Después de que la crisis de los refugiados y refugiadas sirias saltara a los medios de comunicación de todo el planeta con la foto de Elian, un niño ahogado en las aguas del Mediterráneo, intentando llegar a la Unión Europea (UE), son muchas las voces xenófobas y clasistas que se empeñan en separar «refugiados» de «inmigrantes». Dicen estos paladines del Derecho Internacional que las personas refugiadas tienen derecho a ser acogidas en la UE, pero que las y los «inmigrantes irregulares» son otra cosa: personas sin papeles que deben ser tratadas como mercancías a merced de los mercados laborales y las políticas racistas del gobierno de turno. Los mismos que utilizan argumentos de su derecho internacional para negar el derecho de buscar una vida digna —mediante procesos migratorios— a millones de personas; los mismos que llevan décadas ignorando el drama de las migraciones ambientales.
Las refugiadas ambientales son personas que abandonan su territorio de residencia habitual debido principalmente (o de forma muy importante) a impactos ambientales, ya sean graduales o repentinos, se muevan dentro de un mismo Estado (esto es lo más frecuente) o atraviesen fronteras internacionales.
Aunque detrás de la mayor parte de las migraciones ambientales encontramos impactos socioambientales provocados por el ser humano, el análisis de sus causas no es simple. La degradación ambiental no sucede aislada sino que se produce en un entorno social, económico y político concreto. Por ejemplo, las mismas tierras semiáridas de Almería (que fueron fuente de migrantes ambientales en el pasado), con el desarrollo económico y tecnológico de la zona y la puesta en marcha de grandes extensiones de cultivos en invernaderos, se ha convertido en destino de muchos migrantes del Magreb y el África subsahariana. Habitualmente, los Estados en crisis son productores de migrantes, tanto políticos como económicos y ambientales, y muchas veces no es fácil distinguir claramente unas causas de otras.
Existen refugiadas ambientales que huyen (o son expulsadas violentamente) de los efectos catastróficos que las guerras provocan en el medio ambiente; de accidentes industriales (en centrales nucleares, por ejemplo); o de las consecuencias de proyectos de megainfraestructuras (como grandes presas que inundan sus tierras y pueblos). Otras, huyen de eventos naturales catastróficos: como terremotos, maremotos, huracanes y erupciones volcánicas; y millones escapan de una degradación ambiental —más o menos gradual— en forma de desertización, inundaciones recurrentes, subida del nivel del mar y otras muchas consecuencias del cambio climático: lo que se conoce como climigración. Incluso la creación de espacios naturales protegidos expulsa de sus tierras a miles de indígenas.
Las dificultades a la hora de estimar cuántos migrantes ambientales hay y habrá deriva de la complejidad de las causas que acaban provocando el éxodo. Habitualmente no hay un solo tipo de causa: actúan conjuntamente causas socioeconómicas, ambientales y políticas. Esto hace que, por ejemplo, sea sumamente difícil conocer qué porcentaje de la población rural —que migra en gran número a megápolis (principalmente en países empobrecidos)— lo hace empujada, aunque sea parcialmente, por causas ambientales.
En 1994, se estimaba que un 0,5% de los habitantes del planeta eran refugiados ambientales. En 1995, se estimaban unos 25 millones de migrantes por cuestiones ambientales, mientras los refugiados políticos eran unos 12 millones. En la situación actual, se estima que el 10% de los movimientos de población están influenciados por factores ambientales. La Cruz Roja y la Media Luna Roja estiman en cerca de 211 millones los seres humanos que cada año se ven afectados por desastres naturales —cinco veces más que los afectados por conflictos bélicos—. El informe Cambio Ambiental y Escenarios de Migración Forzada, muestra que con el cambio climático las y los refugiados ambientales pueden llegar a la increíble cifra de 200 millones en 2050. Esto significaría que el 3% de la población mundial se vería envuelta en migraciones ambientales.
La mayoría de las migraciones ambientales se dan dentro de los países empobrecidos —se atraviesen o no fronteras—, y solo una pequeña parte de estas migraciones llega a los países enriquecidos o desarrollados. Sin embargo, muchas migrantes ambientales se encuentran en sus desplazamientos con muros físicos y legales: barreras destinadas a condenar a la miseria a millones de seres humanos que frecuentemente son criminalizados, simplemente, por buscar una vida mejor. Muchos de ellos mueren en su intento por llegar a otras tierras. Este enfoque de los movimientos migratorios, en el que prima la seguridad de unos pocos frente a la calidad de vida de la mayoría, es realmente paradójico: gestionar las migraciones desde un «enfoque de seguridad», en vez de intentar mejorar las condiciones de vida de las áreas fuentes de migrantes provoca que aumente la presión migratoria, y finalmente aumenten los inmigrantes «ilegales» explotados fácilmente. En este panorama internacional, el Estado español está a la cabeza mundial en la construcción de muros, la militarización de sus fronteras y en leyes racistas y xenófobas, que son impulsadas en perfecta sintonía por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP).
Reclamamos incluir el deterioro del medio ambiente dentro de las causas del concepto jurídico de refugiado, para que se pueda proporcionar una protección legal suficiente. En la actualidad, los y las refugiadas se encuentran bajo la protección de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que la ONU estableció en los años cincuenta. Un Estatuto que no recoge las causas ambientales.
El reconocimiento de la figura de «refugiado ambiental» sería un avance respecto a la situación actual —al menos a nivel jurídico— y de reconocimiento internacional. Sin embargo, este cambio no aseguraría un trato humanitario a quienes huyen de la degradación de sus territorios. Por ejemplo, actualmente se reconoce la figura del «refugiado político» y la mayoría de las solicitudes de asilo son rechazadas por el Estado español. La clave está en tejer solidaridad y lucha de clases desde abajo frente a los responsables de nuestra explotación y la del medio ambiente.
