nº54 | la cuenta de la vieja

Tejiendo cambios

Emprendimientos de mujeres indígenas en Ecuador

El proyecto Tejiendo Cambios es una iniciativa desarrollada por la ONG Cepam (Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la Mujer) para apoyar los emprendimientos de un grupo de mujeres en el contexto de la pandemia.

Otavalo es una región de la sierra norte ecuatoriana. La mitad de su población se autoidentifica como indígena del pueblo kichwa y vive, mayoritariamente, en comunidades rurales. Se dedican a la agricultura, la fabricación textil, el turismo y el comercio de plantas, piedras y otros recursos naturales con poderes medicinales.

A pesar de su riqueza cultural, Ecuador es un país castigado por la herencia colonial del racismo hacia las nacionalidades indígenas. También por el machismo: casi el 70% de las mujeres reconocen haber sufrido algún tipo de violencia de género (física, psicológica, sexual, económica o patrimonial). Y, por último, por la precariedad, ya que menos de la mitad de los hombres cuenta con un empleo adecuado (de acuerdo con las condiciones legales) y esta cifra baja al 30% para las mujeres.

Como ocurrió en muchos otros lugares, la irrupción de la pandemia tuvo consecuencias devastadoras en Ecuador. En 2020, la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) calificaba la situación en América Latina como «economía de guerra». En Ecuador, el pib había caído un 12,5%; más de 1.200.000 personas habían perdido su puesto de trabajo, especialmente mayores de 55 años y mujeres; y casi medio millón de personas habían traspasado el umbral de la pobreza.

Para las víctimas de violencia de género, el confinamiento y la agudización de la precariedad supusieron, además, nuevos detonantes de agresiones. Los organismos estatales y las ongs dedicadas a la atención a víctimas de violencia machista se apresuraron a adaptar sus servicios a través de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, se idearon códigos como el de enviar un sms con las palabras «No tengo tomate» para alertar sobre situaciones de violencia. Sin embargo, la atención en las comunidades rurales fue complicada, dado que muchas personas no disponen de medios tecnológicos o acceso a internet.

Entre las muchas familias que tenían negocios propios relacionados con el comercio y que tuvieron que paralizar parcial o completamente sus trabajos al no poder acceder a los mercados donde vender sus productos, la organización cepam identificó a un grupo de cincuenta mujeres emprendedoras en Otavalo. Eran mujeres provenientes de las comunidades rurales aledañas a la ciudad, promotoras de pequeños e incipientes negocios sobre gastronomía, turismo y fabricación textil, cuyas posibilidades de sostenibilidad se habían visto en peligro a raíz de la pandemia. Con colaboración de la cooperación internacional española (Fons Valencià per la Solidaritat y Quart de Poblet), así como de la Alcaldía de Otavalo, Cepam comenzó en 2020 un proyecto de apoyo a estos emprendimientos, que todavía continúa.

El proyecto Tejiendo Cambios ha apoyado a las emprendedoras a través de diferentes actividades, todas dirigidas a la mejora de las capacidades tecnológicas y técnicas de las emprendedoras desde una perspectiva de género. De esta manera, se han impartido talleres formativos sobre el uso de las redes sociales para la promoción y venta de productos y servicios; para el aumento de la calidad de la producción con vistas a su exportación; y para el empoderamiento femenino, con contenidos que abordan la equidad de género, la identificación de la violencia y los procesos de denuncia y restitución de derechos, la independencia económica, o la autoestima.

Por otro lado, se han diseñado y difundido catálogos digitales con los productos y servicios de las emprendedoras; se han organizado ferias comerciales (una vez que las restricciones de prevención comenzaron a disminuir) y se han donado algunos materiales, como mesas, pancartas o telas. También se han realizado visitas de intercambio de experiencias entre las emprendedoras de diferentes localidades. Así se ha ido construyendo una red de apoyo cuyo propósito es que estas mujeres conserven y desarrollen iniciativas que pueden significar la conciencia sobre sus propios derechos, su independencia económica y su capacidad de salir de círculos de violencia.

No se trata de romantizar el emprendimiento ni idealizar una situación que camufla mucha precariedad. En 2020, Ecuador era el país con más mujeres emprendedoras del mundo: más de un 33% de su población femenina entre 18 y 64 años. Sin embargo, estas cifras no eran del todo un motivo de celebración como quiso pretender el entonces presidente Lenín Moreno. El emprendimiento, concepto fundamental para la propaganda capitalista neoliberal, se rodea de características más míticas que reales, como la innovación tecnológica, la deliberada asunción de riesgos, la originalidad o el éxito empresarial. Además, la imagen comúnmente transmitida del emprendimiento es machista, racista y clasista. No en vano, la representación tradicional ha sido la de un hombre blanco, de mediana edad, en traje de chaqueta.

En Ecuador, la gran mayoría de los emprendimientos tiene poco que ver con esta teoría. La motivación que lleva a más del 80% a construir un negocio propio es la escasez de empleo (Global Entrepreneurship Monitor, 2020). Solo el 3% de los emprendimientos se dedican a la tecnología y el 85% nunca llega a contratar empleo externo a la propia familia. Se trata de negocios de supervivencia, una fuente de ingresos para las familias, una posibilidad de prosperar. Y, especialmente en el caso de las mujeres, una herramienta para el empoderamiento.

Claro que no todas las iniciativas dan resultado. En muchas ocasiones implican excesivas horas de trabajo por un salario que sigue siendo insuficiente. Incluso con la colaboración de las instituciones públicas y civiles, no se puede garantizar que un proyecto sea fructífero. Pero en casos como el de Tejiendo Cambios, los emprendimientos son una forma de proveer alimento en la mesa y de generar una autopercepción de dignidad y autonomía. Son la semilla de una revolución, tanto personal como social.

nº53 | la cuenta de la vieja

Entre cooperativas y colectividades anda el juego

Quienes no pretendemos un cambio social y económico de manera progresista en connivencia con las estructuras actuales de mercados y fronteras tenemos la necesidad de seguir profundizando en teorías y prácticas que se enmarquen dentro de un marco libertario. Estas cuentan con una amplia bibliografía que nos habla de diversidad de opciones, prácticas, ensayos y, por supuesto, contradicciones.

El problema que nos encontramos es que tras consumir ávidamente los textos clásicos nos enfrentamos a un vacío literario que abarca casi más de medio siglo.

No seré yo quien defienda que todo está, o debería estar, en los libros, pero sí creo que se nos está pasando por alto que estos son una herramienta que aporta al conocimiento colectivo claves fundamentales que nos ayudan a avanzar. Simplemente porque no todas nos podemos permitir ir a ver en primera persona qué se está cociendo en los márgenes de la sociedad capitalista, y tenemos que esperar a que aparezca algún texto o pequeño librito que solo sintetiza las grandes ideas del proyecto. Con suerte somos capaces de asistir a alguna charla en nuestra localidad con representantes de esas experiencias. Pero poquito más. Además, sus experiencias, aunque de gran importancia, son poco practicables en nuestro entorno.

Sabemos que se han llevado a cabo infinidad de proyectos en localidades más cercanas a las nuestras de los que podríamos haber aprendido antes de empezar los nuestros. Desde el funcionamiento de un proyecto colectivo en un CSOA, hasta la creación de cooperativas de segundo y tercer grado, existe una economía social y des-monetizada que debería ser analizada y puesta en valor.

Estos análisis, quizá más académicos, son necesarios. No como una cuestión rígida, sino maleable y cuestionable, apta como punto de partida desde el que comenzar a construir.

Parto de una premisa algo controvertida pero, creo, hasta cierto punto cierta: hoy en día tenemos los recursos y conocimientos necesarios para comenzar a estructurar una economía social fuera de los márgenes del sistema capitalista. Sin embargo, existen puntos fundamentales que hacen que estos proyectos puedan tambalearse a la mínima y, creo, de ahí la falta de puestas en prácticas a gran escala.

Hasta donde he podido llegar, la propuesta es simple: hay que expropiar al sistema todo lo posible y colectivizar. Esto se puede hacer de diversas maneras: la primera, más rápida, es mediante la usurpación de los bienes que pertenecen al Estado o al mercado y su inmediata colectivización. Sin embargo, aunque revolucionario, estos métodos han demostrado ser efímeros si han de coexistir con el modelo vigente y no parten de una revolución a mayor escala. Por lo tanto, no nos queda otra que partir de la opción más pacífica: la cooperación.

La primera fase de un proyecto que pretende socavar las estructuras vigentes, pero sin pretender un enfrentamiento directo, necesita de un fondo que ha de adquirir del propio sistema. Y, si no es expropiando, este se obtiene a través de la cooperativa de consumo. Esta cooperativa tendría dos objetivos principales: reducir los costes de adquisición de productos de primera necesidad para las cooperativistas y capacitar al proyecto de fondos.

Existen cientos de cooperativas de consumo en el territorio que, aunque mayormente se crean con un carácter finalista, nos sirven para indicar la viabilidad del proyecto. Se calcula que para hacer estas cooperativas viables se necesitan entre 300 y 500 socias.

Dado este primer paso, y tras el tiempo oportuno para consolidar dicho proyecto, se debe proyectar la segunda fase. Esta fase se centraría en la producción, cuya finalidad es la obtención de tierras de cultivo. Así, no solo los bienes se producirían por la propia cooperativa, sino que se darían los primeros pasos hacia un modelo colectivo en lugar de cooperativo. Al igual que con las cooperativas de consumo, existen miles de cooperativas de producción en el territorio de las que aprender. Un dato que considero muy interesante es el que nos dice que para garantizar una vida humana se necesitan una  hectárea y media, o dos si se quiere incluir la vestimenta.

A partir de aquí, el gran desafío. No por imposible, sino por la necesidad de una conciencia política clara. Garantizadas las necesidades primarias, es decir, producción y consumo de bienes alimentarios, comienza la batalla por la conquista del resto de necesidades. Estas no pueden ser posibles si no existe una masa crítica de cooperativistas dispuestos a ceder parte de sus ganancias. Y aquí es cuando el propio lenguaje se vuelve político. Este proyecto no puede sobrevivir ni servir como puente emancipatorio si seguimos hablando de «beneficios y ganancias». Una economía fuera del sistema capitalista ha de cambiar los valores que la hacen moverse. Un nuevo modelo económico-social no puede fundamentarse en el crecimiento ininterrumpido; su factor de viabilidad debe ser social y tener como parámetro de estudio la capacidad de cubrir las necesidades que surjan de la propia comunidad societaria.

Es justo en este punto donde necesitamos estudios. Huir de las fórmulas, ya obsoletas, de monedas sociales o de bancos de tiempo y proyectar un sistema social que se base en la colectivización de la vivienda, de la educación, de la sanidad y del ocio sin la necesidad de intercambios de ningún tipo aparte de la corresponsabilidad de las personas que habitan y cuidan el proyecto. Es la práctica de estas experiencias las que marcarán el camino a seguir, pero debemos tener las herramientas y los datos para reflexionar sobre los límites de la colectivización en el sistema actual y hasta donde han de llegar las cooperativas. Economistas, pónganse a escribir.

nº52 | la cuenta de la vieja

EN MI HAMBRE MANDAN LAS TICS

El frío que entra por cualquier rendija o enfría los cristales hasta entrar en la casa y te cala en los huesos. Así es la pobreza, entra por cualquier lado y cala en cualquier ámbito de la vida, humana y no. En esta «cuenta de la vieja» se va a hablar de una pobreza muy específica, mirándola desde y en el territorio donde nace este periódico. Hoy vengo a presentaros la pobreza digital en Andalucía.

Quizás, hay quien piense que la gente que estudia la sociedad tiene esa manía de ponerle nombres raros a las cosas y acompañarlas de datitos. Pero hay tres cosas que siempre digo que hacen que algo exista:

Ponerle nombre: lo que no se nombra, no existe.

Darle un dato: si no sabemos cuántos o quiénes, nunca sabremos el porqué.

Visibilidad en los medios y redes (internet, televisión, prensa, etc.): si un árbol cae en el bosque pero nadie está para escucharlo, ¿ha caído?

Este término tan contemporáneo no tiene una definición única, se está construyendo poco a poco aunque sus consecuencias se ven desde hace tiempo. Sí que existe cierto acuerdo en que esta pobreza no es solo económica (que ya está bien de que todo el peso lo tenga la economía, ¿no?). Seguro que al leer pobreza digital has pensado que significa no tener acceso a dispositivos digitales por una cuestión de los dineros. Pues, siento decirte, que te has quedado solo con una parte de este fenómeno. La pobreza no solo está en eso, también se encuentra en el que tiene acceso pero no sabe usar los medios digitales o quien, directamente por una cuestión geográfica, vive en uno de esos lugares donde no llega internet o es muy difícil poder comprar estos dispositivos (porque sí, en ciertas zonas la globalización no ha arramblado con todo). El problema es que lo digital es algo que hemos convertido en esencial para nuestro día a día, desde trámites burocráticos hasta comunicarnos con la gente que queremos, incluso durante la pandemia ir al cole o al centro de salud dependía de un dispositivo. Sin embargo, es una realidad de lujo, la típica dicotomía entre derecho contra privilegio. Cabe entonces no solo hablar de pobreza, sino de exclusión digital.

No toda la palabra pobreza, sea digital o no, es monopolio del Sur global. En Andalucía se ha hecho una foto de la situación gracias a la Encuesta Social 2021 del Instituto de Estadística y Cartografía —sí, queridxs andalucistas, tenemos un Instituto de Estadística propio—. Para empezar, pensemos a nivel provincial. Jaén es la región que más pobreza digital tiene, las jienenses son quienes menos correos envían, participan en redes sociales, realizan gestiones bancarias, compran, descargan películas o ven programas de televisión por internet, entre otras actividades. No es que tengan una diferencia demasiado amplia con el resto de comunidades (siempre entre el 5 y el 10% con la que más), pero sí que muestran esa tendencia. También quienes menos poseen móviles, tablets, ordenadores, consolas o menos usan internet. Aquí se identifica una clara cuestión geográfica, incluso dentro de las fronteras andaluzas. También hay diferencia entre la población rural y la de ciudad. Cuando se trata de trámites y solicitar información a la Administración pública, lo hacen, en mayor medida, las personas que viven en la ciudad (67%) frente a las del entorno rural (54%), pese a que las primeras tienen mucho más acceso físico a la Administración. Esta diferencia entre grupos sociales aumenta cuando se mira el nivel de estudios, donde solo un 29% de las personas analfabetas o con educación primaria usan internet para comunicarse con la Administración frente al 61% de media del conjunto de la población. Estas mismas personas suelen ser las que tienen menos ingresos. Cuando trabajaba en una ONG de barrio, todos los días venían al menos dos personas con ese perfil para que le pidiera cita para cualquier cosa de la Administración, incluso para tener una cita con su trabajadora social. Es una vergüenza cómo la Administración no está respondiendo y pone barreras electrónicas a las necesidades de quienes más dependen de ella.

Siguiendo con esta foto de la pobreza digital andaluza, pensemos en la gente que no tiene conocimiento o competencias digitales. Por supuesto, las personas mayores son más excluidas digitales que el resto. Un tercio de los hombres mayores de sesenta y cinco años no han usado internet en los últimos tres meses, mientras que sus homólogas mujeres no lo han hecho en un 28%. Ese porcentaje se reduce a cero en el caso de la gente de dieciséis a venticinco años. Luego están, por supuesto, los dineros. Hay una diferencia de trece puntos en el uso de internet entre la gente que más ingresos tiene y la que menos en Andalucía. Aunque en los últimos dos años esa brecha se ha reducido once puntos. Pero el perfil más excluido cuando se cruzan los datos con las características sociales de cada persona, quien menos tiene, quien menos usa y menos confía en las nuevas tecnologías, es el de menos nivel educativo. Variable que se correlaciona de forma directa con tener menos ingresos y mayor edad. La interseccionalidad, otra vez, explicándonos situaciones de exclusión.

La covid-19 nos ha hecho aún más dependientes de las tecnologías. Para verles las caras a familiares que estaríamos meses sin ver por los cierres perimetrales, para pedir el certificado de vacunación o cualquier tipo de cita en todos los organismos de la Administración pública, hace falta pasar por internet. Como ya se ha dicho antes, durante la pandemia, el alumnado debía estar conectado para seguir sus estudios. La Red de Apoyo Mutuo de Sevilla, Ramuca, denunció en numerosas ocasiones la necesidad que tenían muchos hogares con menores tanto de dispositivos como de acceso a internet. El Ayuntamiento del mismo municipio apenas dio ordenadores ni puso solución al problema de acceso a internet para las y los menores, como sí hicieran Ayuntamientos como el de Vera (Almería). Mientras, Ramuca consiguió donaciones de dispositivos para niñxs y crearon un sistema para compartir WIFI con lxs vecinxs que lo necesitaran. Una vez más, «solo el pueblo salva al pueblo». Pero yo me pregunto, ¿quién nos salvará de esta dependencia incontrolada a las TICS y cuánta gente más se quedará fuera del mundo, tanto online como offline?

nº51 | la cuenta de la vieja

La nueva reforma laboral a debate

El Congreso de los Diputados aprobó en febrero la reforma laboral del gobierno bipartito del PSOE y UP. Esta aprobación vino acompañada de mofa al producirse gracias a la equivocación de un diputado del PP. La nueva ley laboral había sido acordada, antes de llegar al Congreso, entre Gobierno, burocracias sindicales de CC.OO. y UGT, y representantes de grandes empresarios. Además, ha recibido el beneplácito de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.

En este artículo hablamos con representantes sindicales de CGT, COBAS, CNT, SAT y USTEA, sobre la nueva reforma laboral con la que, según la vicepresidenta segunda del gobierno Yolanda Díaz, «se pasa la página de la precariedad en España».

Para empezar, preguntamos por qué se oponen a la reforma laboral. Miguel de CGT nos comenta que se opusieron «a la reformas de Zapatero y M. Rajoy. Ambas reformas laborales no solo no se han modificado en sus aspectos más nocivos, sino que ahora obtienen el visto bueno del autodenominado “Gobierno más progresista de la historia”, consolidando sus nefastas consecuencias para la clase trabajadora y en algunos casos empeorándolas, como, por citar un ejemplo, por primera vez las ETT van a poder realizar contratos fijos-discontinuos». Por su parte, Rubén de USTEA explica que «parecía existir un consenso en las fuerzas de izquierda de que la última reforma laboral debía ser derogada. Esa fue la primera promesa electoral de Pedro Sánchez en 2014 y está en su pacto de gobierno con UP. Dicha derogación no se ha producido». En este sentido, Alfonso de la CNT explica que la nueva reforma, por ejemplo, no modifica «la indemnización por despido y los salarios de tramitación, que son las piezas más importantes para permitir que las plantillas puedan hacer una acción sindical efectiva».

Respecto a posibles aspectos positivos de la nueva reforma, Óscar del SAT cree que «es la única reforma laboral que no viene para arrebatar derechos». Juan de COBAS expone que «no pensamos que sea una reforma “positiva, pero insuficiente”, sino que empeora las reformas anteriores. Hay aspectos que se mantienen exactamente igual que con Rajoy: por ejemplo el despido, la subcontratación… Y hay novedades negativas, como la institucionalización de los ERTEs, flexibilizando más el empleo». Por su parte Rubén de USTEA destaca que hay «un cierto avance, aunque poco concreto, como la limitación a la concatenación de contratos temporales o el impedimento a las administraciones públicas para despedir por causas económicas. Pero el problema es que cuando te obligan a retroceder diez pasos y luego te venden dar dos pasos adelante, no se puede decir que hayamos mejorado, pues retrocedemos ocho pasos. Esta reforma laboral nos vende como un hito histórico un retroceso de ocho pasos». Desde CGT, Miguel tampoco ve avances significativos en la nueva reforma que «disfraza la desaparición del contrato de obra y servicios incluyéndolo dentro del nuevo fijo-discontinuo; habla de ultraactividad de convenios cuando los tribunales ya la habían establecido». Alfonso de CNT relativiza las aparentes mejoras: «podemos considerar positiva la modificación sobre la subcontratación, aspecto que afecta a cientos de miles de trabajadoras empobrecidas. Pero hay que recalcar que, como regla, el convenio colectivo aplicable es “el del sector de la actividad desarrollada en la contrata”. Por ejemplo, en un hotel, el convenio de las kellys no será el de la hostelería, sino el de la actividad desarrollada por la contrata, es decir, la limpieza».

Continuamos preguntando cómo afectará esta reforma laboral al día a día de las plantillas. Miguel cree que «la precariedad laboral se mantiene, la contratación a tiempo parcial y temporal impera, se computa como trabajadores/as empleados/as a quienes solo trabajan una hora al día, los índices de trabajo sumergido no decaen, se perpetúa la falta de medios y personal en la Inspección de Trabajo». Rubén de USTEA añade que «en demasiadas ocasiones, el problema no es un marco laboral para las clases trabajadoras, sino que este marco no se termina de aplicar. Abunda el fraude en contratación, cumplimiento de convenios, reconocimiento de horas trabajadas, la aplicación de salarios». Alfonso de CNT piensa que «las medidas que se introducen van a cambiar muy poco el panorama laboral. No obstante, creemos que sí va a cambiar la percepción que la clase trabajadora tiene del “Gobierno más progresista de la historia”, que ha traicionado su principal promesa electoral y ha demostrado que, bajo el capitalismo, ningún Gobierno puede hacer políticas de izquierda». Sin embargo, Óscar del SAT cree que «aunque es bueno tener aliados en los Gobiernos, si no hay lucha en la calle, no iremos en la dirección correcta».

Mirando aparte de la reforma laboral, preguntamos cómo podemos avanzar hacia mejores condiciones laborales. Rubén de USTEA expone que «en el corto plazo, es necesario que en las negociaciones haya mayor democracia, lo que supone incluir a la mayoría sindical y no solo a CC.OO y UGT. En el medio plazo, sería necesaria una profunda revisión del cumplimiento verdadero de normativas laborales, ya que el abuso de patronales es abrumador. En el largo plazo, tenemos que abandonar la práctica de que las patronales sean las que marquen la pauta de nuestras condiciones laborales». Por su parte, Miguel de CGT cree que para avanzar laboralmente «no es comprensible que, siendo el desempleo y la precariedad los principales problemas estructurales de la población trabajadora, se siga alargando la edad de jubilación y echando millones de horas extraordinarias, la mayoría no pagadas. En CGT tenemos claro que hay que trabajar menos para trabajar todxs». Óscar del SAT piensa que necesitamos «movilización y unión desde abajo y a la izquierda. No nos vale con solo quejarnos por redes de que haya reformas insuficientes, sino que tenemos que generar el tejido social que termine conquistando en las calles y centros de trabajo lo que nos arrebatan en los despachos». Alfonso de CNT pone el acento en «estar bien organizados sindicalmente y tener un movimiento sindical solidario, comprometido con la lucha de lxs trabajadorxs e independiente de otros intereses políticos o económicos».

Antes de acabar la entrevista Juan de COBAS apostilla que «no podemos aceptar la pasividad de falso pragmatismo del gobierno de coalición. Necesitamos poner en pie de forma unitaria un plan de movilización con propuestas anticapitalistas, que enfrenten a banca, grandes corporaciones, UE y al gobierno burgués de turno», a lo que Miguel de CGT añade que «los fuegos artificiales no dan de comer a las familias. El gobierno progresista ha vuelto a engañar, evidenciando que lxs de abajo solo le importamos para echar una papeleta el día de las elecciones y encima tenemos que aguantar que “es lo menos malo” porque otros lo harían peor, en vez de plantear una verdadera revolución social que ponga la vida en el centro».

nº50 | la cuenta de la vieja

Nadar contra la corriente

El periodismo económico libre e independiente es más necesario que nunca, pero también es más complicado cuanto más molesto seas.

Decir «no admitimos publicidad de empresas del Ibex 35» es un eslogan. Pero no es uno de esos que exageran y magnifican, que intentan mostrar lo que no eres para vender. Este eslogan es lo contrario, esconde mucho más. En El Salto no admitimos publicidad de cualquier empresa que cosifique a la mujer, que tenga conflictos laborales o explote a sus trabajadores, bancos que ejecuten desahucios, que eluden impuestos, o cualquier tipo de empresa o sector que no consideramos éticos, como las casas de apuestas o negocios altamente contaminantes. En resumen, es decirle que no a un gran porcentaje de las empresas que existen y al 99% de las que tienen dinero de verdad como para anunciarse en medios. Mientras algunos medios con los que pretendemos competir obtienen entre el 50% y el 90% de sus ingresos mediante publicidad y contenidos patrocinados (otra modalidad de publicidad vetada en nuestros estatutos), en El Salto apenas llega a un 8% de nuestro presupuesto.

Pero también es mucho más. Es una difícil y costosa manera de ser independientes. Es una «desventaja competitiva» respecto a quien no le importa poner un anuncio de un banco que desahucia o que un gran fondo de inversión buitre entre en su accionariado. Es decirle a los malos que no los queremos ni en pintura. Que siempre nos tendrán enfrente. Que para nosotras su dinero no es dinero. Que nunca van a poder levantar un teléfono con línea directa a nuestra redacción para exigirnos que retiremos un artículo. Y ese «descaro», ese desprecio a lo que ellos creen la llave para todo, su dinero, no les gusta. Les jode. No están acostumbrados. Lo cual tiene algunas consecuencias aparte de las económicas. El Salto, por ejemplo, apenas es invitado a salir en televisiones donde los anuncios del Ibex 35 llenan los espacios publicitarios. Somos molestos porque no somos obedientes y, por lo tanto, se nos niega cualquier espacio que nos pueda ayudar a crecer.

Pero en esa independencia está la esencia del periodismo libre. Y en «El Salmón Contracorriente», la sección de economía de El Salto, hacemos bandera de esa libertad. Nacimos a contracorriente para poder navegar en el sentido opuesto al resto de medios de economía y a los poderes económicos que los controlan. Como en el gif ese del salmón, saltamos para golpear al oso en la cara y volver a caer en el agua; cogemos carrerilla y volvemos a atacar.

Si admitiéramos publicidad de dichas empresas no podríamos escribir titulares que rara vez encuentras en los grandes medios. No serían posibles algunos como «CaixaBank pretende dejar en la calle a 28 familias vulnerables con 32 menores en Gran Canaria» (La Caixa fue el mayor anunciante en medios en 2020, gastando 7,8 millones de euros); «bbva y Banco Santander financiaron a empresas armamentísticas involucradas en la guerra de Yemen» (el banco de Botín es el segundo que más ha gastado); «El Corte Inglés ofreció publicidad gratuita a la dictadura de Videla» (tercer mayor anunciante); «Repsol adelanta a Endesa como la empresa española que más contribuye al cambio climático» (la petrolera es cuarta en la lista), o «bmw, Volkswagen, Audi y Porsche multados por paralizar una tecnología para reducir emisiones» (Volkswagen es la quinta).

Sin esos titulares, sin un periodismo que señale al poder, la democracia está en peligro. Llamar evasor al evasor, ladrón al ladrón y fascista al fascista es un imperativo ético. No valen medias tintas ni falsas equidistancias. Es una guerra donde no existen los países neutrales. O estás con la gente o estás con el poder.

El periodismo necesita su contrapoder. Necesita de medios como El Topo, como La Marea, La Directa o El Salto. Necesita un ecosistema de lectoras y lectores comprometidos que reconozcan y apoyen esa deseada independencia. Los medios necesitamos entenderlos a ellos como colaboradores y partícipes, en vez de que sean solo simples visitas en el Analitycs. Cambiar el prisma de la competición por el de la colaboración. Pensar en el periodismo como una herramienta ciudadana al servicio de esta, de la justicia y la democracia. Pensar juntas, libres y actuar con coherencia. Somos pequeños, lo sabemos. Tenemos claro cuál es nuestro espacio y nuestro nicho de mercado. No podemos competir con aquellos que tienen todo ese montón de dinero de su lado, vale. Pero eso no nos desanima. Estamos aquí para librar una batalla que trasciende al periodismo. La cosa va de libertad, de empoderamiento, de democracia y de justicia social. Y nadie nos va a hacer callar.

Y puede que, como suele decir otra guerrera de esta misma batalla, la directora de La Marea, Magda Bandera, «nuestros principios serán nuestros finales». Porque no es fácil y salvar las cuentas anuales, año a año, no es fácil. Crecer no es fácil. No autoexplotarnos es complicado. Seguir en pie ante los golpes del poder es una lucha constante. Pero venderse a esas empresas es vender el periodismo y a la gente que confía en nosotras. Y antes muertas que vendidas. Nacimos para nadar contra la corriente del capital y lo seguiremos haciendo.

nº49 | la cuenta de la vieja

PLATAFORMAS COMO MEDIOS DE PRODUCCIÓN

La economía de plataformas es una realidad difícil de pasar por alto, pero hay algunas experiencias que ponen de manifiesto que es posible darle un giro cooperativo y transformador a este modelo tan nocivo en manos de multinacionales como Amazon, Glovo o Deliveroo. Eraman Koop es un ejemplo de ello.

En mayo de 2019, cuando escribí una serie de artículos para la revista vasca Argia (algunos publicados posteriormente en castellano), el concepto estadounidense de la gig economy todavía era relativamente desconocido en Europa. Glovo era aún visto más como una rareza moderna que como la primera ola de un ataque directo a los derechos fundamentales de la clase trabajadora. Entonces, cuando escribí mi artículo, parecía algo sorprendente el descubrir que Glovo pagaba a sus repartidorxs por entregas realizadas, que lxs obligaba a ser falsxs autónomxs, que lxs hacía pagar por sus herramientas de trabajo y que lxs obligaba a firmar contratos en los que eximían a Glovo de toda responsabilidad financiera en caso de accidente laboral. Por decirlo de otra manera: Glovo había tenido un éxito total en internalizar el mayor número de beneficios posible y en externalizar todos los riesgos o gastos en los que suele incurrir cualquier empresa.

En las entrevistas y charlas que he dado sobre mi trabajo la gente me suele preguntar «¿qué podemos hacer?» con la esperanza de que les dé una lista de pasos a seguir para plantar cara a la uberización de la economía. Por desgracia, no tengo tal lista. Esas empresas están diseñadas para aislar a lxs trabajadorxs entre sí y para despojarlxs de toda capacidad de lucha contra la maquinaria que lxs oprime.

Con el paso del tiempo, encontré una posible solución en algunos rincones más apartados de internet: podcasts, blogs, y foros de Reddit poco transitados. Resulta que no era la única persona de izquierdas preocupada por temas tecnológicos y que, sin saberlo, estaba participando en lo que algunos llaman la quinta ola mundial de cooperativismo.

La idea detrás de todo es la siguiente: ciertas características hacen que las «tecnologías de plataforma» sean muy peligrosas en las manos de empresas tecnológicas financiadas por capital de riesgo, pero esas mismas características tienen el potencial de ser enormemente empoderantes en manos de trabajadorxs organizadxs en cooperativas.

A menudo, las cooperativas tienden a acabar desarrollando profundas divisiones políticas y sociales entre trabajadorxs de primera línea y personal administrativo en cuanto intentan crecer por encima de unas pocas docenas de integrantes. Esto ocasiona que las cooperativas se mantengan en una escala pequeña y local, o bien a que se conviertan en grandes organizaciones con rígidas dinámicas internas que, a su vez, las hacen vulnerables a los cambios. La característica más interesante de las tecnologías de plataforma es su capacidad de minimizar la necesidad de gerentes medios y superiores, gracias a que en ellas la automatización sustituye a los jefes (en vez de a los trabajadores, como en otras instancias). Menor carga de trabajo y numerosos procesos automatizados: todo esto hace que sea mucho más viable que lxs propixs trabajadorxs se repartan las tareas de gestión, lo que facilita un entorno laboral mucho más igualitario y con menos divisiones internas. Es por ello por lo que dejé de escribir artículos y, junto con tres amigos, puse en marcha la cooperativa de logística en bicicleta Eraman, en Vitoria-Gasteiz (cuyo nombre deriva del término en euskara para transportar).

Por pura casualidad, hicimos nuestra primera reunión de trabajo el 10 de marzo del 2020: justo una semana antes de que el gobierno en Madrid decretara el confinamiento debido a la covid-19. Dijimos, ahora o nunca, y el siguiente fin de semana ya estábamos repartiendo.

Nos pusimos a buscar software relacionado con el ámbito del reparto de comida a domicilio. Pronto topamos con CoopCycle: página web, aplicación móvil y federación mundial de cooperativas. Y allí nos lanzamos de cabeza. En octubre de 2021, Eraman lanzó su propia página web dentro de CoopCycle y entonces la cosa se volvió loca. Pasamos de cuatro a ocho a catorce trabajadoras y por un tiempo nos daba la impresión que todo no haría sino seguir creciendo a ese ritmo.

Habrá quien imagine que este es el comienzo de una historia esperanzadora de éxito y crecimiento rápido. Y, en cierto modo, lo es. Ahora somos más de diez trabajadorxs en la cooperativa, hemos aprendido a llevar a la práctica en la vida real nuestros conocimientos teóricos, y hemos sido capaces de pagar a nuestrxs socixs salarios decentes durante casi un año y medio. Sin embargo, este tipo de historias son a menudo objeto de distorsiones para hacerlas más impactantes: se ocultan los lados negativos que tiene crear una empresa en un intento de crear un culto de seguidorxs en torno a la marca en cuestión; y esto, me temo, puede tener consecuencias peligrosas para empresarixs emergentes. La realidad es que, en marzo de 2021, la demanda cayó en picado una vez que las restricciones desaparecieron y, además, eso sucedió justo en temporada veraniega, cuando el ciclo anual de reparto suele tener su punto más bajo. A menudo nos hemos visto con más pérdidas que beneficios y el núcleo de trabajadorxs fundadorxs hemos hecho jornadas que se saldrían de la legalidad si un jefe intentara imponérselas a alguien.

Dicho esto, hemos avanzado años luz desde nuestra posición inicial en marzo de 2020. Somos ahora un equipo organizado de repartidorxs en bicicleta profesionales que autogestionan su trabajo. Hemos creado sistemas para repartirnos el trabajo de administración y estamos poniendo en común dichos sistemas con otras cooperativas en la federación. Al mismo tiempo, sin la ayuda de CoopCycle hace tiempo que habríamos fracasado. Sin una plataforma sobre la cual crecer, seguramente nos habríamos quedado en una minúscula cooperativa de logística que mueve cajas por la ciudad sin que apenas nadie se entere y con escaso impacto político.

Somos uno de los numerosos ejemplos de cómo la tecnología de plataformas, cuando se organiza a modo de federación y en las manos de lxs trabajadorxs, puede convertirse en una herramienta de cambio positivo con implicaciones políticas, económicas y sociales. No solo es una alternativa a Glovo y Deliveroo, sino también a cada sector explotado que sufre de desigualdad y de una férrea jerarquía.

nº48 | la cuenta de la vieja

NON-FUNGIBLE TOKENS

LA NUEVA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO

La gallina es solo la forma que tiene un huevo de hacer otro huevo

Samuel Butler

El puerto franco de Ginebra es un inmenso almacén, gris e impersonal. Entre otros bienes de lujo, allí se almacenan más de un millón de obras de arte, incluyendo famosas obras maestras que pueden llegar a cambiar de manos varias veces sin salir de este espacio para decorar el cuarto de baño de algún millonario excéntrico. Su especial condición fiscal exime del pago de impuestos estas operaciones, desnudando al arte en una de sus funciones principales dentro de este sistema: el servir como artefacto especulativo, dentro de la teoría económica del más tonto. Siempre habrá alguien que lo comprará más caro, a no ser que el tonto acabes siendo tú.

El mercado global del arte —en una situación acelerada por la COVID-19— se halla en decrecimiento, según el informe de 2021 de Art Basel. El año anterior se redujo un 22% el montante global de las transacciones, que ascendió a unos cincuenta mil millones de dólares. Una magnitud cercana al PIB de Serbia o Costa Rica.

Sin embargo, en el último año las transacciones digitales doblaron su peso en el total y ahora suponen la cuarta parte del volumen. Los mercados del arte son conscientes de las implicaciones de estas cifras, que podrían tener que ver a su vez con un cambio cultural. La generación milenial, nativa digital, es ya la principal compradora de arte a nivel mundial.

Cuando el sabio apunta a la luna, el tonto mira al dedo. Los non-fungible tokens (NFT), o vale no fungible, son el resultado de una operación informática muy compleja y descentralizada. Viene a ser el sello de un notario, capaz de afirmar de manera verificable que algo es lo que dice ser o vale lo que dice valer. De este modo se puede registrar la compraventa del original de un bien digital y, por ende, su propiedad, convirtiéndolo en un bien escaso, especulable por derecho propio, como un cuadro cubista o la casa donde vives.

Este sello se halla dentro del ámbito de una criptomoneda que es, usualmente, el medio de pago. La moneda con más fuerza en este campo es el ethereum. Esta divisa alcanzó a mitad de abril el pico histórico de su valor, en pleno auge mediático de ventas millonarias de obras de arte digitales usando NFT.

Y es que el arte digital se ha convertido en su nicho inicial. Se les presenta como catalizadores de un mercado más transparente y con menos intermediarios que el del mundo material y una herramienta de retribución para el artista digital, que ahora puede sobrevivir, incluso compitiendo en igualdad de condiciones con el artista que opera en el mercado tradicional. Pero por ahora, y al igual que en este, todo parece indicar que el sistema beneficia mucho a una minoría, mientras la mayoría no gana e incluso pierde dinero, ya que las principales plataformas operan con tasas no despreciables, como cualquier otro intermediario.

Pero la implicaciones de esta tecnología transcienden al arte, ya que prácticamente cualquier cosa se puede vender mediante este sistema.

La siguiente gran cosa. A medida que el capital social, cada vez más, se posee y ejerce dentro de la virtualidad de la red, surge una economía dirigida a nuestras representaciones digitales, a nuestros avatares, a nuestro «metaverso».

El concepto no es nuevo. Acuñado en Snow Crash, novela de ciencia ficción de 1992, el término se refiere
a la convergencia de la realidad física y virtual en un espacio en la red. Tomó momento en pleno auge de Second Life, pero su vigencia pareció caer con la de aquella plataforma, quedando lejos del radar de los medios generalistas. Pero ha seguido evolucionando y tiene destacados apóstoles como Mark Zuckerberg.

Destacada. Un aspecto destacable de esta tecnología es su posible consolidación en esta economía.

Por ejemplo, ya en 2019 se vendió mediante NFT la primera pieza de alta costura digital, Iridiscence, por más de 9 500 dólares. La clienta ahora, por ejemplo, puede vestirse con ella en sus historias de Instagram. Otro ejemplo es la Casa en Marte, vendida del mismo modo por medio millón de dólares. Este modelo 3D se podrá usar en aquellas plataformas que operen en metaversos tridimensionales, de manera que el cliente podrá invitar a sus amistades a una fiesta virtual en pleno confinamiento de la decimoctava ola. Y es que los NFT son el instrumento perfecto para generar este mercado ya que son capaces de crear la exclusividad necesaria para un producto de lujo digital y su conversión en otro bien especulable.

Ecología del metaverso. Los algoritmos que sostienen monedas como el bitcoin o el ethereum (y los NFT, por tanto) no fueron diseñados con la ecología en mente. Son operaciones de criptografía extremadamente costosas y tienen una importante carga ambiental, debido a la elevada energía necesaria para alimentar todo el procesado.

Según un estudio del artista digital Memo Atken la huella ecológica de una sola operación NFT es equivalente a la energía eléctrica media consumida por una ciudadana europea durante un mes, con emisiones equivalentes a conducir un coche mil kilómetros.

Una edición limitada agrava el problema: en vez de vender una obra por mil euros, hacer una serie de diez ediciones de cien euros puede parecer razonable. Pero el coste ecológico no varía con el precio. Es exactamente el mismo para un millón que para un euro. Por ejemplo, en la plataforma NiftyGateway un artista lanzó una serie de obras que sumaban un total 800 ediciones. En menos de tres meses, dicho lanzamiento habría consumido 140 MWh de energía eléctrica, equivalente a 40 años de consumo eléctrico de la ciudadana anterior, con emisiones de carbono superiores a las de 100 vuelos transatlánticos.

Son cifras difícilmente defendibles para un modelo que se proyecta sobre la venta de bienes de lujo.

A medida que tocamos, fondo seguimos cavando. Los NFT, como otras propuestas basadas en la criptografía, son potencialmente interesantes, sobre todo considerando el futuro sin dinero en metálico que proyectan los Estados actuales y el recrudecimiento del control que ello conllevará. Pero, por sentido común, un interés subordinado de alguna manera al uso eficiente y proporcionado de los recursos y a su contribución al interés general.               

Este mercado es un ejemplo paradigmático de la urgencia por empezar a reconsiderar —de manera personal y social—  el coste ecológico de nuestro «metaverso», desde el ocio basado en plataformas de streaming (emisión en directo) a la compra de bienes digitales o al desahogo constante en el extraño espejo de las redes sociales.

nº47 | la cuenta de la vieja

CUANDO EL SALARIO EMOCIONAL ESCONDE UNA MIERDA DE SALARIO

Un gato blanco en la oficina. Cápsulas de café infinitas. Una tostadora, un microondas limpio, un poto precioso cuyas ramas  cuelgan desde la repisa más alta hasta el suelo. Con un poco de suerte, una mesa de ping-pong al fondo y unos cuantos cheques-restaurante para comer en la cadena de Ginos. Tal vez podrían pensar que no, pero lo cierto es que el salario emocional mola. ¿Quién no quiere comer un poco de fruta fresca mientras le da unos Whiskas a Copito de Nieve tumbadx en una chaise longue? De hecho, ojalá el salario emocional fuera lo único que importara, lo que nos faltara por rellenar. Con todas nuestras necesidades materiales cubiertas (techo, comida, energía, ocio…) el trabajo podría convertirse en algo menos agónico y estresante. Es más, en la idea de abolición del trabajo asalariado, encontraría el salario emocional su mayor apogeo: si trabajáramos en igualdad para construir nuestra comunidad sin que nadie se aproveche de nuestro esfuerzo ni nos explote, todo lo demás sería lo que los neoliberales tienen a bien llamar «salario emocional». No habría mayor placer que doblar el lomo en favor de nuestro barrio y nuestros intereses, y no por las cuentas de una gran multinacional. El salario emocional no es más que una palabra extraña para hablar, a veces de derechos, a veces de recortes salariales reales

En redes sociales es habitual ver ofertas que resultan ofensivas a la inteligencia. Basta darse un garbeo por Infojobs para encontrar auténticas barbaridades. Las empresas nos ofrecen buen ambiente de trabajo (gracias por no meterme en una oficina en la Franja de Gaza), días libres (lo cual es un derecho) y conciliación familiar (otro derecho). ¿El sueldo? Una falsa media jornada con la que logran pagar menos del salario mínimo. Al final, el mensaje que nos lanzan las empresas es el siguiente: voy a respetarte como persona y voy a aceptar algunos de tus derechos laborales más básicos, pero el sueldo será una auténtica basura porque tengo a 5 millones de parados esperando en la puerta. Con el salario emocional no se puede hacer la compra. En realidad, ponerle el nombre de salario como si fuera un complemento es la última trampa de un neoliberalismo al que no se le puede negar su dosis de creatividad. Igual que llamaron nesting a quedarse en casa sin salir por no tener un maldito duro o job sharing a tener dos trabajadorxs para un puesto y al precio de uno, por supuesto. La pobreza está en auge y los medios de comunicación de masas intentan convencernos de que es una moda. Aunque yo me pregunto, ¿los ricos por qué no hacen un poquito de nesting en lugar de pasarse todo el verano en Cancún?

Las empresas nos quieren pagar en salario emocional lo que no nos pagan en salario real, aquel que se suma a la cuenta corriente. Y no es que despreciemos las buenas condiciones laborales o el ambiente de trabajo, es que, sencillamente, Endesa no permite otra forma de pago que no sean los euros y si no pago la luz ya me dirán ustedes cómo vivo. Con cada año que pasa, lxs trabajadorxs pierden más y más poder adquisitivo, esto es, viven peor y más empobrecidos. El precio de las cosas no deja de subir mientras que los salarios se estancan o descienden directamente, según el sector. Ahora a cualquier persona le cuesta más del doble de su tiempo de trabajo el comprar una vivienda que hace 30 años. Si antes eran 3 los años de sueldo que hacían falta, ahora son más de 7. El alquiler, a la vez, no ha dejado de subir en este tiempo, por lo que el acceso a la vivienda se lleva gran parte de nuestros recursos. Trabajar para vivir, simple y llanamente; cosa que el capitalismo intenta compensar con unos zumos en la oficina y un fin de semana de escapada para jugar al paintball.

Cualquier cosa que una empresa nos regale es una trampa. Mucha gente se pregunta a veces «¿por qué ese dinero que se gastan en una cena para lxs empleadxs o en una excursión juntxs no nos lo dan en dinero para nuestro salario?» La respuesta es muy sencilla: saldría mucho más caro. En primer lugar, porque al salario de toda la plantilla hay que sumarle las cotizaciones que paga la empresa a Hacienda. En segundo lugar, porque subir un salario implica reconocer un mayor valor de la persona que trabaja, a la que habitualmente se la intenta convencer de que su aporte en mano de obra no genera tanto dinero para no tener que asumir una subida de su sueldo. Además, es mucho más sencillo quitar la cafetera de la oficina o no renovar la mesa de billar que aplicar una rebaja salarial a la gente en caso de recortes. Cuestión de mercadotecnia. 

Lo cierto es que el salario emocional se ha convertido en una trampa para apretar en la precariedad laboral. Ojalá, como recalcaba al principio, esto fuera lo único preocupante  a la hora de buscar empleo. Eso implicaría una calidad de vida que ahora no tenemos. La mayoría de gente no quiere detallitos monos en la oficina ni jugar al billar en un descanso. Con que se respetaran sus derechos básicos y un salario digno bastaría. Si no nos amenazaran con echarnos al coger una baja, si no preguntaran a las mujeres si quieren tener hijxs en las entrevistas, si no nos obligaran a echar horas extras sin remunerar, etc., podríamos empezar a hablar del salario emocional. Mientras, es una excusa barata para seguir explotándonos y distrayéndonos de lo fundamental: nos pagan poco, nos pagan mal, nos explotan mucho y esto no va a cambiar si las personas que trabajamos no les obligamos a que cambien. Y es que no hay salario emocional más enriquecedor que el que se consigue al montar una sección sindical y luchar por nuestros derechos.

nº46 | la cuenta de la vieja

Balbuceos económicos

Hace un tiempo que estamos dándole vueltas a este artículo y, probablemente, no es casual que nos hayamos atrevido a escribirlo justo cuando le hemos cambiado nombre y extensión a la sección. A pesar de que desde El Topo le dábamos espacio a visiones alternativas de la economía, el asunto nos imponía demasiado, el Homo economicus nos daba más miedo que el coco y temíamos que lo que fuéramos a decir careciera de interés

De lo que queremos hablar —no sabemos si lo conseguiremos— es precisamente de aquellos aspectos de la economía más apegados a nuestro día a día. De nuestras finanzas y precariedades, de nuestra relación con lo laboral. Consideramos que en nuestro relato hay elementos que, en mayor o menor medida, nos atraviesan a muchas, pues son generacionales: la incertidumbre o la precariedad económica y laboral. Otros forman parte de nuestros privilegios: poder acceder a trabajos en blanco o que en el alquiler nos pueda avalar algún familiar. Otros son elegidos: una búsqueda incesante de maneras y estrategias para poder vivir más y trabajar menos.

Nuestra generación es esa de la que dicen que tiene fragilidad financiera, pérdida de poder adquisitivo y mucha dificultad en el acceso (y mantenimiento) a la vivienda y al mercado laboral.

A veces nos cansamos de que todo gire en torno al trabajo, todo o casi todo dependa de lo laboral. Una vida en la que hay que amoldarse a él, entregarle un tiempo y unas energías desmedidas (a veces todo tu tiempo y toda tu energía), mudarse a donde esté el curro, aunque suponga dejar atrás tu red de amistad o familiar, tus aficiones, tu sitio, soportar jerarquías dentro de la empresa en la que trabajes y fuera de ella al tener que jerarquizar tu vida (ocio, relaciones, militancia, etc.) en pos del trabajo… El empleo se convierte en la piedra angular, en lo que ordena el resto de facetas de la vida. Y sacrificas algunas si hace falta.

Y por esto, elegimos no dejarnos llevar, no meternos en la vorágine de una vida asalariada en la que no nos sentiríamos nosotras. Elegimos vivir, vivir en comunidad, y pensar y soñar con un futuro más autogestionado y autónomo. Y, moviéndonos entre la precariedad sistémica y la elegida, apostamos por economizar nuestra existencia e intentamos poner en práctica la reutilización (intercambiamos ropa con las amigas, por ejemplo), el arreglo (alguna somos más manitas que otras, pero todas vamos aprendiendo) o la creatividad y el hazlo tú misma. Ya que, si la vida parece estar ordenada en torno al trabajo, evidentemente también lo está en torno al dinero, con el que mezquinamente nos recompensan cuando producimos.

Todo esto nos permite dedicar tiempo a cosas que nos importan: nuestra salud, los vínculos afectivos, la
militancia, etc. Atendernos a nosotras, a nuestros cuerpos y procesos, a la forma en la que entendemos la salud y la de las nuestras. Poder parar, pensar, mirarnos y entender, o intentarlo, qué nos está pasando. Eso sí, cuando para cuidarnos necesitamos pagar por los servicios de especialistas o de alguien más preparada que nos guíe en el proceso, la cosa se complica. Ahorramos para poder ir a terapia o, aun más, para el dentista. ¡Parece que poder tener dientes sanos es cosa de ricxs!

No podemos obviar que esas elecciones que hacemos también nos traen aparejadas preocupaciones, desencuentros y limitaciones. Según en qué ambientes, el no trabajar o, más aún, el rechazar un trabajo o dejarlo, es un motivo de crítica o poco entendimiento. A nosotras mismas, a veces, nos atrapan los miedos. Por ejemplo, miedo a llegar a ser una adulta mayor precaria; ser jóvenes nos ayuda a tener esta forma de vida, pero ¿la queremos para siempre?; ¿podremos o, mejor dicho, querremos irnos a vendimiar cuando nuestra edad no empiece por 3?

A veces también extrañamos la estabilidad y la seguridad de un trabajo o un hogar en propiedad. El descanso mental que supone no andar echando cuentas, poderte permitir unos cuidados o cierta comodidad, saber que de donde vives, en principio, no te van a echar —decimos en principio, porque aunque estés de alquiler y puedas pagarlo, también puede ser tu bloque objeto de una especulación turística que eleve brutalmente el precio o que convierta tu piso en un apartamento turístico—.

Cada vez más jóvenes vamos a terapia. Privada, por supuesto, ya que la opción de la Seguridad Social es escasísima, y resulta ser prácticamente un privilegio para quien puede apartar cada mes un dinerito en su particular cuenta la vieja. Además de congratularnos por la ruptura del tabú de «ir al psicólogx» que supone ese aumento, también cabe preguntarnos si al menos parte del mencionado aumento se explica por esas precariedades, incertidumbres, exclusiones y explotaciones del capitalismo neoliberal que nos aplasta a muchas. Consideramos que una buena salud mental está muy ligada a que tu trabajo te permita desarrollar tu proyecto vital —y no al revés: que tu proyecto vital se doblegue a tu situación laboral—.

Pero entonces también nos acordamos de que esta precariedad en la que surfeamos no es solo la nuestra, es también la de todo un sistema capitalista que explota, que intenta constreñir la vida, que escatima el derecho a la vivienda y que no deja, o pone muy difícil, salirse de lo establecido. Y también tenemos presente que nuestra situación parte, como decíamos al principio, de bastantes privilegios, pues como mujeres cis, blancas, no discapacitadas y con estudios, ya tenemos bastantes obstáculos salvados, podemos salir a la calle y participar de la vida y la sociedad sin que nos acosen, agredan o discriminen por la orientación sexual, la diversidad, la raza o la expresión de género.

Al final, como en todas las facetas de nuestra disidencia, buscamos la forma de compaginar nuestras ideas con la sociedad/sistema en la que vivimos, siendo fieles, reflexivas y profundas. Intentando no volvernos locas y asumiendo las contradicciones. Unas veces estamos peleonas, muy seguras de nuestras convicciones, y otras nos dejamos llevar, cansadas de pensar, de darle vueltas a la cabeza.

Y pensando en el futuro, y en ese miedo que nos asalta, fantaseamos con proyectos propios, que nos motiven y enriquezcan, pero también que nos aporte en lo económico. Solemos imaginarnos con las amigas en proyectos colectivos y fuera de la ciudad. Algo hemos probado, pero hay que confesar que el bloqueo y la inseguridad juegan malas pasadas.

Al final de nuestra pequeña reflexión, lo que queda claro es que «es la economía, estúpidx» aquello que, desgraciadamente y aunque no le queramos hacer mucho caso, sigue marcándonos las posibilidades, los miedos o los proyectos vitales; y también que «no es solo la economía, estúpidx», porque siempre defenderemos la idea y la práctica de que hay grandes cosas o cositas que podemos hacer para escabullirnos de sus tentáculos y topetazos.

nº45 | la cuenta de la vieja

EL HÍGADO POR LA CAUSA

Siempre he pensado que una o un antropólogo podría reconstruir una línea temporal de los movimientos sociales de una zona mirando en el cajón de las camisetas de cualquier activista o simpatizante. Os digo la mía, podéis jugar a ordenarla: La calle es de todxs, mayday, Indymedia Estrecho, La Huelga, varias de Casas Viejas (incluyendo la edición de culto con las letras en japonés), Andanza, a favor del parto respetado, de Mujeres Deciden, Libre Meeting, hackmeetings… you name it.

Otro indicador de solidaridad con las causas sociales es el diámetro de la barriga cervecera. Nuestros movimientos tienen un repertorio de recursos muy limitado a la hora de financiarse: la venta de camisetas, chapas y, por supuesto, las barras de los eventos. Que las multas del Estado lleven años pagándose con el hígado de las encausadas es pa mirárselo.

La cuestión de la parte económica de la autogestión es un debate que se repite a lo largo de los años en el seno de los movimientos sociales o, más bien, mini debates en los que se entremezclan varios nudos: cómo nos financiamos; qué trabajos se remuneran; dónde está la frontera entre activismo y trabajo; qué hacemos con las ayudas y subvenciones; ¿se pueden usar los espacios comunes para proyectos de lucro personales?; ¿podemos funcionar como si estuviéramos fuera del capitalismo? Cada una de estas preguntas tiene bastante tela que cortar, pero, además, todas se entrelazan en una maraña. La relación de los movimientos sociales con el dinero es, cuanto menos, conflictiva.

Este artículo no pretende ser un estado de la cuestión exhaustivo, además de por falta de tiempo de la que escribe, por la poca sistematización de experiencias y debates que existe al respecto y, por tanto, por la escasa teoría generada. Los procesos de recogida de información que hacen los movimientos sociales de sus experiencias y debates (o la falta de sistematización cuando se hacen) suponen una piedra con la que nos tropezamos una y otra vez, tanto en la práctica, manteniendo los mismos debates de colectivo en colectivo y de generación en generación, como en la teoría, resultando difícil hacer reflexiones que engloben la complejidad que intentamos abarcar o estudios con bases que se sostengan. Por tanto, nos vamos a centrar en hacer un repaso de los principales debates sobre este tema que he ido recogiendo de mi experiencia en diferentes colectivos a lo largo de los años y las conversaciones sobre estos temas.

Como preámbulo, cuando hablamos de movimientos sociales y dineros se me viene a la cabeza una reflexión que se hizo en un grupo de discusión feminista. Desde el feminismo se dice que a las mujeres nos produce recelo y pudor nombrar el dinero, ponerle precio a nuestro trabajo, introducir lo monetario en diferentes situaciones. Es fácilmente entendible dado que el capitalismo patriarcal se construye sobre el trabajo gratuito de las mujeres. Desde otro lugar, los movimientos sociales repiten algunos patrones de este comportamiento, no porque su trabajo esté invisibilizado, sino porque asumimos que meter el dinero en la ecuación es caer en las garras del capitalismo. Se buscan alternativas que intentan evitar el intercambio de dinero: trueques, bancos de tiempo… pero hay cuestiones donde el dinero es necesario, sobre todo para las multas y el pago de bienes como alquileres o, yo qué sé, cerveza.

Aunque pueda parecer que el pago de multas es algo anecdótico dentro de la economía de los movimientos sociales, por desgracia, suele convertirse en un elemento central de la misma, debido al progresivo aumento de la represión. El impago de las multas ha sido una estrategia que se ha propuesto desde ciertos sectores, negándose a financiar al Estado represor con el dinero que los movimientos podrían dedicar a iniciativas que se encaminen a destruir a este Estado. Sin embargo, no todo el mundo puede asumir declararse insolvente o vivir con embargos de por vida, ya que en la práctica te lanza a una vida sin bancos, cuentas a tu nombre, expulsión de trabajos en el sector público… lo cual estaría bien, si fuera por decisión propia. Numerosas circunstancias personales hacen que esto no sea siempre posible o que muchas no quieran cerrarse puertas por un tiempo indeterminado.

Bajo la misma lógica, podemos escapar del pago de un espacio mediante la okupación del mismo, lo que a la par nos permite denunciar la especulación salvaje que sufren nuestros barrios. Esta opción se encuentra, a veces, con el desgaste que pueden sufrir los proyectos pero, sobre todo, con la creciente ola de desalojos preventivos que han conseguido que hoy en Sevilla, no exista un solo centro social okupado al que acudir.

Siguiendo con la línea de huida de la materialidad de los dineros, podemos plantear la compra de productos alternativos de colectivos afines buscando trueques, aunque esto no siempre es posible.

Mucha más fuerza ha tomado la apuesta por la economía social, es decir, aquella que se organiza bajo principios de participación, cooperación y compromiso con la comunidad. Ahí hay de to: desde las pequeñas cooperativas ancladas a un barrio, hasta propuestas de mayor envergadura como, por ejemplo, Som Energia; pero desde ciertos ámbitos se sigue viendo como una opción soft en la lucha anticapitalista. Quizás la profundización de estas prácticas necesita darle una patada a las estructuras que organizan la vida cotidiana dentro del sistema capitalista: cooperativas de vivienda, procesos colectivos de generación de empleo, recuperación de espacios productivos desde lo común… y que estas experiencias dejen de funcionar como islas y se interconecten y, por supuesto, se multipliquen.

El esfuerzo consciente por salirse de la esfera clásica de la economía basada únicamente en el intercambio monetario nos deja varias preguntas: ¿es viable profundizar en este camino?, ¿se agota en algún punto donde ya no nos deja avanzar más sin tener que destruir algo? Pero, sobre todo, es necesario preguntarse si es posible que estos proyectos sean replicables y puedan extenderse o si, por el contrario, solo pueden darse en las circunstancias concretas que los han visto nacer.

El tema del trabajo y el activismo es otra relación tormentosa que da para culebrón. El rechazo a las actividades productivas dentro de proyectos comunes ha sido una constante en muchos colectivos e incluso se siguen teniendo sensaciones encontradas ante el pago por un trabajo que proviene del activismo o que de alguna manera esté vinculado a él. Prueba de ello son las numerosas críticas que se vierten sobre activistas que cobran por sus charlas o intentan sacar dinero de sus experiencias militantes. Quizás hoy comience a estar más normalizado, sobre todo, en los casos en los que se vincula al movimiento cooperativista como el caso de Can Batlló, recuperado por las vecinas y, en cuyo amplísimo espacio, se integran proyectos de artesanos como la cooperativa Fusteria Can Batlló. De nuevo, se nos quedan colgando algunas preguntas, como pelusillas en la escoba cuando barremos tras el debate, ¿es siempre fácil distinguir entre militancia y trabajo? y, aun en el caso de hacerlo, ¿es requisito indispensable para que una actividad sea considerada activismo o militancia que no esté remunerada?

Esta relación atormentada saca a la luz uno de los principales conflictos con los que se encuentran numerosos proyectos una vez que han pasado su fase inicial de subidón: la falta de estrategias para compatibilizar la militancia con las vidas precarias. La mayoría de los proyectos son inestables y dependen del trabajo militante, sin embargo, muchos de sus miembros se agotan a lo largo de la vida del proyecto o tienen que limitar su nivel de implicación porque necesitan dedicar gran parte de su tiempo a un trabajo que les permita acceder a ingresos.

La lista de proyectos imprescindibles que se quedaron por el camino porque las espaldas que los sostenían simplemente se agotaron es enorme. Y es que la militancia es difícil de mantener a largo plazo si no tienes colchones por otro lado, porque no genera ingresos, genera gastos. Invertimos tiempo, trabajo y, a veces, dinero. Y, como en un círculo por el que paseamos eternamente, volvemos a una pregunta conocida: ¿cómo se mantienen estos proyectos de 10 a 15 años vista? Desde luego, no haciendo camisetas que nosotras mismas nos compramos.

La búsqueda de una fuente de ingresos estables para los proyectos nos lleva a otro debate enconado en muchos movimientos sociales, la construcción de lo común con aportaciones de lo público y lo privado. Hablando en plata, el «temita» de las subvenciones ya provengan de instituciones públicas o privadas.

Podemos resumir destacando dos extremos básicos desde los más «puros» a los más «abiertos» y, en medio, la infinita gama de grises donde cada uno hace lo que puede. Cada colectivo adopta diferentes estrategias en esta dicotomía. Algunos lo tienen claro: no realizan ninguna actividad que cuente con financiación ni cualquier otra forma de colaboración con instituciones, ya que se considera un riesgo para la autonomía. Otros tienen una actitud reticente y pasiva, no buscan subvenciones ni colaborar con las instituciones, pero participan en aquello que se les proponga. Consideran que la búsqueda de subvenciones supone un trabajo en sí mismo, sobre todo, por la burocracia que implica y quita tiempo para realizar otras actividades prioritarias para el colectivo. Apuntan que las instituciones dificultan el trabajo más que facilitarlo.

Los más cercanos a la actitud abierta consideran que los colectivos aportan a la sociedad y a lo común por lo que valoran que merecen acceso al dinero público que se reparte a través de subvenciones, aunque se siguen detectando como un problema los ritmos que las instituciones manejan. Son dos lógicas de funcionamiento que chocan: instituciones decimonónicas frente a movimientos sociales del s. XXI. Como gran inconveniente: los movimientos sociales tienen unos ritmos más dinámicos y flexibles y para acoplarse al ritmo institucional son ellos los que tienen que frenarse, dejar de hacer. La estabilidad que ofrecen las subvenciones es relativa, además, ya que están sujetas a cambios de gobiernos o políticas o a la presentación de nuevas convocatorias. Como ventaja hay quien considera que para escalar las propuesta de los movimientos sociales a una base amplia de población, la implicación de la institución es casi imprescindible.

En general, los movimientos sociales caminan por una cuerdita en tensión entre la coherencia y la consecución de objetivos. Muchos apuestan por formas de financiación que no generen tantas contradicciones como las subvenciones, bien sean las aportaciones de socias o el trabajo voluntario de socios en proyectos que generen beneficios. Estas soluciones no esquivan el hecho de poner el sostén de los proyectos sobre hombros precarios pero, al menos, amplía y diversifica la base en la que se apoyan. Sin embargo, el trabajo de buscar nuevas socias y gestionar y cuidar a las existentes supone un extra de trabajo que recae sobre el núcleo más implicado.

En este pequeño y subjetivo repaso a los problemas de financiación de los movimientos sociales hemos visto que no todo es darse al bebercio por la causa, aunque sigue siendo una de las cartas que con más frecuencia sacamos del repertorio de prácticas; pero el resto de soluciones que encontramos no esquivan la precariedad a la que se someten los proyectos. Como veis, este artículo tiene preguntas y dudas, pero no respuestas. Lo que si nos queda es una certeza: la necesidad de poner en común estrategias, reflexiones y prácticas de autogestión con las que podamos seguir construyendo nuestros colectivos con menos ansiedad. Y cuidando un poquito nuestros hígados.

nº44 | la cuenta de la vieja

La feminización de la pobreza

¿Cuánto gana la industria del miedo? ¿Qué esconden esos largos pasillos enmoquetados? ¿Qué secretos encubren las hermosas habitaciones de los hoteles?

El trabajo de las camareras de piso nunca ha sido fácil pero, ahora, a causa de la pandemia, hemos sufrido aún más las consecuencias de las injustas condiciones laborales de las que somos objeto. El despegue paulatino hasta el fin de la pandemia de la hostelería no puede realizarse sin tener en cuenta la calidad laboral de este colectivo, razón por la cual es fundamental alcanzar las conciencias de toda la ciudadanía.

Las camareras de piso somos las mujeres que limpiamos las habitaciones de los hoteles o de cualquier alojamiento turístico. Nuestra profesión es un ejemplo de machismo, pues en su totalidad somos mujeres. Nuestro trabajo se asocia a las tareas de cuidado y limpieza, trabajo que las mujeres han desempeñado tradicionalmente en sus casas: un trabajo manual, sucio y prácticamente invisible. Esas mismas condiciones son las nuestras pero ocultas dentro de magníficos establecimientos de lujo.

Es una discriminación absoluta de género, un maltrato por ser mujer pobre, porque te toca, porque es tu naturaleza, porque te pertenece. Hemos determinado que lo impagable debe ser gratis, como el aire, o de bajo coste, como el agua, y es ese convencimiento de que la limpieza y los cuidados han sido siempre gratuitos que no están dispuestos a ofrecer salarios y condiciones dignas. Incumplen los convenios, incumplen la ley de riesgos laborales e incumplen el derecho al reconocimiento de las enfermedades profesionales.

A pesar de que tenemos un trabajo, vivimos precariamente, bajo la amenaza constante de caer en la exclusión social en cualquier momento. Todas hemos sentido angustia por el miedo a ser despedidas.

No es una profesión de paso para nosotras, como ocurre en otros sectores de la hostelería, nosotras somos en su mayoría las únicas proveedoras de la unidad familiar, es nuestra responsabilidad el sostenimiento económico de nuestros hogares, generalmente con hijos a nuestro cargo. En mis diecinueve años como camarera de piso he podido observar que toda la diversidad de colectivos feminizados y altamente vulnerables confluyen en los hoteles. Es por esta causa que soportamos penurias y muchas tensiones.

No entender esta realidad es lo que ha posibilitado la ceguera moral, la indiferencia, pues la sociedad no entiende por qué soportamos las pésimas condiciones laborales de las que somos objeto. El agradecimiento a un nuevo modelo de vida, la ilusión a la que nos aferramos cuando iniciamos nuestro primer encuentro como camareras de piso es lo que nos hace ser condescendientes con las condiciones miserables en las que nos tienen. El abuso de autoridad, las amenazas, el chantaje, el acoso horizontal y vertical, promovido y ejecutado tanto por gobernantas como permitidos por la dirección, convierten lo que parecía ser un faro de esperanza en la noche oscura, en una tormenta perfecta en la que se ahogan todas las ilusiones, y lo que parecía ser una liberación se convierte en esclavitud. Aprendes a callar y a pisotear; a ver competidoras en vez de compañeras para no caer de la lista de las preferidas; a realizar más habitaciones que el resto para asegurarte ese sueldo que te aleja de la miseria; a entrar de lleno en el círculo vicioso de la explotación laboral. La realidad es que somos subyugadas por mujeres, amenazadas por mujeres, decepcionadas por mujeres, maltratadas por mujeres, envueltas en rumores por mujeres y silenciadas por mujeres; vasallas del lucro más miserable, pues han cambiado el dejar de hacer camas por una fusta despreciable.

Cada mujer tiene su propia historia y ha tenido la necesidad imperiosa de callar, de trabajar muy duro y de someterse a reglas impuestas, dolosas y carentes de derechos, para proteger el bienestar de su familia, para mantener un precario puesto de trabajo del que prescinden en cualquier momento y sin ninguna justificación. Igualmente queremos encerrar aquí a gobernantas y coordinadoras, pues son esclavas del sistema, con la diferencia de que ellas nos miran de frente y nosotras, normalmente, agachamos la mirada.

La explotación laboral consiste en recibir un pago inferior al trabajo que se realiza. Existe explotación laboral cuando se trabajan jornadas seguidas sin descanso, cuando se trabajan más horas de las estipuladas en el convenio y cuando se trabaja a destajo.

Primer punto aclaratorio: nosotras trabajamos por horas, no por número de habitaciones realizadas, pero nos obligan, bajo la amenaza del despido, a terminar el control de habitaciones impuesto arbitrariamente, y a no marcharnos hasta finalizarlas, sin que se nos abone ese tiempo, regalando miles de horas extras a la empresa.

La sobrecarga laboral establecida en estos controles diarios de trabajo es tan grande que nos vemos forzadas a automedicarnos, a trabajar drogadas, para poder soportar el dolor y mantener el mismo ritmo frenético durante toda la jornada.

Bajo el paradigma de la flexibilidad, el de contratos parciales y eventuales, se esconden grandes fuentes de pobreza. Estas contrataciones atípicas y fraudulentas que sufrimos son la base de nuestra precariedad laboral, significando esta la ausencia de seguridad en lo que se refiere al contrato laboral, es decir, no saber si mañana iré o no a trabajar.

El problema de la precariedad no es solamente económico, es político. Esta realidad no solo es por causa de la globalización: somos las perdedoras de la lucha política, del poder del capital frente al trabajo. La precariedad conlleva la ausencia de derechos laborales y sociales porque esta contratación elimina las normas, debido a muchas razones, pero uno de los motivos principales es el desconocimiento, pues la mayoría de las trabajadoras precarias desconocen los convenios regionales y la normativa sobre riesgos laborales.

La feminización sistemática de la pobreza no debería provocarnos, además, graves problemas de salud. Somos mujeres jóvenes con una salud muy comprometida. A los 3 años empezamos a padecer algún trastorno musculoesquelético, a los 15 años está demostrado que tenemos graves lesiones dorsolumbares: crónicas, incurables e incapacitantes. Es una evidencia que sufrimos el mayor índice de incapacidades temporales y totales por lesiones dorsolumbares y trastornos musculoesqueléticos del sector de la hostelería. Todas estas bajas médicas las soporta la Seguridad Social, cuando son claras dolencias derivadas del trabajo, que deberían ser atendidas por las Mutuas de las empresas. Tenemos reconocidas algunas enfermedades profesionales (hombro, brazo, muñeca y dedos) pero no se han tomado siquiera la molestia de incluirlas en el R.D 1299/2006 del 10 de noviembre, el cual regula las enfermedades profesionales. Cuando acudimos a la Mutua con dolencias dorsolumbares ni siquiera nos atienden, nos envían al médico de cabecera, y es así como avanzamos en un largo periplo hasta los tribunales médicos, siempre con cargo a la Seguridad Social. Que no tengan en cuenta los niveles de lesiones laborales es un dato más de la precariedad laboral que soportamos.

Si no se hace prevención en camareras sanas no se solucionará este problema. La mayor parte de las enfermedades profesionales se podrían evitar modificando los procesos productivos. Los efectos de la excesiva carga de trabajo que nos obliga a trabajar a un ritmo lacerante, no son solo físicos, emocionalmente nos destroza, porque al obligarnos a callar bajo la amenaza del despido no solo nos quiebran las vértebras, también el alma.

La ausencia de reacción ante este sufrimiento es anclarse en la ceguera moral.

La destrucción de la vida de un extraño sin la menor duda de que cumples con tu deber y de que eres una persona moral, es maldad.

Cuando un hotel se rinde o se entrega completamente a esa maldad; cuando solo teme quedar rezagado respecto a sus competidores; cuando ni por un momento duda de que las personas no son más que unidades estadísticas; cuando la excusa es «nada personal, solo negocios», ha perdido toda sensibilidad moral.

En España hay unas 200 000 camareras de piso trabajando a contrarreloj y constituimos del 30% al 40% de la plantilla. Cambiar la organización de nuestro trabajo radicalmente, como algunos proponen, es no tener conocimiento de a quién nos enfrentamos, pues tras los requerimientos que la Inspección de Trabajo realiza aparece un nuevo mercantilismo vestido de piel cordero, los llamados programas de asignación de habitaciones por puntos y, bajo el manto de nuestra nuestra salud, lo que hacen es optimizar nuestro trabajo, pero no disminuyéndolo, sino poniéndonos al límite todos los días. Son comerciales, vendedores, que sin los conocimientos necesarios intervienen en la organización del trabajo sin contar con ningún profesional de la salud ni de la seguridad.

La solución es muy sencilla. Ninguna camarera debe realizar más de 15 habitaciones y nunca sobrepasar las 12 si fuesen todas de salida (habitaciones estándar: 25 m², 2 personas). Con esta medida se acabaría con la carga excesiva de trabajo y con las altas tasas de lesiones laborales. La disculpa empresarial es que ningún organismo ha reglamentado nada al respecto, como es el número máximo de habitaciones o metros a limpiar. La media de habitaciones que hacemos es de 18 en ciudad y 24 en la costa, una auténtica barbaridad.

Este trabajo excesivo está siendo permitido bajo el más absoluto cinismo, siendo todos los actores conocedores de esta situación. No queremos más hipocresía de los grupos políticos ni de los sindicatos que se unen a los intereses de empresarios y patronales del sector.

Otro grave problema de explotación laboral y causante de la feminización de la pobreza es la externalización del departamento de piso, siendo más real lo que nosotras calificamos como «cesión ilegal de trabajadoras». La externalización impide que las camareras puedan pertenecer a los comités de empresa de los hoteles y con ello a la defensa de sus derechos laborales; difumina las responsabilidades contractuales pues estas empresas multiservicios se rigen por convenios internos muy por debajo de lo que marca el convenio de hostelería, e impide que el Ministerio de Trabajo logre acotarlas y controlarlas, pues aparecen como limpiadoras y no como camareras de piso.

La externalización impone una mayor carga de trabajo con un coste económico aún más bajo.

Así que de manera clara y rotunda se puede afirmar que sufrimos condiciones laborales muy precarias en una industria que bate récords en beneficios, cuyo nivel de endeudamiento no es preocupante y las cuales siguen manteniendo un fuerte músculo financiero. Esos grandes beneficios que generan están basados en el miedo que infligen y es la explotación de mano de obra barata y femenina la que maximiza sus ganancias. Esto ocurre a nivel internacional, es una pandemia oculta.

La brecha salarial es tan desproporcionada que a una camarera de pisos en Tailandia le llevaría 14 años ganar lo que en un solo día obtiene el director general de la cadena, según afirma Oxfam Intermón.

En España, por cada 100 € que el hotel gasta en una camarera, le aportamos como mínimo 1 478€. Multipliquen por 200 000 camareras al día solo en España.

No es de extrañar que incluso en esta pandemia no dejen de construir nuevos hoteles y de invertir en nuevos establecimientos. Con el mismo ahínco que construyen se esfuerzan por hundir nuestras condiciones laborales. Cuánta avaricia, ambición y mezquindad.

Desde la asociación Kellys Unión Sevilla promovemos que las mujeres se sindicalicen y se presenten a las listas de elecciones sindicales, para que luchen desde los comités de sus empresas y sean ellas mismas las que ganen sus propias batallas. Formarlas y capacitarlas para que ejerzan con dominio ese cometido es uno de nuestros objetivos porque resistir a la dirección de la empresa y al clima de miedo que imponen no es sencillo, pero los peligros de permanecer inmóviles son mayores que el miedo.

Trabajamos para que los políticos, empresas y la ciudadanía de a pie de-
sempeñen un papel importante para poner fin a la explotación laboral de muchas mujeres y se nieguen a pagar un hospedaje en hoteles donde la calidad laboral no se cumpla.

Reivindicamos que se reconozca el ámbito de las camareras como «insalubre» en términos laborales, que se incluya el concepto de penosidad y que se ajusten los años de cotización para una jubilación anticipada en cooperación con otras asociaciones de camareras, conformando la Plataforma Estatal de Camareras de Piso, para alcanzar los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, responsables de ejecutar las leyes y cambiar nuestras condiciones laborales.

Todos estos trabajos precarios tienen un denominador común: la invisibilidad. Realizamos nuestro trabajo cuando nadie nos ve y esa falta de público nos destierra al olvido y a la cosificación, porque nadie recuerda nuestros nombres, ni nuestros rostros, convirtiéndonos en simples herramientas, en mujeres carentes de alma, que ni sienten ni padecen. Es necesario poner límites al capitalismo haciendo visible nuestra situación por lo que también trabajamos con otros colectivos feminizados para poner en valor nuestra labor y sacar a la luz las condiciones precarias a las que nos enfrentamos por ser mujeres pobres o en minoría.

| la cuenta de la vieja

No vale el mail de medianoche

Apuntes sobre la nueva normativa de teletrabajo

Entre el amplio abanico de conversaciones recurrentes en esta era de la covid que vivimos, tales como filtros de mascarillas, que si el virus y el 5G son un plan magistral de los chinos para acabar con la humanidad, o si la gente joven y el botellón han sido los responsables de las guerras mundiales y el hambre en el mundo, hay un debate que surge con cierta frecuencia: teletrabajo sí o teletrabajo no.

Desde que el decreto ley 8/2020 estableciese el trabajo a distancia como modalidad laboral preferente, las opiniones sobre el mismo han sido variopintas. Así, la fantasía que para muchas parecía el trabajar desde la comodidad de casa, sin pasarse el peine ni sufrir trayectos interminables en el transporte público, chocó rápidamente con una realidad diametralmente distinta. Los límites de la jornada se difuminaban y la misma se extendía hasta el infinito, al amparo del discurso de «total, estás en casa, ¿qué te cuesta echarle un vistazo a ese último mail que te he enviado a las 23:30?», y se entendía que con el mero hecho de trabajar desde casa se ejercitaba el derecho a conciliar. Esto, unido a la utilización de materiales y medios pagados con el dinero de la propia persona trabajadora y la prevención de riesgos laborales desaparecida, han dejado a las trabajadoras desprovistas de todos los derechos que con años de lucha se habían conquistado y, aislados unas de otras, sin posibilidad de combatirlo.

Con ánimo de evitar los problemas generados estos meses, se ha aprobado recientemente la primera norma que ha regulado esta modalidad en España, el real decreto ley 28/2020 de trabajo a distancia. Se aplica a toda aquella que trabaje, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo. Aunque en realidad hay un poco de trampa: el Gobierno restringe algo más la aplicación de la nueva ley, estableciendo que esta no se aplica a las trabajadoras que ya hubiesen empezado a trabajar a distancia a raíz de lo establecido por el RDL 8/2020 (que se siguen rigiendo por la normativa ordinaria). Y, ojo: las menores de 18 años, o aquellas con contratos de prácticas o formación, no pueden trabajar a distancia más del 50% de la jornada.

El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora. No puede obligarte la empresa ni tampoco puedes exigirlo tú a la empresa. Además, la decisión de trabajar a distancia será siempre reversible. Importante: negarte a trabajar a distancia, pedir volver a la modalidad del trabajo presencial y el hecho de que se den dificultades para desarrollar la actividad laboral a distancia no pueden ser causas justificativas de despido ni de modificación de las condiciones de trabajo. No vale lo de «como no quieres trabajar a distancia, te reduzco el contrato a la mitad de horas».

El acuerdo siempre debe formalizarse por escrito y entregarse en un máximo de diez días a la representación legal de las trabajadoras y hay que enviar copia a la oficina de empleo. Este debe contener: horario de trabajo y distribución (estableciendo el porcentaje que se desarrollará de forma presencial y a distancia); inventario de medios y herramientas; listado de los gastos en los que incurre el personal laboral y forma de compensación; lugar de trabajo elegido y centro de trabajo adscrito; medios de control empresarial; protocolos en caso de fallos técnicos; instrucciones en protección de datos y seguridad de la información; duración del acuerdo y preaviso requerido para ejercitar el derecho de reversibilidad.

Tienes los mismos derechos que las personas que presten servicio presencialmente (excepto los que sean inherentes a una u otra forma de trabajar): a la conciliación familiar y personal; a recibir la misma formación (y específica en materia de teletrabajo) e información sobre promoción personal; misma retribución; registro horario adecuado y horario flexible; dotación suficiente de medios para el trabajo a distancia y su mantenimiento; abono y compensación de gastos sufragados por la trabajadora; aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, a la intimidad y a la desconexión digital (no vale el mail de medianoche); a ejercitar los derechos de naturaleza colectiva con el mismo contenido y alcance que las trabajadoras presenciales; etc.

Este decreto pretende igualar la situación de las trabajadoras a distancia con la de las presenciales y evitar que esta nueva modalidad se imponga unilateralmente por la empresa. Al margen de la inconcreción que le achacan algunas, y de la sensación (al menos para mí) de que para reconocer la mayoría de derechos que la norma prevé bastaba con aplicar el Estatuto de los Trabajadores, veo dos problemas: como tantos otros derechos laborales, la voluntariedad del acuerdo y la exigibilidad de estos derechos se convierte en papel mojado en la realidad laboral del Estado español. Con la introducción del despido libre en la reforma de 2012, la contratación temporal fraudulenta masiva que existe y la falta de inspecciones y sanciones a las empresas que incumplen la normativa laboral, las trabajadoras quedan completamente desprotegidas. Negarse al trabajo a distancia o exigir un registro horario cuando te quedan tres meses de contrato y dependes de «lo bien que te portes», o cuando el despido improcedente es ridículamente barato para la empresa, es poco más que una ilusión.

Por otra parte, estamos aún por experimentar hasta qué punto esta nueva modalidad de trabajo puede suponer el aislamiento de unas trabajadoras y otras que, además de las consecuencias psicológicas, hace casi imposible que se forjen las relaciones para enfrentar colectivamente los abusos patronales. Los derechos colectivos son mucho más que un tablón virtual para convocar elecciones sindicales. La integrante de una sección sindical o la delegada que se sienta con sus compañeras a explicarles por qué las condiciones que quieren imponerles son injustas, que pelea los despidos o que anima a las demás a ir a la huelga, difícilmente podrá ejercitar ese papel, o siquiera llegar a existir, cuando todo centro de trabajo sea su propia casa y las compañeras no sean más que nombres desconocidos en la lista de una plataforma virtual.

Por ello, sin ánimo de negar neuróticamente los cambios que la tecnología introducirá inevitablemente en nuestras vidas, no podemos dejar de enfrentarnos a un modelo de vida y de trabajo en el que se pretenden cortar todos los lazos que nos unen a otras personas, y que son nuestro único salvavidas contra el salvajismo del liberalismo y la destrucción total que nos impone el capital.

nº43 | la cuenta de la vieja

El jefe del recadero no es el algoritmo

Sentencia a Glovo

Eso dice el Tribunal Supremo. En su sentencia del 29 de septiembre, confirma que Glovo es el empresario y los recaderos a su servicio, sus empleados. Parece un esquema muy sencillo, pero conseguir esta victoria no ha sido tarea fácil. Veamos por qué.

La multinacional Glovo estudió a fondo la legislación laboral e implementó un modelo de trabajo caracterizado por lo siguiente: el trabajador decidía el momento de inicio y finalización de su jornada, así como la actividad que realizaba durante la misma, seleccionando los pedidos que quería realizar y rechazando los que no quería. Los medios (móvil y bici) eran de cada repartidor que facturaba sus servicios quincenalmente. Régimen de autónomos y nueva realidad productiva. Es el siglo XXI, ¡oiga!

El asunto ha sido muy controvertido y se han sucedido sentencias dispares hasta que el Supremo ha unificado la jurisprudencia (la ha casado, que se dice en la jerga judicial). Hasta aquí todo eran incertidumbres judiciales y un camino trufado de sorpresas que no auguraban un resultado tan exitoso para los más necesitados de protección jurisdiccional.

Por un lado, entre los investidos con toga, había quienes consideraban que eran proyectos empresariales autónomos y vinculados por un contrato mercantil. Quedaban unidos por intereses comerciales basados en las decisiones telemáticas del algoritmo, que atendiendo al análisis coste-beneficio buscaba la mejor combinación pedido-repartidor. Glovo era una empresa tecnológica cuyos estatutos recogen la«explotación de aplicaciones informáticas de servicios de recadero», y los riders prestaban servicios profesionales para la realización de recados, pedidos o microtareas siempre como autónomos. Entra en juego la principal idea-fuerza de la Unión Europea en el ámbito laboral: la denominada «flexiseguridad».

Así, fijaban la existencia de los rasgos propios de la libertad de empresa:

· libertad de elección de la franja horaria en la que desea trabajar, decidiendo hora de inicio y de fin de la actividad

· libertad de marcarse como no disponible

· libertad de aceptar o no pedidos (slots)

· libertad de rechazar los pedidos incluso ya aceptados y con sus ejecución comenzada

· libertad de seleccionar las rutas

· libertad de elegir vehículo

· libertad de fijación de condiciones de entrega con el cliente final

· libertad para compatibilizar tareas con otros operadores

Y por otro lado, de los también togados, estaban quienes mantenían que no concurría en los repartidores el binomio riesgo-lucro especial que caracteriza a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones. Que aunque pedaleaban, no eran tan emprendedores, vaya. Destacaban de entre otros factores los siguientes:

· estaban geolocalizados

· los servicios se identifican realizados por Glovo (quien los concierta)

· Glovo establece las tarifas y demás condiciones con la clientela

· media una remuneración periódica

· no asumen ningún riesgo empresarial, sino el propio de la actividad de mero reparto

· la inversión en bienes de capital es inexistente, pues es Glovo quien aporta la inversión esencial para la actividad

Existían sentencias contradictorias, pronunciamientos judiciales variopintos en países de nuestro entorno y posiciones doctrinales enfrentadas. Ni siquiera las actas de la Inspección de Trabajo habían servido para aclarar la cuestión. Ajenidad en los
frutos, dependencia, subordinación o el círculo rector del empleador. La relectura de las instituciones jurídico-laborales requería una reformulación que las adaptase a la nueva realidad productiva. Y a partir de ahí, resolver el supuesto, estratégicamente planteado por la multinacional de las plataformas y sus más avispados equipos de abogados.

Así las cosas, ha hecho falta que el Alto Tribunal dijera que:

(…) En la sociedad postindustrial la nota de dependencia se ha flexibilizado. Las innovaciones tecnológicas han propiciado la instauración de sistemas de control digitalizados de la prestación de servicios. La existencia de una nueva realidad productiva obliga a adaptar las notas de dependencia y ajenidad a la realidad social del tiempo en que deben aplicarse las normas.

En definitiva, esto es el capitalismo de vigilancia en palabras del Tribunal Supremo.

Se reconoce expresamente que la autodenominada «empresa emergente» Glovo ejerce una «influencia decisiva sobre las condiciones de las prestaciones efectuadas». Los repartidores asisten al lugar de trabajo que le indica su patrón, desempeñan personalmente su trabajo, prestan servicios que están programados por la empresa (el famoso algoritmo) y carecen de un proyecto empresarial propio. Se da cuenta el Supremo de que en realidad eran emperdedores y que ahí no cabía éxito empresarial alguno. Aunque los pintaran de patronos, dueños o industriales, eran curritos: recaderos, para más señas, y por mucho que los llamen glovers no dejarán de serlo. El Supremo también se refiere a esto y dice: «La realidad fáctica debe prevalecer sobre el nomen iuris».

Pero se trata de una batalla y aún queda mucha guerra. La denominada «ley rider» que prepara el Gobierno ha sido fruto de importantes retrasos, motivados por las presiones de Calviño. Y ahora está claro que si llega, lo hará tarde. Más aún que los pronunciamientos judiciales, que son de todo menos apresurados.

Que se excluya a los proyectos de plataforma del Estatuto de los Trabajadores puede ser un grave error. Y que se legisle sin haber derogado la reforma laboral puede ser otro. El sindicalismo alternativo, muy presente desde los albores en el conflicto de los riders, ya advierte sobre ello. Aceptar que se trata de relaciones laborales especiales y no comunes supondría legitimar el fraude masivo a la Seguridad Social y a los derechos de los trabajadores.

La retórica de la innovación, las tecnologías y la flexibilidad no pueden servir para acentuar la precariedad. Sin embargo, con el paso del tiempo observamos cómo esta ha mutado en«flexiprecariedad». Es una forma del esclavismo más actual, donde los latigazos se dan desde las apps y duelen igual que siempre.

nº42 | la cuenta de la vieja

Torres de especulación en Santa Justa

El nuevo proyecto de reurbanización del entorno de la estación culmina el proyecto de urbanismo neoliberal iniciado con motivo de la Expo 92, sin ninguna sensibilidad social y ambiental

«Hemos vuelto a ver las grúas en la ciudad, a recuperar las expectativas en el sector de la construcción y hemos pasado de proyectos constructivos de 120 viviendas en 2016 a 1 080 en 2017», se jactaba Juan Espadas, alcalde de Sevilla, a inicios de 2018 y horas antes de mantener una reunión con la Mesa de Construcción de Sevilla, compuesta por muchos de los grandes grupos de presión locales y regionales del ladrillo. La cita da cuenta de la visión de la economía urbana que tiene la clase política en este país desde hace medio siglo, una apuesta continua a la construcción y a la ruleta del ciclo inmobiliario-financiero. En este contexto, en el que el modelo basado en el binomio turismo-ladrillo vuelve a derrumbarse, nada ha cambiado.

Desde 2016 llevan preparándose los trámites administrativos y burocráticos en el Ayuntamiento de Sevilla y en la Junta de Andalucía para que Santa Justa vuelva a ver grúas. Así, en los próximos años albergara una nueva torre de hasta 21 plantas de uso terciario (una nueva Torre Pelli, algo más pequeña), un intercambiador de transporte que acabe conectando el aeropuerto, la estación de tren y el centro de la ciudad y entre 500 y 600 nuevas viviendas. Todo ello sin dedicar ni un solo metro para dotaciones, equipamientos públicos o para el desarrollo de un nuevo pulmón verde, ignorando en este sentido los déficits de los barrios circundantes, polígono de San Pablo y barrios de Santa Justa (San José Obrero, Tartessos, San Carlos, etcétera). Un proyecto con el que se ponen en juego buena parte de los solares que quedaron en el entorno de la estación, tras su inauguración para la celebración de la Expo 92 y que es un ejemplo de urbanismo especulativo y sin ninguna sensibilidad social o ambiental.

Urbanismo neoliberal

Algunos de los aspectos más característicos del urbanismo neoliberal desde la década de 1980 son el urbanismo por proyectos y el place making. En lugar de trabajar con la provisión de infraestructuras y equipamientos, para corregir los desequilibrios estructurales de una ciudad, se sobreinvierte en los sectores con mayores potencialidades de hacer competitiva la urbe, atrayendo inversiones y visitantes. Estos son en gran medida procesos de creación de centralidad, en los que la concentración de inversiones en un punto implica generalmente infraestructuras y nuevas construcciones, pero también una creación de marcas de lugar que transforma la percepción del espacio, revalorizándolo de cara a usuarios e inversores.

Este tipo de inversión simbólica suele ser más evidente en el caso de los monumentos o de los sectores patrimoniales, pero forma parte de cualquier operación de este tipo. Los grandes nodos de intercambio de transporte son, hoy en día, una de las principales oportunidades en cuanto a creación de nueva centralidad, dada su creciente relevancia y presencia en las grandes ciudades, donde la combinación de distintos tipos de transporte público y privado es fundamental para el funcionamiento cotidiano. La irrupción de la reforma del entorno de Santa Justa como el gran proyecto de la presente legislatura da buena cuenta de esto.

Políticamente, se presupone que esta sobreinversión de determinados lugares permite una serie de efectos sobre sectores más amplios o incluso sobre el conjunto de la ciudad. Hay aquí algo del «efecto derrame», clásico de la economía política liberal. El éxito económico tiene efectos positivos (teóricamente) sobre sectores más amplios, al aportar puestos de trabajo, atraer visitantes, ofrecer infraestructuras de alto rango, etcétera.

Al margen de esto, la creación de una nueva centralidad supone alterar el conjunto de la geografía social y simbólica de la ciudad. El espacio urbano se estructura en torno a la centralidad, que no solo supone el acceso a servicios, sino que otorga sentido al conjunto de la urbe, crea una dinámica de centro y periferias, y se encuentra en el origen de fenómenos tan propios de la economía urbana como la segregación socioespacial y la especulación con el suelo urbano. La creación de nuevas centralidades se ha usado en ocasiones de manera progresista, para atenuar los desequilibrios de la ciudad, en zonas periféricas, deprimidas y desconectadas. En otras ocasiones se usa con un enfoque puramente economicista, para potenciar o ampliar centralidades emergentes, atractivas para la inversión de capital en un entorno ya construido; en este caso, el nuevo centro de la ciudad que viene consolidándose desde hace décadas entre Santa Justa, San Bernardo y Nervión.

El suelo define su valor en torno a los centros, así es percibido por los agentes económicos, desde los hogares a las constructoras, con lo que este tipo de operaciones tienen el efecto de revalorizar el espacio. La revalorización de ciertos sectores es un proceso que permite la especulación inmobiliaria en las zonas consolidadas de la ciudad. Renfe-Adif lleva especulando con los terrenos en torno a Santa Justa desde que se planteó por primera vez (probablemente en los años sesenta) que la estación central de pasajeros de la ciudad iba a ubicarse en esta zona. Desde que empezó a reurbanizarse el sector, a principios de los noventa del siglo XX, están recogiendo los beneficios y seguirá haciéndolo en el futuro, ya que incluso después de que se ejecute la reforma de Santa Justa seguirá habiendo terrenos de engorde en este entorno. De esta manera podríamos decir que la operación de Santa Justa es una gran operación especulativa destinada a ejecutarse a lo largo de más de medio siglo.

Se trata además de un gigantesco proceso de privatización de suelos públicos. El Prado de Santa Justa era una bolsa de suelos de propiedad municipal, similar a otros que darían lugar a espacios verdes como los del Prado de San Sebastián. La construcción del ferrocarril en su momento supuso una cesión masiva de patrimonio a la futura empresa de transporte. El éxito de la reestructuración del tejido viario y ferroviario en torno a la Expo 92 dependía de la colaboración de Renfe, con lo que esta pudo exigir que gran parte de los suelos liberados por el soterramiento entre Santa Justa y San Bernardo, en lugar de ser dedicados a un pulmón verde de la ciudad, se dedicase a la construcción de viviendas en régimen libre, con elevada edificabilidad para el tipo de ciudad que es Sevilla. Resultado de esto son los bloques en manzana cerrada dirigidos a rentas altas que cubren este corredor a lo largo de la avenida de la Buhaira.

El saqueo de los suelos municipales ha venido siendo denunciado desde hace décadas por el geógrafo y funcionario de la Gerencia de Urbanismo Antonio Martín. Gracias a sus investigaciones se logró que el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla (con la unanimidad del mismo: PSOE, PP, C’s, Participa e IU) reclamara el 27 de noviembre de 2015 al Estado, a la Junta, a Renfe y a Adif una compensación a la ciudad de 443 millones por el indebido uso patrimonial de 359 989 metros cuadrados de suelo vinculado a la transformación de la red ferroviaria en Sevilla antes de la Expo 92. Sin embargo, el mismo Gobierno de Espadas ha fraguado de forma paralela la nueva operación de reforma, que continuará la usurpación del patrimonio municipal. Todos estos suelos son de propiedad pública. Parte, propiedad de Adif, fruto de la cesión de suelos municipales hecha hace más de un siglo, y la otra son patrimonios del Ayuntamiento de Sevilla, que prevé ingresar nueve millones de euros según el Plan Extraordinario de Inversiones Públicas 2020-2023. En total salen a la venta unos 120 000 metros cuadrados, calificados por el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo urbano no consolidado.

Ni sostenible, ni habitable

Uno de los elementos más sorprendentes y denunciables del nuevo plan de Santa Justa es la ausencia en estos 120 000 metros cuadrados de un solo metro para equipamientos educativos, deportivos o de interés público y social. Esto a pesar de que la reivindicación de dotaciones ha sido una constante de los barrios de San Pablo y Santa Justa, con un déficit crónico de servicios públicos, especialmente en el segundo, ignorado por las sucesivas administraciones. A su vez, las casi 600 nuevas viviendas que se van a construir van a sobrecargar las dotaciones y espacios públicos existentes, mientras que la ciudad cuenta con 22 984 viviendas vacías, según reconocía Emvisesa en 2018.

Los elementos centrales del proyecto, el intercambiador de transporte y la torre dedicada a usos comerciales, supondrán además un incremento notable del tráfico rodado en la zona y demanda de aparcamiento, que actuará en perjuicio de los vecinos de la zona y perjudicará al pequeño tejido comercial del sector. Además, esta reurbanización supone una pieza necesaria para poder culminar la ampliación del tranvía, que en los próximos años prevé llegar desde la estación de San Bernardo hasta la propia estación de Santa Justa. Un servicio público que tendrá un alto coste para las arcas municipales, unos 48 millones de euros según el propio Ayuntamiento, pero que no ofrecerá ningún servicio demandado por la ciudadanía, ya que el trayecto está actualmente cubierto tanto por las líneas C1 y C2 de Tussam, así como por el tren de Cercanías.

La ausencia total de sensibilidad social y ambiental del proyecto contrasta con la mercadotecnia verde que la alcaldía se esfuerza por vender la ciudad. Durante la presentación de la reurbanización de Santa Justa, el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, lo calificaba de «modelo urbanístico sostenible y habitable». El discurso ambientalista ha resultado ser el complemento perfecto del urbanismo neoliberal. Y por ello Espadas no duda en presumir de ser el presidente de la Red de Ciudades por el Clima de España de la Federación Española de Municipios y Provincias, pretende que la ciudad logre la Capitalidad Verde Europea y en 2019 se conformó como el primer gran municipio español que declaraba la Emergencia Climática.

Con la reurbanización de Santa Justa y con la crisis sanitaria del coronavirus, el consistorio tenía una magnífica oportunidad para abrirse a explorar otro modelo de ciudad y de economía. «La urgencia de abrir nuevos espacios organizados colectivamente desde lógicas diferentes a las del lucro, el crecimiento y la acumulación de capital que hoy nos inundan, apostando por una economía más sostenible, justa y solidaria», como reclamaban en el manifiesto Por una economía ecológica en la Andalucía Post-Covid 19 un grupo de profesores y profesoras de las universidades andaluzas. Sin embargo, sigue profundizando en la economía del ladrillo y la especulación, apuntalada por un monocultivo turístico que cada vez parece más lejos de poder garantizar ningún tipo de prosperidad a la ciudad.

Frente a esto, diferentes colectivos vecinales y sociales de los barrios Santa Justa y San Pablo manifestaban a finales de julio su oposición al actual proceso de reurbanización. Bajo el lema «Por una reforma social y equitativa del entorno de la Estación de Santa Justa» las asociaciones reivindicaron otro proyecto que promocione los intereses medioambientales y del vecindario frente al nuevo pelotazo urbanístico. Estas asociaciones denuncian «la escasez y pobreza de espacios públicos y dotaciones, así como su deficiente distribución en el distrito San Pablo Santa Justa» y «la necesidad de aumentar el número de zonas verdes y que esta zona se convierta en un nuevo pulmón verde». Las críticas vecinales no solo vienen por el fondo de las actuaciones previstas, sino por las formas con las que se han llevado a cabo, sin ningún tipo de participación vecinal, ni de transparencia. Por eso, reclaman que se abra un verdadero proceso participativo y se escuche la opinión de los colectivos y vecinos de los barrios circundantes «ante un proyecto que resulta determinante para las condiciones de habitabilidad del entorno».

Si bien las crisis son oportunidades para replantearse ciertos consensos y tomar nuevas direcciones, estas no aparecen solas. Los acuerdos en torno a la beneficencia de una economía urbana basada en el ladrillo y en el turismo, con el levantamiento de grandes y costosas infraestructuras de transporte como piedra angular, son muy fuertes y muy antiguos en la actualidad. Ante la evidencia del derrumbe periódico de un modelo especulativo y extremadamente vulnerable a las crisis internacionales, la clase política se empeña en apostar a una recuperación económica sobre las mismas bases que generaron el problema. En este momento, la crítica y la denuncia desde los colectivos de base es fundamental para cambiar los planteamientos de la administración pública y de la población de Sevilla.

nº41 | la cuenta de la vieja

«Es la Economía, estúpido»

Esta fue la frase que según parece le dio una inesperada victoria a Bill Clinton en las elecciones de 1992, cuando todas las predicciones apuntaban a una reelección de Bush padre, cuya popularidad rondaba el 90%, gracias a sus éxitos en materia de política exterior con el fin de la Guerra Fría y la guerra del Golfo. El enfoque estratégico de la campaña de Clinton se centró en cuestiones más relacionadas con la vida cotidiana de la ciudadanía y sus necesidades más inmediatas, a partir de tres frases que colgaron de carteles por todas las oficinas centrales: Cambio vs más de lo mismo, La economía, estúpido y No olvidar el sistema de salud.

Parece casi una premonición la conjugación de estos lemas y su aplicación al momento actual, donde una pandemia sanitaria parece haber hecho saltar por los aires el mundo tal y como lo conocemos, recordándonos, porque parece que lo habíamos olvidado, que los cuidados son esenciales para la vida y que, para preservarla, se precisa, entre otras cosas, de un sistema de salud capaz y, por supuesto, 100% público, universal y gratuito, como nos vienen demandando y recordando las múltiples campañas que los movimientos sociales y la sociedad están lanzando estas semanas en su defensa. #YoPintoUnCorazónVerde…

Esta pandemia sanitaria y la crisis desencadenada han vuelto a evidenciar la necesidad de un cambio radical de modelo civilizatorio, ante lo que de algún modo no es una situación excepcional sino un nuevo coletazo de muerte de un sistema que hace aguas desde hace años. Así, vuelve a ponerse en el debate mediático y social la disyuntiva en que nos encontramos, invitándonos, como ocurrió en 2008 (esperemos que ahora con más tino y mejor fortuna), a leer la crisis en términos de oportunidad de cambio frente a más de lo mismo, para no retomar una normalidad a donde muchas no queremos volver, porque el ecocidio y los niveles de injusticia social a los que hemos llegado no tienen nada de normal, de natural, de lógico.

¿Cómo revertir, pues, este colapso sistémico en un proceso de transición ecosocial que nos salve de nuestra propia destrucción? No es una respuesta sencilla o no nos encontraríamos en estas, ni creo que pueda ser abordada desde un único frente sin duda, pero que la economía tiene un papel central como herramienta de cambio dentro de un sistema que idolatra el dinero, que ha mercantilizado la vida hasta el último extremo y que precisa a toda costa de un crecimiento continuo basado en un insostenible e injusto modelo de producción y consumismo, debería ser una obviedad.

Reconceptualicemos y recuperaremos la Economía

Por desgracia, incluso los movimientos y sectores más de izquierdas, más o menos concienciados con la necesidad de este cambio de paradigma, no siempre tienen esto tan claro. Un claro ejemplo que busca solamente ilustrar esto, sin atisbo alguno de crítica moralizante sería el siguiente: ¿cuántas de nosotres no nos hemos ido al bar a tomar algo una vez terminada una huelga general, tras haber concluido la pertinente jornada de piquetes matutinos? ¡Con el consumo hemos topado! Otro ejemplo: la barra de la fiesta del colectivo tal o cual donde es imposible colar la propuesta de no vender la cerveza de turno de la ciudad y sustituirla por otra artesana, local y de gestión cooperativa y no multinacional.

Son muchos los ejemplos que podríamos citar y que, como decíamos, no pretenden poner el dedo en la llaga de la incoherencia de los movimientos, porque tenerlas las tenemos todes y no interesa demasiado mirar la mota en el ojo propio sino más bien la viga en el ajeno. Se trata de entender la economía como un campo de acción política, probablemente como el campo de acción política a disputar en estos momentos. Estos ejemplos lo que nos muestran es que no hemos conseguido hacer entender el sentido primigenio del Oiko-nomos, gestión del hogar, entendida la sociedad como la casa común, cuyas necesidades atender de manera justa y sostenible. Del mismo modo que en el 15M conseguimos romper con el imaginario que nos decía que la política era eso que hacían tan solo políticos a sueldo con representación parlamentaria, y recuperarla como algo del común, deberíamos apropiarnos de la economía y reconceptualizarla para que alumbre nuevos y mejores tiempos.

En este camino que podemos emprender, que debemos emprender, no partimos de cero ni estamos solas. Al igual que los feminismos nos han ayudado a entender la importancia del cuidado y la necesidad de enmarcarnos en el paradigma de la sostenibilidad de la vida; del mismo modo que el ecologismo social y el movimiento por la justicia climática nos confrontan con los límites planetarios y nos interpelan a reconectarnos con el ecosistema del que venimos y somos parte, el movimiento de la economía solidaria lleva, junto a otras corrientes de economía crítica o economías transformadoras, décadas apuntando las fallas del capitalismo y ofreciendo y generando alternativas económicas en el plano teórico y práctico.

¿Economía solidaria? Sí se puede

Pero ¿qué es eso de «economía solidaria»? Aún recuerdo la perplejidad del director de un máster de Economía Social al oír hablar de banca ética, por considerarlo un oxímoron. Hasta este punto está colonizada nuestra visión del mundo, cuando la intermediación financiera, práctica que debería enmarcarse bajo el apoyo mutuo que garantiza el derecho al crédito y como herramienta de solidaridad social y comunitaria, se ve normal que no se rija por la ética. Esta anécdota tiene sus porqués y justificaciones, porque aquel curso era un chanchullo politiquero que se impartía en una universidad pública de esta ciudad y donde, salvando dignas excepciones, no se creía en otra economía más que en la de llenarse el propio bolsillo, el de la familia y los amiguetes, un caso que bien merecería un artículo propio, pero que será mejor dejar para otras y no alejarnos de nuestro camino, el que nos muestra la economía solidaria.

Para saber lo que es y propone la economía solidaria es interesante acudir a sus Carta de Principios (economiasolidaria.org/carta-de-principios), espina dorsal del movimiento, que basa en los siguientes valores y formas de entender el mundo y las relaciones económicas:

Equidad, introduciendo un principio ético o de justicia en la igualdad, reconociendo a todas las personas como sujetos de igual dignidad sea cual sea su condición social, género, edad, etnia, origen, capacidad, etc.

Trabajo, queriendo recuperar la dimensión humana, social, política, económica y cultural de este para el desarrollo de las capacidades de las personas y la satisfacción de sus verdaderas necesidades, como algo que va más allá del empleo y reconociendo la aportación del trabajo de cuidados a las personas, fundamentalmente realizado por las mujeres y sin los que nuestra sociedad no podría sostenerse.

Sostenibilidad ambiental, considerando que nuestra actividad productiva está relacionada con la naturaleza y de ahí el reconocimiento de sus derechos como punto de partida; buscando reducir significativamente la huella ecológica humana y avanzando hacia formas sostenibles desde una ética de la suficiencia y de la austeridad.

Cooperación, pretendiendo construir colectivamente un modelo de sociedad basándonos en el desarrollo local armónico, las relaciones comerciales justas, la igualdad, la confianza, la corresponsabilidad, la transparencia, el respeto…

No lucro, buscando el desarrollo integral, colectivo e individual de las personas, como medio para una gestión eficiente de proyectos económicamente viables, sostenibles e integralmente rentables, cuyos beneficios se reinvierten y redistribuyen.

Compromiso con el entorno, participando en el desarrollo local sostenible y comunitario del territorio, para que experiencias positivas y solidarias concretas puedan generar procesos de transformación de las estructuras generadoras de desigualdad, dominación y exclusión.

Las prácticas por bandera

Pero, como una carta y un papel lo sostienen todo, y estamos tan bombardeadas de mensajes buenistas que defienden un mundo mejor aunque venga del peor de los sujetos (véase cualquier mensaje de RSC, de Cocacola o Bankia o cualquiera de las propuestas del capitalismo verde, que nos invitan a cambiar para que nada cambie al estilo lampedusiano) es recomendable buscar tras los grandes palabros las prácticas que las sustentan y que, en el caso de la economía solidaria, vienen avalados por los procesos de auditoría y balance social, que se realizan anualmente para confrontar los valores de la Carta de Principios con sus prácticas empresariales, como ejercicio de transparencia e itinerario de mejora.

Detrás, pues, de estos preceptos, hay multitud de realidades que ponen en práctica esta filosofía en todas las fases del proceso económico, desde la producción al consumo pasando por la financiación y comercialización. Así, nos encontramos bares que no obligan a realizar jornadas inconciliables con la vida porque son de propiedad cooperativa y, por tanto, las decisiones se toman en asambleas, acordando así jornadas de 35 horas o la posibilidad de amamantar y criar en el lugar de trabajo. O tiendas de comercio justo que, además de vender productos de países del sur donde campesinas y artesanas han cobrado un sueldo justo, realizan labores de asistencia para mejorar las capacidades de productores y productoras y ampliar así sus posibilidades de acceso a mercados. O cooperativas de consumo de diversa índole donde tomar las riendas de la gestión de nuestros insumos básicos, desde la transparencia, democracia y autogestión.

En efecto, en el marco de la economía solidaria se han promovido multitud de iniciativas prácticas; experiencias que están resolviendo las necesidades de una parte significativa de la población de la mano de proyectos de alimentación ecológica, finanzas éticas, energía renovable, comercio justo o consumo responsable, muchas de ellas además articuladas en una red de intercambio y apoyo mutuo que conocemos como mercado social y que integra a centenares de empresas y vincula a miles de personas que buscan en ella desconectarse del capitalismo tanto como sea posible.

Sujeto colectivo para la incidencia política

Si bien no se trata de capitalizar un movimiento que, como tal, desborda cualquier marco en que se quiera constreñir algo que por definición es vivo y diverso, es necesario conformar agentes sociales y políticos aglutinadores con capacidad de incidencia política y social. Este es pues el objetivo de REAS Red de redes, una red confederal de ámbito estatal con 25 años de trayectoria, que está conformada por 19 redes, 15 territoriales y 4 sectoriales, que integran a su vez a un total de más de 800 entidades y una base social de unas 50 000 personas vinculadas de diversa forma.

Este alarde de datos correspondiente a la última memoria anual no pretende sino dibujar la dimensión cuantitativa de una red que tiene como objetivo una triple dimensión: la creación de un marco teórico que supere el capitalismo, la articulación de un movimiento social que lo sustente y la generación de iniciativas prácticas que hagan que otra economía sea posible. Para ello, impulsa herramientas como el citado mercado social, la auditoría o balance social o las propias finanzas éticas. Así mismo, promueve emprendimientos colectivos, conformando empresas social y medioambientalmente responsables; teje alianzas con el ecologismo social o los feminismos, generando nuevos marcos como el que proponen las economías transformadoras, y realiza funciones de incidencia política a nivel institucional, siendo, por ejemplo, parte activa de leyes como la de Ley de Contratos del Sector público.

Si todas estas palabras juntas te han sonado bien y no te han provocado hinchazón en ninguna vena del cuello, sino más bien te han ampliado en algún sentido la concepción que tenías de la economía y te han despertado el interés por conocer más sobre la economía solidaria y sus propuestas, bienvenide, estás en el camino de ser parte del movimiento e, incluso, ¡probablemente ya lo seas sin tener conciencia de ello! Esperamos seguir encontrándonos, dando vida a este movimiento; sintiendo los colores de su comunidad, difundiendo sus propuestas y apoyando sus iniciativas y experiencias prácticas, porque las alternativas solo se convierten en la alternativa cuando son colectivas y multitudinarias y hacemos una apuesta firme por ellas. Y recuerda: «somos economía, amigue».

nº39 | la cuenta de la vieja

De la prostitución comemos todes

Una vez más, las putas alzamos nuestras voces en estas páginas. Como siempre desde nuestros tacones, levantando nuestro paraguas rojo y acompañadas por nuestras pilinguis (aliadas), en este caso por Tamara González, investigadora y activista del Colectivo Prostitutas de Sevilla.

Como ya sabréis, el dicho «más callá que una puta» no caracteriza a este colectivo. Otra vez más volvemos sin pelos en la lengua a contar cómo vivi­mos sin derechos como trabajadoras sexuales ni herramientas para recla­mar los derechos que se nos vulneran como ciudadanas.

Aparentemente, el problema de la prostitución es una cuestión de mo­ral y de vulneración de derechos de las mujeres pero, si miras dos veces el impedimento principal para recono­cer derechos laborales a las prostitu­tas, se convierte en una lucha por los intereses económicos de los empresa­rios del alterne y del Estado, apoyada por el discurso del feminismo aboli­cionista.

El 94% de las mujeres que ofrece servicios sexuales en España lo hace en espacios cerrados, ya sean clubes, pisos o centros de masajes. Las ordenanzas municipales que multan a las mujeres y la imposibilidad de ac­ceso a vivienda sin tener una nómina, explica este alto porcentaje. El trabajo sexual en clubes es muy diverso, pero no deja de ser trabajo por cuenta aje­na en situación de total desprotección legal. Las mujeres que ejercen dentro de clubes no están, por regla general, dadas de alta en la seguridad social, desde que el gobierno de Felipe Gon­zález regulara el alterne, los clubes cambiaron de estrategia y empezaron a funcionar como lugares de hospe­daje cobrando a las mujeres entre 50 y 120 euros por noche. Sin embargo, en la provincia de Sevilla tan solo uno de los clubes tiene licencia para tal actividad. El resto rezan como bares sin cocina, karaokes o salas de fies­ta. Según la nueva gestión de clubes, las mujeres que ofrecen servicios se­xuales pasan a ser clientas de un su­puesto hotel en el que deben limpiar la habitación cada día y tienen hora de entrada y salida, pero ni las asocia­ciones abolicionistas, ni Facua, han reclamado por los derechos de ellas como mujeres o como consumidoras.

Las experiencias de compa­ñeras que trabajan en estos espacios son muy diversas, pero todas parten de una situación de indefensión fren­te al empresario. En los clubes se suele trabajar por plaza, periodos de 21 días en los que las mujeres en sus habita­ciones deben estar 24 horas disponi­bles para trabajar. Cuando un servicio es requerido deben presentarse para que el cliente elija, pudiendo ser mul­tadas si se quedan dormidas o llegan tarde.

Además, hay que tener en cuenta que el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España son migrantes, una parte importante en administrativa irregular. Esta situa­ción hace que en los clubes se produz­can abusos no solo relacionados con el trabajo sexual en sí, sino también con la documentación y la situación legal de las mujeres. La experien­cia de las asociaciones y entidades que actúan visitando estos espacios.

y dando asistencia a mujeres, refle­ja que la mayoría no tienen acceso a sanidad pública principalmente por falta de información, falta de padrón y engaño de los gestores de los clubes. Ante el desconocimiento y el miedo a ser descubiertas sin papeles, las muje­res acceden a pagar seguros de salud que se venden directamente por los gestores de los clubes a precios muy superiores que en el mercado.

Aunque en España disfru­tamos del acceso universal a la asis­tencia sanitaria pública, este solo se puede hacer efectivo si las mujeres están empadronadas, lo que dificulta mucho el ejercicio efectivo de este de­recho salvo en ciudades como Barce­lona, donde es posible empadronarse en la ciudad sin domicilio fijo.

Otro de los abusos cometi­dos en los clubes son los controles de enfermedades de transmisión sexual impuestos por los dueños y pagados por las mujeres, también a precios inflados para sacar tajada de esta gestión. Y es que en los clubes de al­terne se generan muchos ingresos y puestos de trabajo que no están di­rectamente relacionados con el sexo: en ellos se vende oro, ropa y todo tipo de productos de higiene y de primera necesidad, a los que las mujeres que viven allí no tienen acceso debido a la situación geográfica alejada de los núcleos urbanos que normalmente ocupan estos espacios.

Mientras que el debate sobre la prostitución se polariza y divide el feminismo haciendo casi imposible plantear el discurso entre las dos po­siciones ideológicas contrarias, hay 95 000 mujeres ejerciendo en clubes en dependencia de terceros sin dere­chos laborales ni garantías judiciales. El objetivo abolicionista de eliminar la prostitución en el futuro se está olvidando de la vulneración de dere­chos que se está produciendo hoy. Por eso el debate en torno a la prostitución no puede ser otro que ¿putas clandes­tinas o con derechos?

La regulación de la prostitu­ción como una actividad laboral que se pudiera realizar por cuenta ajena es una cuestión bastante controvertida que debería hilarse fino porque están en juego bienes jurídicos muy im­portantes. Pero de nuevo la realidad se impone y es que de hecho ya hay trabajadoras sexuales ejerciendo en clubes por cuenta ajena contra las que se comente delitos de explotación la­boral y no pueden denunciar porque, al no ser consideradas trabajadoras, no se les aplica la normativa laboral ni las garantías previstas en el apartado primero del art. 311 del Código Penal. Aunque la relación de laboralidad y dependencia es clara, y hay sentencia de tribunales de lo social que así lo consideran, en España un contrato de trabajo que tenga por objeto los servi­cios sexuales es contrario al ordena­miento jurídico. Por lo que tenemos una realidad que es ilegal y a la vez favorecida por las políticas públicas implantadas, pero el problema que más parece preocupar a la vicepresi­denta Calvo es que las trabajadoras sexuales se sindicalicen para denun­ciar los abusos que se producen den­tro de esos clubs.

Porque aunque el feminis­mo abolicionista insista en que la regulación de la prostitución es vio­lencia hacia la mujer, parece olvidarse de que la prostitución ya está regu­lada en España, concretamente en el Código Penal, en la ley de seguridad ciudadana y en ordenanzas locales, de manera punitiva generando vio­lencia y vulneración de derechos ha­cia las mujeres que ejercen la prosti­tución. Parece olvidarse también de que el movimiento proderechos no pide la regulación de la prostitución (al menos no bajo un modelo alemán u holandés); la primera consigna de las mujeres que ofrecen servicios se­xuales es la descriminalización, que las mujeres que ejercen la prostitu­ción no sean perseguidas, expulsadas y victimizadas. Son numerosas las fuentes que recogen cómo este mode­lo regulador, en la práctica, se carac­teriza por quitar poder de actuación a las mujeres y abocarlas a trabajar para terceros, que son siempre em­presarios en posiciones privilegiadas. Además, la regulación en ese tipo de sistemas implica crear dos categorías de trabajadoras sexuales: las que reú­nen los requisitos para poder regula­rizarse (recursos, asesoramiento, si­tuación administrativa regular, etc.) y las que quedan fuera porque no los cumplen; así se convierten en ilegales con las correspondientes repercusio­nes administrativas, penales y migra­torias.

Ante este panorama, quie­nes ejercen la prostitución y ofrecen servicios sexuales reclaman, primero, la total descriminalización del trabajo sexual y, segundo, el reconocimiento de derechos laborales a todas las tra­bajadoras de la industria del sexo. Esta fórmula es la única que concen­tra toda la autonomía en las manos de las mujeres cualquiera que sea su situación. Esto que parece una utopía está funcionando en Nueva Zelanda, donde en 2018 no se registró ni una sola víctima de trata con fines de ex­plotación sexual.

El Gobierno de coalición que está trabajando en una ley para erradicar la trata no lo está haciendo desde el modelo neozelandés, sino desde el abolicionismo con el hori­zonte puesto en el modelo nórdico implantado en Suecia que ninguna prueba está dando de ser efectivo y de no empeorar la situación de las mu­jeres. Y si bien el Gobierno se define abolicionista, como también lo hizo la Audiencia Nacional en la sentencia donde se anula por completo los esta­tutos del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), el marco legisla­tivo español entorno a la prostitución es, cuanto menos, abolicionista. Pu­diendo dividirse en dos categorías: la normativa que regula la prostitución ejercida en calle, de clara tendencia prohibicionista, y la normativa que regula el ejercicio en clubes, que se podría categorizar como regulacio­nista.

En primer lugar, la ley de seguridad ciudadana sanciona la soli­citud o aceptación por el demandan­te de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público, en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores o cuando estas conductas, por el lugar en que se rea­licen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial y la realización o in­citación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemni­dad sexual, o ejecutar actos de exhi­bición obscena, cuando no constituya infracción penal. Esta normativa se traduce en persecución, sanciones económicas y procedimientos de ex­pulsión contra las mujeres. Es impor­tante destacar que el 70% de las mul­tas impuestas lo son a mujeres que ofrecen servicios sexuales frente al 30% que se ha impuesto a los clientes. Una tónica parecida siguen las hasta 26 ordenanzas municipales que regu­lan de alguna manera el ofrecimiento de servicios sexuales, todas de carác­ter punitivo.

Por su parte, no hay norma­tiva estatal que regule el ejercicio de la prostitución en espacios cerrados, solo el Decreto 217/2002 y la Orden PRE/335/2003 de Cataluña. En estas se describen los requisitos que han de cumplir los locales de pública concu­rrencia en los que se ejerce la prosti­tución. El art. 2 define la prestación de servicios de naturaleza sexual como «la actividad ejercida de mane­ra libre e independiente por el pres­tador o prestadora del servicio con otras personas a cambio de una con­traprestación económica bajo su res­ponsabilidad, sin que haya vínculo de subordinación alguna respecto de la elección de la actividad». Esta comu­nidad autónoma ha regulado el traba­jo sexual como actividad autónoma e independiente, no criminalizada, en el ejercicio de sus competencias en materia de espectáculos públicos, ac­tividades recreativas y establecimien­tos de pública concurrencia. El de­creto fue impugnado por numerosas asociaciones de mujeres, ya que esta regulación supone la legalización de la prestación de servicios sexuales y siendo esto contrario al ordenamien­to jurídico español. Finalmente, el Tri­bunal Supremo en sentencia 506/2007 se pronunció sobre la legalidad del decreto afirmando que «la regulación administrativa lo único que pretende es minimizar o disminuir los efectos perjudiciales de una actividad que, siendo indeseable, se consiente por los poderes públicos por derivarse de su estricta prohibición unos efectos aún más perniciosos que los que se derivan de su tolerancia».

Es cuanto menos llamativo que el mismo Gobierno abolicionista mantenga dos estrategias tan distin­tas para el mismo fenómeno. Parecie­ra que las políticas públicas tienen por objetivo principal eliminar la prosti­tución de calle y favorecer los clubes. En estos no se multa a los clientes, no hay quejas de los vecinos, ni escraches de asociaciones abolicionistas. Ni si­quiera hay impedimento legal para que los empresarios que los gestio­nan se organicen en una asociación que mire por sus intereses económi­cos. Es también curioso que el mis­mo «Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena», adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 2 de diciembre de 1949 y uti­lizado para negar el derecho de sin­dicación a las trabajadoras sexuales, no fuese impedimento alguno para que el Tribunal Supremo ratificase el derecho de MESALINA a constituirse como asociación de empresarios aun­que específicamente se refiere a las casas de prostitución en su artículo segundo.

La situación legal actual es contradictoria e hipócrita con el discurso sostenido, pero beneficia claramente a una parte de los agen­tes involucrados en la prostitución: los clubes y el Gobierno. Los clubes, sin tener que pagar seguridad so­cial, tienen trabajadoras que generan 4100 millones de euros anuales a las que pueden explotar sin miedo a ser denunciados. Aunque el Código Pe­nal castigue el proxenetismo, han encontrado la fórmula para lucrarse con la prostitución de otra persona y, además, gracias a la ayuda del fe­minismo institucional, no tienen que preocuparse por los sindicatos de tra­bajadoras que puedan reclamar por sus derechos.

Por su parte, desde 2011, el Gobierno pudo aumentar en un 0,35% el PIB gracias a los ingresos genera­dos por la prostitución, lo que permi­tió reducir la deuda externa y mejorar las condiciones del rescate bancario de 2012. En última instancia, el Go­bierno y las instituciones públicas se están beneficiando de los ingresos que genera la prostitución. Como di­rían las putas, estamos todos comien­do pan de coño.

Nota bibliográfica: 

ABITS (2017). Informe anual. Dirección de Feminismos y LGTBI del Área de Derechos de Ciudadanía, Cultura, Participación y Transparencia de la Concejalía de Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de
Barcelona

nº38 | la cuenta de la vieja

La economía del favor. Sobre la desigualdad y el clientelismo en Andalucía

«Para la gente de mi tierra hay algo que rige, absolutamente, la vida. Lo contrario de la justicia: el favor.» Jesús Pabón, 1935.

Según el profesor Carlos Arenas, el clientelismo puede definirse de forma sencilla como una ‘relación más o menos voluntaria entre individuos o colectivos desiguales que se intercambian favores1’. El clientelismo reproduce sociedades desiguales y jerarquizadas porque los beneficios del intercambio son asimétricos: poco para mucha gente, mucho para poca. Por tanto, el clientelismo y la desigualdad se retroalimentan.

La parte del patrón está interesada en mantener la desigualdad pues, de este modo, obtiene beneficios al mismo tiempo que legitima su poder al aparecer ante la sociedad como benefactor o conseguidor. Además, sirve para criminalizar y expulsar a las voces disidentes de la sociedad, lo que dificulta cualquier tipo de cambio o transformación.
El clientelismo toma mayor protagonismo en sociedades con mayor desigualdad y economías empobrecidas, colonizadas y especializadas en perder (o en actividades con menor asignación de valor de cambio aunque sean más relevantes para satisfacer necesidades). Igualmente, alcanza mayores cotas donde el poder o elite económica controla de modo más fácil o con mayor autonomía los recursos públicos. Se trata de sociedades donde existe la convicción generalizada de que el favoritismo es una de las únicas maneras de inserción laboral, obtención de rentas o promoción social. Andalucía es una de ellas.

Desigualdad, pobreza y riqueza en Andalucía

En cualquier economía capitalista la desigualdad es estructural. Ahora bien, existen sociedades capitalistas más desiguales que otras, con mayor porcentaje de personas pobres que otras. En la Europa occidental, pocas economías son más desiguales que la andaluza.
La historia de Andalucía está marcada por haber sido un territorio pionero en convertir a la naturaleza en mercancía, en propiedad privada de una clase privilegiada y, como consecuencia, crear unas mayorías que deben convertirse en mercancías para poder lograr la subsistencia. La economía andaluza pronto pasó a ser capitalista y con ella se fue construyendo una sociedad en torno a los mercados capitalistas de personas (mercado de trabajo) y de tierra (mercado inmobiliario). Desde entonces, Andalucía ha sido una sociedad polarizada entre una elite acaparadora de recursos y una masa ingente de personas desposeídas.

El origen de la trayectoria de la economía capitalista en Andalucía se encuentra en la conquista castellana, que genera el latifundismo o sistema de gran propiedad de la tierra, elemento básico del sistema socioeconómico andaluz. Según Sevilla Guzmán,

la gran propiedad crea un sistema local de dominación de clase ejercido por el grupo de terratenientes que monopoliza los medios de producción agraria con la fiel asistencia, a través de unas específicas relaciones sociales de dependencia, de un sector de la comunidad compuesto por unas clases sociales de servicio en cuyas manos se encuentran las instituciones económicas, culturales y políticas que controlan a nivel local la vida de la comunidad creando en la misma un específico orden social cuya organización económica determina la explotación del campesinado.

El capitalismo andaluz, a lo largo de la historia, puede ser calificado de extractivo en un doble sentido: uno, de extracción y puesta en el mercado de los recursos naturales; dos, de extracción de rentas y beneficios como resultado de la ocupación del poder político. En el primer sentido se hace referencia a los numerosos ejemplos de actitudes depredadoras de la naturaleza (por ejemplo: «modernización» agraria de la década de 1960, minería o turismo). El segundo sentido se refiere a la enorme capacidad de extracción que han tenido unas minorías locales o extranjeras a partir de su capacidad para tomar parte o influir en las decisiones de las instituciones estatales. El Estado español ha amparado esta situación para, de un lado, hacer viable el capitalismo español y, de otro, permitir a las elites andaluzas que organizaran a su gusto el capitalismo autóctono, explotando directamente o como testaferros de empresas de capital foráneo.

Con estos fundamentos se ha construido un modelo de economía capitalista extraordinariamente desigual. La contribución de la pobreza andaluza a la pobreza del conjunto del Estado se ha mantenido siempre en niveles altos. Para una población que es el 18 por ciento de la española, el porcentaje de personas pobres era del 30,3 en 1973, el 29 por ciento en 1981 y nunca bajó del 25 por ciento en las décadas siguientes. La economía capitalista es además patriarcal, lo que ha provocado que la situación de las mujeres haya sido bastante peor.

La pobreza es generada por la riqueza. Casi siempre. Y así, al igual que conocemos a los responsables políticos culpables de corrupción, igual es hora de conocer algunos nombres de personas y familias que tanto han ganado y ganan con la actual economía capitalista andaluza, la desigualdad y el clientelismo. Esas personas y familias viven en lugares cada vez más lejanos pues son propietarios de fondos de inversión que especulan con tierra andaluza, accionistas de empresas eléctricas, de bancos que operan en Andalucía, etc. No obstante, también se encuentran aquellas familias que desde decenios se han lucrado con el sistema social, político y económico andaluz, con la explotación de su tierra y su gente. Entre ellas se encuentran algunas del 2% de propietarios que controlan el 50% de la tierra. Esas personas y familias son, además, las principales destinatarias de las ayudas europeas de la Política Agraria Común (PAC a partir de ahora), flujo legal de dinero libre de clientelismo y corrupción. Algunas son las siguientes: la familia Mora Figueroa Domecq, con una fortuna calculada en 800 millones de euros, recibió de la PAC entre 2008 y 2016 unos 50 millones de euros; la familia Bohórquez y Domecq, con una fortuna de 500 millones de euros, recibió de la PAC en el mismo periodo temporal 36.6 millones; la familia Hernández, con un patrimonio de 850 millones de euros, se embolsó solo en 2016 casi 3 millones de euros en subvenciones; o Nicolás Osuna, con grandes negocios inmobiliarios, recibió en 2014 8,2 millones de euros. Y mientras, el poder que les otorga el dinero impulsa campañas para convertir en corruptos a la clase jornalera perceptoras de subsidios que apenas ronda el mínimo para subsistir.

Clientelismo e historia andaluza: repartir para acumular

En una sociedad tan injusta, polarizada y jerarquizada como ha sido y es la andaluza, el necesario consenso social se ha obtenido fundamentalmente a través del trato de favor originado en las relaciones clientelares. Para consolidar su control político, las elites andaluzas necesitaron poner en marcha mecanismos redistributivos en forma de repartos de tierra, beneficencia pública y privada en manos de la siempre aliada Iglesia católica, subsidios, expedientes de regulación de empleo y/o programas socialdemócratas tanto más radicales cuanto más amenazante se presumía la indignación de las clases populares. El clientelismo, desde el patronazgo señorial hasta el clientelismo de partido, ha estado presente en la historia andaluza.

A lo largo de la historia andaluza, unas pocas sagas familiares se sirvieron del poder para extraer rentas a partir de la apropiación de lo comunal, de la violencia física y cultural, etc. El cacique local, en nombre de la elite dominante, garantizó la compatibilidad del modelo político y económico andaluz dentro del Estado español; fue el nexo de unión entre el mando local y el poder con sede en Madrid. Por su parte, las mayorías dominadas y explotadas se podían dividir en dos grandes grupos, a saber: uno formado por gente que decide cooperar con el poder a la espera de que su sustento les sea otorgado por su favor; un segundo grupo compuesto por la gente que sufrirá mayor exclusión por favorecer la acción colectiva y la cohesión horizontal de la clase dominada. Son aquellas a las que cantaba Manuel Soto Sordera: «Con lo poquito que había / yo hice una partición / mis hermanos son aquellos / que tengan igual que yo.»

Tanto la nobleza como la burguesía utilizaron el clientelismo. La Restauración borbónica de 1874, por ejemplo, consolidó el poder de las minorías y estas cedieron tierras a arrendatarios que ejercieron un papel relevante para la dominación de la gran propiedad. La concesión de la tierra en régimen de arrendamiento siguió siendo, como antaño, una estrategia adecuada para asegurar fidelidades; también el reparto selectivo de los bienes comunales por parte de las autoridades municipales. Así, el fomento de la aparcería y la creación de colonias agrícolas, fueron medidas para contrarrestar la extensión del anarquismo en los campos andaluces.

Más adelante, la República fue impotente para acabar con un modelo clientelar de relaciones sociales al no abordar seriamente el problema de la estructura de la propiedad de la tierra. El franquismo fortaleció el control que las oligarquías andaluzas habían ejercido desde siempre en el ámbito local. La estructura administrativa franquista —Sindicato Vertical, Hermandades de Labradores y Ganaderos, Cámaras de Comercio, Juntas Locales Agrícolas, cooperativas agrarias, etc. — sirvió como un «vivero de colocaciones» y como plataforma para que lxs vencedorxs pudieran seguir manteniendo sus prácticas extractivas.

La práctica clientelar continuó, aunque sobre bases nuevas, tras la muerte del dictador. El llamado «consenso» de la Transición puede entenderse como el intercambio político producido entre los representantes más genuinos del gran capital y los representantes políticos de la época. El respeto a la propiedad privada de los medios de producción consolidó un clientelismo de Estado que ha sido administrado por los partidos políticos, convirtiéndolos en el epicentro de una nueva práctica clientelar. Como apuntó el profesor Cazorla, el viejo clientelismo personal fue sustituido por el clientelismo de partido. La clase política socialista se lanzó a la captura de un electorado acostumbrado a las relaciones clientelares. Así lo expresa el profesor Arenas:

El PSOE se fue convirtiendo en el gran patrón colectivo de la población andaluza. Como ocurrió con anterioridad en el primer franquismo, miles de personas se incorporaron a sus filas en los primeros años ochenta. Como los «camisa nueva» de antaño, una pléyade de ignotos socialistas, en menor medida comunistas, sindicalistas y empresarios, se aprestaron a gestionar el poder otorgado por las urnas.

Por tanto, la autonomía democrática que impide toda autonomía real tampoco ha contribuido a mejorar las cosas. Durante más de tres décadas, la clase política socialista ha utilizado a la Junta de Andalucía para construir pactos en los que han participado las grandes empresas foráneas, las elites locales, clientes del sistema político y algunas de las instituciones garantes del mismo, como patronales o sindicatos mayoritarios. Esa ha sido la enfermedad, el caso de los EREs ha sido uno de los múltiples efectos de la misma.

Contra el favor, el reparto

El clientelismo, relacionado claramente hoy día con la corrupción, es estructural en Andalucía. Antes, durante y después del PSOE o de la creación de la propia Junta de Andalucía como instrumento de no-autonomía. El latifundio y el mal reparto son elementos básicos para explicar esta situación. Señoritos, caciques, empresariado local o manijeros de capitalistas foráneos, abundan en un campo de juego donde las cartas están marcadas. Normalmente se sabe quién va a ganar. Y a perder.
Por tanto, tras los EREs continuará la dictadura económica, el mal reparto, el latifundio (de tierras y de otros muchos recursos colectivos). En una economía como la andaluza, dependiente y saqueada, la riqueza se concentra en pocas manos, manos cada vez más alejadas del lugar en la que se genera. Alimentación, agua, energía, tecnología, ahorros… Todo es controlado por corporaciones capitalistas que, en su mayoría, atienden a intereses que nada tienen que ver con los nuestros. Desde el poder que le otorga el poder comprar, el capital lo compra casi todo y a casi cualquiera. En estas circunstancias, la corrupción y el clientelismo son la norma. Por tanto, miremos más a la propiedad que al gestor político que le facilita el saqueo. Sin propietario explotador y corruptor no habrá manijero corrupto. Establezcamos, de nuevo, la lucha por el reparto como un grito de esperanza que nos libre de la clientela, la injusticia y el favor.

Este artículo tiene como base fundamental la obra «Poder, economía y sociedad en el sur. Historia e instituciones del capitalismo andaluz. Historia e instituciones del capitalismo andaluz» del profesor Carlos Arenas.

nº37 | la cuenta de la vieja

Renta para otra economía

«Desgraciao aquel que come / el pan en manita ajena. / Siempre mirando a la cara / si la ponen mala o güena». Popular. Letra flamenca

La economía del revés

La actual economía del revés, aquella que persigue acumular capital exprimiendo vida, es la economía lógica del «mundo del revés» del que escribió Eduardo Galeano en Patas arriba, ese mundo que «premia al revés: desprecia la honradez, castiga el trabajo, recompensa la falta de escrúpulos y alimenta el canibalismo. Sus maestros calumnian a la naturaleza: la injusticia, dicen, es ley natural».

La economía capitalista, la economía del revés, es la historia de cómo el capital, en grandes cantidades en poder de un número muy reducido de personas, ha logrado su soberanía o dominación a costa de la inmensa mayoría de la población. Tanto que es el capital el que otorga el derecho a la existencia. La mayoría de la gente tiene derecho a vivir si obtiene un salario, para lo que cual debe ser demandada y contratada como mano de obra en el mercado de trabajo. Las personas y la naturaleza convertidas en mercancías comprables y vendibles, con precios necios.

La instauración de la economía capitalista, tanto en Andalucía como en el resto de sociedades, convirtió a los bienes comunes y los medios de producción y vida, en propiedad privada. Desde ese momento, las personas propietarias pasaron a necesitar de otras dispuestas a trabajar para ellas, así como las no propietarias pasaron a necesitar un salario ante la imposibilidad creciente de ganarse la vida de forma autónoma. La imposición del trabajo «dependiente y servil» requirió de una enorme violencia, desde la sufrida por las mujeres en la «caza de brujas» hasta la causada por generaciones andaluzas por guardias poco cívicas.

En Andalucía, y sobre todo en su medio rural, la economía capitalista ha tenido como agente hegemónico al latifundio y la gran explotación agraria. La historia de la economía capitalista en Andalucía se caracteriza por la secular y extrema desigualdad en la propiedad de la tierra y, por tanto, en la apropiación del excedente económico generado. El sistema latifundista propició el que una mínima proporción de la población lo tuviera casi todo, mientras que la mayoría se quedaba sin nada, obligada a «mendigar trabajo». Es en ese momento en el que Andalucía, ejemplo de economía del revés, se convierte en una tierra extremadamente rica poblada por mujeres y hombre pobres.

El PER y las cooperativas agrarias: legitimación para la acumulación del revés

El Estado ha intervenido en esta economía en épocas más liberales y en épocas menos liberales, incluso en las neoliberales. Y lo ha hecho poniendo en marcha herramientas para consolidar y legitimar el gran capital agrario andaluz, el agente hegemónico en gran parte de nuestra historia. Entre las mismas nos encontramos con el Plan de empleo rural (PER) y el cooperativismo agrario. Tanto uno como otro han supuesto perfectas estrategias de acumulación y legitimación del capitalismo agrario andaluz.

El PER ha servido y sirve (con distintos nombres pero similares estructuras) como herramienta para disminuir los costes empresariales (salarios), al tiempo que «ayudaba» a las personas jornaleras a evitar la emigración (y seguir ofreciendo su imprescindible fuerza de trabajo al latifundista). Así, estas políticas estatales han sido muy útiles como mecanismo de control social que ha hecho desaparecer la reivindicación jornalera de la reforma agraria (reparto de la tierra) y ha reforzado la dependencia y marginación de las economías del medio rural andaluz y sus gentes. Es decir, que, antes que un «sistema de protección social» , sería más correcto denominarlo sistema de protección empresarial.

El cooperativismo agrario, por su parte, sirvió como herramienta para mejorar los ingresos de la gran explotación agraria mediante la mejora de los precios de sus productos. Este cooperativismo, con origen mayoritario en el franquismo e impulsado por la Junta de Andalucía en las últimas décadas, ha jugado un papel convergente con el realizado por el PER: mejorar las cuentas y beneficios de la agricultura latifundista, uno por la vía de los ingresos y otro de los costes. La inmensa mayoría de estas cooperativas agrarias consistieron, como dijo M. Haubert, en «empresas asociativas» o «cooperativas de servicios a los propietarios de tierras». De este modo, y en palabras del autor antes citado, «la modernización y la capitalización del campo, en vez de poner en tela de juicio el poder económico, social y político de los caciques, podía reforzarlo considerablemente.»

A pesar de denominarse cooperativas, estas grandes empresas apenas ponen en marcha estrategias de democracia económica. Además, la distribución de las ingentes rentas que generan no repercute de forma equitativa en el campo andaluz, sino que mantienen la injusticia y el mal reparto. Las cooperativas agrarias se han convertido en cooperadoras necesarias del actual capitalismo global, que las utiliza para succionar la riqueza que genera el campo andaluz. De este modo, las grandes cooperativas empresariales refuerzan, en pleno siglo xxi, como diría Haubert, el poder «económico, social y político de los caciques» y son legitimadoras y herramientas clave del capital global que succiona las riquezas del agro andaluz. Al igual que el Estado franquista, la actual administración andaluza, española y europea, favorece estos procesos y, disfrazado de cooperativismo, se afianza la injusta situación secular del medio rural andaluz.

Para ser justos, es necesario indicar que quedan al margen de estas prácticas pequeñas cooperativas agrícolas que sí tienen como objetivo la mejora de sus personas socias y llevan a cabo, o al menos lo intentan, estrategias participativas y democráticas de gestión. Además, y muy alejada de estas dinámicas, se encuentra la experiencia cooperativa de Marinaleda. No se trata de una cooperativa de personas propietarias de tierras, sino de jornaleras que trabajan de forma autogestionada una tierra pública; es decir luchando con el objetivo de que sea un proyecto de propiedad pública, planificación comunitaria y gestión cooperativa. 

Movimiento cooperativista transformador

Nos planteamos si es posible poner en marcha un movimiento cooperativo y un sistema de protección social que pongan del derecho, al menos en parte, esta economía del revés. Se trataría de pasar del PER a la renta básica (RB, un subsidio agrario sin peonadas para toda la población), y del cooperativismo agrario a un movimiento cooperativista transformador.

Una RB similar al PER, y un movimiento cooperativista como el actual agrario, no servirán para otra cosa que para continuar legitimando una relaciones económicas que están provocando que el 38,2% de la población de Andalucía está en riesgo de pobreza o exclusión social (datos de la Red andaluza contra la pobreza y la exclusión social). Sin embargo, una RB incondicional, individual y universal y un movimiento cooperativista con otro modo de entender la propiedad, el trabajo y el valor podrían servir para mejorar la realidad socioeconómica de Andalucía. Veamos.

Para intentar volver a poner del derecho a la economía del revés, hoy día se habla con profusión de economía social, valga la redundancia. Y es que, aunque es reiterativo poner el adjetivo social tras el sustantivo economía, la situación a la que ha llevado a esta sociedad la economía capitalista provoca estas situaciones que se acercan a lo absurdo. El movimiento cooperativo forma parte de esta economía, de este conjunto de iniciativas socioeconómicas que priorizan la satisfacción de las necesidades de las personas por encima del lucro, de los beneficios. Ahora bien, para que las cooperativas y el resto de entidades de la economía social andaluza tengan vocación transformadora es preciso buscar alternativas a las formas en que la economía capitalista considera el valor, el trabajo y la propiedad. Es decir, difícilmente podremos hablar de economías transformadoras sin buscar alternativas al trabajo asalariado dependiente, al valor de cambio y la propiedad privada, pilares básicos de la economía capitalista.

La economía capitalista convierte el trabajo social, es decir, el trabajo realizado para otras personas, en trabajo dedicado únicamente a la producción y reproducción del capital (y cada vez más contra la vida). Frente a esto, el movimiento cooperativista transformador debe contribuir a eliminar la explotación de unas personas por otras mediante el establecimiento de la cooperación en un proceso laboral común. Además, si como objetivo está la reproducción de la vida, debe atender a otros trabajos sin salario y, de este modo, la explotación específica de las mujeres en la economía capitalista.

La búsqueda de otro trabajo no dependiente está completamente relacionada con la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción o de vida en los que se sustenta las condiciones materiales de la gente. La economía social transformadora debe propiciar un nuevo sistema productivo comunitario que busque alternativas a la propiedad privada. En este sentido, es de interés reflexionar sobre la instauración de «fondos colectivos de recursos» donde la propiedad pase a ser colectiva, gestionada democráticamente, participada por múltiples agentes y tenga objetivos vinculados al movimiento transformador y alejados de la economía capitalista.

En tercer lugar, se trata de producir bienes y servicios en función de, hasta donde sea posible, el valor de uso, y que este sea capaz de subordinar al valor de cambio. La economía capitalista tiene como base otorgar a los bienes y servicios el valor que marca la demanda solvente o poder de compra. Si alguien no tiene poder de compra, es decir dinero, no podrá satisfacer sus necesidades y deja de tener derecho a la vida. Se trata, posiblemente, del eje o elemento más difícil de alcanzar por las actuales entidades o unidades productivas pues el contexto en el que se mueven no les permite tener un grado de autonomía demasiado amplio.

Autonomía para otra economía

Por tanto, la economía social que busca la transformación hacia el poscapitalismo requiere de la adopción de alternativas a la propiedad privada, al trabajo dependiente y al mercado o valor de cambio. ¿Hasta qué punto puede la renta básica impulsar este cooperativismo? En principio, hay que tener en cuenta que la renta básica no es una medida que vaya contra la propiedad privada de los medios de producción, ni signifique un cambio en las estructuras esenciales de la economía capitalista. Ahora bien, consideramos que puede servir o tiene un claro potencial para debilitar tanto la propiedad privada como el poder que ejerce el capital sobre el trabajo asalariado. Desde esta perspectiva, la renta básica es una medida que proporciona autonomía a las personas respecto al mercado de trabajo, respecto al trabajo dependiente y, por tanto, al capital. Se trata de una medida que resta poder al propietario de los medios de producción pues deja de otorgar el derecho a vivir.

Por otro lado, la renta básica dota de poder de compra a todo el mundo por lo que convierte la demanda de muchas personas en real. Así, es una medida que pone por delante de la ganancia la satisfacción de las necesidades de la gente y, por tanto, es una medida que subordina el valor de cambio al valor de uso.

Por último, y en relación con el movimiento cooperativo, una RB sería un potente apoyo de rentas para aquellas personas que deseen crear una cooperativa o cualquier entidad de economía social con vocación transformadora. La precariedad y el desempleo han impulsado a muchas personas hacia la economía social más como «actividad refugio» que como forma de trabajo o actividad con potencialidad enriquecedora y de transformación. La renta básica aumenta el grado de autonomía de las personas y de este modo facilita la generación de actividad económica transformadora, con menos precariedad y más capacidad de tomar decisiones.

Cualquier sistema de protección social, como cualquier tipo de economía social, pueden ser tanto agentes de legitimación como de transformación. Tanto el PER como la renta básica, tanto una cooperativa como una fundación o asociación, pueden asentar la actual economía del revés o ser agentes transformadores de la misma. No obstante, el potencial transformador de la renta básica es muy superior a la del PER o sistemas asistenciales similares, del mismo modo que lo es el existente en la nueva economía social andaluza representada por Coop57 o REAS respecto a cooperativismo agrario. Tanto la renta básica como el cooperativismo transformador son medidas útiles para desmercantilizar bienes y servicios prioritarios o estratégicos para la vida. En este sentido, la primera es una herramienta que puede impulsar a la segunda y, entre ambas, avanzar hacia una economía que deje de estar del revés, que deje de estar contra la vida.

nº36 | la cuenta de la vieja

Límites minerales de la transición energética

¿De qué está hecho un panel fotovoltaico? ¿Y un aerogenerador? ¿Qué materiales contienen las baterías que permitirán electrificar los vehículos? ¿De dónde provienen estas materias primas? ¿Hay suficientes materiales en la corteza terrestre para abastecer el crecimiento necesario de las renovables y frenar así el cambio climático? ¿Qué porcentaje de materiales se está reciclando actualmente, es suficiente?  ¿Cuál es la relación energía-materiales-medio ambiente?

La primera clase que di en la Universidad de Zaragoza sobre cambio climático fue en el año 2003. Por aquél entonces, cuando preguntaba a mis alumnos si habían oído hablar de ello, la respuesta general era que no. Quince años después, sigo impartiendo una clase sobre cambio climático, pero con la diferencia de que ahora todos los alumnos conocen el problema, aunque no son conscientes de la gravedad del mismo. Así que me pongo una corbata, y actúo como si fuese el secretario general de las Naciones Unidas y simulamos entre todos, una conferencia sobre cambio climático. Divididos en tres grupos representando a países ricos, emergentes y pobres, los alumnos deben llegar a acuerdos de reducción de emisiones con el objetivo de no superar los 2ºC de aumento de temperatura global del planeta. A continuación simulamos la temperatura del planeta gracias a un magnífico software desarrollado por el MIT denominado C-Roads. ¡Qué sorpresa se llevan cuando ni en la tercera ronda de negociaciones logran no sobrepasar el límite planteado! Luego se dan cuenta, jugando con el programa, que la solución está en actuar inmediatamente y de forma drástica. En efecto, para evitar superar los 2ºC o incluso menos, tal y como se estableció en los Acuerdos de París en el 2015, es necesario descarbonizar la economía lo antes posible. ¿Y cómo lograr esto? Fundamentalmente, realizando una transición energética en la que se pase de una economía basada en los combustibles fósiles, a otra basada en las energías renovables, o sea, ir hacia lo que algunos llaman una “economía verde”.

La energía eólica, la fotovoltaica, la solar termoeléctrica, la biomasa, o el coche eléctrico no emiten CO2 (o tienen emisiones neutras como es el caso de la biomasa). Sin embargo, nos olvidamos de un aspecto importante: para construirlos, son necesarios muchos materiales. Pensemos que por ejemplo para producir 1 gigavatio (GW) de potencia eléctrica que es la equivalente a la que podría suministrar una central térmica de gas natural, se necesitan 200 aerogeneradores de 5 megavatios (MW) o bien 1000 aerogeneradores de 1 MW. Esto implica el uso de unas 160.000 toneladas de acero, 2000 de cobre, 780 de aluminio, 110 de níquel, 85 de neodimio y 7 de disprosio para su fabricación[1]. La central térmica en cambio habrá necesitado principalmente de 5500 toneladas de acero, 750 toneladas de cobre y 750 de aluminio aproximadamente, o lo que es lo mismo, en peso, unas 25 veces menos de metales que en el caso de la eólica. Dicho esto, la cantidad de materiales no es el aspecto más preocupante del problema, sino la variedad de los mismos. Mientras que en la central térmica entran en juego metales convencionales y relativamente abundantes, las nuevas tecnologías son altamente voraces en muchos elementos distintos, algunos de ellos escasos en la naturaleza o bien controlados por unos pocos países. En la siguiente figura podemos ver la variedad de materiales necesarios para producir algunas de estas tecnologías limpias.

Figura 1. Algunos de los elementos que se emplean para la fabricación de tecnologías verdes (basado en Valero, A., Valero, A., Calvo, G., & Ortego, A. (2018). Material bottlenecks in the future development of green technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 93, 178–200.)

Así que el aerogenerador es en realidad una de las tecnologías renovables que menos variedad de materiales necesita para su fabricación. Por lo tanto, más que una economía verde, podríamos hablar de una “economía multicolor”, ya que las nuevas tecnologías están empleando prácticamente toda la tabla periódica de los elementos. Es probable que muchos de los lectores de este artículo no hayan oído hablar de estos elementos, pero estoy convencida de que al igual que pasó con el cambio climático, pronto las tierras raras, el indio, el litio o el teluro serán bien conocidos por la sociedad. Hablemos de algunos de ellos.

Empecemos por las tierras raras. Se denomina así a un conjunto de 17 elementos de la tabla periódica compuesto por los 15 lantánidos más el itrio (Y) y el escandio (Sc). Al grupo de las tierras raras pertenecen varios elementos esenciales para el desarrollo de las nuevas tecnologías y las energías renovables, como son el neodimio (Nd) y el disprosio (Dy) en los imanes permanentes en la eólica. Además, encontramos cada vez mayor número y variedad de tierras raras en iluminación eficiente (fluorescentes y LEDs), en vehículos o en electrónica.  No es de extrañar por tanto que su producción se haya multiplicado por 7 en los últimos 40 años. Estos elementos se extraen fundamentalmente de dos minerales, la monacita y la bastnasita y a pesar de su nombre, no son especialmente raros en la naturaleza, aunque requieren de mucha energía para poder obtener los elementos por separado. Otro problema fundamental es que su producción está hoy día controlada en más de un 80% por China, país que en 2011 hizo temblar a muchos gobiernos cuando limitó drásticamente sus exportaciones a 24000 toneladas frente a la demanda exterior que se cifró en unas 55000 – 60000 toneladas.  ¿Por qué exportar tierras raras cuando pueden exportar aerogeneradores cuyo valor añadido es muchísimo mayor? Periódicos como el Wall Street Journal o el Financial Times ya alertaron al mundo de que, al controlar la llave de la exportación, China llegará a controlar el desarrollo global de las nuevas tecnologías sostenibles.

Otros dos elementos de los que se va a oír hablar mucho en los próximos años son el litio y el cobalto. Ambos elementos son fundamentales para el desarrollo de las baterías eléctricas. En veinte años, la producción de cobalto y litio se ha multiplicado por cinco y ocho, respectivamente. En el 2017, el precio del cobalto se duplicó en menos de un año y hoy se ha convertido en uno de los elementos más críticos en el sector de la automoción que está apostando fuertemente por el vehículo eléctrico. El litio se obtiene de dos fuentes principales: de los salares chilenos y del espodumeno, un mineral que se extrae y exporta fundamentalmente en Australia. Aunque preocupante, el litio no parece presentar tantos problemas de suministro como el cobalto, que se encuentra en su mayoría en el Congo y cuya extracción es cuanto menos éticamente cuestionable.

El indio (In), galio (Ga) y el teluro (Te) son otros tres elementos clave para las nuevas tecnologías y la energía solar fotovoltaica. El indio y el galio se encuentran en la tecnología fotovoltaica de capa fina llamada CIGS (por sus siglas cobre-indio-galio-selenio), mientras que el Te en las células de telururo de cadmio (CdTe). Ambas tecnologías ofrecen las mejores prestaciones en términos de eficiencia del mercado y es por ello que su producción va a ir en aumento en los próximos años. El problema está en que estos elementos son muy escasos en la corteza terrestre. Hoy en día se obtienen de los barrillos del refinado del zinc, cobre y del aluminio, principalmente. Al año, la producción de estos elementos juntos no supera las 1000 toneladas y sin embargo cada vez son más habituales en nuestros hogares. La tecnología táctil se debe al ITO (óxido de indio y estaño en sus siglas en inglés), un material semiconductor presente en teléfonos móviles o tabletas electrónicas. El indio y galio están también presentes en las tecnologías LED, confiriendo distintos colores a la iluminación eficiente.

Hablemos ahora del fósforo (P). Este elemento es mucho más conocido que los anteriores porque es un nutriente esencial en la agricultura y por tanto en los cultivos energéticos. Junto con el nitrógeno (N) y el potasio (K), es el ingrediente básico de los fertilizantes. Mientras que el potasio y el nitrógeno son abundantes en la naturaleza, la roca fosfórica (mineral de donde se extrae el fósforo) es escasa. Los nutrientes, al contrario que el resto de elementos, no pueden sustituirse. ¡A una planta no podremos alimentarla con plomo o cobre cuando escasee el fósforo! Por otra parte, los biocombustibles pueden entrar en competición por los nutrientes y el suelo con otros cultivos para la alimentación de una población creciente y que va ritmo de alcanzar los 10.000 millones en el año 2050. Esto significa que el fósforo tiene muchas papeletas para que se convierta en el próximo “oro verde”. Además, su producción se limita a unos pocos países. En el Sáhara Occidental se encuentran las mayores reservas de roca fosfórica a nivel mundial. ¿Podemos entender ahora quizás mejor la razón de los conflictos en esa zona inhóspita del planeta? Y sin embargo las oportunidades de reciclado de fósforo son inmensas ya que todos los seres vivos estamos hechos de fósforo y los animales miccionamos y excretamos fósforo.

En efecto, una de las grandes diferencias que hay entre los combustibles fósiles y los minerales no energéticos es que mientras los primeros desaparecen al quemarlos, convirtiéndose en CO2 y agua, los segundos no se pierden. El capital mineral de cada elemento en la tierra es constante y en teoría podríamos usarlo una y otra vez sin que se perdiese. Y entonces, ¿por qué no se hace? De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas[2], el porcentaje de reciclado de muchos de los nuevos elementos esenciales para la descarbonización de la economía es inferior al 1%. Los esfuerzos de reciclado, excepto para los metales tradicionales como el hierro, cobre o aluminio, se han centrado en evitar contaminar, más que en recuperar los materiales valiosos que contienen. De hecho, el metal que hoy en día tiene la mayor tasa de reciclado es el plomo, que se encuentra principalmente en baterías de coche y para las cuales hay una legislación de reciclado muy estricta. Los tubos fluorescentes también deben someterse a un proceso de reciclado, pero no para obtener los elementos valiosos que contienen como las tierras raras y los fósforos que no se reciclan, sino para evitar que el mercurio que contienen contamine el entorno. El resultado es que los metales menores, pero valiosos, acaban o bien en vertederos o bien subciclados con otros metales como el acero y perdiendo por tanto su funcionalidad original.

Al contrario que los combustibles fósiles, los materiales no se pierden, pero se diluyen, se dispersan. Este hecho provoca que la energía necesaria para recuperar de nuevo el elemento puro de la dilución sea tan elevada, que sale más rentable desechar la mezcla. Esto no es más que una consecuencia del segundo principio de la termodinámica, que nos dice que mezclar es uno de los procesos más irreversibles que hay y volver al estado inicial es costosísimo en comparación con el proceso de mezcla. O sea que, en la práctica, cuando un teléfono móvil por ejemplo acaba en el vertedero, los más de 30 elementos distintos de los que está compuesto, incluyendo miligramos de oro, platino, indio, galio, cobalto, etc. acaban perdiéndose para siempre.

Afortunadamente las tasas de reciclado van en aumento y las tecnologías de reciclado, aunque todavía siguen en pañales, están desarrollándose. Pongamos el caso del aluminio. Desde el año 1950, las tasas de reciclado han aumentado a ritmo de un 0,25% anual. Esto ha provocado una reducción neta de producción primaria de aluminio (extracción de la corteza). A este ritmo, se necesitarán unos 250 años para alcanzar una supuesta eficiencia del 98%. Sin embargo, si la demanda de aluminio sigue aumentando cada año en un 2%, haciendo un simple cálculo exponencial, nos daríamos cuenta de que la demanda se duplicaría cada 40 años y aunque alcanzásemos la cifra de reciclado del 98% (el 100% es imposible debido a restricciones físicas del segundo principio), la extracción seguiría duplicándose cada 35 años. Por tanto, mientras la demanda aumente año tras año, ni aun reciclando cerca del 100% de material, podríamos prescindir de la extracción.

Si analizamos globalmente la extracción de los distintos minerales a lo largo del último siglo, nos damos cuenta de que, como el aluminio, la tendencia general ha sido hacia un aumento exponencial (Figura 2).

Figura 2. Producción acumulada mundial total de 48 minerales y elementos desde 1900 hasta 2016. En la figura solamente figuran los nombres de aquellos minerales que tienen un mayor peso. Fuente: elaboración propia.

Una consecuencia de ello es que las minas se agotan. Conociendo la cantidad de recursos disponibles del planeta y la evolución de la extracción, se puede estimar a través de las denominadas “curvas de Hubbert”, el año en que la demanda de minerales supere a la oferta (o el pico). Este modelo que se aplicó con éxito a los yacimientos de petróleo en el sur de EEUU por su creador Marion King Hubbert en los años 50, lo hemos aplicado nosotros a los minerales, tal y como muestran las Figuras 3 y 4. Aunque son modelos teóricos y aproximados, pueden servir para establecer tendencias y alertar de posibles escaseces si se continua con los ritmos de producción actuales. Como muestran las figuras, a este ritmo y considerando los recursos minerales publicados por el United States Geological Survey, el pico de muchos minerales se alcanzaría antes de que acabase este siglo.

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Figura 3. Picos máximos de producción para los seis minerales más producidos a nivel mundial. Fuente: Calvo, G.; Valero, A.; Valero, A. (2017) Assessing maximum production peak and resource availability of non-fuel mineral resources: Analyzing the influence of extractable global resources. Resources, Conservation and Recycling, 125: 208-217.

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Figura 4. Picos máximos de producción para otros minerales. Fuente: Calvo, G.; Valero, A.; Valero, A. (2017) Assessing maximum production peak and resource availability of non-fuel mineral resources: Analyzing the influence of extractable global resources. Resources, Conservation and Recycling, 125: 208-217.

Al agotamiento de las minas hay que añadirle otro factor importante. Si las menas más ricas se agotan, van quedando las menos concentradas para las que se necesita más energía por unidad de material extraído. En la figura 5 se muestra el aumento de energía consumida en función de la concentración de cobre en un centenar de minas de todo el mundo. Aquí de nuevo entra en juego el segundo principio de la termodinámica. A medida que las minas van agotándose, la energía de extracción aumenta exponencialmente. Como ocurre en el reciclado, cuanto más diluido está el metal, mayor es la energía de separación. Es cierto que, gracias a mejoras tecnológicas, somos capaces de extraer más eficientemente los recursos minerales de la tierra. Lamentablemente las mejoras tecnológicas deben ir a la par de las reducciones en leyes de mina y este no es el caso. Así que, con el aumento de energía, también hay asociado un aumento en el impacto ambiental. Además de los inmensos “agujeros” que se hacen en la corteza en la minería de cielo abierto, las emisiones de CO2 se disparan, ya que gran parte de la energía empleada en la minería hoy en día es en forma de diésel para transportar los miles de toneladas de roca extraída. Si actualmente la minería es responsable según la Agencia Internacional de la Energía, de entre un 8 y un 10% del consumo de energía primario mundial y emisiones de CO2, es probable que, en el futuro, esta tasa aumente considerablemente.

Figura 5. Consumo energético global de cobre frente a la concentración media en la mina. Fuente: Calvo, Mudd, Valero and Valero (2016). Resources  5(4), 36; https://www.mdpi.com/2079-9276/5/4/36

Si analizamos ahora la demanda esperada de materiales hasta el 2050 necesarios para desarrollar la fotovoltaica, eólica, la solar de alta temperatura o el vehículo eléctrico, teniendo en cuenta las proyecciones realizadas por la Agencia Internacional de la Energía en su escenario 450 (que implica no superar los 2ºC de aumento global de temperatura), podemos detectar posibles cuellos de botella que aparecerían para algunos elementos clave. Para ello, en un estudio realizado en colaboración con mis colegas en el Instituto CIRCE, establecimos tres tipos de riesgo:  muy alto, alto y medio; correspondiendo la categoría “muy alto” a que la demanda acumulada superará los recursos disponibles, la categoría “alto” a que la demanda acumulada superará las reservas y la categoría “medio” a que la demanda anual sobrepasará la producción anual esperada calculada con el modelo de Hubbert. La diferencia entre recursos y reservas se encuentra en que los primeros son cantidades de minerales potencialmente valiosos, y por los cuales existen prospectivas razonables para una eventual extracción económica; las reservas en cambio representan a aquellas cantidades de minerales que son valiosas y son legal, económica y técnicamente viables de extraer hoy en día. Entonces las reservas son dinámicas y suelen aumentar a medida que se encuentran nuevos depósitos minerales o el aumento de los precios hace que determinadas minas no rentables en el pasado, lo sean en el presente. Los recursos sin embargo son más estáticos y son considerablemente mayores a las reservas. 

Considerando las “tecnologías limpias” analizadas (ver Tabla 1), los vehículos eléctricos son aquellos que más materiales críticos demandarán, estando las posibles limitaciones centradas en los elementos necesarios para las baterías (litio, cobalto, níquel). Además, podría haber otras limitaciones a la hora de fabricar aleaciones de acero que necesiten cromo o molibdeno, y también para la fabricación de algunos equipos electrónicos. Por elemento, aquellos que presentan un mayor riesgo de suministro en el futuro son: teluro, plata, cadmio, cobalto, cobre, galio, indio, litio, manganeso, níquel, estaño y zinc. 

Tabla 2. Clasificación de elementos en función de su riesgo de suministro junto a la lista de sectores “verdes” en los que se emplea. Fuente: Valero, A., Valero, A., Calvo, G., & Ortego, A. (2018). Material bottlenecks in the future development of green technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 93, 178–200.

¿Cómo evitar entonces estos problemas detectados en el suministro de materias primas clave? En el lado de la demanda, habrá que apostar fuertemente por la desmaterialización, la sustitución de materiales críticos por otros más abundantes y la reutilización y reciclado. Para ello, será imprescindible diseñar los productos pensando en su fin de vida, haciéndolos robustos, modulares y fácilmente desensamblables y así promover la denominada “economía circular”. Esto permitirá reducir drásticamente los residuos, reutilizar y reparar los productos dándoles una segunda, tercera, cuarta… vidas y recuperar los materiales valiosos para reintroducirlos en el sistema productivo. En este sentido, habrá que aprender de la naturaleza, que no produce residuos y vive y se regenera exclusivamente de la acción del sol. Dicho esto, y conociendo las limitaciones que nos impone el segundo principio de la termodinámica en cuanto a la imposibilidad de cerrar totalmente los ciclos, la principal medida a adoptar debe ser la reducción del consumo, abriendo paso a nuevos modelos económicos que fomenten el “uso” más que la “posesión”. Una economía de los servicios en donde las empresas no vendan el producto sino su función. De esta forma, los objetos serán más robustos y al final de su vida, los productores se encargarán de recuperar sus materiales valiosos y reintroducirlos en el sistema de forma más eficaz.

En el lado de la oferta, si la demanda sigue aumentando, no podremos prescindir nunca de la minería. Esto hará que nos enfrentemos a diversas contradicciones, como la del efecto “Nimby” (en sus siglas en inglés “Not in my backyard” – no en mi patio trasero). No deseamos actividad extractiva cerca debido a los impactos que genera y preferimos relegarla a terceros países, en muchos casos con bajos o nulos estándares ambientales y sociales. Pero no renunciamos a la renovación constante de objetos tecnológicos, que requieren de la actividad minera para su fabricación. Reducir la dependencia exterior, que es una prioridad de muchos gobiernos como la Unión Europea, implica apostar por extraer en el propio territorio y probablemente abrir o reabrir nuevos yacimientos que, con mucha seguridad, crearán o están creando rechazo social. En este sentido, la minería deberá ser sostenible ambiental y socialmente, en mi patio trasero y en el de los vecinos. Y el capital mineral, que es un patrimonio natural de los que viven hoy, pero también de los que nacerán, deberá valorarse de forma justa, no sólo considerando los costes de extracción de hoy, sino los que deberán afrontar las futuras generaciones cuando se agoten los yacimientos. Sólo así se creará un verdadero sentido de la conservación.

En definitiva, evitar la dependencia de combustibles fósiles implicará aceptar la dependencia de materiales, algunos de ellos con importantes riesgos de suministro. Sin materiales no hay energía, ¡pero sin energía, tampoco hay materiales! Es necesario por lo tanto considerar el diálogo, o mejor triálogo energía – materiales – medioambiente, porque las soluciones no serán unidimensionales sino multidimensionales y complejas, especialmente cuando entran en juego los graves problemas sociales que acarrea la minería.

[1] Según los estudios que realizamos en el Instituto CIRCE para la siguiente publicación: Alicia Valero, Antonio Valero, Guiomar Calvo, Abel Ortego, Sonia Ascaso, Jose-Luis Palacios. Global material requirements for the energy transition. An exergy flow analysis of decarbonisation pathways. Energy 159 (2018) 1175-1184.

[2] UNEP (2011). Recycling Rates of Metals, A Status Report. United Nations Environmental Programme. www.resourcepanel.org/

nº35 | la cuenta de la vieja

Un pinar, un Metro, dos bases

Andalucía al servicio de la soberanía del capital: sobre pinares, transportes públicos, bases militares y sus relaciones con la acumulación del capital global

Para el historiador canadiense Quinn Slobodian, el neoliberalismo, desde su origen, responde a la pregunta de cómo proteger el capitalismo de la democracia. El neoliberalismo tiene por objetivo afianzar la soberanía del capital sobre las personas. En plena hegemonía neoliberal, apenas nos sentimos con el derecho de pensar qué economía queremos para nuestro pueblo, para nuestra ciudad, para Andalucía. La actual soberanía del capital impide no solo la soberanía popular, sino siquiera imaginarla. Nos parece normal que se pueda comprar o vender algo que no ha sido producido como una mercancía (como un pinar en Chiclana), que se pueda ganar dinero financiando una empresa que gestiona un servicio público (Metro de Sevilla) o que los recursos naturales de un continente entero (África) estén al servicio de una revolución económica supuestamente inmaterial (la economía digital). Todo ello bajo una desregulación y descontrol (del capital) que requiere, ahora más que nunca, del control estatal y del uso de su herramienta por antonomasia (el ejército). A continuación vamos a ver, a través de algunas noticias aparecidas en las últimas semanas en Andalucía, algunos casos de cómo la soberanía del capital pone la vida al servicio del dinero.

Un pinar en Chiclana y unos chicos de Mineápolis

La financiarización o expansión del capital financiero tiene sus raíces en el declive de los beneficios industriales, lo que obliga a los capitales a buscar otros lugares más rentables para sus inversiones. La política monetaria también ha servido para fomentar la financiarización. En este sentido destaca la «flexibilización cuantitativa» mediante la cual los bancos centrales han puesto ingentes cantidades de dinero en manos de fondos privados con las cuales han podido comprar enormes cantidades de activos. En Andalucía, los grandes fondos de capital han impulsado la especulación inmobiliaria especialmente en las grandes ciudades y en las zonas de litoral.

En esta situación hay que enmarcar la denuncia de Toniza-Ecologistas en Acción Chiclana respecto a la destrucción del mayor pinar de la costa de Sancti Petri, con una superficie de más de 60 000 metros cuadrados, destinado a urbanizarse con 206 viviendas de lujo. La operación la promueve Aedas Homes, una promotora ligada al fondo de capital estadounidense Castlelake.

En el año 2013, un desconocido fondo de Mineápolis, Estados Unidos, decidió entrar en el mercado inmobiliario español. El fondo aprovechó la mejor oferta de suelos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB o «Banco malo»), el Proyecto Crossover. Castlelake pudo así hacerse con un lote de suelo con gran descuento. Los «chicos de Mineápolis» fueron haciéndose con más suelos a la mitad del precio de lo que se paga hoy. Su secreto estuvo en detectar que los bancos necesitaban vender terrenos al valor al que los tenían en libros. El problema es que, entonces, no valían ese precio, así que este fondo estadounidense aceptó esos importes a cambio de realizar el desembolso en largos plazos. Así logró crear una cartera de terrenos a precio de crisis, que en realidad pagó cuando alcanzaban precios mucho más elevados. Chicos listos.

Posteriormente el fondo entendió que necesitaba crear su propia inmobiliaria para lo que creó Aedas Homes. En todos los casos, la inmobiliaria compra suelo denominado «no finalista» para promover su transformación urbanística hasta que alcancen el estadio de suelo finalista, es decir, estén listas para construir sobre ellas. Para ello negocian con gente como el alcalde de Chiclana, José María Román Guerrero. Así lo venden:

esta nueva línea estratégica aumenta la visibilidad del plan de negocio de Aedas posterior a 2023 y se suma a la habitual disciplina de inversión de la compañía focalizada en la compra de suelos residenciales fully permitted en las zonas de mayor demanda del país.

A día de hoy el mapa de los grandes especuladores de suelo en Andalucía y España lo componen tres grandes fondos internacionales: Castlelake, Lone Star y Värde. Como dice un conocedor del sector: «No van a quedarse, son financieros. Se irán para volver en otro momento o a otro segmento». Compran barato, venden caro, se van y esperan a la siguiente oportunidad para continuar especulando con todo aquello que pueda reportarle beneficios.

El Metro de Sevilla y los fondos de pensiones de las universidades inglesas

La Línea 1 del Metro de Sevilla tuvo un coste definitivo de 890 millones de euros, más del doble de lo presupuestado. Inaugurado en abril de 2009, hoy día esa infraestructura pública la gestiona la multinacional Globalvia, que pagó 157 millones de euros en 2014. Desde 2012 el Metro de Sevilla no ha dejado de incrementar sus ingresos y beneficios. En 2018 ingresó 61,3 millones de euros y los beneficios alcanzaron los 18,1 millones de euros. Estos beneficios no son suficientes para contentar las demandas sindicales de mejor cobertura de las bajas, excedencias y reducciones de jornada, lo que ha llevado a paros y huelgas en los últimos meses.

Globalvia nació en el año 2007 de la unión entre Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Bankia. A día hoy está controlada por tres fondos de pensiones, a saber: el canadiense OPTrust, el holandés PGGM y el inglés USS. Optrust tiene unos activos de 16 440 millones de euros, administra el plan de pensiones Opseu, con más de 86 000 personas entre miembros y jubiladas, fundamentalmente en el territorio de Ontario. PGG, por su parte, dispone de 186 600 millones de euros en activos. Por último, USS, Universities Superannuation, es el principal fondo de pensiones para universidades e instituciones de estudios superiores en Reino Unido y tiene un fondo de activos de unos 68 365 millones de euros. Globalvia destina fondos a «seguir creciendo mediante la compra de proyectos de autopistas y ferrocarriles». De este modo, estos fondos utilizan los ahorros de estudiantes ingleses o jubilados holandeses o de Ontario para apropiarse de riqueza proveniente de la prestación de servicios públicos como el Metro de Sevilla. Es un claro ejemplo de globalización financiera.

Con la financiarización el capitalismo contemporáneo crea un mercado mundial de dinero. Los capitales pueden entrar y salir con facilidad de negocios, Estados, y los inversores institucionales o «ZinZin» (como compañías de seguros, bancos, fondos de pensiones o fondos de inversión) se convierten en los actores relevantes. Estos fondos imponen la rentabilidad requerida a la actividad económica que financian, ya sea a costa de precarizar el empleo, destruir el medio natural o, incluso, atacar a personas que denuncian sus malas prácticas (para otro artículo dejamos la posibilidad de analizar cómo medios de comunicación como El País y la Cadena Ser hablan de Green Blood al mismo tiempo que colaboran con Cobre las Cruces, del grupo minero canadiense First Quantum Minerals).

Rota, Morón y la mano visible militar del capitalismo global

Tanto la globalización financiera como la economía digital o capitalismo de plataformas han necesitado y necesitan la intervención estatal. El capitalismo y el militarismo (en particular el imperialismo de EE UU) no son dos fuerzas paralelas, sino que están inextricablemente entrelazadas. Los estrechos vínculos entre crisis ecológica, capitalismo y militarismo se pueden observar si se tiene en cuenta para lo que son movilizadas estas fuerzas: se despliegan principalmente en regiones ricas en recursos y cerca de rutas estratégicas de transporte marítimo que mantienen en funcionamiento la economía globalizada. En palabras de Thomas Friedman: «La mano invisible del mercado no puede funcionar sin un puño escondido. McDonald’s no puede prosperar sin McDonnell Douglas, el diseñador del F-15. Y el puño escondido que mantiene el mundo a salvo para que las tecnologías de Silicon Valley prosperen se llama el Ejército, las Fuerzas Aéreas, la Armada y los Marines de EE UU».

El capitalismo de plataforma no es algo «etéreo», sino que en realidad conlleva enormes impactos ambientales y energéticos. Jim Thomas, codirector del Grupo ETC, ejemplifica esto en tres sectores: el iceberg de la infraestructura digital, la demanda de almacenamiento de datos y la voraz demanda energética del uso de las plataformas digitales. En la satisfacción de esa demanda energética y de materiales es donde juegan un papel esencial los ejércitos. Y Andalucía, mejor dicho su suelo, es esencial en la estrategia del mayor ejército del mundo y «puño escondido» del capital global.

Así podemos entender la noticia, de escasa repercusión por cierto, sobre el refuerzo del despliegue militar en la base de Rota. El Gobierno español ha dado el visto bueno a Estados Unidos para que un destacamento de helicópteros navales se localice en la base militar gaditana. Y todo ello sin reformar el convenio bilateral de defensa, como se había hecho hasta ahora en casos similares.

Tanto Rota como Morón forman parte la vasta infraestructura militar de EE UU, formada por más de 800 bases con sus flotas navales y aéreas. En particular, las bases estadounidenses en suelo andaluz son muy importantes para el control de África. La base de Morón se convirtió en 2015 en base operativa de Africom, el mando militar de Estados Unidos para África y el Mediterráneo. Rota es también la ruta ideal para comenzar las operaciones en el continente africano, subraya el Pentágono en su estrategia de movilidad aérea. La distancia entre la localidad gaditana y Yibuti es de poco más de 3000 millas náuticas (5500 kilómetros).

La violencia policial y militar contra las poblaciones a menudo está relacionada con la resistencia que se ofrece ante proyectos extractivos. La organización de derechos humanos Global Witness observó en 2015 que cada semana son asesinadas tres personas por defender sus tierras, bosques y ríos en su lucha contra de las actividades extractivas necesarias para el capitalismo digital. «Los productos realmente innovadores son los que dejan su huella en el mundo, no en el planeta», afirma Apple en su página web. Si atendemos a este bonito eslogan propagandístico, apenas existen productos realmente innovadores en la nueva economía digital. Casi todos dejan una huella de sangre en el mundo.

Ni buitres, ni cocainómanos, ni Estado mínimo

Y sin embargo, la situación no se explica mediante fondos «buitre», cocainómanos avariciosos o Estados mínimos o no intervencionistas.

Los buitres limpian lo muerto, no matan lo vivo, por tanto la metáfora carroñera apenas tiene que ver con el capitalismo extractivo y sus fondos de capital «chupópteros», que parasitan o destruyen vida para extraer riqueza. Los directivos avariciosos no son la causa de nada, sino meras herramientas, al igual que los puños y manos visibles de la soldadesca que utiliza la violencia al servicio del capital desde suelo andaluz.

Comencemos a llamar a las cosas por su nombre y a ser capaces de relacionar lo que ocurre en nuestro territorio, pueblo o barrio con un sistema global de sustracción de recursos que provocan destrucción y muerte.  

nº34 | la cuenta de la vieja

Claves para entender el problema de las casas de apuestas.

Los juegos de azar privados estuvieron prohibidos en España hasta marzo del 1977, año en el que se permite la habilitación de bingos, casinos y la instalación de máquinas tragaperras en establecimientos de ocio y bares en un decreto ley de 1977. Hasta aquel momento el control de los juegos de azar era exclusivamente estatal y la oferta se limitaba a la Quiniela, la ONCE, el Sorteo de Navidad, el Sorteo del Niño o la Primitiva.

Décadas después de la legalización del juego privado, el mercado ha renovado la oferta, ha buscado incidir en otros sectores de la población y se han impuesto nuevas preferencias de juegos a la vez que las empresas centraban su inversión en la incorporación de nuevas tecnologías y en la compra de espacios publicitarios en los principales medios de comunicación. Casinos, bingos, salones de juego y casas de apuestas aumentan la presencia en las ciudades y junto con las empresas del juego online, se acercan en beneficios a los números de la ONCE y a las loterías y apuestas del estado. Un mercado donde millones de personas ponen en circulación más de 9 mil millones de euros, y que emplea a casi 85 000 personas, el 54% del sector privado.

Con la llegada del juego virtual de apuestas, casinos, póquer y bingo por internet se revolucionó el mercado del juego en España. Después de una época marcada por la crisis económica, en apenas 7 años la cantidad de capital jugado se multiplicó. En 2018 había 832 000 cuentas activas de clientes que invirtieron 700 millones de euros para jugar en este segmento del mercado, según los datos oficiales proporcionados por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Las empresas de este sector económico han pasado de la clandestinidad virtual a comprar tiempo de exposición prime time en medios de comunicación públicos y privados, y esponsorizar eventos y equipos deportivos de primera línea.

Las apuestas privadas representan un segmento importante aunque todavía secundario del mercado del juego. La implantación en el mercado es menor si la comparamos con las loterías y apuestas del estado, pero crece todos los años a un ritmo del 20% anual desde 2012, movilizando más de 600 millones de euros de 1,7 millones de clientes, mayoritariamente de sexo masculino y entre 18 y 35 años, de todos los estratos sociales derivados de las clases medias. Gastaron 330 millones de euros en terminales de casas de apuestas, salones de juego y bares en 2017, según datos de la DGOJ y el Anuario del Juego en España del Instituto de Política y Gobernanza, financiado por la multinacional del juego Codere. 

Muchos de los negocios que verás por las calles son diferentes marcas de unas pocas operadoras. Aunque el estado ha habilitado este año a 52 operadores para la comercialización de juegos y apuestas, el mercado de las apuestas está dominado por 6 empresas que operan a nivel nacional: Codere, Juegging, Kirolbet, Luckia, Orenes, Reta y Sportium.

Buena parte de las empresas multinacionales europeas más conocidas de apuestas y el juego online pagan sus impuestos de sociedades en paraísos fiscales europeos como Gibraltar, la isla de Man o Malta, aunque igualmente deben satisfacer los tributos nacionales y autonómicos por los beneficios obtenidos y por la actividad desarrollada. El aspecto impositivo es un elemento importante para entender el interés de las administraciones en regular la actividad de los juegos de apuestas y azar. 

Comunidades Autónomas y Estado obtienen una creciente financiación por el auge del mercado, 1500 millones de euros en 2018 para el juego privado online y presencial. El grueso procede de impuestos al juego, que recaen tanto del lado de la empresa que comercializa los juegos como del cliente que abona impuestos por la compra del boleto y también por el premio obtenido. Las apuestas presenciales son competencia autonómica y las online en su mayoría estatales, y ciertas instituciones ven en el sector del juego un factor de desarrollo económico y fomento del empleo, pues representa un mercado que moviliza en España más de 7300 millones de euros anuales para jugar (aunque esta es una cantidad global; tras detraer los premios, las retiradas de dinero y los bonos regalados por las empresas a los nuevos clientes, el montante final real es de aproximadamente 700 millones) que generaron unos 32 millones de euros en impuestos para las comunidades autónomas en el segmento de las apuestas presenciales, un 4,3%.

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla compiten con Malta para atraer a las empresas del sector radicadas en Gibraltar que se verían perjudicadas por el Brexit, con unas tarifas impositivas hasta un 50% más bajas que las del resto de comunidades autónomas y el estado. Ello supone trasladar la sede fiscal y pagar más impuestos en el territorio, pero la opción de los paraísos fiscales del Estrecho es menos atractiva que trasladarse a Malta si prefieren operar en toda Europa y hasta la fecha hay pocas empresas que hayan dado el paso.

El mercado español del juego es un sector económico que emplea a más de 84 mil personas entre puestos de trabajo directos e indirectos, según el Anuario del Juego en España 2018. Teniendo en cuenta los beneficios que genera y el volumen de capital que ponen en juego anualmente, no parece ser un número suficiente de puestos de trabajo. Observados desde otra perspectiva, las ocupaciones de juegos de azar y apuestas eran las más rentables después de los empleos en el sector de las telecomunicaciones, con 97 342 euros producidos por persona ocupada en un año.

Es por ello que, frente a la demanda social de que se produzca una respuesta institucional a la implantación masiva de casas de apuestas a los barrios de las ciudades, las instituciones y una mayoría de partidos vean más pros que contras.

Contar con datos fiables sobre la magnitud de las apuestas en los barrios es todavía complicado. Los principales datos de explotación económica figuran en las bases de datos que publica la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda, aunque la transparencia de todas las administraciones en este sentido es relativa. La armonización de los datos para poder construir una fotografía real es complicada, pues estos provienen de diferentes fuentes, información corporativa del sector o estudios por encargo de grandes multinacionales, como el Anuario del juego en España realizado por la Universidad Carlos III y financiado por Codere, multinacional del ramo y patrocinadora del Real Madrid, con estrechas relaciones con el Partido Popular.

Respecto al contexto andaluz, sabemos que en 2018 contábamos con aproximadamente 800 salones de juego, donde es posible apostar en una terminal específica de las casi 4000 que existen, el 35% de todas ellas en Málaga y Sevilla según datos de Codere y la patronal andaluza Anmare.

La Junta de Andalucía no proporciona datos públicos específicos sobre apuestas a las estadísticas nacionales, ni los publica en su memoria, por lo que es necesario acudir a los datos que presenta el sector: 107 millones de euros jugados y 21 millones de euros de juego real, con un gasto medio de 6 €  por persona, cifra muy por debajo de las cifras de otras comunidades autónomas como País Vasco, Madrid, Valencia o Galicia. La particularidad de Andalucía es que la legislación prohíbe instalar terminales de apuestas en bares, aunque no es difícil encontrar en Sevilla o Málaga algún local de apuestas que simula ser un café, o un salón de juegos disfrazado de bar, sirviendo tapas y bebidas alcohólicas o desayunos sin ningún control aparente de entrada a menores y personas auto-prohibidas.

Así pues, dando un paseo por las calles más concurridas de tu localidad seguramente te puedas topar con algún llamativo establecimiento del ramo: una casa de apuestas, un salón de juegos tradicional un tanto oscuro, o uno moderno repleto de vinilos y lucecitas estroboscópicas, donde además puedes hacer apuestasA finales de 2018 en Sevilla ya podías encontrar casi 200 establecimientos y más de 600 terminales de apuestas de alguna de las grandes empresas que operan en Andalucía: Sportium, Vive la Suerte, Luckia, Codere, Orenes o Reta, y apenas había pasado un año desde la promulgación del decreto que ponía en funcionamiento el Reglamento 144/2017 de Apuestas de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Es posible que a estas alturas ya hayas tomado conciencia del riesgo que entraña este tipo de actividades y hayas oído hablar de alguna campaña contra las casas de apuestas. ¿Qué deben hacer las instituciones para prevenir el riesgo hacia las personas más vulnerables? Parece que en principio, pocas cosas, pero de calado: expedir licencias de juego a operadores, determinar la legalidad o ilegalidad de su actividad (supervisar), perseguir el juego ilegal y proteger a la infancia y a las personas consumidoras. La DGOJ ha abierto más de 157 expedientes y ha recaudado más de 100 millones en sanciones en el período comprendido entre 2013 y 2017.

La comparación con el problema de la venta de tabaco y alcohol es obligada. ¿Se están tomando las medidas necesarias? ¿Existe el mismo celo supervisor del estado? Juzga tú misma si quieres. Ahora quizá repares en que has visto algún establecimiento de apuestas excesivamente cerca de la puerta de un colegio o un instituto, que no ves medidas suficientes para impedir la entrada a menores en estos establecimientos y que en general, no hay ningún control publicitario. En este particular, el sector ha tomado la precaución de crear un acuerdo de autorregulación publicitaria para prevenir la intervención institucional, pero es evidente que no está funcionando.

Todos estos son los efectos de un mercado en plena expansión, que demanda espacio físico en la geografía urbana por medio de la compra o alquiler de locales comerciales en un contexto de alza de los precios de los inmuebles. El centro urbano y los barrios con mayor renta per cápita en la mayoría de ciudades tienen menos espacio disponible y asequible para este tipo de negocios, que priorizarán establecerse en barrios populosos donde habite una mayoría de gente joven con trabajo, de ingresos medios o medio bajos y en el que el precio del alquiler de locales no suponga un problema.

El segmento de las apuestas presenciales es un sector con grandes variaciones anuales, representado por muy pocas empresas que venden diferentes tipos de juegos de azar y apuestas, por lo que es posible que una parte relevante de sus casi 2 millones de clientes se haya acostumbrado a participar en algún juego más de los que oferta en el menú la empresa: tragaperras, apuestas deportivas, apuestas cruzadas con otros clientes, apuestas no convencionales, juegos de casino o de póquer virtual. El rubro de las apuestas está tan interconectado con el resto del catálogo de productos virtuales y presenciales para apostar el dinero personal debido a que, en última instancia, el mercado está concentrado en unas 74 empresas a nivel nacional.

Las previsiones más optimistas del Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III calculan en unas 20 000 las personas afectadas por un uso abusivo de los juegos de apuestas y azar, y el Estudio y análisis de los factores de riesgo del trastorno de juego en población clínica española 2017, coordinado por la DGOJ, ha identificado que las personas con un estado de salud psicológica más vulnerable tienen mayor facilidad para vivir situaciones de riesgo derivadas de la participación en juegos de azar: aumento de la deuda, adicciones al juego y al consumo de alcohol y problemas psicológicos graves.

Por el momento, el acuerdo de autorregulación publicitaria y su fuerte inversión en los medios de comunicación le ha servido al sector del juego para ondear la bandera de la responsabilidad social y el juego limpio en un contexto con demasiado ruido mediático debido al clima político imperante, pero existe contestación social  contra la presencia masiva y la actividad de estas empresas en los barrios de clase trabajadora por todo el Estado.

Las campañas contra las casas de apuestas en los barrios nacen en territorios donde la incidencia del problema es mayor como el País Vasco o Madrid, aunque hay iniciativas sociales en cada vez más puntos del Estado español que están enunciando un serio problema. No hay distancias mínimas respecto a centros educativos o a lugares frecuentados por menores, publicidad abusiva, riesgos para la salud mental, acaparamiento de locales comerciales, más políticas públicas, o la connivencia de los medios y el deporte profesional, son algunas de las muchas quejas y reclamos enumerados.

Estas demandas se pudieron materializar en las medidas que Podemos incluyó en los acuerdos presupuestarios y de legislatura con el PSOE en 2018, aunque finalmente no se llevaron a cabo debido a la disolución de las Cortes y el adelanto electoral de marzo de 2019. También en elecciones este problema se ha trasladado a la agenda de escasos partidos políticos, como Unidas Podemos, Compromís o Ciudadanos, aunque de manera bastante tibia. Parece que una vez más la solución de este problema deberá recaer sobre la iniciativa social.

nº33 | la cuenta de la vieja

Especialización turística, extractivismo y otras cosas feas a evitar

El turismo como cadena global

La actividad turística ha crecido enormemente en las últimas décadas. Según la Organización Mundial de Turismo mientras que, en 1950, 25 millones de personas tenían consideración de turistas internacionales, en 2017 la cifra alcanzaba los 1327 millones. Esta situación ha dado lugar a la turistificación, es decir, al impacto que tiene la masificación turística en el tejido social y comercial de determinados barrios o ciudades. Estos procesos suponen para la población de un territorio que las instalaciones y servicios pasen a dedicarse de manera casi exclusiva al turismo en detrimento de las personas residentes. La vida de la gente del barrio o ciudad se supedita a la generación de beneficios de las empresas vinculadas a la actividad turística.

La actividad turística ha cambiado enormemente en los últimos años. Dos elementos transcendentales en esta transformación han sido la progresiva incorporación del turismo al capitalismo de plataformas (mal llamado economía colaborativa) y el cada vez mayor control del negocio por parte de grandes empresas transnacionales. Actualmente, en palabras de Rosario Gómez-Álvarez, «las actividades turísticas se encuentran plenamente integradas en el proceso de fragmentación internacional de la producción».

Los agentes económicos que participan en dicha actividad son los oferentes (alojamiento, alimentación, transporte y ocio), los intermediarios y las personas consumidoras. Entre los primeros han crecido enormemente las cadenas hoteleras y las compañías de transporte multinacionales cuyas matrices están situadas en los mercados emisores (países de origen). Por su parte, los agentes intermediarios son un eslabón cada vez más relevante y poderoso donde también predominan las grandes empresas con capital no arraigado en los lugares de destino.

En los últimos años se ha producido una enorme pérdida de cuota de mercado de los operadores turísticos tradicionales a favor de las plataformas digitales. Estas últimas han penetrado en los diferentes mercados turísticos, tanto en la intermediación del alojamiento, como en el transporte y la búsqueda de información sobre actividades de ocio. En el ámbito de la intermediación del alojamiento destacan Booking y Airbnb, mientras en el del transporte lo hacen Uber y Blabacar. Por tanto, se asiste al típico proceso capitalista de «colaboración». Una situación en la que, por un lado, los procesos productivos generan beneficios que son absorbidos en gran medida por grandes multinacionales y el capitalismo de plataformas; y, por otro lado, los problemas e impactos negativos generados por la actividad repercuten en la población de barrios y ciudades, y en especial sobre la que tiene menos recursos. Se asiste, por tanto, a una situación demasiado común en la que la privatización de los beneficios es complementaria a la socialización de pérdidas (externalidades negativas de la actividad).

Así, el territorio en cuestión (ciudad, barrio o franja litoral, como gran parte de la costa andaluza, etc.) se convierte en una plataforma de extracción de riqueza mientras que para la población tan solo quedan migajas y problemáticas sociales y ambientales de gran calado. Entre los principales problemas de estos procesos de especialización o turistificación se encuentran, entre otros, el aumento de la precarización laboral, la degradación del derecho a la vivienda, el encarecimiento y la transformación del comercio local, o la masificación de calles y plazas que dificulta la vida cotidiana de las personas residentes, tanto en lo que atañe al descanso como al disfrute mismo del espacio público.

La turistificación de la economía andaluza: un nuevo extractivismo

El profesor Manuel Delgado Cabeza lleva décadas analizando la economía andaluza mejor que nadie. Para este maestro, la economía andaluza se ha caracterizado por su modelo extractivista y por especializarse en actividades productivas al servicio del capital; actividades que no nos convienen a la gente que habitamos las ciudades y pueblos de Andalucía. Nos especializamos según intereses muy distintos a los de mantener y enriquecer nuestras vidas. La turistificación de las ciudades y el litoral andaluz no hace sino profundizar en esta situación.

La expansión del turismo y el negocio inmobiliario ha tenido en Andalucía un peso muy por encima del que ha tenido en otras economías de nuestro entorno. Estas actividades dan lugar a procesos económicos que no implican creación de riqueza, sino simplemente apropiación de valor monetario. Y es que no debemos continuar siendo necios y confundir valor con precio, riqueza con dinero. 

La capacidad de absorber dinero y acumulación capital provoca la consecuente acumulación de poder en muy pocas manos. Esta situación perjudica la toma de decisiones democráticas y participadas, y posibilita la enorme capacidad de influencia que tienen escasos actores que, normalmente, no residen en los territorios y que tan solo los utilizan como materia prima generadora de ganancias. De manera que, como explican profesores como Delgado o Naredo, el enriquecimiento de unas personas termina siendo a costa del empobrecimiento de otras, y, paradójicamente, lo que se anuncia como un proceso de creación de riqueza en beneficio de todas termina convirtiéndose en mayores cotas de deterioro ecológico y social para la gran mayoría de la gente.

Los territorios mejor situados económicamente son aquellos que tienen una mayor  capacidad para apropiarse de valores monetarios y, por otra, una fuerte diversificación en el grado de especialización. En este sentido, la turistización que sufre la economía andaluza provoca una mayor vulnerabilidad, asociada, por un lado, a la especialización que supone y, por otro, a la escasa capacidad para apropiarse de valores monetarios.

En ese contexto, la especialización turística a la que se aboca a Andalucía en general, y a la ciudad de Sevilla en particular, puede entenderse como un avance en el modelo extractivista. Para Marina Garcés, el turismo «es la industria legal más depredadora que existe (…). En su desarrollo masivo, extractivo y monopolista. No me vale que sostiene al pequeño comercio. Beneficia a las grandes industrias de transporte, urbanística o de alimentos. Es ahí donde se cruzan todas las devastaciones: de la ambiental al extractivismo presente.» De este modo, esta pensadora analiza el turismo como industria extractiva, como si fuera la actividad minera o la agroalimentaria convencional: «Para mí, Barcelona es un campo de soja, explotable como un recurso natural cualquiera.» Lo mismo se puede aplicar a otras tantas ciudades del territorio estatal y mundial.

Uno de los aspectos propios del turismo extractivista es su dimensión de chantaje. En palabras de Garcés este modelo «genera una sociedad pasiva, y con una sociedad rendida el chantaje es muy fácil de hacer: o el turismo o nada, nos dicen». Garcés rescata dos conceptos más subsidiarios de este sector económico: el de «riqueza empobrecedora» y la «democracia delegativa». El primero sirve para poner en primer término una serie de beneficios a corto plazo por encima de los daños que generan determinadas explotaciones. Con el segundo alerta sobre las consecuencias que conlleva la imposición de la lógica privada a determinadas políticas. Indica las que denomina «burbujas de legalidad ad hoc», lo que es tan válido para una mina como para las «fundaciones» que desean invertir en la ciudad. No es necesario resaltar aquí la situación de algunos megaproyectos mineros en Andalucía.

Por tanto, es muy esclarecedora la comparación entre el modelo de turismo que ha acabado imponiéndose a la capital andaluza con el capitalismo extractivista tan conocido en la historia de la economía andaluza. Se trata, en resumen, de capitales que aterrizan en un determinado lugar, localizan los recursos naturales más valiosos y los explotan al máximo. Para Garcés, la única diferencia entre explotar un mineral, petróleo, madera o un cultivo como el de la soja, es que con el turismo «los recursos naturales somos las personas, nuestra memoria colectiva y nuestro patrimonio».

El neoliberalismo del que apenas se habla

Esta situación se enmarca dentro de las estrategias de desarrollo local neoliberal. Estrategias que convierten a los territorios, a las ciudades, en «marcas» que deben competir entre ellas para atraer al capital. En Sevilla, tras la exposición universal, se puso en marcha una estrategia de este sentido para convertir a la Isla de la Cartuja en el Silicon Valley del sur de Europa. Esa estrategia ha derivado en otra que parece aspirar a convertir a la ciudad en un macro parque turístico, en una enorme Isla Mágica.

Desde hace más de dos décadas, la economía convencional territorial propone un tipo de regulación que tiene por objetivo generar un ambiente atractivo para la inversión privada. Se opta por ayudar directamente al capital privado y favorecer la iniciativa individual. Estas nuevas estrategias forman parte del «desarrollo local neoliberal» o neoliberalismo territorial.

Las políticas de desarrollo local puestas en marcha en los territorios del sur de Europa se han basado en tres elementos fundamentales. En primer lugar, en la mercantilización de cualquier recurso del territorio potencialmente vendible o rentabilizable en términos monetarios. Es a lo que se ha denominado «poner en valor» el territorio. En segundo lugar, se ha intentado por todos los medios la valorización social del empresariado tradicional, renombrado como «emprendedor». Por último, estas políticas han utilizado la inversión pública para favorecer a la acumulación privada de capital. Es decir, realizar gastos, impulsar inversiones o aumentar las subvenciones que, con dinero público, sirvan para atraer o favorecer al capital, ya sea local o foráneo.

Tras décadas de puesta en marcha, cada día es más evidente que el desarrollo local neoliberal no ha servido para mejorar la economía y evitar las altas tasas de desempleo y precariedad existentes en estos territorios. Además, la asunción acrítica de estas estrategias ha provocado en muchos casos la «culpabilización de la víctima». Al igual que ocurre con las personas desempleadas y el concepto de empleabilidad, a los territorios empobrecidos (surdesarrollados) se les hace responsables de no ser lo suficientemente competitivos o de no poner en valor su potencial en un contexto que se vende lleno de oportunidades. De forma similar a como una persona sin empleo compite con otra por un cada vez más escaso puesto de trabajo, los barrios, los pueblos o las ciudades deben competir entre ellos para ver quién es el más atractivo a inversiones foráneas.

Con estas estrategias de neoliberalismo territorial son los capitales los que disponen del monopolio de la «participación» y las comunidades locales tan solo pueden competir entre ellas por atraerlos mediante la puesta en práctica de medidas que favorezcan su valorización. Así, como diría E. Galeano: «Hasta hace 20 o 30 años, la pobreza era fruto de la injusticia (…). Ahora la pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece».

Riqueza y dinero, cosas tan distintas

En definitiva, la turistificación, o la especialización extractivista que supone el turismo, sencillamente no nos conviene, en la medida en que no es útil para el objetivo socioeconómico esencial de una economía que tenga por objetivo mantener y enriquecer la vida. El turismo es el último sector o actividad económica que desde el neoliberalismo territorial se propone como oportunidad para crecer, «para poner en valor» el territorio para, en definitiva, mercantilizar nuestras vidas y subordinarlas a «emprendedores» y capitales que privatizarán ganancias y socializarán «externalidades». De este modo, y tal como se plantea en ciudades como Barcelona, frente al modelo «Marca Andalucía» o «Marca Sevilla», es necesario avanzar hacia una «ciudad comuna», una «Sevilla comuna»; un territorio construido desde los barrios, desde los los pueblos y desde abajo, y donde la diversificación y la autogestión productiva genere riqueza capaz de mejorar y de enriquecer la vida de su población.

Y es que no nos confundamos y hagamos caso a personas sabias como Francisco Díaz Velázquez que tan claro nos lo expresa en poemas como este de su obra Coplas de nadie: «El dinero y la riqueza parecen que son lo mismo, siendo cosas tan distintas, la riqueza es justamente / lo que el dinero te quita».

nº32 | la cuenta de la vieja

Colaboración y transformación, capital o vida

Sobre el falso debate de la economía colaborativa 

Para qué tanto llover

si a mí me duelen los brazos

de sembrar y no recoger.

Soleá. Letra popular.

Transformar contra la vida

Está de moda el término «economías transformadoras». En unos casos desde perspectivas críticas con el sistema capitalista. En otros desde posiciones que desean simplemente paliar algunos de sus efectos negativos. Nunca haciendo referencia a que es el capitalismo, su núcleo duro, la mayor potencia transformadora de las sociedades en las que vivimos. Para transformadora, por tanto, la economía capitalista. El reto, por el contrario, es transformar para la vida, para lo que es condición necesaria, aunque no suficiente, dejar atrás el capitalismo.

El capitalismo transforma para poder sostener la acumulación privada de capital, poniendo a la vida al servicio del capital. En la actualidad, lo hace en un contexto de crisis climática, con menos recursos materiales y energéticos. Esto provoca que aumente la violencia estructural del sistema y use todo tipo de herramientas para evitar cualquier barrera a la mercantilización capitalista a escala global. Todo vale para poner la vida, las personas y la naturaleza, al servicio de la maquinaria de generación de beneficios. Los ejércitos continúan siendo una herramienta fundamental de política económica.

La crisis ecológica y de acumulación replantea los campos de obtención de beneficio o absorción de rentas por parte del capital. Por un lado, se expande el ámbito especulativo financiero, es decir, ganar dinero del dinero, donde los grandes fondos de inversión toman un creciente protagonismo. Por otro lado, continúa la necesaria extracción de materiales y fuentes de energía (con el desarrollo complementario del complejo industrial-militar). En tercer lugar, avanza el ataque a la esfera de lo público, allí donde todavía tenga un peso significativo, mercantilizando todo tipo de necesidades humanas básicas. Y como el capital planifica, tanto o más que el Estado o cualquier agente socioeconómico, a medio y largo plazo tiene planteado una nueva onda económica expansiva de la mano de la cuarta revolución industrial (4RI: datos, inteligencia artificial, robotización, automatización, comercio digital, etc.).

En palabras de Esteban Hernández, en realidad, estamos ante un cambio en el modelo de apropiación capitalista, «solo es una crisis para quienes no tienen nada». Por tanto, el capitalismo hoy centra su esfuerzo en superar la grave crisis de acumulación y el colapso ecológico, aunque ello conlleve una guerra abierta entre capital y vida. Por ello es preciso romper la falsa elección entre dos supuestos capitalismos, el bueno y el malo, el liberal-democrático y el populista-autoritario-trumpista. Tanto uno como otro nos conduce al abismo social y al colapso ecológico.

Otra «revolución» para aumentar la desigualdad

Todo lo relacionado con la cuarta revolución industrial capitalista se vincula con el bello relato de la «economía colaborativa». Día tras día se relaciona a la «economía colaborativa» con el software libre, la economía social y solidaria o el cooperativismo; con «plataformas digitales que ponen en contacto a personas que a su vez ponen en valor lo que tienen o lo que saben»; o, como decía un alto cargo de la Junta de Andalucía en un impagable artículo de eldiario.es de 2015, con una alternativa tan maravillosa que «favorece la redistribución de la renta, es un complemento de rentas y genera una economía más participativa» (Vicente Fernández, secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta de Andalucía).

Tras la empática y sugerente denominación se esconde el nuevo capitalismo digital que tiene como base de acumulación o materia prima el control de los datos, de la información y el conocimiento. A día de hoy, y se espera que vaya en aumento en un futuro no lejano, existirán enormes fuentes de excedente económico en los servicios computacionales en la nube o de inteligencia artificial (la venta de hardware, la publicidad o incluso el comercio electrónico quedarán en segundo plano). Este nuevo modo de obtención de beneficios se basa en los datos acumulados tras años de vigilancia intensiva sobre la actividad de las personas. Con esa información se espera crear modelos de inteligencia artificial y convertir a los pocos gigantes que los han desarrollo en los intermediarios fundamentales de la economía.

Es decir, tras la «economía colaborativa» se esconden nuevos mecanismos de formación de plusvalía donde nuestro uso de Facebook, Google, Youtube, etc., sirve de materia prima para la acumulación capitalista. En la actualidad, entre las diez principales compañías con un mayor valor en la bolsa se encuentran los siguientes gigantes tecnológicos: las estadounidenses Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Facebook, y las chinas Alibaba y Tencent.

Estas escasas megaempresas digitales tienen estrechos vínculos tanto con los Estados hegemónicos del siglo XXI (EEUU y China), como con la economía financiera (fondos de inversión). La profesora china Yun Wen afirma que en su país impera «una lógica capitalista tecno-nacionalista». Por su parte, Julian Assange ha explicado de forma tan convincente como olvidada la financiación que la CIA brindó a las primeras pruebas del motor de búsqueda de Google. La economía financiera también es parte protagonista de estas nuevas megacorporaciones digitales, tanto de fondos de inversión procedentes de las grandes economías hegemónicas como de fondos soberanos (Singapur, Arabia Saudí, Noruega o Japón). Así, la supuesta «colaboración» sirve para que tanto Silicon Valley como las grandes empresas chinas se conviertan en enormes aspiradoras de riqueza que aumenta aún más la desigualdad, la polarización y concentración de la riqueza en muy pocas manos. A más concentración de riqueza, más concentración de poder y, por tanto, mayores cotas de autoritarismo. Hablar de democracia en este contexto socioeconómico pasa a ser una broma de mal gusto.

El falso relato de la «economía colaborativa»

Hace un siglo y medio, Karl Marx analizó cómo se disciplinaba la cooperación en una fábrica. El autor alemán llamaba cooperación a «la forma de trabajo de muchos obreros coordinados y reunidos con arreglo a un plan en el mismo proceso de producción o en procesos de producción distintos». Marx venía a decir que no hay capital sin cooperación pues para obtener beneficios empresariales del trabajo es necesario ordenar con «arreglo a un plan» la capacidad cooperativa de las personas trabajadoras.

La falsa «economía colaborativa» hace que grandes y escasas empresas absorban el valor de la cooperación que establecemos en nuestras relaciones cotidianas o cuando buscamos respuesta a necesidades básicas. No se trata de extraer renta de la riqueza producida en la fábrica, sino de extraer renta de la riqueza que producimos cotidianamente, parasitando las relaciones de colaboración que se dan en el territorio o en la red. En las plataformas digitales el capital ya no organiza la producción, sino que directamente se limita a parasitarla. Es pura lógica rentista: la exacción como una forma de explotación.

Las lógicas capitalistas en las que estamos atrapados en el marco de la alta tecnología producirán muy variadas consecuencias sociales, entre las que destaca la precariedad laboral, la gentrificación urbana, la privatización de servicios públicos, etc. Esos perjuicios concretos hay que enmarcarlos en algo mucho más amplio y grave: una economía digital enormemente vinculada a unos cuantos gigantes tecnológicos con detallados perfiles de cada persona tendrá como consecuencia el convertirse en una «sociedad civilizada» de acuerdo, todavía más, al consumo (poseen toda la información de las cuentas bancarias), y la producción (la actividad laboral genera datos que pueden aumentar la productividad o eficiencia). Estas son las principales implicaciones sociales de un capitalismo monopolista en la era digital.

Transformar para la vida

La generación de cambios que sirvan para favorecer los intereses generales de la población requiere de transformaciones en torno a cómo se produce y cómo se distribuye el excedente económico. Otra economía territorial que transforme en sentido opuesto a como lo hace la economía capitalista debe cambiar el modo en que se produce, apropia y distribuye el excedente económico. La colaboración, la cooperación debe implicar reparto, nunca mayor concentración, desigualdad y acumulación.

Frente al actual desarrollo local neoliberal o neoliberalismo territorial es preciso poner en marcha un desarrollo local transformador que tenga como agentes básicos a la economía social transformadora y los bienes comunes. En principio, esta economía social debe estar conformada por entidades socioeconómicas que antepongan los intereses de las personas a las del capital y que apuesten por otras formas de trabajar (diferentes al trabajo enajenado), de establecer la propiedad de los medios de producción (distintos a la propiedad privada) y de tomar decisiones respecto a lo que se produce (subordinando el valor de cambio al valor de uso). Se trata de conformar un marco y unas prácticas socioeconómicas capaces de redefinir las formas y modos de producir, distribuir, financiar y consumir, fundadas en categorías radicalmente democráticas y ecológicas.

En gran medida, la economía social transformadora tendrá su base en la autonomía de la actividad laboral de las personas o «soberanía del trabajo». Esta autonomía deberá ir tejiendo de forma colectiva la «soberanía económica territorial», así como la alcanzada en los diversos ámbitos estratégicos de asunción de capacidad de decisión popular («soberanías sectoriales»). De este modo, se entiende la soberanía como la capacidad de decisión popular en diversos ámbitos estratégicos como son la alimentación, las finanzas, la energía, la tecnología, etc. Así, frente al capitalismo digital, y siguiendo a Gorka Julio, podemos definir la soberanía tecnológica como los procesos en los que las comunidades ganan el derecho a definir sus propios sistemas operativos, software, hardware, redes e infraestructuras, utilizando métodos ecológica, social, económica y culturalmente apropiados según sus propias características. La soberanía tecnológica significa que las comunidades tienen un papel dominante en el control de la tecnología y de la producción de las mismas por encima de los intereses comerciales.

Mientras el capitalismo digital o de plataforma pretende establecer una organización racional de cada ámbito de la vida mediante el uso de algoritmos guiados por intereses comerciales, desde las estrategias del desarrollo local transformador se debiera impulsar infraestructuras sociales y cívicas con sistemas universales, guiadas a su vez por medios democráticos y de propiedad pública o comunitaria. Los territorios deberían avanzar en la idea de apropiarse y ejecutar los datos colectivos de las personas, el ecosistema que crean los objetos conectados a internet, el transporte público o los sistemas de energía como activos o bienes comunes, y colocarlos a la entera disposición de los procesos de innovación social cooperativa. Todo ello se enmarca en la idea de que exista una infraestructura pública que proporcione a la ciudadanía un control total sobre cómo se utilizan sus datos con el objetivo de fomentar la soberanía tecnológica. La idea debe ser convertir las infraestructuras tecnológicas en bienes comunes. Los tiempos actuales, como apunta Francesca Bria, requieren «sistemas centrados en asegurar el futuro de las democracias, espolear los derechos digitales y crear trabajos no orientados al mercado laboral».

Igual de este modo sí colaboramos para la vida y no contra ella.

nº31 | la cuenta de la vieja

Las «arcas del Estado», la «hucha de las pensiones» y los «subsidios para pobres»

Pensiones y subsidios contributivos o de la hucha

El dinero que recauda el Estado es depositado en dos cajas, la de Hacienda o Agencia Tributaria, llamada coloquialmente las «arcas del Estado», y la Tesorería General de la Seguridad Social, o «hucha de las pensiones y los subsidios». Aunque tanto las arcas como la hucha son gestionadas por el Gobierno central, son independientes en lo fundamental. El arca es, con mucho, la que más dinero recauda, de más heterogénea procedencia y la que provee para la gran mayoría de los servicios públicos. Se nutre de todos los impuestos, tasas y aranceles, los beneficios de las empresas públicas (si los hay), la venta de patrimonio público y la emisión de activos en los mercados financieros (deuda pública).

La hucha se nutre solo de las cotizaciones de las personas reconocidas legalmente como trabajadoras, por cuenta propia o ajena. Y con eso es con lo que el Estado paga las pensiones y subsidios. Es un circuito cerrado que, con propiedad, es llamado el Sistema de la Seguridad Social. Sus antecedentes están en las cajas de resistencia de los sindicatos de antaño y de los gremios aún anteriores, solo que aquellas huchas eran autogestionadas y esta es estatal. Puede compararse a la economía de una familia en que madre y padre ponen una hucha para su prole, que recibe el dinerillo que lxs chiquillxs consiguen de actividades menudas (hacer recados), y de la que ha de salir, en exclusiva, la partida para algún gasto suyo, como la ropa.

Es decir, las pensiones y subsidios están excluidos del principio de universalidad ciudadana que caracteriza el resto de la estructura presupuestaria del Estado: de lo que hay en las arcas sale para todo, desde aeropuertos a satélites pasando por ejército, televisiones públicas, escuelas… según cuantías y proporciones que el poder ejecutivo decide conforme a la estrategia política adoptada. Esto supone que todxs, en nuestra condición ciudadana, contribuimos a sostener el aparato judicial, aunque no tengamos pleitos; el Ejército, aunque no tengamos intereses en los dominios enemigos; la Policía, aunque no seamos jaranerxs; la escuela, aunque no tengamos hijxs; los trenes veloces, aunque viajemos en autostop; los desfibriladores hospitalarios, aunque seamos de la liga antitabaco… Excepto los subsidios y pensiones, costeadas y percibidas solo por quiénes reúnen los requisitos de trabajadorxs legales.

Es a este sistema de la hucha al que se refieren autoridades y líderes sindicales cada vez que nos advierten paternalmente que el Sistema está al borde de la quiebra. Y si sus admoniciones no bastan a resignar a la sufrida población subsidiada, para eso están los expertos con su retahíla de porcientos. Pero con la misma insolencia irreverente que mostró el niño de El rey desnudo, podemos preguntar: ¿qué razones impiden que se transfiera dinero desde las arcas a la hucha?; ¿qué impide que desaparezca la hucha y todo llegue a las arcas y de ellas salga para todo según las prioridades que decidamos la ciudadanía? Trasladar la lógica que se sigue con la hucha, por ejemplo, a aeropuertos, o a trenes veloces, o a escuelas, supondría convertir a cada uno de esos servicios públicos en sistemas, en huchas incomunicadas. Sería entonces sostenida cada una de ellos solo por quienes los usaran: los aeropuertos los pagarían los aeronautas y en la proporción que los usaran, y así. Pero no, esos servicios los pagamos todxs.

Por tanto, las pensiones y subsidios son a la clase trabajadora lo que la ropa al niño de la hucha: si se agota lo que queda en las huchas, fin de pensiones, subsidios y ropa. Que vistan harapos, aunque sigan con fondos las arcas de sus familias, doméstica o pública. Claro que siempre quedarán los rufianes del barrio a quienes el niño ve prosperar y que lo invitan a iniciarse en la ratería; o los banqueros, con sus irresistibles planes de pensiones para el «sufrido trabajador». Pero dejemos la ironía fácil. Queremos simplemente mostrar la consustancial minoría política de las clases laborantes, tan notoria como la minoría de edad de un niño.

Pensiones y subsidios «no contributivos» o de «las arcas»

Existen otras pensiones y subsidios, los no contributivos (a estos subsidios les llaman ahora «rentas»). Aunque los paga la Tesorería de la Seguridad Social, no forman parte del sistema de la hucha, pues el dinero para pagarlas sale regularmente de las arcas. Son las que se pagan a la ciudadanía no productiva, pues, según la ciencia económica, no contribuyen al crecimiento de la economía. Son personas desposeídas de medios de vida propios y excluidas de los mercados de trabajo, «desempleadas estructurales» en jerga experta.

Tres son las diferencias fundamentales de los subsidios y pensiones no contributivas respecto de las otras: la cuantía que se percibe, el sujeto beneficiario y los requisitos para percibirla. La cuantía de las no contributivas es inferior a las contributivas, de modo que, si los perceptores de estas llegan a duras penas a sufragar lo más perentorio, los atenidos a las no contributivas, definitivamente, no llegan. El sujeto perceptor de los subsidios no contributivos es la familia, no el individuo como es en las contributivas: es la familia la que tiene que demostrar estar en la indigencia. Y los requisitos: los subsidios no contributivos están minados de laberínticas condicionalidades que requieren un trabajoso esfuerzo para reunir los papeles, porque, aunque la burocracia ya no dice «vuelva usted mañana», dice «le falta un certificado». Con razón han sido llamados «oposiciones a pobre» que periódicamente las familias han de volver a pasar para no perder el estatus de pobres legales.

Pensiones y subsidios: «gasto social»

Mirar con algún detenimiento los subsidios y pensiones nos lleva a corroborar que nuestras sociedades de bienestar están enteramente ahormadas a la exigencia superior del trabajo y el crecimiento; son, como las llamó Hannah Arendt, sociedades del trabajo. Las autoridades lo repiten a toda hora, como el Gran Hermano: «Trabajar para crecer, para trabajar, para crecer. ¡Ay de aquellos que no crezcan!», etc. Efectivamente, el sistema de los subsidios (contributivos y no contributivos) es una obra de ingeniería burocrática ajustada para que la necesidad perentoria de trabajar rija todo el cuerpo social y aun el «puesto de trabajo» más degradante sea cubierto.

Por eso, si las contributivas siguen pendientes de una hucha que no da para más no es por apego a tradiciones decimonónicas, sino porque es un legalismo útil para mantener su cuantía rayana en la indigencia y a sus beneficiarios en necesidad agónica de lograr cualquier empleo para mal llegar a fin de mes. Y si la cuantía de las no contributivas es todavía menor no es porque las arcas estén escasas (la estructura del presupuesto público variaría apenas nada igualándolas a las contributivas), sino para mantener en la indigencia a quienes son expulsados de los mercados de trabajo, como pedagogía que avive en toda la sociedad el fervor al trabajo y el desvelo por una eficiente productividad.

Y la condicionalidad no está para evitar el fraude y ahorrar, pues lo que se economiza en picaresca se gasta vigilándola: es también un inri a los que no trabajan y una advertencia a los que sí. Pero la condicionalidad de los subsidios es seguramente más inicua que su insuficiencia, porque si esta afecta a las condiciones materiales aquella ataca a las condiciones del respeto propio: la condicionalidad y la eventualidad arrojan a las multitudes desposeídas y, tras ellas, a todas las amenazadas con descender en la «escala del bienestar», a miserables estrategias de servilismo, medro, insolidaridad, agradecimiento, fullería y resignación. En definitiva, a una normalización de la dependencia y el clientelismo de la que emana esa atmósfera sucia que respiran todas las sociedades en las que los derechos no están garantizados sino que tienen que regatearse en mercados negros o con favores. Esa atmósfera mina las condiciones para el desarrollo de la autonomía solidaria de la persona y daña la moral cívica, los mínimos para la democracia, como supo ver desde la lucidez amarga del exilio María Zambrano (Persona y democracia).

Las autoridades justifican la exigüidad y condicionalidad de los subsidios recurriendo a la proverbial distinción entre gasto social e inversión productiva. La distinción nos la explican después su cohorte de hieráticos analistas: el dinero que se destina a los grupos y actividades improductivas es dinero perdido, pues no contribuye al crecimiento. No así el dinero destinado a inversiones productivas, que sí crean riqueza. Así justifican que, en comparación con lo que sale de las arcas para subsidios y pensiones, salga muchísimas veces más para, pongamos por caso, trenes veloces, autopistas o guerras «preventivas»: «inversiones productivas» todas, como sabe, no ya unx expertx, sino cualquier estudiante de Ciencia Estadística y Económica. Ante todo, no hay que poner en riesgo la productividad de la economía, pues de lo contrario —aseguran lxs expertxs— no solo serían solemnemente pobres los que todavía lo son hoy, sino que caerían también en la Necesidad quienes gozan ahora de confortable estándar de consumo.

Conclusión: ¿todo por el trabajo y el crecimiento?

Este siniestro sistema del bienestar no es producto de la confabulación de mentes sádicas, como tampoco la mentira de una minoría ahíta de poder que derrocha abundancia obscena aupada en la «explotación» (¿?) de la «clase obrera» (¿?). Simone Weil, desde la radicalidad y la «razón poética» (que postuló María Zambrano), hablaba de una cadena de opresión que atraviesa nuestras sociedades, una «fuerza» que somete tanto a quienes mandan como a quienes obedecen (La Ilíada o el poema de la fuerza). En nuestro tiempo, esa cadena de opresión está fundamentada en el mito de la necesidad que persigue a los seres humanos desde el principio y de la que vienen escapando precariamente mediante el trabajo creador. Es el relato que la ecología política ha dado en llamar «crecentista». Según el relato, las grandes proezas humanas han sido las primeras herramientas, la aparición del excedente y la revolución industrial. No la palabra, la conciencia ética o la razón poética que, en todo caso, habrían sido posibles gracias a aquellas y, como creía Marx, estarían determinadas «en última instancia» por aquellas.

El trabajo es, pues, la clave de bóveda del orden de sentido de nuestro mundo. Parecería irreverente cuestionarlo y, sin embargo, vienen haciéndolo algunxs autorxs desde que la idea fue concebida: H. D. Thoreau, J. Ruskin, M. Gandhi, P. Geddes, A. Huxley. L. Munford, S. Weil, H. Arendt y, en nuestros días destacadamente, J. M. Naredo. No podemos condensar aquí sus argumentos contra la noción de trabajo. Baste decir que rechazan la reducción de la extraordinaria diversidad de actividades humanas a la triple clasificación jerárquica que conlleva el mito del trabajo: trabajos productivos, trabajos no productivos y actividades recreativas; que prefieren la noción aristotélica de zoom politikon a las trabajocéntricas homo económicus, u homo faber; que piensan que riqueza no es abundancia, sino dominio, y que pobreza no es escasez, sino sometimiento; que, en consecuencia, mayor riqueza no comporta menor pobreza, sino su agravamiento; que la propiedad privada (que todxs defienden) no debe estar concentrada, sino repartida, para que no sea un instrumento de dominio, sino un medio de empoderamiento que garantice a cada quien un lugar igual en la comunidad política.

En fin, derribar al trabajo del pedestal en que lo mantiene la ciencia económica de Adam Smith y Karl Marx, deja sin sentido la sociedad de trabajo e invita a un cambio de rumbo, ya no en pos del crecimiento, sino de la justicia como equidad (J. Rawls) y la libertad, entendida como mutua dependencia con otros (republicanismo, anarquismo). Acercarnos a ese horizonte utópico no evitaría que siguiéramos realizando muchas actividades para sostener el sentido y el valor de vivir, y algunas de ellas serían, como bien señala Arendt, intrínsecamente ingratas y no obstante inexcusables. Estas habría que reducirlas todo lo posible y repartirlas conforme a criterios de equidad. Pero una vez roto el molde del trabajo, habría que decidir deliberativa, democráticamente, qué merece ser hecho, con qué prioridad, para qué fines y por quiénes, alentando todo lo posible a la diversidad de respuestas y de concepciones del bien, para evitar el unitarismo y el perfeccionismo moral. 

nº30 | la cuenta de la vieja

Explorando las raíces de las migraciones en Senegal:

pobreza y cambio climático

Los medios de comunicación de las clases dominantes nos bombardean cada día con la llegada de inmigrantes a nuestras costas, siempre sin profundizar y sin contarnos el porqué de dichas migraciones. En mi trabajo de fin de grado, al final de mis estudios de biología, he tenido la suerte de conocer la historia que hay detrás de 231 personas que decidieron migrar desde su localidad de origen en el medio rural hasta la capital senegalesa, Dakar. Nuestro objetivo de investigación era averiguar si estas migraciones estaban relacionadas directa o indirectamente con el cambio climático. Para ello, me desplacé hasta Dakar gracias a la ONG MAD África y estuve realizando encuestas junto a un compañero senegalés en un barrio de Dakar donde residen muchos inmigrantes de zonas rurales. Como ocurre en muchas investigaciones, una acaba descubriendo más que lo que iba buscando.

Para entender los resultados, es necesario aclarar que Senegal y sus países vecinos tienen, grosso modo, dos climas distintos: el del sur, más húmedo, donde abundan las lluvias, lo que contribuye al desarrollo de la agricultura, y el del norte y parte central, más árido, donde las sequías son cada vez más intensas debido al cambio climático. El desierto del Sahara está extendiendo sus dominios hacia el sur. La mayoría de las personas encuestadas procedían de zonas rurales del sur de Senegal y en sus respuestas había nombres de localidades que se repetían una y otra vez. Dichas localidades pertenecen a la llamada «Cuenca del maní» o «Cuenca del cacahuete», que ocupa más de la mitad de la superficie de Senegal. El cultivo del cacahuete fue instaurado durante el colonialismo francés y, desde entonces, estas tierras han estado sometidas a décadas de monocultivo. Esto no es en absoluto beneficioso para el suelo, pues lo empobrece en ciertos nutrientes además de favorecer plagas concretas. Según los registros meteorológicos, en esta zona de la Cuenca del cacahuete, las precipitaciones han ido descendiendo en los últimos años, lo que tampoco ayuda a las familias que trabajan esta legumbre. Por supuesto, gran parte del cacahuete que se produce es exportado a los países desarrollados o enriquecidos y, ante la sequía y el agotamiento de la tierra, se producen talas masivas de los bosques húmedos situados hacia el sur. Así, la Cuenca del cacahuete se hace cada vez mayor y, por tanto, el clima árido y semiárido le gana terreno al clima húmedo del sur del país, pues las actividades agrícolas mal llevadas promueven la desertización junto con el cambio climático. La diferencia climática entre estas dos grandes zonas, el sur húmedo y el norte árido, era notoria en las respuestas a nuestro cuestionario ya que, queriendo conocer la percepción que tenían las personas inmigrantes sobre el cambio climático, les preguntamos si pensaban que el clima estaba cambiando. Más del 85% respondió afirmativamente y, al preguntar de qué modo, las personas procedentes del sur respondían que llueve más y las pertenecientes a localidades más al norte pensaban que llovía menos y hacía más calor. Sin embargo, cuando se les preguntaba por el motivo de su migración de las zonas rurales a la capital Dakar, el 89% respondía que la razón era la falta de trabajo en su localidad de origen. Las razones relacionadas con el clima o la degradación ambiental no eran más del 10% en las respuestas. ¿Por qué? Volveremos a esta cuestión más adelante.

La mayoría de las encuestadas, ya fueran pertenecientes a una zona más árida o a una zona húmeda, hablaban de un problema común en las zonas rurales: la falta de medios y financiación para el desarrollo de las labores agropecuarias. Y es que la agricultura y ganadería que se desarrolla en Senegal nada tiene que ver con la que se ejerce en Europa. Mientras que aquí existen modernos sistemas de riego, todo tipo de tractores y maquinaria, y diversos productos para mejorar el rendimiento de los cultivos o acabar con las plagas, en Senegal el sector primario es totalmente rudimentario, de economía de supervivencia a nivel familiar. Llamaba la atención las palabras de un señor, vendedor de melones, que me dijo: «A nadie le preocupan las condiciones en las que trabajamos la tierra. Tenemos los conocimientos, tenemos las ganas, solo necesitamos dinero para comprar tractores». Otras personas hablaban de que no existe ningún tipo de ayuda para la creación de nuevos negocios en sus localidades, por lo que no hay casi ningún tipo de avance socioeconómico. Esto hace que las y los jóvenes vivan deprimidos y se marchen en busca, ya no solo de un trabajo, sino de algo más estimulante que lo que le ofrecen sus pueblos. Esta, tristemente, termina siendo la historia de muchas personas jóvenes que se marchan, ya no solo de donde han nacido, si no que abandonan Senegal de forma «ilegal» (conseguir un visado es prácticamente imposible). Muchas de estas migrantes acaban muriendo en el intento, pero la mayoría prefiere vivir esta aventura aunque les cueste la vida; antes que seguir viviendo en unas condiciones tan duras y sin futuro aparente; sin medios para cultivar y con el cambio climático haciéndolo cada vez más complicado en el mundo rural africano. Y es que, cuando se les preguntaba ¿qué cambios motivarían tu regreso a la zona rural donde naciste?, el 61% de las y los encuestados respondía cuando haya trabajo en la zona, y más del 10% pedía disponer de financiación para el desarrollo de actividades económicas en el campo. Tan solo un 3% afirmó no querer volver a su lugar de origen, por lo que podemos concluir que el 97% restante eran migrantes forzados.

¿Por qué Dakar? ¿Y luego qué? Pese a la información que dan en las noticias, la mayoría de las migraciones se produce entre las distintas regiones de Senegal o entre distintos países africanos, y no tanto hacia Europa o América. Muchos de nuestras encuestadas se encontraban en Dakar simplemente para ganar dinero durante la estación seca y más tarde, en la estación húmeda, poder invertirlo en agricultura o ganadería en sus zonas de origen. Otras trabajaban en la capital para poder enviar dinero a sus familias, que continuaban viviendo en el campo. El envío de dinero es todo un negocio en Senegal. Por donde quiera que vayas hay tiendas de distintas compañías (Joni Joni, Western Union, Wari, Money Gram) solamente para enviar dinero al medio rural, que también recibe dinero desde Europa. En Dakar se concentra la gran mayoría del dinero que se mueve en el país. Sin duda, el sector servicios es el predominante, especialmente la venta ambulante, que es más que una forma de vida, pertenece a su cultura, por lo que debemos pensar en esto cuando veamos a personas senegalesas y de otros países del África negra vendiendo en cualquier semáforo o en la calle. Volviendo al cuestionario, para el 86% de las personas encuestadas, su situación había mejorado después de migrar. La diferencia de sueldo entre el campo y Dakar y Europa puede llegar a ser muy significativa. Más del 85% de las y los encuestados ganaba mucho más dinero en Dakar que en su localidad de origen, pues la mayoría desarrollaba anteriormente una agricultura o ganadería de subsistencia. Estas personas ganaban en el momento de la encuesta, de media, 100 000 francos CFA al año (unos 152 euros), lo que puede parecer (y en realidad es) una miseria, pero el euro es más caro que la moneda senegalesa. En el Estado español, una persona migrante tendrá de media de salario un 36% inferior al de una española. Este sueldo, aunque pobre, y sus condiciones laborales, aunque precarias, son mejores, por lo general, que lo que pueden obtener en su país. Entonces, ¿es el dinero lo que mueve a migrar a estas personas? La conclusión más importante de nuestro estudio fue que las migraciones son, en esencia, multicausales. ¿Cuáles son estas causas? Una cadena de múltiples causas socioeconómicas combinadas con el fenómeno del cambio climático. Hemos dicho que la Cuenca del maní, de la cual proceden la mayoría de los inmigrantes encuestados, ha sufrido durante siglos el monocultivo del cacahuete y que esta zona poseía un clima árido y semiárido donde las precipitaciones son cada vez menos frecuentes. Las lluvias se producen de forma muy irregular y las estaciones secas y húmedas comienzan y acaban cada año en meses distintos. A esto se suma el aumento de las temperaturas. Todos estos fenómenos han provocado una grave erosión del suelo y sequías recurrentes que ha dado como fruto un descenso muy importante en la producción del cacahuete. Esto sumado a una explosión demográfica ocurrida durante el siglo XX, ya que acudían africanos de los países vecinos para trabajar en la cuenca. Si pensamos en esta situación de agotamiento de la tierra y en el hecho de que no hay recursos ni financiación para mejorar las técnicas de cultivo (como han contado las y los propios inmigrantes), entendemos que la situación es tan precaria en la zona rural que no hay trabajo para todas y esto obliga a abandonar estas tierras. Ocurría, además, con frecuencia, que de primeras respondían que la causa de su marcha era la falta de trabajo, pero sus respuestas se hacían más profundas cuando le nombrabas una palabra clima. Tenían mucho que decir sobre esto y sobre la imposibilidad de la gente para gestionar el gran cambio que está sufriendo. Por otro lado, no son más felices después de migrar, aunque económicamente estén mejor. La mayoría se encuentran separados de sus familias, estén en Dakar o en Europa, y han perdido gran parte de su cultura simplemente por el hecho de cambiar de trabajo. Y es que en Senegal hay una serie de etnias con sus oficios y costumbres muy establecidos que se dejan de lado al emprender la migración.

Otra de las conclusiones a las que llegamos fue que muchos de las y los inmigrantes en Dakar estaban embarcados en un proyecto migratorio mucho mayor que simplemente llegar a la capital senegalesa. Cuando se les preguntaba si les gustaría migrar a otro país, la respuesta fue afirmativa en el 61% de los casos. Respecto a qué territorio migraría, más del 70% respondía uno europeo, y, sin duda, el destino favorito era el Estado español. A la gente le agradaba escuchar que era española. Pude comprobar que mucha gente adoraba España (no sé si por el fútbol, un negocio también en Senegal). España está totalmente idealizada. En más de una ocasión intenté explicar, en vano, que no es el paraíso que piensan. Más tarde comprendí que en comparación con la realidad de la que venían, cualquier parte de nuestro país era mejor.

Otra realidad preocupante es que el 79% pensaba que su localidad de origen se está despoblando gravemente, por lo que estamos ante un caso de éxodo rural generalizado en todo Senegal y en parte de los países cercanos (Guinea-Bisau, Mali, Costa de Marfil, Guinea Conakri, Nigeria…). El Gobierno senegalés debería tomar medidas ante esta salida masiva. Por mucho que parte de estos migrantes vuelvan a sus zonas de origen durante la estación húmeda para trabajar la tierra, el sector primario ocupa a más del 60% de la población activa en el país a pesar de que contribuye al PIB con menos de un 10%. Estos trabajadores y trabajadoras merecen los medios que demandan; además, algunos proyectos ejecutados en el medio rural, con mejoras respecto al rendimiento de cultivos en zonas que se creían agotadas, han tenido resultados muy positivos.

Nuestra conclusión de migraciones multicausales con el cambio climático como factor importante se veía apoyada, además, por el hecho de que el 82% de las personas encuestadas no sabía cuánto tiempo se quedaría en Dakar. Cada vez que alguien respondía que le gustaría migrar a otro continente, una sensación de tristeza se apoderaba de mí. Es injusto que cualquier ciudadano del mundo no pueda elegir dónde vivir. Mejor dicho: es injusto que unas puedan elegir y otras no. ¿Por qué yo, por ser blanca y europea, puedo viajar donde me venga en gana sin necesidad de visado? La Unión Europea quiere acabar con la inmigración «irregular», pero esta problemática seguirá existiendo mientras los países del «primer mundo» sigan explotando los recursos de los países «desfavorecidos» y su ciudadanía no pueda salir de su país por el mero hecho de haber nacido allí y existir «riesgo de quedarse en Europa». Por supuesto que hay que perseguir a las mafias que se aprovechan de esta situación para hacer negocio y que se hacen de oro mientras miles de personas mueren en el Mediterráneo, pero si todas las personas del mundo fueran libres para viajar y vivir donde quisieran, las mafias de este tipo no existirían. El hecho de impedir las migraciones forzadas ya denota una falta de humanidad, pero últimamente está a la orden del día más que nunca, pues países como Italia se niegan a recibir a migrantes y no les tiembla la voz al decirlo. Y mientas tanto, políticos españoles aprovechan la situación para hacer campaña haciéndose fotos con estas personas y recordando que «no puede haber papeles para todos» porque no es sostenible. ¿Es sostenible acaso que África sea la fuente de la riqueza de todo el planeta y que allí sea donde más se sufre el cambio climático sin ser responsable de este? ¿Hasta cuándo va a continuar esta situación? Todos los problemas de las personas que deciden migrar tienen su causa última en los países del «primer mundo» que acaban con sus recursos naturales e impiden su desarrollo, porque así funciona el capitalismo. Este estudio así lo demuestra. Mi conclusión es clara: este modelo económico que divide al mundo tiene que ser superado.

nº29 | la cuenta de la vieja

Eppur peak oil

Entre quienes conocen el problema del peak oil hay una pregunta recurrente desde hace algo más de un año: ¿dónde está el peak oil? Después de la grave crisis económica del 2008 y la recesión de 2011, se esperaba que en 2014 se produjese una nueva recesión. Repetidamente estos últimos cuatro años hemos anticipado, yo el primero, que una nueva crisis económica estaba en ciernes, pero de hecho no ha llegado aún.

Ha habido problemas serios en el mundo, muchos de ellos relacionados con la escasez de recursos. Incluso en nuestro opulento occidente la salida de la crisis no ha sido lo que se quería (porque se ha hecho a costa de la clase trabajadora). Sin embargo, la crisis que esperábamos no está aquí y la producción de petróleo sigue aumentando o, al menos, no muestra signos evidentes de desfallecer.

¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la crisis que se anunciaba? ¿Dónde está el peak oil? ¿Los peakoilers éramos unos alarmistas? ¿Se han encontrado sustitutos adecuados al petróleo?

¿Qué nos dicen los datos? Analicémoslos con detalle.

1.- La producción de petróleo del mundo sigue prácticamente plana.

En un artículo reciente, Gail Tverberg muestra dos gráficas muy interesantes sobre cómo ha evolucionado la producción de hidrocarburos líquidos durante los últimos años y separa lo que ha pasado en EE UU de lo que ha pasado en el resto del mundo.

La producción de petróleo de todo el mundo excepto de EE UU ha permanecido estancada durante los últimos cuatro años. Peor aún: el petróleo crudo (el que realmente es versátil y aporta energía neta) está en franco declive.

Pero en la producción de petróleo de los EE UU, aquí sí, hay un sensible aumento en los últimos cuatro años, de unos 3 Mb/d (millones de barriles diarios). Gracias a ello, la producción de hidrocarburos líquidos del mundo pasó de unos 93 Mb/d en enero de 2014 a unos 96 Mb/d en septiembre de 2017. Aumento moderado pero significativo. Se podría decir que el aumento de la producción mundial de petróleo es debido a los EE UU prácticamente en exclusiva. Pero si uno se queda con el petróleo crudo, la situación es un poco menos halagüeña: en EE UU ha aumentado solo unos 2 Mb/d en los cuatro últimos años, con el agravante de que el crudo convencional sigue su curva descendente de décadas y no llega ya a la mitad de la producción de todo el petróleo estadounidense, siendo la otra mitad petróleo ligero de roca compacta del fracking, de escasa energía neta.

En todo caso, la producción de hidrocarburos líquidos de todo el mundo aún aumenta ligeramente aunque muestra síntomas de estancamiento. Por tanto, no se puede descartar que se pueda producir, o se esté produciendo ya, el peak oil.

2.- ¿Es que el fracking ha pasado a ser rentable?

La realidad es que no; el fracking continúa siendo el negocio ruinoso que siempre ha sido. De hecho es más ruinoso que nunca: a pesar de las mejoras tecnológicas (pequeñas) y tácticas (explotar primero los lugares de mayor rendimiento, los sweet spots), el bajo precio del petróleo en los últimos cuatro años las borra completamente. Durante el trienio 2011-2014, con el precio del petróleo más alto de toda la historia (más de 100$/barril), las 127 mayores compañías de petróleo y gas del mundo perdían 110 000 millones de dólares al año. Steve St. Angelo ha mostrado como el flujo de caja de las compañías del fracking lleva seis años en negativo, perdiendo más de 15 000 millones de dólares al año. El déficit del sector es tal que las tres grandes petroleras estadounidenses (Chevron, Conocco Phillips y Exxon Mobil) llevan en pérdidas desde hace unos años.

Si el fracking es una máquina de perder dinero, ¿por qué se mantiene? La razón reside en la capacidad de captación de dinero de inversionistas, gracias a una operación de marketing muy semejante a la que realiza Elon Musk para mantener viva a Tesla a pesar de sus cuantiosas pérdidas.

3.- No se ha producido ninguna sustitución tecnológica.

Algunos dicen que los precios bajos de los últimos años muestran que se está produciendo la sustitución del petróleo por otras energías «limpias». Pero, como hemos dicho, la producción de hidrocarburos líquidos ha continuado subiendo, añadiéndose todo lo que se ha podido aunque no fuera de la misma calidad y versatilidad, porque todo era necesario. Y es que la diferencia entre el fracking y Tesla es que el primero sigue siendo imprescindible para mantener el mundo en marcha.

Es cierto que ha habido una ligera caída o, más bien, menos ascenso de la demanda de petróleo, fruto de la caída de la capacidad de compra en los países occidentales (la famosa «salida de la crisis a dos velocidades», es decir, que a las empresas les va mejor y a lxs trabajadorxs no les va tan bien). Pero como lxs trabajadorxs también son consumidorxs, si tienen menos dinero compran menos y eso al final afecta a la demanda de petróleo. No hay ninguna sustitución tecnológica, solo una absurda huida hacia adelante.

4.- ¿Y quién paga el fracking?

Desde el arranque del fracking, hacia 2010, y hasta 2016, el fracking se financió gracias a las generosas aportaciones del sector financiero. Los brokers norteamericanos crearon una nueva estafa piramidal sin que pasara una década desde la anterior (las hipotecas subprime). Pero el enorme riesgo financiero de estas inversiones, las malas perspectivas de rentabilidad futura y la acumulación de deuda, han hecho que el capital internacional se vaya. El sector del fracking se enfrenta a «el muro de la deuda», la incapacidad de pagar siquiera los intereses de la deuda: actualmente se necesitaría un beneficio de 21 dólares por barril para poder pagar los intereses anuales, mientras que a precios actuales las pérdidas rondan los 30 dólares por barril. Por eso durante 2016 la industria comenzó a replegarse y la producción del fracking en EE UU cayó más del 10%.

Sin embargo, en 2017, con Donald Trump ya en el Despacho Oval, el fracking estadounidense volvió a ascender y a finales del año pasado superó los máximos anteriores. No es casualidad: el secretario de Estado en 2007 fue Rex Tillerson, antiguo CEO de Exxon, buen conocedor del sector y por supuesto de su nula rentabilidad económica. La Administración Trump aprobó en su primer año exenciones fiscales para el sector de los hidrocarburos como nunca antes se habían visto, y con ellas mejoraron el balance contable de las empresas. El problema es que cuando no se sabe quién está pagando algo seguramente es el contribuyente el que paga: el dinero que deja de ingresar el Estado o que se da a las petroleras es el que después faltará para hacer escuelas, hospitales, carreteras o pagar salarios públicos. En EE UU la producción de energía bruta aumenta, pero la energía neta baja y se tienen que desviar recursos de la sociedad para poder continuar explotando esos recursos de bajo rendimiento. Mientras eran otros países los que pagaban la fiesta del fracking los EE UU han podido vivir un momento de expansión económica relativa. Si ahora tienen que asumir el coste, la burbuja reventará.

5.- Irracionalidad de la inversión, intencionalidad política.

Lo que mejor ilustra la irracionalidad actual es la evolución de los gastos en exploración y desarrollo de yacimientos (upstream) de petróleo en EE UU y en el resto del mundo. Durante 2015 y 2016 la inversión global en upstream cayó un 46%, pero en 2017 aumentó un 5%, una aparente tímida recuperación. Sin embargo, la inversión solo subió en los EE UU, mientras que en el resto del mundo continuó cayendo. En la actualidad Norteamérica (EE UU, Canadá y México), que produce poco más del 20% del petróleo mundial, invierte más en upstream que el resto del mundo.

En 2016 la Agencia Internacional de la Energía (AIE) mostraba que se necesita mantener la inversión en los campos, aunque ya estén en declive, para evitar que disminuyan aún más rápido. Pero fuera de los EE UU la inversión baja desde hace cinco años y sin un cambio radical la producción de petróleo crudo convencional, el más versátil y que representa casi el 90%, caerá muy rápido.

El problema de fondo es la «espiral de la energía». Debido al envejecimiento de los yacimientos en explotación, la poca calidad y gran dificultad de explotación de los nuevos yacimientos, mantener nuestro sistema económico nos aboca a un descenso traumático y en espiral: cuando el precio del petróleo es bajo, los productores van a la ruina y se destruye oferta; cuando el precio es alto, se arruina la economía en general y se destruye demanda. No hay punto de equilibrio, un precio que convenga al tiempo a productores y consumidores, porque los costes de producción son tan elevados que la sociedad no se los puede permitir. En definitiva, no podemos mantener un sistema económico-social basado en el consumo de energía abundante y barata porque ésta ya se acabó.

Eso no quiere decir que estemos condenados al apocalipsis. Hay alternativas, desde la economía ecológica a la de estado estacionario, pasando por iniciativas locales como las ecoaldeas o el movimiento de transición. Todas ellas ponen en cuestión el paradigma capitalista del crecimiento infinito y, por tanto, cuestionan al capitalismo mismo. Pero aún hoy cuestionar al capitalismo abiertamente se considera socialmente una obscenidad. Cambiar el sistema económico para hacer frente a la crisis energética es socialmente tabú.

Eso no quiere decir que los líderes políticos no sean conscientes de los problemas aquí descritos y en particular que el declive de la producción de petróleo es algo inevitable y que el fracking es solo un parche momentáneo con un sobrecoste inasumible. Sin embargo, dado que hacer los cambios estructurales necesarios está completamente fuera de cuestión, se ha tomado una decisión deliberada y de carácter completamente político, en absoluto técnica o económica. EE UU ha apostado por el fracking para mantener su hegemonía política algo más tiempo y, para después, la única alternativa realista es la guerra. Así es: se prefiere ir a la turbulencia social y al desastre militar que abordar una alternativa postcapitalista. Es una decisión horrible, sí, pero perfectamente consciente y premeditada, a la que la mayoría da su tácita aquiescencia.

6.- El desastre que viene.

Desde julio de 2017 el precio del petróleo ha ido subiendo hasta los niveles actuales, y por tanto no se debe a los problemas de EE UU con Irán o a la guerra comercial. El precio sube por la desinversión en upstream fuera de EE UU, que hace disminuir la producción de crudo convencional. La caída de los inventarios en los EE UU y en otros países empuja los precios al alza.

No todo es el mercado del petróleo. Desde el pasado octubre, la Fed está dejando que venzan los títulos y obligaciones que había adquirido en los últimos años. La actual liquidación de activos, combinada con la montaña de deuda del fracking, puede destruir la industria del fracking.

Por ello, la decisión de Donald Trump de romper el acuerdo nuclear con Irán no es tan absurda como podría parecer. Un conflicto en el país persa dispararía el precio del petróleo y daría un balón de oxígeno a la necesitada industria del fracking. En suma, si bien la espiral de destrucción de oferta, destrucción de demanda, es un proceso inevitable, los estadounidenses puede que hayan decidido por dónde va a romperse la producción, sacrificando a un productor para que el resto pueda seguir viviendo. Se ganarían unos años, mientras el mundo consuma su descenso energético y a la miseria.

Es una nueva dinámica, incómoda, con conflictos expresamente creados para cada ocasión, propicia no solo para los EE UU, sino también para Europa, porque sin recursos propios a Europa le interesa apropiarse de los de los demás. Pero el espejo de la guerra le devolverá a Europa su imagen deforme. ¿Y qué hará España? España ante el colapso de su modo de vida no es previsible que haga algo diferente, aunque con suerte puede hacerlo peor.

Incluso si se impone el sentido común y se evita la guerra, las perspectivas no son buenas. Con los inventarios bajando, la inversión en upstream en retroceso, la deuda del fracking creciendo y el acceso al crédito en los EE UU endureciéndose, la escalada en el precio del petróleo durante los próximos meses parece inevitable. Se avecina una gran crisis económica y, tarde o temprano, comenzará la crisis permanente, caracterizada por precios del petróleo continuamente bajando y subiendo, la rápida caída de la producción industrial y el aumento exacerbado del paro.

7.- Conclusiones:

El peak oil está más vivo que nunca. Lo que ha pasado en los últimos años no se entiende sin comprender qué significa la llegada del peak oil. El espejismo del fracking no solo no ha descartado el peak oil, sino la caída que se avecina será más dura y el recurso a la guerra por los últimos recursos es hoy más probable que nunca.

El error común ha sido suponer que el libre mercado iba a ser capaz de gestionar una situación de escasez de petróleo. En realidad, lo que ha hecho es subirnos a un precipicio más alto donde el riesgo de despeñarnos es mayor que nunca. Mientras no se comprenda que la necesidad no crea los recursos, un cierto grado de colapso es inevitable. Aquellos que se ríen del peak oil acabarán mutando su risa en rictus. Ojalá que cuando inevitablemente nos estrellemos contra los límites de este grande y extraordinario pero finito planeta, sepamos reconocer nuestro error y, recogiendo los trozos, seamos capaces de construir algo nuevo y mejor.

nº28 | la cuenta de la vieja

LA REVUELTA DE LOS BLOQUES ENCADENADOS.

Un vistazo al contexto

Internet nos ha traído el correo electrónico, la red informática global (world wide web), las redes sociales, el almacenamiento en la nube y, recientemente, el internet de las cosas. Está en todo y cada vez más, conectando, creando dependencia, rompiendo barreras, invadiendo intimidad…

Entre sus limitaciones está la ausencia de una manera fiable de comprobar la identidad entre dos partes, y esto menoscaba la confianza que pueda darse entre usuarixs que no se conozcan, sin que exista un intermediario. Esos intermediarios que almacenan nuestros datos e invaden nuestra intimidad por afán de lucro, poder o cuestiones de seguridad nacional. Sin olvidar que los costes estructurales marginan a 2,5 millones de personas de un sistema financiero global. Esto ha dificultado la manera de relacionarse entre iguales, siendo aprovechada esta circunstancia por empresas de dudosa integridad.

El germen[1]

En 2008, cuando la confianza entre entidades (Gobiernos, empresas, asociaciones, etc.) se encuentra en los niveles más bajos y en un contexto de colapso del sistema financiero, una o varias personas, bajo el pseudónimo de Sathosi Nakamoto, elaboran un protocolo para garantizar la confianza en un sistema de pago electrónico directo y entre iguales (peer-to-peer P2P), usando una cryptomoneda llamada bitcoin.

Estas monedas digitales se diferencian de las comunes (fiduciarias)[2] en que no las crean y controlan los países. Su protocolo establece una serie de normas —bajo una computación distribuida— que garantiza la información intercambiada y comprobada por una red descentralizada, es decir, sin pasar por terceros. Nunca antes se habían realizado transacciones fiables entre dos o más partes, autentificadas por la colaboración de muchxs y posibilitadas por intereses colectivos, en vez de por grandes empresas que buscan un beneficio.

Este protocolo llamado cadena de bloques (blockchain) nos permite enviar dinero de manera directa y segura de una persona a otra sin pasar por un banco, una tarjeta de crédito o Paypal. En su forma básica es un código fuente libre, todo el mundo puede descargárselo gratuitamente, ejecutarlo y usarlo para desarrollar nuevas herramientas de gestión de transacciones en línea. Esto ofrece la oportunidad de crear infinidad de aplicaciones nuevas y cambiar nuestro modo de entender internet.

Las cryptomonedas no se guardan en archivos que están en un lugar concreto; están representadas por transacciones que se registran en una cadena de bloques, que es una especie de hoja de cálculo o registro que usa los recursos de una amplia red entre iguales para verificar y aprobar todas y cada una de las transacciones hechas en las monedas digitales.

Todas las cadenas de bloques, como las que usa bitcoin, están distribuidas, es decir, se ejecutan en ordenadores que ofrecen voluntariamente personas de todo el mundo (llamadas mineras), no hay una base de datos central que pueda atacarse; a cambio, estos pueden recibir una comisión por el servicio prestado. La blockchain es  pública, todo el mundo puede verla cuando quiera porque reside en la red, no en una determinada institución que se encargue de auditar las transacciones y llevar registros. Y además está encriptada, una encriptación que incluye claves públicas y privadas que  garantizan una total seguridad. Cada diez minutos, como si fuera el pulso cardíaco, las transacciones se comprueban, ordenan y almacenan en bloques creando una cadena. Esto evita cualquier alteración del registro. Es un registro distribuido a la vista de todos.

La clave:la confianza

Esta tecnología abraza la confianza como clave, la muestra perfecta de garantía, esto evita fiarnos de terceros, poderosos intermediarios que marcan las reglas del encuentro. El registro mismo es el fundamento de la confianza. Para establecer una relación, esta debe regirse por cuatro principios fundamentales de integridad: la honradez, consideración, responsabilidad y transparencia.

  • Honradez: es un factor económico a considerar, las entidades no deben mentir, omitir datos, ni confundir creando complejidad.
  • Consideración: intercambio justo, ya sean beneficios o perjuicios, entre dos partes que operan de buena fe, respetando los intereses, deseos, y sentimientos ajenos, relacionándose las partes con buena voluntad.
  • Responsabilidad: para establecer compromisos claros, ateniéndose a ellos. Comprobando que se cumplen sus compromisos y responden ante promesas quebrantadas mediante la verificación de sus operaciones.
  • Transparencia: esto es operar abiertamente. Si se respetan los otros principios este último no supone un problema de confidencialidad.

El paradigma que plantea esta tecnología, respaldado por estos cuatro principios, abre un mundo nuevo de posibilidades, como disponer de una plataforma verdaderamente igualitaria que haga posibles cosas como ser dueñx de tu identidad y de tus datos personales. Realizar transacciones, crear e intercambiar valor sin que intermediarios poderosos hagan de árbitros del dinero y la información. Miles de millones de personas excluidas podrán incorporarse pronto a una nueva economía global protegiendo la intimidad y rentabilizando nuestra información, asegurando la retribución de lxs creadores por sus creaciones intelectuales. Esto plantea cambiar el modo con el que la riqueza se distribuye, cómo se crea en origen, porque gente de todas clases, desde agricultorxs a músicxs, pueden beneficiarse más de la riqueza que crean.

¿Cómo se hace? Ejemplos de cambio

  • Nuestro avatar personal y la caja negra de la identidad.

Al igual que no mostramos la misma actitud en un ambiente de fiesta con amigxs, que en una reunión seria o relajadxs en familia, los aspectos de la personalidad los mostramos conforme a nuestro entorno. Así debe ser nuestra identidad digital, todos nuestros datos en una caja negra que aseguran la intimidad (DNI, información médica, diplomas, preferencias sexuales, militancia, etc.), de tal manera que nosotrxs decidimos qué compartir, con quién y cuándo para establecer la confianza o reputación que la situación requiera.

  • Economía realmente igualitaria.

En los últimos años han surgido una serie de empresas y plataformas mal llamadas de economía colaborativa, como son Airbnb, Blablacar, Uber, etc. La idea de que personas iguales generen valor participando y comunicándose entre ellas suena genial, pero esto está lejos de ser cierto en estas empresas, ya que no comparten, agregan viviendas, coches, taxis, etc.: es una economía de agregación. Blochckain nos ofrece la posibilidad de crear una cooperativa propiedad de todos sus miembros. Esta realiza todas las tareas que haría un intermediario, sustituyéndolo. Si necesitamos viajar, una opción es un coche para compartir (un ejemplo puede ser blockcar); consultas en el blockchain tus necesidades y te muestra según tus criterios. Como es un registro en cadena, las opiniones positivas quedan registradas, mejorando la reputación y estableciendo tu identidad. Queda registrado todo el proceso y si ambas partes quedan satisfechas… Así de fácil, sin intermediarios.

  • Protección global de derechos económicos

Esta tecnología permite establecer unos derechos de propiedad universales y así sentar las bases de un nuevo modelo de justicia global, prosperidad y paz, ya que estos derechos no están protegidos por armas, ni soldados, sino por tecnología. Siendo descentralizado, no hay autoridad central que lo controle; todo el mundo sabe qué está ocurriendo y todo queda grabado para siempre.

  • El fraude de los giros postales

El principal y más importante envío de dinero de países privilegiados a los no privilegiados, no son las ayudas humanitarias, al desarrollo o la cooperación ni inversiones directas, ni nada que se le parezca. El envío principal de dinero lo realizan los migrantes a sus familias o comunidades de origen. El método más extendido es a través de los giros postales ofrecidos por Western Union, para ello hace falta tiempo y dinero. Es decir, un giro postal tardará alrededor de una semana y cuenta con un 7% de comisión. Es seductora la idea de eliminar al intermediario bajo una cadena de solidaridad y gobernanza, para conectar a migrantes con sus comunidades de forma directa y segura. Ya están trabajando en diseñar una cadena de bloques que permite realizar el envío desde tu móvil (un sms es suficiente); tardará una hora y tendrá una comisión del 2%.

  • Burocracia y corrupción en la ayuda extranjera

Los desastres naturales activan la ayuda humanitaria en todo el mundo; miles de personas se solidarizan aportando su granito de arena. Unos cinco millones de dólares fue la ayuda destinada a combatir el ébola en África Occidental, que acabó por perderse en una maraña de fraude y corrupción. La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) repartió esta cantidad y posteriormente anunció protocolos más estrictos para el seguimiento de las donaciones. ¿Y si estas ONG abrazaran el sistema blockchain? Mediante un registro inmutable del flujo de capital, el sistema obliga a responsabilizarse de las acciones. Ya que cualquier donante podrá realizar un seguimiento de cada moneda que done. Este puede ser un punto de inflexión ante las ONG, ya que si alguna apuesta por un sistema blockchain abierto, mostrará total confianza y transparencia, invitando a las demás a hacerlo. ¿O es que hay alguna ONG que no le interesa ser confiable y transparente?

  • Ayuda a los que crean valor

La era digital trajo cambios profundos para lxs creadorxs de propiedad intelectual. La industria musical se tambaleó hasta mutar, siendo siempre lxs creadorxs y artistas lxs menospreciadxs. Hasta ahora. Un nuevo sistema de cadena de bloques se está gestando de la mano de la cantautora Imogen Heap, la violonchelista Zoë Keating y expertos en blockchain. Lxs creadorxs, autorxs debidamente compensadxs por el valor que creen, registran sus obras en una plataforma de encuentro entre artistas y seguidorxs, una vez más, sin intermediarios. www.musicoin.org es un ejemplo de ello.

  • Un gobierno del pueblo para el pueblo.

¿Vivimos bajo un gobierno democrático? ¿Y si pudiéramos garantizar la transparencia y mejorar el rendimiento de los Gobiernos? La cadena de bloques permite revolucionar los mecanismos del sistema de votos, facilitando y abaratando los costes y mostrando un gobierno abierto e incorruptible, regido por los cuatro principios de integridad. Libre de grupos de presión, posibilitando una democracia directa y siendo los gobernantes quienes tengan que rendir cuentas de sus promesas electorales. Una de las plataformas que ya está trabajando en eso es Votem. (https://votem.com/)

Contras. Una mirada crítica

La compra/venta de criptomonedas funciona como una bolsa de valores muy parecida a la original. Cada moneda vale algo según lo que se compre y se venda; oferta y demanda pura. Una diferencia interesante que podemos ver es la importancia de la comunidad. Un proyecto ético puede tener detrás una comunidad importante que avale la moneda, dándole un valor y resiliencia que va más allá de lo económico. Por ejemplo, si pudiésemos pagar con la moneda palestina para quitarle poder de bloqueo a Israel, ¿no la apoyaríamos? Con el solo hecho de pagar y comprar con esa moneda le daríamos movimiento y respaldaríamos su valor desde cualquier parte del mundo. Imaginad un Puma, pero global y de uso diario donde la comunidad le da valor y lo defiende de «ballenas» y usureros.

En su contra podemos decir que no va a destruir el capitalismo, no es contrario a él, solo cambia algunas de sus normas. Además, el gasto energético que se utiliza para minar es muy alto, siendo uno de los problemas más acuciantes de esta tecnología; aunque esto no es intrínseco, se ha comprobado el aumento del consumo con fines lucrativos. Hay compañías que ya lo están intentando solucionar utilizando energía renovable o sistemas de ventilación naturales. Pero no es algo normalizado todavía y es un serio problema al que enfrentarse.

Esta tecnología no ha pasado desapercibida para los servicios financieros que ya la han rebautizado y privatizado con el objeto de jugar con las ventajas del blockchain (seguridad, rapidez y bajos costes) con un sistema completamente cerrado cuyo uso requiere permisos de los bancos, intermediarios o entidades financieras, como hasta ahora venía sucediendo. De nosotras depende un uso colectivo, generando un sentimiento comunitario que ya existe en la red. De nosotras depende que se generalice el uso de esta herramienta con fines libertadores y emancipatorios.


[1]TAPSCOTT, D. (2017): La revolución blockchain. Deusto.

[2]El dinero llamado fiduciario, (del latín fiduciarĭus, de fiducĭa ‘confianza’ y esta a su vez de fides ‘fe’), es el que se basa en la fe o confianza de la comunidad, es decir, que no se respalda por metales preciosos ni nada que no sea una promesa de pago por parte de la entidad emisora. Fuente: Wikipedia.

nº27 | la cuenta de la vieja

Propuestas para un cambio en la política de defensa

Comentamos el último trabajo del Colectivo Utopía Contagiosa, publicado a mediados de febrero pasado. Es literalmente la última aportación que ha realizado este colectivo, de más de 25 años de militancia, en el análisis y la divulgación antimilitarista, antes de anunciar su final y el cierre definitivo de su actividad.

Como en artículos anteriores, Utopía Contagiosa se esfuerza por traernos en términos comprensibles y documentados la realidad del militarismo, y dibuja un horizonte, en realidad poco asumido socialmente, cara a la desmilitarización como tarea y agenda política imprescindible.

El trabajo, que se titula Datos, análisis y alternativas pormenorizadas del presupuesto del Ministerio de Defensa 2017, cuenta con 164 páginas y se puede descargar en línea completo en Scribd[1].

La estructura del trabajo cuenta con tres apartados («datos», «análisis» y «alternativas») que van desgranando, programa por programa, el presupuesto del Ministerio de Defensa y ofrece algunas pistas para irlo desmilitarizando gradualmente (transarme) hacia una política y una alternativa de defensa social noviolenta.

El estudio intenta desgranar en qué se gasta el inmenso presupuesto del Ministerio de Defensa, algo menos de la mitad del gasto militar español, «antes de deuda». Es decir, antes de contabilizar la repercusión que en dicho gasto va a tener el coste financiero y los intereses de la deuda que año tras año se suscribe para sostener tan inmenso gasto.

El gasto militar español es extremadamente opaco y desmesurado, a la par que peligroso y antisocial. En 2017 fue de más de 22 758 millones de euros, mientras que el gasto consignado en el Ministerio de Defensa únicamente alcanzó alrededor de 7638 millones de euros, con un gasto oculto de más de 15 100 millones de euros. Una diferencia que, de haberse gastado en necesidades sociales prioritarias, hubiera servido para dinamizar un verdadero cambio social y una verdadera defensa de los derechos sociales, que vienen siendo degradados por el sistema y su retórica de seguridad.

Lamentablemente, la política cotidiana no presta atención a esta posibilidad y se traduce en parabienes, con mayor o menor disimulo, al militarismo y a su aparente necesidad.

El cuadro siguiente muestra la distribución de este gasto militar, tanto oculto como aflorado, desde 2015 a 2017, en millones de euros.

AñoPresupuesto Ministerio DefensaGasto Militar
20155767,7718998,88
20165787,8920378,56
20177638,5422758,42

* Fuente Utopía Contagiosa, extraído de los PGE 2017

Debemos hacer una advertencia respecto al aumento de casi 2000 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa de 2017 respecto del año anterior. En realidad, el aumento es aparente, porque precisamente en 2017 se ha introducido por primera vez una partida que hasta ahora se ocultaba (1847 millones de euros) destinada a pagar los plazos a la «industria militar» por los Programas de Armas comprometidos desde tiempos de Aznar y Zapatero (30 000 millones de euros de deuda).

Deuda que no decrecerá, porque ya han anunciado un nuevo ciclo inversor en armas, por otros 15 000 millones de euros al menos hasta 2030.

Es llamativa la apelación de esa clase política extractiva que ahora reclama un aumento del gasto militar: ¿se refieren a aflorar el que ya gastan?; ¿se refieren además a aumentar la ya brutal cifra del gasto militar español? Parece que la atonía de una sociedad sumisa y despreocupada les permite hacer una y otra cosa.

Nos surge una pregunta inquietante, en la que el Colectivo Utopía Contagiosa tanto ha insistido en los últimos años de su vida militante: ¿cómo es posible que una situación tan escandalosa no forme parte de la agenda operativa de lucha de los movimientos sociales y de las propuestas alternativas?. ¿Cómo es posible que no aparezcan dinámicas más potentes de lucha contra este gasto militar y para su conversión en gasto socialmente útil?

Pero si nos fijamos en algunas de las explicaciones del informe que comentamos, veremos, con sorpresa, que además de enorme, el gasto militar español es algo peor.

Citamos el informe: «El presupuesto del Ministerio de Defensa se gasta, fundamentalmente, en dos capítulos: personal e inversiones reales; con un volumen total de 6720,9 millones de euros, un 87,98 % del total del gasto del Ministerio de Defensa»

Ya tenemos una primera afirmación: ¿en qué se gasta el presupuesto del Ministerio de Defensa? En pagar sueldos y en comprar armas. ¿Cuál es la principal actividad, por tanto, del Ministerio de Defensa? Pagar sueldos, por encima de todo, y pagar armas; contentar a los militares y a sus intereses.

Y en la respuesta tenemos, además, el apunte sobre los principales males endémicos de todo el tinglado de defensa montado en España desde tiempo inveterado:

  1. El gigantismo de su personal: un personal desmesurado, innecesario, que cuesta anualmente 4530 millones de euros (de los 7638,54 totales del Ministerio de Defensa), con una ratio, entre personal con rango de oficial y el total, de 1 cada 1,7. Un personal en gran parte incompetente, de baja cualificación, y que lastra el presupuesto e impide cualquier tipo de actividad y de orientación alternativa. Un personal además altamente costoso y vergonzosamente privilegiado.

Se da el caso sangrante (al que nadie quiere meter mano) de contar con un programa de reserva militar, que cuesta anualmente más de 570 millones de euros, para mantener sueldos de unxs 15 000 oficiales que sobran y que están en una especie de «reserva» y apartados de la actividad militar; aunque con derechos adquiridos y la posibilidad de realizar otras actividades lucrativas privadas mientras viven de la sopa boba presupuestaria.

  1. La tremenda y tupida red de intereses entremezclados entre la política de defensa y las industrias militares, con el multimillonario presupuesto estatal comprometido en la compra de armas y un enfoque político orientado a potenciar la venta de armas (y conflictos con ellas). Armas que, según un Secretario de Estado de Defensa ante el Parlamento, son innecesarias y cuyo compromiso de compra no respondía a necesidades reales de la defensa. Y todo ello en un contexto en el que las puertas giratorias entre el sector de los señores de la guerra y el Ministerio de Defensa, ha alcanzado, incluso, a algunxs ministrxs.

El texto de Utopía Contagiosa analiza, programa por programa, qué se hace con el dinero asignado, destacando y analizando:

  1. El tremendo despilfarro y despropósito de algunos de los gastos asignados: atenciones protocolarias del órgano central de la defensa por importes de un millón de euros; pago a fundaciones e instituciones privadas militaristas; gastos para comprar 821 302 litros de gasolina para los 102 coches de dicho órgano; publicidad institucional y propaganda para el reclutamiento por importe de dos millones de euros; fondos reservados; subvenciones a organismos militares para producir armas, y un largo etcétera.
  2. El anacronismo o la insolidaridad de algunas unidades existentes: un cuerpo para recibir a personalidades con música militar; una unidad de emergencias altamente criticada por acaparar recursos de los que carecen las autoridades y sistemas de protección civil; un cuerpo del Ejército para hacer de guardias del rey; un exceso de generales respecto a los permitidos legalmente, etcétera.
  3. Una reserva dorada de más de 15 000 oficiales que cuesta al año más de 567 millones de euros.
  4. El gasto encubierto para producir armas y para la especulación inmobiliaria, mediante la transferencia de partidas brutales a los organismos autónomos militares INTA, encargado de fabricar y homologar armas; e INVIED, encargado de vender y especular con el patrimonio del Ministerio de Defensa.
  5. La enorme millonada que desde Defensa se transfiere al Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas), destinada a promocionar que este organismo pueda transferir fondos a las principales entidades privadas de sanidad, para privatizar la sanidad militar.

El panorama es un gasto militar desmesurado y despilfarrador, lleno de privilegios inaceptables; pero también de un sistema de defensa irracional y al servicio de la guerra que no defiende lo que la sociedad necesita.

Utopía Contagiosa hace una descripción de la política de defensa que desarrolla España, la mayor parte gracias a los otros más de 15 000 millones de euros que gasta fuera del Ministerio de Defensa en once de los trece ministerios.

  • Intervencionista: 69 operaciones militares en el exterior desde Felipe González a la fecha. Actualmente 12 y con pretensión de mantener una presencia importante militar para pintar algo en el mundo global y en el reparto del pastel montado  de dominación-violencia.
  • Nos constituye en uno de los principales actores mundiales con tropas desplegadas en el exterior: el quinto país con más soldados fuera; y el segundo, después de Francia, de Europa.
  • Ha militarizado nuestra política exterior en detrimento de la solidaridad internacional y la apuesta por una solución justa a los problemas globales.
  • Nos hemos fijado una doctrina de «fronteras avanzadas» que sitúa nuestros intereses militares en el Sahel y el Índico, y que legitima la intervención militar, solos o bajo el mando de la OTAN y de la UE, en cualquier parte del mundo.
  • Promovemos el armamentismo y nos beneficiamos como sexto país exportador de armas del mundo.

Utopía Contagiosa no se ha conformado en este estudio con apuntar y desgranar cuánto y para qué se gasta en el Ministerio de Defensa, sino que ha procurado, a modo de ejemplo, proponer cambios y procesos de transarme. Estas propuestas sugieren un cambio gradual hacia un sistema de defensa noviolenta que suprima el modelo militar y lo sustituya por otro de seguridad humana basada en el trabajo social de base y no violento. El objetivo de estas propuestas sería desmilitarizar nuestro sistema de defensa y trasvasar recursos a necesidades sociales evidentes, sustituyendo el modelo actual.

Esta propuesta de medidas alternativas busca promover cambios profundos en varios ejes:

  1. Reorientar la política de defensa: ¿realmente queremos tener una política exterior que se implemente manu militari, siendo uno de los países más intervencionistas del mundo? ¿No sería mejor dedicar esfuerzos y recursos a una política que promocionase las conversaciones de paz, que buscase conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países vecinos? ¿No nos daría frutos más positivos una política de cooperación verdadera en la que colaborásemos en el desarrollo sostenible de nuestros países vecinos y no en la venta de unas armas que podrían ser usadas contra nosotrxs?
  2. Redimensionar la política de defensa: ¿queremos realmente dedicar 22 758 millones de euros en 2017 al militarismo? ¿No hay otras políticas —de vivienda, sanitarias, de educación, de ecología— más importantes y necesarias? ¿No estamos manteniendo un ejército con una cantidad de personal y con unos gastos de armamento muy por encima de nuestras posibilidades? ¿De verdad necesitamos ser un país con un Ejército tan intervencionista? ¿Qué nos ha aportado esta política? ¿Se ha evaluado alguna vez con seriedad?
  3. Reestructurar el Ministerio de Defensa: ¿son realmente necesarias muchas de las unidades de las FF AA actuales que no tienen nada que ver con la «defensa nacional»? ¿Son necesarios submarinos que no flotan, o aviones de transporte incapaces de pasar las normativas de aeronavegabilidad? ¿Ocurriría algo grave en los próximos años si desmilitarizásemos efectivamente a la Guardia Civil?
  4. Iniciar una política de transarme que acompañase y potenciase las anteriores políticas hacia fines más pacíficos, defensivos y que utilizase medios noviolentos. La propuesta desde el pacifismo noviolento no es solo quitar cuerpos militares o reducir gastos en armamento; también nos parece igualmente importante iniciar e ir dando consistencia a una política alternativa y noviolenta en las relaciones de defensa e internacionales con otros países. Para iniciar estas políticas, se podrían usar aquellos fondos liberados del redimensionamiento y la reestructuración de la política de defensa; así como aquellos liberados de la renuncia a PEAS agresivos y los que provengan de las políticas de lucha contra el despilfarro.

Como decíamos al principio, Utopía Contagiosa guardará silencio a partir de ahora. Hoy sabemos mucho más del militarismo y de sus prácticas opacas y mortíferas. Les cuesta mucho más ocultar su desmesura, y nadie puede creerse que los ejércitos y el estado de guerra permanente que promueven los Estados contribuyan ni un ápice a la paz, a la seguridad humana o al desarrollo de los pueblos. Mucho se ha avanzado.

La labor constante de iluminar estos puntos oscuros del militarismo y de proponer alternativas para su desinvención, sigue siendo una urgencia que, hasta ahora, ha tenido pocos referentes.

Todo esto provoca un reto al propio movimiento antimilitarista: el de mantener encendida la llama de la divulgación del militarismo y sus caras poliédricas, desde un enfoque crítico y no entreguista; y el de seguir aportando ideas solventes para la construcción de políticas de desmilitarización social y para la imprescindible lucha por superar el modelo de «defensa militar».


[1]Para más información consulten el informe original, que será publica también en la web: https://es.scribd.com/document/371525238/Presupuesto-Ministerio-Defensa-2017.

| la cuenta de la vieja

¿Hay alternativas al empleo militarizado?

Una propuesta para Cádiz

El anuncio de la construcción de las cinco corbetas para Arabia Saudí en los astilleros gaditanos ha generado un grave conflicto entre el derecho al trabajo en las empresas de construcción naval de la Bahía de Cádiz y los derechos fundamentales a la vida y a la libertad de los y las receptoras y víctimas de ese equipamiento bélico.

El retrato robot de la situación de la industria militar en España es especialmente preocupante, como reflejan estos datos:

  • Ha multiplicado por diez en la última década el volumen de exportaciones de armas.
  • Es el séptimo país que más armas exporta del mundo, con el 3% del volumen.
  • Hay operaciones comerciales especialmente preocupantes, relativas a transferencias hacia Arabia Saudí, Irak, Marruecos, Egipto, Israel, Bahréin y EAU, Indonesia, Brasil, México, Pakistán, República Centroafricana, Túnez, Turquía y Ucrania.

Los casi 19 mil millones de euros de gasto militar en 2017, 18 776 para ser exactos, representan una servidumbre insoportable para nuestro país. El Centro Delàs de Estudios para la Paz es concluyente al reconocer que las armas son elementos improductivos, en primer lugar porque los artefactos que fabrican no son bienes de consumo que entren en el mercado (solo una mínima parte inferior al 1%) puesto que no tienen valor de cambio y por tanto tampoco uso social; por ese motivo producen un efecto inflacionista en las economías; son responsables de gran parte de los déficits presupuestarios de los Estados; absorben muchos recursos de I+D (investigación y desarrollo) que, puestos al servicio de usos civiles, redundarían en mejores resultados, puesto que el trasvase de la tecnología militar al sector civil es muy limitado.

La dicotomía entre fabricar artefactos bélicos o productos para el uso civil tiene respuesta adecuada en la mayoría de los casos. En unos casos la alternativa es la pura supresión de esa industria, como es el caso de los fabricantes de bombas racimo o minas antipersona. En el sector de dispositivos de doble uso, civil y militar —el avión A400M que se ensambla en Sevilla, por ejemplo— habrá que potenciar su empleo como transporte y de servicios humanitarios. Y en otros casos se trataría de una reconversión (mejor decir reversión o conversión, por las connotaciones antiobreras de ese concepto) de la tecnología hacia aplicaciones alejadas del uso militar. También sería necesario precisar calendarios y plazos para esta conversión, porque Navantia por ejemplo, reparte su producción entre un 80% de aplicación militar y un 20% de usos civiles, pero no es irrealizable proyectar un horizonte en el que este reparto se invierta.

Esto último es lo que Ecologistas en Acción ofrece a lxs desempleadxs de Astilleros, persuadiéndoles de que es falso que la única opción sea coger el pájaro en mano y generar empleo durante cinco o seis años, desentendiéndonos del uso de las fragatas militares que conculcan manifiestamente los derechos humanos cuando son empleadas por la petromonarquía saudí. De esta forma dejaríamos de actuar como colaboradores necesarios en la masacre que perpetra Arabia Saudí contra Yemen. No olvidemos que Amnistía Internacional, Human Rights Watch y las Naciones Unidas han documentado presuntos crímenes de guerra de la coalición encabezada por Arabia Saudí en Yemen, un conflicto en que ha habido decenas de bombardeos ilegítimos de hospitales, escuelas, mercados y mezquitas.

La deconstrucción naval y la energía eólica en el mar (offshore) son dos alternativas viables para la «carga de trabajo» en los astilleros de Cádiz, que harían innecesaria la deriva belicista de construir instrumentos de violación de los derechos básicos de las personas.

El Pemar (Plan Estatal Marco de Residuos) identifica una oportunidad real de hacerse con un mercado casi virgen: el reciclado ecológico de buques (deconstrucción naval), evitando achatarramientos infames como ha perpetrado Turquía con el portaaviones Príncipe de Asturias. Este desguace en precarias condiciones se realiza en el puerto de Aliaga, en la costa del mar Egeo, frente a la isla griega de Lesbos, con un precio de adjudicación de 2,4 millones de euros. Un dinero mal empleado y que debería haber servido para financiar un reciclado ecológico con garantías en nuestro país. A cambio, es incomprensible la obcecación de los sindicatos y autoridades en su pretensión por obtener «carga de trabajo» en una construcción naval que casi siempre al final se ve defraudada.

La capacidad de desguace de buques en instalaciones europeas es muy reducida (unas 350 000 toneladas/año) y está repartida entre Bélgica, Italia, Noruega, Dinamarca y en general, destinada a desguazar buques de menor tamaño. En España solo se han desguazado pesqueros y embarcaciones menores (alrededor de 6600 toneladas anuales).  Esta cantidad es insignificante si la comparamos con la cantidad total anual contabilizada por el conjunto de los países de la OCDE en la última década, que alcanzó la cifra aproximada de 1 600 000 t anuales (15% del volumen total desguazado de la flota mundial en el año 2011).

En el caso de la energía eólica marina, entraríamos a formar parte de la cadena de valor de esta energía: construcción, equipamiento, instalación, mantenimiento, suministro, reparación, etcétera, de aerogeneradores en el mar, es una oportunidad desaprovechada en Navantia.

En 1997, un grupo de empresarios y expertos propuso una instalación eólica en la bahía de Cádiz. El proyecto, denominado «Mar de Trafalgar», contemplaba la construcción, a 18 km de la costa de Barbate, de 270 aerogeneradores que podrían brindar una potencia de 1000 MW.

Posteriormente, el parque contó con la participación de Sogemar, una agrupación de empresas cuyo principal accionista era Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN), Ingeniería de Recursos Naturales (IRN) y Cultivos Piscícolas Marinos (Cupimar). De esta forma, junto al parque eólico se instalaría una gran planta de acuicultura intensiva. Sin embargo, el proyecto se topó con el rechazo de todos los grupos políticos, cofradías y sindicatos, con el solo honroso apoyo de Greenpeace, Ecologistas en Acción, Oceana y Los Verdes, arguyendo posibles e hipotéticos daños a la pesca o el impacto visual para los complejos hoteleros. Todos los alcaldes de esta comarca de la Janda Litoral se opusieron: el de Barbate (PSOE), el de Conil (IU) y el de Vejer (PP).

Sucedió algo parecido con otro proyecto de eólica marina, «Las Cruces del Mar», también de 1000 MW, en Chipiona, a más de 10 km de la costa, aunque en este caso sí contaba con el apoyo de su alcalde.

Según Greenpeace, en la península ibérica sería posible instalar por este medio 25 000 megavatios de potencia hasta 2030. Ecologistas en Acción siempre ha defendido que los proyectos de energía eólica marina que vayan a ser viables tienen que resolver fehacientemente los eventuales impactos ambientales, garantizar que no generen perturbaciones en las rutas migratorias de las aves, que preserven los hábitats marinos, no afecten a los caladeros de pesca litoral y que la evacuación de la electricidad se realice sin problemas. Con estos condicionantes, ¿por qué renunciar a un potencial de energía limpia del que somos excedentarios? Si la tecnología está resolviendo las dificultades de emplazar aerogeneradores en el mar y los requerimientos ambientales garantizan su compatibilidad con los recursos vivos, ¿por qué tenemos que negarnos a desarrollar este recurso energético? ¿Y por qué se le exige a la eólica offshore obligaciones que están ausentes de otras energías muchísimo más contaminantes? Todas las empresas que han ido con sus proyectos de eólica marina a sopesar la acogida en las poblaciones afectadas han sufrido el reclamo de las «medidas compensatorias». Siempre las han rechazado al entender que se trataba de una compra de voluntades. Otra cosa es el abanico de posibilidades laborales y de inversión que se podrían abrir con estas actuaciones: las empresas metalúrgicas, eléctricas, de maquinaria, de transportes, de mantenimiento, etc., se verían beneficiadas, lo que no es baladí en los tiempos de recesión que corren.

De esta forma, contribuiríamos a desarrollar una cultura de paz, resolveríamos déficits ambientales importantes y ofreceríamos un buen puñado de puestos de trabajo para hacer sostenible a la construcción naval y conseguir descender las escandalosas cifras de paro que padece nuestra población. Con ello, pondríamos coto al escandaloso incremento de las exportaciones de armas que sigue nuestro país. Según el informe «Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso» del año 2016, elaborado por la Secretaria de Estado de Comercio, se exportaron armas por valor de 4052 millones de euros.

La I+D+i militar, es una mala elección, consume recursos y riqueza para crear unos productos que en el mejor de los casos no se utilizarán y en el peor serán herramientas de destrucción. No tiene utilidad social, fomenta la carrera de armamentos y las guerras, consumiendo recursos que se podrían destinar a la investigación con fines civiles. Por eso más de un millar de investigadorxs españoles se declararon «objetorxs científicxs», demostrando su compromiso por la cultura de paz y mostrando su desacuerdo por la militarización de la investigación científica en los últimos años, reclamando al Gobierno una transferencia gradual de los recursos destinados a la I+D militar hacia fines sociales y civiles.

El propio lobby armamentista reconoce la escasa rentabilidad de este negocio y los propios Presupuestos Generales de España reconocen que «las características estratégicas y especiales de estos Programas de desarrollo (refiriéndose a los militares), los largos períodos de recuperación y los cuantiosos costes que conllevan, hacen que los criterios estrictos de rentabilidad (…) no puedan ser aplicados a este ámbito».

Llegados a este punto: ¿se puede convertir realmente la industria del armamento en industria civil con estos criterios? Pensamos que sí, si se cumplen estos requisitos:

  • Los productos alternativos deberían utilizar en lo esencial las mismas destrezas y habilidades en su producción que ya tienen lxs actuales trabajadorxs.
  • Los productos alternativos deberían producirse preferentemente en el propio lugar de trabajo.
  • Los nuevos productos han de ser rentables, sostenibles y viables.
  • El proceso de transformación ha de hacerse con la participación de lxs trabajadorxs afectadxs.
  • Es imprescindible elaborar un plan integral de desarrollo de la zona afectada, con una política planificada y una estrategia de puesta en marcha de pequeñas empresas que regeneren el tejido industrial local donde estén ubicadas las industrias y sirvan de motor para un desarrollo futuro más amplio, para impedir la pérdida de puestos de trabajo y la posible depresión de toda una localidad o comarca.

Dicho esto, desde Ecologistas en Acción pensamos que la reversión de la construcción naval hacia estas dos propuestas que avanzamos, la del reciclado ecológico de buques y la energía eólica marina, cumplen sobradamente estos requisitos.

nº24 | la cuenta de la vieja

Hacia una economía más justa

Se acaba de publicar el manual Hacia una economía más justa. Manual de corrientes heterodoxas[1], editado por Economistas Sin Fronteras y coordinado por lxs economistas Ricardo Molero Simarro y Astrid Agenjo Calderón.  A continuación presentamos algunas de sus ideas centrales.

¿Por qué es necesaria una economía crítica?

La última gran crisis de la economía mundial ha dejado completamente al descubierto una crisis igual de profunda en la disciplina que se encarga de estudiarla: la mal llamada «ciencia económica». Como es bien conocido, a pesar de sus, a primera vista, muy potentes herramientas analíticas, la disciplina (incluyendo en ella a la práctica totalidad de premios Nobel, catedráticos/as, profesorado, analistas de reputación, periodistas especializados/as, etc.) fue totalmente incapaz de advertir la insostenibilidad de los múltiples desequilibrios que confluyeron en el estallido de la crisis de las hipotecas subprime de EE UU a partir de 2007. Sin embargo, esa incapacidad de prever la llegada de la crisis es solo una pequeña muestra del grado de inutilidad al que ha llegado la disciplina económica según se ha ido profundizando en el desarrollo de su paradigma dominante: el de la economía neoclásica o marginalista. Este paradigma, que se enseña como único corpus teórico en las aulas de todas y cada una de las facultades de economía del mundo, no puede ni siquiera dar cuenta de la dinámica de la economía de mercado sobre cuyas supuestas bondades se dedica a hacer propaganda. Esto supone un problema no solo por la falta de pluralidad intelectual a la que va asociada, sino también por la incapacidad de dicho corpus para dar explicación y respuesta a los profundos problemas económicos con los que se enfrentan nuestra sociedad actualmente. En efecto, la explicación que cualquier economista ortodoxo/a dará de esos problemas, ya sea la insostenibilidad medioambiental de nuestro sistema económico, las múltiples brechas de género existentes, la corrupción económica, el fenómeno de los/as trabajadores/as pobres, la desigualdad de la renta, o el maldesarrollo de una gran mayoría de los países que forman parte de la economía mundial, es que en ninguno de esos ámbitos se ha dejado al mercado desarrollarse libremente en toda su amplitud.

Ante la evidente insuficiencia de estas respuestas (mucho más habituales que lo que alguien que no haya pasado por las aulas de las facultades de economía podría imaginar), el interés por los enfoques alternativos al dominante no ha hecho sino crecer durante los últimos años. No solo se trata de que las ventas de obras como El capital de K. Marx, o la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de J.M. Keynes hayan vuelto a incrementarse. Más allá de eso, el hecho es que no han parado de surgir iniciativas de estudiantes, profesorado y distinto tipo de organizaciones y movimientos sociales interesados en conocer y difundir el pensamiento de las corrientes heterodoxas. Incluso en algunas universidades, fundamentalmente inglesas, ese pensamiento ha comenzado a formar parte de los planes de estudio de los grados de economía. Este interés no tiene un carácter únicamente intelectual, sino que es, sobre todo, un interés práctico: lograr comprender esos múltiples e interrelacionados problemas a los que nos enfrentamos para pensar la manera de darles respuesta. Y también un interés político, tratando de desvelar las estrategias políticas que se derivan de esa economía supuestamente aséptica, la cual, al reducir la economía a una mera técnica la convierte en un instrumento al servicio de los intereses dominantes: la economía neoclásica dominante tiene un correlato político neoliberal que ha influido directamente sobre las lógicas productivas y distributivas actuales, acentuando la inestabilidad social y ambiental de la economía mundial. Esta estrategia está en la base de fenómenos como la globalización o la financiarización, de cuya combinación surge el mundo que nos rodea y las principales contradicciones que lo atraviesan, con un impacto fundamental sobre la vida de las personas.

En este proceso de recuperación del interés por las corrientes heterodoxas, tanto intelectual como políticamente, la disciplina económica está comenzado a recuperar una utilidad que nunca debería haber perdido: la de acompañar a los procesos de transformación social en el intento de construir ese otro mundo posible que los movimientos sociales y políticos llevan tiempo reivindicando.

Breve aproximación a las corrientes económicas heterodoxas

A continuación exponemos brevemente algunas de las principales ideas de distintas corrientes críticas: la economía ecológica, la economía feminista, la economía institucional, la economía marxista, la economía postkeynesiana y la economía del desarrollo. 

  • La economía ecológica es un conjunto de corrientes que mantienen un enfoque de precaución sobre los límites físicos en los que gestionar de forma sostenible la actividad económica y humana, y donde para ello, se torna necesario cambiar el paradigma de la economía ortodoxa. La enumeración de problemas que afectan al medio ambiente y a la vida en nuestro planeta son múltiples: cambio climático, extinción de especies, contaminación, agotamiento de recursos, deforestación, deshielo de los casquetes polares, cambios en los comportamientos migratorios de animales, enfermedades, destrucción del paisaje, aumento del consumo y de los desechos, grandes infraestructuras, fábricas, aumento del transporte de personas y mercancías, guerras, etc. Las existencia de estas problemáticas ya son innegables, pero sus consecuencias son impredecibles. Múltiples voces, desde la ciencia hasta movimientos populares proponen límites y frenos a la presión a la que se está sometiendo al planeta. Esta presión viene por la actividad humana, principalmente su actividad económica, y es precisamente la ciencia económica la que más ignora el impacto ecológico de su actividad, de ahí que mientras no abra sus miras, los cambios necesarios serán lentos o simplemente no llegarán.
  • La economía feminista (EF) no es un cuerpo único de ideas, sino un «abanico de posicionamientos» que cuestiona la disciplina, introduciendo el género como una categoría fundamental de análisis. La EF es una teoría económica que con sus propios conceptos, marcos analíticos y metodología busca entender los procesos económicos que sostienen la vida, asumiendo un compromiso expreso con la comprensión y superación de las desigualdades de género en el ámbito económico, partiendo de una idea clave: no podemos entender (ni superar) estas desigualdades si no incorporamos los trabajos no remunerados. También se cuestionan conceptos macroeconómicos como el progreso, el bienestar o el desarrollo equiparados únicamente a la expansión mercantil. Pero la EF es también práctica, una forma diferente de organizar el sistema económico. Hay maneras de organizar los trabajos y los procesos de satisfacción de necesidades que responden a criterios feministas. Cuando miramos la cotidianidad de mujeres populares y campesinas que se resisten al modelo de desarrollo hegemónico en América Latina, vemos que están haciendo una economía distinta, una economía feminista. También en el Estado español hay muchas personas que intentan construir economía feminista vinculada a la economía social y solidaria.
  • La economía institucional se centra en las características específicas de las instituciones y su rol en la promoción del desarrollo económico y social. Los cambios institucionales surgen, por ejemplo, como parte de procesos de reforma de Estado, de privatización, de integración regional o de descentralización, entre otros. Sin embargo, la economía convencional, en su intento por construir unos sistemas económicos universalizables, ha buscado entender y modelizar la actividad económica dejando a un lado dicho entorno institucional, entendiéndolo como algo dado y «externo» al sistema y al análisis económico. Por el contrario, las corrientes institucionalistas llevan a cabo un análisis específico e históricamente contextualizado de la realidad económica, enfatizando el análisis de los procesos de formación de valores y su plasmación en las estructuras sociales. Se atribuye así gran importancia a las estructuras de poder, considerándolas determinantes en la asignación de recursos.
  • La corriente de pensamiento económico marxista comparte con el resto de las corrientes heterodoxas una visión crítica del sistema capitalista. Su método de análisis está basado en una concepción histórica de la realidad económica y propone la búsqueda de las causas profundas de los hechos más allá de las apariencias. Su edificio teórico descansa en el vínculo entre las relaciones sociales y el funcionamiento de la economía, por lo que sus aportaciones resultan muy sugerentes, al concebir la realidad económica como parte del devenir histórico de la sociedad. Su estudio resulta relevante por la riqueza de su método y por su acertado análisis del funcionamiento de la economía capitalista. Resulta fundamental, por otro lado, debido a que buena parte de los enfoques teóricos críticos han utilizado algunas de sus principales aportaciones.
  • La tradición poskeynesiana es heredera natural del pensamiento que emana de John Maynard Keynes aunque sus autores/as no pueden ser considerados simplemente «los y las seguidoras de Keynes». Centra su análisis de las economías nacionales a partir de un cuestionamiento de la capacidad autorreguladora del mercado. La principal variable de análisis es la inversión, la cual a su vez determina la demanda. Se entiende que la inversión tiene un componente subjetivo muy importante, es decir, depende de los animal spirits o expectativas de los y las empresarias. Esto introduce una forma de entender la economía donde la incertidumbre juega un papel fundamental. Bajo este marco de incertidumbre y bajo el marco de las teorías del crecimiento y de los ciclos económicos, las relaciones de distribución de la renta cobran especial importancia. Un ejemplo de propuesta política postkeynesiana sería la reducción de desigualdad de la renta en el marco de un «New Deal keynesiano global» de crecimiento basado en los salarios que permita la reducción de los desequilibrios globales y la inestabilidad financiera.
  • La economía del desarrollo, como subdisciplina de la Economía, está destinada específicamente a analizar cuáles son los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, culturales e institucionales que determinan la riqueza y la pobreza de las naciones. Es un área de estudio inherentemente multidisciplinaria cuyas discusiones abordan temáticas que van desde la cooperación internacional, el papel de los organismos multilaterales y la sociedad civil, hasta el medio ambiente, el heteropatriarcado, el colonialismo, la epistemología del conocimiento o las necesidades, libertades y capacidades humanas.

Fomento del diálogo entre corrientes y disciplinas sociales

Fomentar un diálogo entre las distintas visiones críticas es un camino imprescindible. Este objetivo se encuentra en relación con distintas propuestas para la transformación de la investigación y la enseñanza de la economía. Si bien, no se trata solo de dar a conocer todos los paradigmas, escuelas y corrientes de pensamiento económico heterodoxo existentes, sino sobre todo utilizar sus propuestas analíticas para comprender mejor las distintas dimensiones (muchas de ellas aún invisibilizadas) en las que las problemáticas económicas se manifiestan y se encuentran interrelacionadas. En este sentido, también es imprescindible volver a vincular la docencia e investigación económicas con las de las restantes ciencias sociales, ya que muchos fenómenos económicos resultan completamente incomprensibles si no se toman en consideración sus dimensiones psico, socio, polito y antropológicas, e incluso filosófica, además de las de género, raza o medioambiental.

Con esta meta, algunas de las estrategias a corto plazo parten de fortalecer las redes existentes de investigadores e investigadoras críticas y, en especial, la Asociación de Economía Crítica en el Estado español —mediante la promoción de las Jornadas de Economía Crítica y la Revista de Economía Crítica—; estrechar lazos desde la universidad con los movimientos sociales y ONGs sensibles a la reivindicación de la transformación de la disciplina (algunos directamente relacionados son Economía Alternativa, Attac, Post-Crash Barcelona, Econonuestra o Economistas Sin Fronteras, etc.); aumentar la incidencia y los vínculos con los medios de comunicación alternativos mediante la presencia regular con artículos de análisis económico y participación en tertulias…en suma, fomentar el acercamiento a la economía crítica por parte de aquellas personas interesadas en nuevos paradigmas de pensamiento y acción con el objetivo de transformar este insostenible y desigual mundo en el que nos ha tocado vivir.


[1]http://ecosfron.org/portfolio/hacia-una-economia-mas-justa-manual-de-corrientes-heterodoxas/

nº23 | la cuenta de la vieja

¿A la libertad por el yugo del trabajo?

“Hemos construido sociedades de trabajadores sin trabajo” Hannah Arendt “Antes los pobres podían pan, ahora piden trabajo” José Manuel Naredo

Podría aplicarse al Trabajo los versos de una conocida canción: “ni contigo ni sin ti/ tienen mis males remedio;/ contigo porque me matas/ y sin ti, porque me muero”. Como un instrumento de tortura que martirizara tanto al tensar como al destensar, pues sus innumerables víctimas sufren unas por trabajar otras por estar en paro. No es casual que la civilización occidental moderna, con la bendición de A. Smith y K. Marx, haya venido a agrupar bajo el nombre “Trabajos” a aquellas actividades que, según nos han hecho creer estos grandes próceres, “liberan” a la humanidad del yugo de la necesidad: la palabra deriva del término romano tripalium, un instrumento de tortura.

El mito moderno de la Necesidad/trabajo

¿Cómo hemos llegado hasta aquí, si hace solo tres siglos no existía en Europa una noción tal de trabajo? Esto es fácil de constatar, por ejemplo rastreando la literatura de los siglos XVI y XVII, en la que no se encuentra nada parecido a esta noción. Y cuando se emplea el término, como lo hace Cervantes (Los trabajos de Persiles y Segismunda), tiene otro significado. Entonces, como en épocas anteriores y en otras civilizaciones, las actividades humanas hoy llamadas “trabajo” eran agrupadas según otros parámetros y asociadas a otros significados.  Explicar cómo la noción de “trabajo” ha llegado a ser incontrovertida, exige escapar al recurso ignorante del “sentido común” e indagar en la genealogía de las ideas. Concluiremos así que tal constructo es fruto de una mitología específica de la civilización moderna. Y es que, como ha escrito J. Estruch, el mito de la civilización occidental moderna es que es una sociedad sin mitos; que creemos que los mitos es cosa de los otros; que nuestro mundo civilizado se ha proveído, por fin, del modo de conocimiento Verdadero, la Ciencia.

Como gran científico es reconocido Ch. Darwin. Afirmó que la historia toda de la vida es explicable en base a dos prosaicos resortes: amarga lucha por la existencia e inclemente supervivencia de lxs mejor adaptadxs. El cuadro general que nos ha legado es el de un calvario sin fin, y sin sentido. Una visión tan sombría como la del mito del valle de lágrimas. Quizá por eso sus retratos nos transmiten un rictus de amargura característico. Él, y más aun los darwinistas posteriores, conciben la historia toda de la humanidad como una inmisericorde lucha por la existencia, una huida de la Necesidad, que acecha sin fin, y que haría de los seres humanos lobos para sí mismos, como había sostenido Th. Hobbes. Hay mucho de la “filosofía” de Hobbes en la “ciencia” de Darwin. Tal influencia debió llegarle por muchas vías, pero una principal fue sin duda la obra de Th. Malthus, que sostuvo en su “Ensayo sobre el principio de la población” (1798) que una ley universal fuerza que la población crezca más que los alimentos, lo que conduce, aseguraba, a una inexorable guerra por los alimentos, que ganaban las clases superiores con su previsión y mentalidad superior. Es exactamente la misma tesis que Darwin extenderá una generación más tarde al conjunto de la biosfera. Es este un caso típico de mitogénesis, según enseña la historia comparada de las religiones: las diferentes culturas proyectan sobre el mundo los conceptos y oposiciones que conciben para explicarse a sí mismas, alcanzándose así un reforzamiento pendular: la humanidad está regida por estas o aquellas fuerzas, tan inapelables y fatales que gobiernan el Orbe todo. Así ha ocurrido una vez más con el darwinismo, de tal manera que, hoy día, casi cualquiera puede soltarnos algo así: “¿Cómo no va a haber lucha entre nosotrxs si es lo que vemos entre todos los animales en los documentales de la tele?”; o “recientemente hablaron en la radio de un experimento con ratones en el que se comían unos a otros si…”, etc.  Son muestras apabullantes de “obvio sentido común”. Todo razonamiento choca contra el muro de “obviedad” de que “somos como animales”, y se tachará de “filósofo alejado de la realidad”, a quien refiera, por ejemplo, que la vastísima e inquietante historia de la tortura es un capítulo singular de la humanidad, sin parangón en el mundo animal, y apenas en el de los dioses.

De manera que, según este mito científico entronizado en nuestro tiempo, la vida es una huida hacia delante contra la extinción, de cada individuo, de cada especie, aunque no sepamos hacia dónde o por qué. Y, del mismo modo, la historia de la humanidad, una perenne huida de la Necesidad. ¿Y cuál es el medio por el que la humanidad escapa precariamente a la Necesidad?: el Trabajo. Otro de los padres de la contemporaneidad, Marx, coetáneo de Darwin, ha pontificado que los seres humanos nos hemos hecho haciendo cosas (homo faber y animal laborans), ésas que su antecesor Smith conceptuó como “trabajo (productivo)”. Rompía así Marx con el pensamiento griego clásico -que tanto admiraba por otra parte- que, según sabemos por Aristóteles, definía al ser humano de dos maneras, que en el fondo son una: animal que habla y animal que hace y se hace en comunidad (zoon politikon). La diferencia de la concepción de Marx respecto de la aristotélica es difícilmente exagerable. En efecto, la propuesta de Marx, decisiva, empujó en la misma dirección que la de los otros próceres citados, contribuyendo a que nuestras sociedades sean, según certera fórmula de Hannah Arendt, “sociedades de trabajo”, en las que todo se supedita al par Necesidad/Trabajo.

Esta cosmología se la encuentra en múltiples manifestaciones simbólicas, como en el slogan de los campos de concentración nazis: “Arbeit macht frei”, el trabajo os hará libres; o los ideales del stajanovismo soviético y manifestaciones del Día del Trabajo; o los sindicatos de clase, organizados para la “defensa de los derechos del Trabajador/a”, en lugar de organizarse contra el Trabajo; o las jaculatorias de todos los ministros y ministras en pro de la “recuperación de la senda del Crecimiento para aumentar los “puestos de trabajo” para –en absurda y endiablada circularidad- aumentar el Crecimiento; o la comunión multitudinaria con los Ideales del Trabajo que registran las encuestas, que confirman, desde que se tiene memoria, que “el paro” figura entre las primeras preocupaciones, con igual rigor que en otro tiempo preocupó la “salvación del alma”. Y sobre todo, la sistemática organización del entramado institucional para que muy pocas personas escapen a cuatro situaciones típicas: estar preparándose para trabajar, trabajando, buscando trabajo o demostrando que no puede trabajar (incapacitadxs). Cualquier persona que se halle en otra situación es estigmatizada por el crecentismo trabajocéntrico. Entre otros muchos dispositivos institucionales, el conjunto de los subsidios y rentas mínimas (excepto la Renta Básica Universal), son diseñados para asegurar la supeditación al Trabajo.

Todo para exorcizar la Necesidad, que sigue acechándonos y exige que nos afanemos, con más ahínco todavía, en incrementar el Trabajo, la Productividad, la Competitividad y el Desarrollo de las Fuerzas Productivas. Es el Credo contemporáneo, cultivado por toda la gente que vive de ello y tiene en ello el sentido de su existencia, y legitimado por la obra santificada de los venerados Padres de la Modernidad. Se nos anuncia un horizonte final de abundancia y confort, ya en el colmo del Crecimiento, pero que requiere hoy más sacrificio. Según este credo, la libertad es abundancia, al menos como libertad de la totalidad. Es un edificio imponente, sí, pero compendiable en una máxima: a la libertad por el yugo del Trabajo. Toda la obra de Marx cabe en esta frase, que sigue a su vez la dialéctica de Hegel: alcanzar un objetivo perseverando en su contrario o antítesis. La misma fórmula volvería a expresarla un siglo después, ingeniosamente, J. M. Keynes: “…por lo menos durante otros cien años debemos simular… que lo bello es sucio y lo sucio es bello, porque lo sucio es útil y lo bello no lo es. La avaricia, la usura y la precaución deben ser nuestros dioses por un poco más de tiempo todavía. Porque solo ellos pueden guiarnos fuera del túnel de la necesidad económica a la claridad del día».

Para una crítica de la “sociedad de Trabajo”

Sin embargo, por los mismos años que concebía Marx su enorme abstracción, H. D. Thoreau escribía: “Con respecto a los lujos y comodidades, los más sabios siempre han vivido una vida más sencilla y austera que los pobres. Los antiguos filósofos chinos, hindúes, persas y griegos formaron una clase tan pobre en riquezas exteriores, y rica en interiores, como no ha habido otra. Invocaba Thoreau en este fragmento de “Walden” el arte de los grandes místicos y sabios, maestros de la sencillez y la desposesión, un saber bajo sospecha de los jerarcas de todos los tiempos, y hoy tal vez más heterodoxo que nunca, como nos lo enseña también Aldous Huxley en su “Filosofía perenne”. Y continuaba Thoreau con la siguiente observación: “Las naciones están poseídas por la desquiciada ambición de perpetuar su memoria por la cantidad de piedra picada que dejan atrás” El aserto conserva la actualidad si añadimos a la piedra, cemento, alquitrán, hierro, plástico… En la imagen de la pirámide egipcia (“tumba de un bobo ambicioso”) cifraba Thoreau tal obsesión por dejar memoria pétrea.

Es probable que las enseñanzas de Thoreau inspirasen a L. Munford, uno de los más lúcidos críticos de la noción imperante de Trabajo. En “El mito de la máquina” expone su tesis de “la megamáquina” y sostiene que la industrialización es un capítulo más de un proceso iniciado en Egipto y Mesopotamia: orden, productivismo, sometimiento, destrucción, siendo la pirámide el modelo y precedente de los megaproyectos de la ingeniería y la industria contemporánea. Los megaproyectos de hoy conservan intacta la preferencia por la escala descomunal que animó la construcción de las pirámides, para crear la impresión de insignificancia a la gente y fomentar el servilismo y la masificación. Según argumenta, la pirámide, epítome del monumento funerario y suntuario, fue el primer producto de la megamáquina, y la organización de jerarquía servil ideada para tal fin, modelo de todas las máquinas que han venido después. Pasó desapercibida para la generalidad de los historiadores porque estaba compuesta de piezas humanas, adiestradas a actuar coordinadamente bajo el mando del rey y sus ministros-sacerdotes. Las partes de esta primera máquina, como de todas las que le han sucedido, aunque humanas, debieron ser previamente reducidas a meros elementos mecánicos estandarizados para realizar tareas precisas. Estas personas-pieza empleadas en las pirámides y otras obras suntuarias de la Antigüedad fueron las primeras trabajadoras, ancestros de las de nuestros días, pues, ya habituadas a la rutina estúpida, se habrían sentido cómodas en cualquier cadena de montaje actual. Porque, además, los megaproyectos industriales y de infraestructura (autopistas, aeropuertos…) son los monumentos suntuarios de nuestro mundo: si aquellos garantizaban la Vida Eterna, estos garantizan la arribada al Futuro Definitivamente Progresado.

Después de que una persona ha hecho de otra u otras una cosa, una pieza, como ocurre en la megamáquina y en la megaindustria legitimada por el mito del Crecimiento y Desarrollo de las Fuerzas Productivas, es ya posible sustituirlas por piezas y artilugios mecánicos, más fiables siempre que el alma humana, que, como dice Simone Weil, no está hecha para habitar cosas. Este es nuestro tiempo, el de la sustitución de trabajadorxs (personas ya previamente reducidas a piezas) por robots y otros artilugios. No se hubiese llegado hasta aquí si no se hubiese otorgado más importancia a la relación con las cosas que a la relación con las personas; si no se hubiese olvidado que lo más importante que sale de una mina o una fábrica no es mineral y artefactos sino un minero, un obrero, un patrón o un delegado gubernamental. Aun a riesgo de parecer extemporáneo, casi ridículo, quiero terminar recordando que de los pequeños talleres artesanos que en otro tiempo poblaron las ciudades salían maestrxs y aprendices, aunque saliesen menos productos.

Se me había pedido que escribiese sobre la crisis del contrato social basado en el trabajo y de lo que al respecto puede significar una medida como la Renta Básica Universal (RBU). Sobre ello he escrito, aunque no lo parezca, porque la RBU, junto a otras medidas políticas, podría ser provechosa en una estrategia general contra la centralidad del Trabajo. Pero he preferido argumentar indirectamente en pro de la RBU intentando, humildemente, contribuir al descrédito del mito del Trabajo. Porque, mientras se siga creyendo que a la libertad se llega por el yugo del trabajo permanecerán cerradas las condiciones de un debate serio sobre dicha medida.

nº22 | la cuenta de la vieja

Repensando la economía: las tontines de las mujeres africanas

Hay tantas prácticas y lógicas que se escapan a las explicaciones de la economía de mercado que se podría decir que en ellas cabe el mundo entero. Cuando las protagonistas de estas prácticas son pobres, procedentes de países periféricos como los africanos y además son, en su mayoría, mujeres que se organizan al margen de los mercados y del Estado, estas prácticas se suelen catalogar como «residuales», «economía informal», «economía sumergida» o «economía de superviviencia». Pero la realidad es que son las respuestas que mejor se adaptan a las necesidades y circunstancias de sus sociedades, que es en realidad el origen de la economía. Sin embargo, la historia del capitalismo es la historia de una economía que va dejando de ser social y, en palabras del antropólogo David Graeber, «de la transformación gradual de las redes morales por la penetración del impersonal y a menudo vengativo poder del Estado». En la óptica capitalista, la economía ya no es producir valor ni satisfacer necesidades, sino que lo económico viene definido exclusivamente por los movimientos de dinero. Pero la economía no es reductible a lo monetario ni los mercados y las tontines nos sirven aquí para reflexionar acerca de lo que comúnmente llamamos «economía» o «lo económico».

Se trata de una práctica bastante común en el continente africano, que consiste en la formación de grupos informales, cuyos miembros hacen una aportación periódica de un montante pecuniario determinado para un fondo común, que se entrega de manera rotatoria a uno o una de los asociados. De esta forma, en cada ronda se desbloquea ahorro o crédito a favor de un/a beneficiario/a diferente. Generalmente, la rotación se hace por sorteo, pero, a diferencia de un préstamo bancario, los criterios de concesión de préstamo pueden variar en todo momento, previo acuerdo del grupo, si por ejemplo, a uno de los miembros le surge una necesidad económica imprevista. Son grupos que se unen para encontrar una forma de acceso fácil y rápido a un préstamo que no obtendrían en la banca comercial, de la que generalmente están excluidas. La denominación tontine deriva del nombre del napolitano Lorenzo Tonti, que inventó en el siglo XVII un sistema de renta vitalicia, y se aplica ahora para designar prácticas de ahorro rotativo —en inglés también recibe el nombre de Rosca (Rotating Saving and Credit Associations)— observadas en muchos países de África, Asia y América Latina, donde reciben multitud de nombres en los idiomas locales, así como también en las diversas poblaciones originarias de estas zonas que han emigrado a Europa o Estados Unidos. Este el caso, por ejemplo, de la comunidad senegalesa en Sevilla, donde las tontines están integradas exclusivamente por mujeres.

El factor estrictamente económico de obtención de crédito y ahorro no parece ser el único motivo para la existencia de las tontines y para su participación en ellas. De hecho, la noción económica de interés no está presente: los participantes reciben un crédito sin interés al tiempo que prestan un dinero sin ningún beneficio económico extra, ni tampoco se destina ninguna cantidad para pagar los servicios prestados por las personas organizadoras. Entonces, ¿por qué los participantes no prefieren guardar el dinero por su cuenta y prefieren hacerlo circular? Existen otros aspectos no económicos o monetarios que entran en el juego del intercambio y de la interacción social.

Repensando la economía

Desde las periferias, las tontines ponen en tela de juicio el paradigma de la economía formalista dominante, que considera por separado economía y sociedad y concede protagonismo absoluto al cálculo, a lo conmensurable y cuantificable. Así nos invitan a repescar el concepto clásico de embeddedness o incrustamiento que acuñó Karl Polanyi y que hace referencia a la imbricación existente entre economía y relaciones sociales y, más concretamente, al modo en que la economía se encuentra subordinada a las relaciones sociales, y no a la inversa. Frente a la ficción y la utopía de una economía de mercado como «un sistema económico controlado, regulado y dirigido solo por los precios del mercado», en que la esfera económica funcionaría de manera separada de la sociedad, cabe reivindicar la realidad palpable de una socioeconomía unitaria e institucionalizada. En el caso de las tontines, aunque no cuenten con reconocimiento jurídico oficial, tiene unas normas bien establecidas y perfectamente conocidas por los que la practican y son una realidad muy arraigada en los países africanos, en algunos de los cuales mueven por encima del 40% del PIB, cantidad que deja de pasar por los bancos y que está fuera del control de las entidades financieras.

En el contexto de una economía más holística y humana, convendría recordar el papel del don, definido por el antropólogo Marcel Mauss, como una forma de intercambio que no está guiado por el interés de obtener un objeto concreto, sino de organizar o afianzar una alianza que dará lugar a un tipo específico de sociedad. El don no es estrictamente desinteresado, pero su interés económico tampoco es el de la usura o acumulación, sino el de generar una deuda que pueda beneficiar al grupo. Se trata, en realidad, de un «regalo forzado», en el que el objeto de intercambio no son solo bienes útiles, sino también cortesías, colaboración, ritos, danzas, fiestas, etc., y el mercado y la circulación de riquezas no es más que uno de los términos de un contrato mucho más amplio, que incluye el fortalecimiento de la comunidad e implica el contacto directo y el creación de un vínculo con otros seres humanos, con quienes establecemos una deuda de reciprocidad.

Las tontines cumplen todas estas condiciones y sus participantes están relacionadas entre sí en múltiples aspectos, formando una auténtica red de intercambios de ayuda mutua y de soporte socioeconómico. Van desde la circulación de dinero —en una relación de dependencia mutua al fluctuar constantemente los roles de las participantes de deudor a acreedor— al apoyo en tareas de orden práctico (búsqueda de vivienda o trabajo, tareas de mantenimiento, organización de ceremonias y fiestas, etc.). Todo esto sin olvidar el apoyo emocional y el valor identitario para migrantes que viven un país extranjero. Pero la aparición de las tontines de mujeres africanas en la diáspora, como es el caso de las migrantes senegalesas en Sevilla, inicialmente responde sobre todo a una necesidad de sociabilidad, ya que la tontine generalmente implica una reunión periódica festiva para reforzar los lazos de confianza, amistad y cariño, aunque también existen tontines que solo consisten en el pago de una cuota mensual.

La confianza mutua y la apuesta sobre el honor de los demás miembros constituyen la base de la confianza y el motor de la eficiencia de las tontines. Los fallos en el pago de la cuota suelen ser excepcionales, porque supondrían no solo una sanción económica, al negársele futuras participaciones en tontines, sino, sobre todo, una dura sanción social, ya que se «perdería la cara», corriendo el riesgo de ser excluidos del grupo y encontrarse sin posibilidad de recibir apoyo cuando se necesite. El ahorro atiende al objetivo de las participantes para comprometerse consigo mismas, tanto más complejo en el contexto de la incesante redistribución de bienes en las sociedades africanas, mientras que el crédito se desprende del compromiso adquirido con las demás. Así, repartiendo crédito económico y, llegado el caso, descrédito social, la tontine permite transformar el capital social de las mujeres del grupo en capital económico.

Prácticas solidarias, mujeres y cuidados

Varixs investigadorxs apuntan a que la práctica actual de las tontines deriva de la monetarización de costumbres tradicionales colectivistas y de la existencia previa, en las sociedades africanas tradicionales, de agrupaciones entre vecinxs o entre personas del mismo grupo de edad para apoyarse mutuamente y por turno en distintas labores  (laboreo de la tierra, recolección, reparación de tejados, etc.). Prácticas de solidaridad análogas también han existido, por ejemplo, en América Latina, donde la tradición precolombina de los trabajos comunitarios de utilidad social, la minga, está aún vigente en varios países (también se conoce como tequio, en México, el trabajo colectivo que todx vecinx de un pueblo debe a su comunidad) o en Europa con el trabajo colectivo de los bienes comunales. Con las tontines dinerarias, el objeto trabajo tradicionalmente puesto en común, se habría convertido en moneda. Esto se corresponde con la monetarización progresiva de las relaciones de don y contra-don, rituales obligatorios en el seno de las familias y del vecindario, intercambiados en particular en el curso de ceremonias familiares como bodas y bautizos. En las sociedades de África Occidental, en un contexto de marcada separación entre las esferas de actividad femeninas y masculinas, esos intercambios han sido tradicionalmente prerrogativas de las mujeres; las tontines han sido, en primera instancia, el medio para juntar montantes considerables de dinero necesarios para las obligaciones ceremoniales. Esto explica también por qué las tontines han sido tradicionalmente «asuntos de mujeres». Pero más allá de los gastos ceremoniales, las  tontines, a partir de los años ochenta, han permitido a las mujeres africanas hacer frente a la crisis económica y a las consecuencias de las políticas de ajustes estructurales impuestas por el FMI a los países africanos. Un indicador de esto es el aumento sustancial desde esa década, en la tasa de participación a las tontines en países de África Occidental. La crisis, que afectó al sector masculino del empleo, impuso cada vez más responsabilidad financiera a las mujeres, y el fracaso general de esas políticas de reajuste fue acompañado por el fracaso de los sistemas de seguridad social y del sistema bancario. Una vez más, las mujeres han ido compensando desde el mundo de los cuidados los fallos del sistema económico capitalista. De hecho, en muchos casos las tontines de mujeres africanas representan una especie de Estado del bienestar en la sombra, siendo a la vez seguro de vida, médico y sistema de pensiones. Sin embargo, resulta llamativo que sean precisamente los discursos afines a las instancias financieras internacionales los más críticos hacia las tontines, tachándolas de poco fiables, al estar basadas simplemente en la confianza, poniéndolas bajo sospecha —equiparándolas a esquemas piramidales— y culpándolas de la escasa penetración del sistema bancario. En efecto, además de las dificultades de acceso a los recursos financieros de la gran mayoría de la población africana y migrante, lo que motiva la participación en las tontines es la clara falta de confianza por parte de la población africana en el sistema bancario.

Siendo tradicionalmente un «asunto de mujer» en muchas sociedades, las tontines también han jugando un papel importante a favor de una mayor autonomía y empoderamiento de las mujeres, además de contribuir al sustento y al cuidado de sus comunidades, tanto directamente, financiando por ejemplo los estudios de lxs hijxs, como a través de las remesas, que para muchos países africanos representan más que la totalidad de la ayuda pública al desarrollo y a las que las mujeres migrantes en algunos países, como Francia, contribuyen de forma sustancial. Las tontines permiten también financiar pequeños o grandes proyectos empresariales de las mujeres. Además, según las circunstancias, pueden desempeñar múltiples funciones, como por ejemplo, la constitución de un capital de independencia para hacer frente a la poligamia y sus consecuencias económicas para el sustento de las mujeres y sus hijos.

Tontines y soberanía financiera

Este tipo de prácticas económicas alternativas que nos llegan de la mano de las mujeres del Sur son un testimonio de la capacidad de los individuos para resistir los embates de un sistema económico y social que les es claramente desfavorable y para forjar nuevos modelos económicos y sociales. Nos recuerda la capacidad inagotable de las sociedades para crearse y reinventarse, al tiempo que nos conmina a que recuperemos la confianza en nosotrxs mismxs como gestorxs directxs de nuestro capital social. Existe gran potencial para que esta práctica de soberanía financiera se extienda más allá de los colectivos de migrantes, a la población autóctona, como es el caso de las Caf (Comunidades Autofinanciadas) en Cataluña o como puede ser el caso de iniciativas de este tipo que se vayan fraguando en Sevilla, alrededor de asociaciones de barrios en lucha, monedas sociales o colectivas de mujeres. Este ha sido el motivo de un primer encuentro sobre las tontines que ha tenido lugar el 31 de marzo en el Monasterio de San Jerónimo de Sevilla, en el que las mujeres senegalesas de una tontine de Sevilla han compartido sus experiencias y vivencias.

nº20 | la cuenta de la vieja

A través del espejo negro:

materializar la Red

I

Camp Williams, Utah. En medio de un paisaje natural, verde y relativamente virgen se ve un gran recinto con unas naves rectangulares, blancas y de diseño limpio en su interior. A primera vista parece el centro logístico de alguna empresa multinacional.

Lo que vemos es un datacenter. Estos son edificios que almacenan una gran cantidad de ordenadores de un tipoA especial, llamados servidores, que almacenan los datos de la nube. Lo que conocemos como «internet» se basa en protocolos de comunicación entre máquinas. Los servidores, como dice el nombre, prestan servicios (como servir una web a nuestro ordenador). Los clientes son las tecnologías que se conectan a los mismos, como el navegador que nos permitiría visualizar la página anterior. Los servidores están diseñados para estar conectados de manera ininterrumpida durante 24 horas al día y 365 días al año. Y a medida que aparecen nuevos dispositivos interconectados, desde los smartphones a los distintos ingenios del así llamado «internet de las cosas», los clientes también están conectados de manera continua. Según un estudio de IBM, todos los días se generan 2,5 billones de gigas de datos, el eufemísticamente denominado big data: cada minuto, por ejemplo, se hacen dos millones de búsquedas en Google; se crean 100 000 mensajes en Twitter; se comparten más de medio millón de contenidos en Facebook y se envían 200 000 correos electrónicos. El tráfico de datos crece de manera tan exponencial que el 90% de ellos se generó, tan solo, en los dos últimos años.

Pero volvamos al complejo en el interior de Utah. Su construcción costó 1500 millones de dólares y pertenece a la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense. Según Edward Snowden recibió el nombre de Massive Data Repository, el «repositorio de datos masivos». Su capacidad de almacenamiento diaria se medirá en exabytes: miles de millones de gigas. Entendámoslo con cifras de unidades más cotidianas: la estructura completa tendrá 9000 metros cuadrados destinados solo a servidores. Necesitará para su funcionamiento de una subestación eléctrica propia, para transformar los 65 megavatios de electricidad necesarios. Para su enfriamiento circularán seis millones de litros de agua diarios.  

No parece descabellado el ejercicio intelectual de proponer a los datacenters como fábricas que simbolizan la producción en nuestra contemporaneidad. Espacios esenciales para el capital porque son los que sostienen y producen el valor añadido en esta fase de capitalismo cognitivo, especulativo y basado en datos. Y esenciales porque permiten generar nuevas estructuras de control y dispositivos de gobernabilidad como bien ejemplifica el centro de datos de la NSA, diseñada dentro de la estrategia de su director, el general Keith Alexander, y que se resume un su distópica frase «collect it all». Recolectar todos los datos.

Estas enormes factorías nos permiten materializar la Red para poner en cuestión el sueño capitalista de la economía inmaterial, esa cuyas tasas de crecimiento no estarían ligadas al consumo de recursos naturales y que representaría la salida al callejón cerrado de los límites externos del capital, encarnados en el estado de crisis ambiental permanente.

II

Mantener la estructura global de datos es una labor intensiva en el consumo de energía. Según estudios de Jonathan Koomey, investigador de la Universidad de Stanford, la Red emplea un 10% de la electricidad global, teniendo en cuenta todos los actores necesarios para que esta funcione. Solo los datacenters consumieron en Estados Unidos en 2014 un 2% del total de consumo del país (70 000 millones de kW/h), equivalente al consumo eléctrico de 6 millones de hogares. La proporción es algo menor a nivel global. Este es un problema de una magnitud creciente: de 2005 a 2010, el consumo creció en un 56%. Aunque el empleo de soluciones tecnológicas más eficientes y el impacto de la crisis han frenado ligeramente la tendencia, el crecimiento es imparable y algunos estudios sitúan en el período 2014‒2020 otro crecimiento del 50% en la energía empleada.

Este consumo eléctrico tiene un enorme problema añadido, que es la climatización de los ordenadores. Hablamos de granjas de servidores: espacios con miles de máquinas conectadas que generan calor que se disipa, normalmente, usando conductos de agua conectados a torres de enfriamiento. Los centros de datos de alta densidad llegan a albergar decenas de miles de servidores en una sola instalación, lo que puede necesitar cantidades de agua que oscilan de los cientos de miles a más de un millón de litros diarios, lo que puede suponer un grave problema ambiental[1]. Es ejemplar el caso de California, en su quinto año de sequía consecutivo. Esta región es uno de los centros tecnológicos del mundo y alberga más de 800 datacenters. Aunque la agricultura es de lejos el gran consumidor de agua en el Estado y existen tecnologías de enfriamiento que no se basan en agua o emplean aguas grises, es evidente que la inmaterial economía de los datos puede contribuir a agravar la situación.

Y, por supuesto, el consumo de agua y energía no son el único problema ambiental. Aunque es complicado calcular las emisiones derivadas, un estudio de 2008 de la International Science Grid cuantificaba las emisiones generadas por las TIC en un 4% de las emisiones globales, equivalentes a las de la industria aeronáutica. De esas emisiones la cuarta parte sería atribuible a los centros de datos, dando una cifra de emisiones de 300 millones de toneladas de dióxido de carbono. Es decir, las fábricas que producen la nube emiten actualmente un 1% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Para 2030 llegarán a emisiones cercanas a los 500 millones de toneladas. Solo las emisiones relativas a los centros de datos estadounidenses (172 millones de toneladas) son mayores que las globales de Argentina (142 millones), por ejemplo.

Por último, no habría que pasar por alto la mochila ecológica de los dispositivos empleados a ambos lados de la arquitectura cliente/servidor. Según los cálculos de Eric Williams y Ruediger Kuehr, la fabricación de un ordenador de sobremesa requiere al menos 240 kg de combustibles fósiles, 22 kg de productos químicos y 1500 litros de agua. Podemos hacer una aproximación, grosera pero indicativa, equiparando un ordenador de sobremesa a un servidor: tendríamos más de 2000 toneladas de combustible, 10 millones de litros de agua y 200 toneladas de productos químicos por cada 10 000 servidores, un orden de magnitud normal en un datacenter (y a los que habría que añadir el resto de elementos constructivos y tecnológicos necesarios para su puesta en funcionamiento).

Dejo a la lectora el ejercicio de materializar solo a Google. Se calcula que esta corporación tiene algo más del 2% de todos los servidores del mundo, más de un millón, distribuidos en quince datacenters. Es, de lejos, el mayor actor conocido de internet.

III

La imagen viaja miles de kilómetros, a las llanuras del interior de Islandia. Otro paisaje verde, casi virgen. Edificios blancos en un complejo industrial, aunque con una diferencia con la imagen anterior: chimeneas humeantes y grandes tuberías. Estamos ante lo que efectivamente parece una fábrica convencional.

Lo que vemos son las estructuras de otro centro de datos. Paradójicamente frente a su aspecto, un complejo que funciona completamente con energía geotérmica e hidroeléctrica en un contexto de bajas temperaturas, que facilita el enfriamiento de sus servidores. En el contexto de crisis global y local, Islandia imagina su economía como capital mundial de la nube, capaz de ofrecer importantes ahorros energéticos a las corporaciones de lo digital y de proponer un idílico romance entre la naturaleza y los datos.

Los grandes actores son conscientes de la cuestión ambiental y de recursos y se intentan adaptar para conseguir ser más eficientes, recortar gastos, mejorar su imagen corporativa e, incluso, responder a la sensibilidad de parte de su accionariado y de su base de usuarias. En suma: obtener mejores posiciones en el mercado y la capacidad de extenderse más y competir mejor.

En 2007, por ejemplo, Google presentó una patente sobre centros de datos flotantes. Estas barcazas tendrían un consumo de 40 megavatios, generados mediante la energía provocada por el movimiento de las olas y un sistema de enfriamiento basado en superficies de intercambio con el agua fría del mar. Éste sistema no solo les permitiría importantes ahorros e incrementar su capacidad de crecimiento. Su localización offshore favorecería las pretensiones de la compañía de evitar el pago de los impuestos sobre sus instalaciones, un sueño recurrente, en objetivo y formas, del anarcocapitalismo estadounidense, una de las ideologías subyacentes a Silicon Valley.

Como vemos, estas soluciones pueden pasar por la relocalización de los datacenters y su ubicación en entornos fríos y con acceso directo a energías renovables. Otras, suponer mejoras de eficiencia y puramente técnicas: el empleo de aire o aguas grises en el enfriamiento; soluciones constructivas diferentes para la arquitectura del espacio; o la recirculación del calor generado para la calefacción de instalaciones cercanas (una solución posible cuando el datacenter está en entorno urbano).

Este tipo de tecnologías son, evidentemente, necesarias y muy interesantes y hablar de ellas supone un alivio tras el mareo de cifras chocantes que nos describen la ruina de nuestros ecosistemas. Pero más allá de su evidente utilidad real pueden representar el sueño húmedo del «capitalismo verde». Dentro de lógicas solucionistas aparecen invenciones tecnológicas que permiten la superación de los límites externos del capital sin cambiar su lógicas internas expansionistas. La misma falacia de crecimiento sin límite de las economías inmateriales que intentan parchear.

Cabe preguntarse hasta qué punto puede el capitalismo inmaterial no contribuir a la implosión global únicamente mediante la innovación tecnológica y sin cambiar sus lógicas internas. Evitarlo con cifras de consumo y contaminación con altísimas tasas de crecimiento, cuando las economías no occidentales apenas se han consolidado, comparativamente, en el sector y cuando el objetivo real, indisimulado, es la expansión empresarial y de la capacidad de competir en los mercados.

Parece que no basta solo apostar por implementar tecnologías sostenibles. Hemos, sobre todo, de decrecer: también en el uso y dependencia de las tecnologías digitales, los datos y la, así llamada, nube.

IV

Y no solo. También hemos de escoger con inteligencia las tecnologías que empleamos.

La Red ha triunfado por ser un artefacto mágico: capaz de proponer y disponer lógicas y posibles para compartir la abundancia y el acceso libre a la cultura y la comunicación. También ha triunfado por ser una herramienta de control como no ha existido ninguna antes, además haciendo caja. Un monstruo híbrido entre el Gran Hermano y el tío Gilito on fire. La Gran Burbuja.

Pero apelando a los valores de la ética hacker, podemos imaginar otras tecnologías que apuestan por la soberanía y la descentralización. Herramientas que no te hacen dependiente, ni controlada y que son apropiables por sus usuarias. Para esa ética es uno de los grandes retos actuales el imaginar y construir una nueva Red dentro de esas lógicas. Un internet descentralizado, P2P, sin la necesidad de enormes granjas de servidores ni nodos centrales de control.

Un reto que nos habla de otro, del que depende para su consumación completa y del que es parte: la necesidad de infraestructuras autogestionadas y comunitarias. Solo mediante la implementación de estas a todas las escalas y para la satisfacción de todas nuestras necesidades y deseos, desde la alimentación y la energía a la redes de comunicación, podremos realizar ese viejo sueño anarquista de incrementar la autonomía para vaciar y redistribuir el Poder.


[1]  Para entender mejor la cifra, a día de hoy el consumo medio per cápita en España es de unos 150 litros diarios por persona.

nº19 | la cuenta de la vieja

(Anti) Economía libertaria, un bosquejo

A medida que ha ido creciendo el interés por la economía desde el comienzo de la crisis, el discurso de palo ha conseguido polarizar el debate en dos posibles y la correspondiente dicotomía declinada de diversas formas: el neoliberalismo o el neokeynesianismo, el mercado o el Estado, lo privado o lo público, y así...

La crítica al neoliberalismo, disfrazada incluso de anticapitalismo, esconde la mayoría de las veces una defensa fullera del Estado como agente regulador; es el relato arrullador del Estado protector que debería defendernos de los malvados mercados. Y aquí suele encallar la discusión.

Nada se puede pensar ni hacer sin suspender esta dicotomía pues Estado y capital se copertenecen. Capital y Estado son los dos polos de la máquina bipolar de gobierno. La dicotomía siempre afronta el fenómeno dividiéndolo y, al mismo tiempo, articulando los elementos resultantes de esa división de modos diversos: unos inciden más sobre uno de los polos, otros sobre el opuesto. De una parte la economía y de otra el Estado, la política; y, en medio, todo el espectro de las ideologías de lo posible.

Digamos eco-nomía, entonces, para remarcar que, a diferencia de otras disciplinas (socio-logía, antropo-logía, etc.) aquí no se trata del logos sino del nomos. En la eco-nomía no se trata de un discurso, una descripción (logos) sino de una prescripción, un orden, la ley (nomos). La economía es por tanto, esencialmente, economía política, una forma tecnocrática de poder inventada en el siglo XVII.

Pero digámoslo ya, en este artículo vamos a hacer una crítica de la economía a través del esbozo de una anti-eco-nomía más que de un mero «anti-capitalismo». Vamos a defender la abolición de la economía tanto en el sentido moderno, secularizado, como en el antiguo, teológico. Abolición de la economía (esa triste ciencia) en tanto que capitalismo, es decir, abolición del dinero, del valor, la mercancía, el trabajo y la propiedad; así como abolición en tanto que administración-gestión-gobierno (aquella oikonomia griega que Cicerón vertía al latín como dispositio), para simplificar, el Estado. Abolición pues de la economía en tanto que gobierno infinito del mundo.

Una perspectiva anti-eco-nómica, decimos, puesto que no se trata de otra economía, de una economía alternativa (sea cual sea su atributo: verde, social, socialista, solidaria…) sino de una alternativa a la economía; no se trata, en fin, de una economía crítica sino de una crítica de la economía (política). Excluimos de la crítica, por razones obvias, esa acepción llana de la economía que señala simplemente el metabolismo con el medio.

Para ello esbozaremos ideas que nos acerquen, si quiera un tanto, a un mundo libre de capitalismo, de economía, de gobierno incluso, con la intención de recordar que existen perspectivas (hipermétropes, es cierto) que buscan iluminar dimensiones casi siempre olvidadas, aplastadas bajo el peso de lo evidente, es decir, bajo esta realidad tautológica de la autovalorización del valor que, para abreviar, llamaremos capitalismo.

Comencemos por acercarnos brevemente a las tres principales corrientes económicas del anarquismo: mutualismo, colectivismo y comunismo libertario; para desde ahí echar un vistazo a las prácticas cotidianas existentes.

El mutualismo tiene en Proudhon a su principal promotor. Si bien carece prácticamente de repercusión teórica en la actualidad, en la práctica es más común de lo que se cree (como veremos más adelante, tiene bastantes similitudes con lo que hoy llamaríamos economía social).

Las características básicas del mutualismo son:

  1. Propiedad privada/social de los medios de producción.
  2. Propiedad privada del fruto del trabajo.
  3. Distribución por intercambios de mercado.
  4. Dinero mutualista.

En el modelo propuesto por Proudhon todxs lxs trabajadorxs tendrían acceso a sus propios medios de producción (organizadxs en cooperativas autogestionadas). Estas agrupaciones autogestionadas funcionarían de manera similar a las cooperativas de trabajadorxs actuales, eliminando algunas de las constricciones del presente capitalista. El reparto de la producción no se haría en función de las necesidades de cada cual, sino del trabajo aportado. Eliminada la clase parásita capitalista y su exacción (la plusvalía), cada trabajadxr recibiría el producto neto íntegro de su trabajo, o mejor dicho, su equivalente, es decir, dinero. A su vez, las agrupaciones autogestionadas competirían en un mercado libre, regulado por una gran federación agroindustrial. Por tanto, las relaciones de intercambio de bienes y servicios continuarían existiendo y la distribución de la riqueza social se realizaría mediante el mercado, un mercado socialista y pretendidamente «anticapitalista».

El colectivismo, a su vez, se asocia a Bakunin y se resume en la frase: de cada cual según sus posibilidades, a cada cual según su trabajo. Sus características fundamentalmente son:

  1. Propiedad colectiva de los medios de producción.
  2. Propiedad privada del fruto del trabajo.
  3. Distribución en función del trabajo aportado a la colectividad.
  4. Dinero colectivista.

A diferencia del mutualismo, el colectivismo no asume una estrategia reformista y aboga por la expropiación de la propiedad para socializarla. Sin embargo, sigue necesitando del dinero ya que la distribución se realiza en función del trabajo aportado a la colectividad y no en función de las necesidades de cada cual, por tanto, los productos necesitan ser valorados. No es reformista pero si gradualista ya que se concibe a sí mismo como una fase transitoria hacia el pleno comunismo, donde las formas de remuneración desaparecerían por completo.

En el mutualismo y el colectivismo no quedan abolidos ni el valor (de cambio), y por tanto tampoco el dinero (sea éste convencional, mutualista o colectivista), ni el trabajo abstracto y, por tanto, tampoco el tiempo abstracto (en tanto que actividad separada del resto de la vida). Es por esto que difícilmente se los puede considerar propuestas anticapitalistas, y mucho menos antieconómicas.

En ambos casos, la cuestión no era tanto suprimir el capitalismo como civilizarlo, situando el trabajo (con su papel moral, socializador, etc.) en el centro del sistema. Para ellos, la solución al problema de la organización sociopolítica debía ser, por tanto, económica pues en su concepción, las leyes económicas, elevadas al rango de leyes naturales, gobernaban el mundo.

En su defensa debemos decir, por contra, que estos problemas conceptuales no los encontramos solo en sus propuestas sino que, en general, todas las distintas familias tradicionales del «socialismo» (en el sentido genérico, decimonónico, del término) no discutían al capitalismo en sí, sino básicamente la propiedad de los medios de producción y la desigualdad en la distribución de la riqueza generada (cuestiones centrales, no lo negamos, solo señalamos que se les escapa lo esencial), estando de acuerdo en casi todo lo demás.

El comunismo libertario, finalmente, se resume de forma clásica en la frase: de cada cual según sus posibilidades, a cada cual según sus necesidades. Recientemente, Cindy Milstein[1] ha reformulado esta máxima comunista actualizándola y afinándola del siguiente modo: de cada cual según sus posibilidades e intereses, a cada cual según sus necesidades y deseos.

Sus características básicas son:

  1. Propiedad colectiva de los medios de producción.
  2. Propiedad colectiva del fruto del trabajo.
  3. Distribución en función de las necesidades de la comunidad.
  4. Abolición del dinero.

Ya que en el comunismo libertario la distribución de la riqueza social se lleva a cabo en función de las necesidades colectivas e individuales y no en base al trabajo aportado por cada cual, es innecesario cualquier tipo de medición del valor y del tiempo empleado en cualquiera de sus formas. Implica pues la abolición del valor, del tiempo y del trabajo abstractos, así como del dinero y la mercancía y por tanto del capitalismo, la economía y el gobierno, del Estado.

Toda teoría emancipadora debe tener un correlato en una práctica prefigurativa, es decir, una acción encaminada a preparar ya en el presente, en la medida de lo posible, el advenimiento de una comunidad libre y autónoma. Pasemos pues a aplicar a las prácticas actuales el esquema que hemos esbozado brevemente para evaluar en qué grado contienen un germen emancipatorio y analizar su potencial de ruptura con el capitalismo… con la economía, incluso.

Desde este punto de vista nos encontramos con que, en la gran mayoría de los casos, cuando nos planteamos experimentar con otras formas de enfrentar el hecho bruto económico (esto es, vernos obligadxs a generar dinero para poder sobrevivir) recurrimos a tácticas que se encuadran dentro del mutualismo o el colectivismo, quedando el comunismo libertario reducido al ámbito familiar o íntimo-afectivo. Como lo expresa el ejemplo del artículo Anarquistas sin plan económico: el problema del dinero[2]:

«Cuando tres compañeras se asocian para producir pan, acuerdan una jornada laboral y se reparten el producto de su trabajo en relación a esa jornada laboral, están experimentando con el colectivismo. Pero cuando esta misma asociación de tres compañeras productoras de pan establece un sistema de intercambios con otras asociaciones de compañeras productoras de cerveza, verdura, etc., están experimentando con el mutualismo».

Sin minusvalorar en lo más mínimo la ingente cantidad de esfuerzo y voluntad que requiere buscarse el sustento de algún modo que se aleje de la ortodoxia capitalista, experimentar con el mutualismo y el colectivismo en el marco actual es bastante más sencillo que prefigurar el comunismo libertario. Para empezar, creemos, porque no es sencillo siquiera imaginar cómo podría al menos esbozarse. En este sentido, sería interesante investigar las experiencias actuales que apunten a una superación real de la economía, así como imaginar y experimentar en la práctica otras (gradualistas o no) que tengan este objetivo por horizonte.

Un ejemplo interesante podría ser la Comunidad de Intercambio La Canica y su apuesta consciente por desarrollar monedas alternativas, por experimentar con el mutualismo y el colectivismo sin perder de vista el objetivo final, el comunismo libertario que, como hemos visto, implica la abolición del dinero, que en este artículo entendemos como representante genérico del valor, el auténtico corazón de un sistema sin corazón. No vamos a entrar aquí en si esto se logra de forma paulatina (aumentando constantemente los niveles de autonomía) o si debe ocurrir de forma espontánea, como insurrección-revolución. Probablemente, dejando a un lado los maximalismos, se trataría de una combinación de ambas perspectivas. En sus propias palabras:

«La abolición del dinero es un concepto vacío si no demostramos que podemos funcionar con dinero mutualista, colectivista o sin ningún tipo de dinero. Y es posible. Claro que lo es. En Madrid ya hay al menos una Comunidad que está experimentando un sistema de intercambios con dinero mutualista a través del cual nos estamos relacionando diversas personas y asociaciones, muchas de ellas colectivistas en su funcionamiento interno. El fin de esta Comunidad llamada La Canica es el comunismo libertario (en consecuencia, la desaparición de nuestra propia moneda mutualista). Para alcanzar este fin, La Canica ha previsto una serie de medidas tendentes a adquirir medios de producción colectivizados que se pondrán posteriormente a disposición de las personas asociadas en función de sus necesidades».

La Canica concibe la táctica para la consecución de sus fines del siguiente modo:

«Las formas de distribución de productos características del colectivismo y el mutualismo (el reparto y el intercambio, respectivamente), están aparejadas a la forma de propiedad de los medios de producción. El reparto implica una capacidad de decisión colectiva sobre el producto del trabajo de las asociadas que proviene del hecho de compartir entre ellas la propiedad. El intercambio implica una capacidad privativa de decisión sobre el producto del trabajo que proviene del hecho de no compartir la propiedad de los medios de producción con la otra parte del intercambio».

Dadas las limitaciones de espacio dejaremos para ulteriores artículos y debates, así como a la imaginación de lxs pacientes lectorxs que hayan llegado hasta aquí, valorar la pertinencia de dicha táctica para la consecución de sus objetivos explícitos.


[1] Cindy Milstein.  Anarchism and its aspirations,  AK Press, Oackland, 2010, p.53.  Citado en Economía anarquista.  Una visión global.  Varios autores.  Ed. La Neurosis o las barricadas, 2015, p. 58. 

[2]  La lectura de este texto redactado por la Comunidad de Intercambio La Canica (aparecido en el número 59, diciembre 2015, de la publicación mensual Todo por hacer) ha sido el desencadenante del presente artículo.  Está disponible en: http://www.todoporhacer.org/anarquistas-sin-plan-economico. Para saber más sobre La Canica: http://lacanica.org/

nº18 | la cuenta de la vieja

La universidad ante la austeridad

Desde la LOU hasta pos-Bolonia

Quizá alguna persona lectora lo recuerde. Quizá alguien queda que estuvo allí. 1994. La Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla se pone en huelga. Los estudiantes se niegan a asistir a las clases. Rechazan que se impongan los numerus clausus que limitan, aún más, el acceso a los estudios superiores. La propuesta es retirada. Todo retorna a la calma. Hasta 2002. La Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla es ocupada contra la LOU, contra una reforma legislativa que, se decía, suponía la privatización de la enseñanza universitaria. Todo acabó mal. Y todo retornó, también en esta ocasión, a la calma. Luego —pero ya habían pasado más de 5 años, y la población era ya otra— vino el 2008 y las manifestaciones contra el Plan Bolonia. La llamada convergencia europea quizá prometiera importar los métodos de aprendizaje más avanzados de Europa y poner punto final a las formas magistrales de docencia que habían caracterizado gran parte de la enseñanza desde la Edad Media, pero muchos vieron en ella el último golpe de estoque a una universidad asociada al Estado de bienestar.

A la universidad le ocurre como a la mayoría de los centros educativos. Son, para muchos de sus habitantes, una modalidad de eso que Augé llamara «no lugares». Espacios de tránsito. Para quienes la habitan de una forma más estable, es decir para quienes trabajan con contrato fijo en ella, el grueso de la población que la ocupa se renueva constantemente. La gente está solo de paso. Ingresa, protagoniza una escaramuza y, casi inmediatamente después, se encuentra fuera, con o sin título. Desde cierta mirada, la universidad es una fábrica de comités de combatientes en el exilio. Eso hace especialmente difícil la sedimentación de una memoria colectiva. Sin un archivo propio que fije el acontecimiento, este parece disolverse como un azucarillo en el café. Solo el rumor parece capaz de hacer sobrevivir el recuerdo de la luchas. ¿Quiénes, de entre los que ingresaron después del 2002, podrían recordar ese momento extraño en el que la propia Universidad se erigió, desempolvando normativas del pasado, en dispositivo sancionador, en aparato represivo del Estado? ¿Quién, dentro de la Universidad, recuerda a estas alturas las manifestaciones anti-Bolonia?

Es habitual abordar la crítica a la universidad e incluso su historia más reciente desde el relato de las sucesivas reformas que desde los gobiernos han ido imponiéndose, como si se aplicasen sobre una materia pasiva al tiempo que aislada de su entorno como el aire dentro de una burbuja. Atender a las resistencias más o menos organizadas permite, tal vez, observar, por debajo de la institución y a través de ella cómo se configura un espacio de conflicto, todo un campo de relaciones de poder que, este sí, se institucionaliza o, lo que es lo mismo, sedimenta en institución.

En cualquier caso, aquellas manifestaciones del 2008 fueron las últimas luchas en las que los estudiantes tuvieron que levantarse para enfrentar el neoliberalismo. Porque inmediatamente después llegó la crisis y eso lo cambió todo. O, si no todo, sí, al menos, cambió al enemigo. A lo que vino después quizá no hayamos aún sido capaces de darle nombre, pero poco tiene que ver con el ciclo que atraviesa desde 1975 a 2007. Había tenido lugar el colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y, con ello, un movimiento sin precedentes de las clases desfavorecidas norteamericanas. Los pobres, casi del día a la mañana, comenzaron a practicar todos a la vez el impago. A eso los economistas del régimen lo llamaron crisis de las hipotecas subprime o hipotecas basura. Los bancos llevaban años dándoles dinero a los pobres bajo la forma de créditos inmobiliarios y de créditos al consumo en forma de tarjetas de plástico, y ahora los pobres se negaban a devolver lo prestado. El desastre financiero fue sonoro y se contagió a Europa, recayendo sus efectos más brutos sobre los territorios de esos Estados a los que se calificó de CERDOS —entre los que, obviamente, se encontraba el Estado español—.

La crisis alcanza a la universidad española en un contexto de escasa neoliberalización si la comparamos con la universidad de otros países de Europa, como si hubiéramos llegado tarde a la fiesta. Siempre —al menos desde que Holanda arrebatase la hegemonía económica y política del capitalismo internacional a España y Portugal— ocurre esto cuando pensamos en los territorios del sur de Europa. Parece que están a medio camino respecto de otros países, como entre dos polos. Immanuel Wallestein decía que España ocupaba en el sistema-mundo capitalista el lugar de un país semiperiférico. Es decir, que ni era uno de los territorios del centro del sistema mundo ni, estrictamente, un territorio periférico. Según el historiador, las lógicas que gobiernan los territorios semiperiféricos serían híbridas, oscilando periódicamente en función de los ciclos de crecimiento y crisis del capital internacional entre las lógicas de depredación salvaje que afectan a las periferias y las lógicas de explotación reglada propias de los territorios de las zonas centro, no llegándose a realizar plenamente ninguna de las dos lógicas y dando lugar a formas anómalas, puntualmente excesivas.

En este sentido, del mismo modo que el Estado español nunca alcanzó a realizarse en tanto que Estado de bienestar, tampoco lo ha hecho en tanto que Estado neoliberal, o lo ha hecho solo de manera fallida, inacabada o, incluso, monstruosa. Teniendo en cuenta que la implantación de las lógicas neoliberales en Europa coincide prácticamente de lleno con el periodo de la Transición, los conflictos en torno a la universidad desde, cuando menos, los años ochenta han de ser leídos como sendas revueltas contra el proyecto de construcción de un proyecto de Estado neoliberal nunca realizado plenamente y, sin embargo, siempre vuelto a retomar.

A pesar de que es costumbre entre los movimientos antisistémicos asimilar el neoliberalismo al origen de todos los males de una época, lo cierto es que es obligado constatar que el auge de las lógicas neoliberales coincide en el Estado español con la edad de oro de las universidades. Y, en realidad, no solo de las universidades, sino de todo el conjunto de infraestructuras a cargo del Estado. ¿Quién no recuerda a Felipe González congratulándose de que se podía transitar en coche particular desde Burgos a Cádiz sin detenerse en un solo semáforo —siendo que, ironías de la vida, precisamente junto a su antigua casa de Sevilla, permanecía en pie, como el último guerrero tras la batalla, solitario el semáforo del cruce de la carretera de Cádiz, junto a Santa Clara—? Era el tiempo de las grandes inversiones en infraestructuras: autopistas, aeropuertos, líneas ferroviarias, pero también hospitales, cárceles —sobre todo cárceles— y escuelas. Las universidades crecían como setas en tierra mojada. Se llenaban de profesores, estudiantes y personal administrativo gracias al indiscutible efecto riqueza de una economía fuertemente financiarizada. Progresivamente la clase obrera devenía clase media propietaria y los hijos de los antiguos trabajadores accedían repentinamente a la educación universitaria. El lado oscuro de esta misma utopía realizada lo ponía el imparable crecimiento exponencial de carceleros y población penitenciaria.

Análogamente a los procesos de colonización, el desarrollo de la universidad privada, estrictamente neoliberal, estuvo precedido por la expansión dirigida desde el Estado. Solo si todo el mundo quería hacer una carrera y poseer un título superior era posible hacer de los estudios universitarios un nicho de mercado atractivo a la inversión privada y de la universidad una fuente de beneficio económico.

Las luchas estudiantiles de esa época se encuentran definidas a partir de ese marco ambivalente: defendían la implantación y crecimiento de una universidad pública subordinada al proyecto de construcción de un Estado neoliberal al tiempo que rechazaban las dinámicas de privatización y mercantilización de la educación superior propias de esta misma forma-estado. De hecho, ellas mismas eran efecto de la construcción neoliberal que había permitido a unas clases medias portadoras aún de una cierta memoria de las luchas obreras en defensa de lo público acceder a los estudios universitarios. Al fin y al cabo, la utopía neoliberal, como cualquier proyecto de dominación, no podía dejar de producir sus propios monstruos, los focos de rebeldía que la habrían de combatir.

Ahora bien, el proyecto de construcción de una universidad según lógicas neoliberales, si bien incluye tanto el proyecto de privatización de lo público como el de mercantilización del servicio, estos no son sino el resultado de unas transformaciones más profundas en lo referente a la propia dinámica que rige la institución y a quienes en ella habitan. Hasta el punto de que no es difícil imaginar una universidad totalmente pública rigiéndose por principios estrictamente neoliberales. Porque, como han expuesto Larval y Dardot, el neoliberalismo no es simplemente una ideología que prime lo privado frente a lo público, ni aún siquiera el beneficio privado frente al servicio público, sino una racionalidad capaz de organizar tanto lo público como lo privado y, más allá de tal binomio, filtrarse hasta los últimos intersticios de la vida social y colectiva.

La razón neoliberal consiste —dicho de manera demasiado burda y, sin duda, excesivamente simplificada— en someter la realidad a la lógica de competición entre capitales, entendiendo por capital el valor que a sí mismo se valoriza, es decir no la riqueza sino la riqueza capaz de producir más riqueza. En el límite, se trataría de la subordinación de toda actividad al modelo de la actividad empresarial. Poco importa que se trate de un tipo con escasos recursos, una familia adinerada, un colectivo social, una institución pública o una multinacional tecnológica, cualquier elemento, en tanto que capital, está en disposición de competir según dinámicas de producción y acumulación ampliada dentro de su nicho de mercado.

Solo en lo referente a la universidad podemos ver funcionar esta lógica de la competencia entre capitales en varias dimensiones. Yendo de abajo arriba, podemos observar cómo los estudiantes ya no pugnan frente a unos límites prefijados de conocimiento y capacitación cuya superación los habilitaría para la obtención de un título y la realización de una función profesional, sino que pugnan entre sí según criterios de excelencia numéricamente codificados. Del mismo modo, el personal investigador y docente de la universidad compite en puntuaciones derivadas de sus actividades administrativas, investigadoras y docentes. Compiten por publicar en las mejores revistas que, ellas mismas, compiten entre sí por los índices de impacto. A su vez, los departamentos de una misma universidad compiten entre sí, como equipos de una gran empresa, y compiten con sus pares de otras universidades. Las universidades compiten con las otras universidades, etc.

Este marco no es posible sino a partir de la aceptación de, por un lado, un cierto ethos de la excelencia —¿quién, al fin, no quiere hacer mejor aquello que hace?— y, por otro lado, de un conjunto de dispositivos de comparación y catalogación de diferencias. De entre dichos dispositivos hay uno que, sin duda, ha resultado clave: el ranking. El dispositivo-ranking permite evaluar entidades diferentes a partir de criterios homogéneos y clasificar dichas entidades en función del grado de cumplimiento variable. El dispositivo-ranking va fuertemente asociado al mecanismo de autoevaluación, puesto que son centrales cuestiones como el grado de satisfacción en la realización, el grado de consecución de los objetivos que uno mismo se ha planteado, etc.

La posición en el ranking deriva en beneficios que permiten asentar los proyectos y las posiciones relativas mismas. Los mejores estudiantes invertirán en su educación, accediendo a las mejores universidades que, por su posición, contarán con mejores profesores y mayores facilidades de financiación. Ya no se buscará adquirir conocimientos sino, más simplemente, incrementar el capital humano. No hay más profesión que la de empresario de sí.

Pero las dinámicas de acumulación de capitales en función de la subordinación a las lógicas de competición neoliberales colapsan conforme la crisis financiera se desboca y nos alcanza la era de la austeridad. El Estado de austeridad aparece, en primer lugar, como la cara oscura del Estado neoliberal: en él, lo que eran flujos de crédito devienen sujeción por deuda, el empresario de sí deviene hombre endeudado. Se ha acabado el tiempo híperexcitado de la universidad-empresa. Nuevas lógicas se están poniendo en marcha que requieren ser analizadas. El neoliberalismo ha muerto. Es hora de mirar a los ojos a la nueva bestia.

nº17 | la cuenta de la vieja

Crítica del capitalismo en su fase de descomposición

Sobre la crítica del valor de R. Kurz y el grupo EXIT!

¿Cómo entender la actual crisis del capitalismo? ¿Estamos ante una crisis más, marcada por los excesos del capitalismo financiero, o se trata de una quiebra más profunda? La corriente de la crítica del valor, liderada por Robert Kurz, intenta ofrecer algunas respuestas y replantear el modo en que entender la crítica social ante la descomposición del capitalismo.

En los años que siguieron a la «ruptura epocal» de 1989, la crítica de la economía política en clave marxiana era considerada un capítulo cerrado de la historia del pensamiento, y obstinarse en criticar el capitalismo parecía cosa de incorregibles empecinados en no reconocer el nuevo signo de los tiempos. Corrían los años del «fin de la historia» y el «fin de las ideologías», y la imposición de la economía de mercado a escala planetaria prometía materializar el sueño de un mundo unificado que superara las divisiones entre bloques y abriera una época de prosperidad global. Dos décadas y media más tarde, estas expectativas se han revelado ilusorias. Tras un breve periodo de prosperidad a crédito y con pies de barro, el capitalismo globalizado deja tras de sí un escenario de nuevas desigualdades, pobreza de masas, un incremento de la población que no puede ser integrada en el sistema productivo y un encadenamiento de burbujas financieras que, a partir de 2008, desemboca en una crisis global. Ante este escenario, Marx parece volver a ser algo más que un espectro, y su análisis del capitalismo despierta un interés que va más allá de lo estrictamente académico. En este sentido puede resultar provechoso volver la vista a los planteamientos de una corriente teórica como la crítica del valor, que analizó críticamente la dinámica histórica del capitalismo en un momento en el que la mayoría prefería dejarse arrastrar por ella.

El predominio de la economía financiera, es decir, del dinero ficticio, habría permitido insuflar una bocanada de aire a un capitalismo que parecía haber superado su fecha de caducidad

El punto de partida de la crítica del valor es que, si bien la teoría marxiana no perderá su vigencia mientras subsista el capitalismo, no hay duda de que los planteamientos del marxismo tradicional ya no responden a la situación actual. Se trata por tanto de actualizar la crítica de la economía política distanciándose tanto del marxismo del movimiento obrero como del marxismo y el postmarxismo del medio académico. En este sentido, la crítica del valor asume que las formas de dominación capitalistas no pueden explicarse únicamente en términos de propiedad privada de los medios de producción o de antagonismo de clase. Más bien es necesario analizar las categorías básicas con las que estructura la totalidad de la vida social: el valor, el trabajo, la mercancía y el dinero. Porque el capitalismo no es solo una forma de extracción del plusvalor, sino una forma de vida que estructura toda la vida social. El valor, el trabajo, la mercancía y el dinero no son elementos consustanciales a toda formación social, sino que constituyen el rasgo distintivo de las relaciones sociales capitalistas. En ellas el capital se convierte en «sujeto automático» de todo el proceso social: el objetivo no es la satisfacción de las necesidades o el crecimiento de las fuerzas productivas, sino únicamente la valorización del valor como un fin en sí mismo. El capitalismo sería por tanto una «dominación sin sujeto», una «dictadura de la forma social» en la que las acciones humanas y la vida en sociedad se someten a los imperativos de la economía, entendida como esfera separada y autónoma. La economía se habría desgajado del resto de actividades sociales y se ha convertido en instancia reguladora de todos los ámbitos de la existencia.

La crítica del valor ha supuesto por tanto una verdadera revolución teórica, fundamental para entender el lugar del capitalismo en la historia y su propia dinámica evolutiva. Sin duda sus análisis se mueven en un alto nivel de abstracción; pero no por ello se aíslan de las luchas epocales ni se encierran en una torre de marfil. Más bien aspiran a replantear el modo en que articular la crítica del capitalismo, y lo hacen movidos por un sentimiento de urgencia epocal. Ante todo, la crítica del valor entiende que la teoría no debe ir a remolque de las exigencias de la praxis militante, sino que debe ser tomada en serio en su autonomía. Su producción se ha desarrollado al margen de los contextos académicos al uso, prefiriendo grupos de trabajo y discusión de marcado carácter político —cuyo nivel teórico, sin embargo, no tiene nada que envidiar a los mejores seminarios académicos—. De hecho sorprende que esta corriente teórica, con implicaciones de tan largo alcance, sea el producto de un puñado de individuos que colaboran en un par de colectivos teóricos en condiciones materiales sumamente difíciles. Su epicentro ha sido la ciudad alemana de Nuremberg, que vio primero el surgimiento de la revista Marxistische Kritik en 1987, que a comienzos de los 90 cambiaría su nombre a Krisis. En 2004 se produjo la escisión del grupo que llevó a autores como Robert Kurz, Roswitha Scholz o Anselm Jappe a fundar la revista EXIT! La actividad de EXIT! continúa hasta hoy, pero su recepción y apropiación se ha ido extendiendo a distintos grupos fuera de Alemania, en países tan dispares como Francia o Brasil.

La crítica del valor es ante todo producto de la actividad teórica de Robert Kurz, fallecido prematuramente en julio de 2012, cuyos textos están en gran medida aún por traducir al castellano. Sus reflexiones fueron, desde el principio, el motor que impulsó la crítica del valor. No es difícil imaginar la conmoción que supuso la publicación de su libro El colapso de la modernización en la Alemania de 1991. En el escenario de final de la Guerra Fría y triunfo total del capitalismo, de repente aparece un outsider con un texto que, a partir de una refinada lectura de los textos más duros de Marx, afirma que el proceso de modernización capitalista se acerca irremediablemente a su fin, que el capitalismo está abocado a una crisis final. Según Kurz, llegaría un punto en que la tendencia de un crecimiento económico lineal, acumulativo e irreversible dejaría de funcionar; la clave está en una contradicción inscrita en su propia dinámica. Producir valor requiere explotar fuerza de trabajo, pero la situación de competencia entre los productores lleva a una carrera por el empleo de tecnologías cada vez más sofisticadas que desata una dinámica fatal: en cada nuevo avance de la productividad, el primero en emplearlo sale ganando por un tiempo, ya que logra producir más mercancías con menos fuerza de trabajo. Pero cuando otros productores lo imitan y se establece un nivel de productividad más alto, baja la tasa general de beneficio y se relanza la carrera hacia el siguiente avance; el aumento de productividad gracias a las tecnologías hace que se pueda prescindir cada vez de más trabajo humano, que sin embargo es la sustancia de la que vive el proceso de valoración: conforme la necesidad de trabajo humano mengua, crece la necesidad de capital. Hasta ahora el aumento de la producción y la expansión a nuevos mercados de valoración paliaban —al menos temporalmente — esta contradicción, pero también la reproducían a una escala cada vez mayor. Para Kurz, con la revolución industrial de la microelectrónica se habría llegado a este punto crítico en el que la lógica según la cual el objetivo de la actividad productiva no es satisfacer necesidades, sino alimentar el ciclo incesante de trabajo que valoriza el capital y capital que emplea el trabajo, se toparía con un límite insuperable.

Al principio, los análisis de Kurz y la crítica del valor llegaron a recibir cierto eco en Alemania. Sin embargo, y a pesar de que el sucesivo estallido de burbujas financieras —desde Argentina a la burbuja puntocom, pasando por la del Sudeste asiático— parecían dar la razón a sus planteamientos, no tardó en crearse un consenso que rechazaba su teoría por «especulativa» o «contrafáctica». Pero con el estallido de la crisis en 2008 de repente las cosas cambiaron. De hecho, corre el rumor de que algunos asesores financieros y grandes inversores se convirtieron en lectores asiduos, aunque clandestinos, de las columnas que Kurz escribía en los periódicos alemanes y brasileños. Y es que sus análisis parecían estar en condiciones de explicar mejor que nadie la crisis en curso. Lo que Kurz señalaba en ellos es que no estamos ante una crisis pasajera más en la historia del capitalismo, ni tampoco ante la transición hacia un nuevo modelo de acumulación, sino más bien ante un síntoma de que la dinámica del capitalismo y su lógica de modernización se topa con su límite interno y estaría entrando en una fase de lenta descomposición —con consecuencias sociales devastadoras —.

En este sentido, la crítica del valor ofrece una visión distinta del papel que ha jugado aquí el capitalismo financiero. Sus trabajos ponen de manifiesto que la financiarización de la economía no habría sido solo el producto de la ideología neoliberal o de una élite de malvados especuladores que parasitan la llamada «economía real», sino el proceso que ha permitido compensar las crecientes dificultades que afectan a la valorización del capital desde los años setenta. El predominio de la economía financiera, es decir, del dinero ficticio, habría permitido insuflar una bocanada de aire a un capitalismo que parecía haber superado su fecha de caducidad. Lo que ocurre es que, ciertamente, esta solución podía posponer el choque con el límite interno, pero no eliminarlo. Frente a ello, tampoco las tentativas de volver al «capitalismo social» o al «Estado asistencial», de plantear un «capitalismo con rostro humano» o «adaptarse al cambio climático» llevarán a ninguna parte, porque no ofrecen respuesta al problema del límite de la valorización: son consignas vacías. Las instancias de intervención política a través del Estado no son suficientes, porque su escasa capacidad de agencia no permite poner límites a las exigencias sistémicas del capital. El modelo keynesiano de crecimiento capitalista, bienestar y paz social —que apenas logró arraigar en una pequeñísima región del planeta— se revela un mero interludio en la brutal historia del capitalismo, y nunca fue esa Arcadia ideal que hoy se idealiza con nostalgia retrospectiva. En definitiva: en la medida en que el capitalismo corre el riesgo de morir de éxito, lo que vendría después no sería el socialismo, sino más bien las ruinas.

Desde esta perspectiva, la coyuntura de crisis a la que nos enfrentamos adquiere un nuevo cariz: no se trata tan solo de la reducción de las prestaciones sociales, del crecimiento de la pobreza o de las nuevas formas represivas de administrarla, sino del inicio de una nueva fase histórica. Aunque ciertos países o empresas sigan presentando altas tasas de crecimiento, el proceso de valorización se encuentra con dificultades cada vez más prohibitivas. La crisis que atravesamos —generalmente percibida como mera «crisis de deuda» o «financiera»— no sería ya una transición hacia un nuevo modelo de acumulación, sino la entrada en un periodo de declive, que será cualquier cosa menos estable y que exige replantear los términos de la crítica social. La mayor amenaza en términos sociales viene de que la capacidad de inclusión a través del trabajo asalariado disminuye a ojos vista, y sin embargo el capitalismo ha imposibilitado toda forma de reproducción de la propia existencia al margen de las relaciones monetarias. De ahí el peligro del crecimiento de la población «sobrante», que ya no sirve siquiera para ser explotada, y que se ve expulsada del sistema del «ganar dinero» en régimen de competencia sin que este sistema deje de ser condición para su subsistencia material. La barbarie que viene sería la de un capitalismo de apartheid global, en el que quizá florezcan aún pequeñas islas de prosperidad, pero rodeadas de entornos de pobreza extrema y descomposición social.

La crisis que atravesamos —generalmente percibida como mera «crisis de deuda» o «financiera»— no sería ya una transición hacia un nuevo modelo de acumulación, sino la entrada en un periodo de declive, que será cualquier cosa menos estable y que exige replantear los términos de la crítica social

La crítica del valor no ofrece una guía concreta para la acción política. Su análisis del capitalismo no puede traducirse inmediatamente en un programa de acción ni aplicarse a la propia existencia como un conjunto de fórmulas preestablecidas. Más que soluciones inmediatas, ofrece una detallada cartografía de los caminos que están cerrados para la praxis emancipatoria. Y es que buena parte de sus esfuerzos se dirigen a una tarea de desilusión: desenmascarar los falsos atajos a la emancipación y los peligros del culto a la acción inmediata. Sin embargo, esto no significa que se entregue a una actitud resignada o derrotista. Simplemente exige tomar conciencia de que ningún atajo puede acortar el penoso proceso que implica romper con las formas de socialización capitalista. Porque el capitalismo no es algo que esté «ahí fuera»: no es el proyecto de los políticos, los banqueros o las élites empresariales, sino una formación social que ha constituido todas nuestras formas de vida, de existencia social, nuestras formas de pensar y nuestros deseos. Romper con el capitalismo exige romper con su marco categorial, y esto implica también romper con las formas sociales dentro de las cuales se mueve nuestra existencia: valor, trabajo asalariado, dinero, producción y consumo de mercancías. Se trata, en definitiva, de romper con lo que nos configura como sujetos, con lo que constituye el horizonte de deseos y de miedos. Y para esto no hay recetas.

nº16 | la cuenta de la vieja

El TTIP, un debate impostergable

«En estos momentos es imposible hablar de las relaciones exteriores de la UE sin referirse al TTIP». Así comenzaba la conferencia de apertura de un seminario sobre la política comercial de la UE, celebrado en el Colegio de Brujas y no es una afirmación exagerada. Aunque en la realidad española el TTIP no haya alcanzado todavía el debate público de manera amplia, la firma de este tratado puede tener repercusiones sobre el conjunto del derecho de la UE y de los Estados miembros.

Tratados de Nueva Generación
Alejado de los grandes temas de la política nacional, la negociación del TTIP que avanza de manera cada vez más acelerada, comenzó oficialmente el 17 de julio de 2013. Su finalidad primordial es, al menos sobre el papel, conseguir maximizar el comercio y la inversión entre la UE y Estados Unidos. Para ello, el documento enmarca los contenidos del tratado en tres grandes pilares: el acceso al mercado, la cooperación reguladora y el establecimiento de normas comunes de obligado cumplimiento entre ambas partes, incluyendo la protección a los inversores extranjeros y un mecanismo de solución de controversias inversor-Estado. Este amplio contenido ha justificado que el TTIP, al igual que el CETA (EU-Canadá Comprehensive Economic and Trade Agreement), sea bautizado como un «tratado de nueva generación» dado que estos tratados sobrepasan la finalidad típica de los acuerdos de comercio e inversión para enfocarse en un objetivo mayor, como es el control o la incidencia en los procesos de formación de las normas a ambos lados del Atlántico.

Es muy importante remarcar que el 26 de septiembre de 2014 terminaron las negociaciones del CETA y que su firma oficial está ya prevista para el mes de octubre de este año. Ambos tratados, CETA y TTIP, tienen una fisonomía similar y unos objetivos comunes, con distinto ámbito geográfico, lo que nos permite mediante la lectura del primero, conocer una buena parte del contenido del segundo, que sigue manteniéndose en condiciones de semiopacidad y que está en plena negociación.

Desde el principio de las negociaciones, la Comisión Europea dejaba clara su línea discursiva, que parte de la afirmación de que la política comercial es la principal fuerza estabilizadora en el momento de crisis y que para potenciarlo deben realizarse tratados bilaterales con países en todos los continentes, en particular con EE. UU. En esta línea, la Comisión se empeñó en promover el acuerdo afirmando los beneficios económicos que de su firma podrían derivarse con la publicación de una serie de estudios donde se resaltan las consecuencias positivas para el crecimiento económico y para el empleo, que han sido muy criticados. El informe financiado por la Comisión y elaborado por el Centre for Economic Policy Research (CEPR) afirma que: la liberalización del comercio y el impulso de la inversión extranjera van a suponer un crecimiento de la economía de la Unión Europea de aproximadamente 120 billones de euros (un 0,5% de su PIB); que los salarios para los trabajadores, cualificados y no cualificados, tenderían a aumentar un 5% y que el número de puestos de trabajo dependiente del comercio podría aumentarse en la UE en «varios millones»[1]. Por su parte, el estudio financiado por la Cámara de Comercio, la CEOE y el Instituto de Estudios Económicos[2] para el caso español llega a afirmar que «el efecto acumulado durante los cinco primeros años tras la toma del acuerdo supondría un incremento total del PIB de 36 743,3 millones de euros y una creación de 334 836 nuevos empleos, como fruto exclusivo del acuerdo». De entre las abundantes críticas realizadas destacan las que indican que en los estudios mencionados, ni se mencionan las posibles consecuencias negativas de la desviación de comercio o la deslocalización de empresas sobre el empleo, ni se tiene en cuenta el impacto en el empleo desde la vertiente cualitativa. Además, otras investigaciones han obtenido resultados opuestos, en este sentido destaca el estudio el elaborado por Capaldo[3] que pronostica una caída de las rentas del trabajo (en la que Francia sería la más afectada)[4]; una pérdida neta de empleo de aproximadamente 600 000 puestos de trabajo en la UE, con una mayor afectación en los países del norte de Europa, seguidos de Alemania y de Francia, y una transferencia de renta desde el trabajo al capital.

Pero, más allá de estas posibles y muy debatidas repercusiones económicas: ¿cuáles pueden ser los efectos directos de la aprobación de estos tratados, CETA y TTIP sobre el día a día? La pregunta no es fácil pero podemos apuntar aquí los puntos de fricción más importantes. Para ello vamos a utilizar la habitual división del contenido de estos tratados en tres grandes pilares, señalando una o dos consecuencias que de cada uno de ellos pueden derivarse.

Primer pilar: comercio de bienes
El primer pilar tiene el objetivo tradicional de todo tratado de libre comercio, es decir, facilitar el comercio de bienes entre las partes y equiparar los niveles de libertad que tienen las empresas para prestar los servicios en el territorio de las dos partes a los niveles máximos de liberalización que existen en otros acuerdos de libre comercio. Los principales beneficios derivados de este pilar serían, según la Comisión, fundamentalmente dos: el impulso del comercio de las pymes con Estados Unidos y el acceso de las mismas al mercado de contratación pública de este país. Ambas cuestiones han sido muy criticadas. En primer lugar porque solo 70 000 de las pymes españolas, de entre los 3 178 408 de pymes existentes, exportan actualmente a EE. UU. La posibilidad de aumentar este número de empresas exportadoras por la reducción de aranceles, teniendo en cuenta que el 95,9% del total de empresas españolas son micropymes, sigue siendo una cuestión debatida y sumamente cuestionada. En segundo lugar, la Comisión ha prometido la apertura del mercado de contratación pública estadounidense a las empresas españolas, y europeas, pero esto tampoco es un tema pacífico y el resultado de la Ronda 12 deja claro que no ha habido avances respecto de la postura conservadora de EE. UU., reacio a abrir su mercado. De hecho, esta cuestión está siendo uno de los graves desacuerdos, debido a la voluntad de la UE de intentar forzar a los EE. UU. a desmantelar las cláusulas «Buy American», especialmente en el mercado del transporte y permitir un mayor acceso a los mercados de los Estados federados. Por su parte, Estados Unidos mantiene que ya existe una apertura suficiente y han realizado una oferta muy conservadora con respecto a esta cuestión.

Por añadidura, no puede olvidarse que la libre circulación de servicios conlleva cada vez más a menudo el traslado de trabajadores para la prestación de los mismos. Una vez liberalizado un servicio prestado de esta manera, un Estado no puede utilizar su normativa interna sobre entrada o estancia temporal de trabajadores para menoscabar los compromisos asumidos en el acuerdo de libre comercio, como el acceso al mercado o el trato nacional. Todo ello puede implicar la aplicación de las normas laborales del país de origen, por ejemplo de Estados Unidos, a trabajadores que estén prestando sus servicios laborales en España, con el consiguiente impacto sobre nuestro sistema de relaciones laborales, ya per se considerablemente «americanizado».

Segundo pilar: cooperación reguladora
Hay unanimidad entre los comentarios, tanto académicos como políticos y activistas, respecto del TTIP y del CETA al señalar que el principal elemento de distinción entre este acuerdo y otros tratados comerciales anteriores, incluidos los realizados en el ámbito de la OMC, es la inclusión con carácter obligatorio de una serie de mecanismos de cooperación reguladora. Se afirma, en este sentido, que un 80% de las ganancias, que supuestamente implicará el acuerdo resultarán tanto de la liberalización del comercio de servicios y de la contratación pública como (fundamentalmente) de la reducción de los costes impuestos por la burocracia y las regulaciones. Las críticas por las repercusiones que la voluntad de aproximar legislaciones puede tener son muy abundantes y tocan diversos planos. Uno de los más controvertidos es la cuestión de las denominaciones de origen. La UE mantiene, y así publicita en sus documentos, que el TTIP va a conseguir una ampliación de la lista de denominaciones de origen protegidas. Lo cierto es que no ha habido, según los resultados de la Ronda 12, ningún avance en la materia, derivándose a la siguiente negociación la discusión del tema. No obstante, es bien sabido que la normativa estadounidense, con algunas excepciones, protege las denominaciones bajo la legislación relativa a las marcas, pero no de manera específica, porque su objetivo no es proteger una determinada producción, sino evitar la confusión del consumidor. Así, la normativa estadounidense, a diferencia de la europea, no permite la protección de las denominaciones de origen y, de hecho, Estados Unidos ha sido uno de los oponentes más serios frente a las pretensiones del establecimiento de la protección de las denominaciones de origen a nivel internacional. Nada hace esperar que esta postura cambie, cuando, por ejemplo, en el Tratado Transpacífico firmado por doce países, entre ellos EE. UU., el 4 de febrero en Nueva Zelanda, se prohíbe la protección de las denominaciones de origen. No cabe duda de que se trata de una de las cuestiones que más deben preocupar a los productores europeos y en particular a los de zonas como Francia o España.

El otro de los puntos controvertidos es la voluntad de aproximar legislaciones laborales utilizando para ello como referente los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, cuando ni Canadá ni Estados Unidos se acercan al nivel de ratificaciones y de protección de estos derechos, que se mantiene a trancas y barrancas en países europeos como los anteriormente mencionados. De hecho, Canadá no ha ratificado dos de los ocho convenios fundamentales (el derecho de sindicación y de negociación colectiva y el 138, sobre la edad mínima de admisión al empleo) mientras que EE. UU. solo ha ratificado dos de los ocho convenios y 13 del resto, al tiempo que España ha ratificado 55. Cualquier intento de homogenización con estas bases no puede ir sino en sentido contrario a la protección de los derechos de las trabajadoras.

Tercer pilar: protección de la inversión
Nos quedan por tratar los posibles efectos del tercer pilar, cuyo objetivo es el establecimiento de reglas de obligado cumplimiento para ambas partes sobre materias concretas, entre las que destaca la protección de la inversión y los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado. Las protestas por las consecuencias que podría provocar un mecanismo de arbitraje (el conocido como ISDS) han conseguido un cambio táctico de posición de la Comisión Europea, que ha propuesto una modificación del mecanismo de resolución de controversias que pasa a llamarse ICS (Investment Court System). A pesar del cambio, la denominación y la introducción de una doble instancia, el ICS sigue orientándose al establecimiento de una vía paralela y privilegiada para que los inversores extranjeros protejan sus inversiones, eludiendo la normativa estatal y los tribunales nacionales. Las consecuencias potenciales seguirán siendo, por tanto, las que ya se vienen derivando de la aplicación de los 2278 tratados bilaterales de inversión vigentes que permiten a las empresas inversoras demandar a los Estados cuando vean mermado o amenazado su beneficio. Esto ha tenido una repercusión directa sobre actuaciones político-normativas de control del fracking, las moratorias nucleares, la protección medioambiental, sanitaria, etc., con un último y sonado caso en Galicia respecto de la mina Corcoesto y la empresa canadiense Edgewater.

En base a todo lo antedicho, es evidente que el debate acerca de si el TTIP debe aprobarse o no es imprescindible. Hasta el momento ha estado ausente de la arena política como lo estuvo de la electoral, pero probablemente, llegado el momento acabe convirtiéndose, acertadamente, en una de esas líneas rojas necesarias.


[1] CEPR, Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment, Londres: Centre for Economic Policy Research. 2014. La propia Comisión corrigió las expectativas en una nota explicativa (Comisión Europea, Transatlantic Trade and Investment Partnership. The Economic Analysis Explained

[2] LATORRE, M.C., et al., El impacto en la economía española de la firma de la asociación transatlántica sobre comercio e inversión (TTIP) con EE. UU., 2015

[3] APALDO, J., TTIP: European Disintegration, Unemployment and Instability. GDAE Working Paper14-03. Sobre la crítica a los modelos econométricos vid. DE VILLE, F. y G. SILES-BRÜGGE (2013): The false promise of EU-UStradetalks y VENHAUS, M. (2015) An Unequal Treaty. TTIP and Inequality in Europe.

[4] En este país se podrían perder una media de 5500 € por trabajador, en los países del norte de Europa 4800 € por trabajador, en el Reino Unido 4200 € por trabajador y en Alemania 3400 € por trabajador.

nº15 | la cuenta de la vieja

En dirección contraria

El camino de Andalucía desde 1980*

El 28 de febrero de 1980, hace ahora 36 años, los andaluces volvimos a salir a la calle como continuación y con la resonancia del 4 de diciembre de 1977, para equipararnos a Cataluña, Galicia y el País Vasco en cuanto al derecho a autogobierno. Era la manera de poder resolver los problemas que padecíamos, bastantes de ellos con una clara dimensión económica. Casi cuatro décadas después, ¿en qué medida nos hemos aproximado a las aspiraciones que entonces se expresaron? ¿En qué situación se encuentra Andalucía en relación con la dirección en la que se apuntaba? Vamos a repasar muy brevemente algunas de las principales cuestiones que estaban pendientes.

El problema del «paro»1

El «paro», como sabemos, ha sido históricamente en nuestra tierra una herida permanente; cuando se inició el posfranquismo se presentaba como el principal problema a resolver. En 1981, en Andalucía había 387 000 «parados». Casi cuatro décadas más tarde, nuestro principal problema se ha multiplicado casi por cuatro. En todos estos años, el número de personas desempleadas siempre estuvo por encima de los existentes al inicio del período y puede decirse que desde entonces el paro en Andalucía ha ido en ascenso, con el paréntesis del boom inmobiliario, un negocio especulativo que enriqueció a unos pocos a costa de lamentables consecuencias para la mayoría. Durante este boom, el paro se redujo en 387 400 personas. Desde que explotó la burbuja, en 2007, ha habido un aumento de 995 700 parados en Andalucía. El paro, como ya sabíamos, no es una cuestión coyuntural o circunstancial en nuestra tierra. Es un problema secular que se ha visto profundizado en las últimas décadas.

Un paro asociado a condiciones especialmente desventajosas en el mercado de trabajo: casi cuarenta de cada cien parados andaluces o andaluzas lleva más de dos años en paro (39,6%), más de la mitad de los parados (el 56,2%) no recibe prestaciones por desempleo (diez puntos por debajo de Cataluña). La tasa de prestaciones contributivas es del 17,5%, frente al 26,7% como media en el Estado; el salario de los hombres es un 24% inferior a la media española, mientras que el de las mujeres está un 26% por debajo. En Andalucía hay un plus de desventaja para el empleo femenino sobre el que ya hay en el resto del Estado. Los ingresos medios por persona son en Andalucía casi la mitad (45,5%) que en Madrid o un 36% menos que en Cataluña. Todas estas cifras se resumen en el dramatismo de una situación de pobreza o exclusión social que llega en Andalucía al 38,6% de la población frente al 27% como media estatal. En Andalucía vivimos en una situación social de alerta roja, con un plus de explotación de clase y de género, en medio de las ruinas que ha dejado un crecimiento económico que tiene lugar en beneficio de unos pocos y en contra de la gran mayoría, como veremos a continuación.

Los campos andaluces, ¿al servicio de quién?

Durante los últimos 40 años, la economía andaluza acentúa su papel de economía abastecedora de productos agrícolas a los principales centros de consumo dentro del Estado y también a países de la Unión Europea. Esta venía siendo y continúa siendo, cada vez en mayor medida, nuestra principal dedicación como economía y como pueblo. Una dedicación que se va estrechando y concentrando en frutas y hortalizas y olivar. Estos dos cultivos significan en los últimos años casi el 80% del peso en toneladas de la producción agrícola en Andalucía.

El peso creciente de la horticultura andaluza nos ha llevado a «encargarnos» de «fabricar» cerca del 40% de la producción hortícola española. De este importante volumen, la agricultura almeriense concentra más del 60%, de modo que el soporte físico de esta agricultura se circunscribe a una parte muy pequeña de la superficie agraria utilizada en Andalucía. Las aproximadamente treinta mil hectáreas que ocupan los invernaderos de Almería no llegan al 1% de la superficie agraria útil de Andalucía. Se localiza aquí un sistema intensivo en el uso de capital y mano de obra en el que hay aproximadamente quince mil explotaciones familiares de un tamaño medio de algo más de 2 hectáreas.

Un sistema que apoya su funcionamiento en el uso y degradación de stocks de materiales disponibles en el entorno, aunque este fenómeno queda velado en las cuentas que, en términos monetarios, recogen los costes de esta agricultura. De modo que, mientras que entre agua, tierra, arena y estiércol suman el 99% del tonelaje de los recursos utilizados, asociados solo al 10% de los costes monetarios, semillas y plantones, fertilizantes y fitosanitarios, apenas un 0,1% del volumen físico de los requerimientos de materiales del modelo acaparan más de un 70% del coste monetario total de los mismos.

Para el funcionamiento del modelo almeriense ha sido fundamental el crecimiento de los rendimientos, de los kilos que los agricultores obtienen por hectárea, que se han multiplicado por dos desde los años 80. Esta ha sido la forma que los agricultores almerienses han encontrado para contrarrestar el deterioro del precio percibido por sus productos. Desde mediados de los setenta, el precio que un agricultor percibe por un kilo de hortaliza se ha reducido a la mitad en términos reales, al mismo tiempo que los costes de explotación han ido creciendo.

La encuesta que viene realizando la Junta de Andalucía sobre este nivel de endeudamiento nos dice que para la campaña 2007/2008, más de la mitad de los agricultores almerienses tiene que hacer frente a una anualidad que supone el 45% de los ingresos medios anuales en la citada campaña.

El olivar ha experimentado un fuerte proceso de expansión hasta ocupar ahora 1,5 millones de hectáreas y más del 70% de la superficie cultivada. También ha experimentado un proceso parecido al que hemos descrito para las hortalizas. Un aumento de los costes junto con una evolución decreciente de los precios pagados por el aceite de oliva que ha llevado a los agricultores a intensificar el cultivo para poder compensar la bajada de márgenes.

Por este camino se ha llegado a una situación en la que, según estudios del Ministerio de Agricultura, en la producción de aceitunas, un agricultor medio obtiene pérdidas como resultados, poniendo esto de relieve el papel de las subvenciones como sostén del sistema productivo del olivar. En este caso, la gran distribución (Carrefour, etc.) está vendiendo el aceite a precios muy bajos, utilizándolo como producto «gancho» o reclamo para atraer clientes y poder así mantener o ganar cuota del mercado alimentario. El campo andaluz es el que termina pagando «el pato» para que los intereses de la gran distribución y el negocio de las refinadoras transnacionales puedan salir adelante. Dicho de otra manera, nuestros campos, nuestros recursos, nuestro trabajo, están siendo utilizados en nuestra contra, de manera que en la agricultura andaluza se degrada nuestro patrimonio natural y se perpetúa nuestra situación de pobreza, dependencia y marginación; se funciona para hacer posible la reproducción, la expansión y la acumulación del capital global.

Sin industria y con el vertedero industrial más importante de la Unión Europea

En el recorrido de estos últimos cuarenta años, nuestro tejido industrial no ha dejado de deteriorarse, de manera que si en los 80 nos quejábamos de su extrema debilidad, que se traducía en una participación en la producción industrial española de un diez por ciento, cuatro décadas después estamos en el siete por ciento. Como mínimo, estamos donde estábamos.

Pero a pesar de esta debilidad industrial, en el polo petroquímico de Huelva tenemos localizado el que ha sido reconocido por el Parlamento Europeo como el caso más grave de contaminación industrial, el mayor vertedero de residuos industriales de Europa. En las marismas del río Tinto, en contacto con un espacio de alto valor ecológico y de zonas protegidas por diversas Directivas Ambientales de la Unión Europea, en el mismo estuario de las Marismas del Odiel, declaradas por la UNESCO reserva de la Biosfera, y a medio kilómetro de asentamientos urbanos pertenecientes a la ciudad de Huelva, en una superficie de 1200 hectáreas, se han vertido durante los últimos cuarenta años alrededor de 120 millones de toneladas de fosfoyesos. Estos residuos contienen, según estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, substancias radioactivas de larga duración y fuerte toxicidad y metales pesados en concentraciones por encima de las permitidas por la legislación vigente.

El boom inmobiliario: especulación y apropiación de riqueza para unos pocos

El negocio inmobiliario ha sido durante muchos años el principal protagonista de la economía andaluza, con un peso muy por encima del que tuvo en la economía española. Entre 1991 y el año 2007 se construyeron un millón y medio de viviendas, no para satisfacer las necesidades de los andaluces, sino para alimentar un proceso especulativo en beneficio de los amos del negocio inmobiliario. El territorio andaluz se ha «ordenado» a golpe de recalificaciones y convenios urbanísticos, fruto de decisiones tomadas a espaldas de la gente, en la trastienda de partidos políticos y empresas; una «ordenación» en la que los ingredientes han venido siendo el amiguismo, el tráfico de influencias, las presiones políticas, el caciquismo y la compra de voluntades. Este ha sido el camino de una refundación oligárquica del poder con fachada democrática, secuestrándose la política desde las formas predominantes de hacer dinero con la complicidad y la connivencia de los políticos, que vienen a ser los gestores o «conseguidores» de negocios hechos en beneficio de ellos mismos y de unos pocos que llenaron sus bolsillos hipotecando el futuro del resto.

Un despropósito que se paró «a pesar» de sus promotores y beneficiarios políticos y empresariales. En medio de este proceso en el que la riqueza de unos es a costa del empobrecimiento de otros, el censo de viviendas de 2011 registró 637 200 viviendas vacías en Andalucía, un número que viene a ser la mitad de las viviendas que se construyeron en los años de la burbuja inmobiliaria. Al mismo tiempo, en 2012 se llevaron a cabo 13 638 desahucios en Andalucía.

El turismo, una pieza más en la extracción de riqueza

El turismo deja muy poco valor añadido en Andalucía: el 13% de lo que deja en el Estado. Aparece como una actividad importante más bien por ausencia de otras que sobresalgan más que ella. En ciertos casos, como la colonización masiva del litoral, es un «monocultivo» asociado a la apropiación y extracción de riqueza que supone la utilización del territorio andaluz para localizar procesos articulados en circuitos dominados por turoperadores que utilizan diferentes espacios en sus estrategias globales de revalorización del capital.

Andalucía, una economía extractiva y periférica

En los 80, la desventajosa situación de la economía andaluza en relación con otros pueblos del Estado se había venido asociando a dos cuestiones. Una, su escasa capacidad para apropiarse de valores monetarios y generar ingresos, como reflejaba su escaso peso en los ingresos generados por la economía española. En este sentido, en los 80 el peso de la economía andaluza era del 13% de la española. En la actualidad estamos en las mismas. Seguimos recibiendo unos ingresos, una remuneración por las tareas que desempeñamos del 13% del total del Estado, muy por debajo del peso de nuestra población, el 19% de la española. También aquí estamos donde estábamos; y es que nos seguimos dedicando, ahora en mayor medida que nunca, a las tareas peor consideradas, peor remuneradas dentro del sistema. Hemos intensificado nuestro papel de economía abastecedora de productos primarios, de economía al servicio de otras. Nuestros recursos se utilizan para crear riqueza de la que se apropian intereses ajenos y lejanos a Andalucía. Incluso ahondamos nuestra situación de economía extractiva y periférica cuando desde la Junta de Andalucía se aspira a reanimar la minería para sostener lo que llama «nuevo modelo productivo».

Una economía a nuestro favor

Este es el sitio que este sistema (económico y político, dos caras de la misma moneda) tiene para Andalucía. Tampoco nuestra aspiración fue nunca pasar de presa a depredador, las dos opciones que ofrece la lógica de la acumulación dentro del capitalismo. Necesitamos una manera de entender la economía que funcione con lógicas que vayan más allá del crecimiento y la acumulación de riqueza y de poder como objetivos prioritarios. Una economía que centre la atención en el mantenimiento y el enriquecimiento de nuestra vida social y natural. Una economía compatible con un proceso de transición hacia una situación de postcapitalismo, que avance hacia una emancipación que tenga en cuenta las tres fuentes de dominación que hoy padecemos: la dominación de clase, la dominación de género y la dominación que sufrimos como pueblo.

Para ir en esa dirección, necesitamos deconstruir y reelaborar esas categorías de pensamiento con las que la economía convencional ha colonizado nuestras mentes: producción, trabajo, crecimiento económico, riqueza. Y valernos de experiencias y prácticas basadas en valores y principios que se sitúan en las antípodas de los hoy predominantes: la cooperación, la autogestión, la ayuda mutua, el compartir, la cohesión social, la defensa de los bienes comunes. Unos valores en gran medida presentes en nuestro imaginario como pueblo.

* Este texto intenta resumir el capítulo «La economía andaluza durante las tres últimas décadas» del libro Andalucía: identidades culturales y dinámicas sociales, publicado por la editorial Aconcagua en 2012.

1 Ponemos “paro” con comillas porque es un término que se deriva de las categorías de pensamiento que utiliza la economía dominante, que “confunde” el trabajo con el empleo remunerado y el “paro” con el desempleo, ocultando o invisibilizando así la mayor parte del trabajo socialmente necesario para que el sistema pueda funcionar, que tiene lugar fuera del “mercado de trabajo” y que sigue siendo desempeñado básicamente por las mujeres.

nº14 | la cuenta de la vieja

La revolución del agua virtual y la huella hídrica

Para mear y no echar gota. Una aproximación a la realidad

«Que las lluvias de hoy no sean las obras del mañana», me dijo con una sonrisa cargada de sarcasmo. Olvidé su nombre hace años, pero nunca olvidaré esa frase que resume muy bien lo ocurrido en las últimas décadas.

La demanda de agua no para de crecer, utilizamos más agua y la extraemos de los ecosistemas acuáticos. Mientras nuestrxs escolares aprenden el ciclo urbano del agua con embalses, tuberías y grifos como el centro de todo, nuestros ríos, acuíferos y humedales vienen sufriendo presiones de todo tipo, situándolos al borde del colapso. Solo el 30% de los grandes ríos del planeta están libres de presas, manteniendo una conexión directa con el mari, incluso algunos ya ni llegan a él. Nosotrxs no somos una excepción, todo lo contrario. España, con más de 1100 grandes presas, ocupa el quinto lugar mundial en la construcción de este tipo de infraestructurasii (Fernández, 2009). En Andalucía, nuestro principal río, el Guadalquivir, agoniza en su tramo final mientras Doñana, antaño unida al Gran Río como una sola cosa, hoy le observa impotente a su paso.

Muchos de los problemas relacionados con el agua en nuestro país, y en muchos otros, no han hecho más que agravarse y enquistarse. Pero no podemos olvidar que los ríos y humedales son uno de los reservorios de vida más importantes de nuestro planeta y constituyen el sistema circulatorio de este, redistribuyendo agua y nutrientes, alimentando estuarios y océanos. Sin embargo, se encuentran gravemente amenazados.

Mi sentir en el interior de las galerías toperas es que nos enfrentamos a otro gran reto en el que son bienvenidos indicadores como el agua virtual o la huella hídrica que nos están ayudando a entender mejor la complejidad del problema.

El agua que no se ve: agua virtual

Quitar de tu dieta un filete de ternera a la semana ahorraría unos 2400 litros de agua. Cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes, unos 210 litros.

El consumo de agua siempre se ha presentado como una suma de los consumos directos (doméstico, agrícola e industrial). Estos consumos constituyen una información valiosa, pero no recogen variables importantes que permanecen ocultas.

Cada unx de nosotrxs consumimos de media unos 150 litros de agua al día (en fregar, asearnos, beber, etc.). Pero también consumimos indirectamente ¡unos 1000 litros más de agua al día! cuando compramos en la frutería, la carnicería, la tienda de ropa… Este consumo, que es del orden de 10 veces superior, ha permanecido invisible hasta hace poco.

El agua virtual es la cantidad de agua requerida para la fabricación o producción de cualquier bien a lo largo de todo su ciclo de vida. Incluye un consumo directo y otro indirecto de agua. Al comer un filete de carne de vaca, por ejemplo, no solo contabilizaríamos el agua que contiene el filete en sí, también se contabilizaría (en su justa proporción) la que bebió el animal, el agua que se necesitó para fabricar el pienso (agua requerida en los cultivos que lo componen) y/o el agua que se necesitó para que crecieran los pastos de los que se alimentó la vaca. Por último, se le añade el volumen de agua necesaria para diluir la contaminación que generó. Se puede hacer exactamente lo mismo con cualquier producto, desde una camiseta de algodón a una tablet.

El agua virtual resulta de la suma de tres tipos de agua: el agua azul, el agua verde y el agua gris. El agua azul es el agua accesible de ríos, lagos o acuíferos. El agua verde es el agua de lluvia que queda retenida en el suelo y no está disponible para el uso directo de las personas, pero sí que permite el crecimiento de la vegetación natural o de los cultivos de secano. Por último, el agua gris sería el agua necesaria para diluir la contaminación hasta conseguir una calidad estándar.

La cantidad de agua virtual de los productos que consumimos no dejan margen a la indiferencia e invitan a una profunda reflexión: en una hamburguesa se han utilizado 2400 litros de agua, en una taza de café 140 litros y en una camiseta de algodón 2700 litrosiii. Otros cálculos de agua virtual interesantes son: 100 gr de chocolate, 2.400 litros; 1 kg de carne de pollo, 10 000 litros; 1 kg de ternera, 16 000 litros; 1 kg de azúcar refinada, 1500 litros; 1 kg de tomate, 180 litros; 1 litro de vino, 600 litros; 1 kg de cereal, 1500 litros; 1 litro de leche, 1000 litros de agua.

En un primer análisis de estos datos se pueden intuir las ventajas de las dietas vegetales, desde el punto de vista del ahorro de agua, de la mejora de los ecosistemas y de nuestra propia salud.

Importancia de la huella hídrica en la gestión del agua y de los ecosistemas

Si España tuviese que producir todo el cereal que consume anualmente, ya se habrían destruido todos sus ecosistemas acuáticos.

La huella hídrica surge como un indicador complementario en el cálculo de la sostenibilidad del uso de los recursos naturales por parte de las personas. Es el volumen total de agua virtual usada para producir los bienes y servicios consumidos por una persona, entidad o paísiv (Hoekstra & Hung, 2002).

La huella hídrica mundial es de aproximadamente unos 1200 m3 persona/año de media. Si la analizamos por países, se observan algunas sorpresas: el primer lugar lo ocuparía Níger (3528 m3/persona y año), seguido por Bolivia, EE. UU., Portugal y España. China, con unos 700 m3/persona y año, tiene una de las menores huellas hídricas per cápita del planetav.

Como podemos adivinar, las huellas hídricas nacionales no solo dependen del poder adquisitivo de sus habitantes. El estilo de vida puede jugar un papel muy importante, como lo hace en EE. UU., un país con una cultura consumista de productos industriales y una dieta rica en carne (3 veces por encima de la media mundial), de ahí que ocupe el 3er lugar.

Pero, ¿y los casos de Níger o Bolivia? Para contestar estos casos habría que añadir dos factores más que ejercen una influencia muy fuerte en este indicador. Uno sería el clima: mientras más cálido y seco, más requerimientos de agua tendrán sus cultivos. El otro factor sería la baja eficiencia en el uso del agua. Mientras más agua utilicemos para producir o fabricar un kilogramo de producto más huella hídrica tendrá. Bolivia consume 1,3 veces más carne que la media mundial, sin embargo consume 5 veces más agua para producir un kilogramo de carne que la media mundial. En Níger, el consumo de cereal es 1,4 veces superior a la media mundial, sin embargo, consume 6 veces más agua para producir un kilogramo de cereal que la media mundial.

Otro de los datos más destacables en el estudio de la huella hídrica es que aproximadamente el 15% del agua consumida en el planeta se utiliza para la exportación de productos. Es decir, muchos países prefieren importar productos desde otros países antes que tratar de producirlos. Obviamente esto implica que el consumo de un país puede incidir negativamente sobre los ecosistemas acuáticos de otro. Este fenómeno se agudizará con el color dominante del agua virtual importada (azul o verde). Se estima que con las importaciones de algodón, Europa contribuye en un 20% a la desecación del mar de Aralvi en Asia central (Chapagain, 2006), a la degradación de los ríos que lo abastecen (Amur Daria y Sir Daria) y a la catástrofe humanitaria creada desde hace décadas. También existe una lectura contraria, España importa muchos productos agrícolas (cereales y soja), con gran cantidad de agua virtual, pero casi toda verde (producidos principalmente con agua de lluvia). Si se decidiera a cultivar estos productos aquí, la presión sobre los ecosistemas acuáticos españoles sería insoportable, pues necesitaríamos de una enorme cantidad de agua azul.

Economía y agua. Productividad aparente del agua

Con el 10% del agua que extraemos de ríos y acuíferos se podría obtener, utilizando cultivos más rentables, el 90% del dinero generado por toda la agricultura en España.

Si se analiza el total de la huella hídrica de España, se observa que un 80% tiene su origen en el consumo de alimentos (agricultura y ganadería), un 15% en el consumo de productos industriales y tan solo un 5% en el consumo doméstico del agua.

Con unos ecosistemas acuáticos tan maltrechos conviene conocer si el agua extraída se está empleando bien. De ahí que el factor monetario proporcione datos interesantes al relacionarlos con el consumo de agua. Si se divide el dinero generado por el agua virtual consumida se obtiene la productividad aparente del agua (euros/m3). Al analizar esta productividad aparente en la agricultura de España (que es la actividad que genera mayor consumo de agua) observamos que tiene una productividad aparente baja. Es decir, hay otras actividades (turismo, industria, etc.) que generan un valor monetario mucho más alto respecto al litro de agua utilizado. La agricultura, sobre la que pesa el 80% de la huella hídrica española, es responsable solo del 2-3% del producto interior bruto y de aproximadamente un 4% del empleo. La industria, con un 15% de huella hídrica, aporta aproximadamente el 17% al PIB y supone el 14% del empleo en nuestro país.

Al analizar la productividad aparente por tipos de cultivos, nos encontramos con que los cereales en general tienen los valores monetarios más bajos frente a otros. La diferencia entre cultivos es tal que se puede llegar a la conclusión de que con tan solo el 10% del agua azul se podría obtener el 90% del valor económico generado por la agriculturavii. ¿Estamos despilfarrando agua azul (y reventando nuestros ecosistemas) para producir productos agrícolas sin apenas valor monetario? ¿Se podría valorar la recuperación de los ecosistemas acuáticos si dejáramos de sobreexplotarlos? Complicada tarea la de asignar valor monetario. ¿Cuánto vale poder beber de nuestros ríos y manantiales? ¿Cuánto valen que desemboquen en el mar?

Habrá que ahondar más en las relaciones entre agua y economía. No solo como la que se ha estudiado hasta ahora entre agua y economía «convencional», puesto que el PIB tiene unas limitaciones evidentes a la hora de reflejar el «desarrollo», la «riqueza» y los límites naturales. Habrá que bucear más en las «aguas» de la economía ecológica, en cómo nuestra actividad influye en nuestro consumo de agua virtual, de materia y de energía. Y en diseñar estrategias sostenibles que nos hagan ver un futuro más agradable.

Según los últimos estudios publicados, parece viable una disminución en el consumo de agua azul desde el punto de vista de la economía convencional. Esto permitiría, si se quisiera, mayores dotaciones de agua para los maltrechos ecosistemas acuáticos.

Por último, conviene señalar que tanto a nivel individual como colectivo, el poder que ejercemos participando como consumidores es brutal y cada decisión que tomamos día a día cuenta.

i WWF (2006). Free-flowing rivers. Economic luxury or ecological necesity? http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications

ii Fernández, C. (2009). Impactos ambientales de las presas de Alcalá del Río y Cantillana sobre las comunidades acuáticas del Bajo Guadalquivir. http://www.uco.es/aphanius/

iii Hoekstra, A.Y. (2007). Human appropriation of natural capital: Comparing Ecological Footprint and Water Footprint analysis. Value of Water Research Report Series No. 23. UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands

iv Hoekstra, A.Y. and Hung, P.Q. (2002). Virtual water trade: a quantification of virtual water flows between nations in relation to international crop trade. Value of Water Research Report Series No. 11.UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands

v Mekonnen, M.M. y Hoekstra, A.Y. (2011). National water footprint accounts: the green, blue and grey water footprint of production and consumption, Value of Water Research Report Series No.50, UNESCO-IHE

vi Chapagain, A.K., Hoekstra, A.Y., Savenije, H.H.G., Gautam, R. (2006). The water footprint of cotton consumption: An assessment of the impact of worldwide consumption of cotton products on the water resources in the cotton producing countries.

vii Aldaya, M. Llamas, M. R. (2012). Agua en España: Bases para un pacto de futuro, Fundación Botín.

6 y 7 Economía - grafica de apoyo
nº13 | la cuenta de la vieja

Cuba y EE. UU., David y Goliat

El anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EE. UU. junto a los cambios que el Gobierno de la Isla impulsa desde 2011 no ha dejado indiferente a nadie. Este artículo no pretende zanjar ninguna cuestión, lo que resulta imposible en un proceso complejo que por lo demás solo acaba de empezar. En la medida de lo posible, intenta aportar informaciones que ayuden a comprenderlo mejor y quizá a evitar ideas preconcebidas como «EE. UU. ha dejado en paz a Cuba» o «Cuba se acerca al capitalismo».

La nueva etapa. Cuba la necesita… y EE. UU. también

Obama y Raúl Castro anunciaron el 17 de diciembre pasado su acuerdo para establecer relaciones diplomáticas y medidas para el intercambio. En realidad, se trata de la primera conclusión de un proceso iniciado años antes. Entre 2010 y 2012, hubo reuniones secretas en Puerto Príncipe y Santo Domingo. En junio de 2013, se llevó a cabo la primera de las 8 reuniones en Canadá y el Vaticano que culminaron con la declaración del 17 de diciembre de 2014.

Obama, reconociendo el fracaso, dijo: «El aislamiento no ha funcionado». Según la Casa Blanca, «la política hacia Cuba aisló a EE. UU. de sus socios y limitó la influencia en el continente». Entre las medidas que Obama pretende impulsar, destacan:

  1. Favorecer los viajes culturales, religiosos, humanitarios y profesionales, aunque se mantiene la prohibición de viajar como turista a Cuba.
  2. Aumentar las remesas familiares a Cuba de 500 a 2000 dólares trimestrales.
  3. Autorizar las exportaciones a Cuba de material de construcción y agrícola e inversiones en telecomunicaciones.
  4. Autorizar a lxs estadounidenses que viajen a importar productos cubanos por 400 dólares.
  5. Permitir que instituciones estadounidenses abran cuentas en bancos cubanos y que estos abran cuentas en EE. UU.
  6. Permitir a empresas de EE. UU. en terceros países transacciones con Cuba.

Entre los avances reales hasta ahora, encontramos: el relajamiento de los viajes a Cuba, el aumento de las remesas, la apertura de embajadas, la retirada de Cuba de la lista de países que apoya el terrorismo y la petición de Obama al Congreso para levantar el Bloqueo, ya que tiene rango de ley desde 1996 y levantarlo precisa del acuerdo del Congreso.

En contrapartida, Cuba liberó 53 presxs, como solicitó EE. UU. Se compromete a desarrollar internet y permitir visitas de enviadxs «especiales» de la ONU. Raúl Castro está dispuesto a tocar cualquier tema con EE. UU., en igualdad de condiciones y respetando la soberanía.

Cuba necesita esta etapa para reconstruir sus infraestructuras, aumentar su producción, acceder a créditos internacionales, disminuir el costo de las limitaciones impuestas, etc. EE. UU. la necesita para resituarse en Latinoamérica.

¿Pero cómo hemos llegado hasta aquí? EE. UU. cambia de táctica

En 1960, Eisenhower impuso un bloqueo global a Cuba para provocar «hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno», según un memorando del 06/04/1960 del Departamento de Estado. En 1961, rompían relaciones y declaraban la guerra a Cuba. Baste citar las 716 operaciones documentadas en 1962 dentro de la Operación Mangosta para dificultar el transporte y destruir las cosechas; o la guerra bacteriológica que obligó a sacrificar 740 000 cerdos en 1971, que destruyó las cepas más productivas de la caña de azúcar en 1978, que mató a 158 cubanxs de dengue en 1981; o las bombas contra hoteles en los 90.

Tras desaparecer la URSS, Cuba perdió bruscamente el 85% del comercio. EE. UU. apostó por ahogarla. En 1992, Bush aprobó la Ley Torricelli y en 1996 Clinton aprobó la Ley Helms Burton. Se prohibieron a las filiales estadounidenses en terceros países comerciar con Cuba, las transacciones cubanas en dólares, vender algo a Cuba con un 10% de partes estadounidenses, y se aprobaron las sanciones a empresas de otras naciones que tuvieran tratos con Cuba. Incluso establecen las condiciones para un gobierno de transición al capitalismo. La última vuelta de tuerca vino de Obama: sancionó a Philips por vender a Cuba equipos médicos, retuvo la asignación de la ONU para el VIH en Cuba, multó al banco francés BNP con 8000 millones de dólares… Solo convencido de que no lograría doblegar a Cuba, decidió cambiar de táctica.

Pero, ¿solo el reconocimiento del fracaso de su política ha motivado a EE. UU.? Han influido decisivamente las presiones externas e internas. La Asamblea General de la ONU se ha pronunciado en contra del bloqueo durante 24 años, la última el pasado 27 de octubre, con el voto de 191 Estados.

Similares acuerdos fueron tomados en 2014 por la Conferencia del Movimiento de Países No Alineados, la Cumbre del Grupo de los 77 y China o los jefes de Estado de la Unión Africana. Por último, sería extenso citar las acciones de organizaciones, gobiernos y colectivos de solidaridad en todo el mundo.

Los propios empresarios estadounidenses presionaban a Obama, tras comprobar que más países invertían en Cuba y que no podían competir a pesar de la ventaja geográfica. El presidente de la Cámara de Comercio de EE. UU. manifestó que «la comunidad empresarial de EE. UU. da la bienvenida al anuncio de hoy». Incluso los diarios New York Times, Washington Post y Los Ángeles Times habían pedido cambios durante 2014. Por otro lado, hace años que lxs norteamericanxs no comprenden la política de su Gobierno contra Cuba. Según la CNN, en 2009 el 71% de lxs estadounidensxs era favorable a relaciones con Cuba y en 2014, la Universidad Internacional de Florida publicó una encuesta a lxs cubanxs del condado de Miami: el 52% se oponía al bloqueo y el 68% era partidarix de relaciones diplomáticas con Cuba.

En conjunto, pensamos que la oligarquía financiera norteamericana convenció al conjunto de la clase dominante de que la Revolución cubana no colapsará como consecuencia del fin de la experiencia soviética y el bloqueo. Descartada la intervención militar, piensan en términos de una invasión de capitales que la desestabilice.

El ámbito latinoamericano. Avance de la integración y nuevos riesgos

América Latina saludó unánime este momento. El Mercosur, reunido esos días, vivió expresiones de júbilo de todxs lxs asistentes. La OEA declaró que «las medidas anunciadas abren una vía de normalización que no tiene vuelta atrás». Dilma Roussef, José Mujica, Cristina Fernández de Kirchner, Nicolás Maduro, Ollanta Humala, incluso el colombiano Juan Manuel Santos, expresaron su apoyo.

Porque estamos ante un giro crucial en la política de América. Obama dijo que es «el cambio más significativo de nuestra política en 50 años». Y Latinoamérica ha sido determinante. Mientras fracasaban el Plan Colombia en 2001 y el Tratado de Libre Comercio de las Américas en 2005, EE. UU. veía como países latinoamericanos tomaban una vía alternativa y se coordinaban con ALBA, UNASUR y CELAC sin la presencia de EE. UU. En 2014, la Cumbre Iberoamericana y la Cumbre de la CELAC emitieron su apoyo a Cuba. Casi todos los gobiernos advirtieron que no asistirían a la Cumbre de las Américas en 2015 si se excluía a Cuba.

Recuérdese que, a pesar de todo, Cuba fue para millones de latinoamericanos un foco de ideas de resistencia, refugio, incluso un campo de entrenamiento en los años de la sangre. Cuba mantiene una posición estable en el llamado socialismo del siglo XXI: Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Cuenta con la solidaridad de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y El Salvador. Nunca la Isla ha estado más arropada en un escenario de creciente integración.

Para EE. UU., que lleva una década de política fallida hacia Latinoamérica, el regreso a la escena disolviendo el conflicto con Cuba puede serle útil. A lo que se une la disolución del conflicto armado en Colombia a través de conversaciones realizadas en La Habana. ¿Será casualidad que el anuncio del cese unilateral e incondicional de la lucha armada de las FARC fuera casi simultáneo a la nueva postura? Puede que ahora EE. UU. intente romper UNASUR mediante la Alianza del Pacífico con México y Colombia, cambiar el Gobierno de Venezuela, recuperar Argentina, aislar a Bolivia y Ecuador y negociar más favorablemente con Brasil

¿Y ahora qué?

Cuba resistió todos los ataques y consiguió que EE. UU. modificara su posición sin renunciar a ninguno de sus principios. Fidel venció a 10 presidentes de EE. UU. y ha vivido para verlo. Podemos estar ante una victoria de David contra Goliat.

Raúl Castro afirmó que «debemos aprender a convivir de forma civilizada con nuestras diferencias» y destacó que los acuerdos alcanzados sobre el correo postal, las telecomunicaciones y los viajes «demuestran que es posible encontrar soluciones». Aunque David advierte que pueden hablar de derechos humanos en Cuba y también «de la violencia policial en los EE. UU. y las detenciones en la base de Guantánamo». 

El nuevo camino acaba de comenzar. Una normalización de relaciones pasa por que Obama levante el bloqueo, para lo que necesitará en parte de un Congreso hostil, suspenda los programas dedicados a la subversión contra Cuba y las ilegales transmisiones electrónicas, devuelva la Base Naval de Guantánamo y compense a la Isla por los 117 000 millones de dólares perdidos por el bloqueo.

¿Habrá alguna vez relaciones normales entre dos gobiernos con concepciones opuestas sobre tantos temas? No resulta probable. Porque no es previsible que EE. UU. ceje en su intento de acabar con un régimen que considera enemigo. Fracasado el bloqueo, usarán otros medios como la diplomacia, la CIA, la economía, el comercio y la información, creando una quinta columna dentro de la isla, privilegiando al sector privado, excluyendo al sector estatal cubano, manteniendo la prohibición de vender productos cubanos en EE. UU., etc.

¿Alguien sabe hacia dónde va Cuba?

Cuba lleva a cabo un proceso de cambios sociales y económicos basados en los Lineamientos de Política Económica y Social aprobados en 2011 tras su debate y posteriores modificaciones en decenas de miles de reuniones populares y el Parlamento. Abarcan a todas las esferas de la sociedad y profundizan cambios iniciados en 1994. Destacan la ampliación del trabajo privado, la creación de cooperativas no agrícolas; la obtención de créditos y el pago de impuestos; la disminución de empleadxs públicos; el reparto de tierras; la eliminación de subsidios y la apertura a la inversión extranjera.

Cuba logró insertarse en América Latina, mantiene relaciones económicas con Europa Occidental, ha logrado establecer puentes con China y Rusia y enfrenta un proceso interno para construir, dicen allí, un socialismo próspero y sostenible. ¿Qué producirá el paso hacia EE. UU.? Los cubanos saben que Washington no se acerca con buenas intenciones y conocen los errores de Rusia y los excesos de China.

Obama reconoció que no veía perspectivas de que el cambio tenga alguna consecuencia en la situación política interna cubana. Raúl Castro aclaró que La Habana seguiría soberanamente con su propio ritmo. Pero para Cuba llegó el momento de la verdad. La Revolución sólo sobrevivirá si logra convivir con el mundo capitalista que la rodea conservando su soberanía y sus logros sociales. Quizás, el reto más difícil de la historia de la Cuba revolucionaria.

Cuba crece en energía renovable y agricultura ecológica, fabricas vacunas y fármacos, practica la solidaridad, ocupa el puesto 44 en el índice de desarrollo humano del PNUD, tiene mayoría de mujeres universitarias y profesionales, dedica un 36% del PIB a inversión social y era en 2006, según WWF, el único país del mundo sostenible con alto desarrollo. Nosotrxs no la vemos como una anciana vestida de verde olivo intentando sobrevivir. La vemos como una joven miliciana. Porque en realidad, en Cuba no entraron los tanques de nadie, lxs cubanos comenzaron la lucha por su soberanía en 1868 y es posible que lo que sobreviva por derecho propio sea un proceso nacional-popular enmarcado en la dinámica Norte-Sur más que en la Este-Oeste.

Preguntas finales. ¿Es este el momento de disminuir la solidaridad o al contrario? ¿Dónde ponemos a Cuba? ¿En el baúl de los recuerdos? ¿En los países que no existen o han sido derrotados? Hay que situar a Cuba en el imaginario del cambio. Se lo han ganado.

NOTA

Para este artículo se han utilizado informaciones y artículos de, entre otrxs: Ángel Guerra Cabrera, Ariadna Cornelio, Augusto Zamora, David Brooks, Fernando Ravsberg, Gratter Alfonso, José M. Martin Medem, Marcos Gandásegui, Roberto Montoya, Octavio R. Araujo y Salim Lamrani.

nº12 | la cuenta de la vieja

Una herramienta de sometimiento a los pueblos al servicio del neoliberalismo

En las últimas décadas, el sistema económico mundial ha sufrido variaciones importantes que han provocado que la economía financiera y especulativa haya desplazado a la economía productiva. El abandono del patrón oro o la continua desregulación de los mercados financieros han facilitado el crecimiento exponencial de un sector financiero que actualmente ejerce un poder económico de sometimiento sobre la gran mayoría de la población. Su principal arma: la deuda.

La financiarización de la economía mundial

En la década de los 70, el sistema financiero sufrió una serie de cambios que separaron de una manera muy drástica la economía real de la economía financiera. En el año 1971, Estados Unidos abandona el patrón oro que obligaba a tener reservas en oro para poder emitir moneda. Todos los países siguieron a la gran potencia americana convirtiendo la creación del dinero en una cuestión de confianza (le damos valor a un billete porque confiamos en que el banco central del país que lo emite respalda ese billete). Pero este poder para crear dinero sin una contrapartida fue trasladada también a la banca privada a la que se le permite crear dinero mediante la concesión de créditos manteniendo solo un pequeño porcentaje de ese dinero en sus reservas. Este porcentaje, conocido como «coeficiente de caja», que actualmente varía entre el 3% y el 15% según el país y la moneda, les permite crear dinero exponencialmente para prestarlo, creando así una deuda solo soportada en la confianza mutua.

El fin de la paridad dólar-oro fue un paso importante para la desregularización de los mercados financieros que, desde ese mismo instante, dispararon la creación de dinero, inundando el planeta y alimentando a un sistema capitalista que había visto como la economía productiva no era capaz de crecer al mismo ritmo que su lógica del crecimiento infinito exigía para no caer.

Pero este dinero no se presta gratis. Detrás de todo préstamo hay un interés, por lo que siempre se necesitará más dinero de lo recibido para pagar el montante del préstamo original, lo que convierte el sistema en una espiral de deuda sin fin que usa nuevos préstamos para poder pagar los anteriores y que agudiza las desigualdades al otorgar un poder cada vez mayor a las entidades financieras acreedoras de esa deuda.

Bretton Woods: organismos financieros internacionales al servicio del neoliberalismo

En 1944, en la convención de Bretton Woods celebrada tras la II Guerra Mundial, se crearon el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) con la intención de estabilizar la economía mundial mediante el control de la economía financiera del planeta. Pero estos dos organismos han sido el engranaje perfecto para imponer un sistema de control basado en la deuda mediante la financiación de países a cambio de imponer continuas recetas de liberación y privatizaciones de sectores controlados por los Estados, además de imponer medidas de austeridad para reducir el tamaño de los sectores públicos. De este modo, las grandes empresas han encontrado nuevos mercados en los que invertir para seguir creciendo a la vez que se apoderan de los activos de los países, que se ven obligados a vender/privatizar para pagar la bola de deuda en continuo crecimiento.

Desde su creación, el FMI ha sido el arma perfecta para controlar a los países donde se abordaban reformas económicas expansivas basadas en pedir créditos para crecer e incorporarse a los mercados mundiales. Cuando los tipos de interés en los que se referencian esos préstamos suben, los pagos de intereses se hacen insoportables y los gobiernos se ven obligados a recortar en gasto social aplicando medidas de austeridad, que no hacen más que hundir su economía en una espiral de deuda, recesión y más deuda.

Durante las últimas décadas esta ha sido la táctica por la cual el neoliberalismo, mediante el FMI y la deuda, se ha apoderado de los países de los continentes del Sur y se han asegurado que la banca siempre acabe cobrando sus deudas mientras las grandes empresas, muchas veces participadas por esa misma banca, se apropian de los recursos de dichos países. Así sucedió en Latinoamérica y África en los años 80, en Asia en los 90 y en la última década lo estamos presenciando en Europa. Hasta hace bien poco nos podía parecer que este solo era un problema de países en vías de desarrollo que desperdiciaron su oportunidad de desarrollarse con grandes obras faraónicas o en gastos en armamento innecesarios. Pero en los últimos años hemos visto como el hambre del capitalismo y del sistema financiero basado en el control mediante la deuda ha llegado a nuestro continente.

El caso más palpable y cercano es el de Grecia. El país heleno entró por la puerta de atrás a Europa maquillando sus cuentas y escondiendo su deuda, convirtiéndola en productos financieros complejos con la ayuda y complicidad del banco de inversiones Goldman Sachs. Cuando la troika (FMI, Banco Central Europeo y Comisión Europea) intervino sobre la economía griega y le prestó dinero para su «recuperación», el montante de deuda era del 100% de su PIB. Después de 5 años de aplicar medidas correctivas y recetas de austeridad basadas en el desmantelamiento del estado de bienestar, la deuda de Grecia asciende al 187% de su PIB, demostrando, una vez más, que las recetas de austeridad impuestas por el FMI no hacen más que hundir en una espiral de deuda a los países que siguen sus dictados.

Por otro lado, las grandes empresas privadas ven en el FMI el mayor defensor de sus intereses. La apertura de los mercados, la desregulación de sectores intervenidos, los continuos procesos de privatización de lo público a precio de ganga y la eliminación de toda barrera arancelaria o comercial, ha dejado vastos beneficios para estas empresas, además de mantener en movimiento la rueda capitalista del crecimiento evitando el colapso que tarde o temprano deberán afrontar y que todos sufriremos.

La deuda pública: dominar países mediante intereses

La deuda pública son las obligaciones contraídas por el Estado. Se trata de créditos que piden los Gobiernos mediante la emisión de títulos (Letras del Tesoro o Bonos del Estado) a cambio de pagar un interés. En un principio la deuda en sí no debería ser algo nocivo, usándose para financiar los recursos que no puede cubrir la liquidez de la tesorería de una administración pública cualquiera; pero, ¿cuáles son los fines de los recursos financiados? ¿La mejora de la gestión pública? ¿Asegurar el cumplimiento de los derechos sociales? ¿El desarrollo de una economía ética al servicio de las personas? ¿Las inversiones con elevado impacto social?

Desgraciadamente, el elevado endeudamiento de los Gobiernos no ha correspondido a estos fines. En muchos países, como en el caso de España, el sobreendeudamiento ha sido generado por inversiones megalómanas que no han beneficiado a la mayoría de la población, sino a pequeñas élites y empresas, como en el caso de la inversión en infraestructuras ferroviarias de alta velocidad o de aeropuertos sin uso.

Otro factor clave que ha disparado la deuda pública en muchos países ha sido el rescate al sector financiero y la nacionalización de sus pérdidas. La desregularización de la banca y sus procesos de fusiones y compras crearon un sistema bancario «too big to fail» (demasiado grande para caer) que jugó al casino en el que se ha convertido la economía financiera mundial, sabiendo que si sus apuestas salían mal los Estados saldrían a su rescate. De este modo, las pérdidas de un sistema bancario desbocado y corrupto se han socializado mediante un rescate bancario que ha necesitado de un desmesurado endeudamiento, al mismo tiempo que se recortaban y desmantelaban los derechos sociales, políticos y económicos de la mayoría, con el fin de hacer frente a los intereses de dicha deuda.

¿Por qué no lo paramos?

Actualmente son muchas las voces influyentes en el mundo de la política y la economía que auguran un fatal desenlace para la actual situación de sobreendeudamiento a nivel mundial. La deuda crece a niveles desproporcionados y actualmente son muchos los Estados al borde del colapso económico que palian el problema con nueva generación de deuda para cubrir sus obligaciones actuales. Antes de devolver la deuda contraída se genera nueva deuda. Una bola de nieve que no deja de crecer mientras cae sin frenos por una empinada rampa.

El poder financiero ha asentado su hegemonía mundial comprando y especulando con la deuda de los Estados, que en la mayoría de las ocasiones se veían obligados a contraer para rescatar a este mismo sistema financiero. La única vía para mantener este sistema es que la rueda siga en movimiento, aunque esto siga causando más burbujas económicas con sus correspondientes crisis posteriores, cada vez más graves. Solo una quita o condonación de deuda a nivel mundial y la regulación de un sistema bancario demasiado poderoso podría parar esta espiral destructiva. Los actuales gobiernos de los países más poderosos, controlados por los lobbys financieros, no parecen tener la voluntad política de plantar cara a este sistema. La población, con una opinión manipulada por medios de comunicación en manos de esos mismos poderes financieros, debe despertar y abrir los ojos ante un problema que, en la opinión del que escribe, solo una ciudadanía concienciada y conocedora de la problemática de la deuda y de sus mecanismos de dominación podrá solucionar.

La auditoría ciudadana de la deuda: herramienta de empoderamiento ciudadano

Ante esta situación, varios países, ciudades, municipios y su ciudadanía han decidido tomar las riendas de su economía para plantar cara a una deuda que cada vez acapara un mayor porcentaje de los Presupuestos del Estado (en España, la partida de los presupuestos dedicada a pagar deuda asciende a 36 000 millones de euros en 2015, la segunda mayor partida solo detrás del pago de las pensiones), absorbiendo los recursos e imposibilitando atender los servicios básicos. La necesidad de luchar contra esa desorbitada deuda se agranda en aquellos países donde existen indicios de que se han contraído para beneficiar a una minoría y a espaldas de la mayoría. En estas situaciones, es necesario un proceso que esclarezca el motivo del endeudamiento, su legalidad, su legitimidad y que señale las causas y los responsables del endeudamiento. Ese proceso es la auditoría de la deuda.

La palabra «auditoría» ha sido tomada del mundo empresarial. La actividad de auditar consiste en realizar un examen de los procesos y de la actividad económica de una organización para confirmar si se ajustan a lo fijado por las leyes o los buenos criterios. Pero en un mundo donde en muchas ocasiones las empresas ejercen una presión y control sobre los poderes judiciales y ejecutivos, que les permite jugar con una legalidad diseñada a su gusto, es necesario realizar una auditoría ciudadana de carácter político que atienda a criterios de justicia ecológica, económica y social. Para ello es necesario que la auditoría tenga un carácter y control ciudadano, ya que debe ser la ciudadanía la que conozca y entienda el gran problema de la deuda para poder actuar, de manera conjunta, contra ella.

El proceso de auditoría ciudadana, además de identificar la deuda ilegítima o ilegal para declarar su impago, debe ser un proceso de empoderamiento que dé a la población el conocimiento de un «mundo financiero» que se esconde tras difíciles términos y nomenclaturas con la intención de convertirse en una cortina opaca, que nos imposibilita involucrarnos de manera activa en el gasto y la administración del dinero de nuestro país o municipio. La auditoría debe ejercer una labor de estudio del gasto y la deuda que traduzca a términos comprensibles para todas las personas la economía pública que nos atañe, de manera que nos podamos involucrar y fiscalizar de manera continua a las personas encargadas de manejar el dinero y los recursos de todas.

Son muchas las experiencias de auditoría que han librado batallas contra la deuda a nivel global. Ecuador, Argentina o Malasia son algunos de los ejemplos de auditoría que han conseguido magníficos resultados, ya no solo por no pagar la deuda que se declaró ilegítima, sino por conseguir un proceso de empoderamiento ciudadano contra los poderes económicos globales.

nº11 | la cuenta de la vieja

«La abuela que cuida al hijo de la madre que migró para cuidar a la hija de la madre que salió a trabajar, ¡ESTÁ CANSADA!»(*)

Esta frase muestra claramente la realidad de lo que desde hace tiempo se viene nombrando como cadenas globales de cuidados, es decir, las «cadenas de dimensiones transnacionales que se conforman con el objetivo de sostener cotidianamente la vida, y en las que los hogares se transfieren trabajos de cuidados de unos a otros en base a ejes de poder, entre los que cabe destacar el género, la etnia, la clase social y el lugar de procedencia»1.

Este fenómeno está asociado a diferentes factores y procesos (la feminización de las migraciones, la externalización del trabajo de cuidados, la crisis de cuidado, etc.2) que son fruto de prácticas políticas, jurídicas, económicas y culturales a través de las cuales el trabajo de cuidados se ha mantenido feminizado y se ha ido racializando, constituyéndose como mecanismo de ajuste, invisibilizado e individualizado, de un conflicto mucho más profundo y que tiene que ver con nuestra forma de ser y de estar en el mundo.

En el Estado español, el número de mujeres dedicadas al empleo doméstico aumentó de 320 000 en 1994 a cerca de 800 000 en 2007. A finales de 2011, el 77% de las personas dadas de alta en el Régimen Especial del Empleo de Hogar eran mujeres extracomunitarias, la mayoría de ellas provenientes de Latinoamérica3.

Sobre el trabajo de cuidados…

Desde los feminismos, y especialmente desde la economía feminista, se viene dedicando especial atención al trabajo doméstico o de cuidados como punto estratégico desde donde mirar la sociedad. En sentido amplio se entienden los cuidados como todas aquellas tareas cotidianas a través de las cuales gestionamos y mantenemos la vida, haciéndonos cargo del bienestar físico y emocional de los cuerpos, de los propios y de los ajenos.

Analizar desde esta perspectiva a la sociedad en su conjunto nos revela algunas claves interesantes. En primer lugar, permite romper con el ideal capitalista de autonomía, por el que las personas hemos de estar dispuestas y predispuestas para la producción, reconociendo por el contrario la interdependencia —y ecodependencia— como condiciones inherentes a nuestra existencia. En segundo lugar, muestra que los cuidados son la base del sistema socioeconómico, ya que permiten la producción y reproducción de las vidas sobre las que se sostienen los mercados, erigidos como motor de la economía. Sin embargo, los cuidados son invisibilizados, ya que nunca han sido reconocidos como trabajo, siendo naturalizados como atributos «naturales» de las mujeres, desplazando los costes de la reproducción humana hacia la esfera privada de los hogares. De esta forma, se ha ocultado el profundo conflicto entre el capital y la vida sobre el que se asientan las sociedades capitalistas.

Sobre cuidados y crisis

Desde bastante antes de que se proclamara esta «gran crisis» se viene hablando de otras crisis, ocultas e invisibilizadas, que sin embargo anunciaban el escenario en el que nos encontramos. Entre ellas la crisis de cuidados. Se hablaba entonces de que el modelo de organización de los cuidados —basado en la familia nuclear, compuesta por el «ganapán» y el ama de casa— se estaba quebrando. Esto era resultado, entre otros factores, de cambios en la incorporación de las mujeres al mercado laboral4 y el envejecimiento creciente de la población, así como la falta de corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el trabajo doméstico y de cuidados, y la carencia de políticas públicas adecuadas, suficientes y de calidad, que permitieran hacer frente a esta realidad.

Esta crisis de cuidados se ha venido resolviendo de forma privatizada e individualizada, trasladando la responsabilidad a los hogares y dándose una externalización y mercantilización masiva del trabajo de cuidados mediante la contratación de empleo de hogar. Proceso que se inscribe dentro de las transformaciones que el capitalismo global está experimentando desde hace décadas y que tienen como objetivo la ampliación de las fronteras de acumulación de capital. En los Sures globales esto conlleva la apropiación de tierras, recursos naturales, biodiversidad, saberes ancestrales, etc. Un expolio de recursos que fuerza a millones de personas a migrar en busca de una vida digna, lo cual está en estrecha relación con los procesos acontecidos en los Nortes globales, donde las fronteras se traspasan mediante la apropiación y mercantilización de la vida íntima5.

Sobre cuidados y fronteras

La internacionalización del trabajo reproductivo a través de las llamadas cadenas globales de cuidados guarda una estrecha relación con la creación y gestión de las fronteras por parte de la Unión Europea. Un régimen de fronteras que es denunciado por los movimientos sociales no solo por su lógica represiva y securitaria, sino también como un dispositivo complejo que atraviesa el sistema productivo para insertar el movimiento migratorio en cuencas de explotación precisas.

La racialización del empleo de hogar —como mecanismo de ajuste de ese conflicto capital-vida materializado en la crisis de cuidados— es resultado de este proceso. A través de la imposición de estas fronteras, el trabajo de cuidados en nuestra sociedad a día de hoy tiene rostro y cuerpo de mujer migrante, en una remodelación de los procesos coloniales que en el capitalismo postfordista transita hacia la colonización del afecto y del amor.

Los mecanismos que caracterizan esta nueva política colonial son numerosos y complejos. Destaca la exigencia de un contrato de trabajo como mecanismo de acceso a la ciudadanía para la población migrante, y el condicionamiento de dichos contratos a los puestos de trabajo no cubiertos por población autóctona —que para las mujeres consistía principalmente en el sector de los cuidados y empleo de hogar— junto a un complejo mecanismo de renovaciones de los permisos de trabajos sujetos al desempeño de dichas ocupaciones. El cruce de estas políticas con los dispositivos de represión contra la población en situación administrativa irregular, genera en la población migrante un miedo permanente a la irregularidad y la expulsión que favorece la aceptación de condiciones laborales de hiperprecariedad, como las que se dan en el empleo del hogar.

Sobre el régimen jurídico del empleo del hogar

Las condiciones en las que se ejerce el empleo del hogar y las desigualdades que genera están estrechamente relacionadas con este modelo de «ciudadanía laboral», así como con la invisibilización y feminización de los cuidados, que conlleva su no reconocimiento como trabajo.

El antiguo régimen jurídico del empleo del hogar reconocía la existencia de una relación laboral, pero la consideraba una relación especial ya que la actividad se desarrolla dentro del hogar familiar. Esto se traduce en la presunción de que entre las partes debe regir una especial relación de confianza, por lo tanto se debe conceder flexibilidad para establecer condiciones de trabajo de «mutuo acuerdo». En la práctica, esto conllevaba que legalmente se justificara la violación de derechos laborales básicos; de entrada, uno de los puntos de partida del derecho laboral es el reconocimiento de que los pactos entre empresario y trabajador no se realizan entre iguales.

Frutos de las luchas y reivindicaciones en el sector, en 2012 entró en vigor una nueva ley de empleo del hogar que recoge algunas de las demandas históricas, como la obligación de cotizar desde la primera hora de trabajo, la existencia de un contrato por escrito, el aumento de las cantidades salariales a recibir en metálico6 o la equiparación en cuanto a la baja por enfermedad. Sin embargo, sigue habiendo amplios márgenes de «acuerdo» entre las partes, como la posibilidad de «pactar» en contratos inferiores a 60 horas que sea la trabajadora la encargada de cotizar a la Seguridad Social. Además, perviven dos aspectos profundamente discriminatorios: la inexistencia de prestación por desempleo y la posibilidad de rescisión del contrato por la figura del desistimiento, una fórmula de despido que, como único motivo, requiere la pérdida de confianza del empleador en la trabajadora7.

¿Hacia dónde…?

Desde hace décadas las empleadas del hogar vienen organizándose para exigir la dignificación del empleo del hogar, a través de la creación de asociaciones de defensa de los derechos de las trabajadoras, la creación de cooperativas y sindicatos, así como generando alianzas con movimientos feministas, antirracistas y otros que han permitido los avances que se han producido en el sector.

Actualmente, en Sevilla se está formalizando como asociación un colectivo de empleadas de hogar migrantes que lleva años reuniéndose y que tiene entre sus objetivos la generación de redes de apoyo y solidaridad, así como la lucha por la dignificación del empleo de hogar. Además, se acaba de crear una Plataforma de Empleo de Hogar por diferentes entidades que realizan intermediación en el sector y que pretende el establecimiento de tablas salariales y unificación de requisitos mínimos exigibles para la contratación.

La principal reivindicación a nivel estatal se centra en la lucha por la ratificación por parte del Estado español del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente en el empleo de hogar, convenio que obligaría a la plena equiparación del empleo de hogar al resto de trabajos. Este convenio, aprobado en junio de 2011, continúa sin ser ratificado. Desde el denominado Grupo Turín, diferentes organizaciones se están movilizando para exigir su ratificación. Entre otras acciones han presentado una proposición no de ley a la Asamblea Legislativa de Madrid.

¿Por qué es importante la plena equiparación del empleo de hogar al resto de trabajos?

Entendemos como urgente y necesaria la ratificación del Convenio 189 y la plena equiparación del empleo de hogar al resto de trabajos, tanto por justicia social como por ser un paso imprescindible en el debate sobre cuidados que desde hace tiempo, y desde diferentes sectores (feministas y ecologistas, principalmente) se viene produciendo en nuestra sociedad.

Las propuestas de dignificación del empleo de hogar —y del régimen de cuidados en general— nos obligan a salir de los hogares y de la esfera privada para cuestionar otros factores relacionados con nuestra forma de generación de ingresos, nuestras pautas de consumo, nuestros modelos de ciudades, nuestras formas de convivencia, nuestro modelo de desarrollo, etc. En última instancia nos hace preguntarnos qué tipo de vida queremos vivir, cuáles son las necesidades que realmente tenemos y cómo nos organizamos para satisfacerlas.

La equiparación del empleo de hogar al resto de trabajos supondría un aumento del coste monetario (y de tiempo, preocupación, etc.) para las familias que requieren de este servicio. Esto nos obligará a visibilizar una gran parte del trabajo que actualmente continúa oculto, lo que conllevará la necesidad de debatir colectivamente cómo asumir los costes de sostener nuestras vidas y nuestros cuerpos, subvirtiendo el conflicto capital-vida desde condiciones de justicia y equidad.

En definitiva, mientras el empleo de hogar siga siendo «barato» para quien contrata, una parte del conflicto continuará oculta, individualizada e invisibilizada, al amparo de prácticas políticas, culturales y económicas que se sostienen sobre patrones patriarcales, coloniales y capitalistas.

(*) Amaia Pérez Orozco y Silvia L. Gil, Desigualdades a flor de piel: Cadenas globales de cuidados. Concreciones en el empleo de hogar y políticas públicas, 2011. Portada.

1 Amaia Orozco, Cadenas globales de cuidado, serie Género, Migración y Desarrollo, 2007, p. 4.

2Para un desarrollo más extenso ver Amaia Pérez Orozco y Silvia L. Gil, 2011.

3 Gil Araujo, S., González-Fernández, T., International migration, public policies and domestic work,

Women’s Studies International Forum (2014): http://dx.doi.org/10.1016/j.wsif.2014.01.007

4 En realidad, las mujeres de clase obrera ya participaban en el mercado laboral, siendo la incorporación masiva de mujeres de clase media y mayor nivel educativo lo que favoreció el debate público a este respecto.

5 Así, «…cada vez más facetas del bien-estar relacionadas con los afectos, los sentimientos y el cuidado cotidiano de los cuerpos se derivan al mercado». Para profundizar: Amaia Pérez Orozco, Subversión feminista de la economía, 2014, p. 111.

6Dentro del empleo del hogar se reconoce el pago en «especias», pudiendo ser la cama y la comida en el caso de las «internas».

7Para un análisis más exhaustivo sobre la reforma del 2012, ver Resumen del Informe de la IAP con perspectiva feminista. Construir colectivamente estrategias políticas que contribuyan a fortalecer el sector del empleo del hogar, ACSUR, 2013.

nº9 | la cuenta de la vieja

Hidrocarburos, geopolítica, desigualdad y eterna dependencia

El hundimiento del mercado de los hidrocarburos

La caída del precio del petróleo en los mercados (50% en algunas cestas) ha puesto contra las cuerdas a las economías de varios gobiernos sobre los que nuestros medios han tenido la delicadeza en los últimos años de realizar una especial cobertura informativa.

Las balanzas de pagos de países como Venezuela, Irán y Rusia, por señalar los más célebres, dependen sobremanera de los ingresos en divisas que les proporcionan las exportaciones de estas materias primas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, más del 90% de las divisas proviene de la exportación de crudo.

Esta dependencia se manifiesta claramente en la forma en la que se proyectan sus presupuestos anuales, confeccionados en torno a la estimación del precio del barril. El gobierno colombiano, que había confeccionado sus presupuestos anuales en torno a una estimación de 80 USD, acaba de anunciar sus primeros ajustes por un monto superior a los 2000 millones de USD.

La sostenibilidad de sus economías y, por tanto, la de sus sistemas de garantías sociales, que es lo especialmente preocupante, se están viendo realmente amenazadas.

Y aquí se presentan dos interrogantes interesantes:

  1. ¿Cómo es posible que se produzca una caída tan abrupta?
  2. ¿Cómo es posible que de un único bien, estratégico pero de escasísimo valor añadido, sigan dependiendo las economías y por tanto los derechos socioeconómicos (salud, educación, alimentación, vivienda y vestimenta) de países tan significantes?

Contexto macroeconómico y condicionantes geopolíticos

Aunque me parece más interesante la segunda cuestión, comencemos por la primera.

Desde septiembre del 2014 los principales organismos de prospección macroeconómica anticipaban un escenario poco favorable para el precio de las commodities (materias primas) y los hidrocarburos. El crecimiento de la economía china preveía moderarse y, por tanto, también su demanda de estos bienes básicos. Las expectativas para la zona euro y los Estados Unidos (los otros dos grandes generadores de demanda mundial) tampoco eran muy positivas. Sin embargo, esos márgenes de reducción de demanda no explican la reducción de precios meteórica de las cestas de crudo.

La causa principal, ampliamente analizada, ha sido el regreso de los EE. UU. como productor neto de petróleo al mercado mundial, incrementando sobremanera la oferta mundial disponible y volviendo a situarse en la pomada de los cinco mayores productores de crudo (junto a Rusia y Arabia Saudí, entre otros). Un alza en la producción mundial que no se ha visto acompañada de un incremento parejo en la demanda, de ahí la caída estrepitosa de los precios.

Este regreso a lo Michael Jordan de los Estados Unidos a la primera división de productores ha puesto de manifiesto:

  1. La falta de unidad de los miembros de la OPEP, incapaces de reaccionar unívocamente, y el menguante peso de la institución en el escenario internacional (dos de los principales productores, EE. UU. y Rusia, no pertenecen a la misma).
  2. La férrea decisión de los EE. UU. de retomar el control del mercado petrolero mundial, subvencionando, si es necesario, su producción nacional de petróleo. Recordemos que el famoso petróleo de esquisto —la estrella de esta película— no es rentable por debajo de un precio de mercado de 50 USD.

Algunos analistas (los más cercanos a las posiciones de las economías afectadas) ven tras esta estrategia de EE. UU. la intención de usar el mercado petrolero mundial (su volatilidad) como arma geopolítica de desestabilización de gobiernos. Otros ponen el foco sobre el acierto en términos de soberanía que supone para los EE. UU. ser autosuficiente en materia energética.

En cualquier caso, y aquí enlazamos con la segunda interrogante, lo que debería preocuparnos especialmente es la permanente fragilidad de estas economías y la persistencia, aunque le pese a los detractores de estas caracterizaciones, de un sistema-mundo dividido todavía en economías centrales y economías periféricas. Economías productoras de bienes de alto valor añadido y economías productoras de materias primas al servicio de las primeras.

El ¿espejismo latinoamericano? y el fin de la bonanza petrolera

Centrándonos en América Latina, el último informe publicado por la CEPAL daba casi por cerrado un ciclo (casi una década) de reducción abrupta de la pobreza. Una década caracterizada por algunos analistas como la década ganada. Década ganada frente a la década perdida de los 90. Años 90 de duros ajustes macroeconómicos y recortes en los sistemas de protección de derechos, todos ellos orquestados por el FMI y el Banco Mundial.

En la región más desigual del planeta (que no la más pobre), la irrupción en la posterior década ganada de gobiernos con agendas expansivas en materia de derechos socioeconómicos, propició en sus sociedades una reducción significativa de la pobreza, y en menor medida, de la desigualdad. Venezuela, a la cabeza, con una reducción del 40% de la pobreza según la CEPAL, abanderaba un movimiento regional que ha marcado la agenda social de la mayoría de los gobiernos de la zona. Incluso de aquellos gobiernos con posiciones ideológicas absolutamente antagónicas, como es el caso de la propia Colombia.

La lucha contra la desigualdad y la puesta en marcha de políticas públicas expansivas en materia de derechos socio-económicos se convirtieron en contenidos imprescindibles de cualquier programa electoral que quisiera competir en los procesos plebiscitarios de la pasada década en América Latina.

Ese periodo relativo de bonanza social ha sido posible, entre otras razones, por un ciclo más o menos sostenido de crecimiento de los precios de las commodities y los hidrocarburos. Gracias a ese ciclo se ha conseguido subvencionar (vía importaciones) el incremento y la democratización relativa del consumo de sus sociedades, sin que se haya producido un incremento significativo de las capacidades productivas de sus todavía frágiles y escasamente diversificadas economías.

El exceso de divisas no ha contribuido ni un ápice a la activación de planes de diversificación productiva y de agregación de valor. Más bien ha ocurrido lo contrario. El impacto de ese incremento sostenido de divisas en dichas economías ha generado una suerte de incentivos perversos que han fortalecido las posiciones de mercado de las mercancías importadas sobre las de producción nacional, desincentivando cualquier iniciativa productiva endógena y minando cualquier propuesta ambiciosa de diversificación de la matriz productiva regional.

Pasado el boom, la cruda realidad es que con un barril de petróleo no podemos mandar whatsapps, no nos desplazamos a la oficina, tampoco nos hace radiografías o nos vacuna contra la hepatitis, no nos sirve para dializar a un paciente, ni le resuelve fórmulas de Excel a un escolar. Y si, a día de hoy, los gobiernos de la región quieren que el mayor número de latinoamerican@s posible pueda disfrutar todo eso, deberán seguir importando, lo que les costará mucho más petróleo, más cobre y más grano que hace un año, o tendrán que endeudarse aún más.

nº9 | la cuenta de la vieja

¿Quién piensa en la energía?

Alguien podría decir que con la que está cayendo, hay que ser muy friki para preocuparse por la energía. Es un tema que se nos vende como muy técnico, que no está al alcance de ser comprendido por la población, carente de interés. A lo sumo, y tras abordarlo Jordi Évole en su programa Salvados, se empieza a dudar de que el precio de la electricidad haya subido, como publicitan las compañías eléctricas del oligopolio, por culpa de las energías renovables (ER), o que el petróleo haya bajado más de un 40% (no así las gasolinas) por la bondad de las grandes petroleras.

La actual crisis financiera tiene un elevado grado de artificiosidad. No es el resultado de una carencia de recursos primarios, ni de mano de obra, ni de riqueza nacional… sino resultado de maniobras especulativas con dinero, que no es más que papel, plástico o últimamente órdenes por internet. Se nos está ocultando la verdadera crisis a la que se enfrenta la humanidad: la crisis energética.

Si en la actual crisis, millones de familias se han empobrecido, nuestros gobiernos se han doblegado a los intereses financieros y se han rebajado, cuando no perdido, derechos que considerábamos intocables, ¿qué va a ocurrir cuando dentro de 40 años se haya acabado el petróleo? ¿Qué va a ocurrir si sube la temperatura media de la Tierra más de 2 ºC como vaticina el IPCC1?

Tenemos que preguntarnos y reflexionar acerca de cómo vamos a hacer una transición tan rápida de una sociedad industrializada y consumista, en la que nuestro consumo de energía descansa en un 75% en combustibles fósiles, a otra en la que no dispongamos de estos recursos. Según la IEA2 dentro de 70 años habremos agotado las reservas conocidas y previsibles de fósiles.

Tenemos que evitar que la temperatura de la Tierra suba en este siglo más de 2 ºC. No podríamos hacer frente a los cientos de millones de desplazados por la desertización de extensas zonas y la inundación de las zonas costeras por la subida del nivel del mar. Tampoco soportaríamos las pérdidas de biodiversidad ni el empobrecimiento de las tierras agrícolas fértiles.

Dando por sentado que existe un estrecho vínculo entre consumo de energía y desarrollo humano, podemos identificar tres hitos en la historia de la humanidad:

  1. Hace 400 000 años, cuando la humanidad usaba únicamente su alimentación y el fuego como fuentes de energía. Consumíamos unas 2500 kcal por habitante y día. Esta energía de supervivencia la obteníamos de la alimentación.
  2. Hace 8000 años, cuando incorporamos la fuerza animal (agricultura y transporte), el viento y el agua (molinos). El consumo energético se multiplicó por 4.
  3. Transcurridos 200 años desde que incorporáramos las máquinas. Hoy nuestro consumo medio diario por persona se ha multiplicado: en España 44 veces, en EE. UU. 110 veces, en China e India 8 veces. La media mundial se ha multiplicado por 18 veces y se duplica cada 30–40 años.

No hay energía disponible para que todos los habitantes de la Tierra consuman y contaminen como lo hace un español medio, y aunque dispusiésemos de ella, los efectos sobre el cambio climático serían catastróficos. Consumimos 2,9 TEP (Toneladas Equivalentes de Petróleo) y emitimos 5 toneladas de CO2 al año, lo que supone que tú, lector/a, consumes diariamente unos 8 litros de petróleo y emites 14 kg de CO2 a la atmósfera.

Hasta ahora, los progresos humanos y civilizatorios se han dado con incrementos en el consumo de energía. Nos enfrentamos a una situación que quiebra este principio. Las próximas generaciones no dispondrán de tanta energía, es más, aún no hemos desarrollado las fuentes de energía que vamos a emplear.

A nivel mundial no hay espacio para el optimismo. La tecnología nuclear de fusión está lejos de ser una realidad y las energías renovables no están garantizando que sean capaces de cubrir el crecimiento previsible de la demanda y el hueco que vayan dejando los combustibles fósiles. Para cubrir un descenso del 5% anual en la producción de petróleo haría falta montar instalaciones renovables a un ritmo de cien veces el actual.

Además de los extraordinarios problemas técnicos, industriales, financieros y de todo orden a los que nos enfrentamos en esta tesitura energética, existe el problema político y social de gestión del decrecimiento energético. En nuestras sociedades consumistas el decrecimiento está asociado a la pérdida de bienestar, al retroceso social. Un cambio de mentalidad se antoja necesario, que supere las visiones economicistas y cortoplacistas. El bienestar habrá de ser medido en términos intergeneracionales. Tendremos que recuperar el control sobre la energía y arrebatárselo a quienes lo han usurpado. De no ser así, nos plantearemos el falso dilema entre nucleares o decrecimiento y entonces, ¿qué opción elegiríamos?

La participación de las fuentes renovables de forma masiva en el suministro energético podría facilitar la democratización del uso de la energía y la pérdida del control de esta por unas oligarquías que la han usado en su beneficio.

El panorama energético local en España y Andalucía nos ofrece luces y sombras. Las sombras son nuestra dependencia energética del exterior3 y las políticas seguidas por nuestros gobernantes. En especial este gobierno del PP está combatiendo con saña las energías renovables, dificultando que cumplamos los moderados objetivos planteados desde la UE en lo relativo a eficiencia energética, disminución de emisiones y uso de «energías limpias».

Las luces son nuestra riqueza en recursos renovables (sol, viento y biomasa) y que disponemos de tecnología y empresas para su aprovechamiento. Es posible, necesario y económicamente viable fijarnos el objetivo de tender hacia un suministro energético 100% renovable en el horizonte del año 2050, sobre la base de un descenso drástico de los niveles de consumo4.

 2010 – Energía final (KTEP)2050 – Energía final (KTEP)
Industria40003000
Transporte48003300
Residencial y Pública40002800
Total128009100

Notas sobre la tabla:

  • Reducción del 29% en el consumo final.
  • Descarbonización respecto máximos: 90%
  • Aporte renovable a la energía final: 76,8%
  • Dependencia energética exterior en 2050 del 14,7%
  • La electrificación del transporte será uno de los elementos que permitirá reducir el consumo, un motor eléctrico es 2,5-3 veces más eficiente que un motor de combustión.
  • Hipótesis: en 2050 el 100% de la electricidad será de origen renovable y el 85% del transporte se cubrirá con renovables.

Somos la ciudadanía quienes tenemos que ir construyendo alternativas hacia la inevitable transición energética. Socializarnos en contra del consumismo con un enfoque decrecentista, introducir en nuestras vidas comportamientos más respetuosos con nuestro entorno y favorecer con nuestro consumo diario las iniciativas sociales que nos desliguen de nuestras ataduras.

Disponemos de diferentes alternativas en el consumo de electricidad: contratar nuestro suministro con una comercializadora de carácter cooperativo y de energía renovable (Enercoop, Enerplus, Gesternova, Goiener, Somenergia, Zencer…), sumarnos al autoconsumo con pequeñas instalaciones fotovoltaicas y, si disponemos de ahorros, invertir en proyectos renovables de participación ciudadana. En todos los casos dejaremos de colaborar con quien se opone a nuestros intereses, ahorraremos dinero y contaminación y contribuiremos a la construcción de ese otro mundo posible que deseamos.

1 Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático.

2 Agencia Internacional de la Energía.

3 Compramos fuera cerca del 80% de la energía que consumimos, lo que hace que cada año nos empobrezcamos en aproximadamente 50 000 millones de euros.

4 Carlos Serra. Horizonte 2050. Hacia un modelo energético andaluz altamente descarbonizado: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70477/

nº8 | la cuenta de la vieja

A vueltas con la crisis y la reproducción social

Ojiplática me quedo al leer el siguiente titular: «La crisis es historia del pasado». Dicho por el presidente del gobier-No, oiga, que no es cualquiera. Vamos, que por lo visto esto no ha sido más que un fenómeno-pasajero-producto-de-un-cúmulo-de-circunstancias-no-deseadas-aunque-prácticamente-azarosas... pero que ya está finiquitada. Así que saquen la pandereta y el anís, y a brindar por el austericidio Marca-España, fun-fun-fun. Funcionó... al menos desde el punto de vista de los intereses de la oligarquía mercantil y financiera que define las reglas del juego y a la que nuestros gobiernos rinden pleitesía.

Nada nuevo bajo el sol. El capital transnacional productivo, y en especial el financiero especulativo, opera con plena libertad desde hace décadas gracias al diseño de un entorno institucional que se va reestructurando a su merced. De ahí que el denominado «estado del bienestar» se haya constituido en una suerte de observador cómplice a partir de un conjunto de instituciones opacas y vaciadas de control democrático que han permitido una fuerte incidencia de los grandes lobbies y grupos empresariales. Y si bien ha mantenido cierta labor mediadora a través de la regulación convenida del mercado de trabajo, la asunción de ciertas responsabilidades en materia de educación, sanidad, protección social e «igualdad», y un papel pseudo-redistributivo, ello no ha sido óbice para garantizar importantes instrumentos de apoyo al capital privado. Algo que se ha producido de forma directa en épocas de crisis, pero también de manera indirecta en las etapas de «bonanza económica», a partir de la pérdida paulatina de soberanía y control democrático sobre la política monetaria, fiscal y laboral; la progresiva precarización del mercado de trabajo; la descomposición creciente del lazo social y el desmantelamiento de lo común; o la dotación de unas estructuras de bienestar colectivo insuficientes y, por tanto, puramente estéticas (ya que la principal institución garante de ello ha seguido siendo la familia, erigida sobre la división sexual del trabajo).

Todo ello ha ido abonando un terreno hostil que ha llevado a la degradación paulatina de las condiciones de vida de la inmensa mayoría social, y a la multiplicación de las situaciones de desigualdad y exclusión. Por tanto, que no nos vengan los encorbatados expertos con eso de que comienza a escampar, porque la quiebra generalizada de los procesos vitales a la que asistimos no es un fenómeno coyuntural derivado del estallido financiero de 2007, sino una tendencia sistemática que se deriva de las propias reglas del juego y que no se va a modificar sin un cambio estructural que vaya a la raíz de las mismas.

«No es una crisis. Se llama capitalismo»

Así lo cantan Flo6x8. Aunque habría que añadirle algún apellido más…

Efectivamente, nuestras vidas se desarrollan en el marco de un sistema que deriva del usufructo de la propiedad privada sobre el capital y funciona alentado por una tasa de ganancia. Pero para ello se apoya en esquemas distributivos basados en unos ejes de explotación que atraviesan cuerpos y fronteras de formas perversas (la clase, pero también el género, el estatus migratorio, la raza, la edad, la diversidad funcional, sexual…), por ello decimos que es un capitalismo heteropatriarcal, racista y colonial. Y nos quedamos cortas. Se trata además de un sistema biocida que se alimenta de la devastación ecológica y la desposesión de los bienes comunes, la apropiación de recursos públicos y la socialización de costes, poniendo continuamente en jaque las condiciones sociales y ambientales sobre las que desarrollamos nuestra existencia. Por tanto, no asistimos a una crisis, sino a un colapso sistémico fruto de las propias contradicciones que atraviesan a «esta escandalosa cosa»1 y de la huida hacia delante a la que nos conduce la supervivencia.

Ante semejante escenario, lo urgente no es ni mucho menos «recuperar una senda de crecimiento» que permita seguir alimentando al monstruo, sino poner sobre la mesa del debate político el conjunto de procesos que, a costa de ello, está poniendo en riesgo la sostenibilidad de la mayoría de las vidas. En última instancia, se trata de llamar la atención sobre las grandes contradicciones que amenazan el terrero del vivir como proceso cotidiano de reproducción de cuerpos, identidades y relaciones.

Y aquí los feminismos nos van a dar muchas pistas.

Develar el conflicto capital-vida

Hablar de conflicto capital-vida supone partir de una visión integral del sistema socioeconómico, abordando todo el engranaje que garantiza la satisfacción social de necesidades, y situando a las personas en el centro de la atención teórica y política. Para ello es necesario contemplar las estructuras sistémicas en la que se inserta el sistema económico (la dimensión ecológica, la reproducción social…), pasando por las diversas esferas de actividad económica que lo componen (mercado, estado, hogares, redes sociales y comunitarias) hasta llegar a los sujetos concretos (con cuerpos e identidades) que encarnan la responsabilidad última de generación de bien-estar cotidiano en un sistema que lo obstaculiza.

Por un lado, estamos inmersxs en una crisis ecológica global que nos adelanta unos escenarios de escasez cuya escala apenas podemos imaginar; asistimos a una intensificación de la precariedad de la vida, agudizada por tres elementos fundamentales en el Norte global: 1) el desmantelamiento de lo público (que no solo implica la transferencia de un importante volumen de recursos efectivos o potenciales del Estado al capital privado en materia de educación, sanidad o protección social, sino que además conlleva la reducción de la esfera pública y, por tanto, la desaparición de los espacios de deliberación y negociación colectivos y de control social sobre las decisiones políticas; 2) la obstaculización (o eliminación) de los espacios comunitarios de intercambio y relaciones; 3) y el reforzamiento de lo privado en una doble dirección: por un lado, se otorga más poder a los mercados mediante la mercantilización y financiarización de cada vez más dimensiones de la vida cotidiana, y por otro, más responsabilidad a los hogares que tienen que afrontarlo con los recursos privadamente disponibles.

Se va configurando así un escenario de polarización social en el que solo unos pocos hogares son capaces de hacer frente a los envites del sistema a partir de estrategias de consumo, mientras que para una amplia mayoría (abocados al subempleo, al desempleo o al endeudamiento, etc.) se intensifica su situación de incertidumbre no elegida en torno al acceso sostenido a los recursos necesarios para el proyecto de vida elegido. Una precariedad vital que, como señala Silvia Gil, deja de ser excepcional, para devenir en la norma neoliberal que rige la vida de una gran parte de la población, ahora también en el Norte global2, y ante la cual se despliegan múltiples estrategias de supervivencia.

Estrategias de supervivencia

Con esta expresión nos referimos a los arreglos cotidianos y apaños finales que desplegamos con el objeto de sostener y sacar adelante la vida dentro de nuestro contexto concreto. Estrategias que están privatizadas (en los hogares), invisibilizadas (no hacemos política desde ellas) y feminizadas (en un triple sentido material, subjetivo y simbólico).

Un breve apunte a este respecto: al intentar desvelar el papel de las relaciones de desigualdad entre géneros en el funcionamiento de la economía, corremos el riesgo de hablar de «las mujeres» (y de «los hombres») como si fueran identidades definidas o con intereses comunes. El género sería más bien una matriz en la que se cruzan diversas opresiones (y privilegios) que, además, se encuentran en constante proceso de cambio a la hora de definir las desiguales posiciones que vamos ocupando en la asunción de responsabilidades sobre la sostenibilidad de la vida.

Es decir, por un lado, somos conscientes de que el nuevo tipo de control social que se deriva de esta situación de precariedad vital es inseparable de una relectura del papel de las mujeres en las sociedades occidentales. Una vuelta de tuerca a la ética reaccionaria del cuidado (Pérez Orozco, 2006) que se impone a partir de un redimensionamiento de la división sexual del trabajo; de la normativización de unos modelos de convivencia únicos, generadores de desigualdades (la familia nuclear tradicional como sujeto de derechos y de consumo); de una construcción violenta del amor romántico que se utiliza como mecanismo de control clave de nuestros cuerpos, relaciones y sexualidades; o de una construcción de la feminidad —y la masculinidad— asociada a unos roles opresivos que conlleva que las mujeres asuman el rol de protectoras del hogar, garantes del ahorro y responsables últimas (o únicas) del bienestar familiar.

Pero, por otro lado, es necesario establecer ciertas cautelas. ¿Recae esta responsabilidad por igual en todas «las mujeres»? Obviamente, no. Y esta no es una cuestión cualquiera. De hecho, el protagonismo en estas estrategias de supervivencia feminizadas viene marcado por unas posiciones de subordinación cualificadas por distintos ejes. Algunos ejemplos:

  • Estamos re-emplazando o complementando los bienes o servicios que antes realizaba u ofrecía el Estado (por ejemplo, cierre de guarderías públicas, de centros para mayores, disminución de los días de hospitalización…) con trabajo gratuito realizado en los hogares. ¿Pero en qué mujeres del hogar recae esta mayor carga? ¿A qué mujeres se contrata si hay recursos disponibles? ¿Y en qué condiciones?
  • Estamos recurriendo a la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, ¿pero recurrimos por igual todas «las mujeres» al trabajo en el campo, al autoempleo formal o informal, al exilio forzado, a la emigración «ilustrada», al trabajo sexual…? ¿Qué criterios definen los límites en nuestros niveles de explotación, competencia o autocensura?
  • Estamos modificando los patrones de consumo, ¿pero qué necesidades/hábitos son los que se priorizan y qué miembros de los hogares están siendo lxs más y lxs menos afectados por esta modificación?
  • Estamos recurriendo a la «economía de retales» a partir de la puesta en común de todos los recursos de los que disponemos los diferentes miembros del hogar (por ejemplo, familias en las que, en muchos casos, es la pensión del abuelo o de la abuela la única fuente estable de ingresos). ¿Qué tipo de núcleos pueden reagruparse? ¿Qué ocurre cuando lo que media es un océano y el centro neurálgico es un locutorio?
  • Estamos generando espacios de intercambio fuera de los mercados capitalistas, e incluso nuevas iniciativas políticas, ¿pero qué mujeres pueden involucrarse en estos procesos colectivos?

En mi caso soy una mujer blanca recién llegada a la treintena y procedente de una familia de lo que podríamos calificar como de renta media. Una precaria con estudios que estira una beca en una universidad pública y saca otros currillos extras para cubrir parte de las necesidades materiales. He tenido la suerte de criarme en un pueblo y no tener que preocuparme por conseguir papeles ni saltar vallas para acceder a ciertos derechos en materia de sanidad, educación, protección social o justicia. Comparto con otrxs siete una casa alquilada en el centro de Sevilla, no me han desahuciado ni exiliado, no estoy endeudada, en este momento las personas que conforman mis circuitos de intimidad (y yo misma) gozamos de capacidad para el autocuidado (y el cuidado mutuo). Dispongo de tiempo para la militancia, los quehaceres y los quereres feministas, y puedo permitirme el lujo de pasar horas de lectura y devaneos tesísticos en los que plasmarlos.

Es decir, cada cual diseña sus estrategias desde su propia posición. Y con ello contribuimos, en parte, a mantener latente el conflicto sobre la base, una vez más, de lógicas de desigualdad y (auto)explotación. Esto no implica alentar el sentimiento de culpa, pero sí de responsabilidad colectiva para mirarnos el ombligo y escudriñar nuestras propias condiciones y contradicciones de vida, entrando en diálogo con otras miradas y elaborando estrategias de desobediencia, resistencia y lucha que nos permitan transitar hacia «esa otra economía» en la que nuestra vida, la de todxs, merezca ser vivida.

1 Amaia Pérez Orozco nos recordaba estas palabras de Donna Haraway en la charla que dio en Sevilla el 22/11/14 con ocasión del cumple conjunto de La Fuga y El Topo (10+1).

2 Rescato aquí lo que las compañeras Mesoamericanas en Resistencia nos destacaban en el Congreso de Economía Feminista de Carmona: «aún vuestra crisis es nuestra abundancia». De ahí que resulte complejo hablar de una crisis de reproducción social a escala global.

nº7 | la cuenta de la vieja

La manzana no puede caer muy lejos del árbol…

¿Producir cosas para reproducir la comunidad?1

Libertad y autonomía en una sociedad terciarizada

Este texto tiene mucho que ver con otro publicado en El Topo nº 52. Como aquel explicaba muy bien muchas de las cosas que tienen que ver con la idea que yo quiero compartir aquí, no voy a tratar de profundizar en la vida cotidiana como campo de batalla y de construcción de alternativas. Tampoco ahondaré en su exposición —deliciosa, por cierto— acerca del potencial de las nuevas experiencias de economías comunes, como proyectos que a la vez suponen espacios de resistencia cotidiana al capitalismo y propuestas alternativas para ir en contra y más allá de la miseria cotidiana en el capitalismo. Sin embargo, quisiera complementar sus propuestas y tratar de profundizar en algunos aspectos que en aquel texto apenas se sugerían.

Más o menos el 75% del PIB (en su acepción más convencional) en el Estado español se obtiene del sector servicios (el sector terciario), y este mismo sector ocupa más o menos al 65% del empleo. Estamos en una sociedad profundamente terciarizada ya que, como apuntaba José Manuel Naredo con su «regla del notario», los eslabones finales de la cadena productiva son los que permiten la obtención de mayor valor añadido. En el proyecto de nuestras élites económicas (y en el seguidismo devoto de nuestra clase política, haya o no comisiones de por medio) esta regla es una vieja conocida. Los vastos recursos públicos y privados que hay en nuestro perjudicado territorio se destinan básicamente a maximizar el rendimiento económico y financiero de estas últimas fases de la cadena productiva: servicios a la producción y servicios al consumo, básicamente. Y a permitir la importación del resto de cosas que consumimos pero no producimos, porque se priorizan otras actividades más lucrativas.

En algunos de los discursos más necios o cínicos, la terciarización de la economía supone, incluso, cierta forma de desmaterialización de la misma, ya que los procesos más contaminantes o consumidores de recursos quedan fuera de nuestras fronteras administrativas. Al igual que los residuos o impactos del final de la cadena, también se tratan de exportar a otros países (llámense residuos radioactivos, comercio de emisiones de CO2 o esclavitud). La terciarización de las economías, según la retórica neoliberal y tecnoptimista, supone a la vez riqueza y sostenibilidad. ¡Toda una ganga! El sector terciario genera valor a partir de la nada… ¿de la nada? Genera valor haciendo que aquellos que realizan los primeros eslabones del proceso productivo sean explotados, haciendo que el resto de personas (también explotadas) trabajemos y nos endeudemos como locas para poder gastarnos el dinero en servicios, y despilfarra los recursos físicos. La terciarización es un mecanismo de concentración de valor, sustentado simplemente en la capacidad de unas pocas empresas de organizar la economía en una forma determinada. Es otro de los trajes nuevos del emperador…

Lo que hoy une a los humanos es nuestra adherencia a los valores que promueve el mercado: esta sustitución de la comunidad por el mercado no ha ocurrido de forma natural. La importancia monetaria que cobran las cosas inmateriales —los servicios— solo ha crecido tras un fuerte despliegue de la violencia física y simbólica a lo largo de los últimos siglos, que nos ha llevado a la urbanización, la proletarización y la salarización de la población. Una vez en las ciudades —excluidos del acceso a los medios de producción y dependientes del mercado para cubrir nuestras necesidades más básicas— somos bastante vulnerables y, sobre todo, fácilmente disciplinables.

A esto se refiere, en mi opinión, Raul Zibechi3 cuando afirma que «no es que los cambios consistan en la recuperación de los medios de producción, sino que esa recuperación abre la posibilidad de que los cambios se produzcan». Es necesario que nuestras redes de autogestión también incorporen bienes materiales para construir espacios económicos alternativos y sólidos, que nos preparen para vivir según otras lógicas. En la sociedad que queremos construir, el consumo en general seguramente tenga que reducirse. En especial, la actividad en el sector servicios absorberá una proporción de la riqueza social mucho menor que el actual 75% del PIB4. Es probable que debamos pasar a consumir menos y a producir una proporción mayor de lo que necesitamos consumir. Aquellos discursos que enaltecen el poder que tenemos como consumidoras nos sitúan en una lógica dependiente del mercado, y quizá es necesario definir de otra forma la relación entre nuestra forma de vida y las cosas que precisamos adquirir.

Producción, territorio y reproducción de los proyectos transformadores

En esta línea de la política del cotidiano, podemos hablar de numerosas iniciativas que, en el nuestro o en otros territorios, tratan de avanzar en la recuperación de los medios de producción: producciones agrarias e industrias artesanales, fincas y pueblos okupados, fábricas recuperadas, mercados sociales, empresas de producción de energías limpias o viviendas y talleres okupados. Probablemente, el sentido que le encontramos a todas estas iniciativas es parecido: autonomía, cooperación social en base a la creatividad, inteligencia colectiva, recuperar el control sobre nuestros medios de vida… Quizá podríamos hablar, también, de sostenibilidad y de ecología.


«El sector terciario genera valor a partir de la nada… ¿de la nada?»


A muchas personas habitantes urbanas y rurales, la vida nos ha ido acercando a lo agrario y a la ecología, y ambos mundos se encuentran en torno a la agroecología. Y este es quizá, en nuestros territorios postindustriales, uno de los movimientos que están tomando más fuerza en este retorno a los medios de producción física. El mundo de lo agroalimentario aporta a los experimentos socioeconómicos alternativos el contacto directo con la tierra y con lo vivo. Y, por tanto, una belleza y una materialidad distintas respecto a otras producciones humanas útiles. También nos acerca de forma inmediata a los límites físicos de la naturaleza, y creo que en nuestra sociedad necesitamos comprender bien lo que suponen estos límites. Pero además de las producciones agroalimentarias, debemos rediseñar otras cadenas productivas en formatos que no reproduzcan capitalismo, sino que reproduzcan la vida social y comunitaria.

En los territorios en que vivimos, devastados por la urbanización, fragmentados y privatizados, resulta difícil construir proyectos de autonomía económica. Los movimientos transformadores debemos aprender a neutralizar la capacidad de los centros de mando del capitalismo global de disponer el espacio a su beneficio. En palabras de David Harvey, mientras que la clase obrera «no aprenda a enfrentarse a esa capacidad burguesa de dominar el espacio y producirlo, de dar forma a una nueva geografía de la producción y de las relaciones sociales, siempre jugará desde una postura de debilidad más que de fuerza»5.

Para Zibechi (2011), los proyectos autonomistas que han recreado formas alternativas de economía y sociedad, tales como los zapatistas en México o los movimientos indígenas en Bolivia o Ecuador, no se pueden entender sin una fuerte vinculación con un territorio físico definido. La territorialización de las luchas y de las construcciones sociales alternativas también puede rastrearse en nuestra historia inmediata: el movimiento colectivista de la revolución española de 1936; las huelgas y movilizaciones de la autonomía obrera de los años 70 y 80; los centros sociales okupados de los años 90; y también en las asambleas del 15M en muchas ciudades y pueblos. En estos procesos territorializados, los conceptos de barrio y pueblo, como entes físicos, han sido re-construidos como espacio de encuentro y agregación: como trampolín para afirmar los proyectos alternativos en cada espacio social. Pero también como espacio para la reconstrucción de una economía al servicio de las comunidades locales.

La subordinación de los flujos económicos a las nuevas formas territorializadas de autogobierno supone un producto y a la vez un elemento clave en la reproducción de esos espacios de autonomía local. También hoy, dentro del desarrollo de las asambleas de barrio del 15M, los huertos urbanos y los grupos de consumo han jugado un papel importante como espacio de afirmación y recreación de autonomías personales y colectivas. Y, poco a poco, van surgiendo otras producciones físicas. Estas son acciones que, a la vez que cubren necesidades, afirman la existencia de una realidad colectiva y alternativa: «Somos capaces de transformar el espacio muerto en algo vivo y útil. Somos capaces de producir. Somos capaces de cubrir nuestras propias necesidades en común».

El proyecto común, en mi opinión, es la construcción de autonomías locales capaces de integrar y reproducir los procesos transformadores (políticos, sociales y económicos) que vamos desarrollando. Reconstruir procesos económicos que, a la vez que satisfacen necesidades colectivas (sin necesidad de recurrir al mercado ni al Estado), son capaces de servir de puntos de encuentro entre las sensibilidades mayoritarias en la sociedad.

Luchas materiales en la sociedad de la información

No quiero decir con estas líneas que mañana mismo todas las personas que habitamos en ciudades debamos ponernos a hacer huertos como locas, levantando los parterres y alcorques de los parques, y el asfalto si fuese necesario. Ni a hacer muebles o tornillos. Sería una locura pedir eso. La política de lo cotidiano debe partir de lo que somos hoy si queremos construir trayectorias y espacios de vida perdurables. Y es bastante posible que nos sintamos socialmente más útiles diseñando páginas web, diseminando contrainformación, realizando informes o escribiendo tweets. Queramos o no, somos personas educadas y socializadas en una sociedad capitalista, de consumo, postindustrial, salarial, patriarcal y urbana. Llegamos a lo que llegamos. Y, además, hoy no tenemos acceso a los medios de producción de las cosas físicas. Posiblemente tampoco nos apetece acceder a ellos, o no de cualquier forma.


«Somos capaces de cambiar y de sentar las bases para que otras personas cambien también»


La política de lo cotidiano, si no es capaz de escuchar lo que somos y sentimos, e incorporarlo en sus prácticas —más que en sus discursos—, se puede convertir en un martirio cotidiano. Estoy convencido de la propuesta de John Holloway6, según la cual «tenemos que buscar la presencia confusa y contradictoria de la rebelión en la vida cotidiana. […] En el mundo de la posible emancipación, la gente no es lo que parece. Más aun, no son lo que son. […] Lo importante no son sus limitaciones presentes, sino la dirección del movimiento, el empuje en-contra-y-mas-allá (del capitalismo), el impulso hacia la autodeterminación social». El conocimiento de nuestras propias posibilidades y el respeto por nuestros propios cuerpos y derivas culturales no tiene por qué hacernos complacientes. Somos capaces de cambiar y de sentar las bases para que otras personas cambien también.

Para la reproducción del capital es necesario que nos mantengamos dependientes de los salarios y el consumo, excluidos de los medios de producción. Por ello considero de importancia que desde nuestras formas de vida actuales apoyemos a aquellas personas, compañeras o no, que optan por acceder a los medios de producción y ponen en circulación productos útiles y necesarios en nuestras redes de autonomías locales. Es importante que apoyemos estos emprendimientos, amortiguando las distorsiones entre valor y precio que hoy introduce el mercado. Que valoremos bien a donde enviamos nuestro dinero y que participemos de aquellos proyectos económicos en los que se intenta asignar a las cosas físicas un valor social, más allá de su valor de mercado. Tenemos que (volver a) aprender a producir más allá del capitalismo. Y tenemos que aprender a hacerlo bien.

El debate sobre el acceso a los medios de producción no es un debate nuevo, pero quizá vuelve a ser oportuno. Con este texto no quiero decir que este debate sea más importante, ni más urgente, ni más central que otros como el reparto del empleo o de la riqueza, el reparto y la reorganización del trabajo de cuidados y la valoración social de la economía reproductiva, la defensa de los servicios públicos y demás conquistas de la clase obrera, etc. Pero, en mi opinión, el debate sobre el acceso a los medios de producción sienta las bases para una economía que efectivamente nos permitirá algún día vivir (en su sentido físico) más allá del capitalismo. Ya que, como decía una amiga, «la manzana no puede caer muy lejos del árbol».

1 Este texto es un extracto de un libro que será publicado en enero de 2015 en la editorial Libros en Acción con el título Producir alimentos, reproducir comunidad. Redes alimentarias alternativas como formas económicas para la transición social y ecológica.

2 Luis Berraquero, Lo cotidiano es político, El Topo 5.

3 Raúl Zibechi, 2011, Territorios en resistencia. Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas. Madrid: Libros en Acción.

4 Por supuesto, este 75% solo se refiere a la economía formal monetarizada. Si incluimos todos los «servicios» que se intercambian fuera del mercado —como el trabajo doméstico y de cuidados—, esta proporción sería mucho menor. Probablemente, en un futuro con menos petróleo, muchas actividades del sector servicios simplemente desaparecerán, y muchas otras volverán a ser gestionadas fuera del mercado.

5 Harvey, D., 2003, Espacios de esperanza, Madrid: Akal. Citado en Zibechi, 2006.

6 Holloway, J., 2006, Contra y más allá del capital, Buenos Aires: Herramienta Ediciones.

nº6 | la cuenta de la vieja

Monedas sociales, tejiendo comunidad

¿Qué son las monedas sociales?

Podríamos decir que las monedas sociales son un tipo de dinero porque, generalmente, cumplen con sus tres características básicas: ser un medio de intercambio, una unidad contable y un medio de conservación de valor. No obstante, esta definición aséptica del dinero no nos dice nada acerca de sus fines. Si queremos descubrir su lógica debemos preguntarnos: ¿Cómo se crea el dinero? ¿Quién tiene la capacidad de crearlo? ¿Existen límites en su creación? ¿Conlleva intereses? ¿A qué objetivos responde? ¿Cuál es su ámbito de circulación?

Sin duda, el diseño del dinero no es neutro. Mientras las divisas oficiales han sido diseñadas por los poderes financieros para servir al poder del capital, las monedas sociales son creadas por la gente como moneda de cambio para satisfacer las necesidades de las personas, de las comunidades locales y de sus territorios. Y es que el poder de crear dinero no solo lo tienen los bancos centrales, los bancos comerciales o las empresas: también lo tenemos nosotrxs, la gente de la calle.

El fenómeno de las monedas locales y sociales no es nuevo. Han surgido en otros momentos en situaciones de crisis económicas agudas (como en la crisis del 29) o como consecuencia de procesos bélicos (monedas «de emergencia»). Sin embargo, en los últimos años estamos asistiendo a un florecimiento de iniciativas que, además de querer paliar los efectos negativos de la crisis, surgen como experiencias complementarias y alternativas a las monedas de curso legal.

Actualmente, las monedas sociales son un movimiento internacional y diverso que cuenta ya, en nuestra geografía española, con más de 60 iniciativas1 en continuo desarrollo, aprendizaje y experimentación.

Estas experiencias tejen una red de intercambios tan amplia como la abundancia de los recursos que una comunidad tiene para satisfacer sus propias necesidades: alimentación, cuidados personales y del hogar, servicios de salud, artículos de segunda mano, reparaciones, formaciones, talleres artísticos, etc.

De modo que, en contraste con la escasez creciente del contexto actual, las monedas sociales parten de la abundancia de los recursos que tiene la comunidad mediante el reconocimiento de todas sus capacidades creativas, artísticas, manuales e intelectuales de todxs sus integrantxs, ya sean niñxs, mayores, jóvenes, asalariadxs, paradxs, etc.

Pero estas iniciativas son mucho más que una herramienta de intercambio económico. Su lógica es principalmente social, es decir, la de crear vínculos entre lxs vecinxs, que posibiliten tejer redes de confianza, apoyo mutuo, cooperación y solidaridad.

Quizás su mayor virtud sea la de recuperar la escala humana de la economía. De manera que, allí donde existen, se puede observar un estrechamiento de las relaciones entre lxs vecinxs, el surgimiento de una identidad común y un aumento de la creación de proyectos asociativos y sinergias entre las distintas iniciativas del territorio.

En este sentido, podemos observar cómo muchas de estas experiencias están logrando conectar a un amplio abanico de iniciativas de carácter local, social y/o ecológico como son, por citar algunos ejemplos, las empresas de economía social, lxs productorxs ecológicos y artesanos, los huertos comunitarios o los mercados sociales.

Otros elementos que caracterizan a estas monedas son la gestión comunitaria de los recursos, la apuesta por la relocalización de la producción y el consumo, la promoción de los comercios, profesionales, productorxs y asociaciones locales, la potenciación de la figura del «prosumidorx» (que conjuga los roles de productorx y consumidorx) o el abandono de la lógica consumista, reduciendo el consumo superfluo, compartiendo los recursos, reutilizando, reciclando, etc.

En definitiva, podemos decir que las monedas sociales tienen la capacidad de tejer nuevas relaciones que posibilitan a las personas y a las comunidades poner en marcha a escala local una transición sociocultural hacia modelos de mayor democracia, justicia social y sustentabilidad ecológica.

Pero también tienen sus limitaciones y no podemos pretender, al menos a corto plazo, que sustituyan totalmente a la moneda oficial, sino más bien complementarla. Por ejemplo, todavía resulta difícil encontrar iniciativas que posibiliten acceder a la vivienda o pagar los suministros (agua, luz, teléfono, etc.), al tiempo que muchos bienes y servicios son solamente ofrecidos parcialmente en moneda social.

¿Cómo funcionan?

Lo cierto es que hay tantos modos de funcionamiento como monedas, pues existen multitud de diseños y creatividad que las hacen únicas. Sin embargo, con el fin de aproximarnos a su conocimiento y compresión, explicaremos a continuación el funcionamiento básico de dos de los diseños más frecuentes:

  • Monedas de crédito mutuo: es un sistema de trueque en red que permite a sus miembrxs intercambiar bienes y servicios dentro de una comunidad formada por personas, familias, asociaciones, profesionales y comercios. Generalmente funciona entregando una cartilla en papel a cada unx de sus integrantxs, en la cual se van anotando los intercambios realizados —también se registran en una plataforma virtual y existen experiencias donde lxs usuarixs utilizan sus teléfonos móviles para realizar las compras y ventas—. El valor de una unidad de moneda social suele equivaler al de una moneda oficial (ej.: un puma igual a un euro). Una cosa interesante de este sistema es que la creación de la moneda está totalmente descentralizada, creándose en el mismo momento en el que se acuerda realizar un intercambio. Una vez fijado el precio entre las dos partes, esta cantidad pasará en positivo al saldo de quien haya vendido su bien o servicio y en negativo para quien lo haya comprado. En la mayoría de las iniciativas el saldo de partida es cero, aunque puede variar. Además, generalmente tiene un límite en negativo, con el fin de evitar que haya miembrxs que reciban mucho más de lo que ofrecen a la comunidad y se alejen de la cultura de reciprocidad que se quiere promover. Con el fin de publicitar las ofertas y demandas y conocer las del resto de la comunidad se utilizan bases de datos alojadas en plataformas virtuales o páginas webs. Otras formas de contactar con lxs miembrxs de la comunidad son mediante los mercados organizados por la red o los boletines y tablones de anuncios. Su ámbito de circulación suele producirse en comunidades pequeñas y medianas, generalmente, en barrios, pueblos y comarcas, siendo excepcionales en las regiones. El único respaldo de los saldos de lxs usuarixs es la confianza en la reciprocidad y capacidad de la comunidad para responder a sus necesidades. Este tipo de diseño ha sido el elegido por la mayoría de las monedas sociales emergidas en España y también en nuestra provincia como son el caso del Puma2 y la Oliva3 (casco norte y zona sureste de la capital), el Chabir4 (Alcalá de Guadaira) o la Jara5 y el Alcor6 (comarcas del Aljarafe y los Alcores). Los grupos motores suelen estar formados por vecinxs, asociaciones y colectivos sociales.
  • Monedas con respaldo en divisas oficiales: Funcionan de manera similar al dinero convencional, ya que utilizan billetes con un valor equivalente a las divisas oficiales. Es necesario que exista un grupo u organización central que controle la creación y la circulación de la moneda y que coordine una amplia red de asociaciones/colectivos sociales/comercios que las distribuya. Este sistema funciona de la siguiente manera: una persona compra moneda social en uno de los puntos de distribución con su dinero oficial (generalmente, recibiendo una cantidad mayor, por ejemplo, 10 monedas sociales por cada 9,5 €). Existe una red de comercios, profesionales, asociaciones y vecinxs que le ofrecen una amplia oferta de bienes y servicios en los que puede comprar con moneda social. Los comercios y profesionales tienen la posibilidad de poder cambiar sus monedas sociales acumuladas en monedas oficiales solicitándolo al grupo u organización central, pero perdiendo en el cambio una pequeña cantidad que irá a financiar los gastos de acuñación y administración (por ejemplo, de cada 10 monedas sociales reciben 8,5 €) o también pueden volver a venderlas y ponerlas de nuevo en circulación (10 monedas sociales por 9,5 €). Esta pequeña pérdida en el cambio se compensa por la publicidad, el reconocimiento social y la promoción que la red de comercios y profesionales reciben dentro de la comunidad. Por su parte, las asociaciones y colectivos sociales que quieran disponer de moneda social para su distribución tendrán que comprarla previamente a la organización central a un precio ligeramente inferior al que posteriormente la venderá (por ejemplo, compran 10 monedas sociales a 9 € que luego venderán a 9,5 €) logrando, de esta manera, una pequeña contribución por su trabajo de distribución.

En definitiva, este sistema permite superar las resistencias de los comercios y profesionales, que tienen miedo a acumular mucha moneda social, al tiempo que incentiva su uso y posibilita que todo el tejido social y comercial salga ganando. Un ejemplo de ello, sería una comunidad que compra mucha moneda social y cambia poca. En este caso, el poder adquisitivo de lxs vecinxs se vería incrementado y el tejido comercial y profesional saldría fortalecido. Al mismo tiempo, la organización central dispondría de una reserva cada vez mayor de dinero de curso oficial que podría emplear en ofrecer servicios financieros en forma de microcréditos para lxs vecinxs, comercios y asociaciones locales. Este tipo de iniciativas suele tener un ámbito de circulación mayor, habiendo experiencias que lo hacen por toda una ciudad (ej.: Bristol Pound7 en Reino Unido) o una región (ej.: Chiemgauer8 en Alemania). En nuestro país, de momento, hay pocas experiencias, destacando el Expronceda9 en Almendralejo (Badajoz) y el Ekhi10 en Bilbao. Los grupos motores los forman desde asociaciones y colectivos sociales hasta entidades públicas y privadas.

En síntesis, las experiencias de crédito mutuo destacan por ser más virtuosas a la hora de incluir a personas excluidas del mercado laboral, promover el rol del prosumidorx, ofrecer mayor transparencia —pues cualquier usuarix puede conocer las compras y ventas reflejadas en las cartillas y/o plataformas—, y generar mayores vínculos y redes de reciprocidad y solidaridad dentro de la comunidad local. Mientras que las de respaldo en divisa oficial consiguen un mayor impacto a la hora de relocalizar la economía y fortalecer a lxs profesionales y comercios, además de posibilitar una herramienta de microfinanciación más poderosa al servicio de toda la comunidad local.

Por último, señalar que debido a su circulación limitada, a su creación sin tipo de interés y al carácter complementario y social, no resulta fácil, ni atractivo, acumularlas y especular con ellas. No obstante, algunas experiencias, con el propósito de desincentivar su acumulación y fomentar la circulación, incorporan el fenómeno de oxidación o pérdida paulatina del valor en el tiempo.

tabla monedas sociales

Sevilla tejida por monedas sociales

Para finalizar, me gustaría compartir un sueño. Veo a Sevilla, en un futuro cercano, tejida por diferentes monedas de crédito mutuo surgidas en distintos barrios y pueblos. Estas monedas han creado sus propios mercados y se coordinan en una red de redes que posibilita que una persona usuaria de una moneda pueda intercambiar bienes y servicios con otra de otra moneda, como ya ocurre en la actualidad entre lxs miembrxs del Puma y la Oliva en la ciudad de Sevilla.

Esta nueva realidad ha permitido que muchas personas y familias complementen su economía y satisfagan muchas de sus necesidades saliéndose de las redes capitalistas, al mismo tiempo que establecen nuevas relaciones de reciprocidad y solidaridad con sus vecinxs.

A estas redes de monedas, tejedoras de comunidad, se les ha sumado una nueva, esta vez con respaldo en el euro, que está circulando por toda la provincia, reforzando al tejido profesional y comercio local alternativo, promoviendo el desarrollo de una economía más democrática, justa y sustentable.

Ahora, después de unos años, podemos decir que nuestras vidas han cambiado. Algunxs podrían decir que somos más pobres porque no tenemos la capacidad de consumo anterior a la crisis. En cambio, nosotrxs decimos, como Machado, que «todx necix confunde valor y precio» y, como dicen en el Pumarejo, «el afecto es nuestra revolución», vamos poquito a poco, «a su amor», y ¡juntxs podemos!

El sueño ya ha comenzado, ¿te enredas?

Nota: Si quieres saber más sobre este movimiento internacional y su realidad en España, no dejes pasar la oportunidad de participar en el tercer encuentro estatal de monedas sociales que se celebrará en Valencia11 el próximo mes de octubre. Este encuentro dará continuidad al trabajo realizado en los dos encuentros anteriores realizados en Vilanova i la Geltrú12 y Sevilla13.

Más info:

1 www.vivirsinempleo.org

2 monedasocialpuma.wordpress.com

3 olivasureste.wordpress.com

4 www.chabir.es

5 monedajara.blogspot.com.es

6 monedalocalelalcor.wordpress.com

7 bristolpound.org

8 www.chiemgauer.info

9 www.expronceda.org

10 www.ekhitxanpona.org

11 encuentromonedavalencia.wordpress.com

12 encuentromonedasvng2012.blogspot.com.es

13 monedaslocalesensevilla2013.wordpress.com

| la cuenta de la vieja

Banca Ética Fiare

¿a quién sirve mi dinero?

¿Dónde está el dinero?

Es la pregunta de mucha gente: ¿por qué estamos en crisis?, ¿por qué hay que apretarse el cinturón?, ¿dónde está el dinero? Como dice el refrán, «el que parte y reparte…». Y la mejor parte, la parte que nos corresponde a cada cual, se la están repartiendo entre esos que llaman «los mercados».

La reestructuración del sistema financiero español ha consumido alrededor de 200 000 millones de euros proporcionados por el Estado, es decir, dinero de todxs. La Comisión Europea considera que unos 40 000 millones son prácticamente irrecuperables. Este dineral se ha canalizado mediante tres vías: inyecciones de capital (88 000 millones de euros), compra de activos y avales del Tesoro para la emisión de deuda (130 000 millones entre ambos conceptos). Bankia ha sido el principal beneficiario, engullendo 22 500 millones de euros procedentes en su mayor parte del «rescate» europeo. De esa cantidad, la Comisión Europea da por perdidos más de 18 000 millones[1].

Si cambiamos nuestra manera de pensar, de actuar y de invertir nuestro dinero, cambiará el funcionamiento y la dirección del modelo económico

La crisis sistémica que vivimos plantea la necesidad de cambios profundos en las estructuras económicas, financieras, políticas, religiosas y educativas, así como en nuestros valores y formas de vida. Los cambios hondos no se producen nunca desde arriba y los que se logran son siempre resultado de fuertes resistencias de la ciudadanía crítica, que propone alternativas locales concretas.

Es tiempo de revalorizar el compromiso y la disidencia frente a un sistema que crea cada día más víctimas de todo tipo para saciar el lucro de unas minorías. Necesitamos contagiar resistencias y salir de la pasividad. Organizar respuestas y realizar compromisos eficaces tanto en lo macro como en lo micro, a nivel local y global. Nuestro sistema de vida está enfermo y un cambio radical de conciencia y de hábitos se antoja necesario.

Cambiar de dirección

Es tiempo de que la economía cambie de foco y de que la conciencia y la justicia social ocupen su espacio propio. No podemos seguir midiendo el progreso humano por el aumento del PIB y los valores en Bolsa. Hay que salir del fraude mentiroso de que podemos crecer de modo ilimitado en un mundo de recursos limitados. Necesitamos aprender a vivir con menos (decrecimiento): «Vivir sencillamente para que otros puedan, sencillamente, vivir» (Gandhi).

¿Es posible otro modelo de vida basado en la conciencia, la responsabilidad personal y la justicia ecosocial, donde el centro y el eje de la actividad económica no sea el beneficio, sino el bien común? Es patente el fracaso en la gestión política y económica de nuestros dirigentes. Llegó el momento en que personas y grupos tomemos decisiones individuales y colectivas que provoquen, por la fuerza de la disidencia y de la unión, un verdadero cambio. El modelo económico y social dominante no es ni el único ni el mejor.

Tu dinero al servicio del cambio social

Es posible revertir esta injusta situación mundial y local con el dinero de uno si ese «uno» somos la mayoría, si las personas ahorradoras condicionamos éticamente el depósito de nuestro dinero y no se lo entregamos a entidades financieras que lo manejan para repartirse dividendos e invertir en asuntos inconfesables. ¿Me he preguntado qué hacen con mi dinero?

El sistema bancario funciona con nuestra colaboración; si cambiamos nuestra manera de pensar, de actuar y de invertir nuestro dinero, cambiará el funcionamiento y la dirección del modelo económico. Nuestro poder no reside en donde ponemos el voto sino en donde ponemos el dinero, en la forma de comprar, de consumir y de invertir nuestros ahorros.

Una propuesta concreta: FIARE BANCA ÉTICA

FIARE existe desde 2003 y es una realidad en marcha abierta que ha sido capaz de reunir hasta el pasado mes de abril 39 329 997 euros en ahorro, 4 824 116 euros en capital social y ha aprobado préstamos en estos años para financiar proyectos sociales por un montante de 31 271 544 euros. FIARE Banca Ética lo conforman actualmente más de 600 organizaciones (federaciones de cooperativas, coordinadoras de ONG, asociaciones de empresas de inserción, REAS, Vía Campesina, COAG, coordinadora estatal de Comercio Justo, organizaciones de iglesia, etc.), nueve redes territoriales, una red sectorial (Coop-57), más de 30 grupos locales y más de 5000 personas. Desde marzo de 2013, FIARE forma parte de Banca Popolare Ética de Italia, con sede en Padua y con más de 30 000 socios. Ahora es el 5º área de esta cooperativa italiana de banca ética a nivel europeo.

Fiare es ya un banco-cooperativa «con todas las de la ley» por partida doble, bajo las normas y supervisión del Banco de Italia y del Banco de España a la vez. Hasta ahora, se podía formar parte de Fiare como persona socia o como ahorradora. A partir de septiembre, Fiare comenzará a funcionar como banca electrónica, con una extensa red de cajeros automáticos por todo el país. De este modo, se podrán abrir cuentas corrientes y operar a través de Internet. Además, dispone de oficinas en Bilbao, Barcelona y Madrid y de la figura del «banquero ambulante» que se desplaza por todos los territorios.

Un banco en manos de la ciudadanía

FIARE es una propuesta de alternativa económica que desarrolla la actividad de ahorro y crédito de forma diferente a como se hace en el ámbito financiero usual. Pero es mucho más que eso: es una propuesta de unión ciudadana que se construye desde la base a través de una amplia red de personas y de organizaciones sociales. Es una acción colectiva para articular una alternativa económica concebida como un instrumento de acción política para transformar la sociedad. Es una red de redes entre las organizaciones y personas que la componen. Esta red ha hecho posible que FIARE mantenga su autonomía financiera y política sin tener que recurrir a grandes inversores empresariales o institucionales.

FIARE es un banco-cooperativa no lucrativo, que orienta el crédito hacia proyectos de alto valor social. Proyectos dirigidos a la lucha contra la exclusión, la cooperación, la protección del medio ambiente o el trabajo cultural por la transformación en valores. FIARE ofrece dirigir el interés generado por tu ahorro hacia personas y organizaciones vulnerables que no obtienen créditos de la banca comercial. FIARE facilita una información transparente de todo el circuito del dinero y muestra en su web el listado completo de proyectos financiados. Se rige además por el principio cooperativo de «un socio, un voto», al margen del dinero que tenga depositado. 

FIARE es un banco-cooperativa no lucrativo, que orienta el crédito hacia proyectos de alto valor social

¿A quién sirve mi dinero?

Analizar éticamente la realidad de nuestros entornos y la actividad financiera que nos domina, supone tener en cuenta la sociedad actual y cuáles son sus retos éticos. Eso implica hacerlo mirando al bien social que debe perseguir todo cuanto se teje socialmente. Requiere no olvidar que el inmenso poder que tienen las entidades financieras (con dinero que no es propio, sino depositado-prestado por miles de personas, grupos y entidades) conlleva una responsabilidad social que hasta ahora eluden en gran medida: buscar el bien común y la justicia social.

FIARE es una realidad de innovación social: innovación al servicio de la justicia. Es evidente que la banca comercial no atiende la voz de los excluidos, ni tampoco el sistema político y social dominante. Porque no estamos en el mejor de los mundos, no es tiempo de detenerse ni recrearse. Es tiempo de disidencia y de indignación. Decidamos qué hacemos con nuestro dinero. 

Más información:

www.proyectofiare.com

sur@proyectofiare.com

Sevilla: Tel. 646 360 038

Granada: Tel. 958 522 881


[1] Público.es, agosto 2013

nº5 | la cuenta de la vieja

Coop 57 Andalucía:

una herramienta para la economía social transformadora

No merece compasión quien siendo esclavo no quiere buscarle la solución. Letra flamenca Coop 57 y el cooperativismo en Andalucía

Coop57 es una experiencia de finanzas éticas y solidarias que desde hace más de 15 años actúa como una herramienta de transformación hacia otra economía. Formalmente, Coop 57 desarrolla una actividad financiera como cooperativa de servicios. Con origen en Barcelona, realiza su actividad en Andalucía desde 2008. El objetivo principal de Coop 57 es asociar y suministrar financiación a entidades de la economía social y solidaria y el asociacionismo popular que contribuyan a transformar la economía y la sociedad, de acuerdo con los principios del cooperativismo y las finanzas éticas.

El profesor Carlos Arenas Posadas nos dice que, desde sus inicios en el siglo XIX, hubo cooperativas andaluzas que nacieron con voluntad de emprender un modelo económico alternativo. La alternativa pasaba por el colectivismo frente a capitalismo privado. Empresa colectiva de muchos frente a empresa individual y privilegiada de unos pocos. Lejos de cualquier viso de neutralidad, el aglomerado social que participaba del movimiento cooperativo desempeñó un papel fundamental en los movimientos «revolucionarios» de aquella época. El objetivo de su acción política era la consecución de un modelo de autogobierno local que satisficiera las expectativas del «pueblo».

Durante el siglo XX, el grueso del cooperativismo andaluz perdió los supuestos intelectuales e ideológicos que habían tenido en los treinta primeros años de su historia. El cooperativismo fue víctima de consideraciones asistenciales de tipo religioso, de maniobras oportunistas de los que veían en las cooperativas una fórmula para añadir a sus riquezas aquellas que provinieran de las ventajas concedidas por la administración. En Andalucía, sin embargo, y al compás de la crisis del régimen franquista y del capitalismo español desde mediados de los años sesenta del siglo XX, aparecerán notabilísimas excepciones que harán del cooperativismo tanto un medio de vida como un arma ideológica y política de abierta oposición al régimen.

A principios del siglo XXI, cada día se hace más patente que el capitalismo andaluz no ha servido para poner a nuestra tierra a la altura de otros territorios ni del Estado español ni de Europa. La economía social y solidaria andaluza debe ser alternativa a un modelo de capitalismo que viene de siglos, en la que la propiedad y la empresa privada, que ha gozado de innumerables privilegios políticos, han jugado un pésimo papel a la hora de contribuir al desarrollo socioeconómico andaluz.

Ante esta situación, nos parecen pertinentes las preguntas que en 1984 realizaba Maxime Haubert. «Si el cooperativismo es un sistema en el que los dueños de las empresas son los usuarios de las mismas, como productores o consumidores, ¿sería el cooperativismo una vía para que Andalucía sea dueña de sus recursos y actividades económicas y los dirija a satisfacer las necesidades prioritarias de los andaluces en materia de empleo, de vivienda, de alimentación, etc.? Si las cooperativas son empresas democráticas, responsables y solidarias, ¿sería el cooperativismo una vía para que haya en Andalucía más democracia, más responsabilidad y más solidaridad? Si las cooperativas son asociaciones en las que unen sus esfuerzos hombres y mujeres de los grupos sociales dominados y explotados, ¿sería el cooperativismo una vía para que no haya en Andalucía tanta dominación y tanta explotación?».

La economía social que impulsa Coop 57

Ahora bien, ¿qué economía social?, ¿qué cooperativismo? Durante estos últimos años son múltiples los tipos de cooperativismo y de modalidades de economía social que surgen en Andalucía. A muy grandes rasgos, se pueden encontrar, por un lado, un cooperativismo adaptativo o de mercado —como les llama Ángel Calle— compuesto por empresas que atienden a lógicas del capitalismo con una reducida democratización de la gestión empresarial. En estas iniciativas también estarían las que tienen por objetivo la defensa de los precios agrícolas. Por otro lado, estarían las iniciativas que pretenden caminar hacia un sistema socioeconómico alternativo, un cooperativismo transformador o economía social y solidaria autogestionaria que se dirige hacia una economía del «trabajo emancipado».

Desde Coop 57, se apuesta en mayor medida por estas últimas iniciativas antes que por las primeras. Las entidades que formamos parte de Coop 57 entendemos que la economía social debe huir del control del poder político y económico y apostar por generar unidades económicas de producción de bienes y servicios radicalmente democráticas, autónomas y sostenibles. Por tanto, Coop 57 es un medio, una herramienta para el impulso de otra economía y la transformación social en beneficio de los de abajo. Si tenemos en cuenta que el cambio es inevitable, la cuestión es hacia donde se dirigirá ese cambio, y frente a un futuro donde el autoritarismo y la desigualdad sean características esenciales, apostar por —como dice José Luis Carretero— «una economía igualitaria, participativa y democrática, donde la ciudadanía pueda decidir libremente cómo generar y hacia dónde derivar los recursos entre todos». En este sentido, la economía social y solidaria transformadora impulsa el control colectivo del excedente, por lo que sirve para reducir las marcadas desigualdades que caracterizan al capitalismo.

Cooperativistas que amplíen la «brecha»

A medio y largo plazo, el objetivo es hacer crecer la economía social y solidaria en Andalucía para que pueda convertirse en embrión de una economía poscapitalista. Para ello, entendemos imprescindible mantener su doble dimensión de sector socioeconómico y de movimiento social, y articular mercados sociales que sirvan para poder desconectar del mercado capitalista.

Además de financiación, desde Coop 57 tenemos claro una evidencia elemental: para que haya cooperativas, debe haber cooperativistas. En este sentido, nos parece muy útil guiarnos por los valores de los jornaleros andaluces (tal y como los han estudiado autores como Joan Martínez o Isidoro Moreno) para generar un buen funcionamiento cooperativo. Así, «la unión» —la cooperación, el apoyo mutuo y la relevancia de la comunidad ante la individualidad— es esencial para impulsar formas colectivas de ejercer el liderazgo y las relaciones horizontales democráticas. Por otro lado, «el cumplir» —la responsabilidad individual y el compromiso con uno mismo y con los demás— hace que no haga ninguna falta el control y la disciplina de las empresas capitalistas convencionales. Por último, «el reparto», pues ante la igualdad en «el cumplir», igualdad en «el repartir». Y es que frente a la desigualdad e injusticia del capitalismo, apostamos por el acceso en condiciones de igualdad a los medios de producción y a los resultados de su uso.

En definitiva, desde Coop 57 se desea impulsar esta «brecha en la sociedad capitalista», como la llamó K. Marx, y hacerla cada vez más grande. Promover iniciativas productivas donde cada persona trabajadora sea, a la vez, patrón de sí mismo y obrero, y donde se prescinda tanto del trabajo asalariado como de los empresarios capitalistas.

Para más info: http://www.coop57.coop/andalucia/index.php