URBANISMO DEL SHOCK EN ANDALUCÍA

La expresión «doctrina del shock» fue popularizada por el libro de Naomi Kleim y alcanzó cierto grado de popularidad en los años noventa. El término refiere la manera en que distintos tipos de desastres se usan para generar climas políticos propicios a la introducción de reformas de políticas interesadas. Guerras, tsunamis y crisis económicas se habrían convertido habitualmente en recursos útiles para imponer políticas económicas en favor de los intereses de multinacionales y del capital financiero internacional, principalmente en cuanto a la supresión de medidas regulatorias y el desmantelamiento de estados interventores y con vocación social por todo el mundo.

Hay mucho de esto en la manera en que se ha gestionado la pandemia de la covid-19. El virus se ha convertido en la gran excusa para aprobar medidas políticas relativamente impopulares o que necesitasen de un gran esfuerzo propagandístico para ser defendidas. Podríamos hablar entonces de un «urbanismo del shock», que se ha empezado a entrever durante los dos últimos años, en el que prácticamente cualquier medida se justifica en el ambiente de conmoción de la coyuntura reciente. En la Andalucía de la nueva normalidad, por un lado, la pandemia ha supuesto un gran impulso político a las expectativas de desregularización urbanística, depositadas en el primer Gobierno declaradamente de centro derecha de la historia de la autonomía. Por otro lado, estamos contemplando un nuevo auge del viejo urbanismo del miedo, que de manera planificada o por desidia de la planificación viene haciendo impracticables los espacios públicos de nuestras ciudades.

POR MIS SANTOS DECRETOS

Empezando por el oportunismo a gran escala, parece indudable que la covid ha venido como caído del cielo a la hora de poder realizar reformas polémicas que eran parte del proyecto neoliberal del actual Gobierno andaluz. El estado de emergencia es una excusa inmejorable para gobernar a golpe de decretos. El decreto-ley permite a un gobierno aprobar medidas de urgencia saltándose los trámites parlamentarios y el control de la oposición. Una política de hechos consumados que viene justificada por contextos urgentes y catastróficos sobre los que se debe intervenir inmediatamente.

No esperó mucho la Junta de Andalucía. En abril de 2020 se apresuró a sacar el conocido «decretazo» dirigido a relajar las normas y controles en materia de urbanismo, turismo y medio ambiente. El decreto afectó a un elevado número de leyes suponiendo la flexibilización de horarios comerciales para grandes superficies, la relajación de los controles para el desarrollo de distintos tipos de proyectos urbanísticos y la reducción de la protección de espacios naturales frente al desarrollo de infraestructuras productivas. La relación de estas medidas con la covid es más bien complicada de hallar. Es evidente para todos que se trata de medidas para nada coyunturales, sacadas del programa liberalizador del Gobierno, siendo la fórmula del decreto la herramienta para poder ignorar la oposición de partidos, sindicatos y organizaciones ecologistas o de consumidores.

En verano de 2021 el gobierno andaluz intentó repetir la jugada con un nuevo decreto-ley para la renovación y modernización de alojamientos turísticos. El texto original dejaba claro en su preámbulo el carácter «esencial» del turismo para la comunidad. Posteriormente exponía la terrible tara que ha supuesto para la economía la caída de las visitas, pernoctaciones y consumo, como justificación para desarrollar una batería de medidas de dinamización económica del sector. El proyecto propone un incremento en la edificabilidad y ocupación en los alojamientos turísticos de entre un 15 y un 20%. Esto beneficiará también a los inmuebles en situación fuera de ordenación, a los que, como es natural, no se debería conceder licencias de obras en condiciones normales. Descartado el decreto, este documento se está tramitando actualmente como proyecto de ley.

El próximo paso en esta dirección es la reforma de la ley andaluza del suelo. De manera similar a las anteriores normas, la ley se orienta claramente a la desregulación, favoreciendo los intereses de los promotores inmobiliarios y reduciendo el control sobre los ayuntamientos. 

Todas estas normativas siguen el mismo patrón: reducir la intervención y el control del gobierno sobre los procesos de desarrollo urbano y productivo. Esto parece ignorar por completo lo que ha sucedido en Andalucía en el último medio siglo en cuanto a desarrollo urbano y turístico. La ausencia de leyes e instrumentos de ordenación del territorio y urbano, o la desobediencia a los mismos, han sido causa histórica de graves pérdidas en el patrimonio cultural y de una terrible depredación del territorio. La actual política de la Junta de Andalucía pareciera querer retornar al desarrollismo o más atrás, prescindiendo de los criterios ambientales y sociales que se han ido introduciendo en la legislación. Lo más grave es que las medidas de emergencia frente a la pandemia de la covid se dirigen a apuntalar el modelo económico que nos ha conducido a la actual situación de extrema vulnerabilidad frente a crisis de este tipo. Ya lo vivimos en 2008 y lo volvemos a ver ahora. Apostar todo a una economía rentista e hiperespeculativa cimentada en el ladrillo y el turismo ya nos ha derribado dos veces en apenas 10 años y vamos corriendo a buscar una tercera ocasión.

URBANISMO TALEGUERO

La idea de urbanismo del shock parece todavía más adecuada para el empujón que se le ha dado a la destrucción del espacio público en las grandes ciudades andaluzas a raíz de la covid-19. Probablemente la pandemia ha puesto en valor lo público en muchos sentidos, especialmente en la medida en que son instituciones políticas colectivas las únicas que pueden afrontar una situación de estas características. Sin embargo, tampoco cabe duda de que una parte de los dispositivos urbanos públicos se han visto negativamente afectados por la situación. Aunque los colegios han sobrevivido, otro pilar de las dotaciones públicas, como son los centros médicos, prácticamente han sido inutilizados a raíz de la pandemia. La manera en que se ha sacrificado al sistema sanitario de proximidad para salvar al sistema sanitario de proximidad merecería una reflexión más profunda. Muy visible ha sido también la forma en que el periodo pandémico se ha aprovechado para continuar con la patibulización de los espacios públicos, en relación con la multiplicación de cerramientos, cámaras de seguridad, y eliminación de todo tipo de equipamiento del espacio público, ya fuesen bancos o juegos infantiles.

Hay un elemento clave ahí en la manera en que el encuentro y la convivencia, base de la sociedad, han pasado a convertirse en enemigos de la supervivencia. Por mucho que el aislamiento estuviera justificado, hay algo patológico en la manera en que se ha perseguido el uso de los espacios públicos, o el ninguneo que han sufrido durante la pandemia determinados colectivos que necesitan especialmente hacer uso de él, como son los niños y los adolescentes. La necesidad de socializar de estos últimos se ha convertido en motivo de escarnio y de censura por parte del conjunto de la sociedad, objeto de las frustraciones que buscan culpables no microscópicos al desbarajuste generado por el virus. A decir verdad, nada de esto es realmente nuevo en nuestras ciudades. El tratamiento carcelario del espacio público lleva consolidándose ya varias décadas, con la apuesta por los bloques en manzana cerrada y el desdén o la agresividad hacia plazas y espacios peatonales con la mala fortuna de encontrarse fuera de las zonas turísticas de la ciudad. El pánico a los adolescentes sentados en el banco estaba escasamente justificado en el pasado. Con la pandemia, esta tendencia paranoica ha encontrado su justificación perfecta y la poca oposición que podría encontrar el comportamiento vandálico de los ayuntamientos o de los vecinos hacia su propio espacio público, ha desaparecido por completo. Lo que no se había vallado todavía, se ha vallado con la pandemia, y el banco que quedaba en el barrio, se saca para evitar que nadie esté demasiado tiempo parado en un lugar que no sea su casa, mientras la persecución policial a los grupos de adolescentes se intensifica.

Nada indica que esta agorafobia, potenciada sin duda por el virus, vaya a amainar con la nueva normalidad, pues tiene causas estructurales que trascienden a la misma. En una sociedad que construye su espacio cada vez más en servicio de lo privado y cada vez más desconfiada hacia el encuentro fortuito, la manera en que pueda revertirse esto parece lejana. Habría que hacerse al menos más consciente de este problema, diagnosticarlo y buscar la forma de combatirlo. Por lo pronto el urbanismo del shock tiene mucho de revanchismo neoliberal tardío, pero también va un paso más allá de eso. Tiene mucho de intereses especulativos, pero también de desdén popular hacia lo colectivo

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