Su historia convulsa y la esperanza de reescribirla

COLOMBIA

Como sociedad colombiana hemos acumulado una historia que cada tanto, debido a eventos por lo general violentos, decimos que se divide en dos, como una mitosis cancerígena que deja siempre en una de sus partes un presente con una realidad compleja, como si se tratara de una metástasis de las desigualdades: esta espiral y la esperanza de romperla son la base para este remix espacio-temporal.

Desde su creación, Colombia ha sido un territorio en disputa. El criollismo asume en el siglo XIX una revolución burguesa por la independencia, una fuerza que finalmente se divide violentamente en bandos políticos que disputan el control del Estado. Desde ese entonces, esa pugna se materializa en guerra.

Un punto de partida que da cuenta de la espiral de confrontaciones, es la guerra de los Mil Días, que se produjo a finales del siglo XIX como un estallido resultado de las pugnas acumuladas; entre 1885 y 1902 se enfrentaron conservadores nacionalistas a liberales radicales. Hasta finalmente llegar a la paz en la que los conservadores ganaron.

Esa Colombia a inicios del siglo XX, una nación naciente con una identidad violenta, con un deje de colonialismo simulando soberanía, es el germen de desigualdades que se amplían en función del tiempo, generando una espiral violenta que se nutre de venganza, en la que las persecuciones, muertes, destierro y despojo son invariantes.

La polarización, una realidad en la que la desigualdad manda, un descontrol político, fraudes electorales generadores de violencia, la esencia violenta de la sociedad, la guerra y el acuerdo por una paz temporal, han sido elementos siempre presentes y determinantes para pensar en una inflexión que dé esperanzas y no un volver a empezar, momentos en los que se enuncia ese mantra de incertidumbre: «se partió la historia en dos».

Para 1948 la espiral reaparece con una persecución a líderes liberales y una apuesta por su eliminación. En la escena, Jorge Eliecer Gaitán, liberal radical que supo canalizar las angustias de las mayorías, un caudillo capaz de movilizarlas, que siendo candidato a la presidencia es asesinado el 9 de abril. Nuevamente, la «historia se partió en dos». Esta frase será el indicador de que las cosas no han cambiado para bien. La nueva guerra civil será conocida como la Violencia  y estará protagonizada por los nietos de los derrotados en la guerra de los mil días decididos a confrontar al Estado. La desestabilización territorial anima a que se firme un acuerdo de paz. En 1953 el líder guerrillero protagonista de esa paz, Guadalupe Salcedo, es asesinado.

En acción de supervivencia nuevamente, las guerrillas se organizan para consolidar territorios autónomos con un nuevo ingrediente: el comunismo que aviva las demandas campesinas. Nacen las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Para la misma época nacen otras guerrillas como el ELN, el EPL. La corriente de renovación socialista, el Quintín Lame y, posteriormente, el M19, cada una con un tinte propio de las tendencias de la izquierda internacional. Se mantuvieron activos por más de 20 años, presentes en la escena política en una confrontación directa con el Estado.

En respuesta a esta avanzada guerrillera, a finales de la década de 1970 reaparece un viejo actor: los comandos de ultraderecha o paramilitares, tal y como lo hicieron en la época de la Violencia. Con su bandera de autodefensa contrarrestaron a las guerrillas y protegieron a terratenientes, dejando una crisis humanitaria a su paso. En estos mismos años el narcotráfico asume control territorial, resignifica la economía, se aprovecha de la pobreza rural y permea el conflicto.

Antes de que finalice la década de 1980, se dan varias negociaciones con cada una de las guerrillas, una apuesta por la participación política. Sin embargo, la espiral violenta reabre su ciclo, surge la UP, Unión Patriótica, un partido que nace de los acuerdos entre el Estado y las FARC. Esta nueva fuerza se vuelve significativa en las regiones, hecho que no es bien visto por la derecha. Se da entonces el peor genicidio político en la historia, la UP fue exterminada. Finalmente las FARC y el ELN no firman acuerdos.

Los anhelos de paz contrastan con de la nefasta revolución cultural del narcotráfico de quienes asumen otra confrontación con el Estado, y, en medio de sus atentados, una movilización estudiantil propone una asamblea nacional constituyente, una transformación necesaria para sobrepasar un siglo de horror. Esta idea crece y se hace popular, sin embargo, en el preámbulo a la aprobación ciudadana y en la campaña electoral por la presidencia de 1990, caen candidatos que proponen un cambio estructural y un no rotundo al narcotráfico: Jaime Pardo Leal (UP), Bernardo Jaramillo Osa (UP), Carlos Pizarro (M19) y Luis Carlos Galán (Nuevo Liberalismo) son asesinados.

En 1991 se firma la nueva Constitución, la carta de navegación para un nuevo país. Para esa misma época el neoliberalismo se tomó la economía privatizando la salud, la educación, las telecomunicaciones; además transformó las políticas laborales y de bienestar social. Una crisis que a la par se refleja en una de las oleadas de violencia más complejas, una guerra de posiciones para la el control político y el narcotráfico, que a su paso dejó poblados destruidos, masacres, desplazamiento forzado y pobreza.

La década de 1990 marca nuevamente la necesidad de paz. Esta vez la propuesta es pacificar partiendo de la doctrina de la seguridad. Con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos y con el pretexto de una guerra antidrogas se expande la operación contrainsurgente sin precedentes el Plan Colombia.

Este fenómeno de seguridad como principio se desarrolló durante la primera década de los 2000, el paramilitarismo firmó su paz, sus líderes fueron extraditados y la verdad sobre sus crímenes sigue siendo esperada; en paralelo, cambia el escenario de conflicto y en medio de un nadie gana, se empieza la negociación con las FARC.

En 2016 el acuerdo de paz es firmado, sin embargo a partir de 2018, cuando la ultraderecha vuelve a la presidencia, se desacelera la implementación y crecen las cifras de muertes de firmantes y de líderes sociales, lo que muestra que la guerra sigue. Se agrupan nuevos actores armados, la espiral vuelve a empezar, esto genera que fuerzas sociales se manifiesten por la paz y por los derechos, se hacen llamados a la unidad y la movilización.

Al final de 2019, juventud y comunidades se unen en un gran paro nacional que se mantuvo hasta inicios del 2020, momento en el que se suman las medidas de control social debido a la cuarentena por la pandemia de la covid19, acentuando la angustia social. La precariedad de los servicios de salud se hizo evidente. Bajo la figura de la salud pública, la prevención se hizo bajo el control militar.

Se genera crisis, queda en evidencia el descontento social, un acumulado que en abril de 2021 genera un gran levantamiento popular. Durante meses se presenta una confrontación continua que deja cientos de víctimas por violaciones de DDHH. Se le dio un tratamiento de terrorismo a la protesta, el Gobierno perdió legitimidad y algunos gobernantes locales asumieron la negociación para generar soluciones a las demandas.

Luego vienen elecciones parlamentarias y presidenciales. La fuerza del paro se fue canalizando hacia las campañas más coherentes con su sentir, se perfilaron figuras locales que, desde su liderazgo, canalizaron fuerza electoral para ganar suficientes curules en el Congreso. Este es un indicador para afianzar una campaña por la presidencia que sume: experiencia, lectura de país, capacidad de negociación, liderazgo social, participación y representar a los sectores más vulnerables. Así surge la candidatura de Gustavo Petro y Francia Marquez, una dupla de ensueño para los movimientos sociales con una simbología distinta y más cercana a las marginalidades.

El lema es «vivir sabroso», un entramado de cosas que aún no asimilamos, pero que estamos dispuestos y dispuestas a entender; a sacar a flote muchos saberes que pretendieron borrar en más de doscientos años de colonialismo disfrazado de soberanía; por la vida y en memoria de todas esas víctimas de la guerra, del racismo, del machismo y, sobre todo, del capitalismo y su más maquillada forma el neoliberalismo.                    

Luego de años de mucho trabajo, pasamos de las calles a las urnas, hemos ganado esta vez. Sentimos que el que gobierna es el pueblo y se viene una gran tarea para mantener este sentir; fortalecernos y no dejar que nos arrebaten esta dignidad que estamos estrenando: llegamos para quedarnos y hacer de nuestros territorios escenarios de la vida soberana.

Violencia y racismo institucional

Asilo en el Estado español

Hace ya años que vemos cómo el espíritu de la «Europa fortaleza» queda representado en el Estado español de un modo paradigmático. Son muchos y muy vergonzosos los hechos que reflejan como España se acoraza cada vez más para impedir la llegada a suelo europeo a quienes migran hacia este territorio. Según Caminando Fronteras, que monitorea las muertes en la frontera occidental euroafricana desde 2016, fue en 2021 cuando más muertes se registraron. Las políticas de control y militarización que han dificultado el paso entre África y Europa a través del Mediterráneo han desplazado el flujo migratorio hacia el Atlántico. Esto se traduce en rutas migratorias cada vez más peligrosas y mortíferas.

En cuanto a quienes sí consiguen llegar y solicitan protección al Estado español, según datos de Cear publicados en abril de este año, en 2020 tan solo se resolvieron favorablemente el 5% de las solicitudes de asilo, y en 2021, el 10,5%. Y, como decimos, estos datos solo hacen referencia a aquellas personas que sí consiguen presentar su solicitud, porque lo cierto es que existen enormes obstáculos tanto para llegar, como para pedir refugio. Es necesario detenernos en estos últimos, brevemente, para entender que no son fallos remediables del sistema de protección, sino que, muy al contrario, forman parte de una política migratoria racista cuidadosamente diseñada por el Estado español.

El primer gran obstáculo al que se enfrentan las personas que buscan protección internacional en España es la obligación de estar aquí para presentar su solicitud. Esta obligatoriedad, unida a las políticas de la Europa fortaleza que tienen como objetivo impedir el paso de lxs migrantes, tiene como consecuencias la muerte de cientos de miles de personas. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la externalización de fronteras, que consiste en la contratación por parte de un país de destino de migración del servicio de control de sus fronteras a otro de tránsito o de origen de la misma. En el caso del Estado español, se han formalizado alianzas de este tipo con algunos Estados del África negra, como Senegal, y con la mayoría del norte de África, siendo la más evidente la llevada a cabo con Marruecos. En la frontera entre este país y Melilla, la gendarmería marroquí impide a las personas negras acercarse al puesto fronterizo y, por tanto, a la Oficina de Asilo y Refugio en la que podrían solicitar protección legal. Es por ello que, en las imágenes de los saltos de la valla, siempre vemos a personas negras. En cambio, las personas blancas o magrebíes, pueden acceder al puesto fronterizo y pasar pagando a traficantes o mafias, una figura, esta última, que conviene no simplificar si queremos comprender la realidad de la que forma parte: las migraciones y el cruce ilegal de fronteras. Entre lxs pasadorxs hay personas que acompañan a lxs migrantes por el peligroso Sáhara camino de las costas de Libia, que fletan pateras, que ofrecen pasaportes falsos, que dan instrucciones de cómo vestirse o cambiar el acento para pasar ilegalmente por puestos fronterizos legales, etc. ¿Que lo hacen con ánimo de lucro y en contextos donde la vida y la integridad física de las personas están en peligro? Sí. No pretendemos ofrecer una imagen naif o romántica de este gremio, dentro del cual también hay personas con una absoluta falta de ética, que estafan a lxs migrantes o llevan al límite de forma temeraria situaciones ya de por sí riesgosas. Sin embargo, sí es importante constatar el hecho de que no son ellxs, sino las políticas migratorias racistas como las ya descritas, las que empujan a las personas migrantes a poner sus vidas en peligro. En todo caso, el Estado español (así como muchos otros del norte global) encuentra en el traficante a un chivo expiatorio ideal para el que reserva penas de prisión en su «delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros» (artículo 318 bis del Código Penal). Puro cinismo.

Una vez salvado este primer obstáculo, hay que acceder efectivamente al procedimiento, lo cual no es una tarea nada fácil. Hasta hace un par de años, cuando una persona quería pedir asilo, se dirigía a la policía, con todo lo que implica eso para alguien que se encuentra en situación irregular, y, de viva voz, manifestaba su voluntad de solicitar protección internacional. En ese momento, se le daba una cita para que acudiera de nuevo a los pocos días a realizar una entrevista en la que expusiera los motivos que fundamentaban su solicitud. Sin embargo, después del estado de alarma, toda interlocución con la Policía debe ser con cita previa, incluido el primer paso, y aunque a primera vista esto podría parecernos una oportunidad de ordenar el procedimiento y ser más eficientes, lo cierto es que estas citas son muy difíciles de conseguir. Cada jefatura provincial libera unas pocas cada semana (en una web sin traducción disponible), sin especificar cuándo lo hace ni publicar dicha información en ninguna parte. Lxs abogadas especializadxs y ONGs, que tienen un canal estrecho de información con la policía, las agotan en cuanto salen, lo que obliga al resto de personas a permanecer a la espera de protección por tiempo indefinido.

Además de todo esto, hay que tener en cuenta la siguiente arbitrariedad: la política de concesión o denegación de protección depende en muchos casos de la estrategia geopolítica que el Gobierno español tenga en el momento. Es decir, sus intereses y los acuerdos que haya alcanzado con un determinado país afectarán a las personas solicitantes de protección nacionales de dicho país. Un ejemplo de ello es el caso de Mohamed Benhalima, un exmilitar y popular activista anticorrupción que huyó de Argelia y solicitó protección internacional en España, coincidiendo con una importante negociación entre ambos países sobre el suministro de gas. Finalmente, fue utilizado como moneda de cambio y expulsado a Argelia de forma acelerada, sin que la Administración respetara su derecho a la defensa ni cumpliera normas procesales esenciales. Recientemente ha sido condenado a muerte en Argelia.

Por último, no queríamos dejar de mencionar la falta de dotación presupuestaria para los recursos de acogida, que están constantemente colapsados y, en muchos casos, dejan a personas vulnerables en una completa indefensión.

Sin embargo y pese a todos estos obstáculos, la reciente invasión del Gobierno de Putin sobre Ucrania, con la consecuente salida del país en busca de refugio de sus habitantes, ha dejado de manifiesto que, cuando interesa, las cosas pueden hacerse de otro modo. Se ha demostrado una vez más que, según el origen de la persona que solicita protección, se aplica un trato diferencial, contribuyendo a crear refugiadxs de primera y de tercera al ofrecer en este caso un acceso privilegiado al sistema de protección a quienes huyen de Ucrania. Y no es que queramos reducir el derecho a refugio únicamente a quienes huyen de una guerra de bombas y disparos. Creemos que existen otros tipos de conflictos y problemáticas que impiden el desarrollo de una vida digna, y por supuesto exigimos el derecho a la vida y el respeto de los derechos a todxs aquellxs que migran, sea por el motivo que sea.

Pero pasa que, en el caso de guerras o conflictos armados, la comparación se hace muy evidente. A quienes, por ejemplo, huían de la guerra de Mali se les denegaba el asilo en el 90% de los casos en 2020 (en 2021 esto cambió y afortunadamente se concedieron el 82% de las peticiones realizadas por maliensxs). Lo mismo ocurría con una de cada tres personas que huían de Afganistán en 2021, año de la llegada al poder de los talibán. Y a unx de cada cuatro en el caso de lxs sirixs. Sin embargo, en el caso de Ucrania, se ha aplicado una directiva (el artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE de protección temporal), facilitando su acceso al sistema. Esta directiva nunca ha sido aplicada a otras personas que huyen también de otras guerras. Y no solo eso, todo el sistema de protección internacional se ha visto reforzado (más dinero, más plazas, menos trabas burocráticas), pero solo para quienes llegan de Ucrania.

En definitiva, y sin habernos detenido en todos los obstáculos que integran la política de asilo, queda de manifiesto que se trata de un sistema concebido desde el racismo institucional, la arbitrariedad y la injusticia. Elementos muy lejanos de la ola de solidaridad y el talante acogedor que quieren vendernos cada cierto tiempo medios y políticxs, discurso con el que ocultan las verdaderas prácticas violentas e injustas de Europa y el Estado español.

Frente a ello, nunca debemos perder de vista las iniciativas y luchas de la militancia antirracista y la sociedad civil organizada en defensa de las personas migrantes. Como, por ejemplo, #DirectivaMigraParaTodas: una campaña ciudadana que aplaude la iniciativa llevada a cabo con lxs ciudadanxs ucranianxs y reivindica el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en España y Europa, reclamando que esta directiva se aplique a todas las personas independientemente de su origen.

Menos derechos para las más vulnerables

La pandemia ha dejado ver que en este sistema todas las personas no somos tratadas de la misma manera, al igual que no todas tenemos los mismos derechos ni deberes. Hace ya dos años que la covid-19 entró en nuestras vidas, junto con confinamientos, test de antígenos, mascarillas, aislamiento social y desconfianza de quien no sigue las «normas establecidas». Un sinfín de palabras que han cobrado una cotidianidad tal que en estos momentos parece que hemos vivido con ellas más de lo que nos parece.

Soy la responsable de una residencia para personas con trastorno del espectro autista. Es una residencia pequeña, actualmente viven catorce personas entre los 21 y 53 años, aunque durante varios meses de la pandemia llegamos a las dieciocho.

Comenzamos a funcionar en septiembre de 2019. Gestionar una residencia es una tarea compleja, ya que son recursos pensados para personas mayores con un enfoque asistencialista en su máxima expresión; para nosotras empezar este proyecto ha sido y es un reto en varias dimensiones.

La primera, y a la que dotamos con especial valor, es la de poder ofrecer apoyo a las personas, con una visión respetuosa, manteniendo al máximo posible las rutinas que tenían en sus anteriores hogares, respetando sus gustos e intereses y, en todo momento, apoyándolas en función de las necesidades vitales e individuales de cada una de ellas. Todo este planteamiento lo llevábamos meses planificando, ajustando y midiendo junto a las personas, sus familias y las profesionales que las apoyan en el día a día. Este es el trazado base desde donde queríamos partir, ya que consideramos que es la manera de acompañar un cambio vital tan importante como el de emanciparse. Y es en este punto donde empezamos a chocarnos con la realidad, una realidad que implica que el acceso a un recurso residencial significa que vas a tener menos oportunidades que el resto de la población de tu misma edad.

Con solo seis meses de funcionamiento llega la pandemia y trae consigo normativas semanales que, no solo no respondían a las necesidades de los diferentes centros, sino que acarreaban una serie de normas burocráticas y sanitarias que, para poder ser llevadas a cabo, requerían de una serie de recursos humanos, técnicos y materiales que las residencias no podían asumir. Estas normativas han cambiado a lo largo de la pandemia con tal rapidez que ha sido imposible dar una respuesta eficaz a todas ellas, lo que ha generado muchísima frustración por parte de las personas que de alguna manera gestionan y trabajan en estos centros, imposibilitando el tener una actitud proactiva y erosionando la confianza de que se están ofreciendo a las personas apoyos ajustados a las necesidades de seguridad y salud que cada situación de la pandemia ha requerido.

La segunda dimensión, y no por ello menos importante, sobre la que queríamos construir este proyecto son las relaciones que se generan con la convivencia, no solo de las personas que allí habitan, sino también entre las profesionales y las personas a las que apoyan. Es un entorno privado, donde la labor de las profesionales es acompañar procesos muy vitales. Además, es un trabajo de amplio calado vocacional, pero también uno que requiere de un alto grado de empatía. A las personas con autismo les cuesta en muchas ocasiones, por no decir la mayor parte del tiempo, comunicar sus necesidades de una manera adecuada, por lo que el trabajo de las personas que los apoyan requiere de una buena capacidad de observación y conocimiento de la persona.

Podríamos decir que es un trabajo que requiere de un estado mental saludable. Para una parte de la población que ha asumido el discurso de romantización de la pandemia, el confinamiento fue parar, respirar, tener un descanso. Para las profesionales de servicios calificados como de primera necesidad o prioritarios, ha sido cansado, extenuante y ha puesto mucho en juego su salud mental. Estas trabajadoras, durante estos dos años, han tenido que doblar turnos por los imprevistos de salud que surgen continuamente; han tenido que ver a las personas que apoyan, y a las que quieren, enfermar o morir; han visto cómo sus compañeras se veían afectadas de covid-19 y aun así tener que seguir ofreciendo apoyo, sin ni siquiera tiempo para pararse a llorar por la situación que estaban viviendo, lo que ha generado en estas personas muchísimo estrés e incertidumbre.

Para las personas que allí viven, ha sido un verdadero horror: no ver a sus familias en meses, no entender por qué sus rutinas se rompían, por qué tenían que convivir con una serie de medidas que el resto de la población solo mantuvo unos meses; por qué no podían ir de vacaciones, salir a cenar con sus familias, disfrutar de espacios de ocio tanto en interior como en espacios abiertos. Las personas que viven en entornos residenciales han tenido que permanecer en ellos, con restricciones en su propio hogar, llevar mascarilla en todos los espacios, sin poder acercarse a sus compañeras, aisladas en habitaciones por cualquier sospecha de contagio y con medidas insufribles para ver a sus familiares, o a su familiar, ya que durante mucho tiempo solo pudo ser uno por razones de seguridad. Para una persona con autismo es muy difícil entender por qué las personas que le apoyan en su día a día tienen que ir con monos, gafas y pantallas, lo que hace difícil reconocer a la persona que la acompaña en actividades tan íntimas o privadas como puede ser una ducha, una cena o ir a la cama.

Entiendo que este tipo de medidas se mantuvieran, el riesgo de que en un entorno residencial se den casos de covid-19 es muy alto y es muy difícil de gestionar, ya que mantener burbujas de convivencia y aislamientos para evitar los contagios son un auténtico reto diario para las personas que trabajan en estos entornos, pero es importante que de alguna manera se reflexione sobre el hecho de que, en pos de la seguridad de las personas, se ha jugado con otro tipo de derechos. Y esto es debido a que este sistema no da respuesta a las necesidades de cuidados de nuestros mayores y de las personas más vulnerables, como, en este caso, personas con autismo.

Las medidas establecidas no contemplan a personas que no entienden la distancia social, que tocan a las profesionales y compañeras, y que tanto apoyo necesitan en las actividades de autocuidado. Estas medidas tampoco contemplan que la responsabilidad de la salud de esas personas está en profesionales cuya guía es apoyar a la regulación emocional, y que hacer ese trabajo a distancia y sin contacto es casi imposible.

Ya antes, el sistema no respondía coherentemente a esta situación sanitaria ni ofrecía una calidad de vida a las personas que están en entornos residenciales: imagínense como ha podido responder este sistema en medio de una pandemia. Ha respondido cargando a las profesionales de los centros con mucho trabajo burocrático, con normas de compleja ejecución, con medidas sanitarias poco realistas porque no tenían en cuenta la diversidad de la población que se encuentra en entornos residenciales.

Un sistema que cuida a sus mayores y a las personas con discapacidad, empieza cuidando los servicios que presta; empieza por ofrecer sueldos dignos a sus profesionales, por permitir en las normativas contratar gente con diversidad de titulaciones que respondan verdaderamente a las necesidades vitales de las personas en situación de dependencia; empieza por mejorar o dar más apoyo a los centros de salud que tienen como responsabilidad la salud de estas personas; dota de recursos necesarios para una gestión de calidad, acompañando a cada persona a seguir desarrollándose hasta el final de sus vidas.

Es de vital importancia que empecemos a repensar los recursos sociales que acompañan la vida de personas, ya sean mayores, migrantes, menores en acogida o personas con discapacidad. Estos recursos deben, ante todo, ser humanos y responder a las necesidades individuales por las que atraviesa cada persona en su momento vital. Estos recursos deben contar con profesionales específicos y formados, no solo profesionales dedicados a los cuidados asistenciales tradicionales; se necesitan educadoras, integradoras sociales, mediadoras comunicativas, psicólogas, pedagogas e incluso me atrevería a decir que maestras, ya que todas sabemos, y la ciencia nos demuestra, que a lo largo de nuestra vida seguimos teniendo proyectos y sueños que cumplir. Demos a nuestras personas más vulnerables lo que por derecho se merecen: una vida feliz y digna.

La pandemia ha servido de mecanismo alienador dando como resultado una sociedad más individualista, donde las más vulnerables son las más olvidadas.

El periodismo feminista no va solo de contenidos

Tras once años de trayectoria, Pikara Magazine trabaja para consolidar que la estructura del proyecto periodístico integre los valores sobre los que escribe.

«No había una conexión entre lo editorial y lo administrativo». Este problema, descrito por Tamia Quima, una de las coordinadoras de Pikara Magazine durante una de las mesas del II Congreso de Periodismo Feminista Lucía Martínez Odriozola, resume uno de los principales retos a los que se ha enfrentado la revista Pikara Magazine.

El haber nacido hace once años sin ninguna pretensión económica y sin nada que pudiese pensar en un posible proyecto empresarial (no necesariamente capitalista, sino un proyecto que tuviera ingresos y gastos) arrastró un desbarajuste contable que lastraba la organización de la revista. La apuesta por pagar las colaboraciones periodísticas desde el principio generó una contabilidad y unos movimientos bancarios que era preciso gestionar con rigor y profesionalidad. Si los textos publicados en Pikara Magazine siempre han tenido calidad periodística (y no es falta de humildad, sino una lectura objetiva de los reconocimientos recibidos), no era lógico que lo hubiera detrás fuera algo así como amateur. Hasta que llegó Tamia Quima, como ella siempre explica, para organizar la base de datos de suscriptoras. Desde entonces, hace tiempo ya, sus tareas son casi inabarcables e imprescindibles.

Pikara Magazine es un proyecto periodístico que ahora mismo emplea a cinco personas: tres periodistas, una administrativa y una diseñadora. Vivir de una revista autogestionada, con un código ético fuerte respecto a la publicidad, por ejemplo, implica un fortalecimiento organizativo acorde con la mirada feminista implícita en los artículos publicados. Porque no tiene sentido hacer reportajes sobre cuidados, condiciones laborales, ansiedad o estrés y, por detrás, estar viviendo en un ambiente laboral desquiciado. La conexión entre lo editorial y lo administrativo es fundamental. Porque el feminismo no puede ser solo una lectura entretenida, ni una suma de clics, el feminismo es una manera de estar y de relacionarse. Y en eso está Pikara Magazine, en tratar que las prácticas feministas definan al proyecto en su conjunto.

«Publicar un artículo no es solo escribirlo y editarlo. Sino que hay que pagarlo y hacer los trámites con Hacienda. Y nunca se tiene en cuenta el gasto de la gestión administrativa, es una área que debe estar integrada. Es importante que se vele por lo editorial, pero hay más», expuso también Quima en la mesa redonda del congreso titulada «¿Qué puede aportar la perspectiva feminista a la sostenibilidad de un medio de comunicación?», en la que participaron periodistas de La Marea, El Salto y La Directa.

A LO PRÁCTICO

Pagar pronto a las colaboradoras (como máximo hay una demora de 15 días), contestar todos los correos, ser amable en las gestiones, intentar colaborar con diversos proyectos, estar implicadas en la vida del barrio bilbaíno en el que se encuentra la redacción, la horizontalidad en la toma de decisiones, la igualdad de sueldos para todas las trabajadoras, colaborar y no competir con otros medios, son algunos de los principios básicos que rigen a Pikara Magazine. Unos principios que han hecho que la revista forme parte desde hace unos meses de la REAS-Euskadi, la red de economía alternativa y solidaria. Como hacen desde esta red, pensar las relaciones económicas desde parámetros diferentes al mercado capitalista y neoliberal es una tarea a la que también se le dedica tiempo. Y es que la revista trabaja con organizaciones en las que se sabe que ha habido conflictos laborales denunciables; compra los materiales (desde papel higiénico a folios) en las tiendas del barrio; tiene el contrato de la luz con una cooperativa de consumidoras y consumidores, Goiener; los envíos de los materiales en papel se hacen con la empresa pública Correos, excepto los de Bilbao donde la encargada es una cooperativa de transporte sostenible, Botxo Riders.

Hablar de perspectiva feminista en la sostenibilidad de un medio de comunicación es hablar de cuidados. Este concepto, tal vez manido e incluso puede que vacío de contenidos en según qué contextos, no se puede aparcar en un proyecto como Pikara Magazine. Es verdad que en la lógica de la inmediatez y en la trampa del entusiasmo que denuncia Remedios Zafra en las que vive la sociedad actual es complicado que el trabajo no aparezca en el tiempo libre o de descanso; es difícil también escapar de la autoexplotación cuando se practica el autoempleo; y es compleja la desconexión cuando las redes sociales, y todas sus interacciones, son las ventanas de un medio de comunicación al mundo.

A pesar de las contradicciones inherentes a cualquier proyecto, por ahí está intentando andar Pikara Magazine, por el camino del respeto con la vida y los tiempos de las trabajadoras. La confianza mutua hace posible, por ejemplo, que los horarios de trabajo, más allá de unas necesidades firmes y concretas como reuniones o cierres editoriales y de proyectos, sean flexibles, que el teletrabajo sea una opción no solo pandémica y que no haya que entregar bajas médicas cuando alguien tiene un mal día. Sin olvidar la ausencia de jerarquías: remar juntas siempre es más placentero.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

«Ahora fluye más la información y todo el mundo participa en la toma de decisiones», dijo también Tami Quima en el II Congreso de Periodismo Feminista. La integración y conexión entre las áreas de administración y editorial, hecho realmente efectivo hace dos años, ayuda a planificar mejor las tareas anuales. ¿Cuántos monográficos se van a publicar este año?, ¿qué presupuesto tienen?, ¿de qué temas serán? son preguntas con respuesta en enero. ¿Hay dinero para invertir en las tareas de difusión?, ¿cuándo es mejor realizar una campaña de socias o una promoción en la tienda online?

La mejora en la organización interna de Pikara Magazine ha provocado que este año la revista cuente con su primera memoria de sostenibilidad, realizada con Nerea Azkona, de AIEDI Faktoria, un documento que recoge la información no financiera de más de una década de actividad y la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda 2030. Puede parecer muy rimbombante, pero al final es lo expuesto en este artículo pero siguiendo una estructura concreta.

Los retos son varios: la ampliación del equipo, la mejora salarial y la creación de una nueva web tal vez sean los más claros. De momento, el próximo paso es ser una cooperativa sin ánimo de lucro.

Aunque la asesoría con la que trabaja Pikara Magazine defienda que ser una asociación sin ánimo de lucro es una figura jurídica acorde con la actividad de la revista, el anhelo de ser una cooperativa ha sido una constante en el equipo de coordinación. Una vez consolidada la estructura, comprobada la sostenibilidad de un proyecto que nunca ha tardado en pagar una factura más de un mes y fortalecidas las tareas de coordinación y toma de decisiones, es hora de que Pikara Magazine sea una cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro. Está claro que los papeleos serán más y tal vez los impuestos suban, pero la coherencia entre discurso y práctica no admite demoras.

El próximo paso ya está en la mente: que las colaboradoras habituales sean parte de la cooperativa y que eso conlleve una mayor seguridad jurídica para las que sean freelance. Que Pikara Magazine no sea solo un medio más en el que publicar y facturar, sino que sea un espacio de cuidado mutuo, apoyo y que aporte beneficios también en lo laboral y en lo fiscal. Que el entusiasmo, vital para vivir y sobrevivir, no sea una desventaja en un panorama mediático que a la par que publica más contenidos con mirada feminista sigue precarizando a las periodistas. Pikara Magazine no es ajena al contexto, pero trabaja por deshacer esas ataduras que hacen viables proyectos en una sola parte del engranaje, la editorial. Ya lo dijo Tamia Quima, hace falta conexión entre lo editorial y lo administrativo.

EL COMPÁS INVISIBLE

Es un no parar. Raro es el mes en el que no se publica un libro sobre los verdaderos orígenes del flamenco, que algunos encuentran en Damasco y otros en la escuela bolera. Rara es la semana sin que alguien reivindique el cante como una de las esencias de su patria, que puede ser Andalucía, España o una nueva república cantonal. Raro es el día sin un arrebatado tuit que da por sabido el expolio hondo de los payos a los gitanos y pasa a explicar cómo fue el supuesto proceso: tal día nos quitaron este acorde; una semana después, la forma de tocar las palmas.

Debe de ser emocionante sentirse parte de algo así (una epopeya, una patria, un pueblo, una cultura, una raza…) y sumar tus pulsiones personales a un caudal antediluviano. El problemilla, en lo que al cante y su historia se refiere, es que muchas de esas personas suelen erigirse en interlocutoras desde el papel de víctimas (aunque lo sean, acordemos que uno no es víctima todo el rato ni en todas las discusiones), y esa es una circunstancia que nos ha desarmado en los debates teóricos a los que (parece ser que) no lo somos, porque siempre hemos preferido equivocarnos o callar en favor de las víctimas antes que en contra de ellas. Así que en el flamenco, henchidos de solidaridad y sentido de la reparación histórica, hemos acabado tragando gigantescas ruedas de molino musicológicas.

Porque a ti te dicen «me han robado el flamenco» y respondes «coñe, pues vamos a intentar devolvértelo». Te cuentan que el cante forma parte del corazón de una nación oprimida y te emocionas porque lo reivindiquen como un artefacto libertador. Te explican que Ziryab inventó la guitarra flamenca, pero que nos lo han ocultado en favor de don Pelayo, y te sientes inevitablemente furioso con el segundo y embriagado por el primero. Cada una de esas reacciones quizás te conviertan en mejor persona, pero contribuyen, de forma paradójica, a seguir socavando la dignidad de los pueblos a los que supuestamente se pretende reivindicar porque esquivan las profundas verdades sociales, políticas y materiales del asunto. En Historia hay que cerrar la navaja de Ockham porque no, la respuesta más sencilla no es la más probable.

Convengamos, llegado este punto, en que nadie sabe muy bien qué es el flamenco, lo cual, si lo miramos con niña curiosidad, es maravilloso. El objeto de estudio que nos ocupa esquiva toda caracterización fácil, así que no es de extrañar que su esencia sea tan voluble en manos de unas y otros. ¿Cómo de importante es el sistema musical a la hora de definir el género? ¿Es más significativo, en cambio, el modo expresivo, la estética o la intención artística? ¿Ponemos el foco en el baile, antes que en el cante o el toque? ¿Dónde queda la literatura popular flamenca, tan representativa del estilo? ¿Consideramos parte fundamental del género, también, ciertas actitudes o tipos psicológicos? ¿Nos fiamos de las escasas fuentes documentales o tiramos de epistemología folclórica? Existen miles de preguntas modelo, algunas muy fáciles, que tirarían por tierra casi cualquier teoría hecha o por hacer sobre los orígenes del flamenco, y eso no puede ser buena señal. Quizás nos acusen de exceso de relativismo, pero es que hay que quitarle cierta solemnidad a los que explican la cuna del cante porque, de partida, ya saben qué es el flamenco, ¿no os parece?

Además de desconfiar de toda certeza, sin embargo, también podemos animar el debate con aportaciones que ayuden a comprender el contexto en el que nació el flamenco (lo que quiera que ello sea) y que conduzcan las miradas, de paso, hacia la realidad social de sus pueblos protagonistas. En este sentido, nos vemos obligados a fajarnos en un terreno demasiado prosaico para lo acostumbrado en el mundillo, porque tenemos que hablar de dinero. Dinero como papel moneda de toda la vida, como salario y como necesidad; pero también dinero como metáfora de las dinámicas de clase que subyacen en el flamenco, como recordatorio de los usos de la sociedad capitalista en la que nació y como símbolo, aunque simplificador, de los tipos de acercamientos que echamos en falta a la hora de hablar de la historia del cante: el materialista, el político, el desmitificador.

Una mirada de este cariz, por ejemplo, no desdeñaría que el flamenco, género cristalizado en el siglo XIX, es hijo de un sociedad proto-industrial que se reprodujo en otros sitios al mismo tiempo y que parió productos similares. El jazz, el tango o el fado son músicas populares urbanas que beben de unos pueblos y unas tierras, por supuesto, pero que nacen a la vera de grandes puertos mundialmente conectados, repletos de una nueva clase social, el proletariado, que trasegaba mercancías y culturas, que consumía alcohol y arte, que necesitaba alegría y consuelo. Para entender el sustrato flamenco, pues, podemos mirar a Nueva Orleáns, Buenos Aires o Lisboa, y sumar a la investigación otros productos que surgieron para dotar de una cosmovisión a ese sujeto en ciernes que había dejado atrás el campo y su cultura. El espiritismo, tan estrafalario ahora pero tan curioseado por los anarquistas, por ejemplo, no era más que un amago de sustituir la religiosidad tradicional por algo más moderno, científico, elevado. Ese gesto y ese contexto en el cual se sublima una artefacto sociocultural (religioso, en este caso) son los mismos que quizás lleven a transformar un fandango folclórico en un fandango flamenco. Y si todo esto parece excéntrico, que puede ser, considérese que Sevilla, Cádiz o Jerez fueron, al fin y al cabo, como las ciudades antes citadas: puertos importantísimos de una potencia colonial (en decadencia, cierto, lo cual quizás también confiera carácter), sociedades que sufrieron los embates de la industrialización y zonas donde el socialismo de diferente tipo tuvo una fortísima implantación, llegando incluso a viñas y olivares. No digo que todo ello sea más responsable del flamenco que el poblamiento musulmán de la península, pero les aseguro que no lo es menos.

Con todo, una mirada materialista sobre el origen del cante no debería quedarse solo en aspectos supraestructurales, sino leer la historia al nivel del estómago. Se ha hablado siempre, acertadamente, de que el profesionalismo fue fundamental para el nacimiento del flamenco, puesto que la competición por el favor del público (y por el destino de su dinero, por tanto) alentó las carreras creativas, los experimentos, refritos y versiones, el perfeccionamiento técnico, etc. Y es verdad, pero creo que aún no se ha puesto suficiente énfasis en el modelaje que el consumidor de flamenco realizó sobre los modos expresivos del cante, dejando a un lado su consabido filtro sancionador de palos, estilos y nuevas fórmulas. Aunque es un tema complejísimo y delicado, que espero apuntar con el respeto que merece, baste una anécdota que contaba Chocolate para plantearlo: los días que, siendo joven, se encontraba descansado porque había conciliado el sueño con la barriga llena, un señor que le compraba el cante le encontraba más frío, menos expresivo. Cuando cantaba hechecito polvo por el hambre, en cambio, su flamenco era considerado excelso y le recompensaban por ello. Ese discreto y terrible influjo de la burguesía en el arte de los pobres es rastreable en otras partes del globo, pero, en el caso de las producciones gitanas, lo he presenciado en directo en el Festival de Guca. Se trata de un rincón de Serbia donde, a buen seguro y sin ánimo de establecer paralelismos fáciles, encontramos un pliegue geográfico, civilizatorio e histórico muy similar al de la España moderna. Allí, en medio de un tremendo galimatías de naciones, razas, culturas, proyectos políticos, modos de vida y formas de honrar a dios, se desarrolla cada año un formidable encuentro de bandas balcánicas. Y allí, como al Chocolate, también pagan mejor a los gitanos más castigados por la vida que tienen un estilo más patético o estrambótico. Según me dijo uno de ellos: «si te faltan dientes, cobras más». Esos payos eslavos que tiran billetes y quieren ver al gitano que ellos tienen en mente no son muy diferentes de los señoritos y burgueses que han promulgado con sus cuartos un (maravilloso, huelga decirlo) modo expresivo muy característico.

Este berenjenal y otros similares, que así dichos pueden parecer espinosos, cuando no disparatados porque han estado ausentes en la teorización sobre el flamenco, son fundamentales para entender el cante, su historia y sus protagonistas. Por eso, si me permitís el consejo, todo el mundo debería leer La distinción de Bourdieu antes de buscar el flamenco en Tartessos. Ello redundará en una comprensión mejor de las dinámicas que mecen la cultura, en un mayor conocimiento de las gentes que nos han precedido en esta tierra y en una dignificación más honrada de los pueblos, culturas, razas, naciones y almas que han horadado el cante. El compás invisible que marca el dinero, entendido en los amplios sentidos que antes hemos comentado, está por estudiar, describir y divulgar. Entre todas podemos hacerlo. Estoy seguro de que se trata de una misión necesaria y apasionante.

Perú ya tiene presidente: Pedro Castillo

Pedro Castillo ya ocupa el sillón presidencial del Perú. Después de ganar las elecciones a Keiko Fujimori por poco más de 40 000 votos, tiene por delante el reto de comenzar una transformación social al tiempo que ataja el problema de la pandemia en el país con más muertos por habitante del mundo y de una oposición política con mayoría en el parlamento dispuesta a retirarlo del gobierno. El nuevo presidente representa al mundo andino e indígena, y se aleja de las élites urbanas y capitalinas, que se caracterizan por mirar más a Europa y a EEUU que a su propio país.

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El periodo político peruano reciente se ha caracterizado por su conflictividad y la incapacidad de llegar a acuerdos. En el 2016, por un periodo de 5 años, fue elegido Kuczynski frente a Keiko Fujimori, quien perdió la elección por un pequeño margen. Ambos son representantes de la derecha conservadora del Perú, sin embargo, el país eligió a un ex ministro de economía y empresario financiero antes que la hija del expresidente Alberto Fujimori, sentenciado por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Desde ese momento, con una presencia mayoritaria en el Congreso peruano del fujimorismo, se inició un proceso de obstruccionismo y cooptación de cargos públicos que no tenía precedente en la historia política peruana desde el retorno a la democracia en el año 2001. Como producto de esta dinámica, en 2018, el presidente Kuczynski renunció ante una inminente censura del Congreso. Desde esta renuncia se produjeron la disolución del Congreso y una censura presidencial, teniendo como saldo de este periodo 4 presidentes y 2 Congresos en 5 años. Esta dinámica se mantiene intacta para el presidente Castillo, quien ganó la elección este año por un estrecho margen de 0,25% y que tiene una oposición en el congreso mayor incluso que su antecesor.

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La COVID-19 ha golpeado al Perú fuertemente. Se registra una mortalidad total de 5 885 muertes por millón de habitantes, la mayor a nivel mundial (ref. España tiene 1 987 muertes por millón de habitantes). La pandemia en este sentido ha visibilizado que la corrupción y la pobreza tienen impactos claros sobre la salud pública y la vida. Las y los peruanos que han perdido la vida en pocas ocasiones han sido personas con más recursos económicos ubicados en la capital o zonas urbanas y, por otro lado, el mercantilismo privado frente al desborde de la atención sanitaria pública permitió que muchas familias de ingresos medios se vean endeudadas por sumas millonarias. Finalmente, tanto en el sector público como privado han operado y siguen funcionando mafias de oxígeno, camas en cuidados intensivos y vacunas entre otros. En definitiva, corrupción, pobreza, discriminación y desigualdad, todo evidenciado en la crisis sanitaria y tal vez la causa principal por la cual la mayoría de la población está más predispuesta a un cambio mayor en el gobierno del país.

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La elección del 2021, después del retorno a la democracia el 2001, ha sido sin lugar a duda una de las más polarizadas y controvertidas. En cierta medida recordó la elección de 2011 en la que ganó Ollanta Humala también frente a Keiko Fujimori. Humala fue elegido presidente con una propuesta política de gran transformación social, sin embargo, su Gobierno se moderó significativamente e hizo solo algunas pequeñas reformas, lo cual fue vivido como una traición por la mayoría de sus electores. Tanto en 2011 como en 2021, los medios de comunicación iniciaron una campaña a favor de un candidato acorde a sus intereses. En esta ocasión, la campaña contra Castillo fue con acusaciones de terrorismo. Se evidenciaron las peores características de la élite de la sociedad peruana, cuyo racismo y privilegios estuvieron en perfecta sintonía con la campaña de terruqueo de los medios de comunicación. En días posteriores a las elecciones, ante los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que daban por ganador a Pedro Castillo, Keiko Fujimori inició una estrategia legal buscando declarar nulos miles de votos de zonas rurales con el pretexto de que se había llevado a cabo fraude. Después de un proceso atípico de varias semanas, con acusaciones y procesos legales delirantes que no pudieron comprobarse en ningún caso, Pedro Castillo pudo ser proclamado oficialmente como presidente.

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Pedro Castillo es presidente del Perú a sus 51 años por un partido en el que milita de manera reciente si consideramos que Perú Libre se fundó en 2012, cuando el actual presidente militaba en otra organización. Perú Libre se define en su ideario como un partido político de izquierda socialista marxista leninista, de origen provinciano y andino. Pero más que su partido, lo que representa la identidad política del presidente Castillo es su pertenencia al gremio de docentes, específicamente la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (fenatep), espacio gremial que fundó y del cual ha sido secretario general. Este gremio lideró la huelga magisterial del 2017 que significó que se produjera un cambio de ministra y una crisis total en el Gobierno. Castillo fundó la fenatep como una propuesta de radicalización de las demandas docentes al considerar que el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (sutep) no representaba adecuadamente los intereses de los docentes. Él es maestro de educación primaria de la escuela en la que estudió de pequeño en el distrito de Tacabamba, provincia de Chota en Cajamarca. Por otro lado, no menos importante en su identidad como indígena campesino son las rondas campesinas y comités de autodefensa de los cuáles ha sido parte. Esto es claramente expresado en la conformación de su primer gabinete, el cual está compuesto por diferentes líderes de organizaciones sociales así como por sus aliados políticos en el proceso de segunda vuelta electoral entre las que también se encuentran algunas organizaciones políticas de izquierda progresista.

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El presidente Pedro Castillo nació en Puña, cuyo distrito, Tacabamba, tiene poco más de 15 000 habitantes. Estudió la primaria en un colegio público en su pueblo y tuvo que desplazarse al distrito contiguo de Anguía para culminar sus estudios secundarios. Posteriormente estudió en Cajamarca y, luego de graduarse, a sus 26 años empezó a desempeñarse como docente de educación primaria de la misma escuela en la que estudió de niño. La familia del presidente se ha mudado recientemente a la capital del país pero nos cuentan que extrañan su casa en Cajamarca, sus animales y sus tierras, todo lo cual no es fácil de entender para las élites urbanas que están con sus ojos más puestos en Europa o EEUU que en las poblaciones indígenas y campesinas del país. Esta parte de la vida del presidente es fundamental para entender sus prioridades y la reivindicación de millones de peruanos que se identifican con un presidente campesino al igual que sucedió con Evo Morales en Bolivia. En este sentido, las prioridades del Gobierno están centradas en fortalecer a las organizaciones indígenas en el marco de un Estado plurinacional; llevar a cabo una reforma agraria que favorezca a los pequeños y medianos agricultores; tener participación en actividades económicas estratégicas como la minería y el gas, entre otras. Para ello, Pedro Castillo y Perú Libre consideran que la actual Constitución política no es una herramienta pertinente para la mejora de los servicios públicos por lo que ha propuesto una Asamblea Constituyente, al estilo de Chile, para reformar la Constitución.

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Pedro Castillo ha nombrado a un hombre homófobo como presidente del Consejo de Ministros, en un gabinete en el cual solo hay dos mujeres en los diecinueve cargos ministeriales que lo componen. Y aunque cuenta con cuadros de izquierda en carteras como Relaciones Internacionales, Economía y Mujer y Poblaciones Vulnerables, la mayoría de sus ministros y congresistas se identifican principalmente con valores conservadores. Al ser cuestionados por su visión conservadora en relación con las diversidades y el feminismo, la mayoría responde que no son los valores en los que han crecido y que mucha gente de comunidades indígenas y campesinas no consideran que la vida «deba ser así». Es más, el presidente del Consejo de Ministros en una reciente entrevista señaló que el programa de Verónica Mendoza, candidata presidencial de la izquierda progresista en el último proceso electoral, no fue apoyado porque no estaban de acuerdo con que se les imponga una visión que no comparten. En este sentido, se podría decir que, si bien es un Gobierno con una propuesta de transformación social, su proyecto no incluye como prioridad las políticas de diversidades ni de igualdad de género.

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Pedro Castillo tendrá que buscar permanecer en el poder el tiempo suficiente para poder hacer los cambios sociales, políticos y económicos que propone. Ello no será fácil considerando que los poder fácticos del país, consolidados en una élite principalmente urbana y capitalina, cuentan con una representación sólida en el congreso y en otros poderes del Estado. Existe consenso en que el presidente solo podrá gobernar en la medida que cuente con el respaldo mayoritario de la población, en especial el de organizaciones sociales de base y, por otro lado, que no se vea envuelto él y sus equipos en escándalos de corrupción como en los que se han visto envueltos la mayoría de los expresidentes del Perú. El presidente Castillo lo sabe y hacia esa dirección está dirigiendo la toma de sus decisiones.

POR LA LEY TRANS

ESTE ARTÍCULO FUE ESCRITO ENTRE EL 18 DE MAYO, DÍA EN QUE LA ‘LEY TRANS’ NO SALIÓ ADELANTE EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS; Y EL 29 DE JUNIO, CUANDO SÍ SE DESBLOQUEÓ SU TRÁMITE EN EL CONSEJO DE MINISTROS. LAS REFLEXIONES QUE EN ÉL SE VIERTEN ACERCA DE SU NECESIDAD, Y SOBRE LOS BULOS Y LA OFENSIVA A LA QUE LA LEY ESTÁ SIENDO SOMETIDA, SIGUEN SIENDO VIGENTES.

La ley trans nunca llegó a serlo gracias a la abstención del PSOE y el bloqueo de la derecha el pasado 18 de mayo. Aunque no son solo los partidos políticos quienes se oponen al progreso y el avance de los derechos de las personas trans (de transgénero) en nuestro país. Por desgracia, dentro del colectivo LGTBI+ las personas trans son las más cuestionadas, señaladas y agredidas por el hecho de ser, ya sea por grupos de feministas extremistas amparados por diferentes plataformas, o por reaccionarios de derechas inculcados y adoctrinados en el sistema fascista de la dictadura. Justamente este tipo de personas son las que se han dedicado a crear diferentes falsedades y bulos sobre la ley trans haciendo presión en el PSOE y Unidas Podemos para cumplir el cometido de que esta ley no siguiera adelante. Bulos como, por ejemplo, que a partir de ahora los hombres (cis) podrían «vestirse de mujer» y entrar en los vestuarios y los baños para poder «espiar y acosar sexualmente» al resto de mujeres. Este tipo de infundio lo único que generan es odio, rechazo y retroceso en todo lo conseguido hasta el momento por el colectivo trans, en especial las mujeres trans, desviando la atención del verdadero problema del machismo actual, y es que, como sabemos, en realidad el hombre que quiere acosar sexualmente no necesita vestirse de mujer para hacerlo. Este miedo irracional hacia «hombres disfrazados» ha sido una tapadera por parte de los colectivos extremistas dentro del feminismo, más conocidas como TERFs (siglas en inglés de Trans-exclusionary radical feminist [o feminista extremista trans-excluyente, en castellano]), para impulsar su campaña de odio hacia las mujeres trans acusándolas de cómplices del machismo; tratando a los hombres trans como víctimas y «aliadas confundidas» de situaciones hipotéticas donde pueda darse violencia machista, sin ningún tipo de argumento. Otros países que reconocen a las personas trans y no binarias, las amparan bajo la ley y donde no piden documentación médica para el reconocimiento de las mismas, no cuentan con ningún tipo de caso de violencia machista de este estilo, dejando claro así que las mujeres trans no son las que atentan contra la integridad de las mujeres (cis), sino que son este grupo de extremistas dentro del feminismo quienes atentan con la integridad de ellas, no pudiéndose llamar así a este activismo de verdadero feminismo. 

Esta es una de las miles de razones por las que la ley trans debe seguir adelante sin importar el obstáculo en el camino, para asegurar nuestra persona, nuestra dignidad, nuestro derecho a ser y a vivir una vida feliz y adecuada sin que nadie pueda cuestionar y tener el poder de definirnos o elegir lo que somos partiendo de nuestra expresión de género. Porque las personas trans somos una realidad, no un debate. 

Por otro lado, la ley trans no solo protege a las personas trans, sino que esta también ampara a la población no binaria, aquellas personas que no se sienten identificadas con ninguno de los dos sexos establecidos en la sociedad actual y, además, cuya expresión de género puede llegar a ser muy diversa. Personas cuya existencia no está recogida en ningún tipo de ley vigente y que, legalmente hablando, no existen. Este es otro de los motivos principales por los que la ley trans debe salir adelante, ya que el hecho de ni siquiera reconocer una realidad presente no solo en la actualidad, sino a lo largo del tiempo, es ya de por sí una violación en toda regla de los derechos humanos. No solo se genera un clima de exclusión social, sino también laboral y jurídico que las borra del sistema por completo. Y, una vez más, se descarta de la norma lo diverso, a toda aquella persona que se quede fuera de los estándares que nos impone el Estado cispatriarcal en el que vivimos, como si lo normal no fuera la diversidad.

Todos estos dilemas e injusticias que la ley no castiga ni atiende únicamente generan que esta situación marginal se mantenga presente en el tiempo, sin permitir su evolución ni el progreso en un bienestar general atendiendo a lo diferente. Por ello, en la ley trans se recogen diferentes matices relacionados con la discriminación positiva, prestando atención y protegiendo de la discriminación sexual a las personas trans y no binarias; y, a su vez, incluyendo a estas en programas laborales e incorporándolas al mundo laboral, asegurando por esa parte el derecho a una vida digna independientemente de su sexo, raza u orientación sexual. 

Otro de los puntos destacados en esta ley es justamente la protección de las mujeres trans como mujeres, ya que el Estado no cuenta como violencia machista toda aquella agresión que sufren por el hecho de ser mujer y trans. Ellas no solo sufren transfobia por parte de los diferentes sectores de la sociedad ya señalados antes, sino que, además, sufren el machismo y la discriminación general por parte de la sociedad y, en consecuencia, su gran mayoría tienen difícil acceso al mercado laboral, reduciéndose sus opciones en muchos casos al trabajo sexual o a empleos que no cumplen unas condiciones laborales dignas. Por consiguiente, es necesario iniciar un proceso de cambio en cada uno de los ámbitos mencionados, siendo otro punto a favor de proceder con el borrador de la ley trans hacia una verdadera ley trans estatal. 

Tal como esta ley protege a las mujeres trans sabiendo la importancia que conlleva el amparo de las mismas, también cuenta con diferentes aspectos donde quedan por escrito el valor y la importancia de atender a las personas racializadas y migrantes que viven en nuestro país y que están siendo perseguidas por su identidad y expresión de género en su país de origen. De esta forma, la ley abarca la protección del colectivo racializado y migrante trans mediante la defensa y apoyo de su identidad sexual, independientemente de la situación jurídica y política en la que se encuentre. 

Tras haber visto los diferentes aspectos de esta ley, queda claro que cualquier tipo de rechazo hacia ella refleja la transfobia interiorizada y el miedo a lo diverso existente en la sociedad, miedo a que no se cumpla lo esperado del cromosoma XX y del cromosoma XY, y utiliza esa biología como justificación de todo ese odio irracional hacia las personas trans y no binarias, sin tener en cuenta que la biología ya ha demostrado que no solo existe lo binario, sino que al igual que en el resto de la naturaleza, el ser humano es diverso hasta en lo más pequeño de nuestras células. La diversidad es un hecho irrefutable que no se puede eliminar, cambiar o borrar de la vida, y todo aquello que atente contra su integridad no es más que miedo a la salida de la zona de confort, miedo a desconocerse a sí mismo, a ser alguien que no te han dicho que eres, miedo al rechazo y a la soledad. Ese sentimiento lo hemos tenido todes a lo largo de nuestra vida, porque al fin y al cabo es lo correcto, esa sensación de culpabilidad que te llena el pecho por ser diferente a los demás, porque no eres lo que te han enseñado que debes ser. 

En conclusión, la sociedad no solo necesita una ley que les proteja jurídicamente hablando, sino una educación sexual que atienda y hable de la variedad y de las diferentes realidades que pueden llegar a existir; para que estas situaciones de discriminación masiva que sufre el colectivo tan a diario no tengan que tolerarlas las generaciones futuras; para no volver a escuchar ni leer noticias sobre palizas, abusos, suicidios y asesinatos de personas trans. Y, una vez más, hay que decirlo sobre las personas trans y no binarias: nuestra integridad y nuestra dignidad no son debatibles, porque nosotrans somos una realidad, no un debate.

Por todo esto y por mucho más: ¡ley trans estatal ya!

DESMONTANDO EL PORNO

La pornografía desde una mirada crítica

La falta de educación afectivo sexual de calidad en los centros educativos, los silencios en las familias y la invisibilidad en la sociedad, perpetúan que las personas creen un imaginario colectivo de cómo son las relaciones sexuales a través del único medio que han tenido para ello: la industria del porno.

¿Cómo influye la pornografía en la construcción y el desarrollo de las sexualidades de las personas jóvenes? ¿Qué expectativas crea? ¿Qué impacto tiene en sus relaciones interpersonales?

La pornografía está construida sobre dos grandes pilares: el patriarcado y el capitalismo. Hoy en día, la industria del porno es una de las más rentables económicamente a escala mundial. Multitud de contenidos gratuitos y disponibles 24 horas a los que acceden, a cada instante, millones de personas por medio de la red. Pero la pornografía no la encontramos única y exclusivamente cuando queremos acceder a ella, sino que cualquier sitio web puede contenerla en forma de banners o enlaces engañosos.

Según el último informe de PornHub, en 2019 tuvieron 42 billones de visitas. Este consumo también está diferenciado en términos de género: 68% de hombres frente a un 32% de mujeres. Las edades promedio oscilan entre los 18-34 años (Pornhubinsights, 2019). Pero ya sabemos que para acceder no hay por qué tener mayoría de edad, basta con hacer clic. Según el último estudio de Save the Children, el 53,8% han accedido al porno antes de los 13 años. Las personas jóvenes acaban accediendo a la pornografía antes que a sus propias vivencias sexuales. Si bien es cierto que internet se ha convertido en el medio por excelencia de la pornografía, no podemos olvidar que esta industria nos ha llegado de formas diferentes durante años, desde revistas a retransmisiones televisivas, y no por ello menos cargadas de machismo.

La finalidad del visionado del porno es diversa: masturbatoria, por curiosidad y para aprender. Es en este último caso en el que podemos observar que el porno está funcionando como uno de los
principales agentes educadores sexuales, donde encontrar las respuestas de las innumerables dudas que nadie responde. De esta forma hemos convertido al porno en una escuela (¡pero vaya escuela!).

La industria de la pornografía ofrece una visión completamente distorsionada de la sexualidad humana; establece «la norma», lo deseable y las expectativas sexuales. Por ello, es necesario desmontar los mitos y creencias erróneas que transmite el porno mainstream (mayoritario, dominante).

CREENCIAS ERRÓNEAS MÁS COMUNES

TAMAÑO DEL PENE

Los penes que salen en la pornografía son penes seleccionados y miden alrededor de 15-20cm. Los penes estándar miden entre 12-17 cm.

NO HAY VELLO CORPORAL

Las personas tenemos pelo en nuestro cuerpo, ya sea en mayor o menor proporción. Quitarnos el vello es tanto capitalista como patriarcal, ya que es una necesidad impuesta construida en torno a la falacia de mejora de la salud. Lo cierto es que el vello corporal (en concreto el púbico) tiene una función protectora y favorece nuestra salud sexual.

VULVAS DIVERSAS

Las vulvas que aparecen son todas parecidas estableciendo una idea única anatómica. En realidad, hay muchos tipos de vulvas que se diferencian en formas, tamaños y colores (¡y hasta sabores!).

DURACIÓN

En el porno, aparecen manteniendo relaciones sexuales durante horas (sobre todo felaciones y penetración). Lo que ocurre detrás de las pantallas es el consumo de fármacos para «aguantar más» y los cortes de secuencia para evitar que el pene eyacule antes de lo establecido en guion.

EXCITACIÓN

En el porno la fase de excitación es inmediata. Es en esta fase donde ocurren los mal llamados preliminares. En el sexo no hay preliminares, todo son prácticas sexuales que favorecen a la excitación otorgando placer y pudiendo, o no, llegar a un clímax (el orgasmo). El porno mal enseña que la fase de excitación es un medio rápido para llegar a lo que «verdaderamente importa».

FALOCENTRISMO

El porno contribuye al protagonismo del pene en las relaciones sexuales, visibilizando prácticas como las felaciones y la penetración. Construye un imaginario de prácticas centradas en la estimulación de este miembro y favoreciendo a lo ya conocido como «brecha orgásmica».

LESBIANISMO

El lesbianismo en el porno mainstream es un recurso utilizado desde la mirada masculina. El uso de la imagen de dos mujeres realizando prácticas sexuales está constituida por y para el deseo masculino, alejando la verdadera visión de las relaciones sexuales entre mujeres. La erotización del lesbianismo contribuye no solo a la invisibilización de esta orientación sexual, sino que se le priva de legitimidad.

SQUIRTING

Otra de las cosas erotizadas en el porno es el squirting (chorro expulsado por la uretra de la vulva). Antes de su erotización, las mujeres o personas con vulva que conseguían hacer squirt se avergonzaban del suceso y les reprimía en sus prácticas y placeres. Ahora, esta erotización ha hecho que estas se obsesionen por conseguirlo, creando frustraciones y malestares con sus prácticas sexuales.

GENITALIDAD

En el porno, las relaciones sexuales están muy centradas en los genitales. Esto hace que construyamos un ideario sexual centrado en la estimulación genital, obviando el resto de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está cargado de puntos y zonas erógenas listas para ser descubiertas desde la exploración y la autoobservación. La importancia de dibujar nuestro propio esquema o mapa corporal ayudará a tener relaciones mucho más satisfactorias en solitario o con nuestras parejas sexuales.

LENGUAJE SEXISTA

El lenguaje vejatorio hacia las mujeres en el porno es, por desgracia, bastante usual y no hace otra cosa que denotar el sexismo y machismo que existe no solo en la industria del porno, sino en toda la sociedad. Es importante saber que este tipo de lenguaje puede ser excitante para algunas personas, ya que está erotizado, pero debe existir siempre un acuerdo en utilizarlo durante las relaciones sexuales, ya que si no puede resultar ofensivo para alguna de las partes. De ahí la importancia del consentimiento.

Por supuesto, esto no es una criminalización del porno. El porno mainstream se ha convertido en la mala escuela sobre sexualidad, pero todo lo que se construye puede deconstruirse en algún momento.

Obviamente hay diversos tipos de pornografía, como puede ser el cine de Erika Lust, denominado porno feminista, pero se trata de material de pago al que no accede usualmente la población y mucho menos la juventud. Además, el porno feminista no se trata solo de representar prácticas sexuales menos convencionales, cuerpo no normativos y diversos, sino que también es necesario que existan acuerdos y cuidados con las actrices que van a realizar las escenas. Se trata de contratos laborales que respeten los derechos de las trabajadoras, de seguridad sanitaria y que legitime la dignidad de estas mujeres.

Otra de las corrientes alternativas al porno mainstream es la denominada posporno: creaciones sexualmente explícitas cuyo objetivo no es masturbatorio sino paródico o crítico. El colectivo Girls Who Like Porno, que integraban Águeda Bañón y María Llopis, fue precursor en España de esta corriente crítica. Los cuerpos que la industria del porno excluye o denigra se convierten en creadores y protagonistas de propuestas artivistas. El posporno es una visión compleja del sexo que incluye un análisis del origen de nuestro deseo y una confrontación directa con el origen de nuestras fantasías sexuales. Se centra en cuestionar la industria pornográfica y la representación que se hace en los medios de la sexualidad: simple, repetitiva y limitadora; protagonizada por cuerpos jóvenes con una belleza canónica que fingen sentir placer.

Así pues, mientras en el porno mainstream nos encontramos con violencia simbólica, falocentrismo, heterocentrismo y la única visibilidad de cuerpos hegemónicos, en la alternativa pospornográfica se habla de sexualidades, en plural, y de placer disidente. Como dijo la investigadora Laura Milano: «Ya no hablamos de la sexualidad, hablamos de sexualidades».

La educación afectivo-sexual sigue siendo una carencia y una necesidad, algo que incomoda al sistema que bebe de la ignorancia. En conclusión, podemos afirmar que existen múltiples maneras de hacer pornografía con diferentes fines (masturbatorio, disidente, político, artístico…), lo que debemos tener claro es que el porno, sea cual sea, nunca deberá sustituir a la educación afectivo sexual.