QUEIPO DE LLANO, EL FARAÓN DE LA MACARENA

Es obvio y normal que la Iglesia católica española estuviera al lado del franquismo durante los 40 años de dictadura. Los del Alzamiento Nacional le habían devuelto a la Iglesia todo el poder que la Segunda República había intentado retirarle, y por ello se alzó en su llamada «cruzada nacional». La dictadura les entregó a los curas el poder de la moral de todos los españoles y españolas acompañadas de armas para cristianizar a aquellos herejes que lucharon por una sociedad laica y moderna.

Esa Iglesia católica en Sevilla, junto con los amigos del fascismo tomó todos los poderes y se hicieron con la ciudad fácilmente. El brazo duro y sádico se llamaba Queipo de Llano, eliminador de rojos y de todo aquel que se desviara del ideario franquista. Resuena todavía su odio por las ondas de Unión Radio Sevilla, también en el arco de Macarena y por supuesto en los de la pulsera de la roja y gualda que inundan las hermandades en nuestra ciudad.

Queipo regaló a su Sevilla algo más que muertos y represaliados: Dos hermandades y un súper templo para la hermandad de la Macarena. Esas dos hermandades son San Gonzalo, recuerden el nombre de Gonzalo Queipo de Llano, y Santa Genoveva, como su mujer Genoveva Tovar, que, junto con Acción Católica, impulsaron estas dos cofradías. Es cierto que estas dos hermandades han realizado una damnatio memoriae y han eliminado de sus anales a este fascista e incluso en los programas de Semana Santa de mano de los años 70-80 intentaron cambiar su nombre popular en una entente por deshacerse de su pasado. La hermandad trianera de San Gonzalo ha escrito en sus boletines que su nombre viene del santo portugués Gonzalo de Amarante, intentado quitarse la gran losa de este personaje.

El caso de la Hermandad de la Macarena es diferente. El pasado jueves 7 de octubre el candidato a hermano mayor de la cofradía, Santiago Álvarez, argumentó en la publicación digital A Pulso que asumen al genocida como alguien importante de la corporación y un gran benefactor1. Ellos están orgullosos de Queipo y la ultraderecha orgullosos de la Hermandad. Vimos también hace pocos meses a Macarena Olona, diputada de Vox, haciéndose una foto en el camarín de la virgen, en un lugar donde hermanos y devotos no pueden estar.

Al hilo de su vinculación con el franquismo, esta corporación residía en la iglesia de San Gil (a espaldas del templo actual) y vio colmada su ilusión de tener una Basílica patrocinada por Queipo de Llano y por la cúpula eclesiástica. Además, como buen comendador o faraón fascista, se le enterró dentro tras su muerte. En los corrillos cofrades se dice que ningún candidato a hermano mayor de la cofradía se ha atrevido a tocar los huesos del Carnicero.

La Hermandad ha sorteado, como buena gimnasta, todas las leyes y peticiones del Ayuntamiento de la ciudad y de la Junta de Andalucía en la época del psoe y se sabe que seguirá intentando sortear la nueva Ley de Memoria Democrática.

La ley andaluza de 2017, cuando el psoe gobernaba la comunidad, intentó forzar a la Hermandad a sacar los restos, pero se hicieron el tonto al igual que el mutis que hacen cada año con las manifestaciones y vigilias que se hacen en la puerta del templo por asociaciones de la memoria democrática, partidos de izquierda, republicanos y andalucistas. La Macarena, en un ademán de quitarse las críticas, maquilló la lápida en 2009 eliminando el día del golpe de Estado (18 de julio de 1936) y cambió el título de teniente general por el de hermano mayor honorario. También retiraron provisionalmente el fajín de Queipo a la imagen de la virgen en la salida de 2011.

Con la entrada de la derecha en Andalucía todo está calmado. Ya nadie le va a pedir a la cofradía que saque los restos de su amado fascista y así van pasándose la pelota los diferentes socios. En la Hermandad se cuenta que están esperando a que una asesoría le diga qué hacer y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha expresado que la hermandad ya quitó toda la vinculación antidemocrática al cambiar la lápida.

La familia se enoja ante los detractores y el arzobispado sevillano también mira para otro lado y se acuerda de su amado Queipo. El pasado 30 de septiembre pasó todo lo contrario en la ciudad de Málaga. García Morato, aviador franquista y enterrado en la iglesia del Carmen fue exhumado a petición de la familia para evitar la polémica como la que afectan a la Macarena y cumplir la Ley de Memoria Democrática2. Los artículos 36.5 y 39.3 de esta ley son claros: se deben retirar todas las insignias, esquelas que atenten contra la ley democrática en ámbito privado o religioso, al igual que los restos mortales de dirigentes del golpe militar no pueden estar en lugares de acceso público.

La hermandad de la Macarena va a ignorar estos planteamientos como pueda para quedarse con sus amados huesos dentro de la Basílica, y, si la ley o un cambio político en Andalucía en el futuro consiguiera levantar la lápida de la vergüenza, no crean que lo van a sacar de sus posesiones, sino que cogerán sus huesos y los meterían en el columbario privado que la Hermandad inauguró el año pasado. Lo más triste es que seguirán esas largas colas de devotos de derechas y otros tantos ignorantes como esos enemigos de Queipo: mujeres, homosexuales e incluso votantes de izquierda legitimando estos comportamientos antidemocráticos. Por un lado esa Sevilla hipócrita o ignorante, por otro lado, y aunque le pese a mucho a los amantes del arte, de lo popular y de la antropología como el que les escribe, las hermandades sevillanas están comandadas por muchos herederos de Queipo. Perro no come perro.

1. Publicación digital «A Pulso».

Entrevista a Santiago Álvarez

2. Exhuman los restos del aviador

García-Morato de la iglesia…
https://www.diariosur.es/malaga-capital/exhuman-restos-aviador-garcia-morato-20210930111033-nt.html

Des-enredando el relato mediático de Cuba

El pasado 11 y 12 de julio, nos vimos invadidas de vídeos, crónicas y opiniones sobre las protestas que se produjeron en Cuba. Los acontecimientos no dejaron indiferente a casi nadie: izquierda, derecha, arriba y abajo, casi todas fuimos interpeladas por lo que ocurría. La sobreinformación de los medios hegemónicos de (des)información jugó su papel descontextualizando las protestas y las reivindicaciones, así como abonando el relato de la «despiadada represión del régimen cubano a los manifestantes que exigen democracia en un país asolado por la mala gestión». Aunque ya casi nadie hable de Cuba, aquí vamos a detenernos en una serie de aspectos sobre los que no se ha prestado demasiada atención en los medios, pero que son fundamentales para comprender estos eventos y otros que puedan venir.

DIVERSIDAD EN LAS CALLES CUBANAS

Las y los cubanos que salieron a la calle no fueron ni una homogénea oposición pagada por EEUU, ni un «pueblo libre harto de comunismo», sino sectores populares diversos: desde parte de la oposición, a provocadores pagados, gente humilde, en su mayoría joven, preocupada o descontenta por la situación del país, o personas que quieren profundizar en la revolución socialista. Las limitaciones del proyecto cubano y los descontentos que generan en el pueblo, tienen causas diversas: el impacto de la pandemia de la covid, a pesar de su gestión ejemplar y de tener una de las menores tasas de mortalidad de todo el continente; la crisis económica, derivada del freno del turismo y la insuficiencia de las medidas políticas; la subida del precio de los alimentos; los problemas de cortes de electricidad; y, por encima de todo, el bloqueo económico.

PROTESTAS TELEDIRIGIDAS

Al margen de los legítimos motivos de una parte de las y los manifestantes, es evidente que la magnitud de su impacto mediático y en redes sociales solo se explica por ser parte de una campaña internacional de agresión a Cuba. Ruboriza pensar el distinto tratamiento que ha tenido el asesinato de manifestantes por el Gobierno colombiano. Las protestas cubanas han sido potenciadas y utilizadas por el imperialismo y por sectores de la oposición cubana (de dentro y fuera de la isla), mientras que los medios de comunicación se han dedicado
a reproducir un discurso manido e interesado (llegando a utilizar fake news, ¡oh sorpresa!). Así, es significativo que fue la oposición quien creó el hashtag #SOSCuba el 10 de julio, que terminó viralizándose. ¿Cuál es la hoja de ruta de esa oposición? Básicamente, restaurar el capitalismo en Cuba con la ayuda de la intervención de EEUU. Es innegable la presencia de descarados discursos anticomunistas, capitalistas y prointervencionistas, antes y durante el desarrollo de las protestas, en líderes de la oposición, que han utilizado parte de los problemas del pueblo cubano para propagar sus fines anexionistas a través de sus influyentes redes. Esto lo consiguen no solo a través de sus lazos con la derecha y el fascismo a nivel internacional (caso de Vox y el PP), sino de la financiación por el Proyecto Cuba de la Agencia de los EEUU para el desarrollo. Millones de dólares les son ofrecidos cada año a la oposición cubana (entre el 2017 y el 2020, la cifra asciende a 50 millones de dólares), logrando tejer incontables vínculos con ONGs, movimientos de «sociedad civil» y partidos políticos cubanos.

EL HISTORIAL DE AGRESIONES A LA ISLA

Asimismo, es fundamental comprender en el ámbito histórico cómo se ha desarrollado Cuba como país socialista haciendo frente a incontables intentonas de aplastar la revolución por una oposición patrocinada por EEUU, que siempre consideró a Cuba como su «patio trasero»: desde la invasión de bahía de Cochinos, los atentados terroristas contra la isla, los más de 600 intentos de asesinato contra Fidel Castro, pasando por la detención de luchadores antiterroristas cubanos… y el bloqueo. Por encima de todo, el bloqueo económico criminal que vive la isla desde 1962 hasta la actualidad de la mano del Gobierno estadounidense. Este bloqueo afecta a todos los sectores económicos (importación de alimentos, repuestos y equipos industriales, sanitarios, etc.) y condiciona su posibilidad de desarrollo y de enfrentar dificultades como las actuales. El bloqueo es parte de la guerra de cuarta generación que los EEUU y sus aliados están desarrollando contra Cuba, una guerra en la que las armas dejan paso al desgaste económico, la deslegitimación y la utilización de necesidades del pueblo para usarlas como arma arrojadiza para hacer caer a su Gobierno «desde dentro» y, en el caso de que fuera necesario, con una «ayudita militar extra».

¿LA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA?

La oposición cubana organizada y su eco en los medios de comunicación centran su discurso en la necesidad de acabar con la «dictadura comunista» para construir una «democracia». Cuando hablan de democracia, se refieren a una «democracia» liberal capitalista. Este discurso, no obstante, tiene como objetivo impactar en el público progre occidental que ve con muy malos ojos todo lo que no sea una democracia liberal, sin importarle los muertos o desigualdades que cuesten. Desde la izquierda, debemos insistir en la crítica a esa democracia formal de baja intensidad y plagada de contradicciones que sufrimos y que, además, es utilizada como arma arrojadiza contra pueblos y países que intentan transitar veredas alternativas a la dictadura del capital. Y es que, sin querer decir que el modelo cubano sea perfecto, y asumiendo, como lo hacen las y los propios cubanos revolucionarios o el Gobierno, que tiene mucho que mejorar, habría que subrayar que es sin duda un modelo alternativo totalmente ejemplar a la falsa democracia capitalista que nos quieren hacer pasar por única. Ejemplar no solo para los países de la periferia, sino también para países tan «democráticos» como el nuestro, por conquistar logros que ya quisiéramos aquí: la erradicación de la pobreza, el control público de los sectores estratégicos, la vida digna frente a las ganancias de las empresas privadas, la seguridad en los barrios, la soberanía, la solidaridad internacionalista, etc. Y es precisamente eso lo que quieren destruir la oposición y EEUU apoyándose en sectores bienintencionados del pueblo cubano. Frente a ello, profundicemos nuestro conocimiento de la realidad cubana y sus condicionantes. Defendamos su futuro como pueblo libre y soberano, libre de injerencias, porque así asestamos un duro golpe a quienes niegan nuestro futuro.

EL PLAN LARIOS

LA PREVISIBLE BURBUJA DE LA EXCLUSIVIDAD TURÍSTICA SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS QUE SOBREVIVIERON AL ESTALLIDO DE LA BURBUJA INMOBILIARIA EN EL EXPLOTADÍSIMO LITORAL MALAGUEÑO. EN ESTE CASO, EN MARO Y NERJA.

El pasado 29 de abril, el Ayuntamiento de Nerja aprobó en pleno el convenio del Plan Larios, en Maro. Convenio que contempla la realización de un campo de golf de 18 hoyos, una urbanización con 680 viviendas de lujo y varios hoteles exclusivos con zonas comerciales sobre una superficie de 200 ha de uso agrícola y de gran valor cultural, medioambiental y paisajístico.

Se trata de un megaproyecto urbanístico que amenaza con arrasar las fértiles huertas de Maro, que destruye numerosos empleos en la agricultura, su excepcional paisaje y, por supuesto, el histórico vinculo comunitario que ha mantenido la población con la tierra durante más de cuatrocientos años. A lo largo de este periodo se ha ido construyendo un abundante patrimonio arqueológico preindustrial, industrial y del agua vinculado a la labor agrícola que hoy día aún se conserva.

La pedanía de Maro se encuentra enclavada entre el paraje natural de los Acantilados Maro-Cerro Gordo y el parque natural de las sierras Almijara, Tejeda y Alhama. Fue declarado bien de interés cultural (BIC) como paraje pintoresco y sitio histórico en los años sesenta del pasado siglo, y se sitúa dentro del ámbito de protección de BIC y monumento natural de la Cueva de Nerja. Actualmente la zona está protegida por el vigente PGOU de Nerja y por el plan de ordenación territorial de la Axarquía (POTAX).

UN ACERCAMIENTO HISTÓRICO A LA PROBLEMÁTICA

La mayor amenaza urbanística para Nerja y Maro proviene, precisamente, del mayor latifundista de la provincia: la Casa Larios, difuminada hoy día en el anonimato que le proporciona su principal compañía: SALSA (Sociedad Azucarera Larios SA).

El musical y culinario acrónimo contiene muchos de los componentes materiales e históricos de Maro y Nerja en los últimos 150 años. Igualmente engloba las complejas relaciones económicas, sociales y de poder que ha mantenido la familia Larios con el pueblo y sus habitantes durante este periodo, y que perdura con su principal referencia simbólica: la Casa de la Marquesa, extraordinaria parcela con una histórica casa solariega vacacional y lugar donde se origina la pedanía de Maro a finales del siglo XVI a raíz del cultivo y la transformación de la caña dulce.

Aunque la Casa Larios ya estaba presente en Nerja desde mediados del siglo XIX, no es hasta 1930 cuando compra al Banco Hipotecario de España el grueso de tierras y propiedades que le faltaba adquirir en Maro, ampliando su latifundio con las tierras de la antigua colonia agrícola Las Mercedes y Maro, eriales transformados en fértiles tierras de cultivo mediante el aporte continuo de sustratos llevado a cabo por el campesinado durante generaciones. Los límites, con cinco kilómetros de costa, abarca desde el barranco de Burriana a poniente, hasta el río de la Miel a levante.

El enorme territorio adquirido incluía también todas las construcciones realizadas en siglos anteriores, tales como el ingenio preindustrial Armengol que se encontraba en desuso; las infraestructuras hidráulicas de canalización de las aguas de riego, donde destaca el acueducto del Águila; la fábrica azucarera-alcoholera San Joaquín y El Pabellón. Larios nunca construyó fábrica nueva o infraestructura alguna en la zona. Su plan era deshacerse de la competencia mediante la compra y cierre de las fábricas e ingenios ya construidos por el empresariado local que pudiera hacerle competencia, consiguiendo de esta forma monopolizar la producción de caña y la fabricación de azúcar en Maro y Nerja.

Durante su larga presencia y hasta nuestros días, Larios influye y condiciona significativamente la vida política y económica de Nerja y Maro y de toda la Axarquía, hasta el extremo de poner y quitar alcaldes y presentar candidatos propios a las elecciones; acumula bienes inmuebles y terrenos de cultivo del endeudado empresariado
local y endeudando al campesinado; protagoniza numerosos conflictos sociales y laborales debido a la baja de los precios a pagar por sus cosechas y a las precarias condiciones laborales a las que somete a sus obreros fabriles.

Una vez alcanzado el objetivo de monopolizar el rentable negocio del monocultivo azucarero en toda la costa de la Axarquía, y tras la crisis en el sector ocasionada por la bajada de los precios del azúcar extraído de la remolacha, Larios comienza en la segunda mitad del siglo XIX el cierre paulatino de sus fábricas, cerrando las últimas a finales de la década de los 60 del siglo XX, y reorienta sus intereses y el importante patrimonio acumulado al sector inmobiliario en la incipiente y prometedora industria del turismo, actual monocultivo del litoral malagueño.

EN LA ACTUALIDAD

Larios mantiene sus propiedades en barbecho social mediante contratos precarizados de nueve meses renovables, hasta que los procesos de urbanización le permitan obtener la plusvalía que le genera la capitalización de las tierras por su cambio de uso.

La maquinaria del capitalismo no puede detenerse de forma alguna: si en determinadas coyunturas considera que algunas de la variables que influyen en la producción de valor necesitan de un ajuste, lo hace, caiga quien caiga y lo que caiga; si no puede actuar en la de capital variable, los trabajadores —asunto que solucionó hace tiempo rozando los límites tolerables en cuanto a devaluación salarial y precarización en los contratos laborales (cuando los hay)—, actúa entonces en las de capital fijo, en este caso los recursos naturales, la naturaleza, la tierra… ¿Y qué hay más natural y exclusivo que un espacio natural protegido y de gran valor paisajístico como es Maro y su entorno?

Es en este contexto histórico y geográfico donde planea nuevamente un plan urbanizador de gran envergadura que amenaza con destruir una de las pocas zonas no urbanizadas en toda la Costal del Sol. Actualmente Nerja presenta un panorama excepcional en la costa de la provincia de Málaga y prácticamente en todo el Mediterráneo español: el 70% de su litoral está libre de urbanización y se encuentra protegido urbanísticamente. En la plataforma «Otro Maro y Nerja es posible» seguiremos luchando para que siga así.

Las nietas de las salvajes que no pudisteis esclavizar

Cuando hablamos de Andalucía, ¿dónde están las personas negras y afrodescendientes? Cuando hablamos de feminismos y antirracismo, ¿dónde se nos sitúa a las mujeres y feminidades negras? Entender las identidades como fronteras que no se cruzan obvia muchas realidades que estamos decididas a rescatar de la desmemoria

¿Qué es Biznegra?

Antes de nada, ¿qué es Biznegra? Somos una colectiva de mujeres afrodescendientes de Málaga, nuestro nombre toma inspiración en una biznaga, la flor endémica de Málaga que se compone de jazmines blancos. En esta versión, la biznaga es negra y tiene un peine afro en el centro; es una reapropiación de un símbolo pues, constantemente, las personas negras somos excluidas de las narrativas y el imaginario de España y, especialmente (y más preocupante), de Andalucía. De este modo, para nosotras la biznaga negra representa la colectividad y la negritud.

Aunque parezca que llevamos toda la vida, nuestra colectiva nace a principios de enero de 2020, año marcado por la pandemia, pero desde donde hemos articulado muchas actividades y alianzas. Algunas de ellas han sido: formación sobre Afrofeminismo en La Medusa Colectiva (espacio feminista autogestionado que siempre hemos sentido como una segunda casa, abierta y preparada para el pensamiento crítico y autocrítico, para pensar cómo los feminismos tienen que repensarse); acompañamiento a les compañeres y hermanes de la campaña de #RegularizaciónYa, exigiendo medidas que aseguren a todas las personas migrantes y en situación irregular, la categoría de sujetas de derechos en el Estado español; y el impulso junto a las Hermanas Vontrier y personas afro autónomas de las movilizaciones de CNAAE (Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en España) el 7 de junio de 2020, que fueron replicadas en distintos puntos del país y del mundo por las vidas negras.

Hablamos de la historia afro de España; trenzada y creada conjuntamente con las hermanas de la Red Afro
Feminista la campaña #AfroreferentesKM0, como celebración del día de la mujer afrodescendiente; el inicio del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad de Málaga, y un larguísimo etcétera de actividades, personas, colectivas y entidades para las cuales no hay suficientes artículos para contar.

AFROZINE

Pero lo que hoy nos trae aquí es, y ha sido, la elaboración y producción de nuestro afrozine Mata Ga Milka (Mujeres al poder). ¿Qué es un afrozine? Es un fanzine afrocentrado, que cuenta con la colaboración de la editorial Avenate (una editorial feminista andaluza autogestionada), para ir dando forma a este proyecto en el que han participado ilustrándolo artistas afro como:

— La Flor Del Tamarindo (@laflordetamarindo), artista dominicana afincada en Barcelona, diseñadora de moda, ilustradora y artista gráfica. El feminismo, el antirracismo y la negritud son temas que son abordados en su trabajo en un ambiente rodeado de naturaleza.

— La Negra Art (@lanegra.art), artista, ilustradora y tatuadora malagueña, que toma inspiración para su trabajo
la feminidad, lo esotérico y lo animal. Su nombre supone una reapropiación del sobrenombre que le acompaña siempre desde que tiene uso de razón.

— Carla Hayes (@carlahayes_), artista malagueña que desarrolla su trabajo relacionado con la identidad afrodescendiente, así como a la investigación de temas relativos al ámbito poscolonial y de género, en el arte.

— Emma Uwejoma (@emmauwejoma), artista e ilustradora británica con base en el sur. Trabaja diseñando para una compañía de mujeres negras de Estados Unidos.

Las compañeras de la editorial Avenate son un proyecto editorial autogestionado llevado por dos mujeres andaluzas de barrio y lesbianas, Carmen y Aurora.

Este fanzine —bueno, la idea de él—, nace de un taller sobre las mujeres negras en la historia y la revolución, pues éramos conscientes de la necesidad de contar nuestras propias historias. La falta de referentes afro o, más bien, la dificultad para tener acceso a sus historias, es algo notorio y que impacta en nuestro
desarrollo vital. Su materialización fue posible principalmente por centrar los cuidados en el proyecto, ya que somos conocedoras de la idea de la militancia productiva y este sistema capitalista del «todo ya», así como la cuestión de la productividad en la militancia activista (donde se cuestiona qué es activismo así como las formas). Tuvimos que poner muchos tiempos y dinero propio para no precarizar, pues somos conscientes como pobres y clase obrera de cómo se precariza desde la no retribución en nombre del activismo. Por otro lado, muchas personas, entidades y librerías apoyaron económicamente la preventa con la que pudimos cubrir los gastos de hacerlo físico y poder, entre todas, acuerparlo.

¿De qué habla el afrozine?

¿Cuántas personas conocen a Maria Felipa de Oliveira, Remedios Valle o Mary Prince? Si te decimos el nombre de Nefertiti o la reina de Saaba, ¿te sorprenderías? ¿Y cuántas personas se sorprenderían, al saber que son negras? Hablar de estas mujeres es profundamente político. Recuperar nuestras historias y las de nuestras ancestras es profundamente político. Desblanquear sus vidas e historias, es profundamente político.

Volviendo al título, Las nietas de las salvajes que no pudisteis esclavizar es una clara reapropiación y declaración de intenciones que se desarrolla en el contenido del afrozine, la historia contada sobre nuestros pueblos se contextualiza casi exclusivamente en el período de la colonización y esclavización por parte de Europa (obviando deliberadamente nuestra amplia y rica historia al margen de este hecho, cuyo impacto dramático seguimos viviendo hoy en día). Asimismo, cuando se habla de la «liberación de esclavos» (asumiendo como inherente la condición de esclavizadas de esta personas por cuestiones raciales), se obvia que estos procesos fueron impulsados por las propias personas esclavizadas, siendo las mujeres negras piezas claves en la mayoría de casos de resistencia contra la esclavitud y contra el sistema racista y colonial alrededor del globo, incluida la península ibérica.

Por ello, este afrozine es importante tanto para nosotras como para nuestra comunidad, para las que están y para las que vendrán. A fecha de hoy, podéis encontrarlo en estas librerías: United Minds (Valencia), Traficantes de Sueños (Madrid) y en La Fuga Librerías (Sevilla).

Próximamente estará disponible en más librerías, estad todas atentas a nuestras redes (@biznegra en instagram y twitter), la segunda edición está en el horno.

PS: No, no tenemos ni tendremos el afrozine en Amazon, quizás podríamos llegar a más personas pero iría en contra de nuestros principio de apoyar lo local y el barrio.

Referentes afrodescendientes y traducciones

Probablemente si eres un lector blanco, cishetero y que encaja en los cánones básicos de la sociedad europea occidental, nunca te habrás percatado de cómo tu contexto te ha facilitado encontrar y definir tu identidad, tus capacidades u oportunidades gracias a personas, películas, libros o cualquier cosa en la que te hayas visto reflejado. Esto es porque, por suerte, nunca has tenido que vivir en un mundo en el que tu persona es una minoría en comparación a las demás y siempre has podido encontrar a alguien con características e historias similares a las tuyas.

Por raro que parezca, es una situación privilegiada que algunos desgraciadamente no hemos tenido la oportunidad de vivir. La Real Academia Española define referente como ‘cosa tomada como referencia o modelo de otra’. Los blancos españoles habéis podido encontrar referentes positivos durante toda vuestra historia. Digo referentes positivos porque, vuestras historias, pueden estar protagonizadas por duques, estrellas del cine o aristócratas y a nadie le parecerá nada fuera de lo común. Sin embargo, es un suceso casi milagroso leer o ver la historia de un negro que no sea esclavo, pobre, desdichado, de clase baja o con un coeficiente intelectual bajo. No nos muestran al gitano, negro o asiático en situaciones afortunadas y agradables pero, desde luego, no tienen miedo a transmitir contenidos racistas en series como La que se avecina.

Me atrevo a decir que no nos lo muestran porque no se debe a una falta de contenidos sobre las realidades de la gente racializada, o sus capacidades para lograr éxito, sino a una falta de medios que hagan llegar estas historias a nosotros, y ya son décadas e incluso siglos los que llevan viviendo familias negras en este país sin haberlas tenido en cuenta a la hora de representarles como una parte más de la ciudadanía.

Sin embargo, a pesar de que lxs racializadxs tenemos una larga historia de carencia en cuanto a referentes, sí los ha habido internacionales aunque no nos han llegado tan fácilmente, ya que los medios nos mostraban lo menos posible hasta hace muy poco. Hoy en día tenemos la suerte de contar con afroespañolas como Lucía Mbomio, Eva Ruíz, Desirée Bela-Lobedde, o Famous y Nia de Operación Triunfo; además de contar con personas afrodescendientes internacionales tales como Viola Davis, Lupita Nyong’o, Beyoncé o Indya Moore (entre muchas otras artistas negras). Sin embargo, cuando nos alejamos del ámbito de la música y la televisión se nos va haciendo cada vez más difícil encontrar quien se parezca a nosotras y no precisamente por falta de personal. A la hora de buscar referentes en la literatura, tenemos una amplia cantidad de mujeres negras anglosajonas con las que podemos nutrir nuestro intelecto; con novelas, ensayos, poemas y demás, y aunque pueda parecer que no nos falta acceso a estas lecturas, ya que contamos con tremendas escritoras como Toni Morrison o Alice Walker que sí han sido traducidas, lxs hispanohablantes sí carecemos
de traducciones que nos faciliten la lectura pues no debemos suponer que cualquiera tenga un nivel tan alto de inglés como para comprender Barracoon: The Story of the Last Black Cargo de Zora Neale Hurston o The Wife’s Tale de Aida Edemariam.

Parece que todavía, en nuestra sociedad mayoritariamente blanca, no se nos da la importancia que tenemos como ciudadanos que somos y no son conscientes de que al igual que ellos han tenido la suerte de crecer con historias como Harry Potter, nosotrxs también deberíamos poder tener fácil acceso a una infinidad de libros cuyos personajes se asemejen más a nosotrxs, pues aunque muchos no lo entiendan, sí hay diferencias sociales y culturales entre blancxs y racializadxs, hasta en los más pequeños detalles de nuestra vida. Esto afecta especialmente a lxs más jovenes, justo en las edades que más necesitamos referentes, ya que pocos de los libros juveniles dirigidos a jóvenes negrxs están traducidos. Parece ser que, por alguna razón, ven más necesario traducir todos los libros de John Green y no cualquier romance entre dos personas racializadas (que abundan), que nos hagan sentirnos parte del mismo cuento de hadas. Poco a poco vamos teniendo más libros disponibles en español donde se hable de nosotrxs pero, aunque suelen tener el tema racial como tema principal, lo cual esta muy bien, ese no es el único objetivo.

Debemos empezar a ser conscientes de que, a pesar de nuestro color de piel, nuestros orígenes y lo que esto ocasiona en nuestro día a día, nuestra vida no solo se centra en eso. También podemos contar historias de fantasía, amor o humor donde no todo sea lo que hemos sufrido, a cuántos de nosotros han matado y cosas por el estilo. Esto no quiere decir que lo anterior no sea importante, pues tener consciencia de la historia de nuestra comunidad es algo que, tanto nosotrxs como lxs que no se ven directamente afectadxs, no debemos olvidar y sobre lo que no debemos dejar de informarnos. Pero lxs racializadxs no podemos rodearnos solo del dolor y el sufrimiento con el que cargamos desde hace siglos, ya que es una tortura para nuestra salud mental como lo sería para la de cualquier otra persona. Aparte de no dejar de escuchar cómo el mundo en el que vivimos nos rechaza continuamente, nos viene bien contemplar cómo salvamos el mundo de un gran villano o cómo formamos una banda de rap exitosa, para vernos capaces de algo más que de aguantar golpes y palos de todo el mundo.

Al fin y al cabo, para eso sirven los referentes y por eso nosotrxs, que tan pocos hemos tenido, los necesitamos tanto: para poder vernos cualificados para llegar todo lo alto que queramos con cualquier objetivo que nos propongamos. Como con muchas otras situaciones, lxs racializadxs nos hemos cansado de que nos invisibilicen y no nos tengan en cuenta. Ya es hora de que las editoriales españolas sean conscientes de que lxs niñxs y adolescentes racializadxs también existimos desde hace mucho en su mundo y sociedad y nos merecemos historias con las que podamos empatizar realmente con los personajes y sentir que la lectura nos refleja y nos pertenece para no crearnos inseguridades y sentimiento de marginación como llevan haciendo durante tantísimos años.

¡El Sahara en guerra! ¿Qué pasó?

El pasado 21 de octubre civiles saharauis cortaron el paso de Guerguerat, abierto unilateralmente por Marruecos en el sur del muro militar que construyó en los 80 y que hoy divide en dos el mapa del Sahara Occidental. El Gobierno saharaui comunicó su cierre a la Minurso, la misión de Naciones Unidas para el referéndum, aclarando que en la directiva militar n.º 1 —firmada a finales de los 90 por el Polisario y Marruecos como anexo al plan de alto al fuego— no figuraba esta brecha, por tanto, ilegal. Fuerzas marroquíes se concentraron en la zona. Los cascos azules que vigilaban la protesta «preguntaban cada día a los manifestantes cuándo iban a abrir la brecha, convirtiéndose así en defensores del invasor marroquí y no del referéndum para el que fue creada la misión», declaraba el responsable militar saharaui en la zona, el comandante Mohamed Alal.

Este paso se abrió en 2001 para exportar los recursos que Marruecos extrae de las zonas ocupadas con participación de empresas europeas. Desde entonces, el Polisario ha presentado más de 50 denuncias a Naciones Unidas. En 2016, Marruecos intentó ampliar a través de la brecha la carretera que ya había construido en las zonas ocupadas, al objeto de facilitar el tráfico de camiones y su ocupación hasta la frontera mauritana del bufferzone (una franja desmilitarizada de 5 km situada en la zona bajo control del Polisario según los acuerdos). El Ejército saharaui paralizó las obras, lo que bloqueó el paso. Escaló la tensión, pero finalmente en abril de 2017 se retiró de la zona ante el llamamiento de la ONU.

«El Ejército marroquí no puede intervenir para reabrir la brecha ya que la manifestación pacífica se ubica fuera del muro minado. Además, ello significaría el retorno a la guerra», afirmaba en octubre el intelectual mauritano Ismael Shej Sidía. Pero el 7 de noviembre, tras su discurso anual en conmemoración de la Marcha Verde, Mohamed VI envió al Guerguerat la Tercera Brigada Motorizada. En la madrugada del 13, esta fuerza de élite del ejército marroquí cruzó a la franja desmilitarizada para desmantelar el campamento de protesta. Ese mismo día, el presidente saharaui Brahim Galli envió una carta urgente a la ONU reclamando una condena enérgica de los hechos. Pero no hubo respuesta oficial. «Ante este acto de agresión —escribía—, las fuerzas militares saharauis se han visto obligadas a enfrentarse a las fuerzas marroquíes en legítima defensa y protección a la población civil». Al día siguiente decretaba el fin del compromiso con el alto el fuego firmado en 1991.

Estalló una guerra que actores implicados se empeñan en ocultar, empezando por Marruecos. El Sahara Occidental es una baza para los intereses del sultán alauí, un monarca absolutista que gestiona su feudo con mano férrea y un «maquillaje demócrata» que le aconsejan sus aliados occidentales. Prefiere utilizar la realpolitik, los chantajes y las promesas, que cumplirá o no.

Y por esa vía llegó el tuit de Trump, el cual reconocía la marroquinidad del Sahara Occidental ocupado, y el revuelo internacional. «El presidente Trump ha revelado una vez más su desprecio por el derecho internacional y los derechos humanos básicos al reconocer oficialmente la ocupación criminal y brutal del Sahara Occidental por Marruecos —declaraba Noam Chomsky tras el anuncio—. Esto fue claramente un regalo para Marruecos a cambio de su aceptación de la solicitud de Trump de reconocer la ocupación criminal y brutal de Israel de la Cisjordania palestina». Similares críticas hicieron James Baker, padre del plan de paz, y John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Trump, que pedía a Biden revertir la decisión y justificaba que el Polisario pudiera optar por regresar al campo de batalla.

Hasta la ministra González Laya pidió respeto a las resoluciones de la ONU. Aunque nuestro país sigue perdiendo peso en el conflicto y, como dice Bolton, refiriéndose a España y Francia como actores que podrían promover su resolución: «If they choose not to say anything, they should remain silent bystanders», invitándolos a quedarse callados.

La actitud del secretario general Antonio Guterres tampoco ha ayudado y con él se va difuminando el compromiso del referéndum de los papeles de la ONU. Escribía Ebnu, poeta y diplomático saharaui, que «el secretario general de la ONU afirme, sin ningún rubor, que una brecha ilegal, hecha por un régimen de ocupación ilegal en un muro ilegal, es un paso para mercancías y personas, es sencillamente vergonzoso (…) ¡Qué vergüenza! Hablar de la libertad de movimiento, hablar de libertad de circulación, cuando en el Sahara Occidental desde hace más de 45 años está prohibida la libertad. ¡Pero ya no importa!»

«Todos somos conscientes de que la independencia del pueblo saharaui no se nos va a dar, hay que quitársela al invasor marroquí —declaraba el comandante Alal desde el frente próximo al Guerguerat—. El estado de ánimo de los jóvenes es muy alto». Paradójicamente, la vuelta a las armas ha abierto una ventana de esperanza para la frustrada juventud saharaui.

Como 45 años atrás, los hombres se alistan en masa y las mujeres asumen la gestión total del refugio: salud, educación, supervivencia, etc. En las zonas ocupadas, la Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí (Isacom), que aglutina a activistas como Aminatou Haidar y Elghalia Djimi, denuncia una escalada de la represión. Los colectivos de periodistas saharauis que allí trabajan en la clandestinidad para intentar romper el bloqueo informativo, como Equipe Media o Nushatta, son perseguidos policial y jurídicamente según Amnistía Internacional.

«Nadie quiere la guerra, pero nuestros corazones están hechos para liberar el Sahara Occidental», gritan las mujeres saharauis en las manifestaciones que se suceden por todo el Estado español. La resistencia es condición constituyente del pueblo saharaui del siglo XXI, lo que obliga a Marruecos a culminar su genocidio si quiere perpetuar la ocupación. Ha dado un nuevo paso, calculado o en falso, ya que la guerra no tendrá buena acogida entre la castigada sociedad marroquí ni en su maltrecha economía. Sabemos cómo ha empezado, no cómo terminará. Podría convertirse en un conflicto global en el norte de África, porque Argelia —además de recordar su compromiso con el pueblo saharaui— ha denunciado movimientos para desestabilizar su país. No se precisan lo que algunos bolsillos llaman «soluciones realistas» para construir una paz duradera en la zona. Son necesarias y urgentes, justicia y «política de altura».

Un sueño: que nadie ejerza la prostitución en mis mismas condiciones

En el Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) tenemos un doble objetivo: contribuir a la información y conciencia social sobre nuestra situación y demandas, y reivindicar que quienes gobiernan aborden esta realidad con nosotras, diseñando políticas que puedan mejorar nuestras vidas. En ningún momento imaginábamos que tendríamos que dar un giro a nuestros objetivos para atender las llamadas de socorro de compañeras desesperadas desde el comienzo de la pandemia (problemas para afrontar el alquiler, amenazas de desahucios, situación de calle, imposibilidad de cubrir necesidades básica, etc).

Las alianzas y redes de apoyo tejidas en nuestros casi tres años de vida han hecho posible que las necesidades básicas de más de 100 compañeras hayan quedado cubiertas durante el confinamiento. Gracias a la autogestión de colectivos feministas, antirepresivos, movimientos okupas y defensores de los derechos humanos; a través de las redes de apoyo vecinales o de aportaciones económicas de particulares y de partidos políticos de algunas localidades.

El colectivo de trabajadoras sexuales ha quedado excluido de las medidas de protección social implementadas por el gobierno central. La falta de reconocimiento y derechos nos deja sin la posibilidad de acogernos a ningún tipo de subsidio ni prestación por desempleo, mucho menos a los ERTEs.

El 21 de abril el Ministerio de Igualdad publicó la Ampliación del Plan de Contingencia contra la violencia de género ante la crisis COVID-19 en el que incluían medidas adicionales dirigidas a víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución. El 1 de junio las mujeres en contextos de prostitución desaparecían de esta ampliación en el BOE. El resultado: la única posibilidad para las trabajadoras sexuales es solicitar el IMV por el umbral de renta, algo casi imposible porque muy pocas cumplen con los requisitos exigidos. También quedan fuera todas las compañeras en situación irregular.

Con la «nueva normalidad» muchas comunidades autónomas cierran los clubes de alterne a petición del Ministerio de Igualdad. Irene Montero aseguraba el 21 de agosto que dicho cierre y perseguir la prostitución «va a ser fundamental para el control de los rebrotes, ya que el rastreo es mas difícil en las mujeres prostituidas y es preciso garantizar sus derechos».

La señora ministra debería saber que no pueden garantizarnos derechos que no tenemos reconocidos, como el derecho a la sanidad para todas nuestras compañeres migrantes irregulares. Derecho que en tiempos de pandemia nos hubiera garantizado el no ser perseguidas como transmisoras.

La ministra Irene Montero parece seguir la misma estela que sus socias de gobierno anunciando que los ministerios de Justicia e Igualdad acordaron endurecer el Código Penal para perseguir todo tipo de proxenetismo y castigar a quienes se lucran del alquiler de locales donde se produce explotación sexual. Dicha reforma se incluirá en la futura ley orgánica de Garantía sobre Ley de Libertad Sexual, la ley del «solo sí es sí». Su intención es incorporar una nueva tipificación de delitos en el Código Penal: el proxenetismo en todas sus formas y la «tercería locativa». En declaraciones públicas la ministra dijo «haremos lo que nadie se atrevió a hacer». Señora ministra, esto ya se hizo. En la reforma del Código Penal impulsada por CIU en 2003 que amplió la definición de proxenetismos y estuvo vigente hasta el 2015.

¿Qué sucederá si el alquiler de habitaciones en clubes pasa a tipificarse como delito? Subidas de alquileres para quienes trabajan a través del hospedaje, dificultades para alquilar pisos y trabajar de independientes. Esto nos empujará a la calle, donde nos persigue la ley mordaza y las ordenanzas municipales, o a trabajar en espacios clandestinos donde el proxenetismo campará a sus anchas. Si nos organizáramos para trabajar juntas varias compañeras en un piso, quien firme el contrato puede ir a la cárcel por proxeneta, como ya ocurre en Argentina. También podrán ser acusados de proxenetismo nuestros hijos mayores de edad y nuestras parejas.

Consideramos alarmante y terriblemente irresponsable por parte del Gobierno el aumento de este tipo de políticas, más aun en el actual contexto. Las trabajadoras sexuales y diversas ONGs (entre ellas Cruz Roja, Médicos del Mundo y Proyecto Esperanza) venimos denunciando reiteradamente la situación de abandono en la que nos encontramos. Tampoco se han tenido en cuenta informes sobre prostitución como los de Amnistía Internacional (AI) que señala las consecuencias de este tipo de políticas punitivas en diferentes países (Uganda, Nigeria, Túnez, Argentina). Estas han empeorado aún más nuestra situación de precariedad además de aumentar la clandestinidad y los abusos y no ser eficaces para luchar contra la trata.

Tanto AI como otras organizaciones se han sumado para apoyar la despenalización del trabajo sexual con consentimiento: Alianza global contra la trata de mujeres, la comisión global sobre VIH y derechos, Human Rights Watch, Onusida, el relator especial de la ONU sobre derecho a la salud, entre otras.

Les trabajadores sexuales estamos sometidas diariamente a una violencia institucional producto de decisiones tomadas y llevadas a cabo a través políticas públicas locales, autonómicas y estatales donde en ningún momento hemos sido el centro. Las putas formamos parte de esos colectivos pobres usados por todos los partidos políticos en todos los programas electorales donde nos han vendido sus buenas intenciones (trabajadoras del hogar o del calzado, vendedores ambulantes, sin techo, migrantes, etc.). Pocas veces han cumplido lo prometido, ni han acompañado las leyes con presupuestos para dar esas alternativas que nos venden para terminar con la pobreza que nos atraviesa a todes.

Desde el comienzo de la pandemia causada por la COVID-19, desde el Ministerio de Igualdad se ha hablado mucho sobre las prostitutas. No se puede decir lo mismo de las veces que se ha reunido con los colectivos de trabajadoras sexuales. El CPS junto a la Apdha solicitamos una reunión que nos fue concedida el 3 de junio y posteriormente cancelada, emplazándonos a otra fecha que aun estamos esperando.

Gestionar estas leyes sin escuchar a los colectivos implicados también es violencia institucional, más dolorosa aún viniendo de partidos políticos denominados de izquierdas.

Batido de fresa

En la aldea del Rocío el polvo no es solo para los rocieros. A cientxs de jornalerxs tampoco nos deja ver el camino. Debajo del invernadero la fresa está que arde. Eso sí, damos fe de un milagro, la virgen del rocío extendió su manto invisible sobre los ojos de los patrones como para que el dichoso virus nunca hubiera existido.

La historia de los sin nombre, la que siempre se repite, ese tipo de historias que te las cuente quien te las cuente, siempre tienen algo en común; desazón, impotencia, rabia y un sabor de boca bien amargo aunque lo intentes endulzar con fresas.

Apenas a 15 km de la famosa aldea de El Rocío (Almonte) se erige la macro-explotación de frutos rojos «los Mímbrales» con más de mil jornalerxs esclavizadxs. Llegué allí a través de una ETT que ofrecía trabajo y alojamiento. El sueldo era pésimo, pero en tiempos de pandemia pensé «mejor esto que nada». Claro que era consciente de dónde me metía. Había escuchado muchísimas cosas que ocurrían allí, pero pensaba que eran casos esporádicos y que se referían más a la dureza del trabajo en sí. Mi sorpresa fue que el esfuerzo físico, que obviamente era inmenso, fue lo más soportable. Sí, debajo de un invernadero el calor y la fatiga asfixian, pero lo que de verdad me quitaba el aire eran otras cosas. La violencia verbal era constante.

Para lxs manijerxs (capataces del campo) éramos escoria, gente a la que se le podía insultar, vejar, estrujar y explotar. Sabían que necesitábamos el dinero y que si no nos gustaban sus reglas nos podíamos ir. Pero no es nada fácil decidir marcharte y quedarte con los bolsillos vacíos. A sabiendas de esta necesidad, estxs chupasangres sin escrúpulos no dudan en convertir sus explotaciones agrícolas en algo parecido a un campo de trabajos forzados. Casi todos los días había personas que se desplomaban con problemas graves de salud, bajadas de tensión, ataques epilépticos, golpes de calor.

El alojamiento era verdaderamente impactante. Veníamos de la obligación de estar confinadxs y de repente nos meten a setenta personas en una casa. Seis por habitación, una sola cocina y cinco baños. Los enseres escaseaban y los primeros días ni siquiera hubo mantas para todxs. Afortunadamente, la peña que habitaba la casa era estupenda: gente de Burkina Faso, Yemen, Gambia, etc. A pesar del bulo mediático que predecía, en plena crisis pandémica y laboral, vi que españolxs allí seguíamos siendo pocxs; de lxs de Vox no había ningunx (por eso igual había buen rollo). Un dato más: mujeres, pocas, ocho de setenta.

Al hacinamiento humano había que sumarle algo bastante peor: las chinches. Por este maravilloso alojamiento nos cobraban 2.50 € a cada unx, butano aparte. Haciendo una cuenta rápida: setenta trabajadores viviendo allí un mes les rentaban 5 250 € y, sorprendentemente, el convenio establece que la vivienda debe ser gratuita. Como esta casa había dos más en las mismas condiciones. Suma y sigue…

El ambiente en la aldea era turbio, hostil y racista. Parece que son mejor recibidxs lxs miles de peregrinxs que lxs jornalerxs que van a trabajar «sus tierras». A pesar de que el pueblo estaba medio vacío y de verse poca gente en la calle, las pocas veces que salíamos a dar un paseo, lxs vecinxs no dudaban en increparnos a gritos porque paseábamos en pequeño grupos, cuando sabían perfectamente que convivíamos todxs hacinados en la misma casa.

¿Y qué decir de los picoletos? Perros guardianes de toda la maquinaria explotadora que en lugar de ponerse de nuestra parte y denunciar la ilegalidad de la situación venían solo a amenazarnos con multas. Es surrealista que en tiempo de pandemia los cuerpos de seguridad del Estado hagan la vista gorda con la empresa que no ponía ni una sola medida de seguridad (siempre vienen a molestar a lxs mismxs). Estos hombres de verde conocían perfectamente la situación en la que nos hallábamos. La mayoría de sus visitas se producían en el momento de coger el autobús «facilitado» por la empresa para llevarnos al tajo y donde era absurdo mantener la distancia de seguridad para acabar metidxs todxs dentro sin una sola mascarilla. El autobús era uno para todxs (debía trasladar al conjunto de las tres casas a unas 200 personas) y todxs queríamos montarnos lxs primerxs. De lo contrario, suponía llegar tarde y sufrir los gritos de lxs manijerxs. El primer día que vi como la peña se empujaba para meterse a toda prisa no entendí nada. Me quede de la última y ya sabéis, gritos. Al acabar la jornada me di cuenta que otra vez era lo mismo, todxs agolpadxs… Otra vez no entrar de lxs primerxs suponía regresar una hora o dos más tarde a la casa. Y quedarse todo este tiempo tiradx en el albero, con sed, calor y respirando polvo. En fin, al poco yo también me vi luchando para intentar entrar de lxs primerxs pero, con lo bajita que soy, solo me lleve unos cuantos de revoleos. A ver, sin acritud, entiendo que con todo este percal, la conquista de los primeros asientos nos nublaba la vista. Por cierto, por esta mierda de servicio también nos cobraban y también por convenio debería ser gratuito.

Al tiempo, nos despidieron a unas treinta personas de golpe, de forma injustificada y no procedente. Imagina la cara que se nos quedó cuando nos sacaron del invernadero y nos echaron a la calle de malas maneras, con la excusa de que si no era hoy sería mañana, dado que la campaña ya estaba finalizando y que estábamos bajo el mínimo de producción, cuando precisamente ese día no había ningún control de las cantidades. En fin, algo bastante aleatorio; en ese grupo había trabajadorxs muy válidxs. Parecía más una táctica para amedrentar al resto de la plantilla que mantenía su puesto y dejar claro que allí si no te matas, te echan. En medio de toda la vorágine, me dio por decirles que eso no era legal, que nos pondríamos de acuerdo y hablaríamos con una abogada. A la tarde vino un señoro a la casa, readmitió a 5 o 6 personas y a mí en concreto me dejó fuera por haber dicho lo de la abogada. O sea, que para estos malnacidos, informarnos de nuestros derechos es un motivo para el despido.

Afortunadamente, conté con la ayuda de mis amiguis abogadxs, y especialmente con el apoyo de Jornaleras de Huelva, que en todo momento se interesaron por nuestra situación. A día de hoy un pequeño grupo estamos intentando denunciar a la empresa a través de este colectivo que nos presta servicio jurídico gratuito, aunque el proceso va a ser un poco difícil, pues la empresa nunca nos facilitó el contrato ni la carta de despido.

Pues nada, aquí la historia de lxs sin nombre, la de lxs jornalerxs explotadxs del campo. A pesar de la injusticia vivida me quedo con ellxs, que sí que tienen nombre. Muchas gracias, Jawara, Harouna, Yule y Ana. Todo esto sin vosotrxs habría sido mil veces más duro. Ustedes son lo mejor de esta historia.

Así que al Rocío no pienso volver. Boicot a la fresa forever. Que ardan los invernaderos. No la compres que te quemas las manos.

Barrio En Pie… ¡y caminando!

Paro, precariedad laboral, desahucios, cortes de suministro de luz, altos índices de fracaso escolar e incluso dificultades para comer dignamente son algunas de las carencias que vivimos día a día y a las que, lamentablemente, las instituciones no responden. El colectivo vecinal Barrio En Pie, creado en el 2014 en el barrio de la Macarena, trata de abordarlas desde la autoorganización vecinal.

La historia nos ha enseñado que todos los grandes cambios políticos y las mejoras en nuestras condiciones de vida han sido fruto de la organización y la lucha popular, necesarias para dar respuesta a las adversidades a las que nos enfrentamos socialmente. Solo desde esa autoorganización es posible sembrar la semilla que germine en la toma de un poder que está en manos de los sectores más ricos e influyentes, cuyos enormes beneficios son el resultado de la explotación de los más débiles.

Contexto

En el 2014, año de numerosos recortes sociales, aumentan las necesidades que ya existían tras el estallido de la crisis económica del 2008. Necesidades que, previsiblemente, se incrementarán dramáticamente en este rebrote de crisis que vivimos en 2020. En aquel contexto, la represión laboral era cada vez mayor y exigir derechos laborales podía llevar al despido. Ante estas condiciones, el barrio resurge como una especie de zona liberada de esa dictadura laboral para los/as vecinos/as, donde pueden expresar sus reivindicaciones sin represalias. 2014 fue también un año de numerosas y legítimas ilusiones electorales, donde mucha gente esperaba mejorar su situación a través de las urnas. Así, aunque la autoorganización popular se hacía muy necesaria, gran parte del activismo existente aparcó esta idea prefiriendo jugárselo todo a la carta electoral.

Estar en el barrio

Bajo esta premisa nace Barrio En Pie, con la intención de canalizar la organización vecinal de la barriada de El Rocío (aunque la zona ha ido variando con el tiempo y actualmente estamos en la barriada de Los Príncipes). A los primeros encuentros acudieron personas de diversos colectivos y con diferentes sensibilidades políticas, pero con la idea compartida de la necesidad del poder popular y del papel del barrio en la creación de este. No fue fácil superar las legítimas reivindicaciones políticas que cada uno traía de su casa. Hubieron largos debates sobre qué programa llevar al barrio, qué reivindicaciones había que acercar a los/as vecinos/as… La experiencia nos confirma que el error estaba en la raíz de la cuestión: no se trataba de discutir qué llevar al barrio, sino de estar en el barrio. Y es que, cuando la premisa es la autoorganización, la tendencia general activista es olvidarse de la primera parte de esa palabra, auto; porque se trata de ayudar a que los vecinos/as se organicen ellos mismos. Estar en el barrio es preguntar a sus habitantes qué dificultades tienen, colaborar con ellos e implicarlos en esa misma ayuda. Y eso fue lo que hicimos.

Contactando con colectivos y asociaciones del barrio, decidimos que era necesario hacer un reparto de comida a quienes lo requiriesen. En las puertas de los supermercados del barrio, nos presentamos a los/as vecinos/as que iban entrando, invitándoles a una próxima asamblea vecinal y a colaborar si podían. Su respuesta y sus palabras de apoyo fueron muy positivas. Así, entendimos que uno de los aspectos más importantes de formar parte de un colectivo barrial es el factor emocional. Afrontar colectivamente los problemas aleja la sensación de indefensión y aislamiento; la red de apoyo y las relaciones de amistad que poco a poco se construyen son sin duda el mejor antídoto ante ellos.

La primera asamblea vecinal, donde los/as vecinos/as hicieron suya la iniciativa, fue el verdadero origen de Barrio En Pie. Allí empezaron a compartir experiencias y se establecieron las primeras relaciones. Así surgieron, a requerimiento del propio barrio, otras iniciativas como las clases de apoyo escolar gratuito, más recogidas de alimento, la búsqueda de un techo digno para los/as desahuciados/as, las galas…En los últimos meses, nuestra actividad más regular ha sido el apoyo escolar gratuito a estudiantes de todos los niveles (todos los lunes de 18 a 20h en la Parcela 7 de la barriada de Los Príncipes), así como la realización de asambleas vecinales y diversas actividades culturales: talleres de fotografía, manualidades y grafiti, en los que decoramos la fachada de una tienda de alimentación de la zona con la ayuda de un experimentado grafitero. Además, desde Barrio En Pie colaboramos en las actividades culturales organizadas por Tu barrio en positivo, una asociación de vecinos/as y comercios éticos de la zona.

Presente

Ahora, con el brutal rebrote de crisis económica desencadenado por la pandemia, es indispensable establecer redes de solidaridad popular que, en lo posible, alivien las dramáticas situaciones que se están viviendo. Para ello, desde el comienzo del estado de alarma hubo vecinas que se pusieron a disposición de los/as más vulnerables para las nuevas necesidades que ha traído el confinamiento: cuidar de los/as niños/as, hacer la compra, ir a la farmacia… Actualmente, ya que las clases de apoyo son inviables, algunos integrantes de Barrio En Pie están colaborando con la red de apoyo mutuo RAMUCA impartiendo clases telemáticas a los niños con esta necesidad.

Sabemos que nuestro humilde colectivo no va a poder subsanar por completo todas estas situaciones. No queremos competir en caridad con otros organismos que tienen grandes empresas (y mucha mercadotecnia detrás). Nuestro trabajo se centra en dar poder a los/as vecinos/as desde la organización y la solidaridad,con elque aprendamos a no esperar que nos salven quienes se preocupan más por rescatar una banca, que luego nos echa de nuestras casas o nos niega los créditos para sacar adelante nuestras familias. Tenemos la oportunidad y la necesidad inmediata de organizarnos, de poner la primera piedra que construya el camino para desbancarlos.Creemos que Barrio En Pie no es aún el poder popular, pero es la demostración de que es posible. Creemos entonces uno, dos, mil Barrios En Pie en cada barrio poniendo en valor lo mejor de los mismos, potenciando la cultura y la formación, reforzando a los pequeños comercios que existen en ellos, participando en propuestas de otros grupos que ya estén funcionando. Escuchemos y tomémosle el pulso a nuestro barrio siendo parte activa de él.

Puedes contactar con nosotros/as a través de nuestras redes sociales. ¡Ponte en pie y anímate a participar! Trabajemos para tejer redes de colaboración y apoyo mutuo ya que, como estamos volviendo a comprobar, ¡solo el pueblo salva al pueblo!

DECLARAR LA EMERGENCIA CLIMÁTICA SIN ASUMIR QUE TODO CAMBIE

El recién elegido Gobierno anuncia, dentro de los 100 primeros días, compromisos para afrontar la emergencia climática. Sin embargo, seguimos aún muy lejos de reconocer las indicaciones científicas. La magnitud de los cambios necesarios nos debería llevar a una transformación completa del empleo y el trabajo, pero seguimos sin asumir que además de reducir las emisiones hay que reducir el consumo.

La cumbre de cambio climático celebrada el pasado diciembre en la ciudad de Madrid fue el escaparate perfecto para que muchos políticos mostraran su enorme preocupación ante la crisis climática que enfrentamos. El reconocimiento del concepto de «emergencia climática» se ha plasmado en numerosas declaraciones más simbólicas que reales que vienen a reconocer «lo que dice la ciencia». Un concepto que parece restringirse a lo que son los impactos del cambio climático, es decir, el incremento de sequías, fenómenos meteorológicos extremos, grandes incendios forestales… Curiosamente las declaraciones de emergencia olvidan mencionar las reducciones marcadas por la ciencia.

El propio secretariado de las Naciones Unidas no ha querido que esto pase desapercibido, así, el pasado noviembre publicaba un informe que afirmaba con contundencia que las emisiones a nivel global deberían descender del orden de un 7,6% mundial. Un ritmo de descenso de las emisiones mundiales que no tiene en cuenta un principio de justicia climática que indica que los países más emisores históricamente deberían hacer recortes muy superiores, en el entorno del 10% anual. Una comparación de estos indicadores sería la caída de la industria soviética en los años 90 que alcanzó reducciones del 4%.

La realidad es que los compromisos presentados por el actual Gobierno español apenas llegan a alcanzar una reducción anual de un 3,5% de las emisiones. Los representantes políticos aciertan al decir que son objetivos alineados con la UE pues, en efecto, en todos los casos son claramente insuficientes. El camino aún se antoja largo. Muchas de las medidas planteadas en la declaración de emergencia climática aprobada por el Consejo de Ministrxs eran compromisos adquiridos ante la Unión Europea o piezas legislativas que habían quedado pendientes la legislatura pasada. Entre ellas, la ley de Cambio Climático, una normativa que viene existiendo desde 2008 en muchos países de nuestro entorno y que viene siendo prometida desde hace años por gobiernos del PP y del PSOE.

Entre las obligaciones europeas destaca el conocido como Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es el documento que debe servir como guía para la descarbonización de la economía española. La metodología utilizada para el diseño de horizontes que asumen las máximas de un crecimiento sostenido ya aleja el cálculo de la comprensión real de las repercusiones de la emergencia. Prueba de ello es cómo incluso el 58% de la energía ahorra-da a través de mejoras de la eficiencia será utilizada para nuevos consumos energéticos, reforzando aún más nuestra dependencia de energía y materiales.

Alcanzar un horizonte eléctrico 100% renovable debería ser una máxima de la próxima década. Una sustitución tecnológica que no puede obviar las restricciones territoriales de nuestro país, del mismo modo que no debe seguir dejando en manos del oligopolio energético el desarrollo de grandes infraestructuras energéticas, pues la sostenibilidad del futuro pasa por la descentralización, el autoconsumo y la reducción de escala.

Es preocupante la falta de medidas en sectores tan clave como la movilidad, que es en estos momentos el mayor emisor. Junto a las imprescindibles medidas de «zonas de bajas emisiones», se hace fundamental apuntalar un cambio modal hacia la reducción del vehículo motorizado privado y los transportes por la red de carreteras.

Apenas se aborda en el discurso climático la creciente industrialización del campo, el deterioro de las condiciones de la agricultura comercial en manos de las gran¬des plataformas logísticas o la entrada de productos con una alta huella de carbono, que muestran precisamente la problemática y las potencialidades de este sector en la lucha climática. Fortalecer las redes agrarias locales y de pequeña escala, para ir encaminándonos hacia un modelo agroecológico, no solo reduce el impacto climático, sino que ayuda a frenar el continuo desmantelamiento de la agricultura tradicional que lleva años practicándose en el país e intenta paliar los procesos de vaciamiento rural.

El debate climático es enormemente profundo, las consecuencias de las reducciones necesarias afectan a todos los sectores y, especialmente, a debates como el empleo o la distribución de los recursos. Por ello, Ecologistas en Acción consideró necesario aventurarse a modelizar distintos escenarios de lucha climática y sus repercusiones en el trabajo. Un ejercicio que ayuda a imaginar los efectos que determinadas políticas podrían tener en el binomio de horas de trabajo y emisiones de gases de efecto invernadero. Los ocho autores del informe realizan una modelización de tres escenarios: continuar con las dinámicas actua-les (Bussines as Usual [seguir actuando igual], BAU), uno de los horizontes considerado dentro de la filosofía Green New Deal [nuevo pacto verde] (GND) y, por último, un horizonte que considera una reducción robusta en energía y materia¬les, nombrado como decrecimiento (D).

La modelización realizada arroja varias conclusiones: la más obvia es que el escenario BAU es completa¬mente incompatible con la lucha climática, pues supondría un aumento de las emisiones en un 21% en 2030. Mientras que el escenario GND se sitúa cerca de esa reducción recomendada por la ONU del 7,6% anual, sin embargo, es inca¬paz de alcanzar la contribución justa que sería necesario. Solo el escenario D consigue reducciones cercanas al criterio de justicia climática, con un ritmo de reducción de al menos el 10% anual.

Este ejercicio de abstracción apunta además a cómo, sin la complicidad del cambio del sistema de empleo o de otras cuestiones de carácter macroeconómico, será difícil proceder a la transición necesaria. Especialmente beneficiosas resultan las medidas de reducción de la jornada laboral, así, la reducción a 30 horas de trabajo a la semana y su distribución equitativa. Del mismo modo, ambos escenarios (GND y D) cuestionan el imaginario de un futuro que mantiene una inviable sociedad de consumo.

La respuesta necesaria para afrontar la emergencia climática será sin duda un crisol de soluciones. Las modelizaciones presentadas coinciden en lo obvio, que el camino necesario pasa por una transformación radical del sistema. Declarar la emergencia climática está bien, pero será inútil si se continúa en el error de creernos en el buen camino pensando que sin una transformación radical del sistema habrá un futuro que defender.

Ante la pasividad: acción antifascista

No hay más que encender la televisión y ver las noticias, comprobar los últimos resultados electorales o salir a la calle a contemplar la decoración de los balcones, para darnos cuenta de que, en la actualidad, estamos asistiendo a una evidente ascensión del fascismo. No entraremos aquí en un análisis detallado de las posibles causas. Puede deberse, simplemente, a que el fascismo es subyacente al propio sistema capitalista o bien a una reacción de la sociedad desencantada con el panorama político de los últimos años que se ha caracterizado por una corrupción sistemática de la clase política y una pésima gestión de la crisis migratoria, a la que se suma recientemente la aún más lamentable gestión de la situación catalana.

Si bien no es lugar este para reflexionar sobre las causas por las que el pueblo catalán reclama su independencia ni los medios que se han utilizado para ello, es importante tener en cuenta las atroces consecuencias políticas y sociales que ha traído la incompetencia del Estado ante esta coyuntura: a nivel político, las condenas por «sedición» de los políticos catalanes, delito de reminiscencias claramente franquistas que aún pervive en nuestra supuestamente democrática constitución, sientan un peligrosísimo antecedente legal a la hora de juzgar actos de protesta social contundente o desobediencia civil. Si, además, tenemos en cuenta que durante el franquismo el delito de sedición iba unido al de rebelión y que es así precisamente como ha sido aplicado (como «pequeña rebelión» que atentaría, por tanto, contra el sistema democrático constitucional), la reminiscencia se torna ley franquista actualizada. Por otro lado, a nivel social (y gracias, en parte, a la inestimable contribución de los medios de comunicación y su brutal campaña de desinformación o información sesgada) ha llevado a la exaltación y reivindicación de un ultranacionalismo español, aplaudido por una gran parte de la clase política y amparado por el Gobierno. Las propias acciones de los CDR, basadas en muchas de ellas en tácticas de la no violencia, han sido juzgadas sistemáticamente como terrorismo por los medios, mientras justificaban la represión violenta por parte del Estado.

Si a estos ingredientes añadimos que, en nuestro país, hay una importante tradición de la ideología fascista debido a los cuarenta años de dictadura y a una falsa transición, el fascismo ha encontrado una receta perfecta para calar hasta en las clases populares de la sociedad.
El resultado de esta coyuntura sociopolítica ha sido la creación y el ascenso desorbitado de partidos como VOX y otros grupos u organizaciones de extrema derecha en nuestras ciudades, pueblos y barrios. Si bien es cierto que el fascismo nunca llegó a extinguirse en nuestra sociedad, ha estado disimulado mucho tiempo. Sin embargo, ahora no tiene miedo a mostrarse y lo hace a través de ataques explícitos a colectivos minoritarios, grupos vulnerables o sectores sociales alejados de su ideología. Ejemplo de ello, hemos presenciado en nuestra ciudad agresiones a inmigrantes y ataques a centros sociales o vecinales como el Pumarejo.
Y es en este contexto en el que se reactiva la Coordinadora Antifascista de Sevilla, desde un planteamiento base: si el ataque se visibiliza, es una responsabilidad social visibilizar la respuesta y señalar la amenaza que conlleva esta ideología. Hasta ahora había una condena moral (que no oficial) del fascismo, pero con el reconocimiento de estos grupos neofascistas o grupos como VOX, y el respaldo oficial de los políticos al creciente nacionalismo españolista, esta ideología se ha visto legitimada, normalizada y aceptada por un sistema «democrático y constitucional».

No debemos caer en el error de normalizar estas acciones como una tendencia más de una posible ideología política, no se trata de una derecha más o menos radical, es puro y duro fascismo social. Lamentablemente, cada día somos testigos de cómo en los medios de comunicación hacen referencia a estos grupos catalogándolos de «constitucionalistas», «nacionalistas españoles» o «gente de ideología ultraderechista o de extrema derecha», en el mejor de los casos. En contraposición, a los grupos de izquierda se los tipifica con calificativos como «antisistemas» o «radicales» de forma tendenciosa, en un claro de intento de criminalizarlos despersonalizándolos y eludiendo siempre construcciones como «personas de tal o cual ideología» (frecuentes para referirse a los ultraderechistas) que humanizarían al colectivo. La propia admisión de un partido como VOX dentro del sistema parlamentario o la legalidad de organizaciones como Falange o Fundación Francisco Franco, demuestran cómo el sistema y los medios intentan dar una visión rebajada y atenuada del fascismo, presentándolo como algo neutro y una opción política más, completamente legitimada.
Es por ello que no podemos ni debemos quedarnos impasibles ante estos hechos y consideramos que es nuestra obligación evidenciarlo, denunciarlo y, por supuesto, combatirlo. La Coordinadora Antifascista de Sevilla no somos más que un grupo de personas y organizaciones que hemos decidido unirnos para organizarnos, creando esta plataforma con el fin de dar respuesta a la amenaza real que estos grupos suponen.

Nuestra intención no es otra que concienciar al máximo de personas de la situación actual en la que nos encontramos y de la necesidad de actuar, invitando a todos aquellos individuos, colectivos y sectores sociales que se vean directa o indirectamente afectados por el fascismo incipiente —movimiento LGTBIQ, pensionistas, sindicatos, clase obrera, minorías étnicas, etc.— y que quieran participar de una forma u otra, a que se unan a nosotras en esta lucha. Solo con una alta implicación de la sociedad podremos dar una repuesta contundente y conseguir que nuestras acciones tengan la envergadura necesaria para influir y cambiar de forma real el rumbo que nuestra historia está tomando. La pasividad es un mal que invade a la sociedad actual y, que si persiste en momentos como estos, le facilitará el camino al fascismo irremediablemente. Por eso, desde la oportunidad que esta plataforma nos brinda, llamamos a la acción y a la reacción e invitamos a participar en la Coordinadora Antifascista de Sevilla a toda persona u organización que quiera actuar.

Si bien debería ser la calidad de las convicciones y no el número de seguidores lo que determinara el éxito de cualquier acción social, la realidad es que seremos mejores cuando seamos más.

¿Son inmigrantes? ¿Son refugiadxs? No… ¡son zombis!

Ya sabemos que el cine, como los cuentos, el teatro y la literatura, influyen y modelan a las personas. Por esta razón, Platón expulsaría de su república perfecta a los poetas que no obedeciesen sus indicaciones sobre lo que se podía y no se podía decir. Por esta razón, distintos grupos de presión intervienen en los productos culturales, para asegurarse de que dicen lo que les conviene y callan lo que no les conviene. Lo primero se llama propaganda, lo segundo censura. La propaganda audiovisual ha ido evolucionando al mismo ritmo que el cine y la televisión, aunque ha habido momentos estelares coincidiendo con las guerras mundiales y la unificación de las agencias de inteligencia estadounidenses llevada a cabo por Eisenhower en los años 50.

Actualmente el estado de la cuestión es el siguiente: 1º. La mejor forma de hacer propaganda sigue siendo aquella en la que las personas que la reciben no se den cuenta de ello. El mejor vehículo, por lo tanto, es el entretenimiento: contar un cuento, una película, una serie… 2º. Para que el público no se dé cuenta, hay que hacerlo sutilmente, a través de una frase, una conversación, un símbolo, una escena. En otras palabras, hay que diseñar un subtexto, algo que se sugiere, que se connota, algo que no es literal sino simbólico. ¿Un ejemplo? El asesino de la película ultraconservadora Harry el sucio de 1971 lleva una hebilla con el símbolo de la paz. Es decir, que el malo de la película lleva un símbolo que portaban miles de jóvenes en las protestas contra la guerra de Vietnam en 1971. ¿Otro ejemplo? El león malo de El rey león aparece en varias escenas con una luna mora (cuarto decreciente) de fondo. El tono de piel más oscuro que su hermano, su sobrino y las leonas, y el rostro más alargado, refuerza la conclusión que todas sospechamos: el personaje está caracterizado como árabe.

Una de las últimas modas del mainstream audiovisual, que como el resto de planeta político, económico y cultural, ha escorado recientemente (más aún) hacia la ultraderecha, son los apocalipsis zombi y las distopías de tabula rasa, de empezar desde el principio, de olvidar las normas morales inscritas en las civilizaciones durante siglos y comenzar de nuevo, en un «estado de naturaleza» que ha sido siempre el sueño húmedo del liberalismo económico y del fascismo de corporaciones. Últimamente este fascismo de corporaciones diseña y paga películas y series para propagar el llamado darwinismo social y la ruptura con la antigua moral de la solidaridad. Incluso las religiones, generalmente poco sospechosas de favorecer la integración cultural, son enemigas de esta ultraderecha porque guardan las apariencias y hablan de las personas inmigrantes como de criaturas de Dios que merecen nuestra solidaridad y ayuda. (Véase por ejemplo Vox mandando callar al Papa).

Y llegamos al quid de la cuestión: cómo en estas películas y series distópicas se usan subtextos para asociar a zombis e inmigrantes. Por ejemplo, en la segunda temporada de la serie The Walking Dead, una de las series con más éxito mundial, el grupo protagonista se refugia en una granja durante varias semanas, hasta que una horda zombi sobrepasa el vallado y arrasa con la tranquila granja. Antes de la catástrofe, uno de los personajes avisa: «están migrando o algo así». O sea que los zombis vienen a quitarnos lo que es nuestro. En la serie derivada Fear The Walking Dead, uno de los protagonistas se encuentra en una comunidad mexicana en Tijuana, ciudad fronteriza, con un guía espiritual que habla así a la comunidad: «Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos, se están yendo. La gran peregrinación de almas, la inmensa migración de los muertos, ha comenzado». Vaya por dios. El jefe espiritual y político de la comunidad habla literalmente de la muerte, pero el subtexto se refiere a las caravanas de emigrantes latinos como si de una invasión de muertos vivientes se tratara. Resumiendo, Nick, que así se llama el muchacho, comienza el viaje en Baja California, caminando hacia el norte acompañando a un grupo de zombis migrantes (se embadurna de sangre muerta para confundirse entre ellos), llega a Tijuana, donde cambia el grupo de zombis por uno de migrantes, y sigue hasta la frontera, donde son recibidos a balazos.

Usar la retórica narrativa para deshumanizar a las personas inmigrantes ante la población general (la población mainstream, recordemos, la que ve estas series) no es una estrategia exclusiva de series y películas. Prensa escrita y telediarios también lo hacen. Buscad por ejemplo el artículo «Zombis e inmigrantes. Análisis de un marco retórico común en el periodismo y la literatura española (un estudio de caso)» publicado en la revista Pensamiento al margen. Víctor Gutiérrez-Sanz llega a la conclusión, tras analizar un año de noticias de los periódicos El Mundo y El País, de que «tanto los zombis como los inmigrantes son construidos discursivamente con estrategias retóricas similares», a saber: una masa andrajosa, infecciosa y de instintos primarios.

Mención aparte merecen los muros, tan de moda gracias a Trump: en Juego de Tronos el muro que separa a humanos y zombis está al norte en vez de al sur, pero el resultado es el mismo: la amenaza de los que habitan fuera del muro. En la sexta temporada de The Walking Dead, justo cuando Trump empezaba a hablar de su muro, el protagonista no humano de la serie era el muro de Alexandria, la comunidad donde, a la sazón, habita el grupo de supervivientes. En diez de los dieciséis capítulos de la temporada se habla de los muros y ¿os imagináis lo primero que dice Rick, el líder del grupo cuando se hace con el poder en Alexandria? Que hay que reconstruir y reforzar el muro. Sin cambiar de cadena, la audiencia podía ver a Rick Grimes y a Donald Trump, serie y telediario, hablando del muro. Lo de fuera, zombis. Otro muro de la vergüenza aparece en la película Guerra Mundial Z, un muro construido para aislar Jerusalén de los zombis, un muro como el construido en Gaza y Cisjordania para aislar a los zombis, digo, palestinos. Algo diferente para terminar: la película The Rezort, donde Steve Barker soporta su crítica a la injusticia de la sociedad actual precisamente sobre esta identificación inmigrante/zombi, que la derecha y ultraderecha cultural está consiguiendo inculcar en la población.

Somos aquellas personas a las que estábamos esperando

Sembrando semillas para la rebelión por el clima

Es el año 2019. Han pasado décadas desde que oímos hablar por primera vez de la crisis climática. La falta de acción es increíble. Vivimos con terror. Lo que parecía un problema lejano ha evolucionado hacia una emergencia tras décadas de ignorancia intencionada. Pero algo ocurrió el último año: algo flotaba en el aire, por primera vez. Una brisa de poder y esperanza alcanzaba nuestro estado de ánimo y nuestra imaginación. No se podía tocar pero algo era diferente. A lo largo del otoño de 2018 nos unimos en marchas y reuniones, miramos a nuestro alrededor y vimos nuevos rostros, más que nunca. El cambio estaba llegando. Tras un verano tórrido, el cambio climático había pasado a encabezar las noticias. El clamor de la ciencia se hizo incluso más apremiante cada año y por fin se empezó a escuchar. Incluso algunas personas de la Administración empezaron a decir la verdad. Hemos visto nacer nuevos movimientos; gente que nunca antes había dado indicios de que fuera a llevar a sus hijos y padres a las marchas climáticas. Las personas jóvenes y mayores se miraban las unas a las otras, y había un destello de reconocimiento, un pensamiento: estamos todas las personas juntas en esto. Podemos complementarnos. Somos aquellas personas a las que estábamos esperando. Ahora hagamos planes para ganar esta batalla. Durante varios meses, grupos y personas hemos estado hablando entre nosotrxs. Tendiendo puentes sobre antiguas brechas. Dándole vueltas a la cabeza sobre cuestiones de estrategia y coordinación. Hemos entendido que nuestra diversidad es la clave para provocar un cambio real, no simplemente un nuevo ajuste cosmético dentro del antiguo sistema de explotación. Hemos tenido múltiples llamadas; nos hemos reunido; nos hemos sentado juntxs; hemos llegado a acuerdos, discrepado y planificado.

Así empieza la narrativa de la primera ola de 2020: Rebelión por el clima (By 2020 We Rise Up, en inglés). Una ola de resistencia, que empieza cuando sale esta edición de El Topo.

2020: Rebelión por el clima es un intento de cerrar una brecha, una brecha bastante grande entre nuestro diagnóstico de una emergencia climática, ecológica y social, de un colapso de la civilización industrial; un diagnóstico que insiste en la necesidad de un decrecimiento rápido, un descenso del consumo de energía y recursos y un cambio profundo de valores: poner la vida en el centro. Se acaba el tiempo: tenemos 18 meses (no 11 años) para cambiar el rumbo, ya que el informe del IPCC de hace un año exige un pico de emisiones de CO2 en 2020. Pese a eso, las emisiones siguen creciendo. Al otro lado están nuestras acciones en los últimos años —quizás décadas—: sensibilización, educación, lobbying, y una manifestación o concentración, de vez en cuando. Sabíamos que esto no era suficiente. Sabíamos que no podíamos forzar un giro radical dentro de un sistema capitalista cisheteropatriarcal con lo de siempre.

Así, surgió la idea de 2020: Rebelión por el clima. Unxs activistas por la justicia climática de varias partes del Estado español que compartíamos la misma sensación. Estábamos desesperadxs, hablábamos, buscábamos maneras de iniciar un movimiento potente por la justicia climática en nuestro territorio. Y a finales del año pasado llegó la oportunidad. Tuvimos varias reuniones. Finalmente llamamos a una primera asamblea para constituir 2020: Rebelión por el clima en la península ibérica (es decir, incluimos a Portugal) el 22 de febrero en Madrid.                          

Mucho ha cambiado desde entonces: Fridays for Future, Extinction Rebellion (en el Estado español), Huelga por el clima, etc. La sensación de una emergencia se está extendiendo. Existen ya las primeras declaraciones de una emergencia climática (Catalunya, Sevilla, etc., aunque son simbólicas e insuficientes. Sabemos que hace falta desobediencia civil, a niveles nunca vistos en el Estado español. Sabemos que nos enfrentaremos a la represión. Sabemos que necesitamos construir comunidad, confianza y apoyo para afrontar lo que viene. Estamos en esto. No estamos jugando. Nos rebelaremos.

En el Estado español partimos de una base de desmovilización desde el 15M de 2011, y de un alto nivel de represión. Existe poca capacidad de formación en desobediencia civil. Hay mucho miedo: miedo por la aceleración de la crisis climática, miedo por la amenaza de represión, miedo a fracasar. Tenemos que empoderarnos, fortalecernos, cuidarnos, construir redes de confianza y apoyo. Entrenarnos en la acción directa, para rebelarnos.

La rebelión no se hace realidad si no la llevamos a los territorios, a nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros barrios. Estamos construyendo 2020 Rebelión por el clima Sevilla, porque no nos dejamos tranquilizar con una declaración de emergencia climática. No queremos más turismo que destruya el clima y nuestra ciudad. No queremos la ampliación del aeropuerto de Sevilla. No podemos permitirnos crecer. Necesitamos decrecer, relocalizar. Necesitamos una visión de otra sociedad, unas medidas urgentes y radicales, no parches socialdemócratas capitalistas verdes.

Nos rebelaremos en Sevilla a partir de finales de septiembre. Estamos construyendo las bases, tejiendo redes. La rebelión será ecofeminista, la rebelión será querer. La rebelión será de la gente de los barrios, de les trabajadores precarizades, de les migrantes. La rebelión será lo que creamos juntes, y estamos solamente al inicio, dando los primeros pasos. La rebelión será alegre también, con la rebelión recuperamos nuestra esperanza. Deseamos una vida mejor, otra economía, otras formas de relacionarnos, poner la vida en el centro: la vida de todes les seres vivos. Nos rebelaremos por la vida.

Estamos construyendo la primera ola de esta nueva rebelión, en Sevilla, en Andalucía, en la península ibérica, en Europa, en el planeta. La rebelión por el clima. Y luego, evaluaremos, descansaremos, nos fortaleceremos, para la segunda ola: la tercera. Te necesitamos. Somos aquellas personas a las que estábamos esperando y te necesitamos a ti, y a muches más. Por el planeta, por la vida, por el futuro; para que haya un futuro y sea un futuro justo. Un futuro respetando los límites de nuestro planeta. Un futuro mejor.

Rebelión o extinción.

Las grietas de la doctrina:

caravanas de esperanza

Afirma Naomi Klein que vivimos en un estado permanente de shock, esto es, en un estado de conmoción social permanente que nos impide reaccionar frente a nuestros propios miedos. Existimos en el horror de una profunda crisis que tiene su correlato de salvación: el neoliberalismo y la extrema derecha. Esta asociación no es casual, pues es el antídoto propuesto por los mismos agentes que inyectan en las sociedades el veneno de la crisis: los mercados, la banca, la desregulación, la privatización y los títeres políticos.

El capitalismo necesita un rostro humano, entre amable y mediocre, capaz de convencer a un pueblo anestesiado de que no existe otra salida. Frente a la razón política única, lo demás es utopía. Durante la resaca poselectoral en Europa, pudimos asistir a una rotunda metáfora acerca de este absolutismo: la imagen del líder de Liga Norte, el italiano Matteo Salvini, besando un crucifijo en su comparecencia a los medios, agradeciendo a dios el resultado de las elecciones y afirmando que este no lo ha ayudado a él: ha salvado a Europa y a Italia del enemigo, que es la izquierda. Los designios de dios son inapelables, supremos. De este modo, Salvini y sus aliadxs se acogen a este derecho divino, el de consolidar una Europa blanca y católica; en consecuencia, islamófoba y enemiga de lxs migrantes. Este derecho divino se presenta como contraposición a los Derechos Humanos inherentes a la vida y a la libertad.

Naomi Klein también dice que lo que nos mantiene alerta y a salvo de la conmoción, es nuestra propia historia. La sociedad vive bajo la aceptación común del dogma que afirma que la democracia es concurrir cada cuatro años a unas elecciones. Esta creencia actúa como tabla de salvación de un sistema que legitima sus prácticas durante un período de tiempo, con posibilidad de revalidarlas. Es la ley. Pero ¿es esta la legitimidad última? ¿Y si aceptamos los Derechos Humanos como legitimidad última, por encima de los derechos de los diferentes Estados? Si así fuese, podríamos aceptar que en nosotres mismes se encuentra la fuente del derecho y no exclusivamente en los campos políticos e institucionales. Entonces, ya no habrá que temer a nada, excepto al miedo en sí.

El bombero malagueño Miguel Roldán es un ejemplo de esta actitud por derecho legítimo y propio: el derecho a salvar vidas. En el año 2016 pone rumbo a Lesbos, decidido a colaborar en el rescate de personas refugiadas en la isla griega. Un año después, se embarca con la ONG alemana Jugend Rettet para salvar vidas en el Mediterráneo central durante veinte días; 14 000 personas rescatadas en total. Hoy, Miguel está acusado, junto a nueve compañeres, de un supuesto delito de tráfico de personas. Completan el grupo siete alemanes, un portugués y una escocesa, con acusaciones idénticas que les pueden acarrear hasta veinte años de prisión. Por poner cuerpo-cabeza-corazón, por defender que la vida y la dignidad humana no se negocian, por entrar en la grieta de una doctrina de la muerte. No obstante, afirma Miguel que esos veinte días se desarrollaron sin incidentes, en un barco coordinado con la MRCC de Roma, la autoridad de búsqueda y rescate de Italia. «Si ellos decían que no nos podíamos mover, no lo hacíamos, aunque incluso en alguna ocasión un barco se estuviera hundiendo ya.»

Es también este estado de shock el que nos permite generar tolerancia al relato del horror. La imagen del niño Aylan Kurdi, ahogado en una turística playa turca, nos zarandea unos instantes de nuestra zona de confort y nos conmueve al mismo tiempo que nos permite aumentar nuestra resistencia a tanta atrocidad. Nada puede ser peor, mucho menos una cifra: 35 597. Al amparo de los medios de masas, la doctrina sabe que no es la muerte en sí lo que remueve, sino su condición de existencia, es decir, hacerla visible. Frente a la cifra de les invisibles, pesa más nuestro propio miedo a la supervivencia individual, regida por el principio de escasez: aquí no hay para todes. Nadie quiere ser el otro. No queremos ser pobres, no queremos ser sospechosos, pero ¿quién determina los límites de lo propio, los límites de un nosotros? Hace unos días, analizaba un documental[1] que expone el relato de diferentes mujeres subsaharianas refugiadas en Melilla a la espera de poder cruzar a Europa. Me atravesó especialmente el testimonio de una mujer que, al tomar conciencia de los peligros del viaje justo al salir de Mali, pensó en regresar a su país. Le frenó aceptar que el peligro que perseguía tanto a ella como a su familia —la pobreza—, era peor que el peligro que ella perseguía —Europa—. Hay, por tanto, un nosotros, en el miedo. De Mali es también Abou Sidibe, un temporero de Lepe que ha perdido todo en el último incendio que ha arrasado el asentamiento de chabolas en el que viven más de 800 migrantes. Es solo uno de los múltiples asentamientos que coexisten con los campos de fresas en la provincia de Huelva y que arden cada año. Bajo plásticos, de nuevo, invisibles. Abou muestra en su teléfono móvil, uno tras otro, los vídeos emitidos en diferentes canales de televisión donde expone su lucha. Mientras, los comenta y nos da a les presentes una lección de economía política: «He venido a Europa a recuperar lo que es mío».

Lepe es uno de los destinos de Caravana Abriendo Fronteras que ya habrá recorrido cuando leas ésto, entre los días 12 y 22 de julio, esta Frontera Sur. Huelva, Cádiz, Ceuta, Granada… Son algunos de los territorios calientes de nuestra geografía en materia de xenofobia y racismo. En un panorama que refuerza la idea de la Europa Fortaleza, tenemos la responsabilidad de decir NO desde esta frontera, tal como lo hicimos en ediciones pasadas en Italia y Grecia, con el objetivo de hacer visibles las violaciones de los Derechos Humanos y de los acuerdos internacionales que de manera sistemática se incumplen en asuntos de refugio e inmigración. Desde nuestra legitimidad, vamos a salir fuera y a obligarlos, con Abou, con Miguel, con diferentes organizaciones y con todas las personas que a título individual quieran colarse por las grietas del miedo para decir basta de vulnerar aquello que nos es propio como individuos. Hasta que la dignidad humana no sea moneda de cambio; hasta que salvar vidas no sea delito y que impedirlo, sí lo sea; hasta hacer visible lo invisible; hasta decirles, desde nuestro propio relato: «¿Escucháis? Es el sonido de vuestro mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo».

NOTA [Más info y convocatorias: Facebook/Twitter “Caravana Abriendo Fronteras” // email: caravanafronterasursevilla@gmail.com]

[1]              “Bolingo, el bosque del amor”, Alejandro G. Salgado, 2016.

Viviendas colaborativas:

una nueva forma de envejecer

En la mañana en que comienzo a escribir este artículo, el titular de un periódico me informa de que existen en España cerca de dos mil municipios con más personas jubiladas que trabajando. Las noticias sobre un futuro demográfico en el que la longevidad se considera una amenaza y no un generador de oportunidades son una constante en nuestros medios informativos. Y sin embargo puede haber también muchas oportunidades y, para aprovecharlas, es necesario tener en cuenta que, quienes ahora envejecen, tienen otras necesidades, han vivido de manera muy diferente a la de sus abuelxs y desean mantener ese estilo de vida también en su vejez. Quienes comenzaron su vida activa a partir de la democracia, están llegando ahora a la edad de jubilación y lo hacen con una nueva actitud que demanda cambios en la organización de su atención para que las soluciones tradicionales se adapten a una realidad social muy distinta. Algunos ensayos hablan ya de una nueva economía, la plateada, y de una serie de innovaciones que pueden generar desarrollo social.

Porque resulta indudable que la edad nos discrimina y un dato muy común que lo prueba es que a quienes somos mayores se nos infantiliza, se nos habla frecuentemente en un tono indulgente y conmiserativo, aunque desde luego tampoco la infancia debería ser destinataria de ese lenguaje simplificado. Además se nos denomina «clases pasivas», un ejemplo más que evidencia los perjuicios de una sociedad que, una vez finalizada nuestra vida laboral, nos aparca, considerándonos incapaces de generar riqueza, aportar conocimientos o de cuidar de nosotrxs mismxs.

Son estereotipos que la omnipresente publicidad refuerza y cuyas consecuencias constatan diversos trabajos de investigación realizados recientemente por universidades europeas y americanas. Unos estudios que han podido comprobar que el interiorizar conceptos negativos sobre el envejecimiento influye de manera determinante en cómo se vive esa etapa de la vida, lo que permite concluir que quienes tienen una visión positiva sobre su propia vejez tendrán una mayor y mejor esperanza de vida.

Pero además de los factores psicológicos, también nos determinan los factores sociales y está igualmente demostrado que la cohesión social favorece nuestra salud y la soledad la empeora; quienes viven aislados se medican más y tienen más riesgo cardiovascular. Son solo algunas de las razones que deben empujarnos a buscar soluciones que nos faciliten vivir de una manera activa esa nueva etapa, manteniendo nuestro protagonismo y fomentando esa cohesión social imprescindible a través de la colaboración y el compromiso.

Por todas estas razones, un grupo de personas cuyo nexo común es que queremos envejecer entre amigxs, en un ambiente en el que sea posible mantener nuestro estilo de vida y evitando ser una carga para nuestros hijxs o terminar en una residencia en la que perdiéramos el protagonismo sobre nuestras vidas, creamos en 2018 la asociación Abante Jubilar Sevilla, cuya finalidad es poner en marcha un modelo residencial en el que sea posible cumplir nuestros objetivos vitales. Sabíamos lo que no queríamos y juntxs empezamos a definir un proyecto común que deseábamos autogestionado y basado en la convivencia, la ayuda mutua y la responsabilidad. Y el modelo que encontramos acorde con nuestras intenciones fue el conocido internacionalmente como cohousing o viviendas colaborativas, que cuenta ya con una larga tradición porque, aunque comienzan ahora a construirse en España, se generalizaron en numerosos países europeos y americanos a partir de los años 60, lo que permite tener ya datos muy concretos, y en este caso favorables, sobre sus resultados.

Como todo lo que innova, son muchos los obstáculos a superar para convertirlas en una realidad en España, porque en nuestra sociedad actual la mentalidad que prima es el individualismo y en este proyecto —como su mismo nombre indica— es primordial la colaboración. Ya en los años 70, y porque ese individualismo se generalizaba, Aute cantaba —y con ello nos recordaba— que el otro es uno mismo. En este 2019 esa deriva se ha agudizado y lo más habitual es que vivamos rodeados de personas a quienes no vemos y que no nos ven, de vecinos que no saludan, de una soledad cada vez más frecuente.

De entre sus características destacaremos que, en las viviendas colaborativas, sus futurxs usuarixs son también sus promotorxs. Es un llamado grupo motor quien define primero, tanto su estilo de vida como el rango económico de la inversión necesaria y la ubicación de las mismas. Después, una vez decidida esta, es el momento de buscar los socios necesarios para formalizar una cooperativa que será la propietaria de unas viviendas que se disfrutarán en régimen de cesión de uso y cuyo diseño se llevará a cabo por los cooperativistas, con la ayuda técnica necesaria. El diseño debe combinar la privacidad de los domicilios particulares con unos espacios comunes que faciliten el encuentro y la vida social y en los que se organicen aquellas actividades que la comunidad decida. Finalmente, la gestión estará en manos de unas personas residentes que deberán ejercerla de manera democrática e igualitaria, primando el consenso, y que además mantienen su independencia vital y económica, contribuyendo en lo que se consideren gastos comunes.

Por último, resulta destacable el que, en su ya larga trayectoria, se haya podido constatar que, las personas que en ellas residen, disfrutan de un mayor bienestar personal, se consideran  más felices, enferman menos y se medican menos, cuestiones todas que suponen un importante ahorro para el gasto público. Son razones que deberían ser suficientes para que los poderes políticos se comprometieran en su fomento, bien actuando como facilitadores, bien llevando a cabo las reformas legislativas necesarias para que la normativa urbanística las considere equipamiento social. De esta forma se reducirían las numerosas trabas que ahora encuentran quienes, como es nuestro caso, pretenden habitar un modelo que resulta ser además muy beneficioso para los municipios en los que se ubica, especialmente si son de pequeño tamaño. En este 2019 hay ya datos esperanzadores, tanto por los numerosos grupos que desde hace un par de años están surgiendo en toda España, como por las particulares iniciativas de ayuntamientos que están concretando fórmulas innovadoras para promover la ubicación en sus municipios. Esa es también nuestra esperanza: que se faciliten y se multipliquen.

Retomando los barrios, resistiendo en lo común

Hay quien dice que toda buena historia siempre empieza con un capítulo dramático. Una consecución de sucesos que encienden una llama que parecía apagada. Nuestra chispa fue un desahucio. Uno de esos desahucios que nunca hizo volcar la tinta de periodista algunx. No porque el perfil de quienes tenían que abandonar su hogar fuera diferente al de otrxs desahuciadxs, sino más bien porque la orden de abandono del domicilio no había llegado a través de una notificación judicial, detrás no había ningún banco y la policía nunca se presenció para romper la cerradura que impedía expulsar de sus hogares a sus habitantes.

Esta expulsión llegó una mañana en forma de mensaje sentenciador: «su renta para el próximo mes se ha visto modificada. Su nuevo contrato de arrendamiento ha pasado de 400 a 600 € mensuales». Y así, sin más ruido que el de la mudanza de decenas de vecinxs, estos desahucios se llevaron a cabo invisibles casi para todxs. ¿El motivo? Eso que llaman Turistización.

Pero decíamos al principio que esta es una historia bonita. Porque en realidad, esta es la historia de cómo lxs vecinxs de una ciudad decidieron unirse y luchar de manera colectiva. Todo empezó a finales de noviembre del año 2017 cuando, desde la asociación de vecinxs La Revuelta, se planteó la necesidad de realizar un ENcuentro sobre Turistización, Resistencias y Alternativas (Entra). Poco fue necesario para que otros espacios vecinales y personas interesadas se volcaran en el proyecto y trabajaran juntxs para organizar el evento. Su éxito fue claro, muchxs fuimos lxs vecinxs que acudimos a escuchar a colectivos que intentaban frenar este proceso en otras ciudades. Los escuchamos con entusiasmo y con muchas expectativas, porque aquí, en Sevilla, aún no teníamos algo parecido.

Menos mal que lxs organizadorxs del evento tenían una carta guardada. El Entra no iba a quedarse en un simple evento informativo, el Entra era una semilla. Las asambleas se sucedieron tras el encuentro y allá por marzo de 2018 nació el Colectivo-Asamblea Contra la Turistización de Sevilla o lo que es lo mismo: Cactus. Esa planta que, como Sevilla, te dice: «mírame, pero no me toques».

Rápidamente decidimos salir de nuestras asambleas para presentarnos a lxs vecinxs con una campaña clara: «SobreVivienda al turismo». Se organizaron puntos de contra-información turística; acudimos a los medios que, cada vez más, empezaban a interesarse por nuestras posturas; participamos y montamos charlas en institutos, universidades, centros cívicos, etc., mostrando que, más allá del discurso hegemónico del turismo sostenible definido como un derecho y eje fundamental de la economía sevillana, existe una realidad muy distinta que habla de desahuciadxs, de pérdida de empleo, de destrucción de espacios comunes, de desaparición del tejido vecinal, de devastación de la naturaleza, de construcción de un hábitat hostil con los cuidados, etc.

A los seis meses de nuestro nacimiento apareció una noticia en todos los medios. El consejo internacional de viajes y turismo (WTTC) celebrará una cumbre mundial en Sevilla los días 2, 3 y 4 de abril. El gran grupo de presión del turismo (Airbnb, Uber, El Corte Inglés, American Express, etc.) iba a reunirse en nuestra ciudad, a puertas cerradas. Y no solo eso, sino que lo iban a hacer con todos los gastos pagados por parte de nuestro excelentísimo Ayuntamiento. Cerca de dos millones de euros nos gastaremos lxs vecinxs para que quienes vienen a echarnos de nuestros barrios puedan reunirse, comer, beber y dormir en nuestra ciudad. Y lo peor de todo, de esos dos millones, casi un millón fue robado de lo poco bueno que tiene el municipio: 300 000 € menos para el servicio de atención a la mujer, 195 000 € menos para el mantenimiento de barriadas, 40 000 € del servicio de la juventud, 150 000 € de cooperación al desarrollo, 220 000 € del servicio de atención al empleo, 40 000 € menos para la protección contra la contaminación, etc.

Pensaban que todo iba a salir bien, que nadie se interpondría en su proceso de convertir la ciudad en un parque temático. Pero no íbamos a dejarles pasar por encima de nosotrxs sin ofrecer resistencia. Y así surgió la idea de realizar una contra cumbre. La primera pregunta: ¿cómo? Comprendimos que esta problemática es poliédrica y, como tal, debíamos analizarla para intentar resistirla. Por ello hemos considerado crucial establecer diferentes ejes de trabajo (educación y juventud; feminismo y disidencias; laboral; ecología; economía; vivienda y movilidad; cultura y flamenco) y forjar alianzas con otros colectivos (AV La Revuelta, Ecologistas en Acción, AFUS, Bloque Crítico, AV Triana Norte, Jartura, ADA, APDH-A, Mujeres Supervivientes, Stop Tratados Internacionales de Comercio e Inversión, Casa Grande del Pumarejo, CPS, La Transicionera, Tramallol, Lanónima, AV San Diego, La Escalerita, MAE, El Topo, etc.).

Y nos pusimos manos a la obra, llamamos a todas las puertas, explicamos la situación que veníamos denunciando y, ya en diciembre de 2018, tuvimos la primera asamblea de colectivos para preparar el Encuentro Social contra la Turistización: Alternativas y Resistencias (ESTAR). Junto a los más de veinte colectivos de la ciudad, había que sumar a aquellos que en marzo participaron en el encuentro andaluz, a lxs compañerxs de la red-SET, que aglutina a colectivos de países del sur de Europa, y a otros tantos a lo largo y ancho de esta tierra de conejos.

El proceso está siendo de lo más emocionante y con muchos visos de transformar. Y creemos que deberíamos asumir que el éxito de este encuentro, que tendrá lugar los días 4, 5, 6 y 7 de abril en Sevilla, tiene más que ver con el proceso de participación que con el tema propuesto. Las mecánicas presentadas en las asambleas, que planteaban la necesidad de construir todxs juntxs desde cero las reivindicaciones, las actividades, las fechas, los eslóganes, las imágenes, etc., han sido claves para que en Sevilla volvamos a disfrutar de una contra cumbre, cosa que no ocurría desde hace más de 15 años.

Construir desde abajo no es solo posible, es necesario. Y esperamos que esta experiencia sirva de ejemplo y ayude a otros espacios a crear lo que desde arriba llaman «poder popular» y que, desde aquí abajo, pensamos que es el camino de la emancipación social. Si Sevilla tiene dos partes bien diferentes, como cantaban Pata Negra, una la de los turistas y otra donde vive la gente, nosotrxs tenemos claro por cuál va nuestra lucha. ¿Y la tuya?

Redes sociales, turbas y populismo punitivo:

¿es el feminismo decolonial una vacuna en las periferias?

Un nuevo ciclo de movilización del miedo se está produciendo en las periferias obreras de diversas ciudades españolas: la pugna por la definición de la ‘seguridad’ y su abordaje se ha convertido en el  campo de batalla a nivel local y el nuevo terreno en el que la derecha se frota las manos. El populismo punitivo, aquél que coloca a un ‘otro’ externo, incivilizado y brutalizado como objeto a ser combatido para el bienestar interno, está ganando terreno a propuestas de superación de la crisis que aborden los problemas de manera estructural y profunda. Ya sean las ‘hordas’ de migrantes, los manteros, la prostitución o la droga, la construcción del ‘desborde’ y la externalización del locus del malestar se convierten en herramientas profundamente útiles para la reproducción del orden de las ciudades neoliberales. Si introducimos al cóctel la reciente intensificación de la ‘españolidad’, ese mito belicoso y conquistador que tan bien describía Goytisolo (1969), los discursos securitizantes se vuelven todavía más peligrosos, especialmente en los barrios obreros donde el malestar es muy intenso y el deseo de revancha muy grande. Generar alternativas anti-neoliberales, feministas y decoloniales, capaces de movilizar de nuevo un deseo radical ante el desencanto comienza a ser imprescindible para construir transversalidad desde abajo frente a la derechización del espectro social y la policialización de los conflictos sociales en los barrios periféricos.

Donde el estado no está, o es deficitario, surgen manifestaciones que apelan a generar nuevas formas de institucionalización política para la protección de ‘la comunidad’. El modelo popular de la ‘turba’ (frente al modelo-tribunal) que describía Foucault (1979) ha re-emergido en diversos barrios obreros como desencanto ante las formas sosegadas y tibias de las democracias liberales a la hora de lidiar con la crisis sistémica del neoliberalismo global. En las periferias de diversas ciudades españolas, esta energía túrbica se dirime entre varios caminos. Por una parte, una tendencia que canaliza el reclamo frente al abandono a través de la demanda de inversión y recursos públicos incluida, a menudo, la intensificación de la presencia policial como herramienta central de superación de los conflictos sociales. Como vaticinaban Débora Ávila y Sergio García en ‘Enclaves de Riesgo’ (2015), el reclamo de policía para atender cuestiones sociales se ha extendido como la pólvora, hasta el punto de que en los barrios obreros la policía es convocada tanto para cerrar narcopisos o casas okupas, como para amedrentar a la chavalería fumando porros en los parques o espantar a vecinos y vecinas vendiendo informalmente en la calle como forma de subsistencia. Por otra parte, militantes de partidos reaccionarios, como Ciudadanos o VOX, invocan incesantemente al ‘caos’, al ‘desorden’ y a la necesidad de ‘mano dura’ con un explícito discurso xenófobo y aporofóbico que alimenta la legitimidad de sucesos escabrosos, como los desalojos efectuados por Desokupa o multitudes buscando ‘dar una lección’ a los delincuentes. Ambas tendencias coinciden en su facilidad para apelar al discurso de la ‘falta de seguridad’ y para describir como buenistas a quienes prefieren hablar de desigualdad o pobreza en la ciudad.

Otras tendencias, más cercanas al sindicalismo social y a los movimientos autónomos, se preguntan en qué medida la propia apelación a la ‘seguridad’ es reapropiable llenándola de otro contenido, o si es preferible impugnar la propia invocación al concepto y desecuritizar la vida cotidiana. La pregunta, en este caso, podría ser: ¿Qué estrategias pueden sernos útiles a la hora de re-acaparar el discurso de la ‘dignidad’ en los barrios desfavorecidos desde lógicas no securitizantes, es decir, no punitivas? Y unido a lo anterior, ¿cómo aprovechar esta crisis para generar movimientos emancipadores que cuestionen, incluso, el monopolio de la protección (y la violencia) del estado sobre las comunidades ya de por sí fuertemente policializadas y dependientes? ¿Qué tensiones surgen y qué otras preguntas se abren en estos intentos?

En cuanto a las estrategias, frenar la crispación reaccionaria es una de ellas. Y una clave fundamental reside en el papel que juegan las nuevas redes sociales como nutriente de la derechización de estas potenciales turbas. Existe una guerra digital por acaparar y canalizar las narrativas sobre el descontento. ¿’Degradación’ o falta de oportunidades? ¿Especulación u okupaciones ilegales? ¿Grandes criminales y tenedores o pequeños delincuentes? ¿Delincuencia o pobreza? Redes como whataspp han sido clave en la diseminación de fake news y la magnificación de una agenda mediática alarmante. Como señala el periodista Pedro Vallín, la irresponsabilidad de muchos medios en la transmisión de esta agenda reaccionaria se manifiesta en la sobre-representación de determinados problemas, como los narcopisos o las narco-ocupaciones, frente a otros malestares que afectan, estadísticamente, a miles de ciudadanos de estos mismos barrios, como los desahucios, el desempleo y la ley de extranjería. En Madrid, en medio de una guerra electoral, esto llega hasta tal absurdo que algunos medios altavocean la creación de plataformas vecinales falsas, como la generada desde la estadounidense SouthWest Virginia, o el constante 15% que, a ojo de buen cubero, siempre pierden comercios y hoteles en el centro debido a las políticas del nuevo Ayuntamiento. Habla, habla, que algo queda. Ojo, Ahora Madrid no se libra: bien por incompetencia, por herencia de racionalidad neoliberal o por interés electoralista, algunas decisiones del Ayuntamiento de Madrid han sido nefastas, como su reciente campaña absolutamente racista contra la venta ambulante. Esta tendencia, por otra parte, ya se había manifestado anteriormente, cuando el Concejal Presidente de Puente de Vallecas, Paco Pérez, denunciaba el ‘paisaje abigarrado de mantas y mantones’ y decidía colocar de manera constante efectivos policiales en una de las zonas del barrio con mayor aspiración de centralidad, hasta que, por fin, consiguió expulsar al rastrillo informal que tenía lugar en la misma.

El consumo en los barrios de este tipo de noticias amarillistas, alarmistas y criminalizadoras de las de abajo parece más voraz que nunca. Además las redes dan la oportunidad de sentir agencia, de sentir que haces algo en esta época de escasez de espacios de participación efectivos. Reenvío la noticia, estoy haciendo algo. Me quejo en la red, estoy haciendo algo. El revanchismo frente a los ‘buenos modales’ y la tibieza de la democracia liberal se manifiesta ahora a través del mantra orgulloso de ser ‘políticamente incorrecto’, de no callarse nada. Ser el fucker de la comunicación digital viendo la tele en pantuflas. Por si fuera poco, el anonimato que permiten estas redes posibilita una extraña paradoja: se propaga la permisividad de una actitud profundamente infantil, que combina la facilidad para sentirse ofendido y ser hiriente con aparente impunidad. Recientemente, la publicación en El País de un artículo escrito junto con Jorge Sequera, en el que criticábamos el peligro de esta deriva neofascista en los barrios periféricos, nos permitió observar esta extraña y dolorosa paradoja: en un chat de whatsapp barrial, un vecino recién llegado al barrio montó un cristo con la publicación de la noticia. En ese chat, en el que no sabía que participábamos, se permitía llamarnos ‘pijipis’, ‘intelectuales elitistas’ y de usar al barrio como ‘ratas de laboratorio’ justificando sus insultos en la ‘ofensa’ que había sentido al leer nuestro artículo. Teníamos que entenderlo: “El barrio se degrada, junto con nuestras inversiones” lo que suponía para él un “drama personal” (sic). La misma persona que aparentemente apenas participa en ninguna red vecinal -salvo este whatsapp-, joven y nuevo propietario recién llegado, se enfadaba porque los niños jugando en la calle a altas horas para él son molestos, y para nosotros no. O porque apostamos por buscar alternativas a la hiper-policialización de un barrio con una de las tasas más altas de población migrante de la ciudad. Más allá de este caso concreto, al que tampoco merece la pena dedicarle mucho más tiempo, lo curioso es cómo el capital inmobiliario ve en este tipo de perfiles recién llegados a barrios periféricos, junto con sus ‘legítimos malestares’, el caramelo goloso de la acumulación y reproducción de capitales. Al capital inmobiliario le interesan estos discursos latentemente xenófobos y aporofóbicos de vecinos indignados con lo que hacen otros vecinos. Cuando en los barrios periféricos, entre la red de aliadas adecuada, seamos capaces de ver la relación entre el patrimonio familiar de Villacís en forma de inmuebles en la ciudad de Madrid, y su obsesión por hablar de ‘chusma’ y ‘falta de seguridad’, lo entenderemos todo. Mientras, haremos ruido malo. Muy malo.

¿Y, entonces, qué hacemos desde lo local? Organizar el miedo y la rabia, está claro, pero ¿cómo?  ¿con quién? Desvelar todos los discursos que justifican prácticas de expulsión es fundamental. No ser neutral, también. De hecho, si sabemos que la provocación a las izquierdas a través de las redes sociales es parte de la estrategia promocional de partidos como Vox, Bolsonaro o Trump, quizá sea prudente no hacer mucho caso, pero desvelar los intentos de crispación y neutralizarlos. Pensar en una ética de los cuidados y de la confianza, a lo Carol Giligan, puede sernos útil. Frente al erotismo de la disputa en red, es importante encontrar fuentes de valorización social en otra parte o, como plantea el camerunés Achille Mbembe, trascender la política de la enemistad heredada de la mentalidad colonial que impregna buena parte del ‘pensamiento blanco’, también el español.

Por otra parte, las espías o troles del buentrato en estas redes, podemos llenarlas de otro tipo de contenidos frente a las fake news y el amarillismo mediático. Superar la agenda contra-informativa y construir contenidos nuevos, propositivos, explorar nuevas fórmulas y estéticas más allá de los ritmos de la crispación, como propone la feminista negra Dríade Aguilar. Usar el humor, llenar las redes de @memesfeministas. Convertirnos, de vez en cuanto, en leftish ofenders para descansar. Pero, complementariamente, confrontar comprendiendo, o comprender confrontando, el miedo de nuestras personas cercanas. Más allá de las superioridades morales de la izquierda llamada a decir lo que está bien o mal, negando la sensación de inseguridad o combatiéndola racionalmente con ‘datos objetivos’ y estadísticas ¿en qué puntos sí nos encontramos con otras personas, quizá ideológicamente no idénticas, con quienes co-habitamos los barrios? ¿Qué mínimos podemos encontrar para generar alianzas contra el populismo punitivo? En Vallecas, por ejemplo, la recuperación hace un año del discurso de los derechos y la dignidad en las caceroladas contra la inseguridad costó mucho esfuerzo cotidiano por múltiples vecinas asustadas de la deriva neofascista que tomaba el movimiento. Es importante reconocer esos esfuerzos, aunque vengan de personas aparentemente alejadas políticamente. A su vez, la iniciativa Vallekas No Se Vende contrarrestó la escalada securitizante del conflicto vallecano, colocando encima de la mesa otros problemas y otras protagonistas en la agenda social: los procesos de especulación en las periferias denunciadas por la PAH y el Sindicato de Inquilinas (donde la burbuja del alquiler ha sido de las más desorbitadas, con subidas de un 39% en los últimos cuatro años), la violencia machista (con cerca 150 órdenes de alejamiento por violencia de género en vigor el distrito) denunciada y combatida por los  colectivos feministas del barrio, el drama del crecimiento de las casas de apuestas denunciado por Moratalaz Despierta, la violencia y abuso policial que sufre la juventud racializada, mal llamada bandas, denunciada entre otras por la Asociación Suyae. También luchar contra la desmemoria, convocando al recuerdo de Madres Contra la Droga, y cómo consiguieron trasladar la escalada de odio contra el yonkie hacia el estado policial responsable de la introducción de la heroína en los barrios obreros durante la década de los 80s. Registrar el abandono y el olvido de los espacios vacíos de las periferias, para poder recuperarlos para el común, es la propuesta actual de Mapas del Kas.

Quedan, no obstante, algunos retos pendientes para los movimientos barriales en los próximos tiempos: frente a todas las propuestas de cierre (cierre de fronteras, cierre de espacios sociales, recorte de libertad de expresión, acotamiento de información en manos de expertos, tapiado de lugares problemáticos -como los famosos narcopisos- (en)cierre en la falsamente construida comodidad del hogar privado) nos toca apostar por un ejercicio de apertura y acogida salvaje. Una apertura que implica también desvelarnos como seres frágiles, finitos e inciertos. La tímida consciencia de que la crisis del neoliberalismo global y de las democracias representativas no es pasajera, sino que ha llegado para quedarse, alimenta el temor de las clases medias a su propia extinción. Y este temor puede convertirse en un terrible fantasma, si no lo frenamos. Superar la épica heroica que nos invita a ‘no tener miedo’ ante las múltiples crisis que habitamos, es imprescindible. En las periferias obreras, esto supone un trabajo constante por tejer movimiento vecinal, fuertemente anclado en las prácticas feministas y decoloniales. Digital y sensible. Corpóreo y cotidiano. Y, también y sobre todo, anti-punitivista y que camine hacia una cultura de los cuidados y el Buentrato. 

BARRIOS EN LUCHA POR LA SEGURIDAD DE LA EXISTENCIA

No solo el Centro Histórico y su entorno más cercano andan en pie de guerra últimamente. Mientras en el centro se exigen ciudades para sus habitantes y no para los turistas, el resto de barrios alejados del casco histórico tampoco sienten que la ciudad se esté diseñando con ellxs en mente. Esta traslación a lo local de la dinámica centro / periferia ha movilizado a muchos barrios de la ciudad que se sienten abandonados por la Administración y las instituciones, con servicios públicos escasos y mal atendidos.

Así, el triunfo de las reivindicaciones de un sector de las vecinas del Pumarejo, exigiendo más presencia policial que acabara con lxs indigentes en la plaza, produjo el previsible efecto en cadena, al trasladarse estos a la ya saturada zona del albergue de la Macarena, despertando las protestas de las vecinas. Otros barrios comenzaban a convocar protestas también, exigiendo mayor seguridad como Pino Montano y Bellavista. Lo que en un principio se vio como un caldo de cultivo peligroso por los intentos oportunistas de introducir discursos racistas y aporofóbicos no ha llegado hasta la explosión xenófoba aunque, más que por la falta de empeño del PP y un buen sector de la ultraderecha, se ha debido a la autoorganización vecinal que ha frenado este peligroso cóctel reconduciendo las reivindicaciones hacia soluciones sociales. Al menos de momento.

Como topitas hostiles a la ultraderecha que somos y ante el pánico que ha suscitado el repunte vistalegrero de VOX (cuánto hay de realidad y cuánto de estrategia publicitaria planificada, nos preguntamos), nos interesa fundamentalmente entrever qué mecanismos se han puesto en marcha desde los barrios para frenar esa deriva reclamando seguridad que en un principio preveíamos como fácilmente inflamable y que de seguro se intentará volver a prender.

Nos llegaba la alerta de otros barrios del Estado donde el populismo punitivo estaba arrasando en el movimiento vecinal. La Barceloneta, el Raval, Puente Vallecas o Tetuán veían cómo la degradación de los barrios y de las condiciones vitales de sus habitantes llevaba a sus vecinas a morder a la que estaba inmediatamente por debajo suya en una espiral de la construcción social de un enemigo que se busca cada vez más adentro. Vecinas afectadas por el turismo que pedían mano dura contra los manteros; barrios obreros exigiendo la expulsión de yonquis; los jóvenes que crean inseguridad y los inmigrantes… ¿Cómo se ha combatido este clamor por barrios asépticos, limpios de «los otros» y llenos de control y policía? ¿Cuál es la barrera capaz de reenmarcar los rumores contra lxs inmigrantes, los datos falsos sobre la avalancha de refugiadxs, de robos, que Ciudadanos y otrxs cuñados de la derecha política intentaban colar a base de un zumbido repetitivo y constante?

La existencia de organizaciones vecinales dentro de cada barrio con una trayectoria más o menos establecida ha sido esencial para establecer los marcos del debate y, si bien desde la derecha se intentó rápidamente vincular la seguridad con el miedo al otrx, el rechazo a la inmigración o la condena de la marginalidad, desde los colectivos de estos barrios castigados de Sevilla se ha sabido reconducir el discurso recordando el olvido al que se les somete desde las instituciones (excepto en periodo electoral), vinculando el desempleo y la delincuencia a la falta de planes y talleres de empleo específicos, denunciando el gasto desorbitado en infraestructuras faraónicas mientras los barrios de la periferia sufren el abandono. Desde la Plataforma Interdistritos que une a estos «barrios populares en lucha», como se han autodenominado, se tiene claro que las principales lacras que se sufren en sus calles son la precariedad y la especulación, y se han organizado conjuntamente para establecer sus reivindicaciones y su agenda de movilizaciones.

Torreblanca, Bellavista, Casco Norte, Begoña, Tres Barrios, Su Eminencia, Palmete, Cerro – Amate, el Polígono Sur o Pino Montano son algunos de los barrios que han decidido girar el discurso y exigir seguridad (y quizás más entendida como seguridad vital ante la precariedad que nos impone el sistema excluyente) y dignidad. Lo que se reclama es policía de proximidad capaz de mediar en conflictos, trabajos dignos, vivienda, suministros básicos, servicios sociales e infraestructuras para todas. Se reclaman, al fin y al cabo, vidas que no se vean abocadas a la precariedad constante.

Parece que las asociaciones y colectivos más activos en los barrios han tenido éxito haciendo ver que el enemigo no está dentro (ni al lado, ni abajo), reconociendo el malestar existente en su entorno y politizándolo. No sirve de nada negar o ignorar los malestares reales de la gente, lo que sí necesitamos es ser conscientes de que estos pueden canalizarse de una forma reaccionaria o emancipadora, depende del relato que se construya para dar sentido y soluciones a sus problemas. Necesitamos construir discursos que enmarquen los problemas cotidianos dentro del sistema capitalista que los provoca. Ahora bien, este éxito es (como casi todos) parcial y precario. Estamos en tensión constante en la lucha por qué relato se impone, y la necesidad de estar alerta y a pie de calle es continua. La derecha y la ultraderecha se han lanzado a la batalla por imponer su cosmovisión en los barrios obreros y no se prevé que se vayan a retirar a corto plazo.

La existencia de organizaciones de base en los barrios supone un dique para la xenofobia y los discursos de la ultraderecha. El peligro que acecha a nuestros barrios es el discurso populista que quiere lanzarnos a unas contra otras en pos del rédito electoral pero también la especulación que afecta a todos los barrios (aunque no de la misma manera). Si las vecinas del Casco Norte ven cómo el turismo las expulsa de sus casas, Begoña o Pino Montano empiezan a sufrir la subida de los alquileres que esas vecinas provocan con su llegada. Es el capital ocupando como una hiedra tóxica los huecos que va encontrando a su paso.

El populismo de derechas aparece como un discurso efervescente: vacío, que sube rápido y hace mucha espuma visible, pero puede venirse abajo con gran facilidad. Eso sí, las soluciones para frenarlo nunca son instantáneas, requieren trabajo de base, en los barrios que habitamos, en los centros de trabajo, en las calles, en las puertas de los colegios. Se trata de la misma solución de siempre: construir contrapoder desde abajo. Y esto que suena tan bien en las asambleas, ¿cómo se hace? Una pista, podemos empezar por observar los problemas individuales que nos afectan y construir soluciones colectivas que atiendan a las estructuras que los provocan. Casi ná, ¿que no?

Lo que no se ve, ¿no existe?

«Que no son, aunque sean.» 

Los nadies, Eduardo Galeano

No se puede comprender el área del Pumarejo sin atender a su devenir histórico. Fue corazón del «Moscú sevillano», y necesitamos sentir-pensar que algo de esa esencia queda. Fue barrio obrero y fabril olvidado durante años. Aún recuerdan las vecinas nativas del barrio el «respetito» que daba en los sesenta pasar por sus calles aledañas de noche. Como en cualquier barrio con esencia de cualquier ciudad medianamente atractiva ha sufrido el proceso de gentrificación correspondiente. Durante este proceso, las personas residentes de ingresos más bajos se vieron obligadas a abandonar el barrio, a desplazarse hacia otros periféricos perdiendo en numerosas ocasiones sus redes de apoyo y confianza. Y en los últimos años, la gentrificación mutó a turistificación, proceso que, en pro de favorecer el turismo, está acabando con la poca esencia que queda y terminando de desplazar a las personas con menos ingresos, los pequeños comercios, los talleres artesanos…

La Plaza del Pumarejo es una suerte de aldea gala en la que aún resisten y coexisten diferentes formas de vida en continuo equilibrio dinámico y no sin tensiones entre las personas que la habitan con o sin casa. Queremos aclarar que reconocemos la dificultad de la situación. Las personas sin hogar se encuentran la mayoría de las veces en situaciones de medicación, de extrema precariedad y sin recursos para asearse o satisfacer sus necesidades más básicas. Esto provoca que en ocasiones presenciemos peleas violentas o encontremos excrementos y orines en las zonas cercanas a la plaza. Es una zona con una alta concentración de personas sin hogar debido, imaginamos, a la presencia del comedor de las monjas o del albergue. Por otro lado, consideramos que la propia estructura de la plaza ofrece cierta disposición a la seguridad socializada y genera una menor sensación de vulnerabilidad en las personas que duermen a la intemperie que en zonas más periféricas. Esto es herencia del barrio popular que fue, donde la convivencia se caracterizaba por la vida reconocida como interdependiente y comunitaria, donde el apoyo mutuo era la base para la supervivencia. Bien es sabido que en los populares patios de vecindad, la solidaridad con quien pasaba necesidades estaba a la orden del día, que la palabra exclusión no se conocía y que las alegrías y las penurias eran vividas de manera común.

Las que vivimos día a día esta plaza, sabemos que las personas sin hogar (además de lo anteriormente mencionado) conviven con los veladores del Umbrete, con las vecinas que nos apropiamos de ella como espacio de relación espontánea, con los colectivos vecinales que practican intervenciones de carácter político-cultural-festivo. Es, además, recurrente escenario de protestas y reivindicaciones, y cada sábado —sin falta— se monta el mercadillo cultural Pumarejo. Todas estas personas aportan su energía, práctica y saberes para generar un espacio de convivencia autónomo, diverso y humano. Sin embargo, parece que queda invisibilizado, que esto no sucede y que solo se dan los conflictos «no deseables».

Hoy, el desierto neoliberal está acabando con esa idea de vida en comunidad justo a las puertas de un edificio que es símbolo de este tipo de vivienda colectiva (la Casa-palacio del Pumarejo) y que continúa en resistencia defendiendo el derecho a la vivienda y a la ciudad.

De hecho, la estrategia del Ayuntamiento de Sevilla para solucionar esta situación está basada en la presencia de patrulleros y la sustitución de bancos (generalizando la presencia de los llamados bancos «antimendigos» que evitan que las personas se puedan tumbar) para evitar la presencia de indigentes. Y esta estrategia está consensuada con algunxs vecinxs pero sin contar con la opinión y propuestas de otrxs vecinxs y colectivos. También se ha producido una tala salvaje de los árboles procuradores de sombra, convirtiéndola en un no-lugar totalmente inhóspito durante los meses de verano. Es una lógica más del modelo de ciudad neoliberal segregada, maquillada, consumible, que criminaliza a lxs pobres y no a la pobreza. Y nos preocupa, y mucho, que esta manera de concebir la situación esté siendo asumida por parte de algunxs vecinxs que no han sabido o podido reivindicar otras maneras de dar respuesta a la situación.

Desde hace años vamos viendo cómo la administración promueve y diseña la ciudad hostil, monitorizada y deshumanizada por encima de la ciudad amable, inclusiva y justa. En este caso, que bien conocemos por tantas y tantas horas de sociabilidad y enreo, se nos ha dejado sin sombra, sin pobres y con un patrullero presente de la mañana a la noche. Se diseña así un escenario que esconde la realidad social; donde el control sobre los usos y comportamientos «no previstos» o «indeseados» en el espacio público paralizan nuestra libertad de apropiarnos y vivir la ciudad. Pero estas medidas, lejos de solucionar, desplazan el «problema» hacia zonas menos visibles atendiendo a la lógica de que lo que no se ve, no existe.

De manera que, frente a la situación de la plaza, las medidas propuestas son la militarización del espacio público con la presencia de patrulleros de manera continuada, la eliminación de sombra y la colocación de mobiliario urbano hostil e individualizador. Inevitablemente, todas estas medidas persuaden a evitar la experiencia de pasar un rato en «la plaza». Así nos quieren, o eso parece, individualizadxs, controladxs y con poco deseo por ocupar el espacio público, principal contexto donde socializar, donde construir colectivamente y dar respuestas en común a las problemáticas que surjan.

La ciudad es cambiante, diversa, polisémica, y se debe construir como pacto social. Queremos seguir siendo vecinas autónomas que la habitan, que toman sus propias decisiones y tienen su propia voz; que visibilizan lo invisible, que colaboran y resignifican el espacio urbano a pesar de la violencia y el desprecio de la administración y los poderes privados. Queremos seguir defendiendo la colaboración y el apoyo mutuo como práctica revolucionaria, solidaria y propia.

Pensamos que la vida asoma por encima de falsos debates en un barrio donde temas como la ecología (solo hay que observar la movilización vecinal contra la tala de árboles), el feminismo (manifestaciones y comunicados contra las agresiones machistas en sus calles) y la justicia social (gran cantidad de organismos y colectivos sociales) están en el centro y en la verdadera agenda política del día a día de muchas de sus vecinas.

La Delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA Sevilla), la Oficina de Derechos Sociales (ODS), la Asociación Vecinal del Casco Norte La Revuelta y Mujeres Supervivientes han realizado una denuncia pública de estas políticas y están trabajando colectivamente por intentar proponer otro tipo de políticas que afronten el problema de raíz… Seguiremos informando.

De toda la vida de dios

De toda la vida de dios las mujeres han sufrido. He escuchado a muchas abuelas hablando de sus madres y a las abuelas hablando de ellas; he escuchado a las madres contando sus vidas y he vivido mi vida. Y entre lo escuchado y lo vivido, he comprendido que de toda la vida de dios las mujeres hemos sufrido. A este hecho doloroso lo llamo trauma machista.

Este trauma sistémico y estructural adopta formas perversas como persecuciones, manoseos, agresiones verbales disfrazadas de piropos, miradas silenciosas… erotizando el miedo, sexualizando nuestra vida cotidiana, haciendo presión para tener sexo sin consentimiento y sin importar nuestro deseo, cosificándonos, infravalorando o ignorando nuestras opiniones.

Y este trauma, pasa sin pena ni gloria para los otros desde hace generaciones; sin pena ni gloria para los hombres, los medios de comunicación, el poder, el sistema… Y así sigue sucediendo día tras día, generación tras generación, mientras deja una herida profunda en las mujeres. Es tan grave el daño como la invisibilidad de ese daño, la ausencia de protección y la impunidad manifiesta que se inserta en nuestro ser-persona.

El efecto inmediato es vivir con miedo y también la dificultad para confiar. Aprendemos que no vamos a ser protegidas. Nos sentimos indefensas y la desconfianza se hace necesaria para sobrevivir, pero comprender que la desconfianza te ayuda es una conclusión a la que se llega, con suerte, tras años de aprendizaje. Mientras tanto, no podemos permitirnos creer que el otro, quien nos debiera proteger y cuidar, quiera hacernos daño; esto es doloroso, inaceptable y solitario, por lo que el mecanismo de supervivencia más sencillo es interiorizar que el otro no es malo, que debe haber una razón, y esa razón la encontramos en nosotras mismas. No se deja de creer en los otros, sino en una misma, y nuestro diálogo interno se va tornando feo: «No soy buena y por eso merezco el daño, no soy suficiente, no estoy a la altura…». Esta es la agotadora carrera sin fin que iniciamos; porque nunca es suficiente, nunca somos adecuadas del todo ni nos ajustamos a lo que deberíamos ser, no merecemos un premio sino un castigo e introyectamos (hacemos propios los comportamientos de otros) el castigo castigándonos, a través de un autoconcepto pobre y la autoimposición de formas de vida poco sanas, abandonando el autocuidado.

Esta desconfianza interna necesita como aliada de una desconexión emocional. Las emociones tienen la función de ofrecer información concreta sobre cómo me afecta una situación: si estoy alegre será porque algo de lo que sucede me gusta; si estoy enfadada hay algo que lo provoca… En esta ocasión, mis emociones me dicen que algo no está bien pero el entorno no responde o minimiza lo que sucede por lo que comienzo a desconfiar de mí hasta el punto de dejar de percibir mi tristeza, mis deseos, mi cansancio y hasta el amor, emoción sublime, es desvirtuado y utilizado como forma de doblegarnos a este sistema violento, este pseudoamor, el impostor, es la promesa de paraíso divino para toda aquella persona que acepta sumisamente las normas del sistema. En el patriarcado, el modelo ideal de mujer es aquella que asume toda esa violencia sibilina y normativa sin rechistar en una suerte de identificación con el agresor.

Se produce de forma paralela la percepción del peligro en la parte más primitiva de nuestro cerebro, lo que obliga a mantener un estado de hiperactivación fisiológica y emocional para poder estar preparada y, en la parte prefrontal, la consciente, aparece una defensa que obliga a disociar, a no ver, estas informaciones contradictorias: la hiperactivación producto del miedo y la disociación defensiva hace que se bloquee la respuesta lógica de defensa o de ataque. Esta incoherencia, esta paradoja, tiene repercusiones sobre nuestras formas de sentir y vivir y marcan la manera en que actuamos. Por ejemplo, no aceptando nuestro cuerpo viviendo con una ansiedad, tensión o rabia que no podemos explicarnos, sometiéndonos a dietas tortuosas, modificando nuestro cuerpo para convertirlo en objeto bello, bloqueando las sensaciones placenteras, viviendo con incoherencias, estando cerradas a nuestro deseo, no disfrutando, anticipando constantemente, manteniendo relaciones violentas o de mal querer, siendo sumisas incluso con lo que no es bueno para nosotras o directamente es perjudicial, actuando arriesgadamente, donando nuestro cuerpo al servicio de los otros; viviendo desde un Yo impostado, no desde un Yo auténtico, con la consiguiente sensación de ser una impostora; siendo partícipes de nuestra erotización, asumiendo sumisamente el ser valoradas desde el cuerpo, no viéndonos, pero sí viviendo para que otros nos vean; no buscando la libertad pero enamorarnos de la libertad de el otro y usando la culpa como aliada y no como enemiga… por poner ejemplos.

La culpa es una de las trampas que nos atrapan y nos impiden salir de esto, convirtiéndonos además en nuestras propias carceleras. ¡Eficacia asegurada, introyectemos al verdugo como dios manda! La culpa es el resultado de recibir mensajes sobre nuestro poder de provocación por el simple hecho de existir y tener un cuerpo y soportar, al mismo tiempo, el peso de que la actuación del otro, ese impulso irrefrenable que les domina sin remedio es un poder del que somos responsables, haciendo un giro de la razón y poniendo el peso de la acción sobre quien recibe la agresión. Sostener esto, irremediablemente produce culpa, porque el mensaje implícito es que ante la violencia recibida la respuesta no es la defensa, sino el sometimiento. De esta manera, el sistema da permiso para que sucedan ciertas agresiones sutiles no poniendo los límites a quien la ejerce, sino a nosotras. La respuesta defensiva, la agresión, es terreno prohibido para nosotras en esta sopa machista de la que bebemos; no es legítima y no debe formar parte de nuestro lenguaje, pero el enfado está, y el recurso psicológico que nos queda es dirigirlo hacia nosotras mismas a través de la disconformidad constante o el bloqueo físico y emocional.

Llegadas a este punto queda la acción responsable de plantarnos y de cuidarnos entre nosotras. Hacer familia entre nosotras, entendiéndonos, viéndonos y aceptándonos. Respecto a la parte profesional que me toca, ya es hora de hacer un paradigma de salud que contemple el trauma machista que, como mínimo, desde el sistema sanitario se comprenda que el machismo es una acción con sujeto y que es la principal causa de enfermedad en la mujer. 

Protesta… si te atreves…

La constante y creciente represión política en el Estado español

Está pasando que cada vez nos sentimos menos solas las profesionales de la anti-represión y, lamentablemente, no es porque hayan engordado las filas anti-sistemas en este país. Es porque la represión política está tomando tales dimensiones que incluso los sectores más reformistas y aquellos que abogan por un capitalismo humano se están llevando las manos a la cabeza por la escalada represiva actual. Desde que el informe anual de The Economist Inteligence Unit dejó al Estado español a las puertas de ser calificado como democracia defectuosa, los discursos sobre el Derecho Penal del Enemigo, los malos tratos policiales, las presas políticas y las violaciones del derecho fundamental a la libertad de expresión han salido de los centros sociales ocupados y la marginalidad política y ahora aparecen en prensa internacional y artículos de intelectuales progresistas.

La represión consiste en el impedimento, persecución y castigo que el poder político impone a las acciones políticas de grupos o individuos que disienten con este poder. Se activa cuando fallan los dispositivos de control que establece la sociedad para construir una ciudadanía productiva, consumista y dócil al orden vigente, y la ciudadanía disiente, se organiza y tiene cierta incidencia social. La represión es negada y revestida de legalidad y se erige como salvaguarda de la estabilidad y la paz social. Sin embargo, la violencia es continua. En el caso de la tortura y los malos tratos policiales, el poder político español sigue negando su existencia y por tanto impidiendo la construcción de mecanismos para exterminar esta lacra; pero los informes anuales de la Coordinadora para la prevención de los malos tratos policiales y la tortura siguen poniéndolo sobre la mesa año tras año. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español once veces por malos tratos a detenidas y siguen sin cumplirse los estándares europeos para la prevención de la tortura.

Sin embargo, a partir de las huelgas generales del 2010 y las movilizaciones de mayo de 2011, la represión política es más visible y cada vez menos excepcional para la opinión pública. La reforma del Código Penal de 2015, que modificó los delitos de desórdenes públicos, los delitos de odio y los delitos de terrorismo, y la aprobación de la ley orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, que ampliaba las posibilidades de sancionar en vía administrativa conductas de protesta, supuso el pistoletazo de salida a la represión visible. Las reacciones internacionales no se hicieron esperar:

  • Preocupación por el efecto disuasorio que puede tener para la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica la aprobación de la ley de Seguridad Ciudadana y las subsiguientes reformas del Código Penal. (Comité de Derechos Humanos de la ONU 2015).
  • Preocupación por las reformas de la ley penal española en relación al delito de enaltecimiento del terrorismo ( Relator especial de la ONU 2016)

¿Cuáles son estas reformas?

En la reforma del Código Penal de 2015, el Gobierno español introdujo unas enmiendas que ampliaban el ámbito de aplicación del artículo 578 para penalizar el «enaltecimiento» del terrorismo mediante la difusión pública de «mensajes o consignas», convirtiendo en factor agravante la comisión de este delito a través de internet y aumentando la pena máxima de dos a tres años de prisión. Dice ambiguamente el art. 573 que el terrorismo es cualquier delito grave con la finalidad de «desestabilizar el funcionamiento de las instituciones políticas o las estructuras sociales o económicas del Estado», «subvertir el orden constitucional», «alterar gravemente la paz pública» u «obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo». De esta forma, un mensaje difundido por internet llamando a «subvertir el orden constitucional» puede suponer un delito de enaltecimiento del terrorismo castigado hasta con tres años de prisión. Esto puede sonar a derecho ficción, pero es precisamente lo que está pasando.

El informe de Amnistía Internacional Tuitea… si te atreves sobre las leyes antiterroristas y la libertad de expresión presenta la siguiente realidad:

Desde el 2014 los cuerpos de seguridad del Estado han llevado a cabo cuatro operaciones araña con el fin de perseguir el enaltecimiento del terrorismo o la «humillación a las víctimas del terrorismo» en las redes sociales, lo que ha supuesto 63 personas detenidas. En los últimos años, las autoridades españolas han investigado y procesado a varias personas que se dedican al arte por «enaltecimiento del terrorismo» y por «humillar» a sus víctimas. El caso más grave, la detención y prisión preventiva de los dos titiriteros, Alfonso y Raúl, que finalmente acabó en un sobreseimiento de la causa. Y, por supuesto, el procesamiento y condena de músicos como Pablo Hassel, Valtonyc, Strawberry o los doce raperos del colectivo La Insurgencia. Más recientemente se ha llevado a cabo la detención de activistas sociales catalanas acusadas de delitos de rebelión y terrorismo por meras acciones de desórdenes públicos en esta misma línea represiva que venimos enunciando. Ha de tenerse en cuenta que, más allá del atentando al derecho fundamental a la libertad de expresión que conlleva esta persecución judicial, la aplicación de la ley antiterrorista supone una suspensión de las garantías constitucionales. El delito de terrorismo lo juzga el tribunal excepcional de la Audiencia Nacional, por tanto, las detenidas son trasladas a Madrid, las detenciones pueden alargarse hasta cinco días y, durante la detención, se incomunica a la persona detenida añadiendo una carga de castigo extra a estas conductas. La legislación antiterrorista supone una suspensión de las garantías constitucionales que en teoría solo puede hacerse ante situaciones excepcionales; pero cuando la excepción se convierte en norma, la anticonstitucionalidad del Estado se convierte en el método de lucha contra la disidencia política.

Otra de las alarmantes formas en que el poder persigue la opinión es el delito de vulneración a los sentimientos religiosos del art. 525 del CP. Como ejemplos, el caso del twitero de Jaén que subió una foto retocada de un cristo de su localidad, la dragqueen canaria que se disfrazó de virgen en el carnaval, la polémica de Willy Toledo al retuitear una publicación o, el más cercano y sufrido por esta redacción, el de las mujeres de la performance del Coño Insumiso en Sevilla o Málaga.

Toda esta persecución sigue el mismo modus operandi, la utilización de categorías amplias para penalizar determinadas conductas de escasa peligrosidad social pero que suponen un grito de disidencia contra el orden imperante.

El autoritarismo y la violencia que representa esta represión evidencian la decadencia moral del poder y nos muestra una pista de sus mayores debilidades. Ante la represión de la protesta solo nos queda seguir protestando hasta el final.

Por un carnaval de Cádiz feminista

El proyecto colectivo Carnaval Feminista nace en las redes sociales con una idea potente y clara: por un carnaval de Cádiz feminista. Han seguido el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC) del Teatro Falla buscando visibilizar y denunciar letras y comportamientos machistas del carnaval, y no han dado abasto.

Desde el primer momento, han denunciado un carnaval cargadito de sexismo: alusiones cansinas y despectivas —suegras, parientas, vecinas…— a lo que se suman letras cargadas de homofobia, transfobia, paternalismo, condescendencia y machismo. Y es que la fiesta pagana, canalla y del pueblo, forma de expresión y de resistencia, de letras reivindicativas… pues también es un jartón de machista y toca evidenciarlo, aunque sea a ritmo de tres por cuatro. Algunos ejemplos de lo que otros cantan y ellas nos cuentan:

Comparsa La Oportunidad. En el cuplé cuentan los avances que hay para que una mujer sea un tío; y cuánto temen ligar en una discoteca. Ligó y cuando se echó el tanga pal lao llevaba el chocho sin depilar. Llevamos el toto como nos da la gana. #transfobia #machismo

Chirigota Aquí Hay Un Chivato. Segundo cuplé sobre que ya no se dicen piropos en las obras y que las comparsistas de después están más buenas que las cachas de su vecina. No son piropos, es acoso sexual. #ahoravoyymerío #poetapoeta #lasvecinasestánhastaelcoño

Chirigota Érase Una Vez… la Chirigota. Érase una vez… el mansplaining. En el segundo pasodoble, nos dicen a las mujeres que les demos «el capricho» (¿?) de sacar una chirigota; que nos unamos a su carro; que nos dejemos de posturitas y nos soltemos la melena; que demostremos nuestro arte; que no escribamos a las penas y hagamos cuplés con picardía; que saquemos ya una chirigota y con los criticones nos hagamos tirabuzones. ¡Qué de cosas tenemos que hacer! No se han dado cuenta de que a lo mejor no nos apetece y que no tenemos nada que demostrar. Y otra, en cuanto deje de haber machismo en el Concurso… nos lo pensamos. Pero que ya lo decidimos nosotras… Pues eso. En el segundo cuplé bromean con que si te crían gais te vuelves gay. Claro…

Desde los primeros compases de preliminares, han estado comentando con contundencia y humor las letras de cuartetos, chirigotas, comparsas y coros, pero también los comentarios de quienes las retransmitían. Las reacciones a sus análisis no se hicieron esperar y ya cuentan con una legión de haters, pero también de seguidoras entusiasmadas con su propuesta: necesaria, divertida y sin miedo de ir a tocar los cimientos heteropatriarcales de un carnaval que al parecer, muchos, pensaron limpio de machismo. Agüita. Y es que como recogía la Asamblea Feminista de Cádiz en un comunicado apoyando la iniciativa de Carnaval Feminista: «Compartimos la opinión de las publicaciones de esta página; la apoyamos y animamos a continuar cambiando la realidad, haciendo de esta fiesta un espacio libre de agresiones machistas. Si hacen un chiste machista a una… nos agreden a todas! #somosresistencia #poramoralahierbabuena #femicarnaval #nomecantespasodoblesdepenita».

Y se sigue luchando y ganando batallas en el carnaval, y así lo recogían: directoras, músicas y letristas componiendo, grupos mixtos y agrupaciones de mujeres de nuevo en el escenario por más que continúen los comentarios sobre si sus voces son demasiado agudas, si suenan raro u otras perlas.

Hoy me confieso sabiendo que habrá gente que no entienda
.

Hoy me confieso que no soy una monja ni estoy muerta


porque llega el jueves y voy sonriéndole al fin de semana. Un chaleco mono,

los labios rojos y una minifalda
. Dejo atrás el uniforme y despertar de madrugada.


Si es por trabajar, a nadie le importa
 que salga de noche y en falda corta; 


pero si me arreglo para ir de fiesta, soy una golfa
.

Dos, me tomé dos copas después del cine, 


cenar con amigos y luego fuimos a bailar,


y no paré de reírme.


No, no soy yo quien merece que me condenen
,

me encierren y me vigilen.


Yo se lo firmo, si usted lo pide, 
no necesita más detectives, 


que aquel día pensaba que me moría


y después de esquivar las cornadas de aquella manada
,

salgo y celebro cada semana que sigo viva.

Comparsa Las Irrepetibles, 2018.

El pregón de las niñas como pistoletazo de salida para el carnaval de la calle y, en la calle otro cantar, al margen del COAC, donde las mujeres llevan años repartiendo feminismo carnavalero. Las niñas, las ibéricas, las cadiwoman y tantas otras a las que ya estamos esperando al liqui como las compas de Carnaval Feminista.

Viaje desde el centro de la mierda

Aquí control en tierra
a comandante Tom,
Ha cumplido con creces las expectativas,
y los periódicos quieren saber
qué marca de camisetas lleva.
Ahora es momento de abandonar la cápsula,
si se atreve.

(Space Oddity – David Bowie)

No me faltan indicios para decir, sin ánimo de ser pretencioso, que la vida me sonríe, bastante. Soy hombre, blanco, hetero, de «mediana edad», con estudios superiores, soltero, sin criaturas, independiente, sin hipoteca, codueño de mi propia empresa y profesor asociado en la universidad. Mis grupitos de música, mi coche, mi moto, mi uno ochenta, una confortable excedencia en una gran multinacional y copropietario, además, de este excelente experimento comunicativo que es El Topo.

Pero además soy una persona muy comprometida. Mucho. Tras la lectura en profundidad de Virginie Despentes este verano, y habiendo seguido con interés y náuseas todos los casos de violaciones, abusos y acoso sexual que han ido inundando tanto medios como redes sociales los últimos meses, fui sintiendo la necesidad de que abordáramos la llamada «cultura de la violación» desde esta publicación.

No sé si he mencionado entre mis virtudes que en ocasiones soy algo temerario y bastante inconsciente, además de un experto diseñador de teorías intelectualoides aplicables al resto de la humanidad que tienen como virtud por lo general el dejarme fuera de cualquier problemática que me haga sentir incómodo. Digamos que se me da bien buscar excusas perfectamente razonadas para pasar de puntillas por las situaciones que me superan o que me comprometen.

Y llegó el día de la asamblea de nuestro consejo editor. Con estas inmejorables credenciales, allí que me presento con la firme intención de proponer el mencionado artículo a mis compañeras y escribirlo a cuatro manos con otro compañero. Comenzamos a abordar la temática de la sección «Está pasando» durante nuestra asamblea bimestral: «dado el tratamiento informativo que algunos medios están dando a los últimos casos de violaciones machistas, la construcción masiva de justificaciones para los violadores, las veladas acusaciones hacia las mujeres que las sufren, los linchamientos y juicios sumarísimos en las RRSS, a JL y a mí nos apetecería reflexionar y escribir sobre el tema», comparto con mis compañeras. Un, dos, tres segundos de silencio. Chirrido de puerta, cruje el misterio. Percibo (gran verbo que me es taaan ajeno) cierta incomodidad ¡Joder que frío hace en esta nave!

Se rompe el silencio, algunas compañeras comparten tener sentimientos enfrentados ante la propuesta. Por un lado existe interés por conocer cómo vivimos y nos enfrentamos a estas situaciones desde nuestra posición de hombres. Por otro se verbaliza la incomodidad de que seamos precisamente dos tíos quienes lo abordemos. Es pertinente decir que ese día la asamblea estaba formada, salvándome a mí, exclusivamente por mujeres. Tras un breve debate desde el más absoluto respeto, se acuerda darnos la oportunidad de tratarlo.

No sé si he dicho que soy un ser muy afortunado, creo que sí. Pero lo que me hace verdaderamente un tipo con suerte es el hecho de compartir espacios profesionales, políticos y privados con personas, principalmente mujeres, otra vez, que me permiten pensar en colectivo y que zarandean mi conciencia alejándome a menudo de mi tendencia natural a la autocomplacencia. Ya durante la sagrada cervecita postreunión llegan las primeras señales de control en tierra (mi familia topera) a Major Tom. «Está bien que tratéis el tema, pero el problema no es el tema, es el desde dónde lo abordéis. Si no vais a hablar desde lo personal, desde cómo tú, Major Tom, ejerces poder en tus relaciones con tus compañeras, será difícil que construyáis algo que verdaderamente aporte e incluso que no sea ofensivo.» «¿Pero a ti, Major Tom, qué es lo que te lleva a escribir sobre la violación?¿dónde te colocas tú al respecto?» Algo en los circuitos de recepción de mi nave de hojalata empezaba a oler a chamusquina.

Aquel día supuso una suerte de ignición. Plataforma de lanzamiento, motores encendidos, cuenta atrás y directo al espacio sideral. Inmersión en una suerte de cosmos donde compartir con mis compañeras desde lugares desconocidos para mí. Y en el cosmos hay vacío, silencio y frío. En esas condiciones el decodificador de mi nave se ha mostrado bastante disfuncional. Hasta el punto de tocar fondo, de querer callar. Bloqueo absoluto, ¡estoy perdido! ¿Puede oírnos Major Tom?

Parece ser que, para cierta psicología, más que perdido podría estar atravesando lo que llaman «depresión postmasculinidades» ¿Cómo puedo yo sufrir tanta ceguera? ¿Cómo he podido no asumir que esto tiene que ver con lo más profundo de mi ser? ¿Cómo es posible que siendo tan listo no me entienda con mis compañeras? ¿Cómo que no soy un aliado de esta lucha? ¿Pero entonces dónde me coloco? ¿Me coloco? Baño de humildad. Mi pastilla de aprehender como yo, hombre, tomando la palabra y ocupando espacio para hablar de agresiones y violencia de género, carezco de ningún significado político, estaba lista para la ingesta. Porque nunca me han agredido, ni me han acosado, ni he sentido miedo por ser hombre, ni un sinfín de cuestiones que no vemos desde este lado y que son efecto del sexismo. Sexismo que perpetúo cuando pretendo discutir sobre aquello que ignoro. Arrogancia. Juicios arbitrarios desde opiniones imprudentes. Subestimar. Cuestionar. Sexismo.

Mi viaje ha comenzado. Ya no hay vuelta atrás. Reconocerme como parte del problema, escuchar con humildad, callarme más, aprender y dar significado a lo aprendido en mi cotidianidad, sentir y compartir lo sentido, darme la oportunidad de cambiar y dejar hacer, dejar hacer, dejar hacer. Rumbo hacia mi propia deconstrucción de género. Con aceptación y sin dramatismo. Sin miedo al estar perdido y rencontrarse. Disfrutando de un camino que probablemente me ocupe toda una vida y quizás me haga menos portador de machismo en vena y algo más consciente del mismo. Y a lo largo de este camino, os quiero cerca compañeras.

And I’m floating in a most peculiar way
And the stars look very different today

(Space Oddity – David Bowie)

Casas-negocio y gente sin casa

Mucho se ha hablado sobre gentrificación y turistificación con Barcelona como punta de lanza de estos procesos de transformación de las ciudades. El impacto negativo sobre el acceso a la vivienda por parte de la población autóctona está más que demostrado, y no se puede decir que no estábamos avisadas de lo que se nos venía encima. Pero cuando lo vives de cerca es, sin duda, cuando empieza a afectar en tu vida: tu familia, tus amigas, tu calle, tu barrio, etcétera. Y es a partir de ahí cuando el análisis se hace desde otro lugar, desde la necesidad y la urgencia de ser conscientes de la realidad para transformarla.

El pasado 9 de septiembre el Diario de Cádiz publicó un artículo sobre el número de pisos disponibles en la plataforma Airbnb en la capital gaditana, con un total de 1700 viviendas turísticas. Asimismo reflejaba cómo en un solo año se habían duplicado la oferta de pisos en la toda la provincia, con más de 2000 pisos en Tarifa, 1725 en Conil, 1300 en Chiclana, 1122 en el Puerto de Santa María o 824 en Jerez, entre los más destacados. Dichas cifras corresponden a la plataforma Airbnb, pero evidentemente la cifra es mucho mayor cuando se le suman otras plataformas y un altísimo número de pisos no registrados. La realidad está por encima de las cifras y los ejemplos concretos son el indicativo real de esta situación. En la zona de la plaza de La Candelaria, que es el barrio donde vivo, un piso que hasta hace unos meses era una casa de acogida de jóvenes inmigrantes, se ha transformado en una finca de pisos turísticos. Justo en una calle colindante y en la plaza de enfrente ya están rehabilitando fincas para esa misma actividad. En las calles cercanas a mi lugar de trabajo al menos otras tres fincas están siendo rehabilitadas con el mismo objetivo y, si te das un paseo por la ciudad, basta con dar un vistazo para encontrar muchas más. Esa es la tendencia de las dueñas, que creen haber encontrado en el alquiler turístico la gallina de los huevos de oro. No obstante, esto es un proceso global y afecta a muchas más ciudades, pero Cádiz quizá cuente con una particularidad. En otras ciudades este proceso expulsa a las vecinas del centro hacia la periferia, pero teniendo en cuenta las dimensiones de Cádiz y su morfología insular, hablamos directamente de la expulsión de la ciudad, por lo que si no se le pone remedio, en unas décadas la población autóctona podría verse mermada severamente.

Es un crecimiento en progresión geométrica y desde hace un par de años se ha hecho especialmente palpable este aumento, suponiendo un problema real para las habitantes. No me refiero a que ciertos sectores —especialmente vulnerables y precarizados— lo tengan difícil para encontrar vivienda, sino que hablamos de la imposibilidad generalizada de acceder a este recurso tan básico. Un agente inmobiliario me contestaba así sobre la situación actual del mercado inmobiliario: «El mercado de alquileres y ventas de pisos en Cádiz no está hecho para la gente de aquí, ahora mismo está orientado para gente de fuera y para clientes que buscan invertir». Los dueños de los pisos han desechado en su mayoría los contratos de larga duración en pos de los contratos temporales de curso escolar, temporada de verano y estancias cortas. Todo esto unido a una subida de precios y a unos requisitos contractuales en los que las dueñas exigen nóminas surrealistas en una ciudad donde, para quien tenga la suerte de tener un contrato, la nómina solo suele rezar una mínima parte de las horas que realmente se trabaja. El panorama es poco halagüeño, una población precarizada que a duras penas encuentra empleo y que tiene cada vez más difícil encontrar una vivienda encontrándose, en el mejor de los casos, que tiene que destinar más del 50 % de su salario en pagar el alquiler. Una juventud que descarta permanecer en un lugar donde no tienen las condiciones mínimas para construir un presente y mucho menos un futuro. Vecinas que ven con temor cómo cada vez hay más casos de personas cercanas a las que no renuevan sus contratos de alquiler, en busca de perfiles de inquilinas más rentables.

Bajo estas condiciones hay pocas opciones: sucumbir a esta realidad y abandonar la ciudad, lo cual es entendible, o permanecer, convirtiéndolo en un acto de auténtica resistencia, viviéndolo como un ejercicio de militancia.

Las instituciones deberían dar una respuesta a esta problemática, pero ya es un clásico el discurso de no poder atajar este problema debido principalmente a sus pocas competencias, incluso llegándose a asumir como algo positivo. Así lo justificaba en septiembre el teniente alcalde de Cádiz, Martín Vila, en unas declaraciones a raíz de la aprobación en la Junta de Gobierno de la licencia para dos proyectos de obras de adecuación y rehabilitación de fincas, que albergarán apartamentos turísticos:

Estamos siendo testigos de la proliferación de este tipo de negocios que se adapta más a los recursos de la ciudad y a su potencial. Hay un nicho de mercado compuesto por turistas que buscan pequeños lugares con encanto para alojarse y ahí Cádiz tiene mucho ganado. Además, este nuevo rumbo turístico es una de las apuestas del equipo de Gobierno, tal y como ha destacado el alcalde en varias ocasiones. Apostamos por la diversificación turística y por un modelo de negocio diferente que es compatible con el que existe hasta ahora, tal y como demuestra el crecimiento de la oferta y la demanda de este tipo de turismo.

Cuando se asume el turismo como principal motor económico de una ciudad, todo lo que se intuya como una crítica a este modelo, pasa a ser valorado como enemigo de la recuperación económica y la creación de empleo. Quizás es mucho más complejo reorientar la recuperación económica asociándola a la industrialización de la bahía y recobrar el tejido de empresas, pero por seguro que serían empleos de mayor calidad y estabilidad.

Por ello se hace necesario recuperar la participación de las vecinas en la vida de los barrios para resistir a esta situación. Reavivar las asociaciones de vecinas, las asambleas de barrio, las plataformas ciudadanas, los colectivos que hacen trabajo de base, etcétera. En definitiva, organizarse para fortalecer la presencia del vecindario en las decisiones de nuestros espacios; trabajar para conseguir infraestructuras que sean útiles para la vida de las vecinas, sin pensar únicamente en facilitar la estancia al turista o al visitante eventual; así como ser dueñas de nuestro propio ocio, con unas actividades con las que realmente se vea reconocido el pueblo y que nos permitan satisfacer nuestras necesidades; empoderando al movimiento vecinal para conseguir que la vivienda sea valorada como un recurso fundamental, al que todas podamos tener acceso, lejos de la concepción capitalista de la vivienda como un simple objeto de explotación económica.

La indefensión de las prostitutas

Soy trabajadora del sexo. Desde hace algunos años contacto con mis clientes en la calle. Empecé en esta actividad allá por 1997, en los tiempos en que la Casa de Campo de Madrid estaba abierta a todas horas al público y trabajábamos sin más problemas que los que se pudieran presentar en la cotidianidad: que si la lluvia, que si el cliente borracho, que si el maleducado… La Policía estaba continuamente pidiendo la documentación y no todas tenían «los papeles en regla», eran frecuentes las redadas en busca de «sin papeles».

Las trabajadoras del sexo captábamos a la clientela al pie de la vía y los servicios los realizábamos, como norma general, en los propios vehículos, cerca de donde nos ubicábamos. Poco a poco, nos lo pusieron más difícil. Primero colocaron vallas de madera. Las autoridades explicaron que se trataba de «barreras protectoras». La consecuencia fue que los coches ya no podían parar al lado de la vía. Nos trasladamos al aparcamiento, más alejado. Pero las vías fueron cerrándose poco a poco. Cada vez contábamos con menos espacio para trabajar y lo hacíamos en lugares menos seguros y transitados.

Las incursiones policiales se acrecentaron. Actuaban conjuntamente la Policía Municipal y la Policía Nacional, concretamente de migración. Sufrimos cortes de tráfico y desvíos caprichosos de la circulación, calles cortadas a determinadas horas, redadas a las mujeres que se encontraban en «situación irregular», insistentes controles de alcoholemia a los clientes, multas de tráfico injustificadas a horas intempestivas, etc. Es decir, poco a poco, las autoridades consiguieron poner en marcha la diáspora de prostitutas por Madrid. Tuvimos que desplazarnos a otros lugares que contaban con los inconvenientes consabidos: enfrentamientos y discrepancias con el vecindario, comerciantes, etc. Por si fuera poco, se colocaron cámaras en la vía pública que ahuyentaron a nuestros clientes. Las prostitutas nos vimos obligadas a demandar nuestras reivindicaciones ante el consistorio municipal y nos manifestamos exigiendo nuestros derechos.

La ley mordaza

Posteriormente el Gobierno del Partido Popular aprobó la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, que penaliza tanto a clientes como a trabajadoras del sexo. Dicha ley, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, ha venido acompañada de consecuencias terribles: más estigmatización para nosotras, más hostigamientos, más actas de denuncias constantes por cualquier cosa: por pararnos aquí, por pararnos allá, por nuestras vestimentas (da igual cómo vistas, cualquier escote, falda, pantalón corto, largo o ceñido al cuerpo, blusa, vestido). Todo vale y justifica su denuncia impuesta, tanto si vas vestida como si no, si te encuentra en la acera como si no, si estás hablando, si vas en coche con alguien, si estás esperando el bus para marcharte, si estás parada o si estás en sitios estratégicos de la zona realizando servicios. Nosotras, las prostitutas, somos juzgadas, en ocasiones, por la policía, juzgadas como «malas madres». Pueden soltarte tranquilamente la dichosa frase de «¿qué dirán tus hijos?», porque la carga moral está presente en el momento que extienden la denuncia. Aquí no se salva nadie, ni el señor que vende los preservativos, ni el señor al que compramos los bocadillos, ni el cunda que nos hace de taxi. Todos son calificados de «puteros», tratados como «criminales»… Y nosotras, vapuleadas, y nuestros datos personales utilizados para rellenar las denuncias hechas contra nuestros clientes o contra las personas que tratan de buscarse la vida en el polígono vendiendo bocadillos.

Reacción

Con esta ley en ejecución, las putas llegamos a comprender lúcidamente que siempre se ha perseguido la prostitución, que se ha utilizado la ley de migración como excusa para perseguirnos y expulsarnos del país. Ahora ya hay un instrumento a nivel estatal. Días antes de la entrada en vigor de la ley mordaza, algunos policías de migración nos advertían de manera pletórica y triunfal cómo la aplicación de la ley de Seguridad Ciudadana acabaría con nuestra actividad. Y se cumplió lo que nos habían prometido: las denuncias impuestas contra nosotras, las monsergas y reproches —casi lo peor de todo— que acompañaban a las mismas.

En esta difícil situación —con más de 30 denuncias en una sola tarde— vimos la necesidad de protestar, gritar y hacernos escuchar. Así nació la Agrupación Feminista de Trabajadoras Sexuales (Afemtras), conformada por mujeres cis, mujeres trans y travestidos. El colmo fue que el foco mediático solo apuntaba hacia un objetivo: la denuncia de que una «posible víctima de trata» pudiera estar siendo multada. Porque para las autoridades solo existen las víctimas de trata, nosotras no existimos. Y para los medios de comunicación, en ocasiones, tampoco. Y cuando existimos, se nos criminaliza por nuestra actividad.

Desde Afemtras estamos dando a conocer nuestra situación y nuestro descontento por medidas injustas, desproporcionadas e ineficaces. Ponemos el acento en las consecuencias negativas de la aplicación de leyes injustas sobre nuestras vidas. Asistimos asombradas e indignadas al descrédito que se hace de nuestro oficio y a la perversión que supone confundirla —intencionadamente— con la trata de personas.

Las trabajadoras del sexo apoyamos sin fisuras a las víctimas de trata y somos las primeras en ver indicios de trata y ponerlo en conocimiento de las asociaciones con quienes colaboramos. Quiero señalar también que son muchas veces los clientes quienes contactan con las autoridades y las asociaciones cuando detectan posibles casos de trata.

Pero nosotras, profesionales del sexo, estamos demandando a los consistorios espacios donde podamos trabajar sin molestar y sin ser molestadas. Las multas nos perjudican y las multas a nuestros clientes nos perjudican de manera flagrante (podemos no castigar a un comerciante por su actividad, pero si multamos a quienes entren en su establecimiento, le estamos perjudicando directamente). Tenemos la obligación de defender y desdemonizar a nuestros clientes porque entendemos que existe un contrato verbal de intercambio de servicios sexuales por dinero con el consentimiento de dos personas adultas y el Estado no debería intervenir —y menos hacerlo con una moralidad propia de otros siglos—.

Por tanto, exigimos que las autoridades diferencien entre trabajo sexual y trata de personas. Si no es así, las víctimas de trata reales continuarán desprotegidas y nosotras soportando la indefensión, y sin que nuestros derechos sociales y laborales sean reconocidos. ¿Acaso alguien vive mejor sin derechos?

1,2,3 DESALOJO EXPRESS

En 2016 el madrileño Centro Social Patio Maravillas okupaba un edificio en el barrio de Chueca con la intención de establecer allí su nueva sede. El inmueble, de propiedad privada, llevaba años abandonado y había sido rehabilitado con fondos públicos. Fue desalojado en apenas 12 horas. 8 furgonetas de antidisturbios se presentaron y clausuraron el edificio sin enseñar ninguna orden judicial. "¿Así es como las vas a gastar Zoido?", preguntaba a gritos un chico, después de que las furgonetas de antidisturbios desaparecieran.


Pues si tenemos que guiarnos por lo que hemos visto en Sevilla los últimos meses parecer ser que sí. Que, efectivamente, así es como se las va a gastar Zoido ante los desalojos. Mano dura y atajar de raíz, saltándose incluso, las propias normas de las que ellos mismos se dotan. Parece, además, que ha querido hacer de su ciudad natal un ejemplo modélico de represión contra las okupaciones.

Hago aquí un inciso momentáneo para aclarar que me parece innecesario justificar la legitimidad de dar uso a espacios abandonados o en desuso largos años para establecer proyectos y lugares donde demos vida a lo común. Que si nos ponen en la tesitura de elegir entre el derecho a la propiedad privada y el derecho al uso y la construcción colectiva, no tenemos ninguna duda. Así que saltamos a la siguiente casilla.

En los últimos meses hemos visto varios anuncios de apertura de nuevos Centros Sociales que duraban un suspiro. No daba tiempo a compartir el comunicado con el que se presentaban cuando ya llegaban tweets y whatsapp informando de la presencia policial y el desalojo. Desalojos sin ninguna orden judicial que los avalara. El 9 de febrero de este año se presentaba en las redes el CSOA La Hiena, que se instalaba en una nave abandonada en el polígono Calonge. 4 días después, sin orden judicial y sin que se estuviera cometiendo ningún delito flagrante, la policía nacional forzó su entrada en el edificio e identificó a 4 personas que se encontraban en su interior, denunciándolas por delitos de daños y usurpación.

El viernes 24 de marzo se compartía un post con el comunicado de apertura del CSOA La Grieta, ubicado en una nave de León XIII que llevaba años en desuso, y hacían un llamamiento colectivo: “Hemos okupado un espacio abandonado y os invitamos a venir y participar.”  Las personas que aceptaron la invitación fueron testigos de cómo apenas unos minutos después de haber abierto las puertas, se presentó la policía local que aseguró que sólo quería constatar que la okupación se había producido con anterioridad y no se estaba realizando en ese momento. Mientras los mediadores del colectivo dialogaban con ellos, 8 furgonetas de antidisturbios se presentaron en la calle e, ignorando las peticiones de los abogados que exigían ver la orden judicial, forzaron a la gente que se encontraba en el interior a salir y procedieron a desalojar el inmueble.

Estas dos experiencias, si bien no son casos aislados, si que nos dejan entrever un nuevo patrón por parte de Interior, Delegación del Gobierno y las fuerzas de seguridad de afrontar las okupaciones y una amnesia insistente de las vías legales para conseguir un desalojo.

Lejos quedan ya las experiencias donde la okupación duraba 5 o más años y permitían que los proyectos fueran asentándose en el territorio, mutando y transformándose pero enredando sus raíces en el barrio. Si hacemos un repaso por la historia de la okupación sevillana podemos ver cómo la esperanza de vida de los centros sociales se ha ido acortando cada vez más. Desde los aún vigentes Huerto del Rey Moro y Centro Vecinal Pumarejo, proyectos con más de una década y una largo periplo de negociaciones con las instituciones desde la resistencia vecinal, pasando por  Cruz Verde, ubicado en la calle del mismo nombre (un  entorno entonces marginal y que hoy roza con la punta de sus ladrillos los peligros de la turistificación y gentrificación) que mantuvo sus puertas abiertas durante 5 años coincidiendo su desalojo con una época negra que llegó de la mano de la conservadora Soledad Becerril a la Alcaldía y el Código Penal de 1995 que criminalizaba la okupación. 5 años permaneció también el CSOA Casas Viejas, cuya asamblea decidió irse a lo grande con un desalojo que dio que hablar hasta a Ana Rosa. El CSOA Sin Nombre mantuvo sus muros llenos de actividades durante 8 años en el barrio de San Bernardo. La Fábrica de Sombreros, La Huelga y Andanza tuvieron una duración similar, en torno a 1 y 2 años.

¿Qué ha pasado en este último año para que las okupaciones apenas lleguen a ver la luz? El único caso exitoso reciente ha sido La Casa Okupada Autogestionada y Feminista La Revo que, tras una corta estancia en Puerta Osario, ha celebrado recientemente su aniversario en la calle San Luis.  Está claro que ha habido un cambio en las directrices y protocolos frente a la okupación.

En principio la acción policial y judicial sólo puede empezar cuando el propietario presenta una denuncia y manifiesta que la okupación y permanencia en el piso o local se produce sin autorización y contra su voluntad. Comienza entonces la fase de instrucción en la que se tratará de identificar a los okupantes, en caso de que se consiga serán citados a declarar y, si procede, se puede producir un desalojo cautelar pero dentro siempre del procedimiento judicial, o incluso puede quedarse a la espera de juicio.

Este ha sido el escenario habitual con el que se encontraban las asambleas de los Centros Sociales, sin embargo, tras el movimiento de las corralas y las okupaciones como alternativa habitacional a los desahucios se ha producido una corriente de legitimación social de la okupación, por lo que el sistema ha decidido actuar con mano de hierro (e ilegal) ante ella. Por un lado, con la proliferación de empresas que, al más puro estilo sicario, anuncian sus servicios para desalojar a inquilinos indeseados (www.desokupa.com) y por otro, con las actuaciones policiales sin denuncia previa ni orden judicial que avale el desalojo forzoso del inmueble.

Rendirse ante la represión no es una opción pero chocarnos una y otra vez con el mismo muro tampoco parece una estrategia inteligente y nos va desgastando de desalojo en desalojo, sin contar las multas que suelen caer como premios de la lotería en acciones y concentraciones posteriores. ¿Qué hacer? Cuando en el choque frontal salimos perdiendo en correlación de fuerzas (y poder represivo) la opción no es tirar para adelante a toda costa sino pararnos a coger aire, desplazarnos y ser capaces de mirar desde otro lugar para volver a inventar estrategias que nos permitan sortear obstáculos y muros hasta llegar (y okupar) el espacio deseado.

El Rif sigue en pie

Marruecos es un país complejo y diverso de cuya realidad política y social sabemos demasiado poco. Youssef Ouled, periodista rifeño, nos habla aquí de una de las movilizaciones más potentes que está viviendo el país y que prácticamente se desconoce en esta orilla.

«Lo hemos llamado marcha por el derecho a la vida, porque ese derecho no existe en el Rif», explica Reda Benzaza, portavoz del Movimiento Popular rifeño. Bajo este lema decenas de miles de personas tomaron las calles de Alhucemas, al norte de Marruecos, el pasado nueve de abril, cuarenta mil según activistas y manifestantes.

Se trata de la última gran movilización hasta el momento, en respuesta a una convocatoria lanzada por el movimiento protesta, erigido en altavoz de la población. «Es salir a visitar los pueblos y ver cómo se muere nuestra gente debido al abandono institucional», denuncia este profesor de español.

Las consignas que se gritan en las marchas no han cambiado en los seis meses que duran ya las protestas. Entonces nació de la espontaneidad un movimiento que no deja de exigir justicia por la muerte de Mohssine Fikri, vendedor ambulante aplastado dentro en un camión de la basura al intentar salvar el pescado requisado por la policía. También gritan por el fin de la militarización del Rif y unas mejoras que pasan por fomentar el desarrollo económico, social y cultural de la región.

«Seis meses de la muerte de Mohssine Fikri y seguiremos exigiendo justicia», se repite en las marchas que agrupan miles de personas con un grito único.

Movilizaciones que han llevado al cese de numerosos cargos en la ciudad de Alhucemas entre los que se encuentra Mohammed Zhar, wali (gobernador provincial) y puesto de máxima autoridad en la región. Una orden que salió del Ministerio del Interior que se justificó en la necesidad de rebajar la tensión e intentar responder a las expectativas de los habitantes de la ciudad. «Se trata de ceses que no revisten mejoría ni tampoco trasparencia», explica el portavoz del Movimiento, quien defiende que «para una transformación real es necesario un cambio de mentalidad, no de nombres».

Una destitución que se produjo dos días después de que un grupo de estudiantes atacara una residencia policial en Imzouren (Alhucemas), según la agencia de noticias MAP. La jornada se saldó con la detención de 14 personas. Benzaza, que desmarca al movimiento de esta convocatoria estudiantil, sostiene que «los disturbios estallaron como consecuencia de la intervención desmesurada de las fuerzas de seguridad tras impedir a cientos de estudiantes de diferentes poblados llegar a pie a Alhucemas». Estrategias que según el portavoz tienen la intención de «acabar con un movimiento que ha vuelto a ilusionar a cientos de miles de personas dentro y fuera del Rif».

Una postura que comparte Mouruth Chhima El Khattabi activista del Movimiento Popular del Rif en Madrid, quien defiende que estas acciones responden «a una política que busca enturbiar unas manifestaciones pacíficas desde su inicio».

La nueva formación de Gobierno dictada desde el Palacio Real tras seis meses de estancamiento, es interpretada como «una complicación más» ante el nombramiento del nuevo ministro del Interior, Abdeluafi Lafti que «no cree en el diálogo y tiene unas aspiraciones profundamente represivas», explica el portavoz. Por su parte, El Khattabi, tilda estos cambios de maquillaje: «Buscan contener unas movilizaciones que se niegan a abandonar las calles a menos que sus reivindicaciones sean atendidas», afirma.

Miles de mujeres tomaron las calles de Alhucemas el ocho de marzo

«Vemos que el majzén (élite cercana al Palacio) hace de todo contra un movimiento y una ciudadanía que expresa unas exigencias legítimas», denuncia Reda Benzaza. Cuando comenzaron las protestas, pocas personas vaticinaban que duraran seis meses. No obstante, la unión de la población rural y unas demandas conjuntas mantienen fuerte a un movimiento que, lejos de disiparse, es más fuerte

El cinco de marzo, activistas detenidos por protestar unos días antes eran juzgados en el Tribunal de Instancia de Alhucemas, en su apoyo se concentraron a las puertas cientos de personas a las que se unieron otras muchas. La jornada acabó en una manifestación de miles que recorrió las calles de la ciudad. Tres días después, cuando el mundo prestaba atención a las movilizaciones de cientos de miles de mujeres reclamando igualdad de derechos, en Alhucemas cerca de cinco mil mujeres según convocantes, salieron a la calle para reivindicar su papel y exigir una sociedad más igualitaria.

Al grito de la ciudadanía del Rif se suma la población de la diáspora. El pasado mes de abril se creó en Bruselas un grupo de coordinación a nivel europeo con el fin de apoyar al Movimiento Popular. Así lo anunciaron en una declaración conjunta comités de diferentes lugares de Europa, entre los que se encuentran el País Vasco, Barcelona, Canarias y Madrid, surgidos en los últimos meses para apoyar las reivindicaciones de la ciudadanía.

«Llevamos 61 años viviendo bajo un régimen dictatorial»

Las exigencias de los diferentes comités son las mismas que se hacen desde el norte de Marruecos; demandas históricas como la desmilitarización de Alhucemas, que implica abolir el decreto 1-58-381 aprobado en 1958 que considera la ciudad como zona militarizada, la puesta en libertad de los presos políticos y el fin de las persecuciones a activistas.

Para El Khattabi, todas las personas activistas tanto dentro como fuera del Rif son parte de ese Movimiento, porque «la lucha del pueblo rifeño no es de hoy, comenzó a principios del siglo XX». Celebra la salida de la cárcel de Mohammed Jaloul «preso político detenido en 2012 en Ait Bouayach», y añade que «aún sigue preso Albachir Ben Chaib, quien cumple condena de doce años por su activismo».

Aprovecha para denunciar el silencio mediático al que se somete al Rif: «Si en Francia salen a la calle decenas de miles como lo hacen en Alhucemas todos lo medios cubrirían esas movilizaciones», y añade: «Llevamos 61 años viviendo bajo un régimen dictatorial, no encuentro otras palabras para definirlo, ya es suficiente».

El Rif, territorio con historia propia, combinación de culturas con predominio bereber. Un enclave estratégico hacia el Mediterráneo y Europa, contacto con Argelia y lugar de tránsito de la población migrante. «Zona de tensiones y deficiencias administrativas», repiten quienes seis meses después siguen pidiendo justicia social y libertad. «Es una vergüenza que haya personas que llevan meses en la calle pidiendo hospitales, universidades y puestos de trabajo sin que se les escuche», denuncia El Khattabi, quien opina que no se debe negociar con nadie porque la ciudadanía no quiere limosnas: «Exigimos derechos que son nuestros», sentencia.

Siempre importa, siempre es cerca.

Violencias machistas.

Es finales de 2014 y el Grupo de Mujeres del Barrio firma en el número 7 de El Topo el artículo «De cicatrices, heridas y otras amputaciones».
   
Todo empieza por cada una reconociendo en sí misma esa sensación aguda de rabia, de impotencia, de retortijón en la boca del estómago, de pellizco en algún ladito de alma. Cada una por separado, en casa, viendo las noticias; en la calle, escuchando hablar sobre el tema.

Pasa un año, estamos a finales de 2015; seis topos más tarde, en El 13, Setas Feministas de Sevilla firman otro artículo, «Poderíos feministas contra las violencias machistas,» contándonos en primera persona –del plural– la mani estatal contra violencias machistas.
   
Y así nos pusimos en marcha activando nuestros poderíos: el de la disidencia sexual contra la heteronormatividad, el callejero contra el acoso en el espacio público, el furioso contra la victimización, el creativo contra la violencia institucional, el insumiso contra el amor romántico…
   
Hoy escribo para el número 21 de El Topo, lo hago desde Argentina, desde la casa de una amiga payasa y feminista. Hablamos de esa sensación, de ese pellizco que sigue presente. Hablamos de lo que había ocurrido días antes de mi llegada con la represión sufrida por tres mujeres que disfrutaban en tetas de la playa en Necochea, en la provincia de Buenos Aires, quienes tuvieron que enfrentarse a 20 agentes de la policía que las obligaron a vestirse según un artículo de 1973 que ampara la acción policial por el delito de «exhibición obscena» cometido por estas mujeres. Que nuestras tetas son obscenas ya lo sabemos: nos las censuran en las redes, nos increpan por amamantar en público, nos prohíben enseñarlas por la calle y se convierten, como nuestro cuerpo entero, en «campos de conquista, fábrica de satisfacciones, un expendedor de cuidados», como escribía hace unos días Irantzu Varela.
   
La respuesta a lo que había ocurrido con estas mujeres no tardó en llegar, la noticia corrió por las redes y a principios de febrero se convocó un «tetazo» en la capital porteña y en otros puntos de Argentina y del mundo. 

Seguimos hablando. Le cuento del catedrático de la Universidad de Sevilla que ha abusado sexualmente de 3 profesoras. Exdecano de la Facultad de Ciencias de la Educación, continuaba dando clases en el momento de la sentencia que lo condena a 7 años de cárcel por tres delitos continuados de abusos sexuales y un delito de lesiones psicológicas (el juzgado aplica la atenuante de dilaciones indebidas por el retraso del procedimiento, ya que los hechos ocurrieron entre los años 2006 y 2010). Ellas habían abandonado sus puestos de trabajo.

La charla continua, y mientras lo hacemos, la rabia aprieta.
   
María José Coni y Marina Menegazzo, dos tipas argentinas que viajaban juntas por Ecuador cuando las asesinaron para violarlas. Declaraciones por todos lados en las que se acusa a las víctimas de habérselo buscado por temerarias e imprudentes, por viajar solas, porque al parecer dos mochileras están solas, porque al parecer no podemos viajar solas, estar solas, vivir solas, darnos placer solas, bailar solas… La respuesta inmediata en las calles, manis, mensajes circulando para denunciar lo no tan obvio, que hacemos lo que queremos, que no necesitamos aprobación, ni nos preocupan las opiniones, ni queremos gustar, ni tenemos miedo.
   
Más charla. Ella conoce Sevilla, así que hablamos del barrio. Nuestras calles, mi calle, en la que vivo. Dos mujeres agredidas, una violada. Antes del viaje, otra más, otra compa más. Son las calles que transitamos, donde luchamos contra la privatización del espacio público, donde defendemos el derecho a techo, donde nos espanta la gentrificación, donde gritamos que la calle es de todxs, en esa misma calle nos está pasando.
   
Y salimos a tomar la noche, y denunciamos el acoso en los transportes públicos, y defendemos una noche y un ocio feminista, reclamamos espacios no mixtos de encuentro y militancia, trabajamos y sudamos en la autodefensa feminista, bailamos, follamos, viajamos, perdemos papeles, escribimos, nos cuidamos y descuidamos, parimos, dudamos y torpeamos, saludamos al sol, nos metemos de todo y más, leemos, discutimos, molestamos e incomodamos, nos juntamos, buscamos y mimamos mucho, en una lucha y un aprendizaje que sigue con más fuerza que nunca. Y con mucho amor y sin importarnos demasiado la respuesta, todo sea dicho de paso, ¿dónde andas en este tema, compañero?
   
Hay una regla del periodismo que dice que las noticias, cuanto más cercanas, más importan. Algo está cerca cuando compartimos referentes culturales, contextos lingüísticos, prácticas y, como no, cuanto menor sea la distancia. Pero nos toca Divina Pastora como nos toca Buenos Aires, La Algaba o la conchinchina. Claro que se nos ponen los pelos de punta cuando pasamos por el callejón en el que sabemos que violaron a una compañera, cada vez que caminamos por la calle donde agredieron a otra, pero también cada vez que conocemos un nuevo caso de feminicidio, aquí o allí.
   
Ya todo es cerca en este tema porque vivas nos queremos, y cuánto nos queremos.

La sutil represión administrativa

El caso Juan Carrique

Durante años en Sevilla, cada vez que un colectivo se planteaba realizar una acción o se enfrentaba a cualquier tipo de causa judicial y precisaba asesoramiento legal tan solo tenía que buscar a Juan Carrique. El abogado de la CGT que, con el eterno maletín lleno de papeles en su mano, y haciendo malabares con la agenda, siempre estaba dispuesto a colaborar de forma gratuita y solidaria con las luchas políticas más variadas como, por citar algunas, la insumisión, la okupación o las movilizaciones de los estudiantes contra la LOU. 

Pero a lo que se dedicó con más intensidad durante varios años fue al activismo en defensa de los derechos de las personas migrantes, formando parte de una asociación en la que los asesoraba legalmente y que apoyó activamente el encierro de inmigrantes en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) del año 2002.

Las movilizaciones y encierros de inmigrantes sin papeles en las provincias de Huelva y Sevilla durante los años 2001 y 2002, junto con otras que se produjeron en otras provincias y localidades, tuvieron un fuerte impacto en lo que fue la política migratoria en ese momento, ya que provocaron la mayor regularización de inmigrantes sin documentación desde que surgió el fenómeno social de la inmigración en España. Pero también provocó un cambio abrupto del gobierno, que tras ellas optó por la represión de los inmigrantes que las protagonizaron. Y esa actitud fue común en las distintas administraciones, independientemente del color político de quien las presidía, tanto de la Administración General del Estado como de la Junta de Andalucía, que asumieron esa actitud intolerante y penalizadora de las movilizaciones de inmigrantes sin papeles.

Esa acción represiva se extendió desde lxs inmigrantes que protagonizaban dichas luchas hacia los sectores autóctonos que se solidarizaron con las mismas, como fue el caso concreto del Grupo de Apoyo a los Encerrados en la Universidad Pablo Olavide, contra el cual se inició una investigación penal instigada por el entonces defensor del pueblo, José Chamizo, y la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla, pero que finalmente fue archivada porque no se sustentaba realmente en pruebas veraces.

Pero el archivo de la investigación penal no impidió que la Junta de Andalucía continuase con su actitud de represalia contra el apoyo social recibido por los inmigrantes, de forma que se dirigió a una de las asociaciones de inmigrantes que habían jugado un papel destacado en el impulso de esas movilizaciones, concretamente ODITE, de la cual era el secretario Juan Carrique. Mediante formalidades y excusas administrativas anularon las justificaciones económicas presentadas en los programas públicos de atención a los inmigrantes e impusieron el reintegro de todas las subvenciones recibidas, de forma que se aseguraron que en el futuro esa asociación ya no pudiera realizar más actividades por la quiebra económica que ello le suponía.

Pero no se limitaron a ello, sino que extendieron la responsabilidad por el reintegro de esas subvenciones, que fueron en parte justificadas y aceptadas por la misma Junta de Andalucía en su momento, a los que aparecían como fundadores de esa asociación por el mecanismo legal de la derivación de responsabilidad, alegando que no habían sido reintegradas esas subvenciones, debido a una supuesta actitud negligente de los mismos. De esta forma se aseguraban que ODITE no pudiera volver a tener actividad en el futuro, al mismo tiempo que arruinaba económicamente a las personas que la integraron. Hoy, 14 años después, Juan Carrique se enfrenta a una reclamación de la Junta de Andalucía de más de 165 000 euros que ha tenido como consecuencia el embargo judicial de su vivienda y el embargo de parte de su salario mensual por ser una de las personas destacadas en dichas movilizaciones.

Se trata de una represión indirecta, administrativa y no penal, que es más fácil justificarla socialmente, ya que supuestamente no se desencadena como respuesta a una movilización social, sino a una «actuación administrativa incorrecta» como es la justificación económica de subvenciones públicas al desarrollo de proyectos sociales incumpliendo unas formalidades en las mismas. Evidentemente, desde la Junta de Andalucía son conscientes de que no pueden impedir o difuminar socialmente las movilizaciones que en su día se desarrollaron, pero lo que sí pueden hacer es desprestigiar a las personas que tuvieron un papel destacado en las mismas para que en el futuro sea más difícil que se puedan dar unas luchas similares y que exista, en todo caso, miedo en las personas que se impliquen en ellas porque se puedan repetir las mismas medidas administrativo-represivas contra quienes participan o las impulsan.

Se ha creado un grupo de apoyo a Juan Carrique con el objetivo de minimizar en la medida de lo posible las consecuencias negativas de la represión que está sufriendo por su activismo y para visibilizar socialmente que no se trata de una cuestión personal sino que lo que aquí se está reprimiendo mediante medidas administrativas es una lucha política y colectiva por los derechos de las personas migrantes. Unos derechos que, lejos de haber mejorado con el paso de los años, desgraciadamente se vulneran y se niegan cada vez con mayor intensidad.

Cuida los datos

Ficción especulativa en clave de soberanía tecnológica

Muchas historias contienen predicciones. Las narrativas de ciencia ficción construyen acerca de lo que podría ser el futuro, los multiversos y, por lo general, hilan acerca de lo que (aún) no es. Una parte de la ciencia ficción feminista nos ayuda a pensar en tecnologías apropiadas y, por lo tanto, justas.

Una profecía autocumplida o autorrealizada es una predicción que, una vez hecha, es en sí misma la causa de que se haga realidad[1].

Cada vez que una persona activista se imagina el mundo por el cual lucha: un mundo sin violencia, sin capitalismo, sin racismo, sin sexismo, sin violencia, sin prisiones, etc., está desarrollando una ficción especulativa, narrativas que nos unen dentro de nuestros círculos de afinidades y de resistencia. Ejercer nuestra capacidad de especular sobre nuevos mundos en modo utópico es una propuesta para repensar juntas evil_internet[2], evil_telefonía móvil, evil_satélites, evil_electrónica. Nuestras narrativas se vuelven ficción especulativa, y estas generan ideas y memes que viajan a través el tiempo/espacio para volverse un ecosistema tecnológico alternativo en el cual no tengamos que sacrificar nuestros derechos fundamentales: privacidad, seguridad, comunicación, información, expresión, unión, libertad.

El internet se está muriendo, la world wide web se contrae, en mi ficción utópica existen mundos que se reconectan gracias al espectro electromagnético, ondas que vibran a nuestro alrededor y son parte de los comunes. Las personas repiensan las infraestructuras tecnológicas que les hacen falta, luego las desarrollan, auditan, testean, mantienen, transforman y mejoran. 

Me levanto por la mañana, mi smartphone ya no duerme a mi lado, casi no hay ondas wifi que atraviesan mi casa. La máquina de café y el frigorífico están libres del internet de las cosas, ya no se conectan al evil_internet para mandar mis datos de consumo de cafeína y queso a Starbucks + Monsanto. Encima de la mesa hay una tablet fabricada para durar toda la vida. Todos los dispositivos están encriptados por defecto y provienen de una fábrica local de tecnologías ubicada a pocos kilómetros.

Hace unos años, unas biohackers popularizaron el uso de bacterias y oligoelementos para almacenar información digital, la ley de Moore se quebró finalmente. La sociedad civil consiguió ilegalizar la obsolescencia programada. Los ciclos de guerra, hambre e injusticia generados por la extracción de minerales, así como la producción masiva de tecnologías, se consiguieron matizar.

Las TIC se construyen para durar, las piezas pueden cambiarse y deben reciclarse, el hardware es libre y no contiene backdoors.

En la escuela nos generamos llaves de cifrado: en primaria usando tecnologías anticuadas como GPG, más tarde utilizando procesos basados en el análisis de nuestra huella sonora al tener orgasmos.

Todos los navegadores son libres y vienen configurados para no mandar información alguna sobre nuestro historial de navegación, puedo configurar mi propio agente algorítmico para que solo comparta mis datos con quien me interesa. Las amigas de mis amigas conforman una red de redes de confianza y afinidades; las ideas, recursos y necesidades se cubren entre todas más a menudo.

Desde que sufrimos el gran cataclismo informacional y tecnológico de hace una década —el apagón de datos global—, las empresas y corredores de datos se han ido al carajo y algunas se han reciclado para facilitar la transparencia y procesamiento de los datos de las empresas y gobiernos que quedan. Hablan de crear una reserva de empresas capitalistas en una isla que funcionaba como paraíso fiscal. Los motivos hablan de preservación histórica más que de nostalgia.

Activo mis captores de viento, luz, agua para generar toda la energía limpia que puedo. Este estilo de vida requiere de mi presencia frecuente fuera de la pantalla; no estoy siempre conectada. Ya no procrastrino, ni me pregunto qué nueva serie me permitirá escaparme del mundo de mierda en el que vivo. Cuando me conecto, mis conexiones siempre pasan por una VPN que lo cifra todo y me permite esconder mi localización física. Lo hago porque es buena práctica, y si quiero decir quién soy y dónde estoy, también lo puedo hacer.

Todas contribuimos al mantenimiento de infraestructuras tecnológicas según nuestras posibilidades, habilidades, intereses. Atendemos talleres y formaciones para cacharrear, reciclar, saber cuánto consume cada dispositivo y conexión, poner en práctica las cuatro libertades, estudiar nuevas licencias de reciprocidad, imaginar principios de programación o configurar nuestros pequeños sistemas de inteligencia artificial y los algoritmos que necesitamos para nuestras propias vidas.

Ya no hay tecnofóbicas o tecnolofílicas, porque ya nadie da demasiada importancia a las tecnologías, han vuelto al lugar de donde no habrían tenido que salir (y Gaia sonríe).

Nos alimentan con futuros distópicos: noticias, series, pelis, libros de la sociedad del espectáculo. Estos nos atraviesan y paralizan, solo vemos imágenes borrosas de tecnologías que no son gadgets.  El contexto del futuro de mierda ya es ahora, implica que nos creamos que solo queda la vía del sacrificio de nuestras libertades al alimento de una maquinaria tecnológica que nos habla de innovación, creatividad y participación para mejorar su potencia en cuantificarnos, y volvernos unidades singulares, partes de grupos sociales dentro de patrones que ya nadie entiende. Algoritmos cerrados procesan dentro de cajas negras propietarias y estas crecientemente muestran su capacidad de influencia.

Lo distópico es fácil y su perversidad radica en su falta de imaginación, así como en su potencial de crear cultura y representaciones del futuro basados en loops negativos: más discriminación, más singularidad de las máquinas, más injusticia basada en algoritmos, estas nuevas armas de destrucción matemática[3]… Lo distópico aburre y nos encierra en un grácil bucle de cinismo y creencia en que las tecnologías son lo que son y que no podemos hacer nada para tener otras tecnologías. Son narrativas autoproféticas, y está más que comprobado que si llamamos a  Terminator[4] este acabará por venir.

Quedan tantos mundos por crear… Algunos incluso llenos de tecnologías producidas, distribuidas y recicladas de manera justa, tecnologías que perduran, contaminan poco y no se basan en centros comerciales gigantes. Para tumbar al capitalismo alienígena tenemos que poder imaginar futuros que no sean distópicos, futuros en los que jugar a construir nuestras tecnologías apropiadas sea común y felizmente banal.

[1]     Fuente: Wikipedia.

[2]     Referencia a Evil Corp de Mr. Robot (no acabé la temporada 2, ¿otra ficción distópica?): http://mrrobot.wikia.com/wiki/E_Corp

[3]     Cathy O’Neil, Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy, 2016.

[4]     http://terminatorstudies.org/map/

CEIP San José Obrero:

diversidad y éxito escolar

Que los centros se deben a su entorno es una realidad incuestionable. El CEIP San José Obrero de Sevilla ha visto cómo su fisonomía humana, sus familias, han ido cambiando en los últimos años; por ello hemos tenido que adecuar las estrategias de aprendizaje a una realidad sobrevenida: la matriculación de alumnado del asentamiento de El Vacie y, sobre todo, la llegada de un elevado número de alumnado extranjero.

Esta diversidad, en contra de lo que es tendente a pensar, nos identifica como centro y nos ha llevado a crecer y aprender como comunidad educativa. Hemos comprendido que los problemas y conflictos de convivencia no se dan como consecuencia del contacto entre las culturas, sino por el modo en que afrontamos esa diversidad. Podemos afirmar que la diversidad cultural es una riqueza y que lo que en principio podrían parecer dificultades pueden tornarse en oportunidades.

El CEIP San José Obrero abrió sus puertas en el año 1972 acogiendo a los niños y niñas procedentes de las barriadas de las Hermandades, la Carrasca, el Cerezo, los Príncipes y Polígono Norte de Sevilla. Todos ellos barrios que han crecido extramuros de la ciudad de Sevilla y conformados en su origen por una densa población de clase eminentemente obrera. Han sido muchos los cambios que se han producido a lo largo de estos años, en especial en relación con la población que asiste al centro. Así, desde 1972 a la actualidad la diversidad de alumnos y alumnas del centro, en lo que a etnia y procedencia se refiere, ha aumentado hasta el punto de contar actualmente con un 49% de niños y niñas inmigrantes de más de 30 nacionalidades distintas.

El año 1997 es clave para entender la identidad actual del colegio. Desde la Delegación de Educación se dispuso matricular en el CEIP San José Obrero y en otros centros de la zona a alumnos y alumnas gitanos, en su mayoría portugueses, procedentes de El Vacie, uno de los asentamientos chabolistas más antiguos de Europa. Así, sin una preparación previa del profesorado, sin una asignación de recursos suficientes, sin una planificación y organización escolar específica para atender a este alumnado, el centro acogió a 56 niños y niñas de entre 5 y 12 años que nunca antes habían estado escolarizados. En pocos días el clima escolar se deterioró: docentes enfrentados, padres y madres reclamando continuamente por las agresiones sufridas por sus hijos e hijas, familias que «quitaban» a sus hijos y se los llevaban a otros centros donde no hubiera gitanos, etc. En cinco años, la matriculación se redujo en un 30%: de 542 alumnos, el centro pasó a tener unos 400.

En el año 2002 empieza una nueva etapa para el centro: cambio de equipo directivo, renovación de un alto porcentaje de la plantilla y establecimiento de acuerdos con la administración para asignar al colegio un profesor específico de compensación educativa, aumentar la dotación económica y distribuir a los alumnos y alumnas del asentamiento por otros centros, evitando la guetización del colegio. Además, a partir de este año, comienza la llegada de alumnos extranjeros procedentes de familias inmigrantes que llegan al barrio. De este modo, el «sello» de colegio de los gitanos comienza a diluirse y en poco tiempo se transforma en el colegio de los extranjeros, llegando estos al 50% de las matrículas.

La experiencia de cambio vivida en estos años confirma que la educación inclusiva basada en el trabajo colaborativo y la participación de la comunidad educativa es vital para desarrollar una educación de calidad en centros de difícil desempeño, siempre desde una visión integral de los aprendizajes y aumentando no solo el rendimiento y la motivación, sino también la autoestima, la convivencia y el clima escolar.

Es complicado resumir en pocas líneas las estrategias de cambio, las metodologías, los planteamientos a nivel de centro que hemos utilizado y puesto en práctica para conseguir este éxito en nuestro trabajo aunque, a posteriori y mirando hacia atrás, se puede concretar en tres principios:

  1. La implicación y atención de las familias: de cara a la conciliación laboral y familiar, se puso en marcha el Plan de apoyo a la familia (con el que se consiguió la erradicación casi absoluta del absentismo al dar cobertura a las familias desde las 7:30 de la mañana que se abren las puertas del centro con el aula matinal, hasta las 19:30 de la tarde). Este plan supuso además la ampliación y mejora de las actividades extraescolares así como la oferta de comedor, complementado en la actualidad con el programa Solidaridad y garantía alimentaria y el Plan de convivencia que supone la firma por parte de los padres o madres del compromiso educativo en el que se especifican las normas de convivencia del colegio.
  2. La mejora del rendimiento: para hacer efectiva la igualdad de oportunidades y resultados para todos se diseñó un Plan de compensación educativa que refuerza los equipos de apoyo y modifica las estructuras organizativas del centro. Esta organización se sustenta en la mediación de agentes externos, en metodologías participativas y activas con fuerte incidencia en el trabajo colaborativo y cooperativo por parte de profesorado, alumnado, familias y otras entidades del barrio. Así, comenzamos a trabajar por proyectos, a dar más espacio a las competencias básicas y a diseñar actividades en las que los padres y madres interviniesen de manera directa.
  3. La atención a la diversidad: se organiza un Plan de acogida en el que participa toda la comunidad educativa: recepción por parte de la dirección, visita al colegio acompañados por otros padres y madres y nombramiento de un compañero o compañera tutor para los recién llegados. Este plan de acogida se encuentra siempre activo dada la continua matriculación y anulación de matrículas extemporáneas de alumnos y alumnas en cualquier época del año en nuestro centro.

Desgraciadamente, este esfuerzo, este trabajo inclusivo es, a día de hoy, casi imposible de llevar a la práctica con la entrada en vigor de la nueva Ley de Educación (LOMCE 8/2013 de 9 de diciembre) al implantar las reválidas sin tener en cuenta la diversidad del alumnado. Además, las políticas de recortes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que reduce drásticamente la plantilla de profesorado y la dotación económica de los centros, están haciendo inviable que se mantengan los refuerzos y apoyos tan necesarios para una educación basada en la equidad.

Reapertura judicial del caso Aznalcóllar

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN EXIGE EL CESE INMEDIATO DE LA VICECONSEJERA DE EMPLEO, MARÍA JOSÉ ASENCIO, TRAS LA REAPERTURA DEL CASO JUDICIAL DE LA ADJUDICACIÓN DE LA MINA DE AZNALCÓLLAR

La Audiencia Provincial resuelve que el juzgado nº3 de Sevilla tiene que seguir investigando las irregularidades de esa adjudicación.


Andalucía, 20 de octubre de 2016.

En febrero de 2015 Ecologistas en Acción advirtió que desde que Susana Díaz convocó anticipadamente las elecciones andaluzas del 26 de enero de ese año, los responsables políticos del PSOE en la consejería competente en minas presionaron hasta lo inadmisible a la Comisión Técnica y Mesa de Contratación del concurso de adjudicación de la reapertura de la mina de Aznalcóllar para que lo resolvieran lo antes posible, de manera que su candidata pudiera anunciar la reapertura de la mina en plena campaña electoral.
La única intención del PSOE de Susana Díaz era entonces, y sigue siendo ahora, jugar con la incuestionable necesidad de empleo de la comarca de Aznalcóllar, a sabiendas de que existen dudas muy consolidadas sobre la viabilidad ambiental y técnica de esa reapertura minera.    

Y para sus fines electorales la Presidenta usó como punta de lanza a la ex Directora General de Minas, María José Asencio Coto, para adjudicar el concurso -sin las suficientes garantías y mezclando criterios políticos- a la entidad Minorbis-Grupo México, de la que participaba la empresa Magtel, posteriormente investigada por tráfico de influencias.

En agosto de 2015, tras iniciarse las investigaciones judiciales sobre las irregularidades producidas en el concurso que imputaban un posible delito de prevaricación a la ex Directora General de Minas, la Sra. Asencio fue cesada por Susana Díaz. En noviembre de 2015 el Juzgado nº3 de Sevilla decidió archivar provisionalmente esas investigaciones y Susana Díaz rehabilitó a la Sra. Asencio Coto para posteriormente ascenderla primero a Secretaria General y luego a Viceconsejera de Empleo el pasado mes de septiembre.

Ahora la Audiencia Provincial de Sevilla ha resuelto que el Juzgado nº3 debe seguir investigando, porque el procedimiento de adjudicación está plagado de irregularidades. Así que desde Ecologistas en Acción, que ejercemos la acusación particular en el asunto consideramos que la consecuencia inmediata debe ser el cese de la ahora Viceconsejera, por los mismos motivos que fue cesada en agosto de 2015.

Y además, las irregularidades han seguido produciéndose durante este tiempo.

El pasado mes de junio de 2016 la autoridad minera, aprovechando la autorización de un Plan de Restauración y bajo la supervisión de la Sra. Asencio Coto, ha otorgado la Concesión Minera nº7976 denominada Zona Aználcollar a la empresa Minera Los Frailes, participada a su vez por el Grupo México y Magtel, sin realizar ninguna Evaluación de Impacto Ambiental, y sin que hasta la fecha se conozca siquiera el Proyecto de Explotación que se pretende ejecutar, que nunca ha sido sometido a ningún periodo de información pública. Esto supone un flagrante incumplimiento de la legislación ambiental vigente y de todas las leyes de transparencia.    

Desde Ecologistas en Acción seguimos insistiendo en que se está generando, con el beneplácito de la Consejería de Empleo, un entramado empresarial muy similar al que en su día generó la multinacional Boliden, y sus filiales Boliden Apirsa y Boliden AB, que le permitieron eludir todas sus responsabilidades ambientales y sociales tras el vertido de lodos de 1998.        
Y el historial del Grupo México en materia medioambiental es demoledor.

En agosto de 2014 protagonizó el «peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos», según calificó el gobierno federal de México al vertido de sulfato de cobre en el río Sonora, 40 millones de litros mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados muy dañinos para la salud y los ecosistemas, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México.

Y en materia de seguridad minera ese historial es indignante.

Desde febrero de 2006 hay 65 mineros muertos y atrapados en la mina Pasta de Conchos del estado mexicano de Coahuila, sin que después de 10 años la compañía minera Grupo México haya siquiera tenido la decencia de sacarlos, desatendiendo las justas reclamaciones de sus familiares.
 

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Quisieron enterrarnos, pero olvidaron que somos semillas

Cuando hablamos de un número relativamente grande de gente, perdemos la capacidad de dotar a ese número de humanidad. Cuando hablamos de represión, pensamos en cárcel, aunque esta puede ser solo la punta del iceberg...

Puede pasar a quien no vive de cerca la represión que el recuento de personas imputadas o los nombres más o menos graciosos que la policía pone a sus operaciones (Pandora, Piñata…), o incluso el juez estrella que da luz verde a esas operaciones acaben recordándose más que las personas represaliadas.

En ese caso nos quedaríamos con la cifra de 69 personas arrestadas, 45 de ellas a espera de juicio en la Audiencia Nacional. Que ya es. Pero mucho más importante que esos titulares (que han ido desde el desatamiento mediático en la Operación Pandora de diciembre de 2014 a la práctica inexistencia para los medios de las operaciones Ice o Pandora II) es el análisis y la respuesta colectiva que se ha dado.

La conflictividad social estalló tras la crisis financiera, tras años de amuermamiento y creer que el capitalismo, en el fondo, nos iba bien a todxs. 15M, huelgas generales… las calles parecían volver a ser nuestras. En toda esta vorágine, las anarquistas estaban ahí, con un discurso contundente que de repente pareció, en parte, algo casi natural en las miles de personas que participaban («nadie nos representa», aunque de ahí surgieran algunxs líderes del mañana…).

Tras años de desierto conflictual, las formas asamblearias o autogestionarias parecían rebrotar en terrenos antes imposibles. La acción directa, el sabotaje difuso, la huelga como momento de lucha y no de paseos bajo banderas repletas de siglas… Ese escenario hace ya un par o tres de años que ha cambiado de rumbo, se ha pasado del entusiasmo al posibilismo reformista, las calles se han ido vaciando de rabia para pasar al «pragmatismo». Hemos vuelto a las esperanzas democratizantes y a las regeneraciones políticas, y entre quienes no han seguido ese sendero, la represión ha golpeado duro.

En ese contexto, el Estado ha volcado su violencia institucionalizada, sus recursos y su servil prensa a la caza de todo aquello que huela a anarquista. Noviembre de 2013, 5 personas arrestadas, 2 personas (Mónica y Francisco) juzgadas en marzo de 2016 y condenadas a 12 años por colocación de explosivo en la basílica del Pilar de Zaragoza. Diciembre de 2014, Operación Pandora, 11 detenid@s, acusadas de pertenencia a GAC (Grupos Anarquistas Coordinados) y FAI-FRI (Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional). 30 marzo de 2015, Operación Piñata, 38 detenciones (15 por orden de la Audiencia Nacional, acusadas de lo mismo que las de Pandora). 28 octubre de 2015, Operación Pandora II, 9 personas arrestadas acusadas de pertenencia a organización criminal con fines terroristas, léase igual que Pandora y Piñata. 4 noviembre de 2015, Operación Ice, 6 personas acusadas de ataques con artefactos incendiarios en cajeros y pertenencia a GAC.

No olvidemos el caso de los titiriteros (a los que también asociaban a GAC) o la multitud de detenciones por comentarios en las redes sociales, básicamente por «apología del terrorismo». Ni la detención de una compañera anarquista el 13 de abril, en Barcelona, acusada de robos a entidades bancarias en Alemania, y que se espera que en breve sea extraditada a Alemania.

El retorcimiento mental del Estado y de unos cuerpos de seguridad que sin duda echan de menos los tiempos en que en el saco de ETA cabía de todo, y que garantizaban una cantidad de fondos a los que nadie podía rechistar, sigue necesitando de enemigos internos para que nadie cuestione su monopolio de la violencia. Sean yihadistas, feministas o anarquistas, SIEMPRE habrá colectivos o formas de lucha que pasen a ser lxs enemigxs número uno. No se puede concebir un Estado garante de la seguridad sin una antítesis.

La forma de encajar algunos sabotajes (ni tantos) con las 45 personas que se las tendrán que ver cara a cara con lxs juezas de la Audiencia Nacional es casi hilarante. Primero, que GAC es una organización terrorista, cuando ni una sola acción ha sido reivindicada por él, por lo que la simple «pertenencia» (según el Poder) puede multiplicar las posibles penas de prisión. Segundo, que este grupo pertenece a una «organización madre» internacional (FAI-FRI). Tercero, que (y esto según los propios autos judiciales) los ataques que se investigan, por coincidencia temporal, se asumen que han sido realizados por GAC.

En el juicio de Mónica y Francisco, esta conspiranoia de nuestros cuerpos de seguridad quedó casi refutada, (volverán con ello, ¡estamos seguras!) puesto que en la sentencia cayeron los cargos de que GAC es una organización terrorista, y donde se dice que la FAI-FRI, desde hace unos 5 años, no está en las lista de grupos terroristas de la Unión Europea.

¿Qué se persigue realmente con estas operaciones? Como apareció en un texto: «No es un ataque contra las ideas como algo abstracto. Detrás de las palabras hay unas prácticas consideradas mucho más peligrosas por el estatus quo actual y contra las que se lanzan estas acusaciones de terrorismo. La misma definición de terrorismo es voluntariamente ambigua para poder adaptarla en función de los deseos y necesidades de la policía y los jueces. Son la autoorganización, la creación de redes de apoyo mutuo y de puntos de encuentro con otras luchas, la extensión de la solidaridad, la creación de comunidades… lo que se ataca».

Y esos ataques tienen varios objetivos: la necesidad de crear un enemigo interno que prestigie sus grandes operaciones policiales; intentar crear, mediante el miedo inherente que provoca la represión, divisiones internas (anarquistas buenxs y malxs, culpables o inocentes, idoneidad o no de los sabotajes y otras acciones…); pérdida de energías y recursos, puesto que muchas actividades que podrían encaminarse a la difusión, la propaganda o el debate se han de dedicar necesariamente a conseguir dinero para costear los innumerables gastos que la represión conlleva; paralización por miedo («uf, es que nos van a pillar a todxs…»).

Pero la represión tiene otros costes, como el desgaste emocional de intentar gestionar colectiva y políticamente estos casos, que quizá son menos públicos y que afectan, además de a esas 45 personas, a amigxs, familiares o colectivos. Está en nuestras manos el que esas consecuencias nos sirvan para aprender, debatir y afilar discursos de forma colectiva, y no para caer en la paranoia o el miedo. Y es que si apuntamos tan alto como para desear el fin de Estados, religiones o jerarquías, no podemos ser tan ilusxs de creer que nos van a facilitar las cosas.

Nota: ¡El 15 de junio de 2016 la Audiencia Nacional ha archivado el caso Pandora II!

Más información en:

efectopandora.wordpress.com

claudicarnuncarendirsejamas.noblogs.org

¡Ahí también podréis encontrar las direcciones para escribir a presxs!

[Ni Dios, ni Amo]

¿Pobres molestos… o rentables?

El «más dinero», como aquel célebre «más madera», viene siendo la reivindicación que con mayor insistencia y urgencia reclama la mayoría de las organizaciones que atienden a las personas que viven en la calle. Cosa lógica si consideramos que se trata de la situación más radical de pobreza y exclusión social dentro del «primer mundo» y que España se encuentra a la cola de los países europeos con un menor gasto social por persona.

Empero, ¿pasan las soluciones exclusivamente por ese «más», sin haberse planteado realmente el hacerlo «mejor»? ¿Revierte realmente la inversión del dinero de todos en las personas más desfavorecidas o más bien se trata de un movimiento que auspicia la burocratización y la privatización de la pobreza? Situemos este debate en el caso concreto de Sevilla, con dos o tres ejemplos que nos pueden dar una pista de qué se cuece tras la penumbra de los fríos números.

Los estudios cuantitativos monográficos no pasan de ser estimaciones groseras, pero se calcula que en Sevilla viven en la calle entre unas ochocientas personas (según las cifras más conservadoras) y unas dos mil (según las más alcistas). Esto sin contar a toda una parte de la población que permanece ocultada, arbitrariamente sacada de la ecuación o se encuentra en una situación de sinhogarismo latente. Algo que haría multiplicar las cifras exponencialmente. Aceptemos estos referentes, a falta de algo mejor.

La mayoría de los servicios de intervención social que atienden a este sector de la población son de titularidad privada o de titularidad pública y gestión privada, aunque más del 90% de su financiación proviene de fondos públicos (locales, autonómicos, estatales e incluso europeos). Más que un collage, en verdad se trata de un laberinto repleto de vericuetos y opacidades propiciadas por un sector público y privado que rara vez, o solo de manera muy genérica y ambigua, muestra fehacientemente sus cuentas. No obstante, y según nuestras estimaciones, la inversión en políticas sociales para las personas sin hogar en la ciudad estaría en una horquilla de entre 6 y 7 millones de euros al año[1].

En Sevilla existen unas 270 plazas de alojamiento específicas para esta población, aunque los responsables municipales suben gratuitamente hasta unas 350. Sea como fuere, y en el mejor de los casos, no darían cobertura ni a la mitad de las personas que viven en la calle[2]. Esto quiere decir que la inversión por persona/año que recibe una atención significativa puede rondar entre los 17 000 € y los 26 000 €. Cantidades que permitirían a cualquiera llevar una vida relativamente holgada y ponerla a cubierto de la pobreza. Máxime, si como señalan los diferentes estudios, las personas que viven en la calle que requieren unos cuidados o unos acompañamientos intensivos (por enfermedades físicas, psíquicas, depresiones, drogodependencias, alcoholismos o falta de habilidades sociales básicas), no supera el 20% o el 30% del total de población sin hogar. Posiblemente, entre el 70% y el 80% no necesitarían la ayuda permanente e intensiva de todo el entramado burocrático y privado de mediaciones, eminentemente asistencialista y semicarcelario (salvo contadas y loables excepciones, justo es reconocerlo) .

Sin entrar a valorar los más que cuestionables «requisitos» para el acceso, la permanencia y las salidas, el caso concreto más flagrante al respecto es el Centro de Acogida Municipal (de titularidad pública, gestión privada y financiación pública, ¡ojo al dato!). Con el dinero invertido en 4 plazas se podrían alquilar cuatro pisos de dos habitaciones para 8 personas, liberar una aportación para los gastos de unos 400 € por individuo (una vez pagada la vivienda) y contratar a un profesional con un sueldo de 1900 € brutos al mes[3].

Pero además de estos y otros detalles, debemos estar atentos al movimiento general, que pasa por el desvío de los fondos para políticas generalistas y comunitarias hacia políticas sectoriales privatizables o focalizadas exclusivamente en un sector llamativo de la población, una nueva forma de recortes encubierta y una nueva división social. Esperemos a ver qué supone el publicitado y nuevo plan estrella «Housing First» que el Ayuntamiento quiere poner en marcha en Sevilla con una aportación de fondos locales de unos 50 000 €. Lo ejecutará una entidad privada (cuya financiación proviene eminentemente de las arcas públicas estatales, pero que no conocemos al detalle) y la contará con la siempre estimable colaboración de los bancos (recordémoslo, aquellos que desahucian a cientos de personas todos los años). ¿Una nueva moda, la fórmula mágica, un lavado de cara o una apuesta con un impacto real y positivo? Tengamos aquí cuidado en no ir confundiendo la publicidad con la información y los hechos reales.

Si bien el sinhogarismo no debería ser una cuestión contable, sino de catadura cualitativa, estos guarismos y otros nos pueden dar una buena pista de que algo huele a podrido en Dinamarca. Reina por su ausencia la detección temprana y la prevención, las iniciativas que promuevan la autonomía personal y la inclusión social, una atención paliativa y recuperadora integral y sostenida, las ayudas directas como una renta básica universal o garantía de ingresos dignos, el reconocimiento del derecho a una vivienda digna y la movilización de las casas vacías públicas y privadas, la atención desde los derechos (no desde los requisitos y las normas), la involucración de las redes comunitarias de solidaridad y ayuda mutua, la promoción de alternativas habitacionales colectivas, la desestigmatización de una población que se presenta como culpable más que como víctima, su participación efectiva, unas condiciones laborales dignas para lxs profesionales, además de la puesta en valor de las creatividades locales ciudadanas que podrían suponer una superación menos costosa y más eficaz que la actual política de paños calientes, represión y mercadeo con la marginación.

Como he podido comprobar durante más de diez años, el actual sistema de intervención constituye una suerte de «túnel de lavado» o una «puerta giratoria», que rara vez ha conseguido que una persona sin hogar haya podido salir de esta situación gracias al mismo. Quizás Candela, una mujer que vive en la calle desde hace largos años y que ha vivido su particular odisea por los diferentes servicios, tenga la respuesta: «Antes éramos molestos. Ahora, molestos y rentables». El negocio, la privatización y la burocratización de la pobreza, el monopolio de las grandes organizaciones, la falta de apoyo a la iniciativa local en pos de intereses corporativos externos, parecen campar a sus anchas por la ciudad. ¿Realmente se requiere más intervención o más bien una desintervención y una autogestión o cogestión directa por parte de la ciudadanía y los afectados de los recursos de todos? Estemos atentos a los detalles, pero también a las grandes derivas… ambas son las dos caras de una misma moneda.

[1] Sin contar la inversión social comunitaria, la sanitaria y la policial directamente incidente sobre esta población.

[2] A lo que habría que añadir que, “incomprensiblemente”, todos los días quedan plazas sin ocupar en los centros de acogida.

[3] Si la vivienda fuera publica, aún se podría liberar más dinero para ayudas directas o emprendimientos.

Okupar en tiempos de Mordor

En el segundo aniversario del CSOA La Huelga, se organizó una mesa debate con este mismo título («Okupar en tiempos de Mordor»), donde integrantes de las principales experiencias de okupación en Sevilla desde los 90 desgranaron luchas, historias y vivencias: Cruz Verde, Casas Viejas, Sin Nombre, La Fábrica de Sombreros, el Huerto del Rey Moro, La Huelga…

El año pasado, en la VII Feria Anarquista del Libro recorrimos La Senda de la Okupación, que también incluía el Ateneo la Ballesta y el CSOA Andanza, sede de la Feria, entre otros. Hoy, la ruta acabaría en un parón inconcluso, tras 6 meses en los que hemos sobrevivido sin centro social en la ciudad. Sin relevo. Se palpa por las plazas una urgencia algo abstracta por buscar un nuevo espacio, pero quizás sea el momento de dejar de escudriñar con ojos ansiosos un edificio que nos ponga ventanitas y empezar a hacernos preguntas.

La primera cuestión, la olvidamos a veces por evidente. Queremos okupar un espacio y, de este deseo, ¿qué es lo importante?, ¿el acto de okupar o el tener un espacio? No siempre es fácil desgajar el cómo del qué. Evidentemente, queremos liberar espacios, nos pone arrebatar de las garras de bancos e inmobiliarias edificios que languidecen arrumbados. Buscamos la denuncia de la especulación por la acción directa. Pero también nos limita: acabamos reconvertidos en albañiles, de jornadas de curro a tanque de agua y tiro porque me toca obra antigoteras. Lo más político que se discute en algunos momentos es si hacemos el mortero con cal ecológica o del polvillo. Y tenemos que sumar la transitoriedad de los proyectos, a la que se añade la propia precariedad de los espacios. Arreglamos muros, afinamos dinámicas, vamos haciéndonos el cuerpo a los modos de funcionar del grupo… Y, de repente, una nueva alerta de desalojo, y volvemos a la espiral loca: asambleas de urgencia, grupos de trabajo, estrategias legales, estrategias de resistencia, desalojo, manis, detenciones, multas… Y otra vez como el pueblo errante en búsqueda de un techo político. No es una pregunta binaria —¿seguir okupando, sí o no?—, sino que deberíamos interrogarnos sobre estrategias para sortear la precariedad que la fecha de caducidad de los proyectos arroja sobre los centros sociales.

Hay otro elemento fundamental que se pone de manifiesto en esas jornadas que tanto nos gustan de «historias de okupas de ayer y de hoy». Escuchamos los relatos, conocemos las anécdotas, pero ¿hay realmente un trasvase de conocimiento entre unas experiencias y otras? ¿Cómo es posible que desde el año 0 de las okupas sevillanas mantengamos los mismos debates poco menos que en los mismos términos? La gestión de actividades ajenas frente a la actividad política propia, el uso productivo del espacio (podemos ganar dinero no común en/con el centro social), abrirnos al barrio frente a mantener principios e identidad, falta de implicación o meritocracia activista… Está claro que los grupos y las circunstancias cambian y los debates deben retomarse, pero ¿es necesario empezar cada vez desde cero? No hemos dado aún con herramientas que nos permitan sistematizar debates y experiencias para poder construir sobre ellas, tanto nosotras a lo largo del tiempo como las que vienen y vengan detrás. Es necesario encontrar un equilibrio que nos permita que cada proceso tenga sus derivas con sus decisiones, aciertos y errores, pero partiendo de una base de experiencia común. En definitiva, ¿cómo hacemos que el procomún que se construye a lo largo de cada proceso pueda almacenarse y traspasarse a otros colectivos?

Y, por último, un tema transversal que sobrevuela muchas de nuestras experiencias en colectivo. Concebimos —en el uso mayoritario que le damos— los centros sociales como un paréntesis, una suspensión de la cotidianidad en nuestras formas de hacer. Un kit kat donde jugamos a la autogestión cuando acabamos nuestras clases, nuestro curro… nuestra vida «normal». Lo que nos lleva al siguiente paso que lastra el funcionamiento de muchos grupos y centros sociales: la asamblea como fetiche. Si no habitamos los espacios y acudimos a ellos esporádicamente, debemos encontrar un momento significativo en el que acudir y ese suele ser la asamblea. Nos encontramos con centros sociales llenos de gente los, pongamos lunes, a las 20:00, que no vuelven a poner un pie allí hasta el lunes siguiente. Sacralizamos los momentos de sentarnos en círculo, coger turnos de palabra, estar de acuerdo con el compañero… y pensamos que es suficiente. La asamblea se va convirtiendo en un monstruo pesado y lento que nos aplasta. ¿Y qué pasaría si habitáramos los espacios, si intentáramos hacer del centro social nuestro campo de experimentos para conseguir la autogestión de nuestra vida cotidiana? Un campo de juegos donde inventar juntos prácticas colaborativas que sostengan la vida. Probablemente descargaríamos la gestionitis de las asambleas, pues esos temas se resolverían en el día a día, las comisiones y grupos de trabajo funcionarían por afinidad y de forma más natural al encontrarse realizando tareas, dejaríamos de vomitar en cada asamblea lo que llevamos una semana acumulando para decir… Quizás nos iría infinitamente mejor si hiciéramos más ollas de potaje juntas en los centros sociales y dejáramos las asambleas como espacios donde debatir o tomar decisiones estratégicas. Recordad aquello que decíamos de que la biopolítica no es un yogur con bífidus.

Y, volviendo al principio: ¿okupar? De nuevo, no como fetiche. Si en cierto momento nos va a hacer más fuertes trabajar en un espacio cedido e incluso alquilado, pues palante. Lo importante es romper la inercia, una cierta dependencia del rumbo pasado que nos hace ir repitiendo formas, esquemas y dinámicas sin evaluarnos constantemente y sin aprendizaje.

El tema que quema es ponerle cuerpo a nuestras palabras y pensar que quizás el factor decisivo que nos permite reivindicar un espacio como liberado no es cómo hemos accedido a él sino que sea el lugar donde ponemos en práctica la autogestión, la vida que queremos vivir.

Poderíos feministas contra las violencias machistas

En la primavera de 2015, diversos grupos feministas del Estado lanzaban una propuesta: organizar una marcha unitaria contra las violencias machistas. En plural. Por primera vez en la historia surge una convocatoria de estas características, una llamada a tomar las calles en bloque para confrontar todas estas violencias.

Tras el alarmante número de asesinatos de mujeres que se sucedieron a lo largo del último verano, y que, esta vez sí, protagonizaron los informativos, la iniciativa fue cogiendo fuerza y cada vez se sumaban a ella más colectivos feministas, hasta un total de cuatrocientos. El reclamo era importante: las mujeres estamos siendo asesinadas en nuestras propias casas; queremos mostrar nuestro total rechazo ante estos hechos. Partidos políticos y sindicatos también se unieron a la convocatoria, que tendría lugar el 7 de noviembre en Madrid, a poco más de un mes de las elecciones generales.

Saltan las alarmas

Este llamamiento invitaba a la prudencia y al análisis certero de los pros y los contras de acudir o no a la marcha estatal. Desde Setas Feministas, fuimos conscientes de la importancia de esta manifestación histórica, un espacio en el que cientos de miles de mujeres podíamos mostrar nuestra fuerza y nuestros poderíos en contra de las violencias machistas. Pero identificamos también la recurrencia de utilizar como estrategia partidista las luchas feministas en momentos concretos y, ciertamente sensibles, a la manipulación y la demagogia política.

Como decía Soledad Gustavo, «bien merece ser estudiada la doctrina que se expone sin pedir nada por ella, ni siquiera el voto en vísperas de elecciones». Y es que, después de la experiencia de El Tren de la Libertad, muchas compañeras feministas quedaron decepcionadas al ver cómo la representación de partidos políticos y sindicatos era quien tomaba el protagonismo en los meses posteriores a la manifestación. De este modo, volvía a diluirse la voz de muchas mujeres y colectivos que, de forma autónoma, habían decidido sumarse a la convocatoria en contra de la reforma de la Ley del Aborto en febrero de 2014.

Nuestros poderíos feministas

Los discursos victimizadores que obvian las potencialidades de las mujeres, presentan como solución única el tutelaje por parte del Estado, una vez que el del padre y el del marido, o no son posibles o han fracasado. Este camino ya lo hemos recorrido y hemos sido testigos de la pasividad con la que las violencias de género son abordadas en el marco institucional.

Creemos que las mujeres debemos empoderarnos, no solo individual, sino colectivamente. Que tenemos la capacidad de hacer nuestros los momentos y los espacios para así sacar a la luz estrategias de lucha que realmente aborden la raíz de las cuestiones. Creemos en las transgresiones que llevan consigo un cuestionamiento radical de lo que se nos impone como verdad única y unívoca, y en nuestras habilidades para hacernos ver y, sobre todo, oír.

Es por todo esto que, finalmente, decidimos sumarnos a la convocatoria y salir a las calles como nos diera la gana, en este caso, como las Ninjas Pastori «con nuestros poderíos feministas por peineta y nuestras katanas al hombro». Reapropiarnos una vez más de ese folklore tan característico de Sevilla y confrontar, de este modo, esas violencias que, de cotidianas, quedan invisibilizadas.

No somos la mitad débil de la población y estamos cansadas de que nos digan que no debemos ir solas por la calle, que tenemos que vestirnos pudorosamente, que nuestros cuerpos son pecado. Del cuestionamiento al que seguimos siendo sometidas las mujeres que identificamos agresiones fuera del contexto de la pareja o expareja como las que se dan en el trabajo, en la calle, en la escuela o en la familia. Y de la indiferencia social ante las violencias ejercidas sobre las mujeres en los márgenes, como las migrantes, las trabajadoras sexuales o las personas trans. No vamos a permitir que sigan asesinándonos, como si por el hecho de ser mujeres fuéramos las «culpables» de las violencias que se ejercen sobre nosotras. Como dice Victoria Sendón de León «desde la victimización no se puede hacer política», por eso nosotras queremos hacerla desde nuestro poderío feminista.

Como andaluzas, reivindicamos el poderío de las mujeres. Mujeres que afrontan la vida con fuerza, arte, alegría y decisión. Hablar de «poderíos feministas» supone abordar las potencialidades de las mujeres, las capacidades que tenemos para defendernos a nosotras mismas, con la certeza de que no estamos solas ante las agresiones, que somos muchas las que luchamos por un mundo en el que las diferencias no creen desigualdades.

Un grito de rabia para avanzar juntas

Con todas estas reflexiones en mente, llegó el día y las Setas Feministas nos plantamos en Madrid. Vestidas de negro, empuñando nuestras katanas y peinetas, nos fuimos transformando en Ninjas Pastori hasta llegar al punto de encuentro. Una gran pancarta encabezaba el bloque de feminismos autónomos bajo el lema «Siempre combativas frente a las violencias machistas» y tras ella, incluidas nosotras, una multitud de mujeres avanzaba al grito de «No es un caso aislado, se llama patriarcado», «Tú, machista, estás en nuestra lista», «Ante la duda, tú la viuda», «Ninguna agresión sin respuesta», «La calle y la vida también son nuestras»… Todos ellos compartían un sentir que invitaba a la autodefensa feminista desde lo colectivo y a la firme confrontación de las violencias machistas. Y así nos pusimos en marcha activando nuestros poderíos: el de la disidencia sexual contra la heteronormatividad, el callejero contra el acoso en el espacio público, el furioso contra la victimización, el creativo contra la violencia institucional, el insumiso contra el amor romántico…

Según la nota de prensa de las organizadoras, casi medio millón de personas llenamos las calles de Madrid. Se respiraba lucha feminista en la histórica Gran Vía. A medida que avanzaba la manifestación, fuimos uniéndonos a muchas otras compañeras feministas de Sevilla y a diversos grupos de todo el Estado, entre ellos, dos grupos de autodefensa transfeminista de Madrid con quienes compartimos ejercicios, patadas y griteríos combativos, y también la fuerza de la creatividad, el humor, la acidez y el baile como herramientas de empoderamiento callejero.

Nos queda claro que somos muchas y tenemos muchas ganas de luchar. Pero la tarde del 8 de noviembre nos devuelve a la realidad con 4 mujeres asesinadas más y la rabia se apodera de nuestras gargantas. Estamos hartas, los cambios tienen que venir desde ya, desde muchos otros lados, y este día histórico no puede convertirse en un mero reclamo electoral. Mientras se hacen fotos y promesas, a nosotras nos están matando. Por eso apostamos por organizarnos, por la autodefensa y el poderío feminista. Por cuidarnos, respetarnos y amarnos. Porque nos queremos vivas y libres, aquí y ahora.

¡Cole Centro Ya!

Victoria frente a la insensatez

Último tramo de los 90, en la parte norte del casco antiguo de Sevilla, las políticas públicas diseñan un proceso de regeneración urbana de gran calado.

Sobre las consecuencias urbanísticas y sociales de esas políticas, mucho se ha escrito y más queda por escribir. Pero no es el tema de este artículo. Para lo que aquí vamos a tratar, nos quedamos con que ese proceso estimuló el aumento de la población y la llegada de nuevas familias —muchas jóvenes— al barrio.

La sensatez dice que si en una zona se va a producir un crecimiento de población, este debe acompañarse de más servicios y equipamientos públicos (que cubran las necesidades del mayor número de personas posible).

Lo ocurrido en los últimos años con respecto a los equipamientos educativos en el barrio es la crónica de la insensatez. Veamos…

Año 2005, en el casco antiguo existen catorce colegios concertados y solo tres colegios públicos. Uno de ellos es el CEIP Macarena, conocido también como los Altos Colegios: sus más de cien años de vida y el descuido en su mantenimiento provoca la caída de varios techos. No fue la planificación de la Administración sino la ley de la gravedad la que motivó el inmediato cierre del colegio y la necesidad de programar su rehabilitación integral. La estampa en ese momento era esperpéntica: niñas y niños se quedan sin su cole, la Delegación ofrece «soluciones» de reubicación delirantes…

La AMPA (y el conjunto de las familias) comienza a movilizarse, a proponer alternativas y lo que fue más importante… a autogestionarlas. Ocuparon un antiguo colegio público cerrado años antes, el Padre Manjón, y reclamaron, en primer lugar, que fuera la sede del colegio hasta que se rehabilitara el otro. Lo consiguieron. Niñas y niños tenían ya un edificio en el barrio, donde estar hasta la vuelta a su centro.

Pero siguieron la lucha. Ya no por sus intereses más directos sino por intereses colectivos. Reclamaron que el colegio ocupado se mantuviera una vez que terminara la obra del originario. La Administración educativa se negaba. Decía que no era necesario un nuevo centro. La AMPA no salía del asombro. El barrio llenándose de carritos, se crean más guarderías y la burocracia de espaldas a la realidad —diciendo a quien convive con ella—, plaza a plaza, que se equivoca.

Año 2008. Termina la obra de rehabilitación de los Altos Colegios. En ese tiempo, la AMPA siguió movilizándose. Frenó el intento de convertir el colegio Padre Manjón en una calle, y la Delegación de Educación aceptó la reivindicación de la AMPA de mantener el cole. Ya son cuatro los colegios públicos.

No les quedaba otra. La realidad que negaban les dio en las narices: en esos tres años en el colegio provisional se escolarizó a una multitud de niños y niñas. Tuvieron que desmontar la biblioteca y la sala del profesorado para convertirlos en aulas.

Nueva vuelta al bucle. Desde el curso siguiente, la AMPA vuelve a advertir que el nuevo cole está a punto de colmatarse. La población infantil crece y crece, son necesarias más plazas educativas públicas. La Administración niega el problema, permanece inactiva.

Año 2010. Más de lo mismo. La Delegación, sin capacidad de planificar y de reconocer problemas, se equivocó. La demanda de plazas ha seguido creciendo, no se han ampliado plazas. Muchas familias no tienen garantizada la escolarización en el barrio.

Las AMPA de los centros públicos se organizan en la red RAMPA. Sus reivindicaciones (y la terca realidad) vuelve a provocar que se adopte una medida de urgencia: como no se ha construido un nuevo cole, hay que utilizar un edificio público en desuso para montar de prisa y corriendo un nuevo cole. Nace así el Jardines del Valle. Ya son cinco coles públicos.

Año 2012. Película repetida. El quinto cole se está llenando en poco tiempo. La Delegación niega que vayan a existir problemas. Las AMPA, formadas por familias ya escolarizadas, luchan por los derechos de las que aún no lo están. Utilizan sus dos grandes herramientas: la movilización y la propuesta. Advierten, no solo de que la población crece, sino de que cada vez más familias quieren escolarizar a sus hijos en colegios públicos y no en los concertados.

Convocan concentraciones en el Parlamento y, días después, la cámara autonómica aprueba una proposición con un paquete de medidas para resolver los futuros problemas de escolarización en el barrio.

Año 2015 (hace unos meses). La Delegación de Educación se reúne con la RAMPA, le cuenta que para la escolarización de este año no van a existir problemas. La RAMPA alucina, la insensatez de la Administración no ha sido curada por tantos años de pifias.

Desde la RAMPA se le reprocha que no hayan cumplido los mandatos del Parlamento, no se haya creado ninguna plaza educativa nueva. La población infantil no ha decrecido y la demanda de escuela pública frente a la concertada va en aumento. La Administración dice que eso no va a ser así. La RAMPA, sí. Y se vuelve a repetir la película.

Termina el plazo de presentación de solicitudes: cuarenta familias que han solicitado escolarizar a sus hijos en colegios públicos se quedan sin plaza. La gente ha pedido más que nunca escuela pública, la demanda en los concertados cae.

Hasta aquí ha llegado la broma. La RAMPA convoca asamblea con las familias afectadas y de ahí sale una reivindicación clara y contundente: ¡Cole Centro Ya!, y un camino para conseguirla, las movilizaciones.

Durante varias semanas, las familias han convocado concentraciones, recogida de firmas, han mantenido reuniones con grupos políticos, han empapelado el barrio y las redes con el logo del ¡Cole Centro Ya!

El resultado final —tras una determinación rocosa y mucha inteligencia a la hora de medir tiempos e intensidades— ha sido una victoria.

Habrá un sexto cole público en el casco antiguo. El curso que viene contará, ya, con una unidad mientras se determina su sede: un edificio público en desuso —que varios hay— o la construcción de nuevas plazas.

La movilización ciudadana ha vencido, ha torcido la insensatez de una burocracia incapaz de ver lo evidente y hacer lo necesario.

¿Hasta la siguiente?

Hacia una pedagogía del cansancio

De un tiempo a esta parte, ciertos cenáculos del pensamiento se han visto sacudidos por la obra de Byung-Chul Han, un filósofo coreano afincado en Alemania donde imparte docencia en la Universidad de Artes de Berlín, que al conjugar rigor académico y claridad expositiva, ha logrado hacerse con un nutrido grupo de leales que lo han convertido en el pensador contemporáneo más difundido e influyente.

Sobrevolando su obra, late una pulsión que cobra forma de concepto, es el de «sociedad del cansancio». Esta sería la resultante del exceso de positividad, entendida como una sobreacumulación de rendimiento y productividad que se nos exige a los seres humanos bajo el actual paradigma del neoliberalismo salvaje. Así, el siglo XXI habría dejado atrás una faucaultiana sociedad disciplinaria para adentrarse en una sociedad del rendimiento: del sujeto de obediencia al sujeto del rendimiento. A cada estructura socioeconómica le corresponde una superestructura ideológica, política y, cómo no, pedagógica.

En el próximo curso 2015-2016 se implanta en la Enseñanza Secundaria la LOMCE, el marco normativo que, sin duda, plantea un modelo pedagógico mercantilista, en el que la oferta de estudios debe adecuarse a la demanda laboral del mercado. Ya en uno de los borradores del preámbulo del anteproyecto de la Ley de Calidad Educativa queda supeditada, como si de un balance empresarial se tratara, al output (resultados de los estudiantes) y no al input (inversión, ratios, plantillas docentes, número de centros…), mientras que en el preámbulo actual conceptos como competitividad, eficiencia, empleabilidad, flexibilización, racionalización o emprendimiento se emplean por doquier.

Impuesta como competencia educativa (sense of initiative and entrepreneurship) desde los Organismos europeos y gustosamente asumida por el Gobierno central del PP como «autonomía y sentido de la iniciativa personal», el «espíritu emprendedor» se adopta en la LOMCE como un elemento transversal determinante, igualándolo a la comprensión lectora. Asimismo, se introduce en 4º de ESO y como optativa en Bachillerato una nueva materia: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, que no deja lugar a la ambigüedad al declarar como objetivo curricular la importancia de asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación o pensamiento estratégico… Han reflexiona en este sentido: «La llamada a la motivación, a la iniciativa, al proyecto, es más eficaz para la explotación que el látigo y el mandato. El sujeto del rendimiento, como empresario de sí mismo, sin duda es libre en cuanto no está sometido a ningún otro que le mande o explote; pero realmente no es libre, pues se explota a sí mismo […] La explotación de sí mismo es mucho más eficaz que la ajena, porque va unida al sentimiento de libertad»1.

Por otro lado, y como bien sabemos por su repercusión mediática, la LOMCE contempla que el alumnado se someta a tres reválidas decisorias al término de cada etapa educativa preuniversitaria: Primaria, Secundaria, Bachillerato, con objeto de medir las competencias educativas adquiridas por nuestro alumnado, y poder así encuadrarlo dentro los estándares de calidad que manejan entidades supranacionales de carácter económico como la OCDE.

Todo ello supondrá que cualquier alumno que se precie, antes de cumplir la mayoría de edad, se exponga (en tres ocasiones) a pruebas externas excepcionales, las cuales dejan de lado la valoración de la adquisición progresiva de conocimientos a lo largo de una etapa. Ni que decir tiene que la preparación y la propia realización de estas pruebas llevan aparejadas un innegable aumento de la tensión ante la posibilidad de un fracaso que se presenta como meramente individual —en el alumno y en sus familiares— a la vez que pone sobre la mesa una obsesión por lo cuantitativo que hace que hoy todo sea numerable «para poder transformarlo en el lenguaje del rendimiento y la eficiencia». De este modo, toda labor de aprendizaje existente al margen de lo cuantificable no existe realmente para las instituciones educativas gubernamentales, ya sean de carácter nacional o supranacional.

Expuestas estas breves consideraciones, parece que inexorablemente estamos abocando a nuestras generaciones venideras hacia lo que Han denomina «una sociedad del rendimiento y la actividad que produce un agotamiento y un cansancio excesivo» a la vez que advierte que ese cansancio de la sociedad del rendimiento es «un cansancio a solas, que aísla y divide» pues ese sujeto del rendimiento «se explota a sí mismo, hasta que se derrumba»2.

A tenor de estas ideas no podemos extrañarnos de que trastornos como el tristemente popular en el ámbito educativo Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o el cada vez más extendido en ciertas ramas productivas Síndrome de Desgaste Ocupacional (SDE), más popularmente denominado «síndrome del quemado», se conviertan en patologías propias de nuestro tiempo, generando una «autoagresividad que no pocas veces desemboca en el suicidio»3.

Reflexionemos pues a qué nos lleva esta pedagogía del cansancio que se nos impone de forma prescriptiva y llevemos a cabo acciones que impidan su total implantación, involucrando a toda la comunidad educativa.

1 Byung Chul Han, La agonía del Eros, Madrid, 2014, p. 10.

2 Byung Chul Han, La sociedad del cansancio, Madrid, 2012, p. 72.

3 Byung Chul Han, En el enjambre, Madrid, 2014, p. 53.

La fábrica de las deportaciones

Si atendiéramos a la propaganda televisiva que nos muestra el «problema de la inmigración», deduciríamos que el objetivo principal de la política migratoria llevada a cabo en el Estado español en lo que va de siglo XXI consistiría, básicamente, en frenar la invasión de migrantes que, en cayuco o encaramadxs a las vallas de Ceuta y Melilla, se cuela a través de España, en la «fortaleza europea».

Sin embargo, dos datos nos previenen de sacar conclusiones precipitadas: por un lado, las entradas de personas migrantes por la llamada frontera sur son un número residual—si las comparamos con las entradas totales en el Estado español—; precisamente por ello, las cifras de la migración en territorio español son mucho más abultadas de lo que una política de cierre de fronteras podría pretender. Hay casi cinco millones de personas migrantes con tarjeta de residencia, a las que habría que añadir más de un millón que han accedido a la nacionalidad española en la última década, además de un número difícil de cuantificar de personas que permanecen en el Estado español sin permiso de residencia —en la clandestinidad administrativa—.

La política migratoria es, por tanto, mucho más compleja, no puede ser reducida a una cuestión de represión de la libertad de circulación de las personas a través de la frontera exterior. Con esto no pretendemos restar contundencia a la denuncia de lo que sucede en el perímetro fronterizo: a un año de los asesinatos en las aguas de Ceuta —esos que la Guardia Civil y el ministro Jorge Fernández Díaz niegan—, las atrocidades cometidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español y marroquí, entre otros, merecen una respuesta social inmediata y masiva que las interrumpa. Sin embargo, esta respuesta no ha desbordado, hasta ahora, el límite de las acciones por parte de un sector de la sociedad minoritario, organizado en redes antirracistas y antirrepresivas, tanto en la propia frontera sur como en el interior del Estado español.

En la frontera sur se ponen en juego intereses que van mucho más allá del control fronterizo. Durante años, hemos asistido a las tareas de ingeniería política que han permitido a los sucesivos gobiernos, del PP y del PSOE, la utilización de la lucha contra la inmigración ilegal como coartada para extender los intereses de las empresas españolas en el continente africano: hidrocarburos, pesca, turismo, servicios privatizados, etc. La propia frontera es también un gran negocio para un puñado de empresas que venden al Estado todo tipo de artilugios y tecnologías de control. Por otro lado, la construcción de un enemigo exterior —ese que viene del Sur— viene siendo utilizado constantemente para diversos fines.

Pero atendamos ya —no tenemos mucho espacio para entrar en detalles— a lo que sucede con los millones de personas migrantes que efectivamente han entrado en territorio español. Lo más llamativo de la política migratoria interior es la variedad de mecanismos represivos, construidos por el Estado para gobernar a la población migrante: millones de identificaciones racistas anuales; cincuenta mil personas al año encerradas entre una y tres noches en los calabozos por la falta administrativa de carecer de papeles; nueve mil personas al año encarceladas hasta sesenta días en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y, también, varios miles de personas deportadas mediante vuelos o barcos de expulsión.

Este entramado represivo nos invita a imaginar una gran fábrica con su cadena de montaje, cuyo producto final son las expulsiones del país. Y, sin embargo, a pesar de que las diez o quince mil deportaciones anuales son una canallada, esta cadena fabril está gripada o realmente su producto final es otro del que nos imaginábamos.

Efectivamente, la fábrica de la política migratoria, más que producir mercancías concretas —inmigrantes deportadxs—, produce una mercancía más inaprensible: inmigrantes amenazados de expulsión. Las deportaciones, lejos de ser el resultado final de la cadena de montaje, son solamente un medio para producir la verdadera mercancía de esta fábrica: el miedo interiorizado por cientos de miles, por millones de personas migrantes, que en su lucha por permanecer en el Estado español, sienten permanentemente la amenaza de que, en algún momento, la deportación les puede tocar a ellxs. La trilogía de las redadas: los CIE y las deportaciones, junto a una perversa política de acceso y renovación de los permisos de residencia, ha producido migrantes instaladxs permanentemente en esta inseguridad jurídica. En definitiva, ha producido y produce migrantes condenadxs a aceptar condiciones laborales miserables, para poder transitar por el tortuoso camino de las renovaciones de los permisos de residencia; migrantes condenadxs a callarse la boca porque cualquier nivel de conflictividad que pueda generarles un antecedente penal significa el bloqueo de su posibilidad de renovar los papeles.

El capital español necesitaba inventar una fuerza de trabajo sumisa y desarraigada para alimentar el período de crecimiento económico que ahora ha sido interrumpido por la crisis. Y encontró esas reservas de población vulnerable entre los millones de migrantes que entraron en el Estado español, sobre todo a partir del año 2000. El capitalismo español necesitaba interrumpir, además, la creciente contradicción entre la entrada de las mujeres autóctonas al mercado de trabajo —en condiciones mucho peores que las de los hombres— y las crecientes necesidades de cuidados en una sociedad (española y europea) con cada vez más personas dependientes debido al envejecimiento poblacional. Cientos de miles de jóvenes mujeres migrantes se convirtieron en la solución provisional a este problema.

Aportamos, junto a este texto, un esquema aún en construcción que pretende representar y relacionar las diferentes partes de la política migratoria.

Agua pública:

un laboratorio de ideas y alternativas al neoliberalismo

En los últimos años, en paralelo a otras «mareas ciudadanas», se ha desarrollado un importante movimiento social en defensa del derecho al agua, enraizado en las reacciones contra la privatización de los servicios urbanos de este recurso imprescindible. Esta experiencia de resistencia, ya importante en sí misma, se distingue por tres características que la hacen especialmente interesante. En primer lugar, a la oposición (reactiva, defensiva) frente la privatización, el movimiento del Pacto Social Gestión Pública del Agua, apoyándose en experiencias muy significativas —como explica Luis Babiano en el nº 2 de El Topo—, añade la propuesta de remunicipalización, es decir, de rescate ciudadano de los sistemas de abastecimiento de agua ya privatizados. Este proceso tiene una gran importancia, en la medida en que cuestiona el carácter inexorable e irreversible de la lógica privatizadora neoliberal. En segundo lugar, el modelo de gestión alternativa al que se aspira no se equipara a la gestión pública existente, sino que se basa en una crítica, cada vez más compartida, al modelo tecnocrático y corporativo dominante. Y en tercer lugar, el movimiento, basado en la coordinación a escala estatal de movilizaciones locales, tiene una clara perspectiva política: pretende poner en la agenda del próximo ciclo electoral el tema del derecho humano al agua con todas sus implicaciones sociales, económicas, políticas y éticas. Este es el objetivo explícito de la Iniciativa Ciudadana Elecciones Municipales 2015 por el Agua Pública. Veamos cada punto con más detalle.

En contraste con el actual modelo privatizador español, la privatización del agua está experimentando un rechazo generalizado a escala mundial. Los motivos que están impulsando a un número significativo de municipalidades a retomar el control de este servicio esencial son: la deficiente calidad de servicio y la escasa inversión de las compañías privadas, las disputas sobre costos operacionales, las alzas de precios, las dificultades para fiscalizar a los operadores, la falta de transparencia financiera, las reducciones de personal, los impactos ambientales y los escandalosos márgenes de beneficios. Grandes ciudades europeas y norteamericanas como Berlín, Budapest, París, Atlanta e Indianápolis, y también de la periferia, como Buenos Aires, La Paz, Johannesburgo, Dar-es-Salaam (Tanzania), Accra (Ghana), Almaty (Kazajistán) o Kuala Lumpur (Malasia) son ejemplo de este cambio de tendencia. En el Estado español han protagonizado procesos de remunicipalización las siguientes poblaciones: Torrelavega (Cantabria), Ermua (Vizcaya), Arteixo (La Coruña), Cazorla (Jaén), Medina Sidonia (Cádiz), Arenys de Munt (Barcelona), Lucena (Córdoba), los 18 municipios asociados en el Consorcio Aguas del Huesna (Sevilla) y, más recientemente (octubre de 2014), tres entidades locales autónomas de Jerez de la Frontera.

La titularidad de la gestión es un factor importante, más aún en las condiciones actuales de empobrecimiento colectivo. La Asociación de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) estima que actualmente se tramitan más de 500 000 avisos de corte del suministro hídrico en España, cifra superior en un 30% a la de hace cuatro años. Aproximadamente el 60% de los cortes los realizan empresas de gestión privada. Asimismo, el precio del agua ha aumentado un 25,5% en los últimos cinco años, en parte, por efecto de la privatización.

Sin embargo, no basta con garantizar la gestión pública, es preciso promover nuevas formas de control social —y de democracia participativa— que garanticen la participación ciudadana efectiva y proactiva. La remunicipalización permite y exige fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia. El Movimiento del Agua Pública apuesta por un modelo de gestión en el que el ente público gestor rinda cuentas de sus actividades y decisiones, tanto a los poderes públicos de los que dependa como a los ciudadanos. Es imprescindible establecer una batería de indicadores significativos para los distintos ámbitos de la gestión (técnicos, financieros, sociales, ecológicos y patrimoniales) accesibles por vía telemática y que sean comprensibles para los ciudadanos. Es imprescindible poner los medios necesarios que permitan a los ciudadanos realizar consultas públicas, solicitar información y presentar reclamaciones. En París y Grenoble, por ejemplo, se han introducido formas de participación pública avanzadas, como la incorporación de representantes de la sociedad civil en los órganos de dirección, con igual derecho a voto que los representantes del gobierno local. Además, se han establecido observatorios ciudadanos para permitir la implicación social en decisiones estratégicas sobre inversiones, opciones tecnológicas y definición de tarifas.

Tras las elecciones municipales, muchas administraciones locales tendrán que hacer frente a una decisión importante: la remunicipalización de algunos de los servicios básicos —el servicio de aguas, entre ellos— o la renovación de unos contratos con empresas, cuyo resultado económico ha sido negativo para las arcas municipales y para la calidad del servicio. Además, en aplicación del derecho humano al agua, el Movimiento por el Agua Pública está exigiendo incorporar con claridad en los programas electorales la gestión del suministro con criterios de equidad social: garantizar una dotación básica —cuyo valor deberá concretarse, pero que en el contexto mundial se sitúa entre 60 y 100 litros por persona y día— y hacer público el compromiso de no cortar el suministro en casos de impagos justificados socialmente.

Más información y referencias:

13 ESTA PASANDO 2
HERE TO STAY: WATER REMUNICIPALISATION AS A GLOBAL TREND; PSIRU, Multinational Observatory, TNI (2014)
13 ESTA PASANDO - web
HERE TO STAY: WATER REMUNICIPALISATION AS A GLOBAL TREND; PSIRU, Multinational Observatory, TNI (2014)

Videocomunicado de La Carpa Espacio Artístico

La Carpa evoluciona para convertirse en el mayor centro cultural del sur de Europa.
Espacios en desuso y rehabilitación compensada
Situación actual de La Carpa a día 14 de Diciembre de 2014, 6 meses después de su cierre.

La Carpa ha sido una experiencia desarrollada en plena crisis por profesionales de las Artes Escénicas, las Artes Visuales, la arquitectura y la gestión cultural, al margen de las administraciones públicas y que ha significado todo un ejemplo de auto-empleo y gestión, superación y compromiso. Un proyecto que en tan sólo cuatro años de actividad ha tenido una fuerte repercusión internacional. Un lugar de referencia de la cultura andaluza con una incesante actividad cultural

Hemos demostrado que sabemos hacer otro tipo de política, que incluso abandonados por la Administración Local, hemos producido estas acciones habitables de carácter colectivo, donde se ha reclamado el derecho innato del ciudadano a usar la ciudad en la que vive.

¿No decían que Sevilla apuesta por la recuperación activa de espacios en desuso? ¿que poseemos un importante patrimonio que puede convertirse en factor de desarrollo local, tanto cultural como económico? ¿que este patrimonio debe ser preservado y protegido para darle un nuevo uso que beneficie a la ciudadanía?

En espera de que alguna de las administraciones públicas ceda un inmueble abandonado para su REHABILITACIÓN COMPENSADA, la carpa se propone crecer creando una comunidad de profesionales que se complementen y se apoyen mutuamente para dar vida a UNO DE LOS MAYORES CENTROS CULTURALES DEL SUR DE EUROPA

lacarpasevilla.wordpress.com
lacarpasevilla@gmail.com

De cicatrices, heridas y otras amputaciones

Todo empieza por cada una reconociendo en sí misma esa sensación aguda de rabia, de impotencia, de retortijón en la boca del estómago, de pellizco en algún ladito de alma. Cada una por separado, en casa, viendo las noticias; en la calle, escuchando hablar sobre el tema.

En esta reflexión no vamos a hacer un recuento de daños desgranando siglos de patriarcado. Queremos hablar apenas de los últimos meses, cuando la violencia hacia las mujeres ha estado descaradamente presente en nuestros espacios. Y no porque las noticias se hagan eco de las cuarenta y dos mujeres asesinadas oficialmente a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año, o porque el nuevo candidato del PSOE lance como promesa electoral el tratamiento de los asesinatos de mujeres «como si fuera terrorismo». Lo tenemos muy presente porque ha pasado cerca, en nuestras habitaciones, en nuestras calles. En el barrio de la Macarena donde la joven agredida finalmente se suicida. En el centro de Sevilla, donde se agrede sexualmente a varias mujeres. En la feria de Málaga, donde la lamentable argumentación judicial y el bombardeo mediático sobre la joven han hecho que las heridas que cada una, que muchas, que todas tenemos abiertas, se profundicen.

Nos negamos a que nos taponen los oídos con algodones de moralina e individualismo cómplice. Lejos de esto, la rabia y la impotencia nos junta. Buscamos la manada porque cada agresión nos duele y porque queremos lamernos entre todas, para responder desde todas. Pero al mirar a nuestro alrededor nos damos cuenta de que en la manada, para este tema, solo nos encontramos nosotras. Y nos surgen las preguntas. ¿Dónde estáis, compañeros? ¿No os duele como a nosotras? Podemos entender que os es difícil conmoveros por algo que jamás podrá pasaros, pero ¿no os duele por nosotras? ¿No queréis ser parte de la construcción de una sociedad que no premie o permita (cuanto menos) poseer, dominar y castigar la vida, los cuerpos, a las mujeres?

¿Por qué hay reacciones colectivas inmediatas, reuniones y convocatorias llenas de testosterona ante una amenaza nazi o una alerta de desalojo a nuestros centros sociales y ni una sola palabra ante violaciones reales a escasos metros de estos?

Es complicado hablar de agresiones. A muchas de nosotras nos escuece el tema, porque todas, de una forma o de otra, las vivimos y un poco (a veces demasiado) nos rompemos en ellas. Hemos aprendido a vivir bajo la posibilidad constante de poder sufrir violencia en nosotras, en las otras. Somos amigas, hermanas, hijas o compañeras de tantas que sufren actos de violencia machista. Somos territorio atravesado por cicatrices que queremos creer cerradas pero que se abren hasta el grito a cada nueva noticia de agresión. Y este grito lo queremos colectivo, lanzado desde nuestros espacios de acción, de militancia, de transformación.

Pero no nos engañemos, parece que aún no es tiempo para ello. Llevamos meses con el tema en la palestra y sentimos que se ha quedado en conversación de pasillo o de cerveza. ¿Por qué no lo hemos visto reflejado en nuestras asambleas? Hemos construido espacios de pertenencia donde aún no solo se escucha más la voz de ellos, tanto por número de intervenciones como por el peso (merecido o no) que se le da a la opinión de un él frente a la de una ella, sino que además, por mucho que nos cueste reconocernos, en estas dinámicas son ellos mayoritariamente quienes construyen el discurso. Reconozcamos que es a través de las subjetividades masculinas desde donde se siguen desarrollando los debates, se determina qué es lo que hay que abordar o sobre qué trabajar. ¿No será por eso que estamos dejando al margen el tema? ¿O acaso en algún colectivo que no sea innatamente feminista se ha incluido este punto en el orden del día? Esperamos que sí, pero lo desconocemos.

El discurso patriarcal oficial erigido en la construcción de la violación múltiple de Málaga el pasado mes de agosto es un ejemplo de ello: un monstruo con mil cabezas que pretende legitimarse, no solo en lo judicial, sino en la moralidad que le sustenta en cada resquicio del consenso social. Nos aletargamos repitiendo como letanía que ha sido un caso puntual, que eso aquí, en mi ciudad, en mi barrio, es impensable que pase. Y consensuando esta negación a la realidad conseguimos que lo ocurrido no haya sucedido. Lo transformamos en otra cosa, en otro relato, con otros personajes que no son del todo juzgables o violables.

Este discurso capaz de distanciar a las personas en los sufrimientos es mucho más permeable de lo que creemos. Nos pesa y nos atraviesa. Lo asumimos obviando que es precisamente la raíz, el origen de las heridas que nos hacen escribir estas letras. No estamos desarrollando la capacidad de cuestionamiento y de construcción de opiniones y de respuestas sobre el tema que corresponde a toda colectividad. Y, en particular, no se están escuchando las voces, los pensares o las inquietudes de nuestros compañeros. ¿No les importa, no hemos sabido crear los espacios adecuados para ello o no saben hacerlo? Toda esta ausencia forma parte de nuestra construcción como seres políticos y sociales. Que algo que nos resulta tan visceralmente importante no esté teniendo su lugar en nuestra realidad tiene un precio: las heridas se convierten en amputaciones.

Somos muchas las que estamos empezando a pagar el coste personal, social y político del silencio. Que no hablemos de esto en nuestra cotidianidad y en nuestros espacios no significa que no exista, que no dañe, que no exija atención. Por eso necesitamos con urgencia sentarnos a compartir para crear un accionar común que nos haga transformar las condiciones que han hecho posible estas últimas agresiones y los discursos impuestos a partir de ellas.

Como post data (ojalá innecesaria): no queremos ser víctimas, ni necesitamos ser protegidas. Reclamamos la atención de nuestros compañeros como quienes se implican con nosotras en el mundo a crear. Pese a que el grado de violencia por razón de género alcanza dimensiones extremas, exigimos que se nos considere como sujetos políticamente capaces de soportarla y, sobre todo, de generar respuesta. Es en esta elaboración colectiva de discursos, acciones y respuestas donde esperamos estar con vosotros, donde queremos que estéis con nosotras.

NOTA: En el artículo se usará un lenguaje que diferencia lo masculino de lo femenino, sin buscar genéricos que señalen puntos de encuentro. Creemos absolutamente necesario que dichos encuentros existan y que lleguen a ser una realidad social, pero escribimos desde la dicotomía actual que no solo diferencia, sino que categoriza, discriminando en todo ámbito a las mujeres.

Nota de Prensa:

PROSPECCIONES DE GAS A LAS PUERTAS DE SEVILLA

La PALF-Sevilla alerta de las primeras pruebas sísmicas ¿para hacer fracking? en la provincia de Sevilla.Miembros de la Plataforma Andaluza Libre de Fracking de Sevilla han constatado “in situ” que desde el pasado jueves 23, se vienen realizando diferentes pruebas sísmicas dentro del programa de investigación de hidrocarburos en el permiso concedido por la Junta de Andalucía a la empresa Oil & Gas Capital en los municipios de Santiponce y Camas en la provincia de Sevilla, denominado “Penélope”.

Después de asistir a una reunión con la Dirección General de Industria, Energía y Minas y con la propia empresa Oil & Gas Capital, donde insisten de que no van hacer extracciones de gas no convencional (fracking), y después de constatar, desde la PALF-Sevilla, con distintos documentos y presentaciones públicas de la propia Oil & Gas Capital, donde deducimos que afirman que hay una alta probabilidad de hacer extracción de gas no convencional (Doc. 1 y Doc. 2), la PALF exige a nuestras autoridades que paralicen inmediatamente cualquier tipo de trabajo en los permisos investigación vigentes en Andalucía.   La desconfianza es manifiesta. En primer lugar porque, pese a que desde las instituciones se repite una y otra vez que las pruebas están orientadas a la extracción de gas convencional, no existen garantías de que sus resultados no vayan a ser empleados para la técnica del fracking o fractura hidráulica.   Además, desde la PALF exigimos al gobierno de la Junta de Andalucía, que sea coherente con lo firmado a nivel estatal y con lo aprobado en el pacto de gobierno y en el Parlamento andaluz en sendas Proposiciones No de Ley en junio y septiembre del año pasado y, en consecuencia, materialice la prohibición del fracking, así como la suspensión de los permisos de investigación otorgados en la comunidad andaluza.   Si en lugar de apostar decididamente por un nuevo modelo energético basados en las energías renovables, se continúa por el camino iniciado y se ignoran las exigencias de la ciudadanía, desde la administración andaluza se seguirá potenciando un clima de nerviosismo en la población, que desde las Plataformas ciudadanas ni podemos ni tenemos la posibilidad de detener hasta tanto no exista una información totalmente transparente y se tomen medidas para acabar con esta situación.   La PALF-Sevilla hace un llamamiento a los ciudadanos de las poblaciones afectadas por el permiso Penélope en Sevilla para que se unan al proceso de información y movilización  ciudadana. No descartamos próximas movilizaciones.

¡FRACKING NO! NI AQUÍ, NI EN NINGÚN SITIO

Una pesadilla transatlántica

Los gobiernos de la Unión Europea y EE. UU. están negociando en secreto un peligroso tratado transatlántico de comercio e inversiones. Una nueva ofensiva que se suma a las agresiones de la troika y a los programas de ajuste neoliberal implementados desde el estallido de la crisis financiera en 2008. ¿El resultado? Más de cinco años de rescates bancarios, endeudamiento ilegítimo, recortes sociales, privatizaciones y el aumento del desempleo, la precariedad y la pobreza. La banca, la industria financiera y las corporaciones transnacionales de las dos orillas noratlánticas trabajan mano a mano con el poder político en Bruselas y Washington para imponer sus macabros planes. Mientras tanto, organizaciones sociales de ambas regiones se coordinan para descarrilar las negociaciones.

Desde julio de 2013, la Unión Europea y Estados Unidos negocian a espaldas de la población una «Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión» (TTIP, por sus siglas en inglés). Un tratado que pretende constituir una «zona de libre comercio» entre los dos bloques económicos que todavía representan la mayor relación comercial, económica y financiera integrada del mundo. De hecho, esta relación representa un tercio de los flujos comerciales y la mitad del Producto Interno Bruto del mundo: un 47%.

Los mercados de la UE y los EE. UU. ya están profundamente integrados, es decir, los propios gobiernos garantizan la libre circulación de capitales, bienes y servicios. Esto se traduce en una media de intercambios de bienes y servicios diarios que asciende a 2000 millones de euros y flujos de capital que alcanzaron en 2011 un total de 2,4 billones de euros. Parece, por tanto, que la maquinaria capitalista funciona a pleno rendimiento, ¿por qué se negocia entonces este tratado?

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones es un extenso ajuste legislativo y un nuevo ataque neoliberal contra los derechos sociales y laborales de la población y contra cualquier aspiración de justicia social y cambios políticos y democráticos.

Rapidez bajo cuerda

Las negociaciones entre la Comisión Europea y los funcionarios estadounidenses transcurren bajo cuerda y con gran rapidez para que los detalles no trasciendan a la opinión pública y no se conozca la verdadera amenaza que supone el TTIP. Entre enero de 2012 y abril de 2013 del total de las 560 reuniones de negociación entre la UE y Estados Unidos, 520 (92%) han sido con representantes del lobby corporativo y solo 26 (4%) con organizaciones que representan el interés público.

Los datos anteriores evidencian que el objetivo de este tratado es eliminar las «barreras» que limitan los beneficios del gran capital a ambos lados del Atlántico. Estas son: los salarios de la clase trabajadora y las normativas en materia de salud pública, medioambiente, derechos laborales y seguridad alimentaria. Además de su programa desregulador, el TTIP también pretende crear nuevos mercados abriendo el sector de los servicios públicos y la contratación pública a empresas transnacionales, lo que podría provocar nuevas olas de privatizaciones en sectores clave como la sanidad o la educación.

La economía en la eurozona está otra vez en recesión y la tasa de desempleo es muy alta. Según la OCDE, hasta 2015 el 90% del crecimiento mundial se generará fuera de Europa, y un tercio solo en China. Informes como Global Trends 2030 del Consejo Nacional de Inteligencia, confirman que EE. UU. y la UE están siendo desplazados por Asia como «mayor exportador» y «mayor proveedor de inversión extranjera directa».

Falsas promesas sobre la creación de empleo con el tratado UE-EE. UU.

La Comisión Europea y el Gobierno español pronostican creación de empleo y beneficios económicos. Las hipótesis más optimistas hablan de un incremento insignificante del Producto Interior Bruto de la UE en un 0,5% hasta 2027 (un 0,036% anual)1. En el caso del Estado español, estas cifras son replicadas por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, que pronosticaba un beneficio económico de 545 euros para cada familia. Lo que no mencionaba el secretario de Comercio es que el mismo estudio del CEPR2 también proporciona una cifra de 45 euros (la estimación pesimista). Por lo que, si se tiene en cuenta la inflación, las familias perderían más en estos diez años de lo que ganarían.

Respecto al empleo, García-Legaz tampoco contrasta las cifras y promete la creación de 143 000 trabajos y un aumento de la renta per cápita en un 6,6% tras la firma del tratado.

Sin embargo, diferentes estudios alertan sobre la imprecisión de estas afirmaciones. El Gobierno español no menciona que se estima que los cambios provocados por la firma del tratado tardarían en ver la luz entre 10 y 20 años. Tampoco se miden los impactos de la crisis ambiental, el enorme aumento de los precios energéticos y sus repercusiones sobre la economía, previstas para las próximas décadas.

La liberalización del comercio en la UE no es un asunto nuevo. Las cifras muestran cómo los tratados firmados en los últimos 30 años han provocado «despidos a gran escala» en terceros países y en la propia UE, así como el empeoramiento de las condiciones de empleo y la pérdida de derechos laborales. Respecto a la pérdida de puestos de trabajo, incluso la propia Comisión Europea ha reconocido que es probable que el TTIP provoque perjuicios «prolongados y considerables» para las personas trabajadoras en Europa, ya que el tratado comercial fomentará que las empresas se abastezcan de productos y servicios en Estados Unidos donde las normativas laborales son menos exigentes y los derechos sindicales simplemente no existen.

Según los propios estudios encargados por la Comisión Europea, podría producirse una deslocalización y una pérdida de empleos, sobre todo en aquellos sectores industriales que están en desventaja frente a EE. UU.: ganadería, producción de fertilizantes, equipos de transporte y el sector del metal, así como en los sectores primarios, como la madera y productos de papel, los servicios a empresas y de comunicación.

Pero el empleo no es el único sector afectado. Entre los muchos temas que se negocian en el tratado transatlántico están también la agricultura y la alimentación. Una mirada atenta sobre las demandas del gran capital, nos revela que la industria de los agronegocios parece haber encontrado el instrumento perfecto para demoler las regulaciones existentes y futuras en la alimentación, abriendo la puerta a los alimentos transgénicos y tratados con agrotóxicos. Además, unos documentos recientemente filtrados a través de eldiario.es y el periódico Diagonal han revelado que también podrían liberalizarse sectores como el saneamiento de aguas, mutuas, servicios sociales y los asociados a la sanidad o la educación.

Las respuestas se articulan

Varios sectores de la sociedad —organizaciones de consumidores, grupos ecologistas y feministas, sindicatos y asociaciones del ámbito de los derechos humanos, la cultura libre o el comercio justo— llevan ya un año movilizándose para confrontar lo que consideran una vuelta de tuerca en el aumento del poder de las grandes empresas. Hay campañas tanto en varios países de la UE como en EE. UU.

En el Estado español, más de 70 organizaciones han puesto en marcha la campaña «No al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones» (#NoalTTIP) para crear conciencia sobre los «peligros» para los servicios públicos, los derechos laborales, el derecho a la vivienda, la soberanía alimentaria, la cultura libre, entre otras luchas sociales, demandando la suspensión inmediata de las negociaciones del TTIP. 

El próximo 11 de octubre se celebrará el día de Acción Europea contra TTIP, CETA3 y TiSA, así como contra la fractura hidráulica (Global Frackdown). Será una oportunidad para dar a conocer la Iniciativa Ciudadana Europea contra TTIP y CETA que pretende recoger millones de firmas para obligar a la Unión Europea a no ratificar el CETA y retirar el mandato para negociar el TTIP4. Invitamos a asambleas, colectivos y plataformas locales a participar en es día de acción descentralizado.

1 Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment, London: Centre for Economic Policy Research, March 2013.

2 Center for Economic Policy Research (CEPR).

3 Tratado Comercial UE-Canadá.

4 Más información sobre estas iniciativas en:

Feministas en la diana

A finales de junio, vimos una noticia en el periódico digital Diagonal Andalucía que causó un pequeño revuelo en las redes. En el artículo La Brigada de Información, como Mortadelo y Filemón se narraba cómo el órgano de investigación de delitos políticos de la policía sevillana estaba persiguiendo a las autoras de un vídeo paródico autodenominado Comando Armado de las Putas Histéricas (CAPH), en el que un grupo de mujeres aparecían encapuchadas, recreando la iconografía de los grupos terroristas y leyendo un comunicado feminista. La policía relacionaba el contenido del vídeo con… ¡una pegatina! aparecida en la basílica de San Gil en la que se comparaba una pistola y un paso de Semana Santa (según el documento policial, en la pegatina aparecía una «A» de Anarquía y se podía leer «PELIGRO. Unas armas matan los cuerpos y otras las mentes») y así, en un alarde de lógica, los agentes llegaban a la conclusión de que las autoras del vídeo, convertidas ya en peligrosas anarcofeministas (nótese que el prefijo «anarco» genera infinitas sospechas y estigmatización entre las fuerzas policiales), eran también las responsables del conato de incendio en la iglesia de Santa Marina ocurrido meses atrás. Por ello, y por «la alarma social» que se había creado, solicitaban un mandamiento judicial dirigido a la empresa matriz del portal de vídeo VIMEO para que identificara la IP del usuario de la cuenta del vídeo de la CAPH. Desde luego, hubo pitorreo en las redes porque el tema lo merecía. Que la unidad dedicada a investigar delitos de terrorismo se centre en la autoría de un vídeo feminista claramente paródico, da una imagen de tebeo de «nuestras fuerzas del orden». Pero, independientemente del poco caso que la solicitud recibió por parte de los juzgados —que no tramitaron el mandamiento— este es solo el último episodio de la persecución al movimiento feminista autónomo sevillano, que lleva el último año acosado por multas y juicios de faltas, rodeado en las concentraciones y acciones por desproporcionados dispositivos policiales, y vigilado con detenciones, seguimientos e identificaciones realizadas a las activistas de forma arbitraria.

El pasado 14 de julio, siete activistas feministas de la Asamblea de Mujeres Diversas comparecieron en el Juzgado de Instrucción número 5, imputadas en un juicio de faltas, acusadas de ser las autoras de pintadas contra la reforma de la Ley del Aborto. El mismo tribunal absolvió el pasado 22 de mayo a otras dos feministas por una supuesta falta de deslucimiento de bienes inmuebles realizada en la sede del PP de Andalucía en diciembre de 2013. Aunque este último proceso se saldó con la absolución de las dos activistas, vino precedido de la detención de una de ellas el 4 de febrero pasado y de actividades policiales de vigilancia a esta persona, a la que detuvieron en su casa. La Asamblea de Mujeres Diversas respondió a este atropello con un comunicado que denunciaba el intento de «criminalización» del movimiento. Además de eso, las integrantes de la Asamblea de Mujeres Diversas acumulan alrededor de diez multas de 300 euros por identificaciones realizadas en concentraciones que no se habían comunicado previamente en la Delegación del Gobierno.

Parece que el movimiento feminista se ha convertido en blanco de la policía. Y no es de extrañar, si se tiene en cuenta la fuerza y la presencia en la calle que está teniendo desde que irrumpiera en las plazas del 15M, exigiendo teñir con sus propuestas las asambleas, denunciando la destrucción de las políticas públicas y de igualdad, los efectos de los recortes sobre la vida de las mujeres y su oposición a la contrarreforma del aborto, que probablemente comience su tramitación en el Congreso durante el verano. Aun con la oposición generada y las diferencias que provoca incluso en el seno del PP —que paralizan una y otra vez su promulgación—, si sale adelante la nueva ley supondrá una regresión sin precedentes en los derechos de las mujeres, a las que se denigra legalmente y se deja en una situación de indefensión respecto al propio cuerpo más grave que en la antigua norma del 85.

La represión de la protesta está siendo casi la única respuesta de este régimen en crisis a las demandas sociales de democracia, transparencia y derechos ciudadanos, y a la crítica de las políticas austericidas, convirtiéndola en un asunto muy grave y urgente en la agenda de los movimientos. Se está haciendo un uso intensivo del autoritarismo y la violencia, utilizando la policía para reprimir los actos en la calle y la vía administrativa y judicial para estrangular a los movimientos a base de multas y juicios. Atrás quedaron los tiempos en que el movimiento feminista se libraba de la persecución por el paternalismo y el machismo de las fuerzas de seguridad, que descartaban «el peligro» en las acciones protagonizadas por mujeres. A día de hoy, y en muchos casos con largos meses a la espalda, encontramos que grupos feministas de todo el Estadoestán maltratados por multas y procedimientos judiciales.

En Málaga, las activistas de la Asamblea Antipatriarcal son molestadas constantemente por la policía cada vez que salen a la calle. No suelen comunicar sus concentraciones y eso les ha valido más de diez multas de 400 euros, que en estos momentos están recurriendo.

En Cataluña y Mallorca —tal y como informa la organización Calala en el post de su blog #Alertafeminista: apoyemos a las encausadas por defender el derecho al aborto libre y gratuito, frenemos la contrarreforma de Gallardón— grupos de Sabadell y el Penedés tienen abiertos procesos, y las feministas de Palma de Mallorca —encausadas poruna acción en defensa del aborto libre y gratuito en la parroquia de Sant Miquel el domingo 9 de febrero de 2013— se enfrentan a penas de cárcel de seis meses a seis años por los delitos de «impedir, interrumpir o perturbar» una ceremonia religiosa,y de seis meses a un año de cárcel por «ejecutar actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados».

En Madrid, las activistas de Guerrilla Abortista que intervinieron en una marcha antielección el 14 de noviembre de 2013, fueron identificadas y retenidas. Ahora se enfrentan a multas que, sumadas, ascienden a más 12 000 euros.

Todo esto está ocurriendo sin que los grupos de distintas partes del Estado conozcan bien la situación de sus compañeras de lucha de otras ciudades, por lo que urge crear alianzas antirrepresivas feministas, o que estas se integren en las incipientes plataformas que unen a movimientos sociales de distinto tipo para dar a conocer los casos y planear estrategias de defensa conjuntas.

N. B.: El pasado 14 de julio fueron absueltas las siete activistas de la Asamblea de Mujeres Diversas de Sevilla en el juicio de faltas por hacer pintadas contra la reforma de la Ley del Aborto.

Cuando no tener tiene delito

Hace tiempo que personas y organizaciones comprometidas contra la desigualdad llaman la atención sobre la criminalización de la pobreza. Advierten que determinadas fábricas de discurso político (que prefieren llamarse a sí mismas «laboratorios de ideas») vienen alentando sospechas sobre, o contra, la pobreza como situación y las personas pobres como grupo social.

Criminalizar a un grupo de personas supone señalarlo atribuyéndole comportamientos contrarios a las normas. Pretender que nos resulte lógico esperar de esas personas ese tipo de comportamientos. Y hacerlo con tal intensidad que el prejuicio condicione nuestras actitudes y conductas hacia ellas. La criminalización se manifiesta en el discurso y lo hace ya en lo cotidiano. Sin ir más lejos, en España, determinadas tribunas vierten a menudo este tipo de mensajes al espacio público. Basten dos ejemplos de entre los muchísimos que muestran el discurso de la criminalización. La vicepresidenta del Gobierno declaró tras un Consejo de Ministros que más de medio millón de personas recibían la prestación por desempleo a la vez que trabajaban en negro1 (aunque inmediatamente después se supiera que tal cosa y tales cifras no eran ciertas). Una parlamentaria autonómica acusó a familias valencianas sin recursos de comprarse televisiones de plasma con el dinero que recibían como ayudas sociales2… Lo dicho, estos son solo unos pocos ejemplos de los muchos mensajes que desde ciertas posiciones ideológicas se lanzan hacia la opinión pública, tratando de persuadirla. De eso se trata, de las ideas que vienen transformando desde hace décadas las políticas económicas y sociales en el ámbito europeo. Estos cambios de orientación en las políticas propias de los llamados «Estados del bienestar» han acabado agudizándose al confluir con los efectos que en el papel de lo público está teniendo la recesión económica de raíz y rostro financiero que persiste desde 2008. Y han acabado provocando el aumento de las desigualdades que muchos foros vienen poniendo de manifiesto como su principal consecuencia.

Igualdad de llegada, igualdad de partida

La cohesión social —el contrapeso a las desigualdades— ha dejado de plantearse como un objetivo político indiscutido. En este sentido, la protección frente a determinados riesgos que afectan a quienes llegan a la vida social y económica ya no es la razón de ser de muchas políticas públicas. Se ha dado paso a planteamientos que flexibilizan todo lo que es susceptible de entenderse como relación de mercado. Y se ha desplazado la lucha contra la desigualdad al terreno de las oportunidades, a las casillas de salida o a las estaciones de tránsito hacia esos espacios donde todo al llegar debe ser oferta y demanda flexibles. La posición social que cada persona alcanza se convierte en una cuestión de responsabilidad individual.

El sociólogo François Dubet lo ha expuesto brillantemente: en el campo de la llamada cuestión social (donde se define por qué existen y cómo deben combatirse las desigualdades), la igualdad de oportunidades ha desbancado a la igualdad de posiciones como fundamento de la acción política y estatal3. Y esto se ha venido haciendo en detrimento de las políticas que pretendían garantizar unos niveles básicos de igualdad en destino, en los puestos de llegada a la vida adulta (derechos laborales, seguridad frente al desempleo, la enfermedad o el fin de la vida activa remunerada, acceso a bienes y servicios con carácter público y por tanto no mercantilizado, etc.). La defensa de la igualdad de oportunidades ha traído, sin duda, muchos beneficios en términos de reconocimiento de derechos e identidades, discriminaciones positivas y lucha contra las inequidades estructurales ancladas en los pliegues y arrugas de nuestras sociedades. Pero ha tenido también efectos perversos. Sobre todo cuando se ha combinado con la reducción de las políticas de provisión de seguridades colectivas. Ahora, la posición a la que llega cada persona se interpreta como resultado del merecimiento individual. Y el no alcanzar determinados niveles de renta, propiedad o categoría significa no haber luchado suficientemente por ellos y, por tanto, merecerlos menos que quienes sí los tienen. El problema se agrava cuando quienes ocupan ciertas posiciones apoyan argumentos, no ya a favor de esa visión de la vida social como carrera que arranca supuestamente con oportunidades parecidas, sino que cuestionan que sea legítimo que existan premios de consolación a sufragar entre todos. Es a la postura por la desafección o desenganche fiscal a la que le resulta útil el discurso de la criminalización de la pobreza.

Culpar a quien no tiene

La existencia de determinadas coberturas sociales se entiende cada vez menos como la manera de ajustar el resultado de la competición por las posiciones (si la palabra ajustar se pudiera usar a la vez en sentido literal, para hablar de sintonizar las cosas de manera que se eviten discrepancias, y en sentido figurado, como hacer justo). Ya no es la manera de compensar a aquellas personas cuyos merecimientos no han resultado competitivos. Ha pasado a ser, para determinadas urdimbres discursivas, una cuestión de no merecimiento a secas. No prestan atención al hecho de que cada vez son menos los que detentan el podio y más los que no alcanzan posiciones mínimamente estables. Dan por sentado que es algo natural que esos que son más, muchos más, acepten y acaten las reglas y arbitrajes que permiten que sean los menos (y los mismos) los que acceden a los podios. Cada persona es responsable de su propia situación. Y, si esto es así, ¿por qué proteger a quienes no han merecido más en la carrera por la posición social y económica? ¿Por qué redistribuir lo que yo y mis iguales hemos logrado? Una manera de camuflar lo brusco que resulta desentenderse fiscalmente de los demás en estos términos es hacerlos pasar por culpables. No es que no tengan las capacidades requeridas, tampoco que no se hayan esforzado lo suficiente. Es que, moralmente hablando, son peores personas. Para que no merezcan la protección pública, nada mejor que convertirlas en culpables. ¿De qué? De defraudar, de cobrar ayudas indebidamente, de gastarse el dinero de las ayudas en tabletas de última generación, de colapsar los servicios que pagamos usted y yo… En esto consiste la criminalización de la pobreza. En cuestionar desde las posiciones privilegiadas la acción pública que busca limitar los efectos más duros del modo en que están tejidas las relaciones sociales y económicas propias (y plenamente aceptadas) de nuestras sociedades. Se trata de un discurso que alimenta la desafección fiscal y vuelve asociales a las políticas públicas. Que socava las bases morales de la redistribución y la protección. Que piensa que es natural que los más numerosos tengan menos. Y que quienes tienen menos algo habrán hecho, algo sospechoso. La cosa tiene delito.

1 El País, 11 de octubre de 2013: http://economia.elpais.com/economia/2013/10/11/actualidad/1381502054_976152.html

2 El Mundo, 27 de noviembre de 2012: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/26/valencia/1353957854.html

3 Dubet, François (2012). Repensar la justicia social. Contra el mito de la igualdad de oportunidades. Buenos Aires, Siglo XXI.

¿Y quién eres tú para decidir por mí?

O de cómo la contrarreforma de Gallardón hunde sus raíces en lo medieval

La contrarreforma propuesta a trámite por el ministro de Justicia no hace más que ahondar en una estrategia de usurpación de los cuerpos de las mujeres que se ha desplegado en sucesivos cierres patriarcales sobre nuestros cuerpos y que investigamos en este artículo.

«Ramas de perejil, hojas de laurel / que el aborto sea un derecho de la mujer / Raíces muertas, tierra mojada / que la reforma del aborto sea eliminada». No es casual que la manifestación contra la reforma del aborto del 8 de febrero en Madrid se abriese con este simulacro de conjuro de brujería. Como nos recuerda Silvia Federici, las brujas eran esas mujeres herboleras, parteras, con conocimientos sobre la anticoncepción y la salud reproductiva de las mujeres. La cruzada contra ellas debe entenderse como una estrategia de apropiación de los cuerpos femeninos por parte de los estados europeos en la modernidad, con el fin de combatir la crisis demográfica y la escasez de trabajadores. Señalar, pues, el carácter medieval de este anteproyecto de ley no es un simple recurso retórico. Más allá de otras justificaciones ideológicas, ahora, como entonces, los cuerpos de las mujeres se ponen al servicio de ciertos objetivos económicos: promover nuestra domesticidad para reducir la competencia en el mercado de trabajo en una época de crisis. Capitalismo y patriarcado se alían de nuevo para someter a las mujeres y cercenar su libertad de elección.

Las diversas leyes que penalizan el aborto ahora, como entonces, representan una estrategia de control que se recubre de justificaciones religiosas. La consideración del nasciturus como sujeto de personalidad jurídica no puede entenderse más que como una injerencia religiosa en el Derecho. Una injerencia bien antigua, que no ha inaugurado la contrarreforma de Gallardón. De hecho, como ha subrayado la activista feminista Justa Montero (Diagonal, nº 125), la consideración del nasciturus como personalidad jurídica encuentra amparo en la propia Constitución Española, cuyo artículo 15 promulga que «todos tienen derecho a la vida», en lugar de «todas las personas», que sería la formulación jurídica más cercana a las posiciones feministas. El papel de la Iglesia católica en la estrategia de control de los cuerpos de las mujeres sigue, pues, vigente y, por ello, la separación entre Iglesia y Estado sigue siendo una de las principales reivindicaciones feministas.

Por tanto, el problema no es solo esta contrarreforma, sino la sucesión de cierres legislativos sobre los cuerpos de las mujeres, que estos se conviertan una y otra vez en terreno de cálculo político-electoral. Y es que, en las dos últimas legislaturas, los dos grandes partidos han utilizado la cuestión del aborto como maniobra ideológica para ganar rédito político y hacer guiños a diferentes sectores sociales. El ánimo electoralista de la reforma de 2010 dejó de lado las reivindicaciones más sustantivas y progresistas que el movimiento feminista de todo el estado lleva haciendo desde principios de los años 80. El establecimiento de plazos y supuestos restrictivos, de un periodo obligado de tres días de reflexión, de determinadas tutelas sobre las mujeres menores de 16 años y la no regulación de la objeción de conciencia, estaban lejos de garantizar la libertad de decisión de las mujeres sobre sus cuerpos.

Por su parte, la contrarreforma a la que nos enfrentamos en 2014 representa una vuelta atrás inasumible por ningún movimiento de defensa de los derechos humanos. Con este anteproyecto, el alcance de la tutela y el control de los cuerpos de las mujeres va mucho más allá:

  • Se victimiza a la mujer y se penaliza a las personas acompañantes, cuerpo médico, etc. Mientras que la mujer que aborta no incurre en delito, el personal médico e incluso personas que acompañan a las mujeres sí entran en el Código Penal.
  • El nasciturus pasa a ser considerado sujeto de derecho, como establece el mismo título de la ley: «Ley para la protección de la vida del concebido», por encima de los derechos de las mujeres.
  • La malformación fetal deja de ser reconocida como motivo de aborto.
  • Aparte de la violación, solo se podrá abortar en el supuesto de «grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer», lo que supone una psiquiatrización peligrosa del proceso. No obstante, incluso este supuesto queda limitado por la necesidad de que tanto el médico de cabecera como dos especialistas determinen el «menoscabo importante» de la salud mental de la mujer. Según estimaciones realizadas desde los colectivos feministas y las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, tan solo el 6% de los casos se verían amparados por la contrarreforma propuesta a trámite parlamentario, lo que dejaría de lado la realidad del 94% de las mujeres que deciden, por diferentes motivos y en diversas situaciones, no llevar a término su embarazo.

Así pues, lo que subyace a ambas reformas, la llamada progresista y la actual, es la idea de que el Estado puede controlar y decidir lo que las mujeres pueden o deben hacer con sus cuerpos. El ya antiguo eslogan «nosotras parimos, nosotras decidimos» no pierde vigencia alguna y el derecho a decidir aúna a todos los colectivos feministas del Estado en una sola voz. La defensa de un aborto libre y gratuito fue y sigue siendo la única salida digna a lo que consideramos una injerencia sistémica en nuestros cuerpos.

Afortunadamente, el movimiento feminista estaba preparado. Afronta el reto de la lucha a favor del derecho a decidir con una apuesta decidida por la unidad, por las batallas en diferentes niveles (desde las pequeñas iniciativas de barrio hasta las interlocuciones con los legisladores), por la colaboración con otras luchas (mareas, coaliciones específicas, etc.) y, en fin, con el saber acumulado en las calles desde los 70 hasta el 15M y los escraches. El movimiento feminista no aceptará ninguna reforma que no ponga la decisión de las mujeres en el centro y provea los instrumentos necesarios para garantizarla.

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Cuchillas en la valla para contener e ignorar

Promulgar medidas con nombres inocuos es un deporte gubernamental. Razón por la cual la última decisión relacionada con las vallas de Ceuta y Melilla asimila los alambres dentados en espiral que las culminan con un gran acordeón: concertina. Sin embargo, basta mirar las webs de las empresas encargadas de su fabricación para palpar la realidad: «alambres de cuchillas tipo concertina® para la seguridad perimetral». Se refleja así el enfoque en la gestión de la inmigración por parte de Europa. A falta de políticas conjuntas que respeten unos derechos mínimos fundamentales, los gobiernos nacionales pueden tomar medidas sin respetarlos. Ceuta y Melilla son las fronteras de Europa. Y el estado español debe ejercer de gendarme de la Unión.

Fronteras

La Europa Fortaleza: contención y control como política prioritaria para las migraciones

En consecuencia, la política más extendida es la contención y el control de la inmigración no comunitaria. Las cuchillas son un hito más en la gestión a lo «militar» de un hecho natural e histórico como son las migraciones, por ello se instalaron en 1999 en un sistema ya de por sí violento. Aunque la presión popular obligó a su retirada en 2007, permanecieron en la valla de Ceuta y se mantuvo en gran parte en la valla de Melilla en lugares no visibles. Que en 2013 se vuelva a esta medida no es casualidad, pues si la respuesta a las desigualdades regionales pasa por lo policial, nunca habrá suficientes refuerzos para defender la Europa Fortaleza. Los resultados contabilizan 20 000 muertes en una década en el Mediterráneo; las cuchillas llevan 2 muertes en su haber anterior a 2013. No importan las muertes, importa que no lleguen. ¿Qué medida en Europa quedaría sin revisar si provocara tan solo una hospitalización?

Tampoco importa la austeridad. Este tipo de  «control» necesita de ingentes inversiones. En los presupuestos para 2013 se estimaron 50 millones de euros para el control de la frontera exterior, el mantenimiento de Centros de Internamiento, las repatriaciones forzosas —la mitad del total— y el reforzamiento de la valla de Ceuta y Melilla1. Sin embargo, desde 2009 se instauró una reducción paulatina en las políticas de integración y refuerzo educativo que finalmente fue eliminada en 20122.

Reducción de entradas, reducción de asilos

La última tragedia de Lampedusa no es un error, es el sistema. Un sistema de alejamiento de una realidad que se sustenta sobre helicópteros, aviones, barcos, sensores y leyes que permiten las cuchillas o la regulación racista italiana3. Soluciones edificadas sobre una estructura militar como Frontex4 para alejar el resultado de un movimiento poblacional provocado por intereses estratégicos y situaciones históricas.

A la vez, permite a la Unión externalizar —trasladar— el control fronterizo más allá de sus líneas, allí donde los derechos fundamentales tienen menos control5. Los acuerdos con Argelia, Marruecos, Mauritania, etc., permiten, no ya taponar previamente el flujo de personas migrantes, sino reducir las entradas y, por tanto, la petición de asilo. ¿Cuántas personas interceptadas en las fronteras o embarcaciones podrían haber sido solicitantes de asilo? La reducción de personas que solicitan asilo o el estatuto de refugiados es otra prioridad europea. Las guerras, los regímenes sangrientos, el hambre o los desastres medioambientales —relacionados con el cambio climático— son razones por las que las personas comienzan a emigrar. Sin embargo, la contención policial en países terceros, apoyadas por Frontex, se soluciona con expulsiones al desierto de Argelia (200 en el último año6) o con el abandono a la miseria, las mafias, los golpes y la vida en la exclusión que representa el monte Gurugú7. Esta marginalidad e invisibilidad es además una fuente de violencia contra las mujeres migrantes.

Mercado laboral y fronteras interiores

Comentaba Hannah Arendt que la ciudadanía se posee cuando se tiene derecho a tener derechos. La Ley de Extranjería y las modificaciones legales paralelas imponen limitaciones a la propia cotidianidad de las personas migrantes. En cierto modo, otorga una ciudadanía prestada (dependiente del empleo y los ingresos) que reduce las posibilidades para el desarrollo personal y familiar por su potencial revocación, generando más vulnerabilidad y precariedad.

La razón principal es que la política migratoria española se supedita al mercado laboral. Al asimilarse migración a empleo, se niega la complejidad del hecho migratorio. Así, en un momento que los trabajadores y las trabajadoras migrantes pierden puestos de trabajo (900 0008 en los últimos años), se puede ignorar el movimiento migratorio y encaminar los esfuerzos institucionales a dificultar la adopción de ciudadanía; en consecuencia, las vías legales de estancia, que permiten una ciudadanía sin contratiempos, se estrechan aún más. Como ejemplo, las restricciones al reagrupamiento familiar, el arraigo o el derecho de asilo. También se activan actuaciones de control y expulsión como las redadas selectivas, la aprobación de la directiva europea de retorno que permite detener durante 18 meses a personas «sin papeles» que no han cometido ningún delito, los CIE o los vuelos de repatriación forzosa.

Una lucha sin cuartel para expulsar el fenómeno migratorio que solo incrementa la existencia de personas sin documentación, sin permiso para trabajar o permanecer en el estado, ya sea por la dificultad del arraigo, o porque el mercado laboral los vuelve a expulsar a la tierra de nadie de los «irregulares». A esto hay que añadir los discursos institucionales de fragmentación y segregación que extranjerizan a la población migrante. Valga como ejemplo el caso de la limitación de la sanidad primaria a las personas sin documentación, olvidando rápidamente la contribución de los y las trabajadoras migrantes a la economía española9.

Las políticas migratorias son una parte más del sistema a cambiar

La política de migraciones no debe dejarse en el patio de atrás. Debemos tener transparencia y control. De lo contrario, al pertenecer a los márgenes de nuestra sociedad, la violación de derechos se hace más continuada y flagrante, se repite asiduamente, generando situaciones de indefensión y abuso. Se debe tener un control exhaustivo sobre estas políticas —que no pasa por la contención y el control— exigiendo un respeto absoluto sobre los derechos fundamentales y las vidas de las personas que comienzan la experiencia migratoria.

Existen alrededor de 5 millones de personas extranjeras en el estado español, además de otro millón de personas en situación administrativa no regular. ¿Son justificables estas políticas si no es por una intención de precarizar y doblegar más aún a la clase trabajadora a la que pertenece la población migrante?

Según el Informe Fronteras Sur, se frenan alrededor de 14 000 personas anualmente; 7 000 consiguen entrar: 21 000 personas con una carga de dolor y sufrimiento que no les impide jugarse la vida ante los sistemas de contención de la Europa Fortaleza. ¿Son estas medidas las más idóneas para ordenar un movimiento natural de las personas que es a la vez consecuencia de la globalización y de la libertad de movimiento de mercancías y capitales? Hay que abogar por la libre circulación de las personas10.

La ODS es un colectivo asambleario para la organización en defensa de los derechos sociales. Junto con las asesorías jurídicas gratuitas sobre extranjería, luchamos contra la política de frontera y  por el cierre de los Centros de Internamientos de Extranjeros, promoviendo la libre circulación de las personas y la organización de las personas migrantes.

1 Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Derechos Humanos en la Frontera Sur. 2013.

2 Europa Press. El Gobierno elimina el Fondo para la Integración, Acogida y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes (30/03/2012).

3 Web Migreurop: Observatorio de fronteras. Frontex ¿Vigilar o salvar vidas?, 2013.

4 Agencia europea para la gestión de la cooperación en las fronteras exteriores.

5 Claire Roider. Frontex y sus silencios. Rebelión (01/10/2011).

6 Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur. Op. cit.

7 Más información sobre los abusos de la policía marroquí en el monte Gurugú en Basta de violencia en las Fronteras: http://www.youtube.com/watch?v=SfeWqY017Ns. También es recomendable el reportaje sobre el monte Gurugú y las redadas producidas en el último año publicado en eldiario.es, en el especial dedicado a las concertinas y la valla de Melilla.

8 Javier de Lucas. Modelo Blade Runner. Le monde Diplomatique, junio 2003.

9 Al respecto: Carlos Gómez Gil. El acelerado cambio en la política migratoria de España. Rebelión (11/10/2009).

10 Este debate iniciado hace una década es defendido por personalidades como Sami Naïr: Una catástrofe anunciada, El País, 30/10/11; Morir en Lampedusa, El País, 04/10/13; La inmigración a debate, El País, 29/11/13. También resulta ilustrativo el artículo de Gonzalo Fanjul La política de inmigración del PP va en la dirección equivocada publicado el 28/11/11 en el blog «3500 Millones».

 

 

La reforma eléctrica en un modelo energético insostenible

¿Saben ustedes que, en cifras redondas, el precio de la electricidad de su vivienda (impuestos excluidos) aumentó un 70 % entre 2006 y 2011, mientras que en el área euro el aumento fue solo de un 13 %? (1) Compárenlo con la inflación acumulada en el mismo periodo: un 12 %. A esa subida hay que incrementar otro 10 % en los últimos 2 años, por lo que vamos camino de duplicar los precios en una década.

El pasado agosto se reestructuraron otra vez las tarifas de acceso. La parte fija o término de potencia de su factura subió un 77 %, mientras la variable o término de energía de acceso  bajó un 23 %. A modo de ejemplo, he hecho un pequeño cálculo con la factura de mi hijo: con una potencia contratada de 4,6 kW y 2600 kWh de consumo anual, a mi hijo le supone un 5,6 % de incremento en su factura.  

Tenemos una de las tarifas domésticas más caras de Europa (1) y, sin embargo, el gobierno tiene en las Cortes un proyecto de ley de reforma del sector eléctrico cuyo objetivo principal es eliminar el déficit de tarifa (la diferencia entre los costes «reconocidos» a las empresas del sector y los realmente ingresados por la facturación de las tarifas de acceso), esto es, unos 4500 millones de euros anuales, que acumulados a los de años anteriores, amenazan con acercarse al importe del rescate bancario (30 000 millones de euros).

Este déficit tarifario no está incluido actualmente en las cifras oficiales del déficit público y la UE amenaza con obligar a introducirlo si no se toman medidas radicales. Y, a estas alturas, ya saben ustedes a lo que los tecnócratas europeos llaman medidas radicales.  

En cifras del gobierno, de estos 4500 millones, 2700 los asumirá el sector, la mitad las empresas tradicionales y la otra mitad las renovables. Otros 900 millones correrán a cargo del presupuesto público y, el resto (900 millones), los pagaremos los consumidores a través de la subida de las tarifas de acceso de agosto (¡ellos estiman en un 3,2 % lo que para mi hijo ha sido un 5,6 %!), además de otros recortes.  

Como siempre ocurre en estas ocasiones, esta reforma del sector eléctrico no es más que otra chapucera y oscura negociación entre la administración y los lobbys implicados, donde siempre gana el lobby que más recursos «técnicos» puede colocar para convencer a todos los niveles de la administración de la bondad de sus posiciones. Aquí, las eléctricas clásicas son unas verdaderas maestras. Y, claro, siempre pierde la ciudadanía. No pierden, sin embargo, los consumidores grandes organizados en otros grupos de presión, que ya están obteniendo mejoras a base de, por ejemplo, eximirlos del pago del impuesto eléctrico.

Así, buena parte de los recortes a las eléctricas tradicionales (1350 millones de euros anuales) serán contrarrestados por la subida de los precios de la energía que estas colocarán en el mercado. Subida que pagaremos los consumidores, tanto vía los presupuestos del Estado (900 millones de euros anuales) como con la subida de las tarifas de acceso (otros 900 millones de euros anuales).  

El resto (1350 millones de euros anuales) le corresponde al otro agente —el sector de las renovables— que lo tiene más crudo ya que le eliminan las primas que le habían garantizado, tiene que vender a precios de mercado y le retribuyen adicionalmente un beneficio estándar sobre la inversión realizada que, sumado a los nuevos impuestos a la generación, le puede suponer la quiebra en muchas instalaciones.  

Y se preguntarán, ¿cómo se ha podido llegar aquí? Esta situación no es más que la lógica consecuencia de la privatización de las empresas eléctricas iniciada por Felipe González y culminada por José María Aznar, unida a la posterior desregularización del mercado eléctrico, la llamada liberalización del sector.

Y es que, al pasar de un sistema regulado basado en costes estándares y retribuciones bajas al capital (el Marco Legal Estable de los años 80 y 90) a este gran invento del neoliberalismo llamado liberalización, llegó al sector otra forma de hacer las cosas.  En vez de centrarse en mejorar e innovar para bajar los costes (con precios de venta regulados), se asumen gran parte de estos y se suben los precios (ahora en libre mercado), una política mucho más rápida y eficaz para generar el lucro que exigen los nuevos dueños: fondos de pensiones americanos, hedge funds, etc.  

A la vez, cambiaron los gestores, ya no valían tecnócratas internos, hacían falta tiburones financieros, tal Wall Street. Y había que crecer, comprando y concentrando empresas en unas pocas, convirtiéndolas en verdaderas transnacionales con capacidad de montar cárteles y lobbys bien dotados y profesionalizados, a semejanza de los que ya existían tiempo atrás en otros muchos sectores de la economía.  

Y en esas estamos hoy. La única diferencia actual es que ya se ha hecho evidente que los recursos energéticos básicos están en declive (el 80 % de la energía que utilizamos son combustibles fósiles) y que no hay futuro en este sistema de crecimiento continuo del consumo energético (este y el PIB son proporcionales), ya que las energías renovables no dan ni para un tercio del consumo de energía primaria actual.  

A esto habría que añadir que este modelo basado en quemar combustibles fósiles es responsable del 80 % del cambio climático, el cual se acerca a un punto de no retorno según el último informe del IPCC (2). Salvo que los gobiernos tomen medidas drásticas, si se continúa como hasta ahora, se producirá una subida del nivel del mar de 82 centímetros y de la temperatura media de 4,8 ºC en este siglo. Eso de media mundial, porque en Sevilla, por ejemplo, la subida de la temperatura media será de 6 ºC. ¿Se imaginan pasando julio y agosto con máximas de 50 ºC?

Pues bien, cuando más evidente es la necesidad de fomentar el ahorro y la eficiencia energética, se hace ese cambio estructural de las tarifas de acceso del que les hablé al comienzo: tendencia a la tarifa plana, fomento del consumo irresponsable. Y esto en un país que tiene una de las mayores intensidades energéticas (3) de Europa. Eso sí, esto implica una mayor utilización de las plantas de generación, que están infrautilizadas. Las eléctricas tradicionales han invertido en la última década en plantas de ciclo combinado hasta duplicar hoy la potencia instalada necesaria en el Estado.  

¿Y qué pasó con las renovables? Se está cavando su tumba. Se está preparando otra ley para regular la autoproducción y el consumo de los particulares y las empresas. Esta ley obliga al registro oficial de las instalaciones de producción de electricidad y nos impone el pago de un peaje a las empresas eléctricas por la energía que autoproducimos y autoconsumimos; y cuando nos sobre, ¡estamos obligados a regalarle la energía al sector eléctrico!


Esta barbaridad hace que, pese a que el precio de los paneles fotovoltaicos se haya dividido por 6, ya no sea más barato producirse la electricidad que comprarla. De esta manera se evita que hasta un 20 % del consumo del país pudiese estar en manos de pequeños consumidores. En resumen, la reforma eléctrica del gobierno no responde más que a intereses a corto plazo de los lobbys empresariales, carga las tintas sobre los consumidores y desprecia la escasez de los combustibles fósiles y el cambio climático que su quema produce.    

(1)    Fuente “Eurostat”: http://goo.gl/twvqpU
(2)    Grupo Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas
(3)    Cantidad de energía utilizada para producir un bien