La plantilla del metro de Sevilla (unos 174 trabajadores y trabajadoras que cobrar unos 1200 euros al mes) ha estado movilizada los últimos meses, primero por un convenio colectivo digno que se firmó en septiembre tras varias huelgas y, ahora, para hacer frente a la represión empresarial. La punta del iceberg de esta represión son dos despidos arbitrarios y muchos expedientes injustificados. Entrevistamos a Antonio, delegado sindical de la CGT, para que nos cuente qué hay detrás de este transporte público tan conocido y, al mismo tiempo, tan opaco a la ciudanía.
Le preguntamos a Antonio quién gestiona la empresa Metro de Sevilla y nos llevamos la primera sorpresa, pues a pesar de ser un servicio público, «la Junta de Andalucía tiene un 12%, la mayor propietaria de Metro Sevilla es una empresa privada Globalvía cuyos propietarios son 3 fondos de inversión». En la página web de Globalvía podemos leer que sus accionistas son, desde marzo de 2016, como dice Antonio, los fondos de pensiones OPTrust (Canadá), PGGM (Holanda) y USS (Reino Unido). «Desde el punto de vista geográfico la presencia de Globalvia se desarrolla en España, EEUU, Irlanda, Portugal, Andorra, México, Costa Rica y Chile». En el Estado español tiene las concesiones de 7 autopistas y túneles, el Tranvía de Parla, los Transportes Ferroviarios de Madrid, la línea de Metro al aeropuerto de Barajas, Metros Ligeros de Madrid, los Tramvia Metropolità y del Besós en Barcelona, y el Metro de Sevilla. Antonio nos explica que «le hemos requerío a los partidos políticos que Metro de Sevilla esté gestionao por la administración pública, por la Junta de Andalucía, ya que es un servicio público». El Gobierno andaluz del PsoE fue el principal responsable de la privatización de este servicio público, «y ahora con el nuevo Gobierno andaluz de las derechas estamos notando incluso un poco más de dejadez».
Tras conocer quién gestiona nuestro Metro, le preguntamos a Antonio sobre su rentabilidad y volvemos a llevarnos las manos a la cabeza: «Metro de Sevilla es la corona de Globalvía porque es donde obtiene más beneficios. El 80% de los beneficios de Metro de Sevilla son subvenciones públicas que van directamente a Globalvía. Y el billete es uno de los más caros de España. Hay una gran cantidad de dinero público transferido a los fondos de pensiones privados de Globalvía que, al mismo tiempo, nos maltrata a la plantilla».
¿En qué se plasma este maltrato? «Desde que llegó Globalvia han recortado en las subcontratas de limpieza y seguridad. Nosotros, desde el comité de empresa, estamos en contacto permanente con el personal de limpieza porque han ido recortando su plantilla exigiéndoles cada vez más a quienes quedan y, claro, falta personal y la limpieza se resiente». Esta subcontrata y la de seguridad (que ha recortado cerca de un 70% de plantilla) están gestionadas por Ilunion del Grupo Social ONCE. Además, hay conductores, compañeros, que están tomando antidepresivos por el acoso de la empresa. Un caso que está provocando estrés y ansiedad, especialmente tras los últimos dos despidos y la apertura de los expedientes represivos. La empresa ha ido directamente a masacrar a la plantilla y a entrar en una política del miedo que no vamos a consentir, nos comenta Antonio golpeando una y otra vez la mesa de la cafetería donde nos hemos sentado para la entrevista.
¿Cómo hacéis frente a este terrorismo patronal, Antonio? El comité de empresa es multicolor. Estamos seis sindicatos y la parte del colegio de trabajadores, sin contar con la gente de oficinas. Somos una piña contra los dos despidos y los expedientes que acaban de hacer para atemorizarnos. Nos apoyan compañeros de CGT desde otras empresas como Tussam y Adif, que también son un servicio público. Estamos convocando concentraciones, denunciando en inspección de trabajo y planteándonos volver a la huelga. Le pedimos a los y las usuarias del Metro que comprendan que estamos luchando por la mejora de este servicio público, aunque a veces le inoportunen nuestras movilizaciones. Pedimos que lxs usuarixs se sumen y apoyen nuestra lucha que es la lucha por un transporte público accesible, democrático y de calidad».
