Los Estados están aumentando su intervención en el sector energético para seguir alimentando la demanda con la quema de más combustibles fósiles. ¿Por qué hacen esto? ¿Cuáles pueden ser nuestras alternativas?
El sistema de producción capitalista se caracteriza por un crecimiento económico continuo y acelerado, y por la concentración de los medios de producción en unas pocas manos. Los dueños de los medios de producción pueden ser accionistas de empresas privadas, entonces hablamos de capitalismo de mercado o gestores de empresas estatales, y hablamos de capitalismo de Estado. Todas las economías actuales cuentan con diferentes grados de ambos tipos de capitalismo, según el peso del Estado en el control de los medios de producción. Los grandes capitalistas, y políticos a su servicio, optaron por la privatización de empresas estatales en la estrategia neoliberal puesta en marcha en los años setenta.
Actualmente, el modelo económico neoliberal está en crisis debido a diferentes factores entre los que destacan rivalidades imperialistas crecientes y la crisis energética. En particular, esta viene dada, de fondo, por una creciente carestía y encarecimiento del gas y el petróleo. Esta crisis está llevando a muchos Estados a aumentar su intervención en el sector energético. Se refleja en un aumento de ayudas a empresas energéticas privadas e, incluso, en la estatalización de algunas de ellas. Por ejemplo, el Gobierno alemán ha intervenido tres grandes empresas gasísticas y ha tomado el control de las refinerías de la petrolera rusa en Alemania. Por su parte, el Gobierno francés está aumentando su participación mayoritaria en la gran empresa Électricité de France (EDF). En el Reino Unido, son cada vez más las políticas que piden la renacionalización de las compañías energéticas, lo que ha llevado a que los mercados reaccionen muy negativamente ante el anuncio, ya rectificado, del nuevo Gobierno de bajar los impuestos pues debilita la capacidad de intervención estatal.
Las clases dirigentes pretenden asegurar las inversiones para controlar el suministro y los precios, de manera que la demanda energética pueda seguir creciendo. Tengamos en cuenta que el crecimiento económico capitalista está unido al aumento de consumo energético. En muchas ocasiones, estas intervenciones estatales se justifican por las consecuencias de la guerra en Ucrania, ocultando un panorama general de carestía energética y de materiales claves.
Estamos ante el inicio de un aumento de la intervención estatal en el sector energético para seguir quemando combustibles fósiles. Sin embargo, estos deben quedarse en el subsuelo si no queremos entrar en la fase de cambio climático brusco. Además, las multimillonarias ayudas públicas a energías renovables están concentrándose en el oligopolio energético al tiempo que provocan fuertes impactos socioambientales en multitud de zonas rurales. No obstante, a pesar de todos estos esfuerzos
estatales por seguir alimentando el crecimiento de la demanda energética, las limitaciones físicas en la disponibilidad de hidrocarburos conducirán al decrecimiento económico, es decir, crisis capitalista.
Frente a los modelos estatales ecocidas, tenemos que apostar por un reparto democrático de las riquezas como base para un decrecimiento económico responsable que ajuste nuestra huella ecológica al territorio biodisponible y mejore nuestra calidad de vida. ¿Cómo hacemos esto?
Creo que es importante que tengamos claro que los Estados capitalistas actuales son herramientas de poder político de las clases dirigentes. Por lo tanto, no podemos confundir la estatalización de una empresa con su control democrático. Para dotar a una empresa de control realmente público no basta con que esté gestionada por burócratas. Tiene que estar gestionada por su plantilla al servicio de la gente trabajadora.
Además, para repartir y decrecer democráticamente, es clave impulsar las luchas desde abajo, en nuestros barrios y centros de trabajo. Estas luchas construyen redes sociales de solidaridad y democracia que deberían pilotar el reparto decrecentista. En estos momentos, contamos con una gran oportunidad pues están creciendo las luchas que exigen que los costes derivados de la inflación se repartan entre clases sociales. Con la crisis energética de fondo, tenemos que dotar a estas luchas económicas de contenido ecologista, al tiempo que las unimos con las luchas feministas, LGTBI+, territoriales… Por ejemplo, los barrios de clase trabajadora con rentas más bajas en Sevilla sufren, habitualmente, cortes de luz por falta de inversión en la infraestructura eléctrica. Unas instalaciones gestionadas por Endesa, empresa cuya privatización comenzó un Gobierno del PSOE a finales de los años ochenta y culminó el PP diez años después. Estos cortes de luz han llevado a la movilización vecinal agrupada en la plataforma Barrios Hartos y ya han conseguido la renovación de infraestructuras por parte de Endesa, así como el pago de indemnizaciones a las vecinas afectadas por apagones.
Debemos apostar por un control público, desde abajo, del sector energético, que nos asegure suministro básico a precios asequibles. Pero no solo eso, también es clave que esta gestión pública reduzca la demanda energética global, y apueste por energías renovables de forma descentralizada y reduciendo al mínimo sus impactos socioambientales. Con estos objetivos, es importante un consumo energético responsable y, sobre todo, una producción responsable. Por ejemplo, hay que prohibir la obsolescencia programada que tanta energía y materiales malgasta.
La profundidad de la crisis sistémica actual requiere una orientación radical, realista y práctica. Desde un análisis científico, la superación del capitalismo aparece más urgente cada día. No nos engañemos, no hay producción capitalista social y ambientalmente sostenible, como no hay capitalismo sin guerras. Como dicen los movimientos sociales frente a la emergencia climática: «cambiemos el sistema, no el clima». Revolucionemos nuestra energía.
Una versión inicial de este texto fue publicada en El Salto.
