a reivindicar su cosmovisión como una perspectiva fundamental para cuestionar el proyecto civilizatorio de occidente. Después le han seguido voces de feministas indígenas, chicanas, musulmanas, y de distintas regiones de África y América Latina, quienes han venido a cuestionar los universalismos de la teoría feminista. El feminismo decolonial ha ido construyendo unas reivindicaciones y luchas desde el exterior, es decir la periferia o la colonia del sistema occidental.

Andalucía como colonia

Si bien es cierto que Andalucía se enmarca dentro de este occidente colonizador, dentro de él se le ha asignado un papel periférico y subalterno. La concepción de Andalucía como una realidad periférica de un centro que concentra el poder, o dicho de otra manera, la realidad de Andalucía como colonia comienza a finales del s. XV. El proyecto político militar de la creación de un Estado-nación iniciado por los Reyes Católicos supuso el exterminio y expulsión de una gran parte de la población de Al-Andalus, seguido de la represión y la censura de las manifestaciones culturales y de la lengua andalusí. La nobleza castellana, continuadora de este proyecto de Estado-nación, se convierte en propietaria de la tierra en Andalucía llegando el latifundio y la concentración de la tierra hasta nuestros días. El problema del acceso a la tierra y la lucha por la soberanía alimentaria ha sido el marco de las reivindicaciones y la consecuente represión del pueblo andaluz en los últimos quinientos años.

Desde un punto de vista económico podemos mantener que Andalucía en la actualidad sigue siendo una colonia. En El Topo n.º 16, las compañeras del Observatorio de Género sobre Economía, Política y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide nos dejaban un clarificador artículo sobre su último informe relativo al impacto de las políticas austericidas en las mujeres andaluzas. Destacaban cómo en los últimos años se ha intensificado la precariedad laboral, y cómo las privatizaciones y los recortes en servicios públicos precarizan las condiciones de vida, lo que sitúa a las mujeres en una posición de mayor dificultad para afrontar los riesgos vitales. Este informe arroja comparativas escalofriantes respecto a las tasas de paro y riesgo de exclusión y pobreza de las mujeres andaluzas frente a las cifras estatales.

Recientemente, el catedrático Isidoro Moreno publicaba un artículo periodístico en referencia al día de Andalucía donde afirmaba que «nuestra economía está centrada en el extractivismo minero, en una agricultura insostenible ecológica y socialmente y en el monocultivo turístico, tres funciones caracterizadoras de una colonia».

Ante esta realidad política, económica y cultural, las mujeres andaluzas estamos en una situación de opresión, diferenciada cuantitativa y cualitativamente, por habitar la periferia. Por ello es pertinente plantear algunas cuestiones: ¿Es posible un feminismo decolonial andaluz? ¿Es necesario centrar nuestras reivindicaciones feministas siendo conscientes del eje de opresión que nos atraviesa al habitar en la colonia? ¿Qué nos lo impide?

Pura Sánchez nos comparte sus reflexiones respecto a estas cuestiones.

Feminismo e identidad andaluza

Según Pura Sánchez, feminismo y nacionalismo son dos conceptos que han mantenido una relación compleja. «Si nos referimos a Andalucía, al menos hasta ahora, parece considerarse que las aportaciones del feminismo al nacionalismo son irrelevantes, o bien que el nacionalismo, en el mejor de los casos, no atañe al feminismo. Pero ocurre que las feministas, algunas feministas, también somos nacionalistas andaluzas y estamos dispuestas a conectar ambas prácticas políticas.

En principio, es urgente y necesario desvelar cuánto tienen de construcción de género masculino los nacionalismos de Estado. Los proyectos nacionales estatalistas han sido construidos y legitimados sobre un relato que reproduce y consolida las relaciones de dominación sobre las mujeres. Es más, en dichos relatos se utiliza a una mujer idealizada como referencia naturalizada de la nación. A la nación se la denomina «madre patria», las mujeres paren hijos para la patria, han sido las encargadas de transmitir la nacionalidad, es decir, la condición de ciudadanía, han sido quienes han reproducido las fronteras de los grupos étnicos o nacionales, y también transmisoras de la cultura y agentes de la reproducción ideológica.

Todo ello se concreta en el uso del cuerpo femenino como instrumento para la construcción del Estado-nación. De ahí la generalización de las violaciones masivas como arma de guerra. O el sometimiento de los intereses individuales de las mujeres y de sus derechos, a los intereses del Estado-nación, con el control poblacional, por ejemplo.  

Por tanto, es evidente que esta construcción nacional estatalista tiene una clara marca de género, el masculino, lo que explicaría la desconfianza del feminismo hacia ella, pero en ningún caso justifica su indiferencia. 

En el contexto del Estado español, el nacionalismo españolista ha trabajado intensamente la figura de la madre, para la elaboración simbólica de la madre patria; una mujer-madre dotada de atributos tales como la resignación, el espíritu de sacrificio, la entrega, la renuncia y la sumisión; un retrato de ida y vuelta, que ha funcionado afirmando estos atributos, tanto en relación a las mujeres «españolas», como en relación a la patria «española». Por tanto, en cierta forma, combatir este modelo de mujer ha ido parejo al rechazo de este nacionalismo masculinizado y excluyente, emanado del patriarcado.

En Andalucía, tras casi cuarenta años ininterrumpidos de gobierno del PSOE, se ha llevado a cabo, desde las instituciones autonómicas, un proceso de desactivación de la cultura y la identidad andaluzas, que ha ido paralelo al de apropiación y desactivación del feminismo, a la vez que se han instrumentalizado a las mujeres andaluzas. Convertidas en una sinécdoque, se las muestra como la parte que designa al todo, degradando tanto sus identidades de mujeres como de andaluzas, al recrear un retrato ficticio y velador de su identidad multiforme y real.

Sabemos que en 2015 el paro ha descendido el doble en hombres que en mujeres, mientras el trabajo parcial y precario está feminizado; que los cuidados no profesionales a dependientes recaen en manos femeninas; que han aumentado las órdenes de protección en más de seis puntos; que los hombres son, en mayor porcentaje, propietarios de viviendas; que las alcaldesas de Andalucía no llegan ni al 25% y que se sitúan en pueblos y ciudades pequeñas[1].

Mientras tanto, confundiendo presencia con protagonismo, las mujeres andaluzas llenan los platós de la televisión «pública» autonómica, ríen las gracietas del presentador de turno y aparecen como figurantes mayoritarias en pueblos cada vez más de cartón piedra. Tomando esta parte del pueblo andaluz por el todo, se las muestra felices y contentas, dedicadas a hacer cocina tradicional, distraídas en talleres como los de la Sección Femenina de la Falange fascista, ocupando ferias y mercados, encuadradas en asociaciones subvencionadas y aplaudiendo a la presidenta de la Junta de Andalucía, en perpetua campaña electoral femenina».

¿Cuáles son los retos de un feminismo andaluz?

Según Pura Sánchez, ante esta situación «la tarea de futuro pasa por denunciar esta falacia de una Andalucía subalterna y periférica, que utiliza a las mujeres como pieza fundamental de dicha construcción, mientras ningunea su cualidad política. Pero también hay que denunciar a ese feminismo adormidera, de retórica y porcentaje, que reproduce y construye espacios excluyentes desde los que no se puede configurar sino una identidad excluida, en la que la paridad se instrumentaliza para colonizarnos políticamente.

Necesitamos reclamar el derecho a decidir, sí, pero en primer lugar sobre nuestros cuerpos; se trata del primer paso para arrebatar al Estado-nación uno de sus espacios de dominación: el cuerpo de las mujeres. Pero considerando que se trata de un derecho con efectos políticos, que no afecta solo a las mujeres, sino a todos los sujetos políticos, incluidos los pueblos nación. 

Porque necesitamos pensarnos como personas y como colectivos con derecho a decidir, a la vez que nos construirnos como un pueblo diverso y heterogéneo; necesitamos construir el nacionalismo soberanista andaluz teniendo en cuenta lo diferente, no negándolo. Y asumiendo como diferente no solo las diferencias de género, sino también de etnia, de cultura, de clase. Cualquier diferencia. Porque la conciencia sobre nuestra realidad de pueblo colonizado no puede suponer obviar los diferentes modos en que se ejerce la colonización, las formas distintas en que nos afecta a hombres y mujeres y los diferentes papeles que jugamos en el proceso colonizador.

Debemos transformar nuestro ámbito de pueblo-nación, desarmando las relaciones de poder jerarquizadas, a la vez que construimos un espacio de relaciones nuevo, no excluyente, no jerarquizado, no androcéntrico ni masculinizado. Una patria andaluza en la que sus hijos e hijas habiten en paz, un ámbito de relaciones heterogéneas y diversas, un nacionalismo inclusivo y liberador, entendido como liberador de los colonialismos, pero también de las jerarquías internas. Un nacionalismo soberanista.

Ello propiciará que las mujeres andaluzas no prescindamos del nacionalismo como instrumento político, al identificarlo con un esquema de poder que nos mantiene en la sumisión y la subalternidad. Romper la lógica de la dominación, como mujeres y como pueblo no son dos luchas separadas.

La tarea que tenemos ante nosotros es ingente: hay que construir un feminismo nacionalista, o un nacionalismo feminista. El punto de partida es la soberanía y el de llegada: la matria. No queremos, pero tampoco podemos, dejar que la nación andaluza se construya al margen de las mujeres y sin la mirada feminista».

A modo de conclusión, dos son las tareas para parir este feminismo andaluz que pretendemos: denunciar el colonialismo en Andalucía y construir desde la identidad. Así, por un lado es urgente visibilizar la realidad de subordinación de Andalucía como colonia y la repercusión de la misma en las mujeres andaluzas, que se articula según los ejes de la clase, la edad, la etnia y cualquier otra diferencia que nos afecte. Y, por otro lado, empezar a construir un feminismo propio sin complejos, desde los valores identitarios de la cultura andaluza, como las mujeres negras, chicanas o indígenas han sabido hacerlo. No solo el punk o el hip-hop pueden ser vehículos apropiados para divulgar planteamientos feministas; también las chirigotas o el flamenco pueden ser instrumentos válidos para ello. Con nuestros elementos expresivos, es posible configurar herramientas de conquista hechas a la medida y por las feministas andaluzas.         


[1]http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/planif_presup/genero/informe/informe2016/informedeevaluaciondeimpactoconlogos.pdf

Bibliografía consultada: Revista con la A. N.º 24. Feminismo Decolonial.

Salvemos Doñana (una vez más)

Doñana vuelve a estar de actualidad, esta vez por un proyecto de almacenamiento de gas natural en marcha que amenaza su integridad y que pretende usar espacio público para fines privados. Detenerlo es el objetivo de la Plataforma Salvemos Doñana, formada por más de cien organizaciones y casi cinco mil personas hasta la fecha.

Doñana ha vuelto al foco mediático en un escenario y con unos actores concretos: hay una empresa privada, Gas Natural, cuyo objetivo es hacer un depósito de gas donde dice que no hay ningún riesgo; unos políticos y una institución, la Junta de Andalucía, que están legitimando por vía legal este afán de lucro empresarial; y, por supuesto, está la «joya», Doñana, en teoría un patrimonio que hay que proteger.

«La empresa, Gas Natural Fenosa, asegura que ellos llevan ya cavando desde los años 80, algo que es cierto, han tenido durante los últimos 30 años la concesión de la extracción de gas natural del yacimiento Marismas, que se encuentra en el subsuelo de Doñana», explica Juan Romero, miembro del Consejo de Participación de Doñana por Ecologistas en Acción. «Pero una cosa muy diferente es que ahora, una vez agotan los pozos y el gas, intenten utilizar esos depósitos naturales del subsuelo público para inyectar el gas importado procedente de Qatar, Nigeria y Argelia, al sistema de Doñana, sobre todo cuando hay lugares distintos y hacerlo ahí es una auténtica barbaridad». Se ahorran, eso sí, las inversiones necesarias para construir depósitos en zona industrial, además de sacar las reservas suficientes para soportar la fluctuación de precios en el mercado del gas.

Los riesgos

«Hasta ahora, el gas baja de una forma integrada perfectamente en el subsuelo con unas características específicas y de momento no ha supuesto ningún daño. Cuando sufre una serie de transformaciones sí puede suponer en riesgo», asegura Romero. «Por ejemplo, ha habido un proceso reciente, en 2012, en el yacimiento Castor, frente a las costas de Tarragona y de Castellón, en zonas donde históricamente se había sacado con perforaciones metano y gas. Tuvo que ser finalmente cerrado, con la conclusión del Instituto Geográfico Nacional de que había relación directa entre los 400 seísmos registrados en el Mediterráneo y el proyecto. La empresa, cuando hace una declaración de impacto, resulta que dice que no había este riesgo sísmico; y, sin embargo, existía».

No en vano, el escenario geológico de la Comarca de Doñana es la falla Azores-Gibraltar, recuerdan los ecologistas, zona tectónica activa con alto riesgo sísmico. Un punto que fue ratificado por el geólogo de la Universidad de Huelva, Antonio Rodríguez, en la jornada informativa en Almonte en octubre, sobre la compatibilidad del almacén de gas con la conservación de Doñana.

«También dicen que no puede haber incendios ni contaminación por la mezcla de residuos químicos que se usan en la perforación. La empresa afirma que está todo controlado y que tiene un programa de vigilancia muy estricto», explica Juan Romero. «Pero el caso es que cuando se producen casos similares en el sector, y se desestiman por el Estado de la nación, en su caso por el Gobierno del PP, después de haberles dado el beneplácito, es porque hay riesgos y hubo riesgos. Es más, hay hasta una indemnización a esas tierras con dinero público que hemos pagado todos los contribuyentes, donde le dieron un carpetazo definitivo a los proyectos y los desestimaron. ¿Por qué? Porque había riesgos. Y estamos hablando de sitios que no gozaban de ningún tipo de protección, no eran una joya de la naturaleza como es el caso de Doñana».

El yacimiento Marismas ha sido dividido en cuatro partes para presentar cuatro proyectos diferenciados y que tuvieran que hacerse los informes de impacto ambiental por separado, según Ecologistas en Acción. Dos de los proyectos —Saladillo y Marisma Oriental— se encuentran dentro del Espacio Natural Doñana, mientras los otros dos —Marisma Occidental y Aznalcázar— afectan a la Red Natura 2000. Pero tanto el Comité de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco como el Comité de Patrimonio Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza indican en sus informes que las evaluaciones de impacto ambiental de todos los proyectos deben incluir los efectos sinérgicos. Es decir, hay que evaluarlos en conjunto como un todo y disipar cualquier duda científica razonable sobre su inocuidad para el agua, la tierra y los ecosistemas.

Algo que no se cumple en este caso, según Ecologistas, que denuncian además que las evaluaciones están incompletas puesto que adolecen de un estudio riguroso y suficientemente exhaustivo de la hidrología y las aguas subterráneas. Los almacenes donde se inyectaría el gas estarían a unos 800 o 1000 metros, es decir, por debajo del acuífero Almonte-Marismas, que abastece de agua a los cultivos de la comarca y de agua potable a los municipios del Condado de Huelva. Lo que podría suponer una contaminación de las aguas debida a los productos químicos utilizados en los trabajos de sondeo y la posterior inyección de gas.

Entonces, según Juan Romero, «si hay dudas científicas y no hay un cien por cien de garantías de que no van a existir riesgos de ningún tipo, la propuesta es principio de precaución, principio de prevención y monte usted almacenes de gas alternativos, que existen. Doñana, como todos los parques naturales de España, supone menos del uno por ciento del territorio nacional. Venir a Doñana para montar un almacén de gas es, cuando menos, rizar el rizo. ¿La opinión pública no definiría como un disparate, por ejemplo, abrir el subsuelo de la Hermandad del Rocío? El grito llegaría al cielo. ¿La gente no llevaría el grito al cielo si Gas Natural quisiera hacerlo debajo de la mezquita de Córdoba o de la Giralda de Sevilla? Auténticos disparates. Porque son joyas de nuestro patrimonio cultural que hay que conservar y lo que importa es preservar ese monumento. Busquen un emplazamiento alternativo y no monten esa infraestructura que, también hay que decirlo, sería a perpetuidad en el tiempo. El almacenamiento no es para uno o dos años, sino indefinidamente».

A todo gas

El proyecto Marisma Occidental es el único de los cuatro puesto en marcha por Gas Natural hasta ahora. La empresa asegura en su página web tener ejecutadas las perforaciones en un 95 por ciento. Los trabajos están en marcha, «porque tienen mucha prisa, porque hay un gobierno en funciones que ya les ha dado el visto bueno. Hay un ministro implicado en los papeles de Panamá —que serán legales y todo lo que quieran, pero son paraísos fiscales— que firma la carta de reconocimiento de utilidad pública al proyecto y después dimite. Tienen mucha prisa y lo que pretenden es una política de hechos consumados. Lo van a parar cuando esté hecha toda la infraestructura y sea algo irreversible».

El proceso es el siguiente: «Traen el gas en barco desde Vitoria. En el puerto de Huelva lo meten a presión con compresores y de ahí al sistema de Doñana. Eso sí, tiene que tener, según ellos, la misma presión. Y ese es otro de los riesgos, aunque digan que no pasa nada: como te pases en la presión puede haber un desplazamiento de las aguas subterráneas, del acuífero de Doñana del que tanto hablamos. Hay que tener en cuenta que el acuífero hay que perforarlo, meter la tubería e inyectar el gas a presión. Si no está a la presión que tenía el subsuelo puede provocar una deformación del subsuelo y del suelo».

Por qué en Doñana

Juan Romero lo tiene claro: «Porque quieren ahorrarse muchísimos millones de euros sin tener que buscar emplazamientos alternativos. Doñana es un parque nacional, la empresa dice que ha adoptado almacenamientos de esa naturaleza en otros parques. Hemos entrado a bucear por internet a ver si es verdad o es mentira y no hemos encontrado ninguno. Y Doñana, además de ser parque nacional, está declarado como Patrimonio de la Humanidad. Así que sería un crimen poner el interés privado de unos pocos por encima del interés público general de toda la humanidad. Algo éticamente muy discutible. Y, cuando menos, tendrían que haber permitido más participación y transparencia. Nuestros políticos, los que tienen en sus manos toda la tramitación, tendrían que haber descartado esa posibilidad en Doñana y haberlos obligado a buscar una alternativa en otro lugar».

Presentadas alegaciones y recursos y con una plataforma ciudadana en contra, se está exigiendo la paralización urgente de las obras y la ejecución de las proposiciones no de ley aprobadas en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento andaluz, donde se pidió la comparecencia del consejero de Medio Ambiente. Según Romero, «él dice que no comparte la decisión de que este proyecto se implante en Doñana, pero que no tiene más remedio que darle los permisos a los que está obligado por ley porque de lo contrario prevaricaría y él no va a hacerlo. Salvo tres, el PP dice que el proyecto es legal, el resto de los partidos se han manifestado radicalmente en contra del proyecto. Ahora, las asociaciones ecologistas, todas, junto al mundo científico, de la cultura, a título individual y personal, hemos constituido la plataforma ciudadana y estamos dispuestos a juntarnos con todos. Como la que hicimos hace 25 años para frenar un proyecto urbanístico frente a las costas de Matalascañas y que, afortunadamente, fuimos capaces de ponernos de acuerdo y de paralizarlo. Después, el tiempo nos ha dado la razón». La empresa, por su parte, ha anunciado de forma pública que si la Junta parase el proyecto, esta le tendría que indemnizar con más de 350 millones de euros.

No es la única amenaza para Doñana

«La principal amenaza ahora es la falta de agua; se escapan las aguas del acuífero. Doñana era un gran humedal debido tanto a las aguas subterráneas como superficiales y como sigamos así vamos a tener un desierto a la vuelta de la esquina. Hay que buscar aguas superficiales, hay que ordenar la agricultura, reubicarla, para que se recuperen las lagunas. Lo saben las administraciones y estamos discutiendo cómo hacerlo. Pero hay muchos más problemas que resolver, como por ejemplo la recuperación de los cauces públicos, los ríos como el Guadiamar».

También hay que batallar contra la falta de concienciación y de valor de un espacio único. «Doñana es algo distinto cada mes. Pasa del cuarteamiento veraniego a ser un vergel en invierno con más de medio millón de especies, algunas muy simbólicas en peligro de extinción. Las administraciones tendrían que ser más exigentes a la hora de ordenar y clarificar el territorio. Si fuera así, la mayoría de las amenazas no existirían. El dragado del Guadalquivir, por ejemplo, necesita una rehabilitación integral, y no tanto un debate sobre el dragado en sí; sucede lo mismo con lo de mantener una agricultura intensiva y sin límite: eso no puede ser, porque el agua es limitada. Doñana tiene que ser recuperada, conservada, tanto por nosotros como por los que vienen detrás».

Firma el manifiesto: http://www.salvemosdoñana.es/

El anarquismo y Andalucía

El lojeño Pérez del Álamo escribe a principios del siglo XX la sentencia que continúa vigente hoy: «En este país (…) todo es posible, menos tener memoria». Andalucía es una tierra que con tesón pretendieron desnudar de memoria para colocarle panderetas por zarcillos. «Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir», dice Saramago, que vincula el compromiso de la acción desde la conciencia de lo que somos.

La intención de negar el conocimiento de hechos del ayer siempre corre en paralelo al propósito de silenciar aquello que amenaza el orden hegemónico de los privilegiados. De aquellos que articulan relatos que no cuestionan su supremacía. Sabemos muy poco de nuestro pasado y es hiriente cómo capítulos enteros referidos a nuestra historia social se omiten en nuestros libros de texto de colegios, institutos y universidades andaluzas. Un pasado reciente que es donde con mayor énfasis podemos encontrar muchas explicaciones sobre nuestras formas de estar y vivir en este mundo. Necesitamos de la memoria para ser personas, para ser conscientes de nuestra realidad. Carlos Cano decía que «ser andaluz es la forma cultural que tengo yo de ser persona» y ligaba la indisoluble articulación identitaria con la búsqueda incesante de nuestra memoria como pueblo.

Uno de los episodios silenciados de nuestra historia, que tiene mucho que ver con la etnogénesis cultural de Andalucía, fue la del movimiento libertario andaluz.

Uno de los episodios silenciados de nuestra historia, que tiene mucho que ver con la etnogénesis cultural de Andalucía, fue la del movimiento libertario andaluz

Las reivindicaciones jornaleras del siglo XX comienzan en el siglo XIX a consecuencia de la usurpación o el robo de una ingente cantidad de terrenos comunales. Cabral Bustillos plantea que si algo caracteriza a la edad moderna andaluza es el predominio de la propiedad municipal de la tierra, sentenciando que antes de la Andalucía latifundista y jornalera hubo una Andalucía de campesinxs y propietarios colectivxs de la tierra. En la sierra de Cádiz, por ejemplo, había localidades conformadas por propietarixs comunales que accedían de forma ordenada a sus bienes, no por jornalerxs que pusieran en venta su fuerza de trabajo. Es el caso de Jerez de la Frontera o Alcalá de los Gazules, donde más del 70% de sus 45 000 hectáreas eran aprovechadas por los vecinos y vecinas. Todo el vecindario tomaba parte en el disfrute de los recursos agrarios de manera gratuita, pero bajo una estricta regulación emanada de unas ordenanzas que aspiraban a no sobreexplotar el común, según fórmulas que se habían mantenido con escasas variaciones desde la edad media y, en no pocos casos, desde el pasado musulmán. Es decir, con procedimientos a la vez equitativos y sostenibles de gestión, acreditados a lo largo de siglos, desmintiendo a aquellos que propusieron el modelo privatizador como mejor salvaguarda de estos bienes. Los montes de propios que han sobrevivido son, en la gran mayoría de los casos, restos de estas propiedades y atestiguan la importancia de las mismas en pueblos de Sierra Morena, o de las cordilleras Béticas y Penibéticas.

Fue en el XVIII y bajo la influencia de los pensadores ilustrados cuando se pone en marcha la justificación ideológica de lo que será el proceso desamortizador que se desarrolla en el XIX y XX. Cuando se mercantiliza la tierra y se vende a la nobleza o a la burguesía industrial y vitivinícola emergente. Cuando, en definitiva, se convierte a lxs propietarixs colectivxs en jornalerxs. Cuando a las andaluzas y andaluces se les excluye del acceso a unos bienes en los que sus padres, madres y abuelas encontraron el sustento. Cuando el régimen de subastas imponga el pago de un canon sobre aquellos recursos agrarios que nunca fueron de nadie porque fueron de todxs.

¿Y qué hizo el que algunos han descrito como «dócil pueblo andaluz»? ¿Bajar la cabeza y conformarse? ¿Mirar con indolencia su tragedia y adaptarse al servil papel que trasladarían a sus comedias los Álvarez Quintero? ¿O cantar con despreocupación y jolgorio como si a ellos y ellas, como dijera Ortega, les mantuviera el sol, cual vegetales en el Edén?

Antes de la Andalucía latifundista y jornalera hubo una Andalucía de campesinxs y propietarixs colectivos de la tierra

El siglo XIX será testigo de un encarnizado enfrentamiento entre las poblaciones expropiadas y los beneficiarios del nuevo régimen latifundista. El «socialismo indígena» y la rebelión contra las privatizaciones se alentó con la difusión de las ideas anarquistas y, en muy en menor medida, socialistas, dando lugar a uno de los movimientos agrarios más combativos de la historia contemporánea europea. La aspiración a la tierra, la idea de autogestión de los recursos forestales y ganaderos, la pretensión de «no servir a nadie» no era un planteamiento futurista, no era una idea a la que aspirar, era una realidad coetánea que les había sido negada. Era el contexto en el que se enculturaron con sus paisanos y en el que situaron sus maneras de estar en el mundo. La expropiación de sus recursos se vivió como un robo. A. Miguel Bernal plantea que hubo una relación directamente proporcional entre la intensidad de la expropiación y la lucha activa en los pueblos. Porque no estaban dispuestos a dejar sin más, como recordaba un grupo de ganaderos en un pueblo de Cádiz en 1931, que «determinados elementos hicieran de (los) Montes del Pueblo un negocio (…) convirtiendo en obreros a muchas familias que antes no tuvieron que servir a nadie».

El XIX vive el levantamiento de la gran mayoría de las andaluzas y andaluces ante tamaña injusticia. Primero, como nos comenta Calero, por la vía legal, planteando pleitos de señorío. Luego se pasa a la acción directa, en la que hay que encuadrar muchas de las acciones que algunos conocen como bandolerismo, hasta, finalmente, llegar a la «acción política y la revuelta armada, la desobediencia civil, la insurrección» y a la organización sindical. Esta última fase comienza con la quema de los archivos registrales de la nueva propiedad en El Arahal, donde además ondeó por primera vez, en 1857, la bandera roja. En 1861, en Loja, diez mil jornaleros encabezados por Pérez del Álamo toman la ciudad durante varios días con la pretensión de acabar con el caciquismo y la expropiación de las tierras públicas que tanta hambre sembraba. La represión fue brutal. Y no es casual que el año 1844 se instituya la Guardia Civil para «proveer al buen orden, a la seguridad pública y a la protección de las propiedades». Tampoco será casual que ubiquen sus cuarteles en la empobrecida Andalucía como garantía de que el robo se perpetre sin incidentes.

En 1870 aparecen las primeras sociedades andaluzas adscritas a la AIT (Asociación Internacional del Trabajo) y los intentos para que «la tortilla diera su vuelta» se repiten por distintos pueblos y grandes ciudades andaluzas: en 1877 se produce una insurrección popular en Montilla «con violencia contra las personas y los bienes de los propietarios (…), reparto de tierras en Bujalance, intentos frustrados en Pozoblanco». En 1882 se celebra el Congreso de la libertaria Federación Regional Andaluza en Sevilla, en la que participan sociedades de muchos pueblos de Andalucía. En 1884 comienza una sistemática represión contra estas organizaciones, que alcanzan su punto álgido con los juicios contra la Mano Negra. En1888 tiene lugar en Riotinto la matanza indiscriminada de mineros, campesinos, vecinas y vecinos que se conoce en la comarca como «el año de los tiros», reivindicándose hoy la fecha para conmemorar las luchas de contenido ambiental existentes en el mundo. En 1890 se celebra por primera vez el 1º de Mayo y, un año después, los jornaleros de las vegas del Guadalete toman Jerez de la Frontera, desencadenándose una cruel represión rememorada en uno de los romances del inmortal Federico García Lorca. En 1901, de nuevo, los anarquistas convocan una huelga general en Sevilla, así como en Teba o en el Campo de Gibraltar, donde mil trescientos trabajadores proclaman la huelga general. Las reivindicaciones y las luchas se suceden en un sinfín de ocasiones: huelga general en Riotinto en 1914; huelga general en 1916; manifestación multitudinaria de las mujeres malagueñas por la capital de la provincia y paro general en 1916. De 1917 a 1919, las reivindicaciones de los campesinos andaluces se multiplican, en lo que se conoce como el «trienio bolchevista», alentadas por el derrocamiento zarista y el triunfo de la revolución soviética. Tan solo la sistemática represión asesina del franquismo logró liquidar el movimiento que resurgirá con fuerza en el tardo y posfranquismo. Nunca hubo tierra tan bien abonada para que creciera la semilla del anarquismo, glosó Díaz del Moral, que en el primer tercio del siglo XX se preguntaba en medio de las incesantes luchas de las andaluzas y andaluces «quiénes eran los luchadores que tan gallardamente se batían; quiénes les habían enseñado sus tácticas de combate; cómo habían llegado a constituir sus maravillosas organizaciones (…); cuál era la contextura espiritual de aquellos hombres».

Somos un pueblo construido desde la impronta que los acontecimientos recientes dejaron en nuestra piel

Estas realidades tuvieron sus efectos, no solo en cuanto a que cambió la composición social de Andalucía, sino en la forma de percibir la realidad: una concepción dualista del mundo compuesto de nosotros y ellos, de obreros y señoritos, palabra que atiende a la futilidad del mismo en la producción… o la proyección de unas reivindicaciones por la conquista de la tierra y la redistribución de su riqueza que distinguió al campesinado andaluz. «No servir a nadie» se convirtió en una de las aspiraciones que entran a formar parte de los elementos identitarios del pueblo andaluz. Isidoro Moreno plantea que el anarquismo andaluz «no fue solo un potente movimiento sindical (…) sino un movimiento contracultural, una cultura alternativa que no daba solo una respuesta colectiva al problema de la igualdad social, sino que también pretendía transformar» a cada persona. Fueron en algunos sitios setenta años hasta la sistemática represión franquista de ateneos libertarios, de compromiso pedagógico y de escuelas libertarias, de discusión sobre una nueva ética por la igualdad, de la que aún nos queda mucho por investigar y conocer.

El municipalismo se convierte en uno de los órganos referenciales del cuerpo social de nuestro pueblo, como primer y fundamental espacio desde donde conseguir el sueño de autogobernarnos, para lograr las aspiraciones colectivas de los sectores mayoritarios. Porque las propuestas de futuro autogestionarias, las estrategias libertarias centradas en la exigencia de recuperación de las tierras perdidas, se plantearon desde lo local.

Somos un pueblo construido desde la impronta que los acontecimientos recientes dejaron en nuestra piel. Nuestra cultura es resultado de un proceso histórico, complejo y único, como la de cualquier pueblo. Que resulta de las contradicciones y procesos vividos en los últimos siglos. Ahora vienen tiempos de juntarnos y unirnos. De construir desde el suelo. Desde lo local en un mundo global. Desde los valores contrahegemónicos de una cultura, la andaluza, que mira al futuro con la creatividad y la autonomía por la que siempre peleó. Desde los valores solidarios y colectivos que construyeron tantas y tantos andaluces.

Post-crisis, precariedad y desigualdad en Andalucía

Una lectura feminista del austericidio El Observatorio de Género sobre Economía Política y Desarrollo (GEP&DO) ha presentado recientemente el informe «El impacto de la crisis y las políticas de austeridad en las mujeres y la igualdad de género en Andalucía. El escenario post-crisis»[1]. Este estudio ha estado coordinado por Lina Gálvez y Paula Rodríguez, y en él participan como autoras Astrid Agenjo, Lucía del Moral y Margarita Vega, investigadoras de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

La necesaria lectura feminista de los datos macroeconómicos
El objetivo central de este informe es recoger, de manera sencilla, el impacto que tanto la crisis como las medidas de austeridad puestas en marcha (para, en teoría, combatirla) tienen sobre el bienestar y las oportunidades de mujeres y hombres, y sobre las desigualdades de género en Andalucía. Contiene dos novedades fundamentales. En primer lugar, se pone en cuestión el escenario actual de «post-crisis» (denominado así por gobiernos y ciertos ámbitos académicos), puesto que se sostiene que, pese a la mejora de algunos indicadores macroeconómicos (como el PIB), existen otras evidencias que muestran cómo ello no se ha traducido en una recuperación, ni de la cantidad ni calidad del empleo, ni de los servicios sociales o de los niveles de desigualdad económica previos a la crisis. De hecho, el contexto «post-crisis» se presenta como un escenario de precariedad, desigualdad e incertidumbre, en el que se espera que sean los propios individuos quienes asuman —de forma privada— la gestión de los riesgos vitales asociados a la precarización de las relaciones laborales o la reducción de la protección social colectiva («individualización del riesgo»). Y esto es así porque las medidas de austeridad (o, más bien, austericidas) que se han implementado, no solo no han solucionado las causas estructurales de la crisis, sino que las han agravado, lo que supone un excelente caldo de cultivo para futuros colapsos. Por ello, hablamos de crisis sistémica, porque se trata de un engranaje que afecta a dimensiones económicas, ecológicas y sociopolíticas, y cuya interrelación está generando una quiebra de los procesos vitales en sentido amplio.

La segunda novedad de este informe es la mirada feminista que se aporta al análisis económico. Muchas han sido las voces críticas que han tratado de llamar la atención sobre el diferente impacto que tanto la crisis como las medidas de austeridad han tenido sobre los distintos territorios en función de su especialización económica sectorial, de los niveles de renta o de la distribución del ingreso. Si bien, han sido menos los estudios que han llamado la atención sobre los impactos diferenciados que ello ha tenido sobre las personas que se encuentran en situaciones desiguales en los mercados, los hogares o los espacios de toma de decisión. A este respecto, el informe presta especial atención a las diferencias entre mujeres y hombres, yendo más allá de la simple desagregación de datos por sexo, sino tratando de evidenciar, caracterizar y/o cuantificar las desigualdades de género existentes y verificar sus transformaciones en este contexto sociohistórico concreto. Para ello, se hace hincapié en las relaciones de poder que se establecen dentro del sistema capitalista y patriarcal, y que hace que los individuos ni tengan las mismas oportunidades ni elijan con la misma libertad e información como la teoría económica ortodoxa presupone. Las personas por razón de su sexo y cruzadas por otros ejes como la clase, la edad, la etnia o el territorio en el que habitan, tienen un acceso y un control diferenciado de los recursos y el poder y, por tanto, participan de manera diferenciada en las distintas esferas y espacios económicos, viéndose afectadas de manera desigual por las coyunturas económicas, las políticas y sobre todo, por las crisis —que las más de las veces agravan las desigualdades previas—.

Evolución de los principales indicadores

El informe ofrece datos para el periodo 2007-2015 en ocho ámbitos distintos que permiten trabajar la hipótesis del empeoramiento de las condiciones de vida y de la consecución del objetivo de igualdad de género tras la crisis en Andalucía (comparando con el ámbito estatal cuando la disponibilidad de datos lo permite):

1. Demografía. La caída de la tasa de fecundidad en Andalucía (que ha pasado de 1,50 descendientes por mujer en 2007 a 1,38 en 2014) es uno de los indicadores más claros de las consecuencias de género de la crisis económica. En los países europeos existe una correlación muy clara entre la tasa de actividad femenina y la tasa de fecundidad de las mujeres. Esto implica que en situaciones de alto nivel de desempleo, con pocas oportunidades laborales estables y bien remuneradas para las mujeres, estas retrasan o descartan la maternidad, o disminuyen el número de hijos/as que tienen.

2. Educación. El gasto medio de los hogares en educación durante la crisis ha aumentado considerablemente en Andalucía (de 175,19 € a 223,6 €). Este «copago-repago educativo» perjudica a los hogares de rentas más bajas, muchos encabezados por mujeres. La reducción de becas, personal y financiación de servicios auxiliares como aulas matinales se traduce en que las mujeres suplen, a modo de trabajo no pagado, los servicios que dejan de darse o subvencionarse desde las administraciones públicas. El impacto en el capítulo de personal contratado es especialmente significativo, por cuanto se trata de trabajos muy feminizados. La calidad de este empleo es fundamental para avanzar en las tasas de ocupación femenina y en la transformación de los roles de género, ya que a peores condiciones laborales, peor es también la capacidad de negociación de los tiempos y trabajos de las mujeres en los hogares.

3 y 4. Empleo y condiciones de trabajo. Una de las consecuencias más claras de la crisis ha sido la reducción de algunas brechas de género en materia laboral, aunque ello no se ha debido tanto a una mejora en la situación de las mujeres sino a un empeoramiento relativo de los hombres. Así, de una diferencia en las tasas de actividad masculina y femenina del 24,1% en Andalucía, esta se ha reducido hasta a un 13,21%. Este «efecto del trabajador añadido» ha funcionado para las mujeres hasta 2013, pero la enorme y generalizada pérdida de empleo desde entonces ha ido extendiendo entre ellas el «efecto desánimo», vinculado al empeoramiento de las condiciones de trabajo que hace que no compense participar en el mercado laboral, así como con el deterioro de determinados servicios públicos (sanidad o dependencia) que incrementan las necesidades de trabajos de cuidados en los hogares, sobre todo en los de menores ingresos. A este respecto, es necesario señalar también la pérdida de empleo público que se ha producido, ya que su disminución tiene tremendas repercusiones de género puesto que es donde las mujeres formadas tienen las mejores posibilidades laborales. También se han reducido las brechas en materia de empleo, paro y temporalidad. En cuanto a los contratos a tiempo parcial, estos siguen estando feminizados y presentando características propias respecto a los de los hombres. En lo referido a la brecha salarial, en Andalucía las mujeres cobraron de media en el año 2013 (último dato disponible), 17 690 € anuales, mientras los varones percibieron de media 23 565 €. Es decir, las mujeres trabajan menos horas retribuidas al año y además tienen salarios hora inferiores. Esto no quiere decir que las mujeres trabajen menos que los hombres, sino que lo hacen menos de forma remunerada. Si sumamos los datos del tiempo que, como media, las andaluzas y los andaluces emplean en el trabajo remunerado y no remunerado (en base a la Encuesta de Empleo del Tiempo, 2009-10), las mujeres trabajan más de una hora al día más que los hombres, traduciéndose en menos tiempo disponible para ofertar su trabajo, formarse, relajarse o cuidarse para tener una vejez larga y saludable.

5. Salud y dependencia. A mitad de la crisis se produjo un recorte del presupuesto para dependencia con un impacto clave tanto en el bienestar de la población afectada como en la intensificación del tiempo de trabajo de las mujeres, ya que son las que han asumido principalmente la responsabilidad de la delegación de esas tareas al ámbito privado. Por otra parte, la eliminación de la cotización a las «cuidadoras no profesionales» supone un retroceso fundamental en la valoración del trabajo de cuidados y el reconocimiento del mismo que tienen importantes implicaciones en términos de género.

6. Pobreza y exclusión. El alto desempleo y la pérdida de ingresos familiares han dado lugar a un fuerte incremento de la pobreza en Andalucía, agravado por la acumulación de recortes sociales. Así, la población andaluza en riesgo de pobreza y/o exclusión social ha pasado de 33,3% en 2009 a 42,3% en 2014. En cuanto a la brecha de género, esta se fue reduciendo a partir de 2007, invirtiéndose en 2011, no por una mejora en la situación de las mujeres, sino por un empeoramiento relativo mayor en los hombres; así, en 2013 la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social alcanza al 36,8% de las mujeres y al 39,9% de los hombres. Los hogares que mayor riesgo de pobreza presentan son aquellos formados por una persona adulta y uno/a o varios/as hijos/as, los cuales tienen al frente a una mujer en el 82% de los casos, y de ellos, el 52% presentaban riego de pobreza en Andalucía en 2013.

7. Violencia machista. Es complicado extraer consecuencias directas de la situación de crisis ya que ello se observa mejor a medio y largo plazo. No obstante, todo lo que implique disminución de la autonomía y oportunidades de las mujeres de desarrollar una vida que consideren digna de ser vivida, es el sustrato sobre el que se asienta la discriminación de género y por tanto la violencia machista. Existen, además, evidencias claras como la reducción del porcentaje de órdenes de protección concedidas (en Andalucía en 2008 se concedieron un 80,79% de las órdenes de protección solicitadas, mientras que en 2014 solo se concedieron un 60,16%) o un descenso de un 21% de las partidas destinadas para la protección estatal a las víctimas de violencia de género en los Presupuestos Generales del Estado 2011-2015, o una reducción del 50% en la partida específica destinada a los servicios de atención a víctimas gestionadas por las Comunidades Autónomas.

8. Empoderamiento económico, social y político. El informe muestra avances importantes en la presencia de las mujeres en distintos ámbitos económicos y de poder, sobre todo en el ámbito educativo. En el terreno político, tras las últimas elecciones de diciembre de 2015 el porcentaje de mujeres ha aumentado al 39,43% en la Cámara baja, mientras que en el Parlamento autonómico andaluz, la evolución de la representación de mujeres cumple las pautas de paridad. De los 109 diputados tras las elecciones de 2015, 55 son hombres y 54 son mujeres. El porcentaje de representación de partidos con listas cremallera es superior en el Parlamento andaluz que en el nacional. La paridad no se alcanza, por el contrario, en ninguna esfera del Administración local. El documento analiza la representación en otros ámbitos y sobresale un dato como que en las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, en 2015 el porcentaje de mujeres ascendía a un escaso 4,76%.

Algunas reflexiones finales
Las políticas de austeridad (o austericidas) han intensificado la precariedad laboral, las privatizaciones y los recortes en servicios públicos, situándonos en una realidad estructural de precarización de las condiciones de vida que sitúa a las mujeres (en el cruce con otros ejes como la clase, la edad, la etnia o el territorio en el que habitan) en una posición de mayor dificultad para afrontar los riesgos vitales, garantizar su propio bienestar y realizar un diseño vital autónomo. El mayor impacto en la vida de «las mujeres» está asociado fundamentalmente a la menor y más precaria inserción en los mercados de trabajo, inmobiliario o de crédito (vinculada a la exclusión histórica del poder, la educación o la actividad económica remunerada), así como al deterioro de los servicios públicos (donde las mujeres son las principales usuarias directas e indirectas, las principales empleadas y sobre todo, son las «sustitutas naturales» de los mismos cuando éstos se recortan). Si bien, el deterioro generalizado de los mercados de trabajo y de los servicios públicos hace pensar que los hogares de «dos ganadores de pan» seguirán al alza, lo que podría suponer un cambio importante de las relaciones de género en el ámbito familiar al existir una necesidad cada vez mayor de corresponsabilizarse en las responsabilidades de cuidado, pauta que se observaría principalmente entre los grupos de edad más jóvenes, urbanos y de mayor nivel educativo, y que podría desembocar en importantes avances para la igualdad de género.

En suma, es fundamental conocer la realidad andaluza desde una perspectiva económica feminista para que las reacciones y políticas que se desarrollen no se hagan a costa del bien-estar y las oportunidades de las mujeres, sobre las que ha pivotado la recuperación y supervivencia de muchas familias con la intensificación de su trabajo durante la crisis, y para poder alumbrar las respuestas políticas y ciudadanas ante los nuevos desafíos políticos y económicos que se avecinan. Ante ellos, la economía feminista se plantea como una apuesta valiente y rigurosa por otro análisis económico, por otra manera de producir, intercambiar, consumir y distribuir, de cuidar y corresponsabilizarse y, en definitiva, por otra manera de organizar la vida en común, inspirada por otros valores que modifiquen las instituciones y desafíen las relaciones de poder.

[1]              Puede descargarse en http://genderobservatory.com/que-hacemos-2/investigacion-e-informes/informes/

Trabajo y empleo en Andalucía

Este artículo tiene como base de elaboración el primer informe de Autonomía Sur, titulado El empleo en Andalucía. Explicación y datos sobre la precariedad laboral en Andalucía y elaborado por José Manuel Betanzos, David Gálvez, Alejandro González, Luis Ocaña y Óscar García.

En sociedades capitalistas como la actual Andalucía, las clases trabajadoras y populares han tenido su principal fuente de ingresos en el empleo o el trabajo asalariado. Ha sido el principal medio para alcanzar un objetivo concreto: abandonar la pobreza. A día de hoy, sin embargo, tener un empleo no significa alcanzar este objetivo, situación que en Andalucía no es ni mucho menos novedosa.

La distribución de la riqueza generada en una sociedad capitalista depende de forma relevante de la cantidad y de la calidad del empleo existente en la misma. El aumento del desempleo y la precariedad suponen una redistribución de la riqueza a favor de las clases privilegiadas.

La participación de la fuerza de trabajo es una condición necesaria para el nacimiento, crecimiento o mantenimiento de cualquier actividad empresarial. Aunque puede haber empresas sin empresarios capitalistas (cooperativas, por ejemplo) es imposible que haya empresas sin trabajadores. Por lo tanto, no son los empresarios sino las personas trabajadoras las completamente necesarias para generar riqueza.

El poder impone los significados: trabajo, empleo, población activa, parada, ocupada

TIPOS DE TRABAJO

Trabajos remunerados monetariamente o empleo:

1. Asalariado. Trabajo remunerado por cuenta ajena.

a) Empresa de capital privado.

b) Empresa estatal o administración pública.

2. Autoempleo. Trabajo remunerado por cuenta propia.

a) Autónomo o emprendimiento individual.

b) Socio de entidad de economía social o emprendimiento colectivo.

Trabajos no remunerados monetariamente:

3. Cuidados.

4. Voluntario.

Es muy relevante reflexionar sobre todo lo referente al trabajo y lo laboral. En la mayoría de estudios y análisis socioeconómicos se hace referencia al término de empleo como sinónimo de trabajo, lo cual denota un uso político e ideológico del término (aunque se haga de manera inconsciente).

Desde nuestra visión, entendemos el trabajo como la ejecución de tareas que suponen un gasto de esfuerzo mental o físico, y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. A partir de esta definición, encontramos diversas formas de trabajo que pueden dividirse en dos grandes grupos, en función de si está remunerado monetariamente o no.

Entre los remunerados monetariamente se encuentra el empleo o trabajo asalariado por cuenta ajena y el autoempleo o trabajo remunerado por cuenta propia (ya sea como autónoma o emprendimiento individual o ya sea como socia de una entidad de economía social o emprendimiento colectivo). Por otro lado, dentro del trabajo no remunerado monetariamente se puede distinguir el trabajo de cuidados (reproductivo o doméstico) y el trabajo voluntario. Estos tipos de trabajos se minusvaloran socialmente y marginan de los derechos sociales vinculados a la prestación laboral, a pesar de satisfacer necesidades humanas tanto o más que los trabajos remunerados monetariamente. La consideración de «no trabajo» de este tipo de trabajos es un factor explicativo transcendental de la situación de discriminación de la mujer en la sociedad andaluza.

Confundir trabajo con empleo o trabajo asalariado es sumamente favorable para las clases propietarias dominantes. Si solo es considerada «trabajadora» aquella persona que tiene un empleo, es como decir que solo generan riqueza aquellas personas que son útiles (al convertirse en recurso humano) para un empresario (en su objetivo de maximizar sus beneficios). De este modo, los propietarios de los medios de producción, los empresarios, los «emprendedores», son los que detentan el monopolio de «crear empleo», de «generar trabajo», de calificar como útil o no a las personas y decidir quién merece los derechos sociales vinculados al empleo (quien no sea elegido deberá mejorar su «empleabilidad»). Además, la confusión deliberada entre trabajo y empleo deja fuera de la consideración de trabajo a toda aquella actividad que satisface necesidades humanas de cuidados, reproducción, etc. Por tanto, esta falta de rigor en la conceptualización del trabajo es clave para asentar el poder de las clases dominantes en nuestra sociedad y para perpetuar la discriminación y la desigualdad.

En los denominados estudios de «mercado de trabajo», que consideran el trabajo asalariado como una mercancía, se utilizan una serie de conceptos para averiguar las características de la población que vive en un determinado territorio en relación con el empleo. Estos conceptos tampoco están exentos de parcialidad ideológica.

Así, se denomina «población activa» a las personas de 16 o más años que se ofertan como mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos a cambio de una retribución o salario. Aunque desde el poder se utilice la denominación de «activa», en realidad se trata de la «población oferente de fuerza de trabajo». Llamando población activa solo a quienes ofrecen su fuerza de trabajo en el mercado, se desprestigia todo trabajo no remunerado monetariamente pues las personas que realizan este tipo de trabajo son consideradas como «no activas».

Por otro lado, se denomina «población ocupada» al conjunto de personas de 16 o más años que tienen un empleo o trabajo asalariado. Hay muchas personas que se ocupan de satisfacer necesidades humanas y, sin embargo, no tienen un empleo. Es considerada «ocupada» aquella persona que se convierte en recurso humano empleado en una empresa: aquella persona útil para un empresario y la generación de beneficios empresariales.

Por último, se denomina «población parada» al conjunto de personas de 16 o más años que no tiene trabajo asalariado o empleo y están disponibles y en busca del mismo. Con este término se desconsidera a toda persona que no tiene un empleo pero que realiza otro tipo de trabajo. Entendemos más pertinente denominarla «población desempleada», nunca «parada».

Precariedad y desempleo: Andalucía a la cabeza

A la hora de analizar la utilización de las personas por el proceso económico partimos de la premisa comentada anteriormente: la participación de la fuerza de trabajo asalariada es una condición necesaria para el nacimiento, el crecimiento o el mantenimiento de cualquier actividad económica empresarial. Pueden existir empresas sin empresarios, pero no empresas sin personas trabajadoras, que son las que realmente generan riqueza.

El estudio de la calidad-precariedad del empleo es esencial para conocer la distribución de la riqueza en una sociedad capitalista como en la que vivimos. Para ello, nos hemos basado en cuatro dimensiones distintas. Cuanto más favorables para las personas trabajadoras sean estas dimensiones, menos injusta será la distribución de la riqueza. Estas dimensiones son el «nivel de las retribuciones», la «seguridad» o certidumbre laboral, la «sobreintensificación» y los «derechos sociales asociados al empleo».

Las siguientes cuestiones afectan a la seguridad del trabajo asalariado: el aumento de la temporalidad en la relación laboral, el abaratamiento del despido, el aumento de los riesgos de siniestralidad laboral y el aumento del riesgo de padecer enfermedades asociadas al puesto de trabajo. Por su parte, la «sobreintensificación» de los requerimientos laborales hace referencia al aumento de los ritmos, la asunción de un número de tareas superior al saludable para un determinado puesto de trabajo, o bien la obligación de realizar jornadas laborales excesivamente largas. Por último, los derechos sociales asociados al empleo hacen referencia a los derechos de prestación por desempleo, de jubilación o de otras prestaciones por coberturas asistenciales no contributivas.

El miedo generado por el desempleo influye de manera relevante en la aceptación de los empleos de escasa calidad y se transmite también a quienes aún tienen un empleo estable. La escasez de empleo y el excedente de fuerza de trabajo comporta aquello de «si no lo haces tú, lo hará otro». En Andalucía, el desempleo es un problema secular. En 1981 en Andalucía había 387 100 personas sin empleo. Más de tres décadas después, este problema se ha multiplicado casi por cuatro. Actualmente, es la comunidad autónoma con mayor tasa de desempleo del Estado, cuestión que se refleja lógicamente en el poder de negociación y es aprovechado por los empleadores para imponer condiciones laborales precarias. El desempleo en Andalucía ha ido en ascenso, con el paréntesis del boom inmobiliario, un negocio especulativo que enriqueció a unos pocos a costa de lamentables consecuencias para la mayoría. Desde que explotó la burbuja, en 2007, ha habido un aumento de 995 700 desempleadas en Andalucía.

Precariedad o reparto

Todos los datos indican la gravedad de la situación de Andalucía. A continuación exponemos algunos de los datos aportados en el informe en el que se basa este artículo: la tasa de desempleo es del 36%, muy por encima de la española (10 puntos) y la más alta de la Unión Europea; existe un mayor porcentaje de contratos temporales que en España (35,4% en Andalucía y 24,2% en España); los salarios están en Andalucía un 10% por debajo de la media española; el índice de incidencia de la siniestralidad laboral ha aumentado un 7,2% (frente al 2,6% español); el 56,2% de los desempleados no recibe prestaciones por desempleo, lo que significa cinco puntos por debajo de la media española, mientras que la tasa de prestaciones contributivas es del 17,5%, frente al 26,7% del Estado (y aún debemos soportar que nos llamen «subsidiados»); los ingresos por persona están un 25,3% por debajo de la media y la población en situación de pobreza o exclusión social llega en Andalucía al 38,6% (frente al 27% como media estatal).

Queda claro que la actual fase del capitalismo y las políticas neoliberales tienen unas consecuencias nefastas para la gran mayoría de la población andaluza. La Junta de Andalucía ha venido, como principal ocupación, alimentando la dinámica económica que provoca la situación que padecemos. Ha participado y ha sido cómplice, por ejemplo, en la creación y el desarrollo de la burbuja inmobiliaria, facilitando y participando activamente en este proceso, de tal modo que en Andalucía tuvo una dimensión muy por encima de la media en el conjunto del Estado.

En Andalucía hay más de tres millones de personas por debajo del umbral de pobreza. ¿Somos pobres porque nuestro territorio es rico? La riqueza del valle del Guadalquivir ha sido una atracción para que las clases altas de otras tierras utilizaran históricamente todo su poder para controlar la generación de riqueza de Andalucía. Tan importante como la creación de riqueza es «el reparto» de la misma. Para mejorar la vida de la gente que vive en Andalucía es necesario analizar el reparto de nuestra riqueza y, de este modo, conocer quién se apropia de la riqueza generada y qué mecanismos debemos poner en marcha para que dejemos de ser «gentes pobres en un territorio rico». Las políticas de creación de empleo deberán ir acompañadas por la mejora de la calidad del mismo, así como por otras medidas que sirvan para distribuir la riqueza que se genera en nuestra tierra, como un nuevo modelo productivo basado en la economía social transformadora. En caso contrario, podemos encontrarnos con menores cifras de desempleo y, al mismo tiempo, un número mayor de pobres, de personas que no llegan a final de mes a pesar de vivir en una tierra con capacidad más que suficiente para satisfacer las necesidades de la gente que habita en ella.

DOS LETRAS FLAMENCAS

Trabajo de sol a sol

trabajo de sol a sol

las ganancias son para el amo

para mí solo el sudor

Se debe ganar el pan

con el sudor de la frente

la vida está equivocá

porque sé de mucha gente

que vive de los demás

8 - 9 poli andaluza - Opcional 2
8 - 9 poli andaluza - Opcional

Movilidad ciclista en Andalucía

Algunos resultados de una investigación etnográfica

Durante un año y medio, un grupo de personas con diversas experiencias y trayectorias hemos centrado nuestra mirada en la multitud de procesos que giran en torno a la integración de la bicicleta en nuestras ciudades. Conocer qué es lo que la gente dice, piensa y hace en torno a la bicicleta han sido nuestros objetivos. Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla son los lugares donde hemos trabajado más intensamente. Para ello, hemos desarrollado grupos de discusión, foros participativos y multitud de entrevistas con diversos agentes sociales.

Políticxs, técnicxs de la administración, empresarixs, representantes de colectivos y asociaciones, usuarixs y no usuarixs de la bicicleta han aportado sus reflexiones, que hemos combinado con muchas horas de observación y pedaleo por las calles de nuestras ciudades. El resultado de la investigación pretende reflejar los principales aspectos socioculturales relacionados con el uso de la bicicleta en nuestra realidad cotidiana. En este artículo, trataremos de hacer un brevísimo resumen sobre cuatro cuestiones de las muchas que han emergido como ideas clave de nuestro trabajo etnográfico. Así pues, hablaremos de la proliferación del uso y el cambio en los perfiles de usuarixs ciclistas, el estado de las infraestructuras, las dimensiones económicas y socioculturales de la bicicleta y abordaremos la cuestión de las políticas e intervenciones destinadas a la promoción y el fomento de la bicicleta como medio de transporte en Andalucía

Aumento de uso y de los perfiles de usuarixs ciclistas

A pesar de las diferencias percibidas en los diferentes casos de estudio, podemos hablar de un elemento común en todos ellos: el número de bicis que circulan por nuestras ciudades ha aumentado en los últimos años. Algunos de los motivos esgrimidos por los distintos agentes sociales son: un aumento en la sensibilidad y la concienciación de la salud y la sostenibilidad social, urbana e individual; la pérdida de poder adquisitivo, consecuencia de la crisis económica; la resignificación de la bicicleta en el imaginario colectivo; y las iniciativas desarrolladas desde un plano gestor y planificador que de un tiempo a esta parte tratan de poner sobre la mesa la bicicleta como un elemento más en la movilidad de nuestras ciudades y áreas metropolitanas. Otros factores como la incidencia de diversos asociacionismos probici o contra el diseño urbano para y por el automóvil, así como preocupaciones por el aspecto físico y la mejora de la salud, también cobran cierta relevancia.

Con el aumento del número de bicicletas surgen distintos tipos de ciclistas. El tradicional perfil «varón/blanco/clase media busca bicicleta de montaña para salir los fines de semana» se ha visto modificado. No obstante, existen diferencias de género en el uso de la bici. El análisis de los motivos (así como de otras diferencias por razón de clase, etnia o edad) escapa las dimensiones y objetivos de este texto pero, al igual que en otros aspectos de nuestra cotidianeidad, hay una clara desigualdad en el uso de la bicicleta entre hombres y mujeres, con unos porcentajes de alrededor del 70-30%

Surgen nuevos conflictos fruto del aumento del uso de la bicicleta en las ciudades y de la tendencia a que las infraestructuras ciclistas segregadas estén más cerca de los peatones que de los automóviles. Estas convivencias corren por derroteros diferentes en las diferentes zonas analizadas. Si bien Sevilla es la ciudad que más lleva recorrido en este sentido, con una evolución favorable, queda trabajo por hacer en todos los casos estudiados, aunque la mayor parte de este se realiza ya en las propias calles, con los diálogos y aprendizajes cotidianos.

Infraestructuras ciclistas, ¿solo carril bici?

La valoración general que la población ciclista hace sobre el estado de las infraestructuras es que, tanto el viario ciclista como los elementos asociados a este (aparcamientos seguros para bicicletas en los lugares de origen y destino, servicios públicos de alquiler, facilidades para la intermodalidad, etc.) se consideran insuficientes. En la mayoría de los casos de estudio, a excepción de la capital hispalense, no podemos hablar de redes ciclistas sino de tramos aislados que no cumplen los criterios de conectividad y continuidad en su trazado e intermodalidad con otras opciones de transporte público. Entre las infraestructuras existentes se evidencia una falta de mantenimiento y un diseño poco eficaz por su ubicación, alejada de zonas de poca actividad urbana. La consecuencia de todo esto es un conjunto de vías de baja o nula utilidad y en no pocas ocasiones origen de conflictos peatón/bici, automóvil/bici, autobús o tranvía/bici.

No obstante, cuando hablamos de infraestructuras ciclistas, el foco de atención suele centrarse, por desgracia, casi exclusivamente sobre el viario. La mayoría de las políticas, a nivel estatal y andaluz, se han apoyado en el modelo norteuropeo y centroeuropeo (basado en la implantación de un viario ciclista segregado como elemento central). Sin embargo, tras casi medio siglo de políticas de fomento y promoción del automóvil como eje vertebral de la movilidad en nuestras ciudades, es necesario buscar formas de concebir, pensar, planificar y, en definitiva, vivir la ciudad, que vayan más allá del trazado de un viario ciclista. Pero, como en todo, no existen recetas universales. Cada contexto, cada ciudad, tiene sus particularidades que deben ser atendidas. Para ello, es fundamental, contar con la experiencia y la opinión de personas y colectivos que a golpe de pedal se desplazan diariamente por nuestras calles. Este reto de una mayor participación, tarea aún pendiente en muchas otras dimensiones de la política, debería sumar a personas usuarias y a las que se sienten alejadas de la bicicleta.

Algunas dimensiones económicas y socioculturales de la bicicleta

La presencia de la bicicleta ha desplegado multitud de procesos de carácter económico y sociocultural en las dinámicas propias de las ciudades. En lo económico, como consecuencia del aumento del uso de la bici han emergido muchas y muy diversas iniciativas que ofrecen productos y servicios relacionados directa o indirectamente con la bicicleta. Mayoritariamente, se trata de pequeños negocios de carácter local o de barrio y que desempeñan un papel fundamental en la valoración social de los oficios ligados a la bici, muy importantes a la hora hablar de una incipiente «cultura de la bici». Junto a este tipo de negocios, han surgido empresas de cicloturismo, mensajería o de investigación y desarrollo directamente relacionadas con la bicicleta.

A nivel sociocultural, la bici ha producido cambios resignificando las imágenes percibidas y proyectadas de las ciudades, así como las imágenes de las personas que las usan. La bicicleta es un vehículo híbrido posibilitador de formas de «moverse en la ciudad», generador de mapas urbanos y experiencias de ciudad que no se alcanzan a vivir cuando te mueves de otra forma. Pedalear permite experimentar la ciudad de otra manera, diseñar nuevos itinerarios, percibir olores, colores, sonidos y ritmos distintos. Sus virtudes para facilitar el encuentro y la participación en los espacios públicos tienen un impacto directo en las sociabilidades cotidianas. Por otra parte, la bicicleta también resignifica la imagen proyectada de las ciudades, lo que está siendo usado como un reclamo más en la construcción de la «marca ciudad». Con respecto a las imágenes de quienes usan las bicicletas, se articulan grupos e identificaciones colectivas relacionados con prácticas ciclistas determinadas, como las BMX, o con estilos de bicis, como en el caso de las custom y fixies. Al mismo tiempo, la combinación del ocio, festividad y reivindicación en torno a la bicicleta ha ido abriendo nuevos espacios y tiempos para el encuentro y la socialización.

Políticas e intervenciones destinadas a la promoción y el fomento de la bicicleta como medio de transporte en Andalucía

El Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB) —aprobado en enero de 2014— ha sido hasta el día de hoy la actuación más decidida de la Administración andaluza en materia de movilidad sostenible. Este plan ha intentado paliar los tímidos pasos que, de una forma parcial y sectorial, se habían realizado, sin cuestionar el modelo de movilidad basado en el vehículo motorizado. Sin embargo, lo que en un principio parecía una apuesta hacia un cambio de modelo de movilidad, está actualmente marcado por la incertidumbre tras el cambio político ocurrido en el último año en Andalucía. Parece ser que se siguen asociando las políticas de fomento de la bicicleta exclusivamente a un color político y no se conciben como un elemento prioritario para la mejora del medioambiente y la salud pública. En el momento que escribimos este artículo, en Pekín se cerró el aeropuerto el 25 de diciembre por un episodio grave de contaminación; el 28, 29 y 30 de diciembre se prohibió totalmente la circulación de vehículos en las áreas centrales de Roma y Milán; y en Madrid, Barcelona y Oviedo se está restringiendo o cortando el tráfico debido a la alta contaminación. Parece, pues, que la problemática no entiende de colores políticos y sí precisa de un abordaje urgente.

En un sentido integral, las políticas públicas de promoción y difusión del uso de la bicicleta, más allá del impulso de las infraestructuras ciclistas, se encuentran en Andalucía en un estado embrionario. Existe consenso en que la educación y la concienciación desempeñan un papel fundamental en esta labor. La primera se entendería en términos de «enseñar a convivir» con el resto de usuarixs de las vías públicas, pero también se dirigiría a aumentar la confianza y a mejorar el dominio de la bicicleta para una conducción segura. La concienciación, por su parte, se encaminaría a superar las reticencias de carácter cultural y a cuestionar los diferentes estatus y roles sociales asignados a los distintos modos de transporte, entre los que la bicicleta aún ocupa un lugar subalterno. La clave sería no limitar el contenido de la concienciación a aspectos de tráfico, centrándose exclusivamente en «conocer las normas». Habría que transitar del tráfico a la movilidad. Esto supone cambiar el énfasis en las normas (que terminan victimizando o criminalizando al ciclista) por la normalización. Y la normalización significa enfatizar la ineficiencia e insostenibilidad del modelo de transporte dominante, por lo que lo «normal» debería ser caminar, pedalear o usar el transporte público. Se trata también de recordar que la normalidad del coche no tiene por qué ser, ni mucho menos, eterna. Que la realidad se puede cambiar.

Acabando

Hablar del uso de la bicicleta implica hablar de políticas, de economía, de movimientos sociales, de participación y de otra serie de cuestiones sociales que, en última instancia, tienen que ver con nuestro modelo de ciudad y las formas en las que la habitamos. Hemos trabajado desde las vivencias cotidianas, el encuentro, el cruce y el discurso, pero no podemos olvidar que todo esto se enmarca en un modelo urbanístico y territorial que es, sin duda, el núcleo central de las problemáticas vinculadas a la movilidad urbana y que sigue teniendo en el centro el uso abusivo del automóvil.

La bici como medio de transporte en Andalucía encierra un enorme potencial para modificar algunas piezas clave de este modelo. Experiencias como las de la ciudad de Sevilla pueden aportar pistas y lecciones aprendidas, aciertos y errores, pero es evidente que cada ciudad posee sus propias dinámicas y morfologías, por lo que las políticas encaminadas a promocionar el uso de la bicicleta deben atender a las realidades y poner en valor sus recursos locales, que por cierto no son pocos, si pensamos en el tejido asociativo, económico, conocimientos, etc.

Lo que resulta evidente es que las políticas de promoción de la movilidad sostenible —y particularmente de la bicicleta— no pueden ser sinónimo exclusivo de «carril bici», y menos aún de tramos aislados o de paseo. El diseño, la conectividad y el mantenimiento son elementos fundamentales a este respecto. Pero, más allá de eso, el fomento de la bici pasa por saber quiénes la utilizan, qué beneficios perciben, cuáles son sus dificultades. También es necesario atender a las ausencias y a sus motivos, quiénes no están y podrían integrar la bici a su vida cotidiana. Mujeres, personas mayores e infancia son colectivos minoritarios, y medidas tan distintas como la sensibilización, un tráfico menos agresivo o el hecho de facilitar el almacenamiento de la bici en el hogar pueden favorecer que otros perfiles de población opten por dejar el coche en casa.

Apostar por la movilidad ciclista y peatonal pasa por asumir que el espacio público es finito y que no es posible priorizar por igual todos los medios de transporte. Es necesario equilibrar de manera más igualitaria la relación entre el automóvil y los vehículos no motorizados (combinándolos con medios de transporte público) y, eventualmente, dependiendo de los contextos y los progresivos procesos de aceptación ciudadana de la bici, invertir la habitual supremacía del coche. Y es que, como hemos podido ver a lo largo de este texto, hablar de bicicletas es hablar de otras formas de mirar, sentir, percibir y gestionar la ciudad. Y en ello estamos, seguimos pedaleando.

NOTA

Si quieres ampliar la información sobre el proyecto, puedes visitar la página: www.proyectocicla.org

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¿Por qué lo llaman participación cuando quieren decir comparsa?

¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! La participación aparece en todos los discursos, ruedas de prensa, tertulias... Es el nuevo «ungüento amarillo»: ¡todo lo va a curar la participación! Los partidos compiten para ver cuál es más participativo y más transparente... como si fuera el anuncio del último detergente: «¡Participación lava más blanco! ¿Ya se lo contó a su vecina?».

Es evidente que, al menos por lo que toca al discurso, esta es una conquista de los movimientos sociales y en particular del 15M. En aquel momento, los viejos partidos (¡e incluso muchas organizaciones sociales!) descubrieron que hay mucha gente que QUIERE participar, ser escuchada, que reclama su derecho a ser tenida en cuenta en todas aquellas cuestiones que afectan a sus vidas. Y las viejas estructuras se pusieron como cotorras a hablar de participación, a inventarse asambleas, primarias, horizontalidades, referendos… para hacer más participativas sus organizaciones. Pero esta es la teoría.

¿Y la realidad? ¿Qué pasa con la práctica? En la realidad, la mayoría de los partidos —nuevos y viejos— y de los espacios de confluencia siguen frenando las iniciativas de construcción colectiva, viven en la tensión entre quienes pretenden impulsar procesos auténticamente participativos y quienes, en aras de la eficacia, niegan la pertinencia de espacios y tiempos dedicados a la participación (que nunca es «lo importante», que siempre es sacrificada a «lo urgente»).

Las administraciones se han apuntado al carro, son expertas en estar a la moda, aunque en el caso de Andalucía, el anteproyecto de Ley de Participación siga paralizado y dé la casualidad de que la única dirección general de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales que está sin nombramiento —a la hora de escribir este artículo— sea la de Participación Ciudadana y Voluntariado.

Como en el chiste de aquellas monjitas, las nuevas conversas y conversos proponen la participación con la boca chica, pero apuestan por el control y la concentración de poder con la boca grande. Por ello, seguiremos intentando desmontar algunas trampas de eso que llaman «participación ciudadana».

Participación ciudadana es tomar o tener parte en los procesos, lo que implica intervenir —de una u otra forma— en la toma de decisiones. Eso no quiere decir que vayamos hacia una «sociedad asamblearia», hacia un «mundo-asamblea», donde todo esté sometido a la decisión colectiva. Participar en la toma de decisiones incluye muchas posibilidades y niveles, como por ejemplo: ser consultadas, opinar, proponer, evaluar… hasta llegar a la codecisión y la cogestión o a la autogestión. Pero no es hacer de comparsa en un paripé participativo para legitimar las decisiones tomadas por «los de siempre». O sea, no vale eso de: «ustedes hablen, opinen, propongan, cuestionen… que nosotros haremos lo que nos dé la gana».

Participación ciudadana es crear las condiciones para que se produzcan las cosas, no un trámite por el que hay que pasar. Las organizaciones e instituciones —a menudo trabadas en complejos procedimientos burocráticos y administrativos— temen los procesos participativos que obligan a cambiar los procedimientos y las normas de toda la vida, que escapan al férreo control de los que mandan. Por eso prefieren trucar las cartas: «¿dónde está la bolita de la participación?».

Es disfrutar de autonomía, tener la certeza de que las propuestas o proyectos que construimos en común responden a necesidades concretas, sentidas y compartidas. Es plantear alternativas a aspectos de nuestra vida desde la independencia, sin seguir los dictados de instituciones u organismos que orienten la práctica colectiva, sin tutelas, sin que suplan nuestra iniciativa, sin que nos lo den todo mascadito.

Es un proceso de deliberación y no solo de votación. Con cierta frecuencia, la participación trata de resolverse mediante el voto, como si fuera la máxima expresión participativa, el máximo ejercicio democrático. Pero las votaciones se pueden manipular con cierta facilidad, por ejemplo, apelando a las puras emociones, huyendo del razonamiento, de la confrontación de ideas, del debate. O practicando el sectarismo y las adhesiones (conmigo o contra mí), de manera que el voto se produce más para reforzar «a los nuestros» que para encontrar la mejor solución. No hay participación ciudadana sin deliberación colectiva, sin diálogo.

Es un proceso de aprendizaje, no un mecanismo incorporado a nuestras rutinas. Y volvemos otra vez a los trámites, a las normas y expedientes que hay que cumplir. Al miedo a lo nuevo. Pero la participación requiere tiempo y diálogo, reflexión, análisis… En fin, eso que se llama aprendizaje. Aprender del camino, de la experiencia, de la experimentación, de los aciertos y de los errores.

En relación al momento actual en que la participación, el protagonismo de la gente y una nueva forma de relación entre las instituciones y la ciudadanía forman parte del nuevo discurso que atraviesa toda la acción política, avisamos de que no es tan fácil, ni va a ser resultado espontáneo del puro voluntarismo, de la buena intención de las bases sociales y de las dirigencias de las organizaciones y los gobiernos.

Desde nuestra modesta experiencia en distintas iniciativas de fortalecimiento del tejido asociativo y la participación ciudadana, nos atrevemos a señalar algunas claves a tener en cuenta para la orientación de las políticas de participación, sobre todo en el ámbito municipal, aunque muchas de ellas son perfectamente aplicables al terreno de las organizaciones sociales. Esas claves han de ser traducidas a cada contexto, y puede que unas tengan más peso que otras según sea cada realidad concreta. Lo que sí nos parece fundamental es que cada esfuerzo dirigido a que las personas tengamos más protagonismo en la gestión de lo público y de lo común no se improvise, sino que implique una apuesta decidida por la Educación para (y desde) la Participación.

Escuchar es el punto de partida

No hay participación ciudadana posible sin escucha. En todos los sentidos y todas las direcciones. Escucha a la ciudadanía por parte de sus responsables político-institucionales. Escucha a los barrios, sus necesidades, sus problemas, sus sentimientos colectivos, sus sueños. Escucha a las bases sociales de las organizaciones.

Entender de otra forma el gobierno abierto

La participación ciudadana es un elemento esencial, junto a la transparencia y la cooperación, de una forma nueva, distinta, de entender el gobierno de lo público y la defensa del bien común. Es esta forma de gobierno abierto, de gobierno basado en el diálogo social, la que orienta el conjunto de políticas y las formas de relación entre la ciudadanía y los gobernantes.

Predicar con el ejemplo

La participación también es una forma de entender la organización de las instituciones (y de las organizaciones sociales), un elemento clave de su arquitectura interna, no solo en cuanto a la incidencia de la ciudadanía en las decisiones comunes, sino en el necesario papel proactivo del conjunto de profesionales que trabajan en los servicios públicos, cuya experiencia y capacidad se deben poner al servicio del bien común, desde la coordinación permanente de las diferentes áreas y la comunicación continua con la ciudadanía.

Estimular la participación

Partimos de una situación polarizada en la que un sector minoritario de la población está muy movilizado, pero la mayoría sigue pareciendo apática ante los asuntos que se refieren a la gobernanza, a la gestión de lo público y lo común. Es labor de las administraciones públicas estimular y alentar la participación ciudadana en aquellos temas que afectan directamente a las personas.

Promover diálogos

Nada de lo anterior es posible sin una relación cotidiana con la sociedad civil organizada y con los diferentes agentes sociales, desde una actitud de permanente experimentación en las formas de interlocución y relación que ponga el acento en la educación para la participación (foros, asambleas, jornadas, encuentros, fiestas, espacios en internet…) con plena conciencia de que es necesaria la construcción de una cultura de la participación cívica que no existe. Ya hemos señalado la importancia de la escucha. Lo que sigue es el diálogo. Y la condición para todo ello es la comunicación.

Fortalecer lo existente, incentivar su transformación

En la apuesta por la participación ciudadana no partimos de cero, existen organizaciones sociales con mucho recorrido, con luces y sombras también, que tienen mucho que decir y aportar, pero a las cuales debemos apoyar para su transformación y adecuación a los tiempos actuales. Una apuesta por el protagonismo ciudadano implica facilitar su autoorganización.

«Enredar» todas las formas de participación

Con independencia de si se es una asociación legalmente constituida o no, necesitamos poner en valor todas las formas de participación que surjan, desde el respeto mutuo y el reconocimiento de la contribución que realizan en el desarrollo de valores democráticos. Para ello, más que fórmulas de interlocución estrechas o burocratizadas —consejos representativos, por ejemplo—, el funcionamiento en red es lo que nos permitirá integrar las diferentes aportaciones de la ciudadanía a los diferentes proyectos de cada territorio.

Establecer con claridad los distintos niveles de participación

Participación ciudadana no significa que todas las personas intervienen en todo. Eso hace inviable, imposible, cualquier proceso de participación. Se hace imprescindible establecer niveles, combinar la participación directa con la representación, las asambleas ciudadanas con los grupos de trabajo especializados.

Combinar estrategias y formas

Son frecuentes las afirmaciones de que no existen mecanismos eficaces de relación entre el ayuntamiento y la ciudadanía. Nada más alejado de la realidad. Según nuestra experiencia, existen abundantes ejemplos de reglamentos de participación ciudadana, consejos ciudadanos, presupuestos participativos, que han logrado niveles apreciables de representatividad ciudadana en algunos casos… y en otros no. La cuestión es que los mecanismos y estructuras, en sí mismos, no garantizan el éxito de un proceso, sino la combinación de estos y la capacidad de hacerlos propios, de facilitar su apropiación por parte de la ciudadanía.

Combinar lo presencial con lo virtual

Otra clave es aprovechar las herramientas de información, comunicación y participación que ofrecen las tecnologías, así como hacer frente a la brecha digital aún existente y la combinación con espacios presenciales de relación, comunicación y diálogo directo entre todos los actores. El tiempo corre a favor de la incorporación de las TIC a la gestión de lo público.

Experimentar, innovar, aprender

En la participación ciudadana no existen recetas mágicas ni manuales de instrucciones, sino la experimentación permanente en diferentes contextos. Hay buenas prácticas que pueden servirnos de referencia y orientar nuestra acción, pero intentando adaptarlas a nuestra realidad. Creatividad y coherencia al servicio del bien común. En la participación ciudadana, en los nuevos escenarios y en un nuevo tiempo, todo está por inventar, todo está por construir.

Dedicar tiempo (y constancia)

Con frecuencia escuchamos esta crítica: la participación ciudadana es más lenta, exige más tiempo, ralentiza las decisiones…. Sí, es verdad… ¿y qué? Está claro que es más cómodo (y menos democrático) interpretar la voluntad ciudadana —o pasar de ella— y tomar las decisiones sin contar con la gente. Pero no es eso. Está muy claro que los procesos que se llevan a cabo CON la gente, con su participación, son mucho más sólidos, más inclusivos, más inteligentes, y precisamente porque requieren tiempo, hay que ponerse en marcha ya, y avanzar paso a paso, con una apuesta progresiva y sostenida, que vaya incorporando mayor protagonismo de la gente a medida que crezcan sus capacidades.

Dedicar dinero, medios, recursos

También hay que recordar, una vez más, que para llevar a cabo estas políticas participativas hay que contar con recursos materiales y recursos humanos que las hagan posibles. No es solo —aunque sea muy importante— cuestión de buena intención, de voluntarismo. Hay que invertir (no es un gasto, es una inversión) en participación. Dependerá, claro está, de la economía de cada municipio y cada organización, unas podrán invertir más y otras menos. Pero, si verdaderamente creemos que se trata de una política transversal, la inversión también debe serlo y cada área o departamento de la organización municipal debe contribuir al esfuerzo.

10-11 POLITICA ANDALUZA

Base de Morón:

una mortífera herramienta de guerra

La militarización extrema se ceba con Andalucía, pero la Plataforma Andaluza contra las Bases resiste

El clásico «OTAN no, bases fuera» no ha dejado nunca de sonar en Andalucía, mientras la militarización de las bases y de nuestro territorio (maniobras de la OTAN «Trident Juncture») ha ido creciendo sin pausa. El último paso en este camino ha sido la modificación del convenio militar con EE. UU., que convierte a la base de Morón en una mortífera herramienta de guerra pensada para actuar en todo el norte de África. Mientras, en Andalucía, se suceden los discursos populistas sobre nuevos puestos de trabajo —para justificar lo injustificable—, repitiendo el mismo engaño de la supuesta lluvia de millones que el escudo antimisiles de la base de Rota iba a traer a la bahía de Cádiz. Las plataformas antimilitaristas convocan a la ciudadanía para este mes de octubre en la base de Morón y también en el campo de tiro de la sierra del Retín.

Origen y evolución de las bases de Rota, Morón y Gibraltar

La base aeronaval de Rota, situada a 11 km en línea recta con Cádiz capital, es una potente instalación militar, donde las tropas estadounidenses y españolas (más las de la OTAN) tienen un vector de operaciones estratégicas y tácticas de primer nivel. En ella se abastecen los grandes aviones de transporte militar como el C5-Galaxy, el Globemaster, etc., recalan submarinos nucleares, transitan tropas norteamericanas con distintos destinos operativos en todo el mundo, se da acogida a los destructores que portan el llamado «escudo antimisiles», etc. España, también tiene en esta base sus principales buques de guerra, como el portaviones Juan Carlos I. La base aeronaval de Rota es —siempre en coordinación con Morón y Gibraltar— uno de los puntos principales desde donde la OTAN opera en Europa, el norte de África, el Mediterráneo y todo Oriente Medio.

A cambio de ayuda económica y militar, Franco, en 1953, permitió la construcción de esta y otras bases para EE. UU. en territorio del Estado español. Hasta finales de los años 70, había permanentemente en Rota una flota de submarinos con misiles atómicos.

La base aérea de Morón (situada a 56 km de Sevilla capital) se construyó al finalizar la Guerra Civil, pero en 1953 fue ampliada y entregada por Franco a EE. UU. En 1991, la fuerza aérea norteamericana se retiró de Torrejón de Ardoz (Madrid) y de Zaragoza, replegándose en la gran base aérea de Morón. El Estado español también tiene en esta base más de mil efectivos y armas de guerra como los cazabombarderos Eurofighter Typhon, los P3 Orion de lucha antisubmarina, etc.

En junio de 2015, el Gobierno español firmó un acuerdo con EE. UU., por la que la presencia militar norteamericana en la base pasaba a ser permanente, permitiendo además la instalación de una base para posibles intervenciones militares en África, y una presencia de hasta 2200 militares y 500 civiles norteamericanos, así como el estacionamiento de 26 aeronaves.

La base aeronaval de Gibraltar, situada en la bahía de Algeciras, y en pleno estrecho de Gibraltar, también es actualmente una instalación con capacidad nuclear, aunque su origen se remonta a la ocupación inglesa del peñón en 1704, la cual quedó formalizada en el Tratado de Utrecht de 1713. Reino Unido posee en «la roca», aparte de un paraíso fiscal, un eslabón importante de su cadena de bases en el Mediterráneo (junto a Malta y Chipre). Regularmente, los buques y submarinos (como el averiado Tyreless) de su marina de guerra hacen escala en la base. Los submarinos atómicos norteamericanos también suelen repostar y avituallarse en esta base de la OTAN.

La última modificación del tratado bilateral España-Estados Unidos: Morón, punta de lanza de la OTAN

El miércoles 17 de junio de este año, el Partido Popular firmó con EE. UU. un peligroso acuerdo belicista por el que se ampliaba cuantitativa y cualitativamente la capacidad operativa de la base aérea de Morón. Esto, junto al despliegue en Rota de cuatro destructores estadounidenses y unos 1100 militares (más los encargados del llamado «escudo antimisiles»), dan cuenta de la agresiva estrategia de la OTAN de acorralar a Rusia y operar a destajo en todo el norte de África. Esa firma del 17 de junio vino precedida —con la excusa del yihadismo en la zona del Sahel— de una autorización, que se presentó como provisional, de Mariano Rajoy (19 de abril de 2013), de desplegar quinientos marines y ocho aviones en Morón. El 29 de mayo de 2015 se aprobaba en Consejo de Ministros el «Tercer Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988», para el despliegue permanente en la base aérea de Morón de la Frontera de una fuerza militar de respuesta de crisis, y en paralelo, el Ministerio de Defensa negocia un Acuerdo Conjunto de Entendimiento de Defensa en el que se desarrollan diversos aspectos: adiestramiento y operaciones, interoperabilidad y cuestiones de especial interés local, como las inversiones y disposiciones relativas a la contratación de personal. El 16 de julio se debatía y votaba en el Congreso de los Diputados ese Tercer Protocolo de Enmienda con un cómputo de 304 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones.

Morón se ha convertido en la base permanente de la Fuerza Especial Tierra-Aire de Respuesta de Crisis del Cuerpo de Marines (SP-MAGTF), es decir, un aumento de 2200 militares, 500 civiles y 36 aeronaves. En la zona de Morón el debate está abierto: la tasa de paro de Morón es del 31,4% (ahora la de España es del 23,8%). «La base fue durante muchos años la primera empresa del pueblo», afirma el alcalde, Juan Manuel Rodríguez (PSOE), pero «un cambio en el modelo de gestión ha provocado 230 despidos», denuncia. Ahora la producción de la aceituna de mesa ha desplazado a los militares como primeros empleadores del municipio. Hoy, hay 479 españoles trabajando para los estadounidenses: 404 para su fuerza aérea —presente en Morón desde 1957— y 75 para los 850 marines, que empezaron a llegar en abril de 2013. Además, unos 120 empleados tienen contratos temporales1.

Podemos y PSOE debaten sobre la base de Morón en el Parlamento andaluz

El artículo 240 del Estatuto de Andalucía, que versa sobre la participación de la comunidad autónoma en los tratados internacionales que afecten «singularmente a materias de su competencia», ha sido totalmente vulnerado cuando el Estado español ha decidido modificar, cuantas veces ha querido, las condiciones de uso de las bases de Rota y Morón. No se ha informado al Parlamento andaluz, de nada, nunca, ni se le ha dado participación en nada, nunca.

Alrededor de este asunto, y en relación directa con la potenciación de la base de Morón, tuvo lugar un debate entre Teresa Rodríguez (Podemos) y Susana Díaz (PSOE) en el Parlamento de Andalucía el día 23 de julio pasado2. La posición de Teresa Rodríguez acerca de las bases militares extranjeras es ahora más moderada respecto a la posición que mantenía antes de ser coordinadora del grupo Podemos en el Parlamento de Andalucía. La pregunta que realizó la parlamentaria a la presidenta de la Junta de Andalucía, y el argumento usado por las dos, muestran también, el escaso interés—nulo, por parte de la presidenta Díaz— de hablar sobre la guerra, sobre los gastos militares, sobre el intervencionismo de la VI Flota en el Mediterráneo, sobre la ausencia de planes de emergencia nuclear en Andalucía, sobre el escudo antimisiles, sobre el referéndum de la OTAN, etc. Su pregunta se centró, sin embargo, en la cuestión de los puestos de trabajo de la base de Morón, una defensa de los dos puestos de trabajo en las bases que ella antes no argumentaba. Un importante matiz que la presidenta Díaz le reprochó como una contradicción política. Aunque también Izquierda Unida ha caído en este equívoco de, por un lado, pedir el desmantelamiento de las bases, y, por otro, pedir la defensa de los puestos de trabajo en las mismas3. Los sindicatos CC. OO., USO y UGT4 limitan todas sus intervenciones a escuetas denuncias sobre la precarización del empleo y los despidos en las bases. Sobre la extrema militarización de Andalucía, no dicen nada.

Las grandes maniobras de la OTAN: «Trident Juncture» (oct.-nov. 2015)

Aunque parece ser que las significativas maniobras «Trident Juncture» —que se celebrarán pronto, sobre todo en territorio español— están enfocadas a participar en escenarios de guerra en África, también es cierto que «están diseñadas para enviar un mensaje a Rusia. También es probable que la ampliación de las maniobras —desde lo que fue previsto inicialmente (20 000-25 000) militares a más de 30.000 militares— esté relacionada con la crisis en Ucrania y la intensificación del conflicto entre la OTAN y Rusia. En este contexto la participación de Ucrania—que formalmente no es un país miembro de la alianza—es significativo. “Trident Juncture” no solamente sirve para mostrar a Rusia la capacidad —y voluntad— militar de la OTAN, además sirve para entrenar la cooperación con las Fuerzas Armadas de Ucrania»5. En estas maniobras la base de Morón estará muy presente a través de la participación de los marines de EE. UU., los cuales usarán los aviones Osprey desde, muy probablemente, el portaviones español Juan Carlos I que opera desde la base naval de Rota.

El movimiento por la paz de Andalucía resiste

El pasado día 31 de mayo, la Plataforma Andaluza contra las Bases convocaba la XXX Marcha a Rota bajo el lema «Trabajo y dignidad sí; negocio de la guerra, no». Los convocantes (entre ellos la Red Antimilitarista y No Violenta de Andalucía) expusieron en su manifiesto: «Desgraciadamente, los motivos para venir a la marcha a Rota han crecido exponencialmente en estos últimos años: la guerra y la violencia desatada por los poderosos; sus multimillonarios gastos militares, su inmensa irresponsabilidad a la hora de gestionar sus armas de destrucción masiva (ahora prohibiendo a Irán que se una a su club atómico); su frialdad inhumana al permitir masacres como las que tienen lugar en tantos países del mundo, Palestina entre ellos… Todo esto y más sigue su ignominioso curso desde instalaciones reforzadas, ampliadas y recrudecidas como son la base aeronaval de Rota, la base aérea de Morón de la Frontera y la base nuclear naval de Gibraltar». En este otoño, la Plataforma, dentro de los mismos actos de la XXX edición de la convocatoria contra las marchas, convoca una protesta de toda Andalucía contra la brutal ampliación de Morón, en defensa de la solidaridad internacional y contra las guerras.

Igualmente, se están organizando para otoño protestas sociales. «Por la alta relevancia de las maniobras “Trident Juncture 2015” —donde la base de Morón está muy implicada—, varios colectivos están preparando actos de protesta y/o resistencia. Desde el movimiento pacifista y antimilitarista de Andalucía existen iniciativas para organizar acciones de desobediencia civil en Barbate (Campo de Adiestramiento Anfibio de la Sierra del Retín) con el apoyo de Alternativa Antimilitarista.MOC a nivel estatal y de la Red Antimilitarista Europea. Otros colectivos están organizando actos de protesta en Zaragoza (Centros Nacionales de Adiestramiento de San Gregorio) y en Barcelona»6.

A pesar de la crisis y de la desesperada necesidad de puestos de trabajo, Andalucía no puede pasar por alto la militarización del territorio y entregarse a las políticas belicistas de los poderosos. La nuestra es una cultura de paz y nunca dejaremos de oponernos con la máxima determinación a la locura de las armas de destrucción masiva y a los gastos militares.

http://noviolencia62.blogspot.com.es/

Información básica complementaria

Alfonso Izquierdo: “Base aérea de Morón, la “joya oculta” del despliegue mundial del Pentágono” (http://www.defensa.com).

Willy Meyer: “Morón: base permanente de Estados Unidos” (http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=4884).

Andreas Speck: “España como punta de lanza para las intervenciones en África” (http://www.antimilitaristas.org).

G. Baster: “Marines en Morón: Rajoy y la guerra del siglo XXI” (Tercera Información, 04/06/2015).

Debate parlamentario de 17/07/2015 sobre la modificación del acuerdo bilateral España-USA: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/PL/DSCD-10-PL-298.PDF#page=7

Las modificaciones del Convenio España-USA:

Convenio España-USA (BOE de 20/05/1983);

Convenio España-USA (BOE 06/05/1989);

Primer Protocolo de Enmienda (BOE de 21/02/2003);

Segundo Protocolo de Enmienda (BOE 10/06/2013);

Tercer Protocolo de Enmienda (Boletín de las Cortes nº 417, 24/06/2015).


1 El País, 17/07/2015

2 véase Diario de Sesiones, 23/07/2015

3 véase la intervención de 15/04/2015 del diputado José Luis Centella en el Parlamento de Madrid pidiendo el cierre de las bases al mismo tiempo que la defensa de los puestos de trabajo.

4http://ccoobasemoron.blogspot.com.es/; https://usobasemoron.wordpress.com/; http://ugtbasedemoron.blogspot.com.es/

5 A. Speck: http://www.antimilitaristas.org, 15/08/2015

6 A. Speck

Políticas culturales en Andalucía: ¿hay alguien ahí?

A fecha de cierre de este número se han producido nombramientos en instituciones que afectan a lo cultural: Gobierno central, Junta de Andalucía y ayuntamientos. Tenemos nuevo ministro de Cultura (PP), esperamos que su cometido no sea el de hacer bueno a Wert (porque no ha habido ministro más nefasto para la cultura y la educación que Wert). Tenemos una consejera de Cultura (PSOE) que fue la bomba mediática, por inesperada, en el nuevo Gobierno de Susana Díaz. Sin entrar en detalles, hay que nombrar, al menos, los ayuntamientos de las capitales que tienen una renovación: Huelva, Córdoba, Sevilla y Cádiz, con nombres interesantes al frente de estos departamentos. En Granada, Málaga, Jaén y Almería se han mantenido gobiernos del PP. Con este escenario político me propongo, en esta oportunidad que nos brinda El Topo, aportar análisis e ideas sobre política cultural andaluza.

En los tiempos preelectorales de andaluzas y municipales, me dediqué a leer los distintos programas en temas de cultura. Aunque el análisis de las políticas culturales no es nuestro cometido principal, desde ZEMOS98 —colectivo en el que habito— hace tiempo que nos preocupamos por dar que pensar sobre los mecanismos, síntomas y necesidades que tiene la interrelación de la cultura, la sociedad y la economía. Y como solemos decir para situar el debate: «El desierto is coming».

El desierto is coming

No hace falta dar muchos rodeos. En el mes de julio de 2015 podemos decir tajantemente que el estado de las políticas culturales en Andalucía es de pronóstico grave. Las políticas culturales —entendidas como un lugar donde hay un rumbo planificado, transparente y coordinado con objetivos a corto, medio y largo plazo— no existen.

En 2007, desde el Gobierno de la Junta se puso en marcha el plan estratégico de la cultura (PECA 2007-2013). El grado de cumplimiento tiende a cero y, por cierto, nadie se ha responsabilizado por ello. Algunos indicadores muestran que hemos retrocedido a niveles «por debajo de cero». De aquel plan tenemos, a mi entender, el gran lastre de la cultura en Andalucía: las infraestructuras desmedidas. Como ejemplo, museos como el Íbero de Jaén —que aún no se ha terminado—, el Espacio Andaluz de Creación Contemporánea de Córdoba —que sigue vacío y con un concurso para la puesta en marcha sacado aprisa y corriendo y que, además, su comisión técnica dejó desierto— o el caso de Atarazanas de Sevilla: un espacio patrimonial cedido por 75 años a La Caixa mediante un convenio que no se ha hecho público aún, que la entidad financiera rompe de manera unilateral (porque en todo esto de la burbuja financiera, La Caixa termina comprando a Cajasol y hay que soltar lastre patrimonial) y que la Junta consigue «retener» y ceder a la Fundación Cajasol (una entidad absorbida por La Caixa), que tiene cada vez menos recursos y que va dejando otros inmuebles porque no puede pagarlos ni programarlos. Estos son grandes y sonados fiascos, pero en los últimos diez años gran parte del presupuesto de cultura que ahora no tenemos se ha invertido en construir grandes teatros y complejos culturales, con cientos de butacas, que salvo contadas excepciones están vacías la mayor parte del año. Si tenemos claro que uno de los motivos de la crisis fue la burbuja inmobiliaria, hay un estudio aún por hacer de cómo la cultura en Andalucía —y en otros sitios, no olvidemos la Ciudad de la Cultura en Galicia—, pagada con fondos públicos, alentó y dotó al ladrillo.

Shut up and take my money

La gran batalla, aún no ganada, ha sido la del IVA cultural. Todas estamos en contra del 21%, OK, pero tenemos la sensación de que esto oscurece el resto de reivindicaciones. El debate de los últimos tres años ha quedado en el callejón sin salida de «todo va mal por culpa del IVA». Miremos más allá: cuando el IVA vuelva al __%, ¿qué hacemos? El IVA es un impuesto al consumo, solo una parte de la actividad cultural, y cabe hacerse preguntas. ¿No estamos luchando por reducir un impuesto que sobre todo grava a las industrias culturales? ¿No está justificando la patronal los recortes en derechos sociales y laborales en una polémica, la del IVA, que es la coartada perfecta? La precariedad en el empleo, la inexistencia de un reconocimiento a la actividad intermitente de las personas que trabajan en cultura y otras prácticas abusivas (como la de falsos autónomos) no variarán cuando el IVA cambie. Y la otra gran cuestión: el presupuesto público dedicado a cultura ha ido bajando exponencialmente, ¿también por culpa del IVA?

Antes de las elecciones, el potente sector andaluz de la artes escénicas montó asambleas abiertas para evitar el #PresupuestoCero a salas, compañías y demás agentes del teatro, danza y circo. Allí, gracias a la unión de las entidades y a una movilización mediática fuerte, consiguieron que la Junta dotara y convocara las subvenciones antes de las elecciones. Una vez conseguido—que, por cierto, a día de hoy, ya metidos en el segundo semestre del año, aún no se han resuelto, con lo cual la celeridad fue solo en la convocatoria y no en la resolución— arrancaron otro compromiso del Gobierno de la Junta en funciones: una Consejería de Cultura independiente de Educación, Turismo y Deportes. Muy bien. Ya tenemos una Consejería de Cultura, la siguiente cuestión sería: ¿y el presupuesto? En el que quedó aprobado a finales de 2014, el recorte en políticas activas de cultura es de casi 4 millones de euros.

Además, el presupuesto sigue teniendo una inexistente evaluación de la política de subvenciones, aberraciones como que un museo gestionado por una fundación privada reciba más dinero que el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, la falta de un plan estratégico intersectorial, la descoordinación institucional, la falta de cuidado a la cultura de base y el derroche en infraestructuras de legislaturas anteriores. Y, aun así, hay un sector que resiste.

¿La píldora del emprendimiento o la píldora del mecenazgo?

Una gran parte del sector cultural se comió la píldora del emprendimiento, esa en la que tanto hincapié se hizo desde la Consejería de Innovación: «¿eres artista?, monta tu empresa». Y aunque Proyecto Lunar (el nombre de la acción que fomentó todo esto) tuviera unas intenciones loables, la falta de continuidad y, una vez más, de planificación y coordinación, hicieron que la campaña se convirtiera en la ruina de muchos proyectos culturales. Hay que reconocerlo, con la píldora aquella nadie recomendó un protector estomacal y las digestiones están siendo duras. Una de las consecuencias es que mucha gente se ha exiliado, y/o ha buscado el mecenazgo por excelencia del trabajador cultural: la hostelería. Las pocas empresas que aún nos mantenemos nos hemos dedicado a gestionar miseria que hace que nos vayamos ahogando poco a poco. No obstante, el discurso sigue siendo el del emprendimiento. La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en la línea de «Industrias Creativas y Culturales» aplica un recorte de más del 80% con respecto a 2014. Sumadle el IVA y las pocas facilidades que hay para las personas trabajadoras autónomas y para las PYMES y seguro que no os salen las cuentas.

Con todo y con eso, hay un sector —el del audiovisual— que ha tenido un año 2014 de ensueño. ¿Es gracias a Susana Díaz como ella parece dar a entender cada vez que puede? No, es gracias a la suma de trabajo de años atrás, porque ahí está la clave de la planificación. Para que en 2014 el cine hecho en Andalucía haya obtenido éxito de público y crítica, hay que sumarle el esfuerzo y la inversión de dos y tres años atrás. Quien trabaja en el sector audiovisual sabe que de la siembra a la recogida —cuando hay buenos productos— suele pasar mucho tiempo. Por el camino se quedan esas otras producciones que tienen éxito en contextos más pequeños o que directamente no tienen salida comercial pero sí artística y cultural.

Desde la política y desde otros sectores se está elaborando y reclamando la píldora que nos va a salvar de la crisis: la Ley de Mecenazgo. Permítaseme aquí una gran carcajada. El anteproyecto que se quedó varado en la anterior legislatura, sin informes aún concluyentes y perdido entre titulares. Decía que la Ley de fomento del consumo cultural andaluz iba a conseguir aumentar la venta de entradas porque te las podías deducir (hasta 150 euros) en el tramo autonómico de la declaración de la renta. Risas otra vez. La ley, a pesar de ser bastante inconsistente, no cuenta con ningún grupo parlamentario en contra (Podemos la mencionó como prioridad fundamental en su programa electoral) y aparece en el acuerdo de investidura del PSOE con C’s. Así que, si se aprueba a lo largo de 2016 (tiene un año de trámite como mínimo) se aplicará para el IRPF de 2017. Acordaos entonces de guardar las entradas para meterlas en el programa PADRE.

Más allá de las bromas, ¿a quién puede beneficiar esto? El sector del cine lo vio con buenos ojos, lógico, pero aún no hay un estudio económico, y me temo que para Hacienda no es una prioridad porque las cantidades económicas de las que estamos hablando son muy pequeñas. Aunque, directamente, no sea objeto de la ley, sí sirve tener algunos datos claros: por ejemplo, la previsión de 2015 de venta de entradas en los espacios escénicos andaluces es de 336 000 euros. La ley afectaría, como es lógico, a todas las entradas públicas y privadas, pero, aun así, ¿garantiza la ley que lo recaudado en cultura va a ir a cultura? Se me antoja que esta propuesta de Ley de Mecenazgo es del todo insuficiente. Por seguir dando datos para comparar: el alquiler de las oficinas de la Agencia, situadas en el Estadio Olímpico de Sevilla (sic), cuesta 476 000 euros al año.

Cuida tu cultura o arderás en el infierno

Este texto parte de conversaciones con muchas personas del ámbito de la cultura, así como de la lectura de la actualidad política y de la realidad legislativa. No caigamos en lo fácil, las personas que hacemos la cultura en Andalucía también somos responsables de la situación descrita arriba. Y aunque en Andalucía no ha habido un cambio como el que se ha producido en otras ciudades y comunidades autónomas, quería lanzaros una pregunta: ¿vamos a cuidar la cultura?

Necesitamos un plan de «cuidados» planificado, participado, consensuado, común y cumplible. Dicho plan debe alejarse de conceptos como ciudad creativa o smart-cities —ampliamente criticados desde algunos sectores académicos y activistas— y hay que intentar mezclar:

  1. Pragmatismo y sensatez. Por ejemplo: cesión de equipamientos en desuso. En Sevilla hay reclamaciones como La Carpa que deberían estar resueltas.
  2. Redistribución de recursos para evitar un modelo basado en grandes eventos, donde las pequeñas iniciativas no tienen cabida. Huir de la turistización de la cultura.
  3. Potenciación de la economía social de la cultura, por ejemplo, incluyendo cláusulas sociales en las licitaciones públicas. Y poner en el centro los contenidos que potencien el tejido social.

La política institucional promueve leyes, con toda su parsimonia burocrática (en trámite se quedaron la Ley del Cine o la de Mecenazgo). Pero en un momento de urgencia como este hay que reclamar planes plurianuales, ágiles y que eviten ir improvisando. Necesitamos innovación administrativa y no parafernalias burocráticas. Eso se puede arreglar rápido si hay voluntad entre trabajadores y trabajadoras de la administración pública y agentes locales. El sector debe entender que el momento clave es ahora. Después del verano se irán poniendo en marcha los presupuestos de 2016, ahí debe producirse el cambio. Que la coordinación entre instituciones, colectivos culturales y sector privado no sea una quimera. Y, por último, hay que poner encima de la mesa la precariedad que tiene el sector: empezar a reclamar los derechos sociales que toda persona trabajadora en la cultura tiene, hacernos la pregunta de qué sociedad queremos construir para entonces tener claro qué políticas culturales debemos fomentar.

Nota ilustración: CUIDA TU CULTURA O ARDERAS EN EL INFIERNO; Manuel Leon. Cortesia Galeria Javier Lopez y Fer Frances

Nosotras sí saltaríamos

En el mítico final de Dos hombres y un destino, Robert Redford (Sudance Kid) y Paul Newman (Butch Cassidy) están acorralados por los perseguidores que los han acosado durante toda la película. La única opción que tienen para escapar es saltar desde un impresionante acantilado. Sundance Kid no lo ve nada claro:

— ¿Qué te hace pensar que no vendrán tras nosotros?, le pregunta a Butch Cassidy.

— ¿Saltarías tú si no tuvieras que hacerlo?

Eso es lo que nos preguntó Belén Gopegui en el 17º Festival de Zemos98. Y nos responde: «nosotras sí, nosotras saltaríamos». Y es cierto, saltaríamos porque necesitamos demostrar que hay otra manera de organizar las cosas. Saltamos porque la realidad sería intolerable si no lucháramos para cambiarla.

Belén Gopegui reivindica la necesidad de «las historias bonitas». Entendiendo lo bonito como la defensa de lo común, como las victorias de historias de dignidad.

Porque tejer redes, cooperar, dotarnos de normas, resistir, luchar, trabajar juntxs cada día… agota. Y algunos días nos vence la desgana y nos ponemos tristes. Y otros días, hacemos las cosas por hacerlas, pensando, en el fondo, que nada servirá de nada.

Por eso tenemos que creer que las cosas, a veces, pueden salir bien; que si saltamos y nos arriesgamos, puede que dejemos a los malos con un palmo de narices.

Por eso queríamos escribir este artículo, porque tenemos que narrar nuestras victorias para terminar creyendo que, en ocasiones, ganamos nosotras. Por supuesto, nuestras victorias no son como las de las películas bonitas que nos enseñaba Gopegui. No son victorias redondas y definitivas. Nuestras victorias, están siempre teñidas de grises, cargadas con una mochila de matices. Nuestras victorias nunca son aplastantes. Es importante analizar los procesos, no caer en el triunfalismo y hacer autocrítica; pero, en ocasiones, también tenemos que pararnos y poner el foco en lo que conseguimos, en el pedazo que ganamos.

Por esta razón queremos dedicar esta sección a algunas de nuestras victorias en el territorio andaluz. Sabemos que a estos triunfos podemos ponerles muchos peros, pero lo importante de estas victorias no es que sean rotundas, lo importante es que son nuestras.

Esta vez nos saltamos las de Sevilla ya que las visibilizamos número a número. Y respecto al resto de los territorios, os animamos a poneros en contacto con nosotras para así poder visibilizarlas.

CUANDO ANDALUCÍA SE ORGANIZA

La extensión de Andalucía dificulta mucho la organización y coordinación territorial, aun así, existen numerosos procesos que lo van consiguiendo. Diferentes iniciativas, como el Coop 57 o el Movimiento por la Vivienda, que están contribuyendo o han contribuido a la transformación social, hacia el tipo de «vida que merece ser vivida», ya han sido mostradas en otros números. En esta ocasión nos centraremos en otras.

Plataforma Andalucía Libre de Fracking (PALF)

En junio de 2012, varios colectivos (EeA, ISF, Greenpeace, Amigos de la Tierra, WWF) formaron un grupo de trabajo para analizar la problemática del fracking en Andalucía. En febrero de 2013, este grupo, con el apoyo de otras organizaciones sociales, sindicales y políticas crearon la PALF.

La actividad de la PALF ha sido incesante desde entonces. De una parte, han tenido un proceso de autoformación en la técnica del fracking y sus perniciosos efectos; y en paralelo, han hecho una labor de difusión a través de decenas de charlas y debates en toda Andalucía; han requerido información a las administraciones públicas «competentes»; han organizado protestas, concentraciones y manifestaciones en contra del uso de la técnica. Se ha trabajado también la incidencia política en partidos, concejales, diputadxs y parlamentarixs.

Resultado de estas acciones, cada vez más personas rechazan el fracking y sus efectos. Decenas de entes públicos —Ayuntamientos, Mancomunidades y Diputaciones— han aprobado declaraciones contra el uso de la técnica en su territorio. El propio Parlamento andaluz se ha pronunciado dos veces en contra del uso de esta técnica y establecido una moratoria de dos años al final del año pasado.

Sin embargo, queda mucho por hacer, ya que, aunque se niegue, se sigue investigando fracking en la comunidad. La Ley de Prohibición Andaluza, que podría suponer un punto y aparte, no ha salido adelante. Además, estamos ante graves riesgos por la decidida apuesta del Gobierno del Estado actual por el uso intensivo de la técnica. 

BUENA ENERGÍA

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, formada por 345 organizaciones y más de tres mil personas, lleva años luchando a nivel estatal contra el oligopolio eléctrico. Documentales como #OligopolyOff o campañas como #Desolbediencia han puesto en la agenda el timo eléctrico, la falta de soberanía energética y la pobreza energética.

En este ámbito, Som Energía (en menos de 4 años) ha conseguido formar una cooperativa de consumo de energía verde, sin ánimo de lucro, con más de 19 300 socixs de los que 550 son andaluces. Cuenta con un grupo de trece trabajadores, que están alcanzando un alto nivel de conocimiento sobre el sistema eléctrico español. 

Van a iniciar su mayor proyecto. Consiste en una planta fotovoltaica de 2 MW valorada en dos millones de euros que se va a desarrollar en Alcolea del Rio (Sevilla), sin primas, y financiada por los socios, que tendrán el retorno de su inversión cuando paguen la electricidad que consuman a un precio más barato. Esto supone un nuevo sistema de financiación al que llaman Generation Kwh.

Zencer es una sociedad cooperativa andaluza de consumidores y usuarios de suministros especiales, en particular la electricidad. Se constituyeron en noviembre de 2011, pero no empezaron la actividad económica hasta enero de 2013. En solo dos años ya son 900 socias y 1100 contratos de suministro, tienen como su proyecto más ambicioso la construcción de una planta de biomasa que generará electricidad a partir de la quema de los restos de explotación del olivar.

Colectivos feministas y el tren de la libertad

Es complicado concebir como victoria el mantenimiento de una Ley del Aborto que aún no garantiza el aborto libre, seguro y gratuito para todas. No somos tan ingenuas para pensar que en la dimisión de Gallardón no jugaron otros factores, y aun así, es importante reconocer que, de alguna manera, ganamos. 

Porque se consiguió organizar a miles de personas para una gran movilización en Madrid (muchas fueron de Andalucía). Porque cientos de mujeres cineastas trabajaron en red para grabar y editar un documental que dio la vuelta al mundo. Y porque hizo que nos sintiéramos fuertes para seguir luchando.

CÁDIZ POR LA COSTA Y POR EL AGUA

Proyecto de macrohotel en el Palmar

El Ayuntamiento de Vejer (Cádiz), respaldado por la Junta de Andalucía, lanzó en 2010 la noticia bomba de que planeaba un proyecto para construir un macrohotel a 500 metros de la playa de El Palmar, uno de los pocos espacios vírgenes que quedan en la costa gaditana. El proyecto incluía hoteles y apartahoteles con un total de 680 habitaciones, en 270 000 metros cuadrados que fueron recalificados como urbanizables. 

Plataformas ecologistas y ciudadanas se unieron para empezar una campaña en las redes sociales.

Desde 2010, el proyecto ha ido pasando de promotora en promotora, a medida que la oposición ciudadana crecía en fuerza y difusión. A día de hoy, el Ayuntamiento da el proyecto por abandonado. Como siempre en estos casos, las razones pueden tener mucho más que ver con que la crisis haya ahuyentado a las promotoras, que con la movilización ciudadana. Pero ahí esta: la playa de El Palmar sigue virgen de edificaciones.

En lo relativo a la gestión pública del agua cabe resaltar la lucha de la Coordinadora del Agua de Jerez. Se ha conseguido la remunicipalización del agua urbana de tres pedanías de Jerez: Guadalcacín, Estella y Torrecera. Esto, representa un hecho histórico que servirá de freno a las prácticas negativas —habituales en la gestión llevada desde Aquajerez Aqualia-FCC—, y pondrá en evidencia, la traición que el Ayuntamiento de Jerez ha perpetrado sobre lxs jerezanxs, privatizando el servicio público más imprescindible para la vida de la ciudadanía jerezana.

En este mismo ámbito, Ecologistas en Acción, apoyados por la Federación local de Asociaciones de Vecinos Guadalquivir (y otras personas y colectivos sanluqueñxs) han conseguido que el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y Aqualia-FCC reconozcan, por primera vez, que se están cobrando tasas ilegales en el recibo del agua, y que vayan a devolver «algo» a algunas personas.

CÓRDOBA «LA TIERRA PA QUIEN LA TRABAJA, Y LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS… TAMBIÉN»

Somonte

Somonte es una finca en Palma del Río (Córdoba), propiedad de la Junta de Andalucía, ocupada por jornaleros del SAT desde 2012. El sindicato denunciaba la intención de la Junta de vender el terreno a manos privadas. Después de tres años —a pesar de algún intento de desalojo por parte de la Guardia Civil— casi una decena de trabajadorxs (a los que se unen más compañerxs en campañas concretas) permanece en la finca poniendo en producción el terreno. Este año ya han recogido heno, espárragos, habas y productos de la huerta, y si tuvieran la inversión necesaria para crear una infraestructura de riego, podrían ampliar la producción. Queda mucho por hacer, pero ahí siguen, dando ejemplo.

Rey Heredia

Comedor social, cocina, Radio Dignidad… son algunas de las iniciativas del antiguo colegio Rey Heredia tras su recuperación por la Acampada Dignidad de Córdoba en octubre de 2013. Después de casi dos años de trabajo y de poner en evidencia la función social que cumplen en el Distrito Sur, lograron un acuerdo con el Ayuntamiento por el que se les cedía el espacio. El Gobierno municipal, sin embargo, se está demorando en hacer efectiva la cesión, lo que ha provocado varias movilizaciones recientes para exigir el cumplimiento. Lo lograrán.

HUELVA: ENTRE «CHOCOS» Y «POLOS» ANDA EL JUEGO

La Mesa de la Ría

Ni la dimensión del enemigo, ni la connivencia de políticos, ni el silencio de los medios han podido con La Mesa de la Ría de Huelva en sus más de treinta años de lucha.

El Polo Químico lleva en la Ría desde los años 60 con consecuencias nefastas: mayor incidencia de cáncer que en otras provincias, vertidos de aguas ácidas, montañas de residuos radiactivos, etc. Con ese panorama, y a pesar de los ataques sufridos, la Mesa no ha parado de denunciar ante todas las instancias posibles, y ha ganado algunas batallas: sentencias contra industrias químicas por delitos contra el medio ambiente, apercibimiento al Gobierno español por parte de la UE por los vertidos de fosfoyesos a la marisma, sentencia de la Audiencia Nacional obligando a FERTIBERIA a paralizar los vertidos y regenerar las marismas.

MÁLAGA: VISIBILIZANDO LO INVISIBLE

La Casa Invisible

La Casa Invisible de Málaga es un centro social y cultural gestionado por los ciudadanos, que en 2007 decidieron okupar un antiguo palacio del s. XIX propiedad municipal y en estado de abandono.

La Casa Invisible ha conseguido dar cobijo a una amplitud de colectivos e iniciativas que dan a La Invi la fuerza de su diversidad: la librería asociativa La Libre, creadores culturales, hackers, una Universidad Libre, los «yayoflautas», la PAH, migrantes, niñas…

Desde sus inicios, La Invisible optó por la negociación con las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Málaga, aunque ha sido un proceso conflictivo. La Invisible reclamaba la cesión de uso del espacio, y en 2011, gracias a un importante apoyo ciudadano, el Ayuntamiento firma un «Protocolo de Intenciones» que llevaría, en un año, a preparar el camino para la ansiada cesión de uso.

El Ayuntamiento ha estado, desde 2012, dilatando sin ninguna explicación la firma de la cesión. Se ha negado a mantener reuniones con la Casa y ha impedido la realización de obras de rehabilitación. El pasado 23 de diciembre se llegó a un punto crítico cuando el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, clausuró La Casa Invisible —excusándose en un informe técnico de Urbanismo— hasta el acometimiento de una serie de intervenciones en el edificio. La Invisible se puso manos a la obra e inició una movilización ciudadana y un crowdfunding para poder acometer las obras. La respuesta de la comunidad estuvo más que a la altura de las expectativas: las calles se llenaron apoyando a la Casa y el crowdfunding consiguió el 200% del mínimo necesario en un tiempo récord.

La Casa Invisible sigue abierta a todxs —y con fuerzas tras esta victoria— en el camino para seguir reclamando la cesión de uso.

En definitiva, estos son solo algunos de los triunfos que conseguimos cuando somos capaces de organizarnos, y empoderarnos, para denunciar y proponer nuevas maneras de gestionar la vida, que integren criterios de justicia ecosocial en sus maneras de desarrollarse. 

Nota: Ilustra Ricardo Barquin Molero – A partir del cartel de Mayo del 68 Nous sommes au pouvoir

Transgénicos en la agricultura y alimentación andaluza:

riesgos, situación y perspectivas

La Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos (PALT)i es una red integrada por numerosas entidades andaluzas, presentes en todo el territorio, vinculadas a los ámbitos del consumo, la producción agraria, la ecología y la soberanía alimentaria. Comenzó su andadura a finales de 2004 con un único objetivo, que se refleja en el propio nombre de la organización: una Andalucía libre de transgénicos, tanto en el campo como en el plato.

Motivos para decir «no» a los transgénicos en Andalucía

La PALT exige una alimentación, agricultura, ganadería, transformación y distribución libre de transgénicos por seis razones fundamentalmente:

  1. Es un derecho de las personas vulnerado. La población ha manifestado, en distintas ocasiones, su rechazo a la alimentación transgénica a través de muy variadas vías; pero, pese a esta oposición ciudadana, los mecanismos legales actuales son claramente insuficientes y contrarios al derecho de las personas a elegir una alimentación libre de transgénicos. Por ejemplo, la regulación europea sobre etiquetado es sumamente tramposa, al no exigir que se indique que la carne y productos de origen animal (leche, huevos, quesos, etc.) provienen de ganado que ha sido alimentado con piensos y granos transgénicos.
  2. Los cultivos transgénicos tienen riesgos sin beneficios sociales. Los conocimientos científicos actuales no son suficientes para predecir, con exactitud, todas las consecuencias de la manipulación de un nuevo organismo en el que se han introducido genes extraños, ni su evolución, ni su interacción con otros seres vivos, una vez liberado un transgénico al medio ambiente. Pero, ¿los riesgos que entraña el uso de cultivos y alimentos modificados genéticamente (MG) están justificados por posibles e importantes beneficios? Claramente, no. La agricultura transgénica daña gravemente las iniciativas sociales y empresariales, fuente de empleo, desarrollo rural, sostenibilidad y soberanía alimentaria. El uso de este tipo de cultivos provoca un aumento de los costes, no solo para las personas agricultoras, sino también para las empresas de los sectores de abastecimiento de alimentos ecológicos y convencionales y la propia administración, que pueden incrementar un 13% el precio final del producto.
  3. Los riesgos para la salud no han sido suficientemente estudiados: ¡con la comida no se juega! Existe una evidencia creciente de los riesgos de los alimentos transgénicos para la salud, y cada vez más grupos de investigación independientes muestran sus repercusiones adversas o, cuanto menos, ponen de manifiesto la necesidad de dedicar más esfuerzos a la evaluación de esta tecnología, dado su elevado nivel de incertidumbre.

Los daños potenciales de los alimentos MG sobre la salud se clasifican, incluso por la propia Comisión Europea en: cambio en la composición de los alimentos y toxicidad, respuesta inmune y alergenicidad, propagación de resistencias a antibióticos y transferencia genética horizontal. Otros impactos negativos son los derivados de los residuos tóxicos de los cultivos tolerantes a herbicidas.

Sirva como ejemplo el maíz modificado genéticamente Bt StarLink, que tuvo que ser retirado en el año 2000 por sus efectos alergénicos. O el maíz de Syngenta Bt176, con un gen marcador de resistencia a la ampicilina, autorizado en 1997 en Europa, que fue retirado en 2007 por el peligro de propagación de la resistencia a antibióticos.

4. Se han documentado numerosos casos de daños sobre el medio ambiente. Además, la contaminación genética es un hecho.

En cuanto a los impactos de los cultivos y alimentos MG sobre el medio ambiente nos enfrentamos, entre otros, a un desarrollo creciente de resistencia a los agrotóxicos entre las hierbas adventicias y las plagas, a impactos sobre insectos no diana y a cruzamientos con plantas domesticadas o silvestres, es decir, contaminación genética.

Como ya sabemos, la coexistencia no es posible y, por ello, la producción convencional está probablemente muy contaminada. Pero la falta de controles, de trazabilidad y de voluntad de mostrar los problemas hace que esta pase desapercibida. El caso de los piensos es alarmante ya que es imposible encontrar piensos convencionales no transgénicos.

5. Los cultivos transgénicos son un negocio de las multinacionales, que están apropiándose del patrimonio genético colectivo a través de las patentes biotecnológicas. Las semillas transgénicas patentadas están controladas por un reducido número de empresas multinacionales que impulsan esta tecnología como un nuevo negocio (con el objetivo de aumentar su propio beneficio), a costa de la autonomía de personas agricultoras y ganaderas y de la sociedad civil en su conjunto.

Lógicamente, este oligopolio debilita enormemente nuestro sistema agroalimentario y su resiliencia.

6. Existen alternativas viables y seguras: la agricultura y ganadería local y ecológica. Los cultivos transgénicos son innecesarios, lo que hace incluso más absurda su utilización. La producción agraria ecológica, a pequeña escala, respetuosa con el medio ambiente, que utiliza variedades locales y que está orientada a mercados de proximidad, tiene una mayor capacidad de generar empleo, a la vez que garantiza una alimentación suficienteii, segura y con un reducido impacto ambiental.


El caso de los piensos es alarmante ya que es imposible encontrar piensos convencionales no transgénicos


Distribución geográfica de los cultivos transgénicos

En Europa, el único transgénico que está actualmente autorizado para su cultivo es el maíz insecticida Bt MON810, mal llamado «resistente a insectos», propiedad de Monsanto. Este maíz produce una proteína de origen bacteriano, la proteína Cry, que es tóxica para las larvas de insectos barrenadores del tallo (plaga no endémica en Andalucía), que mueren al comer hojas o tallos de este maíz transgénico. Solo hay en Europa un Estado que lo cultiva a escala comercial: el Estado español.

Por otra parte, nueve países apuestan por una agricultura libre de transgénicos y han prohibido la siembra en sus territorios por sus efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud. Estos países son: Alemania, Francia, Italia, Austria, Polonia, Hungría, Luxemburgo, Bulgaria y Grecia.


El Estado español es el conejillo de indias de la producción de cultivos modificados genéticamente en Europa


Claramente, el Estado español es el conejillo de indias de la producción de cultivos modificados genéticamente en Europa. Y, además, también es el laboratorio de los cultivos experimentales, ya que según datos de la propia Comisión Europea, el 67% de los ensayos al aire libre que se han realizado en la Unión Europea durante los últimos años, se han desarrollado en este territorioiii.

Los datos oficiales de la superficie de cultivo de maíz transgénico en el Estado español son poco claros y transparentes. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) estima la superficie cultivada a partir de las ventas de semilla por provincia que le comunican las empresas… ¡cómo si ese dato pudiera ser fiable!

En la campaña 2014, y según el MAGRAMA, la superficie cultivada de maíz MON810 a nivel estatal ha sido de 131 537,67 ha y, a nivel andaluz, de 10 692,12 ha.

El Gobierno andaluz le toma el pelo a la sociedad civil

La Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos (PALT) elaboró, en 2013, un documento de reflexión para una moratoria de transgénicos en Andalucíaiv, que ponía de manifiesto el «baile de cifras» existente, según fuentes, sobre la superficie cultivada de transgénicos. Las diferencias ascendían a un 70% —en términos de superficie— entre los datos aportados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (CAPDR) de la Junta de Andalucía y el MAGRAMA.

Pero la CAPDR no ha explicado nunca claramente el porqué de las diferencias, y desde la publicación del documento no ha vuelto a dar datos propios sobre la superficie y localización exacta de cultivos de maíz MON810 en Andalucía, excusándose en una supuesta «protección de datos».


La falta de voluntad política de la Junta de Andalucía en erradicar los transgénicos de nuestro territorio es total


Esta opacidad en la gestión de la información —relativa a los cultivos transgénicos— es descarada y viola claramente las normativas internacionales, estatales y autonómicas de transparencia y acceso a la información. Frente al incumplimiento de las responsabilidades institucionales, la sociedad civil andaluza necesita datos para realizar labores de trazabilidad, vigilancia y control. ¿Hasta cuándo la CAPDR va a ocultarlos?

La falta de voluntad política de la Junta de Andalucía en erradicar los transgénicos de nuestro territorio es total, a pesar de que en el Acuerdo por Andalucía firmado por los dos partidos que conforman el Gobierno —PSOE Andalucía e IULV-CA— en abril de 2012, se comprometía a establecer «…una moratoria en Andalucía sobre la liberalización de cultivos transgénicos…».

Así pues, la sociedad civil andaluza continúa esperando que la CAPDR y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT) hagan efectivo el acuerdo suscrito por el Parlamento de Andalucía (en septiembre de 2013) para la prohibición de transgénicos en espacios naturales protegidos y en zonas donde la producción ecológica tiene una presencia importante y de interés social y económicov. De hecho, la siembra del maíz transgénico de la campaña 2014 se ha realizado sin que estas consejerías hagan ningún esfuerzo en poner en marcha mecanismos que lo eviten. Incluso el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de la CAPDR organizó, el pasado 15 de julio de 2014, una jornada (y visita) en la que se presentaron ensayos de maíz con algunas variedades comerciales transgénicas. En ella, representantes de las casas comerciales pudieron hablar de las bondades de estos cultivos con las personas productoras asistentes. Esta actividad es un claro ejemplo de fomento institucional de la agricultura transgénica, contraria a la voluntad parlamentaria y ciudadana.


Más de 40 municipios andaluces se han declarado ya Zonas Libres de Transgénicos


El pasado mes de abril, el Parlamento de Andalucía instó al Comité Andaluz de Control de Organismos Modificados Genéticamente (CACOMG) a establecer una moratoria de transgénicos experimentales para la agricultura, la alimentación y el medio ambiente en Andalucíavi. Nueve meses después de su aprobación, la CAPDR (que ostenta la presidencia del citado Comité) todavía no ha establecido una hoja de ruta, ni ha dado ningún paso para el cumplimiento de este segundo acuerdo parlamentario en materia de transgénicos. Todo lo contrario, durante la campaña 2013/2014 se ha ensayado un trigo modificado genéticamente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Fuente Palmera (Córdoba), que ha provocado que la sociedad civil andaluza exigiera al CACOMG que tomara cartas en el asunto ante el MAGRAMA —frente a la ausencia de transparencia y defectos de forma en la resolución de aprobación de dicho ensayovii—. Desgraciadamente, el Comité no atendió dicha petición.

Hoy en día, el trigo transgénico se ha recolectado y desconocemos qué seguimiento, transformación y utilización van a tener los 500 kilos de grano producidos con los que el CSIC planifica elaborar harinas y realizar un ensayo clínico en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Tras su interpelación por parte de la PALT, el CACOMG plantea que la competencia de ese ensayo es del MAGRAMA y no atiende a la solicitud de información. Otro «balón fuera » del Gobierno andaluz.

Pero no todo son malas noticias. Ante la oscuridad y silencio de la Junta de Andalucía, la voluntad popular está buscando apoyo en otras instituciones y son ya más de 40 municipios andaluces los que se han declarado Zonas Libres de Transgénicos, apostando así por una agricultura y alimentación segura, sana, sostenible, fuente de desarrollo rural. El último, Monda, en la provincia de Málaga. ¡Enhorabuena!

i FACUA-Consumidores en Acción Andalucía, Unión de Consumidores de Andalucía/UCA-UCE, Ecologistas en Acción Andalucía, VSF Justicia Alimentaria Global, Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos (FACPE), Asociación Valor Ecológico, Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad” (RAS), CERAI, Ingeniería sin Fronteras Andalucía, SlowFoodSevillaySur, A-liadas por la Soberanía Alimentaria, Plataforma de Huertos Urbanos de Sevilla y Asociación La Talega. Colaboradoras: COAG Andalucía, Sindicato de Obreros del Campo-SOC/SAT, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Entrepueblos y Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba (ASACO). Más información: http://www.redandaluzadesemillas.org/palt

ii El Diario.es (2014). La agricultura ecológica tendrá capacidad para alimentar al mundo en 2050. Nota de prensa de 01-10-2014. En línea: http://www.eldiario.es/norte/euskadi/agricultura-ecologica-capacidad-alimentar-mundo_0_309019968.html

iii Amigos de la Tierra (2013). El 67% de los experimentos con transgénicos al aire libre de la UE se realizan en España. En línea: http://www.tierra.org/spip/spip.php?article1773

iv PALT (2013). Documento de reflexión para una moratoria de transgénicos en Andalucía. En línea: http://www.redandaluzadesemillas.org/centro-de-recursos/alianzas-y-convenios/palt-plataforma-andalucia-libre-de/documento-de-reflexion/article/documento-de-reflexion-para-una

v Proposición no de Ley relativa al establecimiento de una moratoria de transgénicos en Andalucía. Expediente 9-13/PNLP-000042 (BOPA nº 296, de 20-09-2013). En línea: http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=83353

vi Proposición no de ley relativa al establecimiento de una moratoria de transgénicos experimentales en Andalucía. Expediente 9-14/PNLC-000060. (DSPA nº 260, de 23-04-2014). En línea: http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=91933

vii Carta abierta de la sociedad civil al CACOMG de la Junta de Andalucía para que exija al Consejo Interministerial de OMG (CIOMG) la prohibición del ensayo de trigo transgénico en Córdoba. 27-12-2013. En línea: http://www.redandaluzadesemillas.org/IMG/pdf/131230_carta_abierta_palt_x_cacomg_ensayo_trigo_ogm.pdf

V 2 = Viviendas Vacías

En el primer número de El Topo1 planteábamos algunas claves con respecto al problema de la vivienda en Andalucía. Veíamos cuáles eran las principales medidas legislativas y políticas de las respectivas administraciones, frente a las dimensiones de esta problemática compleja. Ha pasado casi un año y nos preguntamos cómo ha evolucionado la situación.

La realidad de la calle

Sevilla capital, con alrededor de 700 000 habitantes, tiene unas 100 000 desempleadas según el SAE. Más de 200 000 viven por debajo del umbral de la pobreza. Una de las consecuencias es el número de desahucios que sufre la población: más de 1000 durante el pasado 2013. Estas cifras han aumentado en un 11% en lo que va de año. Durante el periodo de esta crisis/estafa casi se alcanza la cifra de 10 000 desahucios. Detrás de estos números, hay familias sin vivienda, en situación de infravivienda o repartidas entre familiares y amigos. La respuesta de las administraciones (municipal y autonómica) ante este estado de emergencia habitacional, es la de mantener vacíos los pisos de protección oficial y para personas en riesgo de exclusión social que tienen entre ambas, sin ni siquiera plantearse el ampliar el número de plazas en albergues municipales o alojamientos temporales.

En el caso del ayuntamiento de Sevilla, las cifras de las que dispone Asuntos Sociales (el organismo adjudicatario) y Emvisesa (la empresa municipal de la vivienda) es de 878 viviendas vacías2 (528 del Ayuntamiento y unas 350 de la empresa pública). La empresa municipal —que en los años de bonanza del ladrillo llegó a tener 50 000 solicitudes— se convirtió en una inmobiliaria más, olvidando su función social originaria. Como consecuencia, en la actualidad, un alto porcentaje de solicitantes renuncia a la vivienda adjudicada por sorteo, ante la imposibilidad de afrontar el precio de venta o de alquiler. El empecinamiento en vender las casas, hacer negocio y «recuperar la inversión», en vez de en alquilarlas a precios accesibles, genera este excedente de viviendas vacías. Otras 700 familias mantienen desde hace meses una espera interminable por acceder a una vivienda social3. Actualmente, son unas 300 las personas baremadas por Asuntos Sociales (condición indispensable para la adjudicación de viviendas a personas en riesgo de exclusión social y extrema necesidad). La respuesta que obtienen de las unidades de trabajo social es que actualmente no hay pisos vacíos propiedad del Ayuntamiento. La situación ha llegado a un punto en el que la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz ha elevado una queja de oficio ante la pasividad del Ayuntamiento para dar solución a esta demanda ciudadana, teniendo medios para hacerlo. Por parte de la administración autonómica, no hay datos exactos sobre las viviendas de promoción pública de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) que quedan vacantes; pero en todo caso, son insuficientes para atender a todas las familias baremadas. A estas cifras, hay que sumar las 125 000 viviendas vacías propiedad de los bancos que se estiman hay en la provincia; bancos que —no lo olvidemos— fueron rescatados con dinero público. En el año 2012, la Intercomisión de Vivienda 15M Sevilla exigía la declaración del estado de emergencia habitacional4, adjuntando documentación, donde se presentaba un estudio de la situación y las soluciones al problema: expropiación de las viviendas vacías propiedad de bancos —1 000 000 en toda la comunidad— , creación de un parque de viviendas en régimen de alquiler social, cese de los desalojos, mantenimiento de los servicios básicos —agua, luz, gas—, despenalización de la okupación, así como el amparo legal para la aplicación de estas medidas (la Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias en Andalucía). Esto, y la presión social en la calle, provocaron que el Gobierno andaluz hiciera un tímido intento de solución con la Ley de Función Social de la Vivienda. Esta ley fue recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, paralizando un instrumento que difícilmente podría acabar con las tragedias de miles de familias—por su escaso contenido y por su falta de presupuesto—.

Ante la inoperatividad de la Administración para dar una solución y la necesidad de las familias desahuciadas, la ocupación de viviendas vacías ha aumentado de manera generalizada, ya sea colectivamente (en Sevilla y su provincia existieron en torno a 15 Corralas y en al menos 5 de los casos con un resultado satisfactorio en la negociación con los bancos), ya sea de manera individual (no hay datos, aunque se estima que es numerosísima): las familias han recurrido a la ocupación de viviendas vacías propiedad de los bancos o de constructoras que la crisis del ladrillo llevó a la quiebra. La respuesta de la Administración ante estas acciones de las familias es aplicar el Código Penal, que castiga el delito de usurpación con penas de 6 a 18 meses de cárcel (hasta el año 1995 se resolvían por lo civil, pero fue cambiado a delito penal por el PSOE en ese año).

Las consecuencias sobre las personas

Los Monstruos de la Noche

«Son las 03:00 de la mañana, y de nuevo, los monstruos vienen a robarme el sueño. Otra noche en vela pensado cómo salir adelante, de dónde sacar para pagar esto y aquello, pensado en la familia, en la ayuda que me dan y que no hay manera de devolver. Eso son mis monstruos que vienen de noche, cuando la ciudad duerme, cuando el silencio mata, cuando la oscuridad te deja ciega de soluciones. Suena el despertador, son las 06:30 y toca levantarse, reconstruirse como un puzle para que el desánimo y la sensación de fracaso no pueda con una».

Gracias al estudio elaborado en Granada sobre El estado de la salud de la población afectada por un proceso de desahucios podemos conocer sus efectos en la población granadina, y por extensión en la andaluza. El origen de este estudio es la solicitud de colaboración que la Plataforma de Stop Desahucios Granada hizo hace unos meses a la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública, ante la constatación del sufrimiento y afectación a la salud de las personas que se encuentran en este proceso. El resultado evidencia las graves consecuencias psicológicas por las que pasan las familias afectadas por desahucios. «El porcentaje de personas con niveles muy altos de ansiedad, depresión, estrés percibido, estrés postraumático y riesgo de suicidio es alarmante, con niveles psicopatológicos y de sufrimiento emocional inaceptables».

Si hablamos en números, las alarmas se desatan. «Los niveles de ansiedad [están presentes en] el 88,2% de la población entrevistada. Un 65,2% presenta un diagnóstico de insomnio, un 91,1% presenta niveles severos de trastornos de depresión, un 16,6% presenta un riesgo de suicidio alto y un 16,6% presenta un riesgo moderado, frente al 44% de las personas que no presentan riesgo de suicidio. Un tercio (33,2%, una de cada tres personas) presenta riesgo de suicidio de moderado a alto».

La situación actual está acabando con las ganas de vivir de miles de personas, y lo que es peor, acabando con sus vidas. Detrás de estos números hay familias que ven cómo la pérdida de sus viviendas puede ocurrir en cualquier momento. La vivienda, el techo, el refugio donde nos sentimos seguros, donde nos resguardamos del frío, del agua, del calor, donde nos queremos, criamos y amamos a nuestra familia… ese techo, ese hogar, se lo lleva un monstruo; perdón, un banco.

Las noches se hacen largas pero, cuando amanece, vuelven las ganas de combatir, de salir a calle, de defendernos de los monstruos con desobediencia, diciendo ¡basta! a tanto abuso. La lucha parte de los barrios, delante de las puertas de las viviendas evitando desahucios, en las manifestaciones, en las oficinas de los bancos, en las okupaciones colectivas. A través de los PIVES (Puntos de Vivienda y Encuentro), las PAH (Plataforma de Afectadxs por la Hipoteca), Stop Desahucios, hemos sido capaces de organizarnos, defendernos, y lo más importante, de apoyarnos emocionalmente y compartir las experiencias que cada cual está viviendo, perdiendo la vergüenza y superando el desánimo. En estos casos, han sido más las mujeres las que han acudido a buscar soluciones y a unirse a los colectivos, liderando así la lucha por la vivienda. Las experiencias vividas son muchas y diversas, pero en todas, la lucha por la permanencia en las viviendas, y la defensa de los suministros para todxs, han sido el eje fundamental. Volvemos a recuperar la capacidad de buscar soluciones propias en las largas noches en vela.

Y mientras tanto, las instituciones competentes…

Al final del curso pasado, los movimientos sociales por la vivienda llegaron sin aliento, y con sensaciones contradictorias tras el desalojo de la Corrala Utopía y el proceso de realojo —lento y accidentado, cuanto menos–— de las vecinas. Como contrapunto, la vuelta al cole nos trajo algunas noticias positivas para quienes luchan para que las viviendas vacías se pongan en uso. En Sanlúcar la Mayor, la PAH Sevilla ganaba el pulso a DISEAN (la empresa propietaria de un bloque de 41 viviendas), después de permanecer en una acampada frente a las viviendas durante 43 días. En Sabadell, la lucha de la PAHC daba sus frutos: la Sareb5 confirmaba la cesión a la Consejería de Vivienda de Catalunya del Bloc de 40 viviendas, habitado desde abril de 2013 por 146 personas de la Plataforma. A continuación, las vecinas de la Corrala Esperanza, en Sevilla, firmaban un alquiler social con Caixa Bank, para permanecer en el edificio durante los próximos dos años.

En Andalucía, la vuelta al cole de la Junta nos regalaba una nueva normativa que debería subvencionar, en parte, el alquiler de viviendas gestionadas por entidades públicas. Así, la Consejería de Vivienda facilitaría la puesta en uso del parque público (municipal o autonómico) que permanecía vacío, o bien, posibilitaría la permanencia de quienes tuvieran dificultades para pagar el alquiler. Hay que destacar que el 1 de octubre terminó el plazo.

Por otra parte, los intentos realizados desde dicha consejería para que la Sareb haga, como en Catalunya, una cesión de las viviendas, con las que cuenta en Andalucía, no han tenido éxito. Eso sí, el 20 de octubre se anunciaba la sanción por parte del Gobierno andaluz: 120 000 € por no comunicar cuáles y cuántas viviendas protegidas tiene la Sareb en nuestra comunidad5.

A la espera de la definitiva concreción de la política global de vivienda—que llegará con la aprobación del Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía—, seguimos sin saber, por ejemplo, cómo será y quién tendrá espacio de participación en el Observatorio de la Vivienda y la Ciudad. Quizá, para cuando estén leyendo estas páginas, ya hayan sido aprobados. Quizá, quizá, quizá…

GLOSARIO

Vivienda protegida: cumplen determinadas condiciones (uso, calidad, precio, superficie, etc.) y se destinan a núcleos familiares de ciertas características (ingresos mensuales y otros). Las administraciones subvencionan su construcción y la compra o alquiler. La casi totalidad de estas viviendas se hacen para venderlas y, aunque «la calificación» dura diez años, acaban en el mercado libre. Desde 1990, las empresas privadas son las que se han dedicado a promover, construir e incluso adjudicar casi todas las viviendas protegidas.

Parque público de viviendas: aquellas viviendas que son de propiedad pública, autonómica o municipal. Son, por tanto, viviendas en alquiler.

Alquiler social: no reconocido por la legislación. Existe cierto consenso que establecería su máximo en un 30% de los ingresos familiares. Por ahora, no garantiza permanencia más allá de dos o tres años.

Registro Municipal de Demandantes de Viviendas: instrumento de adjudicación de las viviendas protegidas, tanto de iniciativa pública como privada. Definidos en la Ley Andaluza de Derecho a la Vivienda (2010), el proceso de adjudicación (salvo emergencia o excepcionalidad) pasaría a los municipios a través de sus empresas públicas de vivienda. En realidad, el filtro son los bancos que conceden las hipotecas o no.

Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbana (2013-2016): focalizaría el fomento del alquiler, la rehabilitación, regeneración y renovación urbana (3R). Pretende contribuir a que personas hipotecadas (por compra de vivienda protegida) puedan hacer frente al pago de los préstamos, así como al crecimiento del parque público de vivienda en alquiler. Como novedad destacable, no financiará la construcción de vivienda protegida en venta.

Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (en borrador): propondría ejes contra los desahucios, para la vivienda protegida, para el fomento del alquiler, nuevas propuestas de carácter habitacional (como las cooperativas en cesión de uso y la autoconstrucción) y la gestión y rehabilitación del parque público residencial.

Observatorio Andaluz de la Vivienda y la Ciudad (pendiente de aprobación): la Junta de Andalucía propone su creación como instrumento de «diagnóstico y auditoría pública» de la situación de la vivienda y la ciudad.

1 – En los artículos Viviendo la vivienda en Andalucía. Más allá de la hipoteca y Cuando la realidad desborda los tiempos.

2 – Datos actuales.

3 – Datos a principios de año.

4 – Documento disponible en: https://granadastopdesahucios.files.wordpress.com/2013/04/emergencia-habitacional-stop-desahucios-15m-granada-1.pdf

5 – Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria o «banco malo». El capital de la Sareb es en un 45% público, cuenta con alrededor de 200 000 viviendas.

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Del libro – The Housing Monster. Trabajo y vivienda en la sociedad capitalista.

El colectivo trans logra una ley pionera en la autodeterminación de género que despatologiza la transexualidad

Aprobada y en vigor la Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía Los escollos a su implementación residen en que necesita ser desarrollada con protocolos y reglamentos

El 24 de junio pasado fue una fecha clave para los derechos de las personas transexuales, así como para el resto de ciudadanía: se aprobaba en el Parlamento andaluz una ley que libera por fin a este colectivo de la tutela médica, reconociendo a las personas transexuales el derecho a autodeterminar el propio género sin diagnóstico previo ni condiciones de ningún tipo. Una ley de similar importancia a lo que en su momento supuso el matrimonio igualitario para la equiparación de gays y lesbianas al resto de la población, aunque no esté teniendo tanto reconocimiento ni atención mediática. El texto, que entró en vigor el 19 de julio, ha nacido directamente del trabajo y la presión ejercida por el movimiento trans, representado por la Asociación de Transexuales de Andalucía, ATA-Silvia Rivera y Conjuntos Difusos, colectivo, este último, radicado en Granada. Un trabajo de cinco años que finalmente logró el consenso de todos los partidos del Parlamento andaluz, pero que ha sido apoyado y defendido principalmente por el grupo de IU y su Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual (ALEAS).

Hablamos con Mar Cambrollé —presidenta de la ATA y persona clave en este proceso—, que nos cuenta el cansancio y el desgaste emocional que ha supuesto la lucha por la aprobación de la ley. Al mismo tiempo, expresa su satisfacción por haberlo logrado ya que se trata de un texto pionero a nivel internacional que aborda los derechos de las personas transexuales de forma integral, contemplando distintas áreas como la atención sanitaria, el ámbito educativo, el ámbito de la acreditación legal de la identidad o el terreno laboral y social, situando al colectivo por primera vez en igualdad de derechos con el resto de la población. Por dos veces las asociaciones tuvieron que amenazar con iniciar huelgas de hambre porque el proceso de tramitación se paralizaba. En estas dificultades ha tenido bastante que ver el grupo parlamentario del PSOE: primero puso objeciones al borrador presentado por los colectivos e IU y, finalmente, se sumó a la iniciativa cuando empezaba a tramitarse en el Parlamento.

Tanto Mar Cambrollé (de ATA-Silvia Rivera) como Pablo Vergara (representante de Conjuntos Difusos) muestran su convencimiento de que los reparos del PSOE a la ley se debieron en gran medida a la cuestión de la atención sanitaria. De hecho, el articulado de la ley recoge finalmente una disposición adicional primera donde se garantiza la existencia de una unidad de atención sanitaria en materia de transexualidad, punto al cual se han opuesto los colectivos. Estos defienden la descentralización de esta atención y la equiparación de las personas transexuales con la población general en el acceso a la cartera general de servicios médicos del Sistema Andaluz de Salud para hacer frente a sus necesidades.

La atención especializada existe desde hace 14 años en la Unidad de Transformación de Identidad de Género (UTIG) del Hospital Carlos Haya de Málaga. Esta unidad supuso en su día un avance respecto a la inexistencia de cobertura pública para las operaciones de cambio de sexo, pero con los años se ha convertido en una fuente de sufrimiento y queja para gran parte del colectivo transexual. «Primero, porque nos segrega —afirma Mar Cambrollé—, y la segregación implica una estigmatización; y segundo, porque nos patologiza, porque usa unos procedimientos arcaicos y que entienden que la transexualidad es un trastorno de la identidad y, por lo tanto, están basados en descartar patologías mentales, lo cual es altamente discriminatorio porque sitúa a todas las personas transexuales como sospechosas de ser enfermos mentales». Para Cambrollé, la UTIG de Málaga ha venido «vulnerado sistemáticamente en sus procedimientos y praxis los derechos a la intimidad, al honor y, el más importante, a la dignidad» de las personas transexuales a través del examen psicológico evaluativo que es necesario pasar para acceder al tratamiento de hormonación y a la cirugía (por este orden, obligatoriamente). En estos exámenes se realizan test humillantes que se concretan en preguntas como: «¿te tocas?», «¿qué relaciones sexuales tienes?», «¿tus padres tienen relaciones sexuales?, ¿con qué frecuencia?, ¿son satisfactorias o no?», «¿te gusta ser bombero o ser azafata?», «¿te gusta el color rosa o el celeste?». Sus procedimientos vulneran declaraciones internacionales de derechos humanos como los Principios de Yogyakarta (2007), el informe temático Derechos humanos e identidad de género del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (2009) y la Resolución del Consejo de Europa 1728 (2010) sobre discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, en la que se afirma que el derecho al reconocimiento legal del género no debería ser restringido por ningún procedimiento médico obligatorio.

Mar explica además que «las personas transexuales, al contrario de lo que nos ha hecho creer el discurso biomédico, no necesitamos tratamientos específicos. Todos los tratamientos que recibimos, desde los tratamientos hormonales a los quirúrgicos, son usados en numerosas ocasiones por el resto de la población no transexual. Basten estos ejemplos: una mujer que tiene el síndrome premenopaúsico necesita estrógenos, los mismos que necesita una mujer transexual; una mujer con hirsutismo, exceso de vello facial o de otro tipo, es tratada por la sanidad púbica con antiandrógenos, los mismos que usan las mujeres transexuales; un hombre que desarrolla ginecomastia, que es aumento de mama, se enfrenta a los mismos problemas que un hombre transexual. Y en ninguno de estos casos, para obtener estos servicios sanitarios, la gente es segregada en una unidad especial ni sospechosa de ser enferma mental, por lo tanto, se rompe el principio de igualdad y de no discriminación. Yo creo que la psiquiatría debe apartarse y no intervenir en los procesos de transexuales. Nos ha hecho muchísimo daño el discurso biomédico que ha patologizado la transexualidad difundiendo conceptos que han perpetuado la discriminación y nuestra consideración como seres de segunda categoría, como personas que viven «en un cuerpo equivocado», como «errores de la naturaleza», como «hombres atrapados en el cuerpo de una mujer y viceversa»… Todos estos conceptos los ha difundido el discurso biomédico porque niega la transexualidad como una expresión de la diversidad humana».

Otra de las condiciones que impone la UTIG, como hemos comentado, es un determinado orden en el proceso de cambio de identidad de género. Primero hay que superar la evaluación psicológica (desde la ATA nos comentan que hay personas que se han llevado dos y tres años en esta etapa), después viene el acceso al tratamiento hormonal (dos años) y finalmente la operación de cambio de sexo. En los hombres transexuales, esta operación viene acompañada de forma obligatoria por una histerectomía, es decir, por un vaciado de los órganos genitales femeninos. Las asociaciones defienden que los procedimientos no estén estandarizados de esta forma. Por ejemplo, un hombre transexual prefiera probablemente acceder primero a la mastectomía y después al tratamiento hormonal, porque de lo contrario, el tener pechos cubiertos de vello le impedirá mantener relaciones íntimas o ir al gimnasio o la playa. La histerectomía, por otra parte, debería ser opcional y no obligatoria como lo ha sido hasta ahora. Esta esterilización obedece según Cambrollé a «una concepción binarista y excluyente de las posibilidades que nuestra biología como seres diversos nos ofrece». Y está ideada, básicamente, para que un hombre transexual no pueda dar a luz.

Con la nueva ley, priman los criterios de proximidad entre las personas usuarias y los centros sanitarios, el acceso a la cartera básica de servicios del SAS por las personas transexuales, así como la elección por parte de las personas de los tratamientos que desean o no recibir (por ejemplo, hormonación pero no necesariamente operación de cambio de sexo). Esta es una cuestión que las asociaciones van a tener que seguir peleando y negociando con las autoridades sanitarias hasta que se desarrolle el reglamento o el procedimiento en el capítulo sanitario de la ley: por el momento, se sigue remitiendo a la gente a la UTIG de Málaga. Desde la ATA piensan seguir presionando para que se desarrolle el reglamento y se haga en colaboración con las asociaciones de transexuales, tal y como recoge obligatoriamente la ley. Para Conjuntos Difusos, sin embargo, el hecho de que la ley necesite de desarrollos posteriores, así como la inclusión de la disposición adicional, constituyen razones suficientes para abandonar las negociaciones.

La ATA, decidida a exigir que los profesionales de la UTIG de Málaga pidan perdón por el daño ocasionado y sean retirados de la atención a personas transexuales Mar Cambrollé lo explica con claridad haciendo uso de símiles: «¿tú crees que una persona que ha tenido una concepción patológica de la transexualidad, que tiene publicados montones de artículos e informes donde entiende la transexualidad como un trastorno, por ley va a cambiar su forma de pensar…? Pues no. ¿Pondríamos de directora del IAM a una persona que haya defendido la supremacía del hombre o que haya defendido que una mujer de vez en cuando se merece una paliza? No, ¿verdad? Ni pondríamos de responsable de inmigración a una persona que sea un racista. Pues no podemos dejar a estos profesionales que nos han patologizado —y que en sus publicaciones han defendido esta visión de la transexualidad como una patología mental y no como una expresión más de la diversidad humana— sigan teniendo poder sobre nosotros. En ese sentido, no vamos a bajar la guardia y vamos a pedir el perdón público y que se aparte a estos profesionales de la atención sanitaria».

Otro de los aspectos de la ley con el que está en desacuerdo Conjuntos Difusos es el de la acreditación legal de la identidad. La ley ha dispuesto que las personas transexuales puedan acceder a una tarjeta con la identidad de género elegida que sería válida ante la administración pública andaluza y serviría para cambiar todos los registros en el ámbito andaluz donde aparezca el nombre y sexo de la persona transexual. El uso de esa tarjeta específica requerirá un desarrollo reglamentario de la ley. Para Conjuntos Difusos, este trámite debería poder realizarse directamente con una certificación. Mientras tanto, además, serán las asociaciones las que tendrán que seguir ejerciendo presión sobre las distintas administraciones andaluzas, caso por caso.

El único protocolo que por el momento se ha aprobado es el de educación: aunque el consejero se comprometió a que estuviera listo para implementarse en el curso escolar 2014-15, todavía no ha entrado en vigor. Esto obliga a la ATA, por ejemplo, a seguir asesorando a centros educativos que desconocen la ley y ponen reparos a que los menores, debidamente autorizados por sus tutores legales, puedan expresarse y vestirse de acuerdo a la identidad de género elegida, que el nombre designado por ellxs aparezca en la lista de clase o en los boletines de notas, o que se les permita utilizar los servicios y vestuarios de los centros en coherencia al género que viven y expresan.

En el ámbito sociolaboral —en el que las personas transexuales sufren una fuerte discriminación—, la ATA va a demandar la puesta en práctica de acciones positivas para el acceso al empleo: descuentos en la Seguridad Social para las empresas que les contraten o reservas de empleo en la administración pública y las empresas subcontratadas.

Se abre ahora un periodo interesante y decisivo en el que se revelará si el Gobierno andaluz tiene realmente intención de aplicar la ley, desarrollando los reglamentos y protocolos necesarios, o pretende que se quede en un gesto a la galería sin contenido real. Estamos seguras que desde la ATA y Conjuntos Difusos van a seguir peleando para que la reforma —que es muy positiva para el colectivo transexual y viene a reconocerles lo que consideran un derecho humano fundamental, la autodeterminación de género— vaya hacia adelante.

Explotaciones mineras de la provincia. Errores de los que no se aprende

La gestión de la mina de Aznalcóllar, al igual que la de Cobre Las Cruces, constituye un ejemplo paradigmático de la política que lleva a cabo la Junta de Andalucía en toda la comunidad autónoma en relación a la minería y que se basa en la creencia errónea de que la explotación minera constituye una salida al desempleo.

Para empezar, hablar de Aznalcóllar es hablar de una entelequia ya que se desconoce incluso la cantidad exacta de mineral que existe en la mina. Según los sondeos realizados en su día por Boliden, podría haber 35 millones de toneladas, con posibilidad de otros 45 millones más. Aún así, el Estado y la Junta han acordado establecer un procedimiento de urgencia para acelerar la reapertura de la mina. Se prevé conceder simultáneamente el derecho de investigación y de explotación. El objetivo de ambas administraciones es volver a explotar la mina en los primeros meses de 2015, tal y como ha manifestado la presidenta andaluza Susana Díaz.

A día de hoy, las multinacionales México Minorbis —formada por la andaluza Magtel y Grupo México— y Emerita-Forbes Manhattan han superado los requisitos exigidos para acceder a la primera fase del concurso internacional para explotar la mina.

Sin embargo, con las dificultades que plantea una mina con bajo contenido en cobre, con pocas toneladas ciertas, con una dificultad enorme para tratar el mineral, sin poder hacer balsas de lodos (ya que eso supondría repetir el desastre de Boliden), su reapertura no se antoja fácil.

En cuanto a la cuestión laboral, es cierto que la minería puede crear puestos de trabajo, pero son transitorios ya que, al tratarse de una industria basada en la explotación de un elemento no renovable, una vez agotado el mineral se acaba el empleo.

Tampoco hay que olvidar que la reapertura de la corta de Los Frailes afectaría al Corredor Verde del Río Guadiamar, declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y objeto, por cierto, de las intensas labores de regeneración medioambiental que siguieron a la catástrofe de 1998.

Catástrofe que constituye un episodio sencillamente traumático para la provincia de Sevilla y más aún para la comarca del Corredor de la Plata. Recordemos que como consecuencia de aquel siniestro, la multinacional sueca Boliden-Apirsa abandonó la explotación de Aznalcóllar, que entonces sostenía más de 450 empleos estables y cerca de 700 eventuales. Para contrarrestar la contaminación masiva del cauce del río Guadiamar fue necesario un costoso programa de restauración que ha supuesto el desembolso de aproximadamente 90 millones de euros del erario público. De hecho, la Junta de Andalucía sigue reclamando a Boliden el elevado coste de los trabajos.

Otra explotación minera considerada buque insignia de la provincia es Cobre Las Cruces, perteneciente a la multinacional canadiense First Quantum. Buque insignia que si no ha tenido consecuencias terribles hasta el momento ha sido, en parte, gracias a la presión de Ecologistas en Acción. Durante estos 12 años se ha conseguido la instalación de una planta de ósmosis inversa (que ha evitado parte de la contaminación del acuífero con residuos) con un coste de 32 millones de euros y en la que trabajan 15 personas.

Cobre Las Cruces es un proyecto que comenzó mal desde el principio, al permitirse abrir una mina a cielo abierto. La excusa fue la posibilidad de obtener un 25% más de aprovechamiento del mineral si se hacía en estas circunstancias. Para lograrlo, la empresa llegó a amenazar con la no apertura de la explotación. El permiso fue concedido.

Una vez abierta, continuaron los problemas. El mineral está bajo el acuífero de Gerena-Posadas, considerado estratégico para el consumo humano pero cuyo drenaje es imprescindible para extraer el mineral. Lo que quiere decir que es necesario devolver de algún modo el agua que sacan para que no se vea afectado dicho acuífero. Ante una cuestión tan complicada de resolver, idearon un sistema llamado de drenaje y reinyección (SDR) cuyo cometido era devolver toda el agua extraída y sin contaminar. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) concedió un permiso de extracción máxima de 180 000 m3/año del acuífero, de los cuales 20 000 eran para uso doméstico en las instalaciones de la mina y 160 000 para uso en la actividad metalúrgica.

Sin embargo, el SDR no ha cumplido nunca con los objetivos exigidos en la declaración de impacto ambiental de 2002. En 2008, ante las denuncias de Ecologistas en Acción, se tuvo que cerrar la mina durante un año porque el sistema de drenaje ni evitaba la contaminación con metales pesados del acuífero, ni evitaba la extracción de agua por encima de los 160 000 m3/año previstos y autorizados. Para poder continuar con la explotación minera, la compañía tuvo que invertir casi 40 millones de euros en el llamado Plan Global de Aguas, consistente en añadir sistemas de depuración al sistema de drenaje.

Desde 2009, Ecologistas en Acción ha denunciado que ese Plan Global era un fraude, porque sigue sin evitar la pérdida de casi un millón de m3/año de agua del acuífero.

Cinco años después, se siguen produciendo daños, ante la dejación de funciones de la Consejería de Medio Ambiente y de la CHG. A pesar del magnífico equipo de márketing de la empresa, que ha intentado vender la complejidad y utilidad del invento, la realidad de sus defectos se ha hecho evidente.

No obstante, una vez demostrada la falta de eficacia del sistema drenaje-reinyección y de los filtros añadidos posteriormente, la compañía ha sido autorizada por la CHG a recargar el acuífero con el vertido de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de San Jerónimo que, según estudios de la propia Confederación, tiene un gran contenido de productos farmacológicos en suspensión. Esta solución conllevaría la construcción de una estación regeneradora de aguas residuales (ERAR) para tratar los vertidos que vienen de la EDAR. Otro intento de matar moscas a cañonazos cuya paralización también ha solicitado Ecologistas en Acción.

Lo que pretendemos decir es que un proyecto considerado modélico por la Administración, es un proyecto que improvisa en cosas esenciales y que aún tiene por delante algunos años para sorprendernos negativamente.

En definitiva, la minería es una economía destructiva cuando el objetivo debería ser la creación de una economía centrada en lo local. La Administración ha de fomentar firmemente la creación de empresas y, a ser posible, de empresas agroalimentarias, que es donde está nuestra verdadera riqueza, destinadas a abastecer los mercados locales, evitando, de paso, el sinsentido de los alimentos kilométricos.

El fracking en Andalucía

Decir de lo que es, que no es, o que lo que no es, es, es falso; mientras que decir que lo que es, es, y lo que no es, no es, es verdadero. Aristóteles

A primeros del año pasado nació la Plataforma Andalucía Libre de Fracking (PALF) con el fin de oponerse al uso de esta técnica de fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos (petróleo y gas natural) por sus graves efectos reales y potenciales en el medio ambiente (aire, superficie, ríos, acuíferos, subsuelo) y, consecuentemente,  en la salud de las personas, en la flora, en la fauna y en la actividad económica tradicional rural.

El fracking también está fatalmente acompañado por la sismicidad inducida y la especulaciónen formato de burbuja económica que de esta técnica se derivan. Sin embargo,su uso está siendo promovido por políticos liberales e industria: por un lado, puede sustituir —aunque sea parcialmente y por un tiempo muy limitado— a los yacimientos convencionales de gas y petróleo, que ya están agotándose; por otro, ya se sabe que una burbuja económica es muy útil para enriquecer a los más listillos, empobreciendo al resto.

Si nos centramos en la situación del gas en Andalucía, a lo largo de la cuenca del Guadalquivirexisten licencias para almacenes de gas, para explotaciones de gas convencionales y para  investigaciones de gas por fracking. Se encuentran en las siguientes fases: 3 almacenes en explotación (18 500 ha) y 2 más en investigación (108 000 ha), 9 concesiones de explotación de gas convencional (98 500 ha), 5 permisos de investigación de fracking en marcha (105 000 ha) y 10 solicitudes, aún no otorgadas, de permisos de investigación de fracking (207 000 ha).

De los 5 permisos de investigación de fracking en marcha, 3 corresponden a la Administración autonómica  (67 000 ha en Jaén y Sevilla) y 2 a la Administración estatal (38 000 ha en Cádiz). Los operadores a los que se ha concedido estos permisos son empresas dedicadas al fracking (la española Oil& Gas Capital y la norteamericana SchuepbachEnergy). La autorización de los 10 permisos de investigación defracking aún no otorgados (207 000 ha en Sevilla, Córdoba y Jaén) corresponden a la Administración autonómica.

Durante el año y medio de trabajo de la PALF, se han impartido decenas de charlas y jornadas de formación —para sensibilizar a la ciudadanía y a las organizaciones sociales—sobre los riesgos del uso de esta técnica, se han realizado todo tipo de manifestaciones y concentraciones en su contra, y se ha incidido políticamente en partidos y grupos parlamentarios.

Estas acciones han tenido sus frutos:en este corto período de tiempo se han extinguido 8 permisos de investigación de fracking (457 000 ha en Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén) por renuncia o desistimiento de sus operadores, además de sucederse declaraciones contra el frackingpor parte de partidos políticos y administraciones públicas andaluzas.

Las declaraciones contra el fracking

Decenas de ayuntamientos andaluces y mancomunidades afectadas han declarado su municipio libre de fracking y se han comprometido a impedir, desde sus competencias municipales, el uso de esta técnica. Las diputaciones de Sevilla, Huelva y Jaén también se han unido. Además, el Parlamento andaluz ha aprobado un par de declaraciones —en formato de proposición no de ley— en sendas comisiones parlamentarias (en junio y octubre del año pasado), que declaraban a Andalucía como «tierra libre de fracking», a la vez que pedían la suspensión de los permisos en marcha, la no concesión de nuevos permisos y el desarrollo de una ley de prohibición del fracking.

En todas estas declaraciones, PSOE, IU, PA y EQUO se han manifestado a favor y PP (con alguna excepción municipal) en contra. Del mismo modo,Gobierno andaluz se ha pronunciado en contra del uso del fracking en Andalucía[1]. Por el contrario, ha habido múltiples manifestaciones del Gobierno estatal a favor del uso de esta técnica.

En mayo pasado, días antes de las elecciones europeas, cerca de 20 partidos políticos —entre ellos, PSOE, PCE, EQUO y Podemos— firmaron una nueva declaración en el Congreso de los Diputados de Madrid. Contrajeron la obligación de prohibir la técnica de extracción de gas natural del subsuelo por fracturación hidráulica en caso de contar con la mayoría parlamentaria suficiente en futuras elecciones. Días después, la Izquierda Plural presentó una propuesta de ley de prohibición del frackingque fue apoyada por el PSOE y que no salió adelante por la mayoría popular de la cámara.

Pasando de la palabra a los hechos

Algunas comunidades autónomas—como Cantabria, La Rioja, Navarra y Cataluña— han legislado, en uso de sus competencias, la prohibición del fracking en su Comunidad y la suspensión de los permisos vigentes. Todas estas leyes han sido recurridas por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, que ha declarado su suspensión cautelar. La primera de ellas, la cántabra, acaba de anulada en junio pasado, al considerar que vulnera la Ley de Hidrocarburos y que una ley autonómica no puede vaciar las competencias del Estado en materia de hidrocarburos.

El Gobierno de Cantabria (por cierto, del PP) ya ha anunciado que seguirá oponiéndose al uso de esta técnica ya que, si la sentencia cierra puertas, abre algunos resquicios en las ventanas. Usarán las potestades legislativas cántabras en materia de medio ambiente, protección de la salud y ordenación del territorio y urbanismo. Y no solo en la Administración autonómica, también en las Administraciones municipales.

En Andalucía se da el único gobierno de mayoría de izquierdas (PSOE e IU) de las Administraciones autonómicas del Estado. Aquí, el mes pasado, IU registró una proposición de ley en el Parlamento andaluz para la prohibición del frackingy la suspensión de los permisos en vigor, pasando así por primera vez, en Andalucía, de las palabras a los hechos.

¿Cuál ha sido la reacción del PSOE ante este hecho? Pues se ha desdicho de sus compromisos, se ha manejado con su habitual ambigüedad y ha anunciado otra proposición de ley que plantea una moratoria de dos años, «que podrá ser prorrogada mientras no existan estudios científicos que determinen, con el máximo nivel de certeza, que la utilización de esta técnica no tiene afección negativa para las personas, las aguas y el medio ambiente en general» [sic].

En este contexto, es importante que la ciudadanía andaluza sea consciente de que, en cualquier momento, las investigaciones de fracking en curso podrían demostrar rentabilidades económicas suficientes a los operadores como para pedir la concesión de explotación —que concede, según la Ley de Hidrocarburos, el Gobierno del Estado—, lo que garantizaría su autorización inmediata y el comienzo del fracking en Andalucía.

Solo la continua sensibilización y la movilización ciudadana pueden garantizarnos un futuro libre de fractura hidráulica, una técnica aberrantemente cara, peligrosa y contaminante.


[1]    Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano: «El Gobierno Andaluz no permitirá bajo ningún concepto efectuar extracciones de hidrocarburos o prospecciones de gas utilizando la fractura hidráulica», 4 de Abril 2014.

* El documental Gasland, disponible en internet, ofrece amplia información sobre la técnica de fractura hidráulica y sus consecuencias en el entorno.

Participación Ciudadana: más allá de la ley

Durante el año 2013, la Junta de Andalucía ha impulsado un proceso de aportaciones ciudadanas para la tramitación de una Ley de Participación Ciudadana. Un primer anteproyecto se presentó en el 9º Congreso del Voluntariado en mayo de 2013.

Una Participación Ciudadana «de ley»

La democracia consiste en repartir el poder. Una sociedad es más democrática cuanto más distribuido está el poder, cuanta más gente «tiene parte» en la construcción de los objetivos y las decisiones, cuanta más gente interviene en los procesos comunitarios, en la gobernanza, cuanta más gente participa. Este principio, cada día más evidente, todavía no ha penetrado a fondo en nuestros marcos mentales dominantes, todavía no ha conseguido derribar las rígidas arquitecturas de una ideología autoritaria, patriarcal… profundamente arraigada en nuestras cabezas y nuestros corazones.

La Participación Ciudadana, la transparencia y, por extensión, las propuestas de procesos participativos que implican las llamadas nuevas formas de gobernanza, están en el centro del debate público. Esto es posible gracias, en gran medida, al estallido social del 15M, que desbordando las tradicionales organizaciones sociales, sitúa la participación como un eje clave en las nuevas formas de respuesta a las necesidades sociales.

En el marco de nuestra comunidad, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, desde la Dirección General de Derechos de Ciudadanía, Participación y Voluntariado, ha impulsado la redacción de una Ley de Participación. Nos parece bien. Valoramos positivamente todos los esfuerzos por mejorar los mecanismos de incidencia de las personas en la gestión pública, pero —como hemos apuntado— existen muchos aspectos que no dependen de la redacción de una ley concreta, que responden más a un modelo cultural, de pensamiento, de valores; íntimamente relacionado con el sistema actual del capitalismo financiero, sus consecuencias sobre la mayoría de la población y los valores que proyectan desde las diversas instituciones.

Entendemos la participación como un medio —lleno de valores y contenido— para conseguir la transformación de la realidad por parte de quienes se sienten afectadas por ella, y por tanto, como un instrumento para la autonomía personal y colectiva.

La participación ciudadana en Andalucía. Cómo vemos la cosa

Asistimos a una realidad paradójica en materia de participación en nuestros contextos más cercanos. Mientras los recursos públicos descienden de manera abrupta, mientras las necesidades de la gente no son una prioridad frente al pago de una deuda ilegítima, mientras asistimos al progresivo desmantelamiento de programas sociales… aparecen respuestas vinculadas a la economía social y solidaria, a la lucha por el derecho a la vivienda, por los derechos sociales, que han recreado, en forma de mareas, el tsunami del 15M.

Y, paralelamente, coexisten organizaciones de voluntariado, de cooperación al desarrollo, etc., que siguen cumpliendo un papel muy importante, no solo por sus actividades de apoyo y acompañamiento a las personas y grupos sociales más vulnerables, sino porque aportan tramas relacionales al tejido social, a la cohesión y la convivencia colectiva.

Ahora, más que nunca, es necesario contar con procedimientos y herramientas para el protagonismo ciudadano. Ahora bien, su impulso ha cambiado de lugar: mientras el protagonismo del Estado empieza a languidecer, el apoyo público a las iniciativas ciudadanas prácticamente desaparece y los tímidos intentos por avanzar hacia una democracia participativa —mediante propuestas como los presupuestos participativos— se convierten en testimoniales (no hay recursos, no hay voluntad política…), los movimientos sociales, las organizaciones solidarias o la economía social descubren el espacio del procomún y juegan un papel principal. Este papel requiere de mayores y mejores capacidades para la movilización ciudadana, para la construcción de convergencias y sinergias, para el diseño de otro mundo posible.

Desde nuestra óptica, las políticas públicas en materia de participación se han utilizado a menudo para legitimar decisiones ya tomadas, o para generar relaciones de dependencia —cuando no de clientelismo—, o para vender —como humo— una blanqueada imagen democrática de las instituciones… pero solo en contadas ocasiones han servido para favorecer la respuesta autónoma de la gente, la creación de espacios de diálogo horizontal entre gobernantes y gobernadas que modifiquen las reglas del juego de la representación política.

Algunas consideraciones sobre la Ley de Participación

El sujeto de la ley es la Administración y, el objeto, la participación. Debemos huir de la tentación de legislar la libre asociación de la gente y, por tanto, la Ley de Participación se centra en las obligaciones de las administraciones. Se realiza un esfuerzo por incluir aportaciones diversas mediante espacios de recogida de aportaciones[1], tanto de forma presencial como virtual, pero es un proceso al revés, pues parte de que primero es la ley y después la realidad.

Desde una estructura administrativa enormemente burocratizada, donde prevalece la compartimentación de competencias, es ilusorio pensar que una ley pueda cambiar una lógica de funcionamiento tan contraria a los principios de autogestión ciudadana y de reparto de poder. Bajo nuestro punto de vista, la ley es el final del proceso, pues solo cobra sentido si cuenta con una movilización suficiente de personas que la reclame.

¿Es necesario hacer «leyes de participación»? ¿Es lo primero que debiéramos hacer? ¿O acaso es un síntoma — el que se hagan leyes de participación — de que la democracia está poco «interiorizada» en nuestra sociedad, incluyendo a la clase política y a los poderes fácticos? ¿Una ley de participación «garantiza» que la participación es de ley, de calidad, que se aplica en la práctica? ¿Tal vez deberíamos empezar por la educación para la participación?

Hay muchas leyes que no se cumplen (la lista no cabría en este artículo). Aunque, ¿quién va a negarlo?, las leyes son expresión —al menos— de derechos, de pautas para la convivencia colectiva. Pero lo cierto es que, de acuerdo con el borrador de la Ley de Participación, no pasa nada si no se cumple, no se contemplan mecanismos de compromiso público. Es, al fin, una ley de buenas intenciones. Por ello, el mayor de los problemas es, más allá de su propio contenido, el riesgo de convertirse en papel mojado, o de que no responda a las cambiantes condiciones de las dinámicas sociales.

Como ejemplo de ello, merece una mención especial lo concerniente a la transparencia en la gestión pública, que queda relegada a una ley específica que, como hemos comprobado en estos días, se ha quedado a medias en sus pretensiones y hace cojear los anhelos puestos en la Ley de Participación.

Porque la participación no es solo una cuestión de mecanismos; recordemos el escaño 110 en el Parlamento como un buen ejemplo de ello. Una propuesta que posibilita la intervención directa de la ciudadanía que nadie usa. ¿Nadie se ha preguntado por qué? ¿Cuestión de información, de motivación, de falta de legitimidad de las propias instituciones? No es suficiente con crear la estructura, hay que dinamizarla. Foto de Payoner

Herencia recibida de la transición

Ante la amenaza de desalojo de la Corrala Utopía, el defensor del pueblo andaluz convoca una mesa de negociación con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento e Ibercaja —titular del edificio—, pero sin la presencia de las propias familias ¿Habría permitido la Ley de Participación que las vecinas de la Corrala Utopía hubieran formado parte de la negociación final ante su desahucio? Creemos que esta es una pregunta pertinente, pues alrededor de casos concretos podemos calibrar el aporte de esta ley. La respuesta es «no». En una situación donde las personas directamente afectadas se ven fuera del diálogo sobre su futuro, se vuelven a poner en funcionamiento los mecanismos paternalistas, por un lado, y discriminatorios, por otro, desterrando posibilidades de respuestas a las problemáticas sociales, donde sean las personas que las sufren en primera persona quienes se conviertan en sujeto colectivo con capacidad de interlocución.

Y es que la realidad es muy tozuda. Vivimos en un contexto donde al final siempre gana la banca. Es una realidad con truco: puedes movilizarte, puedes generar discursos, puedes enfrentarte a corporaciones, construir una amplia red de apoyo alrededor de una causa justa, pero no puedes tener voz propia, a no ser que la amoldes, la pases por el filtro de una entidad o partido político. Esto significa la negación por parte de las administraciones —todas— de la condición ciudadana de las personas. A eso se le llama «legalidad». Si estás en situación de exclusión social, ello te inhabilita como ciudadana con plenos derechos, pasas a ser una usuaria de los servicios sociales, entras a formar parte de los expedientes pero no de los espacios en donde se deciden tus condiciones de vida.

Es la intermediación que impone el modelo representativo. No se supera fácilmente si no es con un compromiso claro de transformación de las estructuras actuales. Porque al final, lo que está en juego es la calidad democrática de las instituciones, que si bien son enormemente flexibles para introducir cambios en contra de la mayoría de la población —como en el caso de la reforma de la Constitución para el pago de la deuda—, se convierten en una roca a la hora de ser permeables a la incidencia de las personas en las políticas públicas.

Encontramos un ejemplo en las resistencias a implantar modelos donde exista un control e incidencia permanente de la ciudadanía en la acción parlamentaria y de gobierno, tal como se defiende desde iniciativas como Demo4.0 (http://demo4punto0.net/es) o las que contiene el Informe del Grupo Democracia Digital de Andalucía (http://openkratio.org/index.php/portfolio/ley-andaluza-de-participacion-ciudadana/): tecnológicamente viables, políticamente pertinentes, rompen con la falta de diálogo entre representantes y representados. Se sigue sin dar cabida, al menos, a espacios deliberativos que posibiliten el debate social sobre aspectos clave para nuestras vidas como la salud, la educación, la vivienda o los recursos necesarios para vivir con dignidad. El voto se convierte en una verdadera carta blanca para los representantes políticos, que en ningún caso se ven ante la posibilidad de ser revocados por sus electores, como en el caso de incumplimiento de programas electorales.

De nuevo, la realidad es muy tozuda; puede más el miedo a la participación que el impulso a su desarrollo, herencia de la cultura de la transición hoy en crisis.

Retos a enfrentar colectivamente

La tarea es ingente. No nos faltan los retos. En esto de la Participación Ciudadana, tampoco. Entre otros muchos, mencionamos algunos:

Desde la Administración:

  • Superación de una vez por todas de las formas de gobierno de autoritarismo blando y paternalismo populista.
  • Mecanismos y hábitos de diálogo horizontal y transparente con la ciudadanía.
  • Asumir la crítica como parte de la democracia, como un valor a preservar. Es bueno que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan el control social de las políticas.
  • Ejercicio de la participación y transparencia por parte de los propios partidos políticos. Predicar con el ejemplo. Hacer lo que se dice, no lo que se hace.
  • Entender a la población como aliada, no como amenaza o comparsa de intereses propios.

Desde las organizaciones solidarias:

  • Una mayor apuesta por extender la base social, no vale con hacer solo cosas bien, es preciso hacerlas con la gente.
  • El reto de la autonomía a tope. Construir relaciones de independencia e interdependencia, no de dependencia.
  • Desarrollar el vínculo con los sectores de la economía social y solidaria. La sostenibilidad y la independencia de las OO. SS. está directamente ligada a esta conexión o mestizaje.
  • Pasar de representar a personas, grupos y sectores para darles voz. No ser portavoces, sino altavoces. Reforzar el empoderamiento y el protagonismo de las personas y los colectivos sociales.
  • Incluir nuevas formas de participación no formales. En la acción, en los proyectos y actividades, pero también en la organización, en las formas de trabajo y en la comunicación y el trabajo en red, en la interconexión con otros actores de los procesos de cambio social.

Desde los movimientos sociales:

  • Tomar decisiones sobre qué tipo de relaciones se quieren tener con el poder. Reelaborar los significados del poder.
  • Huir de sectarismos, afrontar el reto de la diversidad. Apostar por movimientos sociales incluyentes, capaces de sumar, de incorporar a más y más sectores y actores.
  • Servir de escuelas de participación. Aprende a participar. Aprender a hacerlo colectiva y cooperativamente. Desarrollar y practicar nuevas formas de participación, de diálogo, de construcción colectiva…  
  • Analogizar lo virtual, viralizar lo cotidiano. Aprender a conectar las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de cambio social, aprender a desarrollar todas sus potencialidades participativas.

[1]      Ver Documento de Aportaciones del Colectivo de Educación para la Participación – CRAC en http://redasociativa.org/crac/2013/02/18/aportaciones-a-la-ley-andaluza-de-participacion/ El conjunto de aportaciones se pueden consultar en http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/ocms/ocms/leyparticipacionciudadana/portada.html

10-11 POLITICAANDALUZA
Foto de Payoner

ANDALUCÍA DESMILITARIZADA

RANA
10-11 POLITICA ANDALUZA

Para hacer realidad este título sería necesario transformar —hacia el concepto de transarme1— la realidad andaluza a diferentes niveles, como son el territorial y el económico, pero sobre todo el mental e ideológico. Es un hecho sabido que Andalucía padece una severa militarización de su territorio: grandes bases militares, la Legión en Ronda y Almería, importantes fábricas de armas, las plantas de montaje del costosísimo avión de guerra A400M, los astilleros militares para los buques de «acción marítima» —en Sevilla y Cádiz respectivamente—, las sofisticadas instalaciones para el diseño y la construcción de drones de guerra en Huelva, las baterías de misiles en las costas de Cádiz, las maniobras navales en la zona del Estrecho, el atraque de submarinos nucleares en Rota y Gibraltar, etc. Pero este fenómeno es algo más que un rosario interminable de instalaciones de «prohibido el paso, zona militar».

Se ha avanzado mucho en el conocimiento historiográfico del caciquismo en Andalucía, los movimientos obreros y jornaleros, la Guerra Civil, etc. Sin embargo, se ha hecho poco en lo que se refiere al conocimiento histórico de la militarización de Andalucía, si dejamos a un lado los congresos y seminarios sobre historia militar que —aunque aportan datos valiosos al respecto— imponen una senda interpretativa sujeta a criterios políticos gubernamentales. El reclutamiento, la ocupación militar del espacio, las consecuencias que acarrean las servidumbres militares, la tensión simbólica permanente entre el autoritarismo militar y el espíritu poco obediente de los y las andaluzas, etc., son temas muy poco investigados en nuestra comunidad autónoma.

Se ha militarizado Andalucía desde el siglo XVIII hasta nuestros días como el que hace pan, de una manera cotidiana, prácticamente incontestada y como si fuera lo más natural del mundo. A veces, para reprimir militarmente los levantamientos sociales; a veces, para organizar ataques —o repelerlos— desde las costas andaluzas. Este proceso de militarización continúa igual hoy en día. En el mapa que acompaña a este texto se puede ver la intensa presencia de las diferentes fuerzas armadas que conforman el aparato militar: la Guardia Civil, los tres ejércitos españoles y sus zonas de experimentación, las fábricas de armas, además de los invitados: EE. UU. y Reino Unido. Faltaría por representar y valorar debidamente las relaciones entre militarización y policialización del territorio andaluz, con las diferentes policías: municipal, autonómica y nacional, las cuales se han quedado fuera por falta de espacio e información.

La intensa servidumbre militar que se sufre aquí es un fenómeno que tiene una doble dimensión conocida: el territorio de Andalucía posee un alto valor geoestratégico por ser llave entre el Mediterráneo y el Atlántico y, al mismo tiempo, Andalucía es una comunidad autónoma con fuertes necesidades sociales y niveles de desempleo muy altos. Como decimos aquí, medio en broma medio en serio, «se junta el hambre con las ganas de comer». Es decir, la militarización tan severa es posible porque un importante sector social de Andalucía se agarra a un clavo ardiendo, como los pocos puestos de trabajo que crea la militarización, para poder sobrevivir.

Para los intereses militares, que Andalucía esté sumida en la desesperación económica es un aval seguro y una gran oportunidad de negocio. La Junta de Andalucía, por su parte, aunque se llena la boca hablando de Cultura de Paz, ha sucumbido al negocio de las armas financiando directamente una parte del polo aeronáutico militar en Sevilla, apoyando el escudo antimisiles en Rota, etc. La Junta de Andalucía está dinamitando, con frialdad e hipocresía, las profundas raíces de Paz de nuestra cultura. Esto, que a muchas personas no nos pasa inadvertido, es un asunto económico y político de enorme relevancia, pero también de un intenso simbolismo que afecta negativamente a nuestra esencia identitaria y cultural.

Por supuesto, los conflictos están asegurados en este contexto aquí someramente descrito. A pesar de la ferocidad con que se despliegan los intereses militares en la zona, no es poca la conciencia colectiva ante el problema, como lo demuestran la multitudinaria respuesta de la ciudadanía contra la presencia del Tireless (el submarino nuclear averiado en Gibraltar), las marchas anuales contra las bases militares, las numerosas protestas de los ayuntamientos contra las servidumbres que provocan las instalaciones militares o los negocios especulativos de Defensa, etc.

Los militares son aquí algo mucho peor que los terratenientes, son los que deciden ahora si grandes cantidades de dinero se destinan o no, por ejemplo, a Navantia —en los astilleros de la bahía de Cádiz— o a Airbus Military —en Sevilla—. Son la gallina de los huevos de oro y tienen una gran influencia en el aparato político-judicial que sustenta el poder de la Junta de Andalucía y el poder económico en la Comunidad.

Muchas veces se ha dicho que Andalucía es pacífica y festiva. Yo mismo lo he dicho refiriéndome a nuestro carácter alegre, en general. Pero la militarización del territorio andaluz es mucho más densa aún que el salmorejo y que los caballeros legionarios. Muchos detalles no se conocen y las autoridades gubernamentales no los exhiben demasiado para no llamar la atención. Pocas personas saben que aquí, en un aeródromo de Villamartín (Cádiz), se prueban los drones que hace ELIMCO para el Ministerio de Defensa, o el helicóptero Pelícano. Pocas saben que en el campo de tiro y maniobras de Médano del Loro (Huelva) se ensayan, por ejemplo, los misiles Mistral, Aspide y Amram, Roland, Hawk, Patriot y Nasam. Pocas saben que, aparte de que en Sevilla esté el Cuartel General de la Fuerza Terrestre, en la base militar de El Copero (Dos Hermanas, Sevilla) está la sede del Regimiento de Guerra Electrónica número 32, el Regimiento de Artillería Antiaérea 74 y un batallón de helicópteros de maniobra entre otros costosos juguetes.

En Andalucía hay bastantes fábricas, industrias auxiliares y subcontratas que surten de armas a distintos ejércitos del mundo. La propia Junta de Andalucía fomenta la proliferación y el desarrollo de estas industrias. Lo hace a través de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA). La Junta de Andalucía está entregada en cuerpo y alma al Polo Aeronáutico de Sevilla, donde se fabrica el costosísimo avión carguero estratégico A400M. EXTENDA tiene previsto, por ejemplo, organizar para mayo de 2014 —y ya lo hizo en 2012 también— unos encuentros de negocios internacionales de la industria aeroespacial y de defensa.

Andalucía no solo padece grandes bases militares como las de Rota, Morón y Gibraltar, no solo sufre ya la instalación del llamado escudo antimisiles, sino que también es tierra de fabricación de armamento de todo tipo.

Camuflando la deuda militar en tiempos de devastación social

El Gobierno sabe que ha llegado el momento de salvarle la cara a su política militarista —escudo antimisiles, inmensos gastos militares, intervenciones en todas las guerras ordenadas por EE. UU., etc.— y ha decidido, preparando el terreno a nuevas concesiones de créditos al Ministerio de Defensa vía real decreto, maquillar ante la ciudadanía la colosal deuda militar, cifrada en más de 30 000 millones de euros.

El PP, en un ejercicio retórico de peligrosa huida hacia adelante, emplea su inconsistente artillería argumental: que la Defensa es necesaria por eso del «lugar que España debe ocupar en el mundo»; que nuestro gasto militar es inferior a otros países de la zona occidental; o que las empresas militares generan muchos puestos de trabajo.

Pero la tozuda realidad es que los gastos militares constituyen una devastadora losa sobre las cuentas públicas y que los intereses de las industrias militares no solo no dan trabajo y generan una deuda multimillonaria, sino que, al dirigir la política de Defensa, colocan a España y a Andalucía en el disparadero de todas las «crisis» —Irak, Afganistán, Líbano, Somalia, Malí— que EE. UU. y sus aliados van «gestionando».

No hace mucho tuvo lugar una sesión de la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados en la que se hicieron públicos los planes del Ministerio de Defensa para acometer la deuda de 30 000 millones de euros que tiene contraída por la adquisición de armas para las guerras.

En principio, el gobierno se esfuerza al máximo por tratar de convencer al auditorio de que ahora también Defensa está «sufriendo» recortes…, pero ciertos periodistas especializados ya han reflexionado con toda lógica del modo siguiente desvelando la maniobra gubernamental: «El Ministerio de Defensa asegura que la renegociación de los programas de armas supondrá un ahorro de 7000 millones. Pero ese ahorro depende de con qué cifras se compare. El último techo de gasto aprobado por el Consejo de Ministros para los 19 grandes programas, en 2009, era de 26 695 millones de euros. Y el departamento que dirige Pedro Morenés se propone someter al Gobierno un nuevo techo de gasto de 29 495 millones de euros. Por tanto, la factura se incrementa en 2798 millones» (Fuente: El País).

Ante el anuncio —de cuya certeza, efectivamente, hay que dudar— de que se han restado al parecer 3850 millones de euros a los Planes Especiales de Armamento —según se ha escrito en prensa—, ha habido numerosas reacciones que conviene tener muy en cuenta —más incluso que el baile de cifras—. Llaman la atención las del PSOE-Andalucía, UGT-Andalucía y CC. OO.-Andalucía: criticar los supuestos recortes porque podrían tener una consecuencia de merma en los puestos de trabajo… sin importarles nada que aquí lo que se está haciendo, no lo olvidemos, es fabricar armas para las guerras organizadas por los gobiernos y los grandes intereses de las multinacionales.

¿A nadie le importa la Paz en esta comunidad autónoma? Luego se llenarán la boca con bellas palabras sobre los Derechos Humanos, la «alianza de civilizaciones» y cosas así. Si las industrias militares y los gastos militares son una sangría para la sociedad que no solo no produce, sino que destruye, ¿cómo no se pide la reconversión en industrias de carácter civil?

La provincia de Cádiz sigue siendo la lanzadera de misiles que es, la escala de buques nucleares británicos y norteamericanos que es, el aeropuerto militar más grande de toda la región del Estrecho, el apeadero de todo tipo de personal internacional y material militar destinado a todas las guerras que en el mundo son, la gran zona de maniobras navales, el lugar donde radicar todo tipo de radares y baterías de misiles, la zona de producción de armas a bajo coste —eje Sevilla-Cádiz— y la gran lanzadera para operar en África.

El ejército promueve su nuevo modelo de Cultura de Defensa, buscando el apoyo ciudadano que nunca ha tenido pero que ahora necesita para poder seguir sosteniendo grandes gastos en armas e intervenciones militares en Afganistán, Somalia o Malí. Esto, claro, además de sonreír ante la opinión pública, apretando los dientes, por la inmensa deuda militar generada por el ministerio con colosales compras de armamento que seguimos pagando, y que ahora más que nunca está afectando tan negativamente sobre el empleo, la vivienda, la educación, la sanidad, etc. Conseguir el apoyo de la ciudadanía donde están las grandes infraestructuras militares es, en sí mismo, un objetivo militar. En la era de la sofisticación tecnológica de las armas de guerra, no hay nada más valioso que la opinión ciudadana. Aunque resulta sorprendente, el Ejército se ha dado cuenta de esto.

Y en estos momentos tenemos ya un anunciado «contrato del siglo» —ya veremos si real o no— con la venta de 3000 millones de euros en forma de tanques a producir en la fábrica de General Dinamics de Sevilla, con destino a las fuerzas armadas del gobierno dictatorial de Arabia Saudí. El mismo Juan Carlos recibió al ministro de Defensa de Arabia Saudí, el príncipe Salman bin Abdelaziz, para tratar la venta de más de 200 carros de combate Leopard. (Fuente: Público, 08/06/2012).

Tanta producción y comercio de armas abruma, es cierto. Pero este fenómeno de militarización social no ha conseguido afectar sustancialmente a los parámetros pacifistas, de diálogo y de solidaridad, que constituyen la esencia de la cultura andaluza. Podemos plantarnos frente a este comercio de la muerte. Solo hay un secreto para llevar a cabo nuestra difícil empresa: determinación confiada en que los poderosos no podrán organizar más guerras fratricidas si empezamos o seguimos denunciando su comportamiento y no colaboramos con los gastos militares y las guerras. Podemos hacerlo y debemos hacerlo.

1 Véase el concepto de «transarme», que compartimos, en: http://www.utopiacontagiosa.org/tag/transarme/

La privatización y la burbuja financiera de las empresas de agua

El pasado diciembre, la Fundación Nueva Cultura del Agua organizó en Lisboa la VIII edición del Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua. En este tipo de foros se suelen tratar distintos problemas asociados a la gestión de los recursos hídricos, desde la dificultad para acceder a una fuente de agua limpia en ciertas regiones del mundo hasta el impacto ambiental que generan cierto tipo de actividades sobre los recursos hídricos como ríos o acuíferos. Nos ha llamado la atención que, con el paso del tiempo, los problemas que se discuten han adquirido un nivel mayor de sofisticación. La llegada (¡y la instalación casi permanente!) de la crisis económica ha traído consigo nuevos problemas asociados a la gestión de los recursos naturales y de los servicios sociales. Y, claro está, también ha salpicado (nunca mejor dicho) a la gestión del agua. ¿A qué nos referimos con eso de privatización y financiarización? Vamos a verlo.

La privatización de las empresas del agua

Comencemos por el principio. Privatizar una empresa pública significa que su propiedad pasa de manos públicas (generalmente, de un ayuntamiento o gobierno regional) a manos privadas (de una sociedad anónima o limitada, por ejemplo). Este proceso se justifica de varias maneras, generalmente, por la gestión más eficiente que hace de una empresa una entidad privada que una pública. ¿Por qué? Los motivos que se esgrimen son varios. Pero, principalmente, se argumenta que las empresas privadas tienen ánimo de lucro mientras que las empresas públicas no, y por eso responden mejor a la lógica de mercado y se adaptan mejor a las exigencias de los consumidores. Es decir, que cuando se dice que una empresa privada es más eficiente en la gestión de un servicio, en realidad se hace referencia a la eficiencia económica, dando por sentado que el mecanismo de mercado lleva a la prosperidad social.

Una justificación que casi nunca se hace pública, pero que tiene mucho peso en este tipo de decisiones, es que las empresas públicas son un bien que tienen los gobiernos y que pueden vender para hacer dinero en un momento difícil. Con la crisis económica, muchos gobiernos tienen menos ingresos y encuentran una buena forma de ganar un dinero extra vendiendo empresas públicas.

Los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua los provee a la ciudadanía el ayuntamiento o la mancomunidad correspondiente a través de empresas que hace unos años solían ser públicas, como Emasesa. A cambio, las ciudadanas y ciudadanos pagamos una tarifa. Las tarifas pueden regularse para que la población tenga garantizado el acceso a un mínimo de agua o no, pero esa es otra historia… La parte de los gastos que no queda cubierta por lo que las personas usuarias pagan en sus facturas de agua es lo que crea el déficit de las empresas y, en el caso de las públicas, debe ser asumido por parte de los ayuntamientos o las mancomunidades o, en general, por la administración que sea la «dueña» de la empresa.

En los últimos años, con la disminución de ingresos fiscales que ha traído la crisis económica, muchos ayuntamientos han decidido vender estas empresas que gestionan el agua. ¿Qué beneficios consiguen vendiendo? Por un lado, el año que la venden, los gobiernos aumentan sus ingresos y tienen que declarar menos déficit. Por el otro, se aseguran que se siga dando el servicio de abastecimiento y tratamiento de agua. Para las empresas es muy rentable por dos motivos. El primero es que a las empresas privadas solo se les pide que se encarguen de gestionar el suministro del agua, mientras que la infraestructura (presas, canales de transvase y tuberías) se financia con dinero público y se les da ya construidas para garantizar el acceso de la población al agua. El segundo motivo es que las empresas pueden ejercer su actividad sin competencia. Esto es así porque las concesiones para explotar las infraestructuras y ejecutar el servicio de abastecimiento o tratamiento se dan en exclusividad. Y porque ninguna empresa podría costear la infraestructura necesaria para competir con otra que ya opera en la misma zona. De hecho, las inversiones iniciales que se requieren son tan elevadas, que ninguna empresa privada se hace cargo de ellas y, generalmente, es realizada por la administración pública. El acceso al mercado del agua queda por tanto muy limitado, asimilable a un estado de monopolio, y aunque esté regulado, deja cierta libertad a las empresas para poner sus precios al agua y no les obliga a suministrar un mínimo social.  Esto va en contra del principio de acceso universal al agua, reconocido desde hace dos años por la ONU como derecho humano.

Sirva como ejemplo la privatización de la compañía Aguas del Ter y Llobregat (ATLL), abastecedora en alta de la mayor parte de la población de la región metropolitana de Barcelona (RMB). Con una deuda de 700 millones de euros, ATLL fue vendida en el 2012 a un consorcio que tiene como accionista mayoritario a Acciona Agua. ¿Qué ha pasado con la deuda? Se la ha quedado el gobierno catalán (es decir, los catalanes) a cambio de unos 260 millones de euros que pagó el consorcio y que sirvieron para relajar el déficit de la Generalitat en el ejercicio fiscal de 2012. Además de eso, el consorcio debe pagar unos 1000 millones de euros como canon durante la duración de la concesión: 50 años. El caso no deja de ser otro ejemplo de visión cortoplacista, que ha resultado en subidas de la tarifa de agua previstas a partir del 1 de enero de 2014 de hasta un 15% en algunos municipios de la RMB.

La financiarización de las empresas del agua.

La financiarización es el proceso de transformación de cualquier tipo de capital actual (como pagos por sueldos) o futuro (como la promesa del pago de las deudas de las tarjetas de crédito o las hipotecas) en valores financieros (capitales usados para aumentar los títulos o el valor financiero de una empresa). Este proceso lleva a un aumento inmediato del capital disponible. Es decir, las empresas consideran los valores financieros como si fuera capital que ya han cobrado (los sueldos que han ingresado) o los que tienen que cobrar (tarjetas de crédito). La compraventa de valores financieros y las ganancias que se generan con ellas es lo que llamamos especulación. Como la financiarización se basa en los ingresos esperados en el futuro, cuanto más predecible sea el pago, tanto mejor. De esta forma, las empresas pueden aumentar su volumen de negocios rápidamente.

Desde los años 70, en España se ha producido un proceso de financiarización de algunos sectores económicos, incluidas las empresas de la construcción o del agua. Estas últimas son especialmente interesantes porque el recibo del agua es perfecto para la especulación: los consumos de agua son muy predecibles y los precios muy estables. La privatización de las empresas que gestionan el suministro del agua es necesaria para que puedan salir a bolsa. En este sentido, la privatización es una herramienta de mercado muy utilizada y cada vez más controlada por el sector financiero. En España, Agbar (aguas de Barcelona) es líder de las empresas de agua en la bolsa[1].

El proceso de financiarización está muy relacionado con el desarrollo de la economía real. Cuando el crecimiento económico se estanca, la forma de mantener el valor de la economía constante es aumentar la emisión de valores financieros en forma de deuda. Así, las empresas mantienen su valor y, por tanto, la economía también. En este contexto, la privatización y financiarización de las empresas de abastecimiento y tratamiento de agua son dos caras de la burbuja financiera que mantiene artificialmente el poder adquisitivo de la economía. El problema es que las burbujas especulativas crean un aumento del valor de las actividades económicas que no se corresponde con la capacidad productiva real. En otras palabras, la única finalidad de la financiarización de las empresas es la acumulación monetaria por parte de sus gestores.

En una situación de crisis en la que muchas familias no pueden hacer frente al recibo del agua o, simplemente, reducen su uso doméstico disminuyendo los pagos a la empresa gestora, la burbuja puede explotar en cualquier momento. En definitiva: las empresas del agua se privatizan para mantener el nivel de ingresos a escalas regionales y se financiarizan para mantener el volumen de beneficios empresariales. La estrecha relación que existe entre los agentes financieros, las empresas y los gobiernos facilita ambos procesos.

[1]

(http://labolsa.com/mercado/AGS/; http://www.eleconomista.es/indice/MAD-AGUA-Y-OTROS/resumen/Mejores).

Remunicipalización del agua en Andalucía

En países como Francia y Alemania, hace años que ha comenzado un debate sobre la remunicipalización de servicios urbanos de agua, especialmente en aquellas áreas más sensibles. En nuestro país, el Tribunal de Cuentas español, en su informe de fiscalización del sector público local de 2011 a los municipios de menos de 20.000 habitantes (el 95% del total) concluye que la gestión pública directa de los servicios básicos como el agua, la recogida de basura y la limpieza viaria, cuesta mucho menos que su externalización.

El modelo de gestión privada se caracteriza en España por resultar costoso para el ciudadano (que ve incrementada su tarifa: en Huelva, un 65% en los últimos tres años), oscuro (no existen órganos reguladores, indicadores de calidad de gestión o datos y estadísticas fiables) y medioambientalmente insostenible (a mayor consumo de agua, mayor es el beneficio y cuanto menos se depure, menores son los costes, como ha denunciado Ecologistas en Acción en Sanlúcar de Barrameda). Además de todo esto, la privatización supone una auténtica pérdida del control de las administraciones públicas sobre el servicio.

Estas cuestiones han hecho que el proceso de remunicipalización esté vivo en Andalucía desde inicios del año 2000. Los primeros casos conocidos fueron Medina Sidonia y los 22 municipios dependientes de agua del Huesna. Casos motivados por los numerosos incumplimientos de los pliegos de explotación y que se hicieron por la vía de la negociación, permitiendo acceder a fondos y cerrar acuerdos con entidades financieras para invertir en aquellas áreas que el sector privado había desatendido. En ambos casos, el control de lo público y el compromiso de lo político estaban en la base de la remunicipalización.

Ahora vivimos un resurgir de la calle del que la remunicipalización también se impregna. Ya no es solo una élite técnico-política la que está al frente del fenómeno; ahora es la sociedad civil organizada la que está forzando a los grupos políticos a posicionarse ante esta cuestión. El caso más ilustrativo lo tenemos en las pedanías de Jerez de la Frontera.

Recientemente, el Pleno de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz ha dado luz verde al proyecto de agua pública de tres entidades locales autónomas de Jerez, Guadalcacín, Torrecera y Estella. Las tres pedanías cierran así un convenio a diez años de gestión pública de su agua urbana, a espaldas de la privatización realizada para el resto del municipio de Jerez, que mantiene dicha gestión concesionada a Aqualia. Lo interesante ha sido que el catalizador del proceso ha sido fundamentalmente la sociedad civil agrupada a través de una Coordinadora de más de veinte colectivos. La Coordinadora ha sido capaz de mediar y dar soporte técnico —sin duda, con el apoyo de instancias como Aeopas (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento) — a una operación donde cuatro mil familias jerezanas se puedan acoger a un servicio público que —además de partir con una factura mucho más barata— supone un referente de lucha para demostrar que desde lo público se puede, a la vez que representa un muro de contención para que en adelante la empresa privada no pueda hacer —como mayoritariamente sucede en España— subidas descomunales de los recibos, ni bajar el listón de alta eficacia que ya poseía el sistema público de Jerez, dejando de conservar su calidad.

Cuando la realidad desborda los tiempos

Cuando la realidad desborda los tiempos administrativos y las buenas intenciones, los movimientos sociales van por delante de los gobernantes, de sus leyes, sus decretos, incluso por delante de sus discursos. Se organizan creando redes solidarias, autorganizándose y proponiendo soluciones colectivas y reales a un conflicto social como es el de la Vivienda, que no nace con esta última crisis.  

Se viene reivindicando, desde hace más de una década, que el Derecho a la Vivienda debe garantizarse a todas las personas afectadas bajo cualquier circunstancia, pero faltan los mecanismos de diálogo necesarios para una participación efectiva de la sociedad civil organizada en la definición de las políticas públicas que lo hagan real.  

Frente a la solicitud de Declaración del Estado de Emergencia Habitacional, realizada por el Movimiento Andaluz por la Vivienda en marzo de este año, y que supondría la posibilidad de adoptar medidas extraordinarias para solucionar la problemática de la vivienda en todas sus facetas y aspectos, la Consejería plantea semanas después el denominado «Decreto Andaluz», donde se reconoce la función social de la Vivienda, la existencia de gran cantidad de viviendas vacías y el alquiler social como mecanismo de resolución. Sin embargo, este mecanismo solo se podría activar en el caso de familias que se encuentren inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria y que reúnan ciertos requisitos. De este modo, la Administración continúa obviando otras muchas circunstancias como la dificultad generalizada de acceso a la vivienda, el hacinamiento, la precariedad de personas que sobreviven con los suministros de luz y agua cortados, o que habitan en infraviviendas y en edificios necesitados de obras de rehabilitación.  

 

 

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Viviendo la vivienda en Andalucía.

Más allá de la hipoteca

El Movimiento Andaluz por la Vivienda se caracteriza desde sus orígenes por reivindicar soluciones al problema de la vivienda que vayan más allá de las circunscritas al ámbito de las hipotecas. Entiende, en este sentido, que las iniciativas institucionales han sido hasta ahora limitadas e insuficientes.  

En Huelva, Almería, Sevilla, Granada, Cádiz o Málaga, como en el resto de las ciudades del estado español, ha habido y hay un problema de acceso a la vivienda. Este problema, que recorre nuestro territorio desde hace mucho tiempo, se ha visto agravado en los últimos años por la crisis económico-financiera que nos envuelve como consecuencia directa del boom inmobiliario anterior. En este sentido, tanto los poderes públicos como los partidos políticos, los movimientos sociales y los colectivos en defensa de los derechos humanos aportan ideas e iniciativas para resolver esta situación desoladora.

 Por un lado, los poderes públicos y los partidos políticos promueven leyes y hacen propuestas parlamentarias desde sus interpretaciones de lo que es mejor para nuestra sociedad. En este último año, tanto el gobierno central como el autonómico han aprobado un conjunto de leyes  entre las que encontramos el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía, o Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social del Gobierno Central. Ambas leyes, a pesar de manifestar en sus exposiciones de motivos objetivos diametralmente opuestos, coinciden en referirse tan solo a la intervención en casos de desahucios por hipoteca, con personas en situaciones muy concretas de exclusión social y ninguna establece un carácter retroactivo, dejando fuera a las miles de personas desahuciadas con anterioridad al año 2013 o con problemáticas diferentes a las del sector referido. También las oficinas de asesoramiento de la Junta de Andalucía ofrecen intermediación personal a los afectados, convirtiéndolo nuevamente en un problema individual y no social y colectivo.  

En la misma línea, tanto la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que ha modificado sustancialmente la anterior Ley de Arrendamientos Urbanos y que se aprobó sin prácticamente ningún debate social, como la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, vienen a reforzar los mecanismos legales por los cuales se protege el derecho de los inversores inmobiliarios, poniendo el valor de cambio por encima del valor de uso, la vivienda como negocio sobre a la vivienda como derecho, como expresan de forma explícita las introducciones a ambas leyes.  

Mientras, los movimientos sociales, más conectados a la realidad cotidiana de la población, generan procesos de autoorganización de la ciudadanía que permiten realizar aportes y poner en marcha iniciativas desde una perspectiva colectiva. Salen a la calle para exigir a los poderes públicos que se escuchen sus propuestas, y para que se pongan en práctica las medidas necesarias para acabar con esta lamentable situación.

Durante estos últimos dos años, los colectivos que conforman el Movimiento Andaluz por la Vivienda, han acompañado a muchas familias en situaciones muy duras. Han apoyado, y en ocasiones incluso se ha paralizado, el desalojo forzoso por la policía después de no poder afrontar el pago de sus hipotecas o alquileres. También han estado con las familias que, viéndose en la calle por muy diversos motivos, han decidido realizar realojos colectivos en algunas de las miles de viviendas vacías propiedad de inmobiliarias y entidades bancarias que hay en nuestra Comunidad. Se ha promovido la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) presentada por la PAH para legislar la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y la posibilidad del alquiler social, se han organizado puntos de asesoramiento en los que se atiende a personas con cualquier tipo de problema de vivienda y se están llevando adelante negociaciones colectivas con entidades bancarias para la re-negociación de hipotecas.

El pasado mes de marzo, tras valorar la situación como dramática, el Movimiento Andaluz por la Vivienda pide a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía que declare el Estado de Emergencia Habitacional en esta Comunidad. Su ejemplo ha sido seguido posteriormente tanto por colectivos madrileños como catalanes. En reuniones posteriores, según fuentes del movimiento, la Consejería se negaría a llevar adelante esta petición, y respondería aprobando en las siguientes semanas el ya mencionado «decreto andaluz por la vivienda».

Pero a pesar de este intento, nada incompatible con la resolución del problema existente, la institución parece no encontrar un lugar común desde el que poder trabajar con la ciudadanía organizada para resolver el grave problema de las personas sin vivienda.

En relación a la tramitación parlamentaria de este Decreto-Ley, el Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda ha denunciado a través de un comunicado, que «es necesario legislar escuchando al tejido asociativo que defiende el derecho a la vivienda», y continúan: «Nos resulta incomprensible que solo se cursara invitación para comparecer a dos colectivos integrantes del Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda, que, además, tuvieron conocimiento con apenas diez días de antelación, con escaso tiempo para preparar su intervención y mucho menos para intentar reflejar en ella el sentir de todos los colectivos que defienden en Andalucía el derecho a una vivienda digna».  

Desde el mes de julio, el Decreto Andaluz se encuentra paralizado por el Tribunal Constitucional a petición del Gobierno del PP, después de haber conseguido, en sus 3 meses de vigencia, paralizar doce desahucios e iniciar la expropiación de 18 viviendas. Por su lado, el PSOE desoye las condiciones de la PAH y presenta como propio el recurso de in-constitucionalidad de la Ley Estatal 1/2013. Mientras, los movimientos sociales continúan con las movilizaciones en las calles, en las puertas de los bancos y en las puertas de las casas, continuando en su lucha por el Derecho a la Vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución española.