Los políticos del sistema venden el sector aeronáutico andaluz como una muestra de un nuevo modelo de desarrollo, impulsado con fuerza tras la crisis económica que comenzara en 2008. Según la Junta de Andalucía, el sector aeronáutico ha triplicado su facturación en los últimos 10 años, hasta los 2400 millones anuales; empleando a unas 14 500 personas directamente y a unas 45 000 de forma indirecta. Sin embargo, la realidad está muy lejos de los discursos de la casta política y los empresarios de la aeronáutica.
La precariedad laboral y la represión sindical se extienden por la aeronáutica andaluza como un cáncer. Manuel, trabajador y delegado sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT) en el sector aeronáutico nos explica que «sufrimos mucha precariedad. El sector está plagado de empresas de trabajo temporal (ETTs), intermediarios cuyo único cometido es ceder trabajadores de una empresa a otra y cobrar por ello. […] Las subcontrataciones son el gran problema del sector. […] Hay trabajadores subcontratados hasta tres y cuatro veces. Por ejemplo, Airbus subcontrata a la empresa Alestis, y esta subcontrata a LTK… Y todas incurren en cesión ilegal de trabajadorxs: solo mercadean con nosotrxs».
Esta política de subcontratación esconde una estrategia empresarial para dividir plantillas a las que intentan explotar impunemente, entre beneficios corporativos multimillonarios. Manuel nos explica: «Pasé seis años cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional y presionado para echar horas extras a cinco euros la hora. Jornadas a doble, y en algunos casos a triple turno en las que irte a tu hora podía significar pie y medio en la calle». A salarios indignos y jornadas laborales interminables se suman «contratos temporales de pocos meses continuados, y de obra y servicio durante más de cinco años». Además, el acoso y las amenazas laborales están a la orden del día: «Te acosan por exigir a la empresa lo que es su obligación: darte equipos de protección individual, uniforme o por notificar errores en la nómina». Y en este contexto de precariedad y explotación fuera de la ley, la inspección de trabajo mira para otro lado, cuando no colabora estrechamente con los empresarios.
Pero las plantillas se están organizando en defensa de sus derechos. Manuel afirma que «la unidad es la única vía para luchar. Por ejemplo, hace un mes la empresa quiso reubicar a 12 compañeros, nosotrxs interpretamos que eran despidos enmascarados por lo que decidimos convocar huelga indefinida. Tras cuatro días de movilizaciones, tres asambleas y cuatro reuniones con la empresa, conseguimos que seis trabajadores temporales (trabajaban 16 horas a la semana y ganaban unos 450 euros) pasaran a trabajar a jornada completa, a cambio de cambiar de centro de trabajo; siempre respetándoles la antigüedad y con una cláusula de no-despido. Otros seis compañeros cambiaron voluntariamente de centro de trabajo a menos de dos kilómetros del anterior». Estas luchas desde abajo van poniendo coto a los abusos empresariales y generando confianza en la lucha colectiva.
Toda esta precariedad y abusos laborales se dan, además, en un sector aeronáutico orientado, fundamentalmente, a la industria militar. Manuel piensa que «las administraciones públicas deberían buscar alternativas: programas civiles como los A320, A380, tecnología espacial… Bajo ningún concepto desarrollar una industria basada en quitar vidas». En este contexto, el apoyo por parte de los movimientos sociales antimilitaristas a las plantillas del sector en su lucha contra la precariedad es clave. Este apoyo construiría poder popular y permitía plantear, conjuntamente, alternativas de diversificación del tejido productivo. «La clave pasa por eliminar tantas subcontrataciones (normalmente los intermediarios son familiares de directivos de Airbus que crean su empresa y prácticamente se autocontratan) y con el dinero ahorrado generar empleo de calidad, invertir en I+D, y usar el tejido industrial aeronáutico para el desarrollo de programas propios de carácter civil».
