Los gobiernos de la Unión Europea y EE. UU. están negociando en secreto un peligroso tratado transatlántico de comercio e inversiones. Una nueva ofensiva que se suma a las agresiones de la troika y a los programas de ajuste neoliberal implementados desde el estallido de la crisis financiera en 2008. ¿El resultado? Más de cinco años de rescates bancarios, endeudamiento ilegítimo, recortes sociales, privatizaciones y el aumento del desempleo, la precariedad y la pobreza. La banca, la industria financiera y las corporaciones transnacionales de las dos orillas noratlánticas trabajan mano a mano con el poder político en Bruselas y Washington para imponer sus macabros planes. Mientras tanto, organizaciones sociales de ambas regiones se coordinan para descarrilar las negociaciones.

Desde julio de 2013, la Unión Europea y Estados Unidos negocian a espaldas de la población una «Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión» (TTIP, por sus siglas en inglés). Un tratado que pretende constituir una «zona de libre comercio» entre los dos bloques económicos que todavía representan la mayor relación comercial, económica y financiera integrada del mundo. De hecho, esta relación representa un tercio de los flujos comerciales y la mitad del Producto Interno Bruto del mundo: un 47%.

Los mercados de la UE y los EE. UU. ya están profundamente integrados, es decir, los propios gobiernos garantizan la libre circulación de capitales, bienes y servicios. Esto se traduce en una media de intercambios de bienes y servicios diarios que asciende a 2000 millones de euros y flujos de capital que alcanzaron en 2011 un total de 2,4 billones de euros. Parece, por tanto, que la maquinaria capitalista funciona a pleno rendimiento, ¿por qué se negocia entonces este tratado?

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones es un extenso ajuste legislativo y un nuevo ataque neoliberal contra los derechos sociales y laborales de la población y contra cualquier aspiración de justicia social y cambios políticos y democráticos.

Rapidez bajo cuerda

Las negociaciones entre la Comisión Europea y los funcionarios estadounidenses transcurren bajo cuerda y con gran rapidez para que los detalles no trasciendan a la opinión pública y no se conozca la verdadera amenaza que supone el TTIP. Entre enero de 2012 y abril de 2013 del total de las 560 reuniones de negociación entre la UE y Estados Unidos, 520 (92%) han sido con representantes del lobby corporativo y solo 26 (4%) con organizaciones que representan el interés público.

Los datos anteriores evidencian que el objetivo de este tratado es eliminar las «barreras» que limitan los beneficios del gran capital a ambos lados del Atlántico. Estas son: los salarios de la clase trabajadora y las normativas en materia de salud pública, medioambiente, derechos laborales y seguridad alimentaria. Además de su programa desregulador, el TTIP también pretende crear nuevos mercados abriendo el sector de los servicios públicos y la contratación pública a empresas transnacionales, lo que podría provocar nuevas olas de privatizaciones en sectores clave como la sanidad o la educación.

La economía en la eurozona está otra vez en recesión y la tasa de desempleo es muy alta. Según la OCDE, hasta 2015 el 90% del crecimiento mundial se generará fuera de Europa, y un tercio solo en China. Informes como Global Trends 2030 del Consejo Nacional de Inteligencia, confirman que EE. UU. y la UE están siendo desplazados por Asia como «mayor exportador» y «mayor proveedor de inversión extranjera directa».

Falsas promesas sobre la creación de empleo con el tratado UE-EE. UU.

La Comisión Europea y el Gobierno español pronostican creación de empleo y beneficios económicos. Las hipótesis más optimistas hablan de un incremento insignificante del Producto Interior Bruto de la UE en un 0,5% hasta 2027 (un 0,036% anual)¹. En el caso del Estado español, estas cifras son replicadas por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, que pronosticaba un beneficio económico de 545 euros para cada familia. Lo que no mencionaba el secretario de Comercio es que el mismo estudio del CEPR² también proporciona una cifra de 45 euros (la estimación pesimista). Por lo que, si se tiene en cuenta la inflación, las familias perderían más en estos diez años de lo que ganarían.

Respecto al empleo, García-Legaz tampoco contrasta las cifras y promete la creación de 143 000 trabajos y un aumento de la renta per cápita en un 6,6% tras la firma del tratado.

Sin embargo, diferentes estudios alertan sobre la imprecisión de estas afirmaciones. El Gobierno español no menciona que se estima que los cambios provocados por la firma del tratado tardarían en ver la luz entre 10 y 20 años. Tampoco se miden los impactos de la crisis ambiental, el enorme aumento de los precios energéticos y sus repercusiones sobre la economía, previstas para las próximas décadas.

La liberalización del comercio en la UE no es un asunto nuevo. Las cifras muestran cómo los tratados firmados en los últimos 30 años han provocado «despidos a gran escala» en terceros países y en la propia UE, así como el empeoramiento de las condiciones de empleo y la pérdida de derechos laborales. Respecto a la pérdida de puestos de trabajo, incluso la propia Comisión Europea ha reconocido que es probable que el TTIP provoque perjuicios «prolongados y considerables» para las personas trabajadoras en Europa, ya que el tratado comercial fomentará que las empresas se abastezcan de productos y servicios en Estados Unidos donde las normativas laborales son menos exigentes y los derechos sindicales simplemente no existen.

Según los propios estudios encargados por la Comisión Europea, podría producirse una deslocalización y una pérdida de empleos, sobre todo en aquellos sectores industriales que están en desventaja frente a EE. UU.: ganadería, producción de fertilizantes, equipos de transporte y el sector del metal, así como en los sectores primarios, como la madera y productos de papel, los servicios a empresas y de comunicación.

Pero el empleo no es el único sector afectado. Entre los muchos temas que se negocian en el tratado transatlántico están también la agricultura y la alimentación. Una mirada atenta sobre las demandas del gran capital, nos revela que la industria de los agronegocios parece haber encontrado el instrumento perfecto para demoler las regulaciones existentes y futuras en la alimentación, abriendo la puerta a los alimentos transgénicos y tratados con agrotóxicos. Además, unos documentos recientemente filtrados a través de eldiario.es y el periódico Diagonal han revelado que también podrían liberalizarse sectores como el saneamiento de aguas, mutuas, servicios sociales y los asociados a la sanidad o la educación.

Las respuestas se articulan

Varios sectores de la sociedad —organizaciones de consumidores, grupos ecologistas y feministas, sindicatos y asociaciones del ámbito de los derechos humanos, la cultura libre o el comercio justo— llevan ya un año movilizándose para confrontar lo que consideran una vuelta de tuerca en el aumento del poder de las grandes empresas. Hay campañas tanto en varios países de la UE como en EE. UU.

En el Estado español, más de 70 organizaciones han puesto en marcha la campaña «No al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones» (#NoalTTIP) para crear conciencia sobre los «peligros» para los servicios públicos, los derechos laborales, el derecho a la vivienda, la soberanía alimentaria, la cultura libre, entre otras luchas sociales, demandando la suspensión inmediata de las negociaciones del TTIP. 

El próximo 11 de octubre se celebrará el día de Acción Europea contra TTIP, CETA³ y TiSA, así como contra la fractura hidráulica (Global Frackdown). Será una oportunidad para dar a conocer la Iniciativa Ciudadana Europea contra TTIP y CETA que pretende recoger millones de firmas para obligar a la Unión Europea a no ratificar el CETA y retirar el mandato para negociar el TTIP⁴. Invitamos a asambleas, colectivos y plataformas locales a participar en es día de acción descentralizado.

1 Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment, London: Centre for Economic Policy Research, March 2013.

2 Center for Economic Policy Research (CEPR).

3 Tratado Comercial UE-Canadá.

4 Más información sobre estas iniciativas en:

• http://stop-ttip.org/
• http://www.stop-ttip-ceta-tisa.eu/
• http://noalttip.blogspot.com/

Hace tiempo que personas y organizaciones comprometidas contra la desigualdad llaman la atención sobre la criminalización de la pobreza. Advierten que determinadas fábricas de discurso político (que prefieren llamarse a sí mismas «laboratorios de ideas») vienen alentando sospechas sobre, o contra, la pobreza como situación y las personas pobres como grupo social.

Criminalizar a un grupo de personas supone señalarlo atribuyéndole comportamientos contrarios a las normas. Pretender que nos resulte lógico esperar de esas personas ese tipo de comportamientos. Y hacerlo con tal intensidad que el prejuicio condicione nuestras actitudes y conductas hacia ellas. La criminalización se manifiesta en el discurso y lo hace ya en lo cotidiano. Sin ir más lejos, en España, determinadas tribunas vierten a menudo este tipo de mensajes al espacio público. Basten dos ejemplos de entre los muchísimos que muestran el discurso de la criminalización. La vicepresidenta del Gobierno declaró tras un Consejo de Ministros que más de medio millón de personas recibían la prestación por desempleo a la vez que trabajaban en negro¹ (aunque inmediatamente después se supiera que tal cosa y tales cifras no eran ciertas). Una parlamentaria autonómica acusó a familias valencianas sin recursos de comprarse televisiones de plasma con el dinero que recibían como ayudas sociales²… Lo dicho, estos son solo unos pocos ejemplos de los muchos mensajes que desde ciertas posiciones ideológicas se lanzan hacia la opinión pública, tratando de persuadirla. De eso se trata, de las ideas que vienen transformando desde hace décadas las políticas económicas y sociales en el ámbito europeo. Estos cambios de orientación en las políticas propias de los llamados «Estados del bienestar» han acabado agudizándose al confluir con los efectos que en el papel de lo público está teniendo la recesión económica de raíz y rostro financiero que persiste desde 2008. Y han acabado provocando el aumento de las desigualdades que muchos foros vienen poniendo de manifiesto como su principal consecuencia.

Igualdad de llegada, igualdad de partida

La cohesión social —el contrapeso a las desigualdades— ha dejado de plantearse como un objetivo político indiscutido. En este sentido, la protección frente a determinados riesgos que afectan a quienes llegan a la vida social y económica ya no es la razón de ser de muchas políticas públicas. Se ha dado paso a planteamientos que flexibilizan todo lo que es susceptible de entenderse como relación de mercado. Y se ha desplazado la lucha contra la desigualdad al terreno de las oportunidades, a las casillas de salida o a las estaciones de tránsito hacia esos espacios donde todo al llegar debe ser oferta y demanda flexibles. La posición social que cada persona alcanza se convierte en una cuestión de responsabilidad individual.

El sociólogo François Dubet lo ha expuesto brillantemente: en el campo de la llamada cuestión social (donde se define por qué existen y cómo deben combatirse las desigualdades), la igualdad de oportunidades ha desbancado a la igualdad de posiciones como fundamento de la acción política y estatal³. Y esto se ha venido haciendo en detrimento de las políticas que pretendían garantizar unos niveles básicos de igualdad en destino, en los puestos de llegada a la vida adulta (derechos laborales, seguridad frente al desempleo, la enfermedad o el fin de la vida activa remunerada, acceso a bienes y servicios con carácter público y por tanto no mercantilizado, etc.). La defensa de la igualdad de oportunidades ha traído, sin duda, muchos beneficios en términos de reconocimiento de derechos e identidades, discriminaciones positivas y lucha contra las inequidades estructurales ancladas en los pliegues y arrugas de nuestras sociedades. Pero ha tenido también efectos perversos. Sobre todo cuando se ha combinado con la reducción de las políticas de provisión de seguridades colectivas. Ahora, la posición a la que llega cada persona se interpreta como resultado del merecimiento individual. Y el no alcanzar determinados niveles de renta, propiedad o categoría significa no haber luchado suficientemente por ellos y, por tanto, merecerlos menos que quienes sí los tienen. El problema se agrava cuando quienes ocupan ciertas posiciones apoyan argumentos, no ya a favor de esa visión de la vida social como carrera que arranca supuestamente con oportunidades parecidas, sino que cuestionan que sea legítimo que existan premios de consolación a sufragar entre todos. Es a la postura por la desafección o desenganche fiscal a la que le resulta útil el discurso de la criminalización de la pobreza.

Culpar a quien no tiene

La existencia de determinadas coberturas sociales se entiende cada vez menos como la manera de ajustar el resultado de la competición por las posiciones (si la palabra ajustar se pudiera usar a la vez en sentido literal, para hablar de sintonizar las cosas de manera que se eviten discrepancias, y en sentido figurado, como hacer justo). Ya no es la manera de compensar a aquellas personas cuyos merecimientos no han resultado competitivos. Ha pasado a ser, para determinadas urdimbres discursivas, una cuestión de no merecimiento a secas. No prestan atención al hecho de que cada vez son menos los que detentan el podio y más los que no alcanzan posiciones mínimamente estables. Dan por sentado que es algo natural que esos que son más, muchos más, acepten y acaten las reglas y arbitrajes que permiten que sean los menos (y los mismos) los que acceden a los podios. Cada persona es responsable de su propia situación. Y, si esto es así, ¿por qué proteger a quienes no han merecido más en la carrera por la posición social y económica? ¿Por qué redistribuir lo que yo y mis iguales hemos logrado? Una manera de camuflar lo brusco que resulta desentenderse fiscalmente de los demás en estos términos es hacerlos pasar por culpables. No es que no tengan las capacidades requeridas, tampoco que no se hayan esforzado lo suficiente. Es que, moralmente hablando, son peores personas. Para que no merezcan la protección pública, nada mejor que convertirlas en culpables. ¿De qué? De defraudar, de cobrar ayudas indebidamente, de gastarse el dinero de las ayudas en tabletas de última generación, de colapsar los servicios que pagamos usted y yo… En esto consiste la criminalización de la pobreza. En cuestionar desde las posiciones privilegiadas la acción pública que busca limitar los efectos más duros del modo en que están tejidas las relaciones sociales y económicas propias (y plenamente aceptadas) de nuestras sociedades. Se trata de un discurso que alimenta la desafección fiscal y vuelve asociales a las políticas públicas. Que socava las bases morales de la redistribución y la protección. Que piensa que es natural que los más numerosos tengan menos. Y que quienes tienen menos algo habrán hecho, algo sospechoso. La cosa tiene delito.

1 El País, 11 de octubre de 2013: http://economia.elpais.com/economia/2013/10/11/actualidad/1381502054_976152.html

2 El Mundo, 27 de noviembre de 2012: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/26/valencia/1353957854.html

3 Dubet, François (2012). Repensar la justicia social. Contra el mito de la igualdad de oportunidades. Buenos Aires, Siglo XXI.

La contrarreforma propuesta a trámite por el ministro de Justicia no hace más que ahondar en una estrategia de usurpación de los cuerpos de las mujeres que se ha desplegado en sucesivos cierres patriarcales sobre nuestros cuerpos y que investigamos en este artículo.

«Ramas de perejil, hojas de laurel / que el aborto sea un derecho de la mujer / Raíces muertas, tierra mojada / que la reforma del aborto sea eliminada». No es casual que la manifestación contra la reforma del aborto del 8 de febrero en Madrid se abriese con este simulacro de conjuro de brujería. Como nos recuerda Silvia Federici, las brujas eran esas mujeres herboleras, parteras, con conocimientos sobre la anticoncepción y la salud reproductiva de las mujeres. La cruzada contra ellas debe entenderse como una estrategia de apropiación de los cuerpos femeninos por parte de los estados europeos en la modernidad, con el fin de combatir la crisis demográfica y la escasez de trabajadores. Señalar, pues, el carácter medieval de este anteproyecto de ley no es un simple recurso retórico. Más allá de otras justificaciones ideológicas, ahora, como entonces, los cuerpos de las mujeres se ponen al servicio de ciertos objetivos económicos: promover nuestra domesticidad para reducir la competencia en el mercado de trabajo en una época de crisis. Capitalismo y patriarcado se alían de nuevo para someter a las mujeres y cercenar su libertad de elección.

Las diversas leyes que penalizan el aborto ahora, como entonces, representan una estrategia de control que se recubre de justificaciones religiosas. La consideración del nasciturus como sujeto de personalidad jurídica no puede entenderse más que como una injerencia religiosa en el Derecho. Una injerencia bien antigua, que no ha inaugurado la contrarreforma de Gallardón. De hecho, como ha subrayado la activista feminista Justa Montero (Diagonal, nº 125), la consideración del nasciturus como personalidad jurídica encuentra amparo en la propia Constitución Española, cuyo artículo 15 promulga que «todos tienen derecho a la vida», en lugar de «todas las personas», que sería la formulación jurídica más cercana a las posiciones feministas. El papel de la Iglesia católica en la estrategia de control de los cuerpos de las mujeres sigue, pues, vigente y, por ello, la separación entre Iglesia y Estado sigue siendo una de las principales reivindicaciones feministas.

Por tanto, el problema no es solo esta contrarreforma, sino la sucesión de cierres legislativos sobre los cuerpos de las mujeres, que estos se conviertan una y otra vez en terreno de cálculo político-electoral. Y es que, en las dos últimas legislaturas, los dos grandes partidos han utilizado la cuestión del aborto como maniobra ideológica para ganar rédito político y hacer guiños a diferentes sectores sociales. El ánimo electoralista de la reforma de 2010 dejó de lado las reivindicaciones más sustantivas y progresistas que el movimiento feminista de todo el estado lleva haciendo desde principios de los años 80. El establecimiento de plazos y supuestos restrictivos, de un periodo obligado de tres días de reflexión, de determinadas tutelas sobre las mujeres menores de 16 años y la no regulación de la objeción de conciencia, estaban lejos de garantizar la libertad de decisión de las mujeres sobre sus cuerpos.

Por su parte, la contrarreforma a la que nos enfrentamos en 2014 representa una vuelta atrás inasumible por ningún movimiento de defensa de los derechos humanos. Con este anteproyecto, el alcance de la tutela y el control de los cuerpos de las mujeres va mucho más allá:

• Se victimiza a la mujer y se penaliza a las personas acompañantes, cuerpo médico, etc. Mientras que la mujer que aborta no incurre en delito, el personal médico e incluso personas que acompañan a las mujeres sí entran en el Código Penal.
• El nasciturus pasa a ser considerado sujeto de derecho, como establece el mismo título de la ley: «Ley para la protección de la vida del concebido», por encima de los derechos de las mujeres.
• La malformación fetal deja de ser reconocida como motivo de aborto.
• Aparte de la violación, solo se podrá abortar en el supuesto de «grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer», lo que supone una psiquiatrización peligrosa del proceso. No obstante, incluso este supuesto queda limitado por la necesidad de que tanto el médico de cabecera como dos especialistas determinen el «menoscabo importante» de la salud mental de la mujer. Según estimaciones realizadas desde los colectivos feministas y las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, tan solo el 6% de los casos se verían amparados por la contrarreforma propuesta a trámite parlamentario, lo que dejaría de lado la realidad del 94% de las mujeres que deciden, por diferentes motivos y en diversas situaciones, no llevar a término su embarazo.

Así pues, lo que subyace a ambas reformas, la llamada progresista y la actual, es la idea de que el Estado puede controlar y decidir lo que las mujeres pueden o deben hacer con sus cuerpos. El ya antiguo eslogan «nosotras parimos, nosotras decidimos» no pierde vigencia alguna y el derecho a decidir aúna a todos los colectivos feministas del Estado en una sola voz. La defensa de un aborto libre y gratuito fue y sigue siendo la única salida digna a lo que consideramos una injerencia sistémica en nuestros cuerpos.

Afortunadamente, el movimiento feminista estaba preparado. Afronta el reto de la lucha a favor del derecho a decidir con una apuesta decidida por la unidad, por las batallas en diferentes niveles (desde las pequeñas iniciativas de barrio hasta las interlocuciones con los legisladores), por la colaboración con otras luchas (mareas, coaliciones específicas, etc.) y, en fin, con el saber acumulado en las calles desde los 70 hasta el 15M y los escraches. El movimiento feminista no aceptará ninguna reforma que no ponga la decisión de las mujeres en el centro y provea los instrumentos necesarios para garantizarla.

Promulgar medidas con nombres inocuos es un deporte gubernamental. Razón por la cual la última decisión relacionada con las vallas de Ceuta y Melilla asimila los alambres dentados en espiral que las culminan con un gran acordeón: concertina. Sin embargo, basta mirar las webs de las empresas encargadas de su fabricación para palpar la realidad: «alambres de cuchillas tipo concertina® para la seguridad perimetral». Se refleja así el enfoque en la gestión de la inmigración por parte de Europa. A falta de políticas conjuntas que respeten unos derechos mínimos fundamentales, los gobiernos nacionales pueden tomar medidas sin respetarlos. Ceuta y Melilla son las fronteras de Europa. Y el estado español debe ejercer de gendarme de la Unión.

La Europa Fortaleza: contención y control como política prioritaria para las migraciones

En consecuencia, la política más extendida es la contención y el control de la inmigración no comunitaria. Las cuchillas son un hito más en la gestión a lo «militar» de un hecho natural e histórico como son las migraciones, por ello se instalaron en 1999 en un sistema ya de por sí violento. Aunque la presión popular obligó a su retirada en 2007, permanecieron en la valla de Ceuta y se mantuvo en gran parte en la valla de Melilla en lugares no visibles. Que en 2013 se vuelva a esta medida no es casualidad, pues si la respuesta a las desigualdades regionales pasa por lo policial, nunca habrá suficientes refuerzos para defender la Europa Fortaleza. Los resultados contabilizan 20 000 muertes en una década en el Mediterráneo; las cuchillas llevan 2 muertes en su haber anterior a 2013. No importan las muertes, importa que no lleguen. ¿Qué medida en Europa quedaría sin revisar si provocara tan solo una hospitalización?

Tampoco importa la austeridad. Este tipo de  «control» necesita de ingentes inversiones. En los presupuestos para 2013 se estimaron 50 millones de euros para el control de la frontera exterior, el mantenimiento de Centros de Internamiento, las repatriaciones forzosas —la mitad del total— y el reforzamiento de la valla de Ceuta y Melilla¹. Sin embargo, desde 2009 se instauró una reducción paulatina en las políticas de integración y refuerzo educativo que finalmente fue eliminada en 2012².

Reducción de entradas, reducción de asilos

La última tragedia de Lampedusa no es un error, es el sistema. Un sistema de alejamiento de una realidad que se sustenta sobre helicópteros, aviones, barcos, sensores y leyes que permiten las cuchillas o la regulación racista italiana³. Soluciones edificadas sobre una estructura militar como Frontex⁴ para alejar el resultado de un movimiento poblacional provocado por intereses estratégicos y situaciones históricas.

A la vez, permite a la Unión externalizar —trasladar— el control fronterizo más allá de sus líneas, allí donde los derechos fundamentales tienen menos control⁵. Los acuerdos con Argelia, Marruecos, Mauritania, etc., permiten, no ya taponar previamente el flujo de personas migrantes, sino reducir las entradas y, por tanto, la petición de asilo. ¿Cuántas personas interceptadas en las fronteras o embarcaciones podrían haber sido solicitantes de asilo? La reducción de personas que solicitan asilo o el estatuto de refugiados es otra prioridad europea. Las guerras, los regímenes sangrientos, el hambre o los desastres medioambientales —relacionados con el cambio climático— son razones por las que las personas comienzan a emigrar. Sin embargo, la contención policial en países terceros, apoyadas por Frontex, se soluciona con expulsiones al desierto de Argelia (200 en el último año⁶) o con el abandono a la miseria, las mafias, los golpes y la vida en la exclusión que representa el monte Gurugú⁷. Esta marginalidad e invisibilidad es además una fuente de violencia contra las mujeres migrantes.

Mercado laboral y fronteras interiores

Comentaba Hannah Arendt que la ciudadanía se posee cuando se tiene derecho a tener derechos. La Ley de Extranjería y las modificaciones legales paralelas imponen limitaciones a la propia cotidianidad de las personas migrantes. En cierto modo, otorga una ciudadanía prestada (dependiente del empleo y los ingresos) que reduce las posibilidades para el desarrollo personal y familiar por su potencial revocación, generando más vulnerabilidad y precariedad.

La razón principal es que la política migratoria española se supedita al mercado laboral. Al asimilarse migración a empleo, se niega la complejidad del hecho migratorio. Así, en un momento que los trabajadores y las trabajadoras migrantes pierden puestos de trabajo (900 000⁸ en los últimos años), se puede ignorar el movimiento migratorio y encaminar los esfuerzos institucionales a dificultar la adopción de ciudadanía; en consecuencia, las vías legales de estancia, que permiten una ciudadanía sin contratiempos, se estrechan aún más. Como ejemplo, las restricciones al reagrupamiento familiar, el arraigo o el derecho de asilo. También se activan actuaciones de control y expulsión como las redadas selectivas, la aprobación de la directiva europea de retorno que permite detener durante 18 meses a personas «sin papeles» que no han cometido ningún delito, los CIE o los vuelos de repatriación forzosa.

Una lucha sin cuartel para expulsar el fenómeno migratorio que solo incrementa la existencia de personas sin documentación, sin permiso para trabajar o permanecer en el estado, ya sea por la dificultad del arraigo, o porque el mercado laboral los vuelve a expulsar a la tierra de nadie de los «irregulares». A esto hay que añadir los discursos institucionales de fragmentación y segregación que extranjerizan a la población migrante. Valga como ejemplo el caso de la limitación de la sanidad primaria a las personas sin documentación, olvidando rápidamente la contribución de los y las trabajadoras migrantes a la economía española⁹.

Las políticas migratorias son una parte más del sistema a cambiar

La política de migraciones no debe dejarse en el patio de atrás. Debemos tener transparencia y control. De lo contrario, al pertenecer a los márgenes de nuestra sociedad, la violación de derechos se hace más continuada y flagrante, se repite asiduamente, generando situaciones de indefensión y abuso. Se debe tener un control exhaustivo sobre estas políticas —que no pasa por la contención y el control— exigiendo un respeto absoluto sobre los derechos fundamentales y las vidas de las personas que comienzan la experiencia migratoria.

Existen alrededor de 5 millones de personas extranjeras en el estado español, además de otro millón de personas en situación administrativa no regular. ¿Son justificables estas políticas si no es por una intención de precarizar y doblegar más aún a la clase trabajadora a la que pertenece la población migrante?

Según el Informe Fronteras Sur, se frenan alrededor de 14 000 personas anualmente; 7 000 consiguen entrar: 21 000 personas con una carga de dolor y sufrimiento que no les impide jugarse la vida ante los sistemas de contención de la Europa Fortaleza. ¿Son estas medidas las más idóneas para ordenar un movimiento natural de las personas que es a la vez consecuencia de la globalización y de la libertad de movimiento de mercancías y capitales? Hay que abogar por la libre circulación de las personas¹⁰.

La ODS es un colectivo asambleario para la organización en defensa de los derechos sociales. Junto con las asesorías jurídicas gratuitas sobre extranjería, luchamos contra la política de frontera y  por el cierre de los Centros de Internamientos de Extranjeros, promoviendo la libre circulación de las personas y la organización de las personas migrantes.

1 Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Derechos Humanos en la Frontera Sur. 2013.

2 Europa Press. El Gobierno elimina el Fondo para la Integración, Acogida y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes (30/03/2012).

3 Web Migreurop: Observatorio de fronteras. Frontex ¿Vigilar o salvar vidas?, 2013.

4 Agencia europea para la gestión de la cooperación en las fronteras exteriores.

5 Claire Roider. Frontex y sus silencios. Rebelión (01/10/2011).

6 Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur. Op. cit.

7 Más información sobre los abusos de la policía marroquí en el monte Gurugú en Basta de violencia en las Fronteras: http://www.youtube.com/watch?v=SfeWqY017Ns. También es recomendable el reportaje sobre el monte Gurugú y las redadas producidas en el último año publicado en eldiario.es, en el especial dedicado a las concertinas y la valla de Melilla.

8 Javier de Lucas. Modelo Blade Runner. Le monde Diplomatique, junio 2003.

9 Al respecto: Carlos Gómez Gil. El acelerado cambio en la política migratoria de España. Rebelión (11/10/2009).

10 Este debate iniciado hace una década es defendido por personalidades como Sami Naïr: Una catástrofe anunciada, El País, 30/10/11; Morir en Lampedusa, El País, 04/10/13; La inmigración a debate, El País, 29/11/13. También resulta ilustrativo el artículo de Gonzalo Fanjul La política de inmigración del PP va en la dirección equivocada publicado el 28/11/11 en el blog «3500 Millones».

 

 

¿Saben ustedes que, en cifras redondas, el precio de la electricidad de su vivienda (impuestos excluidos) aumentó un 70 % entre 2006 y 2011, mientras que en el área euro el aumento fue solo de un 13 %? (1) Compárenlo con la inflación acumulada en el mismo periodo: un 12 %. A esa subida hay que incrementar otro 10 % en los últimos 2 años, por lo que vamos camino de duplicar los precios en una década.

El pasado agosto se reestructuraron otra vez las tarifas de acceso. La parte fija o término de potencia de su factura subió un 77 %, mientras la variable o término de energía de acceso  bajó un 23 %. A modo de ejemplo, he hecho un pequeño cálculo con la factura de mi hijo: con una potencia contratada de 4,6 kW y 2600 kWh de consumo anual, a mi hijo le supone un 5,6 % de incremento en su factura.  

Tenemos una de las tarifas domésticas más caras de Europa (1) y, sin embargo, el gobierno tiene en las Cortes un proyecto de ley de reforma del sector eléctrico cuyo objetivo principal es eliminar el déficit de tarifa (la diferencia entre los costes «reconocidos» a las empresas del sector y los realmente ingresados por la facturación de las tarifas de acceso), esto es, unos 4500 millones de euros anuales, que acumulados a los de años anteriores, amenazan con acercarse al importe del rescate bancario (30 000 millones de euros).

Este déficit tarifario no está incluido actualmente en las cifras oficiales del déficit público y la UE amenaza con obligar a introducirlo si no se toman medidas radicales. Y, a estas alturas, ya saben ustedes a lo que los tecnócratas europeos llaman medidas radicales.  

En cifras del gobierno, de estos 4500 millones, 2700 los asumirá el sector, la mitad las empresas tradicionales y la otra mitad las renovables. Otros 900 millones correrán a cargo del presupuesto público y, el resto (900 millones), los pagaremos los consumidores a través de la subida de las tarifas de acceso de agosto (¡ellos estiman en un 3,2 % lo que para mi hijo ha sido un 5,6 %!), además de otros recortes.  

Como siempre ocurre en estas ocasiones, esta reforma del sector eléctrico no es más que otra chapucera y oscura negociación entre la administración y los lobbys implicados, donde siempre gana el lobby que más recursos «técnicos» puede colocar para convencer a todos los niveles de la administración de la bondad de sus posiciones. Aquí, las eléctricas clásicas son unas verdaderas maestras. Y, claro, siempre pierde la ciudadanía. No pierden, sin embargo, los consumidores grandes organizados en otros grupos de presión, que ya están obteniendo mejoras a base de, por ejemplo, eximirlos del pago del impuesto eléctrico.

Así, buena parte de los recortes a las eléctricas tradicionales (1350 millones de euros anuales) serán contrarrestados por la subida de los precios de la energía que estas colocarán en el mercado. Subida que pagaremos los consumidores, tanto vía los presupuestos del Estado (900 millones de euros anuales) como con la subida de las tarifas de acceso (otros 900 millones de euros anuales).  

El resto (1350 millones de euros anuales) le corresponde al otro agente —el sector de las renovables— que lo tiene más crudo ya que le eliminan las primas que le habían garantizado, tiene que vender a precios de mercado y le retribuyen adicionalmente un beneficio estándar sobre la inversión realizada que, sumado a los nuevos impuestos a la generación, le puede suponer la quiebra en muchas instalaciones.  

Y se preguntarán, ¿cómo se ha podido llegar aquí? Esta situación no es más que la lógica consecuencia de la privatización de las empresas eléctricas iniciada por Felipe González y culminada por José María Aznar, unida a la posterior desregularización del mercado eléctrico, la llamada liberalización del sector.

Y es que, al pasar de un sistema regulado basado en costes estándares y retribuciones bajas al capital (el Marco Legal Estable de los años 80 y 90) a este gran invento del neoliberalismo llamado liberalización, llegó al sector otra forma de hacer las cosas.  En vez de centrarse en mejorar e innovar para bajar los costes (con precios de venta regulados), se asumen gran parte de estos y se suben los precios (ahora en libre mercado), una política mucho más rápida y eficaz para generar el lucro que exigen los nuevos dueños: fondos de pensiones americanos, hedge funds, etc.  

A la vez, cambiaron los gestores, ya no valían tecnócratas internos, hacían falta tiburones financieros, tal Wall Street. Y había que crecer, comprando y concentrando empresas en unas pocas, convirtiéndolas en verdaderas transnacionales con capacidad de montar cárteles y lobbys bien dotados y profesionalizados, a semejanza de los que ya existían tiempo atrás en otros muchos sectores de la economía.  

Y en esas estamos hoy. La única diferencia actual es que ya se ha hecho evidente que los recursos energéticos básicos están en declive (el 80 % de la energía que utilizamos son combustibles fósiles) y que no hay futuro en este sistema de crecimiento continuo del consumo energético (este y el PIB son proporcionales), ya que las energías renovables no dan ni para un tercio del consumo de energía primaria actual.  

A esto habría que añadir que este modelo basado en quemar combustibles fósiles es responsable del 80 % del cambio climático, el cual se acerca a un punto de no retorno según el último informe del IPCC (2). Salvo que los gobiernos tomen medidas drásticas, si se continúa como hasta ahora, se producirá una subida del nivel del mar de 82 centímetros y de la temperatura media de 4,8 ºC en este siglo. Eso de media mundial, porque en Sevilla, por ejemplo, la subida de la temperatura media será de 6 ºC. ¿Se imaginan pasando julio y agosto con máximas de 50 ºC?

Pues bien, cuando más evidente es la necesidad de fomentar el ahorro y la eficiencia energética, se hace ese cambio estructural de las tarifas de acceso del que les hablé al comienzo: tendencia a la tarifa plana, fomento del consumo irresponsable. Y esto en un país que tiene una de las mayores intensidades energéticas (3) de Europa. Eso sí, esto implica una mayor utilización de las plantas de generación, que están infrautilizadas. Las eléctricas tradicionales han invertido en la última década en plantas de ciclo combinado hasta duplicar hoy la potencia instalada necesaria en el Estado.  

¿Y qué pasó con las renovables? Se está cavando su tumba. Se está preparando otra ley para regular la autoproducción y el consumo de los particulares y las empresas. Esta ley obliga al registro oficial de las instalaciones de producción de electricidad y nos impone el pago de un peaje a las empresas eléctricas por la energía que autoproducimos y autoconsumimos; y cuando nos sobre, ¡estamos obligados a regalarle la energía al sector eléctrico!

Esta barbaridad hace que, pese a que el precio de los paneles fotovoltaicos se haya dividido por 6, ya no sea más barato producirse la electricidad que comprarla. De esta manera se evita que hasta un 20 % del consumo del país pudiese estar en manos de pequeños consumidores. En resumen, la reforma eléctrica del gobierno no responde más que a intereses a corto plazo de los lobbys empresariales, carga las tintas sobre los consumidores y desprecia la escasez de los combustibles fósiles y el cambio climático que su quema produce.    

(1)    Fuente “Eurostat”: http://goo.gl/twvqpU
(2)    Grupo Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas
(3)    Cantidad de energía utilizada para producir un bien