¿Y quién eres tú para decidir por mí?

O de cómo la contrarreforma de Gallardón hunde sus raíces en lo medieval

La contrarreforma propuesta a trámite por el ministro de Justicia no hace más que ahondar en una estrategia de usurpación de los cuerpos de las mujeres que se ha desplegado en sucesivos cierres patriarcales sobre nuestros cuerpos y que investigamos en este artículo.

«Ramas de perejil, hojas de laurel / que el aborto sea un derecho de la mujer / Raíces muertas, tierra mojada / que la reforma del aborto sea eliminada». No es casual que la manifestación contra la reforma del aborto del 8 de febrero en Madrid se abriese con este simulacro de conjuro de brujería. Como nos recuerda Silvia Federici, las brujas eran esas mujeres herboleras, parteras, con conocimientos sobre la anticoncepción y la salud reproductiva de las mujeres. La cruzada contra ellas debe entenderse como una estrategia de apropiación de los cuerpos femeninos por parte de los estados europeos en la modernidad, con el fin de combatir la crisis demográfica y la escasez de trabajadores. Señalar, pues, el carácter medieval de este anteproyecto de ley no es un simple recurso retórico. Más allá de otras justificaciones ideológicas, ahora, como entonces, los cuerpos de las mujeres se ponen al servicio de ciertos objetivos económicos: promover nuestra domesticidad para reducir la competencia en el mercado de trabajo en una época de crisis. Capitalismo y patriarcado se alían de nuevo para someter a las mujeres y cercenar su libertad de elección.

Las diversas leyes que penalizan el aborto ahora, como entonces, representan una estrategia de control que se recubre de justificaciones religiosas. La consideración del nasciturus como sujeto de personalidad jurídica no puede entenderse más que como una injerencia religiosa en el Derecho. Una injerencia bien antigua, que no ha inaugurado la contrarreforma de Gallardón. De hecho, como ha subrayado la activista feminista Justa Montero (Diagonal, nº 125), la consideración del nasciturus como personalidad jurídica encuentra amparo en la propia Constitución Española, cuyo artículo 15 promulga que «todos tienen derecho a la vida», en lugar de «todas las personas», que sería la formulación jurídica más cercana a las posiciones feministas. El papel de la Iglesia católica en la estrategia de control de los cuerpos de las mujeres sigue, pues, vigente y, por ello, la separación entre Iglesia y Estado sigue siendo una de las principales reivindicaciones feministas.

Por tanto, el problema no es solo esta contrarreforma, sino la sucesión de cierres legislativos sobre los cuerpos de las mujeres, que estos se conviertan una y otra vez en terreno de cálculo político-electoral. Y es que, en las dos últimas legislaturas, los dos grandes partidos han utilizado la cuestión del aborto como maniobra ideológica para ganar rédito político y hacer guiños a diferentes sectores sociales. El ánimo electoralista de la reforma de 2010 dejó de lado las reivindicaciones más sustantivas y progresistas que el movimiento feminista de todo el estado lleva haciendo desde principios de los años 80. El establecimiento de plazos y supuestos restrictivos, de un periodo obligado de tres días de reflexión, de determinadas tutelas sobre las mujeres menores de 16 años y la no regulación de la objeción de conciencia, estaban lejos de garantizar la libertad de decisión de las mujeres sobre sus cuerpos.

Por su parte, la contrarreforma a la que nos enfrentamos en 2014 representa una vuelta atrás inasumible por ningún movimiento de defensa de los derechos humanos. Con este anteproyecto, el alcance de la tutela y el control de los cuerpos de las mujeres va mucho más allá:

  • Se victimiza a la mujer y se penaliza a las personas acompañantes, cuerpo médico, etc. Mientras que la mujer que aborta no incurre en delito, el personal médico e incluso personas que acompañan a las mujeres sí entran en el Código Penal.
  • El nasciturus pasa a ser considerado sujeto de derecho, como establece el mismo título de la ley: «Ley para la protección de la vida del concebido», por encima de los derechos de las mujeres.
  • La malformación fetal deja de ser reconocida como motivo de aborto.
  • Aparte de la violación, solo se podrá abortar en el supuesto de «grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer», lo que supone una psiquiatrización peligrosa del proceso. No obstante, incluso este supuesto queda limitado por la necesidad de que tanto el médico de cabecera como dos especialistas determinen el «menoscabo importante» de la salud mental de la mujer. Según estimaciones realizadas desde los colectivos feministas y las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, tan solo el 6% de los casos se verían amparados por la contrarreforma propuesta a trámite parlamentario, lo que dejaría de lado la realidad del 94% de las mujeres que deciden, por diferentes motivos y en diversas situaciones, no llevar a término su embarazo.

Así pues, lo que subyace a ambas reformas, la llamada progresista y la actual, es la idea de que el Estado puede controlar y decidir lo que las mujeres pueden o deben hacer con sus cuerpos. El ya antiguo eslogan «nosotras parimos, nosotras decidimos» no pierde vigencia alguna y el derecho a decidir aúna a todos los colectivos feministas del Estado en una sola voz. La defensa de un aborto libre y gratuito fue y sigue siendo la única salida digna a lo que consideramos una injerencia sistémica en nuestros cuerpos.

Afortunadamente, el movimiento feminista estaba preparado. Afronta el reto de la lucha a favor del derecho a decidir con una apuesta decidida por la unidad, por las batallas en diferentes niveles (desde las pequeñas iniciativas de barrio hasta las interlocuciones con los legisladores), por la colaboración con otras luchas (mareas, coaliciones específicas, etc.) y, en fin, con el saber acumulado en las calles desde los 70 hasta el 15M y los escraches. El movimiento feminista no aceptará ninguna reforma que no ponga la decisión de las mujeres en el centro y provea los instrumentos necesarios para garantizarla.

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Cuchillas en la valla para contener e ignorar

Promulgar medidas con nombres inocuos es un deporte gubernamental. Razón por la cual la última decisión relacionada con las vallas de Ceuta y Melilla asimila los alambres dentados en espiral que las culminan con un gran acordeón: concertina. Sin embargo, basta mirar las webs de las empresas encargadas de su fabricación para palpar la realidad: «alambres de cuchillas tipo concertina® para la seguridad perimetral». Se refleja así el enfoque en la gestión de la inmigración por parte de Europa. A falta de políticas conjuntas que respeten unos derechos mínimos fundamentales, los gobiernos nacionales pueden tomar medidas sin respetarlos. Ceuta y Melilla son las fronteras de Europa. Y el estado español debe ejercer de gendarme de la Unión.

Fronteras

La Europa Fortaleza: contención y control como política prioritaria para las migraciones

En consecuencia, la política más extendida es la contención y el control de la inmigración no comunitaria. Las cuchillas son un hito más en la gestión a lo «militar» de un hecho natural e histórico como son las migraciones, por ello se instalaron en 1999 en un sistema ya de por sí violento. Aunque la presión popular obligó a su retirada en 2007, permanecieron en la valla de Ceuta y se mantuvo en gran parte en la valla de Melilla en lugares no visibles. Que en 2013 se vuelva a esta medida no es casualidad, pues si la respuesta a las desigualdades regionales pasa por lo policial, nunca habrá suficientes refuerzos para defender la Europa Fortaleza. Los resultados contabilizan 20 000 muertes en una década en el Mediterráneo; las cuchillas llevan 2 muertes en su haber anterior a 2013. No importan las muertes, importa que no lleguen. ¿Qué medida en Europa quedaría sin revisar si provocara tan solo una hospitalización?

Tampoco importa la austeridad. Este tipo de  «control» necesita de ingentes inversiones. En los presupuestos para 2013 se estimaron 50 millones de euros para el control de la frontera exterior, el mantenimiento de Centros de Internamiento, las repatriaciones forzosas —la mitad del total— y el reforzamiento de la valla de Ceuta y Melilla1. Sin embargo, desde 2009 se instauró una reducción paulatina en las políticas de integración y refuerzo educativo que finalmente fue eliminada en 20122.

Reducción de entradas, reducción de asilos

La última tragedia de Lampedusa no es un error, es el sistema. Un sistema de alejamiento de una realidad que se sustenta sobre helicópteros, aviones, barcos, sensores y leyes que permiten las cuchillas o la regulación racista italiana3. Soluciones edificadas sobre una estructura militar como Frontex4 para alejar el resultado de un movimiento poblacional provocado por intereses estratégicos y situaciones históricas.

A la vez, permite a la Unión externalizar —trasladar— el control fronterizo más allá de sus líneas, allí donde los derechos fundamentales tienen menos control5. Los acuerdos con Argelia, Marruecos, Mauritania, etc., permiten, no ya taponar previamente el flujo de personas migrantes, sino reducir las entradas y, por tanto, la petición de asilo. ¿Cuántas personas interceptadas en las fronteras o embarcaciones podrían haber sido solicitantes de asilo? La reducción de personas que solicitan asilo o el estatuto de refugiados es otra prioridad europea. Las guerras, los regímenes sangrientos, el hambre o los desastres medioambientales —relacionados con el cambio climático— son razones por las que las personas comienzan a emigrar. Sin embargo, la contención policial en países terceros, apoyadas por Frontex, se soluciona con expulsiones al desierto de Argelia (200 en el último año6) o con el abandono a la miseria, las mafias, los golpes y la vida en la exclusión que representa el monte Gurugú7. Esta marginalidad e invisibilidad es además una fuente de violencia contra las mujeres migrantes.

Mercado laboral y fronteras interiores

Comentaba Hannah Arendt que la ciudadanía se posee cuando se tiene derecho a tener derechos. La Ley de Extranjería y las modificaciones legales paralelas imponen limitaciones a la propia cotidianidad de las personas migrantes. En cierto modo, otorga una ciudadanía prestada (dependiente del empleo y los ingresos) que reduce las posibilidades para el desarrollo personal y familiar por su potencial revocación, generando más vulnerabilidad y precariedad.

La razón principal es que la política migratoria española se supedita al mercado laboral. Al asimilarse migración a empleo, se niega la complejidad del hecho migratorio. Así, en un momento que los trabajadores y las trabajadoras migrantes pierden puestos de trabajo (900 0008 en los últimos años), se puede ignorar el movimiento migratorio y encaminar los esfuerzos institucionales a dificultar la adopción de ciudadanía; en consecuencia, las vías legales de estancia, que permiten una ciudadanía sin contratiempos, se estrechan aún más. Como ejemplo, las restricciones al reagrupamiento familiar, el arraigo o el derecho de asilo. También se activan actuaciones de control y expulsión como las redadas selectivas, la aprobación de la directiva europea de retorno que permite detener durante 18 meses a personas «sin papeles» que no han cometido ningún delito, los CIE o los vuelos de repatriación forzosa.

Una lucha sin cuartel para expulsar el fenómeno migratorio que solo incrementa la existencia de personas sin documentación, sin permiso para trabajar o permanecer en el estado, ya sea por la dificultad del arraigo, o porque el mercado laboral los vuelve a expulsar a la tierra de nadie de los «irregulares». A esto hay que añadir los discursos institucionales de fragmentación y segregación que extranjerizan a la población migrante. Valga como ejemplo el caso de la limitación de la sanidad primaria a las personas sin documentación, olvidando rápidamente la contribución de los y las trabajadoras migrantes a la economía española9.

Las políticas migratorias son una parte más del sistema a cambiar

La política de migraciones no debe dejarse en el patio de atrás. Debemos tener transparencia y control. De lo contrario, al pertenecer a los márgenes de nuestra sociedad, la violación de derechos se hace más continuada y flagrante, se repite asiduamente, generando situaciones de indefensión y abuso. Se debe tener un control exhaustivo sobre estas políticas —que no pasa por la contención y el control— exigiendo un respeto absoluto sobre los derechos fundamentales y las vidas de las personas que comienzan la experiencia migratoria.

Existen alrededor de 5 millones de personas extranjeras en el estado español, además de otro millón de personas en situación administrativa no regular. ¿Son justificables estas políticas si no es por una intención de precarizar y doblegar más aún a la clase trabajadora a la que pertenece la población migrante?

Según el Informe Fronteras Sur, se frenan alrededor de 14 000 personas anualmente; 7 000 consiguen entrar: 21 000 personas con una carga de dolor y sufrimiento que no les impide jugarse la vida ante los sistemas de contención de la Europa Fortaleza. ¿Son estas medidas las más idóneas para ordenar un movimiento natural de las personas que es a la vez consecuencia de la globalización y de la libertad de movimiento de mercancías y capitales? Hay que abogar por la libre circulación de las personas10.

La ODS es un colectivo asambleario para la organización en defensa de los derechos sociales. Junto con las asesorías jurídicas gratuitas sobre extranjería, luchamos contra la política de frontera y  por el cierre de los Centros de Internamientos de Extranjeros, promoviendo la libre circulación de las personas y la organización de las personas migrantes.

1 Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Derechos Humanos en la Frontera Sur. 2013.

2 Europa Press. El Gobierno elimina el Fondo para la Integración, Acogida y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes (30/03/2012).

3 Web Migreurop: Observatorio de fronteras. Frontex ¿Vigilar o salvar vidas?, 2013.

4 Agencia europea para la gestión de la cooperación en las fronteras exteriores.

5 Claire Roider. Frontex y sus silencios. Rebelión (01/10/2011).

6 Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur. Op. cit.

7 Más información sobre los abusos de la policía marroquí en el monte Gurugú en Basta de violencia en las Fronteras: http://www.youtube.com/watch?v=SfeWqY017Ns. También es recomendable el reportaje sobre el monte Gurugú y las redadas producidas en el último año publicado en eldiario.es, en el especial dedicado a las concertinas y la valla de Melilla.

8 Javier de Lucas. Modelo Blade Runner. Le monde Diplomatique, junio 2003.

9 Al respecto: Carlos Gómez Gil. El acelerado cambio en la política migratoria de España. Rebelión (11/10/2009).

10 Este debate iniciado hace una década es defendido por personalidades como Sami Naïr: Una catástrofe anunciada, El País, 30/10/11; Morir en Lampedusa, El País, 04/10/13; La inmigración a debate, El País, 29/11/13. También resulta ilustrativo el artículo de Gonzalo Fanjul La política de inmigración del PP va en la dirección equivocada publicado el 28/11/11 en el blog «3500 Millones».

 

 

La reforma eléctrica en un modelo energético insostenible

¿Saben ustedes que, en cifras redondas, el precio de la electricidad de su vivienda (impuestos excluidos) aumentó un 70 % entre 2006 y 2011, mientras que en el área euro el aumento fue solo de un 13 %? (1) Compárenlo con la inflación acumulada en el mismo periodo: un 12 %. A esa subida hay que incrementar otro 10 % en los últimos 2 años, por lo que vamos camino de duplicar los precios en una década.

El pasado agosto se reestructuraron otra vez las tarifas de acceso. La parte fija o término de potencia de su factura subió un 77 %, mientras la variable o término de energía de acceso  bajó un 23 %. A modo de ejemplo, he hecho un pequeño cálculo con la factura de mi hijo: con una potencia contratada de 4,6 kW y 2600 kWh de consumo anual, a mi hijo le supone un 5,6 % de incremento en su factura.  

Tenemos una de las tarifas domésticas más caras de Europa (1) y, sin embargo, el gobierno tiene en las Cortes un proyecto de ley de reforma del sector eléctrico cuyo objetivo principal es eliminar el déficit de tarifa (la diferencia entre los costes «reconocidos» a las empresas del sector y los realmente ingresados por la facturación de las tarifas de acceso), esto es, unos 4500 millones de euros anuales, que acumulados a los de años anteriores, amenazan con acercarse al importe del rescate bancario (30 000 millones de euros).

Este déficit tarifario no está incluido actualmente en las cifras oficiales del déficit público y la UE amenaza con obligar a introducirlo si no se toman medidas radicales. Y, a estas alturas, ya saben ustedes a lo que los tecnócratas europeos llaman medidas radicales.  

En cifras del gobierno, de estos 4500 millones, 2700 los asumirá el sector, la mitad las empresas tradicionales y la otra mitad las renovables. Otros 900 millones correrán a cargo del presupuesto público y, el resto (900 millones), los pagaremos los consumidores a través de la subida de las tarifas de acceso de agosto (¡ellos estiman en un 3,2 % lo que para mi hijo ha sido un 5,6 %!), además de otros recortes.  

Como siempre ocurre en estas ocasiones, esta reforma del sector eléctrico no es más que otra chapucera y oscura negociación entre la administración y los lobbys implicados, donde siempre gana el lobby que más recursos «técnicos» puede colocar para convencer a todos los niveles de la administración de la bondad de sus posiciones. Aquí, las eléctricas clásicas son unas verdaderas maestras. Y, claro, siempre pierde la ciudadanía. No pierden, sin embargo, los consumidores grandes organizados en otros grupos de presión, que ya están obteniendo mejoras a base de, por ejemplo, eximirlos del pago del impuesto eléctrico.

Así, buena parte de los recortes a las eléctricas tradicionales (1350 millones de euros anuales) serán contrarrestados por la subida de los precios de la energía que estas colocarán en el mercado. Subida que pagaremos los consumidores, tanto vía los presupuestos del Estado (900 millones de euros anuales) como con la subida de las tarifas de acceso (otros 900 millones de euros anuales).  

El resto (1350 millones de euros anuales) le corresponde al otro agente —el sector de las renovables— que lo tiene más crudo ya que le eliminan las primas que le habían garantizado, tiene que vender a precios de mercado y le retribuyen adicionalmente un beneficio estándar sobre la inversión realizada que, sumado a los nuevos impuestos a la generación, le puede suponer la quiebra en muchas instalaciones.  

Y se preguntarán, ¿cómo se ha podido llegar aquí? Esta situación no es más que la lógica consecuencia de la privatización de las empresas eléctricas iniciada por Felipe González y culminada por José María Aznar, unida a la posterior desregularización del mercado eléctrico, la llamada liberalización del sector.

Y es que, al pasar de un sistema regulado basado en costes estándares y retribuciones bajas al capital (el Marco Legal Estable de los años 80 y 90) a este gran invento del neoliberalismo llamado liberalización, llegó al sector otra forma de hacer las cosas.  En vez de centrarse en mejorar e innovar para bajar los costes (con precios de venta regulados), se asumen gran parte de estos y se suben los precios (ahora en libre mercado), una política mucho más rápida y eficaz para generar el lucro que exigen los nuevos dueños: fondos de pensiones americanos, hedge funds, etc.  

A la vez, cambiaron los gestores, ya no valían tecnócratas internos, hacían falta tiburones financieros, tal Wall Street. Y había que crecer, comprando y concentrando empresas en unas pocas, convirtiéndolas en verdaderas transnacionales con capacidad de montar cárteles y lobbys bien dotados y profesionalizados, a semejanza de los que ya existían tiempo atrás en otros muchos sectores de la economía.  

Y en esas estamos hoy. La única diferencia actual es que ya se ha hecho evidente que los recursos energéticos básicos están en declive (el 80 % de la energía que utilizamos son combustibles fósiles) y que no hay futuro en este sistema de crecimiento continuo del consumo energético (este y el PIB son proporcionales), ya que las energías renovables no dan ni para un tercio del consumo de energía primaria actual.  

A esto habría que añadir que este modelo basado en quemar combustibles fósiles es responsable del 80 % del cambio climático, el cual se acerca a un punto de no retorno según el último informe del IPCC (2). Salvo que los gobiernos tomen medidas drásticas, si se continúa como hasta ahora, se producirá una subida del nivel del mar de 82 centímetros y de la temperatura media de 4,8 ºC en este siglo. Eso de media mundial, porque en Sevilla, por ejemplo, la subida de la temperatura media será de 6 ºC. ¿Se imaginan pasando julio y agosto con máximas de 50 ºC?

Pues bien, cuando más evidente es la necesidad de fomentar el ahorro y la eficiencia energética, se hace ese cambio estructural de las tarifas de acceso del que les hablé al comienzo: tendencia a la tarifa plana, fomento del consumo irresponsable. Y esto en un país que tiene una de las mayores intensidades energéticas (3) de Europa. Eso sí, esto implica una mayor utilización de las plantas de generación, que están infrautilizadas. Las eléctricas tradicionales han invertido en la última década en plantas de ciclo combinado hasta duplicar hoy la potencia instalada necesaria en el Estado.  

¿Y qué pasó con las renovables? Se está cavando su tumba. Se está preparando otra ley para regular la autoproducción y el consumo de los particulares y las empresas. Esta ley obliga al registro oficial de las instalaciones de producción de electricidad y nos impone el pago de un peaje a las empresas eléctricas por la energía que autoproducimos y autoconsumimos; y cuando nos sobre, ¡estamos obligados a regalarle la energía al sector eléctrico!


Esta barbaridad hace que, pese a que el precio de los paneles fotovoltaicos se haya dividido por 6, ya no sea más barato producirse la electricidad que comprarla. De esta manera se evita que hasta un 20 % del consumo del país pudiese estar en manos de pequeños consumidores. En resumen, la reforma eléctrica del gobierno no responde más que a intereses a corto plazo de los lobbys empresariales, carga las tintas sobre los consumidores y desprecia la escasez de los combustibles fósiles y el cambio climático que su quema produce.    

(1)    Fuente “Eurostat”: http://goo.gl/twvqpU
(2)    Grupo Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas
(3)    Cantidad de energía utilizada para producir un bien