nº54 | política andaluza

Pobreza infantil en Andalucía

Tras leer un reciente informe que saca a la luz la fundación Save the Children acerca de la pobreza infantil en Andalucía, no puedo menos que alarmarme y preocuparme por la dirección hacia la que va nuestro pueblo. Esta organización realiza un análisis a raíz de la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, tomando como referencia el umbral de renta andaluz.

En primer lugar, debemos hacer un breve repaso de los datos más significativos que podemos rescatar de este estudio.

El 27,9 % de los menores de 18 años en Andalucía, es decir, más de 450.000, se encuentra en situación de pobreza, representando un 31,8% del total del Estado español, 5 puntos por encima del año anterior.

Respecto a la pobreza severa de los niños y las niñas de Andalucía, los datos no son menos alarmantes, pasando de un 10,1% en 2020 a un 15,3% en 2021, lo que se traduce en más de 240.000 niños y niñas que se encuentran en esta situación.

Este informe también alerta de la preocupante cifra que presentan los hogares monoparentales maternos, porque una vez más la pobreza tiene género y la conciliación familiar y los contratos precarios acentúan esta situación. Rescatando los datos, se concluye que un 44,4% de este modelo familiar se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, 22,3 puntos por encima del anterior año.

Además, la carencia material y social severa que afecta a la población infantil andaluza ha ido en aumento progresivo, afectando a un 5,9% en 2019 y encontrarnos que en 2021 afecta a un 11,4% del total de la infancia andaluza.

Así, leemos que «este empeoramiento está estrechamente relacionado con el alza de los precios, especialmente de la energía o los alquileres». Y es que, según también otro estudio de Save the Children sobre los costes de crianza en Andalucía, estos son de 641 euros al mes, un 14% más respecto al 2018. Se calcula que más de 150.000 hogares en Andalucía no pueden hacer frente a este coste, no teniendo capacidad para ofrecer un nivel básico de bienestar a sus hijos e hijas.

Y hago una breve parada en este punto para mencionar algo que deberíamos considerar fundamental cuando hablamos del bienestar de la infancia. No ofrecerles unos recursos y condiciones vitales adecuados puede condicionar su desarrollo y calidad emocional, llegando a afectarles tanto en su autoestima como en su aprendizaje, lo que suele provocar que, en zonas desfavorecidas, el índice de fracaso o abandono escolar sea superior. Y no debemos olvidar que, aparte del evidente impacto en el entorno académico o laboral, la situación de pobreza también influye negativamente en cómo los niños y niñas van a desarrollar sus habilidades sociales o competencias emocionales, tan importantes o más que las cognitivas para su futura integración en la sociedad y su acceso al ámbito laboral. Ya el psicólogo Daniel Goleman anunciaba que el éxito de una persona apenas dependía un 20% de su CI (coeficiente intelectual), sino que la mayor parte dependía del desarrollo de las capacidades emocionales. Independientemente de que demos mayor o menor valor al desarrollo de unas habilidades u otras, el hecho innegable es que una falta de recursos materiales lleva a unas condiciones precarias de vida, las cuales repercutirán directamente en el desarrollo social, emocional y cognitivo. Por consiguiente, esto va a condicionar su futuro en general y sus relaciones afectivas, familiares, profesionales, etc. Además de, evidentemente, cronificar el círculo de pobreza hereditaria. Hay que ir tomando medidas paliativas y preventivas, eso es seguro. La pregunta sería ¿cuáles?

El Gobierno andaluz afirma que «la pobreza infantil no tiene solución a corto o a medio plazo», ¡qué sorpresa!, pues nunca ha estado en su agenda combatir la pobreza y, menos si cabe, la pobreza infantil, así que nada nuevo ni nada de lo que extrañarnos en estas declaraciones. Existen entidades que trabajan para la infancia que ya han hecho recomendaciones y propuestas de medidas de urgencia para paliar la pobreza infantil, tales como una ayuda de cien euros mensuales de forma universal, modificar la renta mínima de inserción social de Andalucía para que sea compatible con el ingreso mínimo vital o actualizar los datos sobre el valor real del coste de la crianza teniendo en cuenta o desgravando los impuestos añadidos a los artículos de primera necesidad para el cuidado de la infancia y adolescencia. Si bien no podemos conformarnos con medidas cortoplacistas y ayudas económicas paliativas, las cuales son muy importantes pero insuficientes para erradicar la pobreza infantil tanto en Andalucía como en el resto del Estado, no hay que olvidar que el de España es de los Gobiernos que menos destinan de su PIB al apoyo a la infancia y a las familias, con un 1,3 frente al 2,3 de media en la UE.

Esta falta de recursos económicos y sociales se ha visto agravada en los últimos años por la crisis económica y la no económica, derivadas de la covid19, especialmente por las pérdidas de empleo en los sectores más vulnerables y el desmantelamiento de servicios públicos fundamentales para familias en riesgo de pobreza, entre otros, el de los servicios sociales. Respecto a estos, cabe señalar que, además, no se está aplicando la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, la cual establece que debería haber una zona básica de atención social cada 20.000 habitantes, algo que no se está cumpliendo en muchos de los pueblos y capitales andaluzas, provocando listas de espera de varios meses para que las familias vulnerables o en riesgo de exclusión puedan ser atendidas e impidiendo así que puedan recibir ayudas fundamentales para aliviar su situación: ayudas para la luz, el alquiler, el coste de la crianza, etc., son imprescindibles para no agravar la precariedad de muchas familias andaluzas.

Otro aspecto básico cuando hablamos de pobreza y precariedad es la falta de acceso al empleo, derecho vulnerado sistemáticamente por el modelo socioeconómico actual. Y el problema del empleo no es solo una cuestión cuantitativa, sino también cualitativa, pues, en muchos casos, el empleo al que se accede es de poca calidad, precario e insuficiente para garantizar unas condiciones de vida dignas.

Por tanto, cabe preguntarse hacia dónde queremos ir si queremos acabar con la pobreza infantil a medio-largo plazo sin necesidad de ayudas sociales, sino como propio equilibrio social. Parece obvio, y siendo justos con lo que venimos señalando, que una de las primeras propuestas debería ir encaminada a la consecución del pleno empleo, es decir, a garantizar un empleo digno; no tenemos una receta mágica para esto, pero tampoco estamos diciendo nada nuevo: sindicatos y economistas llevan tiempo reflexionando y lanzando propuestas concretas para alcanzar este deseado fin. Pero todos sabemos que parte de estas medidas pasan por un reparto de la riqueza distinto al actual y al que muchos sectores, especialmente los más pudientes, no están dispuestos.

Otra propuesta, que no por obvia es menos importante, es, como ya dijimos, garantizar que se cumpla la Ley Andaluza de Servicios Sociales, dotándola tanto de recursos económicos como humanos para que puedan llevarse a cabo las acciones necesarias y dar una atención integral y de calidad a todas aquellas personas que lo puedan necesitar. También debemos apostar por dotar de mayores recursos los centros educativos que trabajan directamente con los niños y niñas, no solo aumentando el personal docente para bajar la ratio y así mejorar la calidad de la enseñanza, sino también poniendo en valor a otros agentes del proceso educativo, como psicoterapeutas, trabajadores y trabajadoras sociales, educadores y educadoras, pedagogos y pedagogas, etc., de forma que se puedan atender, además de las necesidades académicas y curriculares, las emocionales y sociales tanto de los niños y las niñas como de las familias.

Ya hicimos mención antes a la importancia del bienestar emocional, y no solo económico, de la infancia. La educación emocional y social debe estar presente siempre, pero se hace especialmente importante en la etapa de los 0 a 3 años. Y es precisamente la etapa más descuidada por el sistema educativo, pues hasta hace poco apenas existían siquiera centros para estas edades, teniendo que acudir en la mayoría de los casos a recursos privados como guarderías, algo inaccesible para familias con pocos recursos. Por eso una propuesta que nos parece fundamental es la de aumentar el número plazas en escuelas públicas para alumnado de 0 a 3 años y acompañarla de una planificación que promueva un acceso equitativo en lo que se refiera a la participación de familias independientemente de su mayor o menor nivel adquisitivo.

Lo ideal sería que todo esto se aplicara a través de una democratización real de los servicios públicos, de forma que la población fuera realmente partícipe de la gestión de las instituciones que se encargan de abastecer sus necesidades. La falta de efectividad de las medidas que se suelen proponer viene, en gran parte, de no contar directamente con las personas que se ven afectadas por ellas, sino que técnicos y políticos las diseñan desde sus despachos. Por eso, nuestra última propuesta va encaminada hacia promover el trabajo desde las bases e ir tomando protagonismo en las instituciones. Solo así daremos una respuesta real a un problema tan severo como es la pobreza infantil.

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