Categoría: tema que te quema

nº59 | tema que te quema

El problema de la vivienda en clave meridional

Ibán Díaz Parra

Ilustra Pedro Peinado

En mayo de 2023 se celebraron las jornadas de lucha por la vivienda de Sevilla. Este evento culminaba un proceso de confluencia que había empezado siete meses antes, agrupando gran parte de los colectivos que trabajan por la vivienda en la aglomeración urbana de Sevilla y que han venido a conformar el Movimiento por la Vivienda de Sevilla. Este acoge a las dos plataformas de afectados por la hipoteca que funcionaban en Sevilla desde el comienzo de la crisis hipotecaria de 2012, a varias oficinas de vivienda herederas de las asambleas de pueblos y barrios del 15M (en Sevilla, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache) y colectivos de formación posterior (Barrios Hartos y Oficina de Okupación) y anterior al 15M (Oficina de Derechos Sociales de Sevilla). Estos colectivos abarcan de esta forma una variedad de problemáticas relacionadas con la vivienda en distintos sectores de la aglomeración urbana.

El movimiento por la vivienda a nivel local llevaba años sin coordinarse de manera efectiva y esta iniciativa supone al menos un intento de superar la fragmentación existente. La coordinación con otros ámbitos territoriales también ha sido escasa en los últimos años —aparte de la coordinación estatal de las PAHs— y las jornadas han permitido tomar contacto con nuevas iniciativas como son los sindicatos de inquilinos de Madrid, Málaga y Granada. Esta confluencia se produce en un contexto particular de la problemática de la vivienda, con procesos inflacionarios que se dejan notar especialmente en el mercado del alquiler y al borde de una crisis social apenas contenida por las políticas de escudo social. También, de forma prácticamente paralela a la aprobación de una ley de vivienda, considerada a todas luces insuficiente por los movimientos y que muestra el fracaso del gobierno progresista del Estado, y con un giro conservador en las elecciones municipales y (probablemente) estatales que amenaza con empeorar la situación de la población más vulnerable.

El tortuoso camino del movimiento

Para entender la actual situación del movimiento por la vivienda habría que remontarse al menos a la recesión de 2008. El marco del problema de la vivienda entonces era notablemente distinto al actual. Estaba caracterizado en primer lugar por un peso ínfimo de los hogares en régimen de alquiler frente a la propiedad, principalmente gracias a la facilitación del endeudamiento de los hogares a partir de la década de 1980. Esto se correspondía además con un sector de la construcción hiperdesarrollado, que ha producido la acumulación de vivienda vacía que se mantiene en la actualidad, y una dinámica altamente especulativa con los precios del suelo que alcanzó su cenit en 2008. El estallido de la burbuja inmobiliario-financiera condujo al derrumbe de este castillo de naipes. El incremento del desempleo y el endurecimiento de las condiciones de financiación hizo que numerosos hogares no pudieran hacer frente a los pagos de su hipoteca, con la consiguiente orgía de ejecuciones hipotecarias y desahucios.

En el caso andaluz, desde 2011 las energías del 15M fueron utilizadas para paralizar desahucios. En el caso concreto de Sevilla, la coordinadora de las asambleas de barrios y pueblos tuvo durante esos años gran parte de su actividad concentrada en esta problemática. De este contexto surgirían los puntos de información sobre vivienda y encuentro (PIVE) y, de los grupos de desahuciados, ocupaciones de edificios propiedad de bancos (las corralas). A esto se sumó la introducción de las PAHs en Sevilla a partir de 2012, con un funcionamiento bastante independiente y centrado en la disputa con las entidades financieras. También hubo pasos hacia una mejor coordinación andaluza, que acabó en una movilización conjunta en el mismo 2012.

Desde fines de 2013 empezaron a agotarse las energías desencadenadas por el 15M, también en el ámbito de la lucha por la vivienda. Se fueron sucediendo los desalojos, negociados o no, de las corralas y las asambleas y PIVEs se fueron diluyendo, con algunas excepciones. Las PAHs se mantuvieron mucho más vitales, aunque la desmovilización fue generalizada. La lucha se desplazó en mayor medida hacia el plano institucional y los logros legales permitieron reducir a un mínimo el número de desahucios. Las tentativas de retomar la coordinación entre los distintos grupos de Sevilla no tuvieron continuidad hasta la irrupción de Barrios Hartos en 2018, con una línea de trabajo orientada a un abanico de problemáticas que trascendían la cuestión de la vivienda.

El problema de la vivienda y la movilización actual

Aunque los códigos de buenas prácticas y el buen hacer de las PAHs han mejorado la situación de los deudores, ante la escalada de los tipos de interés podemos estar a las puertas de una nueva crisis hipotecaria. No obstante, el elemento que caracteriza la coyuntura actual es la creciente importancia de los alquileres. En las últimas dos décadas, los hogares en régimen de propiedad han pasado del 82% al 76%. Esto está directamente relacionado con la desposesión de los hogares en favor de las entidades de crédito en el periodo anterior, así como con el endurecimiento de las condiciones para el endeudamiento. El excedente de viviendas acumulado por los bancos en la crisis hipotecaria es hoy gestionado por inmobiliarias especializadas, a las que hay que sumar la entrada de fondos de inversión (muchos extranjeros) interesados en el mercado en alquiler. Al menos en Andalucía, estos grandes inversores se han dirigido principalmente al mercado de la vivienda turística, que es actualmente uno de los principales factores condicionantes el mercado del alquiler.

El incremento del peso de los alquileres ha sido menor en las ciudades andaluzas que en grandes urbes como Barcelona o Madrid. No obstante, los desahucios relacionados con alquileres han aumentado exponencialmente hasta alcanzar un 67% del total en Andalucía. El cambio se ha dejado notar mucho en el tipo de perfiles que acudían a los PIVEs. Si en los primeros años la mayoría de los afectados eran familias que no podían pagar sus hipotecas, actualmente la mayoría son hogares que no pueden seguir pagando su alquiler y no encuentran alquileres con precios razonables en el mercado. Esto responde a la pauperización de la sociedad andaluza, que ha tenido que hacer frente a la covid y a la actual inflación con unas condiciones mucho peores que el resto del Estado. La renta media andaluza es un 83% de la española, con tendencia a alejarse más en los últimos años, casi un tercio de los hogares están en situación de riesgo de pobreza y 11 de los 15 barrios más pobres de España se reparten entre Sevilla, Córdoba y Málaga.

Frente a esto, la política pública de vivienda de la Junta de Andalucía es raquítica (entre 2017 y 2022 se han construido cien viviendas protegidas en toda Andalucía) y centrada en facilitar el acceso a la vivienda a hogares susceptibles de crédito. Es una política que desatiende sistemáticamente a los grupos más vulnerables. La actuación de los municipios no es mucho mejor. La Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla cuenta actualmente con una lista de espera de casi cien familias en situación de emergencia habitacional, que debería alojar según su propia normativa, pero para las que no cuenta con viviendas. Al margen de que el nuevo marco legal español permita el desarrollo de un nuevo parque de viviendas en alquiler asequible, el problema no se va a solucionar incrementando la construcción. Hay 628 705 viviendas vacías en Andalucía y 96 898 viviendas registradas para uso turístico. Es imposible actuar sobre el mercado del alquiler sin intervenir sobre las viviendas vacías, los alquileres de temporada y las viviendas turísticas.

Existe una gran incertidumbre respecto de lo que vaya a pasar en los años venideros. La amenaza de que se den por finalizados los decretos que actualmente limitan los desahucios es sin duda clave en este sentido (el último decreto termina el 30 de junio de 2023). En este contexto, el movimiento por la vivienda se enfrenta al reto de ser un agente con influencia real en la sociedad andaluza, con capacidad de intervenir en los conflictos e influir en las políticas públicas. Las organizaciones de vivienda tienen claro que la política de vivienda debe virar hacia los sectores más vulnerables y actuar contundentemente contra las dinámicas especulativas con el mercado de la vivienda y el alquiler. Esto solo se conseguirá con un movimiento fuerte y una población movilizada. El reto más inmediato es consolidar los espacios de coordinación existentes, extendiéndolos a la escala andaluza y establecer un plan de acciones y movilizaciones conjunto.

nº58 | tema que te quema

Mas de 170 días en huelga de hambre

Alfredo Cospito, libertá

Trece Mil Fugas

Ilustra Alba Gallardo

Alfredo Cospito es un compañero anarquista en huelga de hambre desde el 20 de octubre de 2022. Lucha con su vida contra el régimen especial de aislamiento en el que lo metieron en mayo, el 41-bis. En estos más de 170 días, Alfredo ha perdido cerca de 45 kilos y sus analíticas empiezan a mostrar niveles preocupantes para con su vida desde hace semanas. Está al borde de la muerte y el Estado italiano, junto con el resto de Estados, cómplices siempre de la tortura, son los responsables.

Su trayectoria militante empezó en 1987-1988, siendo uno de los antimilitaristas y anarquistas que se declararon objetores totales o insumisos al servicio militar obligatorio y el servicio social sustitutorio, motivo por el cual fue encarcelado. El entonces presidente de la República, Francesco Cossiga, tramitó un cambio en la ley que implicaba que los insumisos no pudiesen volver a ser procesados por el mismo delito después de haber cumplido la primera condena. En 2004 Alfredo también fue investigado dentro de la operación Cervantes por la que su hermana Claudia fue encarcelada; la primera gran operación policial contra la recién creada fai (Federación Anarquista Informal). Más adelante, el 7 de mayo de 2012, en Génova, junto a Nicola Gai, Alfredo disparó en la pierna al directivo del grupo Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, acción que fue reivindicada por el núcleo Olga de la fai. Por esto fue arrestado y condenado a diez años de prisión, que cumplió íntegramente en los módulos de alta seguridad dos. El 6 de septiembre de 2016, la Policía lanzó una nueva operación represiva contra la supuesta estructura italiana de la fai y sus supuestos líderes: Scripta Manent. En ese momento fueron acusadxs de multitud de acciones reivindicadas por la fai y, aunque la mayoría de lxs encausadxs han sido absueltxs, Alfredo recibió una condena de veinte años de prisión. Finalmente, en noviembre de 2021, Alfredo volvió a ser incluido en una nueva operación represiva, Sibilla, desarrollada contra el grupo Circolaccio Anarchico de Spoleto y el periódico Vetriolo. Les acusaron de ser lxs inductores de multitud de ataques. Esto, junto a la sentencia del proceso Scripta Manent, fue el argumento utilizado en mayo de 2022 por el Ministerio de Justicia para meter a Alfredo en el régimen 41-bis.

En sus últimas declaraciones Alfredo decía: «Me dejaré morir. Mi cuerpo es la última protesta.» «Porque el 41-bis es inhumano debería sacarse de él a todxs, incluso a los mafiosos.»

Las duras condiciones del 41-bis no nos son ajenas en el Estado español. La crueldad de los sistemas penitenciarios y de sus regímenes especiales de aislamiento es bien conocida en nuestro territorio, donde el régimen fies sigue existiendo y torturando. Entre algunas de las condiciones del 41-bis encontramos que, por ejemplo, durante los seis primeros meses las personas presas bajo este régimen no tienen visitas ni llamadas telefónicas. Tras este tiempo se revisa la clasificación del presx y, en caso de mantenerse, no se vuelve a revisar en cuatro años. Toda la correspondencia está intervenida y censurada. Todas las intervenciones ante tribunales u organismos oficiales se hacen desde la cárcel mediante videollamada. Lxs presxs solo tienen relación con sus abogadxs y familiares, previa autorización de la Dirección de la prisión. Y, excepcionalmente, con algún médico o representante institucional. Solo tienen derecho a una visita de una hora mensual, a través de un cristal, con videovigilancia. En caso de no poder realizar la visita tienen derecho a una llamada telefónica de diez minutos, desde una prisión o una comisaría, que también será siempre grabada. Lxs presxs salen al patio una hora al día. El patio consiste en un recinto de cemento, cubierto por una red metálica. Además, socializan en el módulo otra hora al día, en grupos de 2-3 presxs elegidxs por el Ministerio. Sus conversaciones son grabadas y vigiladas. No tienen acceso a ninguna actividad ni programa educativo, formativo, deportivo o de ocio. Lxs presxs tienen prohibido hablar entre ellxs fuera del horario de patio. Los objetos que pueden tener en la celda están estrictamente limitados, incluidos los libros, que deben pertenecer a la biblioteca de la cárcel.

El régimen 41-bis aísla al presx de la vida política y social, trunca sus principios e ideales. Para salir de la cárcel dentro de la propia cárcel solo se plantea una única vía: renunciar y colaborar con el Estado en su lucha contra las ideas revolucionarias.

Alfredo ha preferido la muerte antes que vender y pisotear sus ideales. Alfredo está condenado por ser anarquista.

Desde que se hizo la llamada internacional de solidaridad para intentar salvar la vida de Alfredo a manos del Estado italiano, no han dejado de producirse acciones a lo largo y ancho del planeta. Desde acciones violentas e incendiarias hasta concentraciones y encuentros para proclamar esa solidaridad. También dentro de los muros, en diferentes países, muchos compañerxs presxs se han solidarizado con Alfredo; unos quince se han puesto en huelga de hambre; en Chile, cinco compañeros hicieron ayunos rotativos; también se han escrito comunicados e incluso un compañero se puso en huelga de hambre y sed.

Estamos en contra no solo del 41-bis, sino del sistema carcelario en su conjunto. La cárcel es un contenedor humano, un instrumento de tortura, control y disciplinamiento de la sociedad. Encierra a quienes no le son funcionales al sistema, a quienes no son productivxs, a insumisxs, y a quienes encarnan la disidencia de este mundo. La mayoría de lxs presxs lo están por delitos contra la propiedad privada, la seguridad ciudadana o la salud pública (tráfico de drogas). Y existe dentro una sobrerrepresentación de personas racializadas con respecto a la población que hay fuera. Por tanto, la cárcel es herramienta de castigo y encierro para las personas que habitan los márgenes, con el objetivo de mantener la estructura social. La crueldad que se ejerce dentro de los muros sirve a los Estados de ejemplo aleccionador hacia el resto de la sociedad, buscando la dominación a través del miedo, para así perpetuar el orden social capitalista, racista y cisheteropatriarcal. Es la forma más palpable del poder y del monopolio de la violencia por parte del Estado.

Dentro del dispositivo carcelario, regímenes como el 41-bis o el fies, tienen como función el aislamiento, disgregación y desagregación social total, hacinando a lxs presxs y sometiéndolos a todo tipo de violencias físicas y psicológicas, empleando psicofármacos para mantenerlxs silenciadxs, y donde la falta de asistencia médica y asesinatos, forman parte de los mecanismos de represión.

Las cárceles también son un negocio muy rentable, tanto para la Administración, como para las empresas privadas que se enriquecen con la construcción de las mismas, además de lucrarse con las gestiones económicas que realizan lxs presxs, cobrarles las comunicaciones a precios desorbitados, aprovecharse de ellxs como mano de obra barata, etc. Es una institución que, tal y como la conocemos, tiene poco más de 200 años de historia, a pesar de que hayan extendido la creencia de que sin cárceles la sociedad no funcionaría. Otro mito empleado desde el Estado para defender la función de las cárceles es la reinserción, un concepto ideado para blanquear lo que está ocurriendo y que, aun si fuera real, no aceptamos, ya que no queremos reinsertarnos en esta sociedad. Si el sistema actual se sustenta a base de encierro forzoso a los colectivos oprimidos, nuestra lucha irá encaminada a destruir los cimientos de su imperio. No buscamos una reforma del sistema carcelario, sino la destrucción de todas las cárceles, la justicia penal, la Policía y el Estado.

Alfredo está dando su vida por la lucha anticarcelaria y, aunque decida sobre su muerte, el Estado italiano será responsable. Hagamos que esta lucha no se apague con él, sino que sirva para extender las llamas. Por Alfredo Cóspito, por la destrucción total de todas las cárceles y la libertad de cada compañerx secuestradx en ellas.

Nos despedimos con sus palabras el primer mes de huelga de hambre:

«No me rendiré a vuestros barrotes, uniformes y armas. Me tendréis siempre como un irreductible y fiero enemigo. No estoy solo. Nunca estaré solo. Lxs anarquistas nunca estarán solxs. Miles de proyectos en la cabeza, una esperanza en el corazón que continúa viviendo cada vez más fuerte, siempre más compartida.»

nº57 | tema que te quema

Violencia comunicativa: EL LEGADO FRANQUISTA

LA LUCHA POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

Victoria César

Ilustra R.O.

El movimiento social para la recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo ha puesto en evidencia que muchas de las injusticias cometidas por la dictadura siguen presentes, casi medio siglo después. Desapariciones forzadas, fosas comunes, simbología franquista en espacios públicos, etcétera, son muestras representativas de la vigencia del autoritarismo en nuestra sociedad. El franquismo fue un régimen basado en y sostenido por la violencia, en todas sus manifestaciones. Entre ellas, la violencia comunicativa dirigida contra la memoria colectiva de las víctimas continúa ejerciéndose hoy.

La violencia comunicativa es un tipo de violencia simbólica, con impacto sobre la integridad psicoemocional. Como ocurre con el resto de violencias, la comunicativa también se usa para el establecimiento de dominio o control en las relaciones personales y sociales y, además, la violencia comunicativa se encuentra profundamente normalizada y extendida (en la educación, los medios de comunicación, las situaciones «cotidianas», etc.), lo que complica su identificación. Quizás el mayor peligro de la violencia comunicativa es que legitima la agresión como medio para obtener el poder y mantenerlo.

La dictadura franquista, al igual que otros regímenes tanto totalitarios como «democráticos», se caracterizó por un empleo consciente, intencionado y sistemático de la violencia comunicativa desde el primer momento del golpe de Estado. Los discursos de Queipo de Llano en Radio Sevilla, en los que se incitaba al odio y a cometer delitos, incluyendo el asesinato, contra la población «enemiga» de la sublevación, son buen ejemplo de violencia comunicativa. La intención del golpe de Estado hacia sus víctimas tenía una dimensión física (el genocidio) y otra comunicativa (el memoricidio, el borrado de la historia de las víctimas). Así, la dictadura no solo pretendía el silencio, sino también el exterminio de una parte de la memoria colectiva.

En esta tarea jugaron un papel fundamental los medios de comunicación social. El franquismo se apresuró a hacerse con el control de los canales oficiales de prensa y radio mediante la censura y, en ocasiones, el asalto y cierre de determinados medios. No obstante, otros medios de comunicación, debido a su afinidad con la sublevación militar y a que se convirtieron en portavoces del régimen de forma voluntaria, continuaron su actividad «periodística». De hecho, algunos de los periódicos andaluces que apoyaron la dictadura, como ABC de Sevilla o El Correo de Andalucía, continúan publicándose. Además, el franquismo prohibió subrepticiamente la libertad de expresión a través de políticas públicas (las leyes de prensa de 1938 y 1966) e instituciones del Estado (el Registro Oficial de Periodistas o la Escuela de Periodismo, por ejemplo).

Si bien la violencia comunicativa del franquismo fue más explícita durante el periodo de guerra civil, realmente se mantuvo como elemento vertebrador del régimen a lo largo de toda la dictadura. La justificación de la violencia y la represión, incluyendo sus niveles más extremos, fue constante. De esta forma, algunas de las características del discurso oficial franquista son:

· La referencia bélica —o el continuo recordatorio de los eventos traumáticos cometidos durante la guerra civil y el daño ocasionado a las víctimas—, ya que incluso cuando se hablaba de «paz franquista», las víctimas seguían siendo marginalizadas y representadas como la causa de la violencia.

· El abuso de la religión y las creencias espirituales de una población tradicionalmente católica con la connivencia de la Iglesia, que colaboró con la sublevación delatando a personas y manipulando a sus fieles, lo que el franquismo recompensó en forma de patrimonio, influencia política y poder sobre la educación.

· La exaltación del nacionalismo y la figura del líder, homogeneizando forzosamente a la diversa población española e identificándola con los valores representativos del franquismo, cuyo caudillo era una figura indispensable para el mantenimiento de la «seguridad», al punto de que se llegó a idolatrar al dictador.

· La manipulación histórica, tomando símbolos del pasado y recuperando episodios de la historia que eran considerados como referente del Estado, entre ellos el yugo y el haz de flechas del escudo franquista, provenientes de los Reyes Católicos, o el lema «Una, grande y libre», que evoca al colonialismo en África y América Latina.

· La opresión sobre las «minorías sociales» o el sometimiento de distintos colectivos (entre los que se incluyen las mujeres, las personas divergentes del heteropatriarcado, las personas racializadas, las personas parlantes de una lengua diversa al castellano, etc.) en privilegio de minoritarios grupos de hombres blancos, heterosexuales, adinerados y de ideología afín a la dictadura.

Cuando murió Franco, se dio la oportunidad de romper con la violencia franquista, pero como el tiempo se ha encargado de demostrar, la dictadura era algo más que la figura del dictador. Se trataba de todo un sistema social, político, económico y cultural basado en el autoritarismo y sostenido mediante la violencia comunicativa. Adoptar un posicionamiento «rupturista» hubiera implicado, al menos, escuchar los relatos de las víctimas; reconocer públicamente su sufrimiento y tratar de «repararlo» en la medida de lo posible, lo cual requeriría condenar a lxs culpables y llegar a un compromiso social de no repetición. Estas medidas públicas y otras similares han sido promovidas por multitud de países con pasados recientes traumáticos y violentos, como reflejan las comisiones de la verdad en África y América Latina. En España, en cambio, se optó por adoptar el «pacto de silencio».

Todos los actores que contaban con poder de decisión sobre las políticas públicas del momento, incluyendo tradicionales opositores a la dictadura, aceptaron el pacto de silencio. Básicamente, el pacto de silencio permitió la conservación de las estructuras jerárquicas del franquismo. Así, los que habían sido líderes de la dictadura (como Suárez o Fraga) pasaron a ser «padres» de la democracia. Las instituciones que habían apoyado la represión franquista (como la Iglesia o la patronal) mantuvieron los mismos privilegios. La palabra del dictador seguía siendo respetada tras su muerte, como representa la coronación de Juan Carlos de Borbón. De nuevo, los medios de comunicación oficiales actuaron como portavoces del discurso estatal y hegemónico, transmitiendo el miedo a una «nueva guerra civil» a la población. Por estas razones, la transición española no fue ningún paso «ejemplar» a la democracia, más bien fue un paradigma de la teoría de Lampedusa: todo cambia para que todo siga igual. La transición española supuso la aceptación del legado franquista.

Quizás, uno de los ejemplos más claros de manipulación de la opinión pública y, por tanto, de violencia comunicativa durante la transición lo constituye la ley de amnistía de 1977. La amnistía de lxs presxs políticxs del franquismo era una de las reivindicaciones históricas del movimiento social opositor a la dictadura. Pero cuando el Gobierno decidió aprobar una ley de amnistía, incluyó como amnistiables todos los actos de «intencionalidad política» (concepto, por otro lado, sin sentido desde un punto de vista legislativo). La ley de amnistía significó que los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura quedaron impunes y sin posibilidad de ser enjuiciados, aún hoy, pese a que algunos de esos delitos se extienden hasta el presente, como ocurre con los casos de bebés robadxs.

Así es como la democracia española perpetuó el memoricidio y el trauma colectivo de las víctimas de la dictadura. Durante la transición pudieron haberse recuperado miles de testimonios que hoy han desaparecido. Pudo haberse promovido la reparación moral de las víctimas a través de la exhumación de las fosas comunes. Pudo haberse reconstruido la memoria colectiva mediante la eliminación de las reminiscencias franquistas del espacio público. Se pudo haber difundido un discurso público de condenación a la violencia. Pero eso hubiera beneficiado a las minorías sociales y, aunque realmente las minorías componían la mayoría de la población, se optó por conservar los privilegios de los minoritarios grupos dominantes. Qué sorpresa.

La construcción del sistema social y político que hoy habitamos ha sido posible porque en ningún momento ha existido verdadera libertad de información y expresión. Esa violencia comunicativa, debido a que en multitud de ocasiones pasa desapercibida o al menos es sumisamente tolerada, es el legado más peligroso de la dictadura. No hemos aprendido lo suficiente de nuestra historia; si lo hubiéramos hecho, Vox no tendría cabida en el Parlamento andaluz. La recuperación de la memoria histórica es urgente ya que, como decía Cernuda: «El daño no es de ayer, ni tampoco de ahora / Sino de siempre. Por eso es de hoy»

nº56 | tema que te quema

La represión más progresista de la democracia

SOCORRE

Ilustra Garrido Barroso

Max Weber definió el Estado moderno como: «[…] una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación». Aunque parta de la legitimación, esta acepción sitúa con acierto la violencia y el castigo como ejes para la dominación de las sociedades a través del Estado, lo que se conoce como gobernar. Por tanto el proyecto político de cualquier Estado, incluido el progresista del PSOE-UP, se sustenta siempre en un andamiaje represivo. Las propuestas de revisión del Código Penal, cargadas de polémica en un ambiente de confrontación preelectoral, junto a la reapertura mediática de las atrocidades en la valla de Melilla, nos llevan a reflexionar sobre cómo en la presente legislatura ha tenido lugar un progresivo reforzamiento legal y práctico del aparato represivo del Estado. Este proceso se puede diseccionar en dos tendencias: la continuista con la era Rajoy, y la del punitivismo de izquierdas. Como hitos significativos de la primera, podríamos encuadrar: la no derogación de la ley mordaza, el uso de balas de goma, la política criminal en la frontera sur de la UE y la aludida propuesta de modificación del delito de sedición acompañada, por la puerta de atrás, de un endurecimiento de los delitos de desórdenes públicos en torno a la protesta social. Respecto de la segunda, señalaremos la aplicación del delito de discurso de odio y la reciente polémica en torno a la ley del solo sí es sí.

Las principales aportaciones del Gobierno del M. Rajoy a la estructura punitiva del Estado son dos leyes promulgadas al final de su primera legislatura con mayoría absoluta. Las leyes 1/2015 de reforma del Código Penal y la 4/2015 conocida como ley mordaza. Mediante esta legislación de combate se instauraba la prisión permanente revisable (cadena perpetua), se ampliaban los márgenes discrecionales para las autoridades, policiales fundamentalmente, y se criminalizaron ad hoc diversas formas de protesta, por la doble vía penal y administrativa, surgidas del 15M. Lo que en tiempos de oposición era inaceptable, una vez en el Gobierno, a PSOE-UP esta legislación les reveló su idoneidad como instrumento de control social. El uso y abuso de la mordaza por parte de las subdelegaciones de Gobierno, responsables políticos de su ejecución sí o sí, no auguran nada bueno sobre su posible reforma, ya que ni se habla de su derogación. En la gestión de la pandemia, como ejercicio de ingeniería social del control sin precedentes, abundan textos de análisis al respecto, lo confirma —siendo una realidad atronadora hoy día— que no es el sistema de salud sino el aparato represivo el que ha salido fortalecido. Asimismo, tal y como sabemos ahora, resulta inquietante que el único impulso despenalizador de la legislatura se orientará a un delito como el de sedición que solo puede ser cometido por políticos. Mientras, por ejemplo, de manera subrepticia, se pretende introducir también una modificación del artículo 557, relativa a los desórdenes públicos, con condenas de 6 meses a 3 años de cárcel, incorporando al de necesario uso de la violencia para su imputación otros conceptos aún más vagos y subjetivos de interpretación como los de intimidación, paz pública o idoneidad. Bloqueos en desahucios, ocupaciones de edificios públicos…, la lucha social en el punto de mira. Hay que recalcar que cuando se propone esta ley ya había sido supervisada y negociada por PSOE-UP-ERC, otra cosa será que la presión de colectivos sociales, más de cuarenta se han posicionado ya en Cataluña, les haga recular y está por ver hasta dónde.

Tampoco se han tocado las balas de goma responsables desde el año 76 de decenas de heridos graves y 23 muertes. Que la normativa que regula su uso para las FCSE (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) no sea pública, sirve para proteger a lxs agentes denunciadxs a la vez que demuestra lo importantes que son para el control de masas y peligrosas para las personas. Mientras que en septiembre 200 asociaciones de todo el Estado presentaban en el Congreso un informe y exigían su prohibición, el Ministerio del Interior compró 60.000 más de estos proyectiles letales.

Hablar de balas de goma y muertes es hablar del Tarajal, lo que nos lleva a la Frontera Sur, la que separa «el jardín de la jungla» en palabras de ese verbo libre de la diplomacia y legionario frustrado que es el socialista Borrell. Mandando el PP, la denominada, por imperativo legal, «tragedia del Tarajal» de 2014, tenía como antecedente la muerte a tiros de otros cinco migrantes en 2005, también en Ceuta, cuando gobernaba Zapatero. Entonces la autoría de la Gendarmería marroquí fue la que quedó demostrada, lo que no impidió que ese y los demás Gobiernos siguiesen ahondando en la colaboración del control fronterizo a cambio de prebendas económicas y políticas. Así llegamos a este julio de 2022 en Melilla, con un baile de muertos por determinar de un lado a otro de la valla. Objetivamente, Marlaska dice y hace lo que corresponde al cargo que ocupa como bien sabe alguien con su trayectoria. La UE exige mano dura y cooperación a ambos lados de la frontera, el apoyo decidido al Gobierno de Sánchez desde Bruselas y el portazo a los saharauis dejan claro el lugar que España juega en Europa en esta cuestión de primer orden.

Por punitivismo de izquierdas definimos el discurso que, partiendo de esa legitimación del Estado como monopolizador del castigo y la violencia, se erige, vía penal, como el verdadero garante de defensa frente a la opresión estructural que sufren colectivos históricamente oprimidos (racializados, LGTBI…) o frente a la violencia machista. Existe un profundo debate sobre esta cuestión dentro de estos grupos, y, especialmente, dentro del feminismo, sobre su eficacia, injerencia, contradicciones o hipocresía: el zorro vigilando el gallinero. Como aportación, señalaremos solo algunos aspectos relevantes de esta política punitiva de la que hace bandera el actual Gobierno. La legislación de los delitos de odio, que arrancó en el 95, pretende castigar las formas más graves de racismo y xenofobia y es un claro ejemplo de los peligros que implica el recurso penal para abordar estas cuestiones, más aún cuando el odio es un concepto subjetivo, volátil y difícil de calibrar. El Art. 510 del Código Penal hace referencia directa a los discursos de odio, entre cuyas motivaciones se introduce a la «ideología», abriendo la puerta a invertir la motivación inicial. De esta manera, en la circular 7/2019 de la Fiscalía General del Estado, que firma la fiscal progresista Serrano Crespo y promulgada con el PSOE gobernando, se consagra al nazismo como ideología susceptible de protección, poca broma. Esto, junto al eficaz trabajo de las brigadas de información policial, desemboca en la actual criminalización de colectivos que luchan a pie de calle contra el fascismo. El caso del autobús de HazteOir en Sevilla es un ejemplo. La ley del solo sí es sí, auspiciada desde el Ministerio de Igualdad, revisa el Código Penal en torno a delitos sexuales. Que interesadas polémicas sobre reducciones de condenas en base al in dubio pro reo y el previsible ruido del machismo más soez y recalcitrante no desvíen nuestra atención. El elemento central de esta ley pretende ser fiel al espíritu de las movilizaciones contra la sentencia de «la manada», unificando los delitos de abuso y agresión así como su horquilla de penas correspondientes, borrando del relato de aquellos días a las que señalaron a la justicia del Estado como patriarcal por definición. Voces críticas rechazan que en nombre del feminismo se estén legitimando penas más altas y la fe en la cárcel como la solución a la violencia sexual y protección a las mujeres. Desde el antipunitivismo apelan a la construcción de una justicia feminista restaurativa y transformadora que no refuerce la cárcel. El debate es ineludible.

nº55 | tema que te quema

UN FUEGO SIGUE QUEMANDO ANDALUCÍA

ANTIGITANISMO

Carmen Carbón

Ilustra Ana Penyas

Este verano en Andalucía han resonado ecos de una violencia extrema que viene sufriendo el pueblo gitano por el mero hecho de serlo; los pogromos son una máxima expresión del antigitanismo que habita en las entrañas de la sociedad —todavía—.

Y es que hacer que toda una comunidad gitana pague por lo que ha hecho uno de sus miembros no es una novedad en Andalucía; fue en Jaén, en Martos en 1986, donde ocurrió el primer pogromo antigitano que conocemos desde la muerte del dictador de cuyo nombre no queremos acordarnos. Alrededor de un centenar de marteños, jaleados por centenares de manifestantes que exigían a las autoridades la expulsión de toda la comunidad gitana del pueblo, incendiaron una treintena de casas de familias gitanas. El origen de esta barbarie tuvo lugar en la agresión de un joven gitano a otro joven que no lo era. Esto supuso la huida de alrededor de un centenar de personas gitanas hacia otros lugares de la geografía española. Tras el juicio, en el que solo hubo dos procesados, los lugareños repetían de forma conjunta que quien había quemado las casas había sido «el pueblo», en respuesta a la búsqueda de culpables por parte de la justicia.

Cinco años después, en el también jienense Mancha Real, el asesinato de un vecino a manos de un joven gitano desató un tumulto que exigía la expulsión de la comunidad gitana de la zona. Las viviendas de las familias gitanas de la localidad quedaron destrozadas por unos cuantos, con el apoyo de todo el pueblo. Estas familias tampoco pudieron rehacer su vida en su pueblo. Los intentos de algunas de ellas por regresar quedaron frustrados cuando alrededor de doscientas madres boicotearon cuatro meses después, a gritos de «asesinos, asesinos», la vuelta al colegio de los niños y niñas gitanas de entre seis y diez años, quienes tuvieron que ser escoltados por la Guardia Civil. Al día siguiente, la escuela amaneció vacía porque los padres y madres de los cerca de 1.400 alumnos/as del colegio se negaron a que sus hijes compartieran aula con alumnado gitano.

Este verano, hemos podido comprobar como el fuego del antigitanismo en Andalucía sigue quemando. Continuos ataques hacia familias gitanas de la localidad jienense de Peal de Becerro han sido objeto de debate nacional después del asesinato de un vecino a manos de unos jóvenes gitanos tras una pelea (que no reyerta, que vende más). Una multitud saqueó y quemó las casas de familias gitanas que no tenían siquiera parentesco ni relación con los homicidas, los cuales se encuentran hoy en prisión. También marcaron sus fachadas con «gitanos fuera». Las familias no han podido volver a su pueblo.

Un mes después, ocurrió en Íllora, Granada. Tras el asesinato de un joven de 19 por un joven gitano de 23, centenares de vecines asaltaron seis casas de familiares del homicida y tapiaron sus puertas, además de quemar sus coches e incluso las bicicletas de los pequeños de las familias. El homicida está en la cárcel desde agosto, aunque el pueblo sigue manifestándose dos meses después pidiendo justicia (supongo que, para ellos, una condena a prisión no es suficiente castigo si se trata de un gitano).

La convivencia interétnica que ha sido destrozada en todos estos casos que acabo de exponer sigue un patrón con siglos a sus espaldas: castigar a un grupo por lo que hace uno de sus miembros en un claro intento de tomarse la justicia por su mano cuando el presunto culpable es una persona de etnia gitana, algo que en ningún caso ocurre cuando en casos similares no lo son. Todas estas familias han tenido que huir de sus pueblos en busca de su derecho a vivir. 

Los discursos de odio, especialmente los antigitanos en torno a estos hechos, vienen a reforzar que el móvil de las agresiones en estos casos es la indeseable generalización, la estigmatización y la deshumanización de una etnia, alimentado por una discriminación, persecución e intento de exterminio histórico desde las propias instituciones en todo el país (y en todo el continente Europeo).

En un documento del 12 de enero de 1425, figura la llegada a Zaragoza de un grupo de nómadas gitanos procedentes de Francia. Esto se consagra en la primera prueba documental de la presencia de gitanos en la península.

Los Reyes Católicos tardaron muy poco en buscar la «homogeneidad cultural» en sus dominios. Así fue como en 1499 nace la primera de cientas de pragmáticas antigitanas en la península que firmaron Isabel y Fernando, como dice el Lebrijano, sin temblarles las manos, cuya finalidad era el exterminio y destierro de nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra rromipen (gitanidad) y de nosotras mismas: «Mandamos a los egipcianos que andan vagando por nuestros reinos y señoríos con sus mujeres e hijos, que del día que esta ley fuera notificada y pregonada en nuestra corte […] salgan de nuestros reinos y no vuelvan a ellos en manera alguna, so pena de que si en ellos fueren hallados o tomados sin oficios o sin señores juntos, pasados los dichos días, que den a cada uno cien azotes por la primera vez, y los destierren perpetuamente destos reinos; y por la segunda vez, que les corten las orejas, y estén sesenta días en las cadenas, y los tornen a desterrar, como dicho es, y por la tercera vez, que sean cautivos de los que los tomasen por toda la vida». 

En 1749, durante el reinado de Fernando VI, tuvo lugar lo que payamente se conoce como La Gran Redada, a la que yo prefiero llamar prisión general de gitanos, donde se mandó capturar a toda la comunidad gitana: «Por los graves motivos, que ha hecho muy notorios el atrevimiento de los que se llaman Gitanos, pues con la insolencia de sus perversas inclinaciones, […] resolvió la piadosa justificación de Su Majestad así por el alivio de sus Pueblos, como por contener, y enmendar de una vez a esta multitud de gente infame y nociva, el que se recogiesen cuantos habitaban en estos Dominios con el nombre y opinión común de Gitanos…».

La estela de la persecución en Europa es tan antigua como la de nuestra propia presencia. En 1439 fueron expulsados de París. En 1944 tuvo lugar la matanza de alrededor de 4.300 gitanos y gitanas la noche del 1 al 2 de agosto en Auschwitz. Se calcula que en los territorios bajo el dominio de la Alemania nazi, desde 1938, fueron asesinados alrededor de 500.000 personas gitanas en los campos de concentración, lo que conocemos en el pueblo gitano como Porrajmos o Samudaripen (el Holocausto Gitano). De toda Suiza, en 1471. De Alemania en 1500 y en Inglaterra en 1514 —con pena de muerte a los que se quedaron—. La venta de esclavos rroma perduró en Rumanía hasta 1864. Incluso en la Rumanía postcomunista quemaron, entre 1991 y 1993, es decir, antes de ayer, veinticuatro poblados gitanos.

Estos son solo algunos ejemplos puntuales del control, deportación, esclavización y exterminio de las rroma en Europa, que daría para otro artículo si mis compañeras de El Topo Tabernario me lo piden.

Pero volvamos a Andalucía. Uno de los hechos recientes más traumáticos es la expulsión de las familias gitanas de Triana en los 50 para condenarlas a la periferia hasta la construcción de las 3.000 viviendas. Entre esas familias estaba la mía. Pero mi abuelo Paco Carbón no fue «reubicado» como dicen los que pretenden blanquear esta barbarie antigitana. Fue fusilado. Sus hijes fueron enviados a internados cristianos para despojarles de toda su rromipen. Cuando pudieron salir, mi padre y mis siete tíos y tías pudieron volver a los últimos corralones de Pelay Correa, a donde pertenecían y a donde les llamaba la sangre. Pero su historia, como la de otras tantas familias gitanas de esta tierra, quedó marcada para siempre; mi padre tuvo que meterse a monaguillo para poder comer. Mis tías a limpiar las casas de los señoritos. Me pregunto cómo sería la vida de mi padre ahora si hubiera tenido la oportunidad de desarrollar y expresar el arte plástico y de la escritura que le corre por las venas.

Las gitanas de España tuvimos que esperar a la Constitución de 1978, en cuya redacción se encuentra la firma del tío Juan de Dios Ramírez Heredia, aunque en los libros de historia no aparezca, para ver la eliminación de las últimas normas discriminatorias con el pueblo gitano, y hasta 2022 no se ha incluido en el Código Penal el antigitanismo como delito de odio.

Nuestra mera existencia es pura resistencia.

nº54 | tema que te quema

El retorno de las narrativas esencialistas en la era de la globalización

Alejandro García Sanjuán

Ilustra JLR

En buena medida, la idea de la superioridad de Occidente o de la «civilización occidental» sobre el resto del mundo se sustenta sobre la narrativa histórica que afirma la existencia de una continuidad exclusiva e ininterrumpida que una a la Grecia clásica y las modernas democracias liberales, pasando por las contribuciones de Roma y la cristiandad medieval. Este «continuismo burgués», como lo denominó el medievalista Manuel Acién, constituye un poderoso mito que ha servido para legitimar la dominación colonial e imperialista ejercida por diversos países europeos y Estados Unidos desde el siglo XIX hasta la actualidad. Dotado de una elevada capacidad tóxica, este mito subyace, asimismo, a planteamientos fascistas y supremacistas que promueven ideologías de exclusión y de odio.

El predominio ejercido por las narrativas esencialistas durante el siglo XIX y buena parte del XX ha lastrado de forma determinante el conocimiento histórico, reduciéndolo a una mera herramienta de legitimación de identidades que se proyectan desde el presente hacia el pasado, en la búsqueda permanente de unos orígenes que otorguen el necesario pedigrí histórico a la nación o al pueblo. El medievo peninsular ha sido campo abonado para este tipo de propuestas seudohistoriográficas que siguen gozando de amplia aceptación, tanto en ámbitos académicos como, sobre todo, extraacadémicos. Medios de comunicación, publicistas y novelistas nutren de manera constante relatos de hazañas y grandezas históricas que funcionan como manual de autoayuda destinado a fortalecer la autoestima de sectores vulnerables a la propaganda patriotera.

Subyacen a la proliferación de estos fenómenos problemas de fondo como el desprestigio social de las ciencias sociales y el conocimiento histórico, alimentado por unos niveles inéditos de intrusismo profesional, fenómeno facilitado por las redes sociales, repletas de personas expertas carentes de cualquier clase de formación pero con miles de seguidoras, catedráticas de tuiter que, sin haber pisado jamás una facultad de Historia, se sienten autorizadas para pontificar sobre complejos procesos históricos. Este contexto apela a la responsabilidad social de las historiadoras académicas y a la necesidad de contribuir a la divulgación del conocimiento de manera más efectiva.

La reducción de la complejidad del pasado a relatos identitarios simplistas y maniqueos con capacidad de suscitar emociones de orgullo colectivo y de movilizar a sectores sociales imbuidos de sentimientos patrioteros constituye un desafío de proporciones crecientes al que las historiadoras académicas deben necesariamente dar respuesta. No se trata solamente de proteger el conocimiento histórico de todo tipo de manipulaciones, distorsiones y tergiversaciones, sino de prestigiar la propia labor historiográfica con una dimensión social que la convierta en un servicio público de utilidad para la ciudadanía que convive en entornos democráticos avanzados.

El período medieval peninsular constituye un buen ejemplo del proceso que F. Rodríguez-Mediano denomina la reducción de la complejidad histórica al lenguaje identitario, atajo seudointelectual que conduce a las narrativas esencialistas sobre las que se cimentan proyectos sociales y políticos de exclusión. Esa es la lógica que subyace a la noción tradicional de «Reconquista», descrita como hazaña de la libertad, lucha de liberación de ocho siglos de duración en función de la cual España quedó configurada como una nación «forjada contra el islam». Aunque la «Reconquista» ha articulado tradicionalmente la narrativa españolista sobre el pasado medieval peninsular, es posible encontrarla, asimismo, en sectores o ámbitos que se contraponen con el nacionalismo español. Es el caso del nacionalismo catalán, en el que asimismo existen grupos que promueven la idea de Cataluña como una nación «forjada contra el islam».

La flexibilidad de la lógica esencialista permite adaptar las mismas narrativas a ámbitos distintos, nacionales o supranacionales, y ello explica que, por ejemplo, autoras académicas proclamen que, tras su conquista por el rey Fernando III, las ciudades de Córdoba (1236), Jaén (1242) y Sevilla fueron reintegradas a la «civilización occidental», a la «civilización europea» o a ambas, que en el fondo vienen a ser lo mismo. Una lógica en función de la cual se delinean una España y una Europa exclusivamente blanca y cristiana de la que quedan excluidas, por lo tanto, otras culturas, etnias y creencias.

Paradójicamente, este tipo de narrativas históricas es fomentado en la actualidad por sectores que compaginan un discurso económico ultraliberal con una retórica antiglobalización teñida de xenofobia. La paradoja es, en realidad, solo aparente, ya que se trata del mismo discurso que alimentó el colonialismo europeo decimonónico, destinado a fomentar una globalización económica blindada mediante barreras de exclusión social que permitiesen limitar los beneficios de ese proceso a las elites de los países coloniales. La vinculación de las narrativas esencialistas con las retóricas de exclusión convierte forzosamente la discusión historiográfica en un debate de connotaciones políticas e ideológicas que las académicas no pueden ni deben soslayar, pues su silencio las convierte en cómplices pasivos de discursos que, en sus versiones más radicales, fomentan el odio.

La manipulación del pasado medieval peninsular desde posiciones ideológicas vinculadas al fascismo cuenta con un precedente bien conocido e ilustrativo de la radical tergiversación del pasado que implican los esencialismos. Su protagonista es Ignacio Olagüe, un aficionado a la historia adscrito ideológicamente al fascismo en la España de los años 1920-1930. Amigo personal de Ramiro Ledesma Ramos, su obra acredita una genuina preocupación por la idea de «decadencia» de España como fuente de desmoralización nacional.

Su proyecto de restitución del orgullo patrio pasaba por una relectura del pasado en clave identitaria. En consonancia con el antisemitismo inherente a sus ideas fascistas, Olagüe llevó a su máximo extremo la tendencia a la desarabización de al-Ándalus, llegando a afirmar que «los árabes nunca invadieron España», título de la obra que publicó en francés en 1969. Desde la sencilla premisa de una burda manipulación del pasado, el seudohistoriador vasco formuló una lectura nativista que le permitió interpretar al-Ándalus como realidad histórica de origen endógeno, ajena a la conquista protagonizada por árabes y beréberes que las fuentes describen de forma unánime. De esta forma, símbolos arquitectónicos del período islámico tan importantes como la Mezquita omeya podían ser reincorporadas al acervo cultural nacional, pasando a convertirse en meras expresiones del eterno genio creativo local.

Paradójicamente, el nativismo de Olagüe encontró acomodo en el incipiente nacionalismo andaluz de la época de la transición, mediante la sencilla operación consistente en sustituir español o hispano por andaluz. No deja de resultar aberrante que los descendientes ideológicos de Blas Infante acabaran asumiendo una narrativa elaborada desde los sectores que, en agosto de 1936, asesinaron al fundador del andalucismo. Hoy en día, el nativismo sigue formando parte sustancial de la narrativa andalucista sobre el pasado medieval, un hecho fácil de comprobar en publicaciones, intervenciones o declaraciones que emanan de dicho entorno y que revelan una severa indigencia historiográfica.

El esencialismo, por lo tanto, no es patrimonio exclusivo de ciertos grupos políticos o ideológicos, sino que tiene un carácter transversal, de tal forma que, como acreditan los ejemplos citados, llegan a producirse insospechadas conexiones entre narrativas desarrolladas o promovidas desde sectores que mantienen actitudes irreconciliables e incluso se contraponen de manera abierta. El error de ciertos sectores de la izquierda consiste en pensar que un esencialismo se combate con otro cuando, en realidad, ello solo promueve la proliferación de esta clase de narrativas, que se retroalimentan de forma dialéctica.

El actual retorno de los esencialismos no puede explicarse al margen del contexto de la globalización, ya que forman parte de la estrategia defensiva de las elites sociales que controlan dicho proceso de expansión capitalista, elites que necesitan crear y mantener barreras de exclusión que garanticen los privilegios sobre los que se asienta su dominación.

nº53 | tema que te quema

Su historia convulsa y la esperanza de reescribirla

COLOMBIA

Xaver Ansgar

Ilustra Yeye

Como sociedad colombiana hemos acumulado una historia que cada tanto, debido a eventos por lo general violentos, decimos que se divide en dos, como una mitosis cancerígena que deja siempre en una de sus partes un presente con una realidad compleja, como si se tratara de una metástasis de las desigualdades: esta espiral y la esperanza de romperla son la base para este remix espacio-temporal.

Desde su creación, Colombia ha sido un territorio en disputa. El criollismo asume en el siglo XIX una revolución burguesa por la independencia, una fuerza que finalmente se divide violentamente en bandos políticos que disputan el control del Estado. Desde ese entonces, esa pugna se materializa en guerra.

Un punto de partida que da cuenta de la espiral de confrontaciones, es la guerra de los Mil Días, que se produjo a finales del siglo XIX como un estallido resultado de las pugnas acumuladas; entre 1885 y 1902 se enfrentaron conservadores nacionalistas a liberales radicales. Hasta finalmente llegar a la paz en la que los conservadores ganaron.

Esa Colombia a inicios del siglo XX, una nación naciente con una identidad violenta, con un deje de colonialismo simulando soberanía, es el germen de desigualdades que se amplían en función del tiempo, generando una espiral violenta que se nutre de venganza, en la que las persecuciones, muertes, destierro y despojo son invariantes.

La polarización, una realidad en la que la desigualdad manda, un descontrol político, fraudes electorales generadores de violencia, la esencia violenta de la sociedad, la guerra y el acuerdo por una paz temporal, han sido elementos siempre presentes y determinantes para pensar en una inflexión que dé esperanzas y no un volver a empezar, momentos en los que se enuncia ese mantra de incertidumbre: «se partió la historia en dos».

Para 1948 la espiral reaparece con una persecución a líderes liberales y una apuesta por su eliminación. En la escena, Jorge Eliecer Gaitán, liberal radical que supo canalizar las angustias de las mayorías, un caudillo capaz de movilizarlas, que siendo candidato a la presidencia es asesinado el 9 de abril. Nuevamente, la «historia se partió en dos». Esta frase será el indicador de que las cosas no han cambiado para bien. La nueva guerra civil será conocida como la Violencia  y estará protagonizada por los nietos de los derrotados en la guerra de los mil días decididos a confrontar al Estado. La desestabilización territorial anima a que se firme un acuerdo de paz. En 1953 el líder guerrillero protagonista de esa paz, Guadalupe Salcedo, es asesinado.

En acción de supervivencia nuevamente, las guerrillas se organizan para consolidar territorios autónomos con un nuevo ingrediente: el comunismo que aviva las demandas campesinas. Nacen las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Para la misma época nacen otras guerrillas como el ELN, el EPL. La corriente de renovación socialista, el Quintín Lame y, posteriormente, el M19, cada una con un tinte propio de las tendencias de la izquierda internacional. Se mantuvieron activos por más de 20 años, presentes en la escena política en una confrontación directa con el Estado.

En respuesta a esta avanzada guerrillera, a finales de la década de 1970 reaparece un viejo actor: los comandos de ultraderecha o paramilitares, tal y como lo hicieron en la época de la Violencia. Con su bandera de autodefensa contrarrestaron a las guerrillas y protegieron a terratenientes, dejando una crisis humanitaria a su paso. En estos mismos años el narcotráfico asume control territorial, resignifica la economía, se aprovecha de la pobreza rural y permea el conflicto.

Antes de que finalice la década de 1980, se dan varias negociaciones con cada una de las guerrillas, una apuesta por la participación política. Sin embargo, la espiral violenta reabre su ciclo, surge la UP, Unión Patriótica, un partido que nace de los acuerdos entre el Estado y las FARC. Esta nueva fuerza se vuelve significativa en las regiones, hecho que no es bien visto por la derecha. Se da entonces el peor genicidio político en la historia, la UP fue exterminada. Finalmente las FARC y el ELN no firman acuerdos.

Los anhelos de paz contrastan con de la nefasta revolución cultural del narcotráfico de quienes asumen otra confrontación con el Estado, y, en medio de sus atentados, una movilización estudiantil propone una asamblea nacional constituyente, una transformación necesaria para sobrepasar un siglo de horror. Esta idea crece y se hace popular, sin embargo, en el preámbulo a la aprobación ciudadana y en la campaña electoral por la presidencia de 1990, caen candidatos que proponen un cambio estructural y un no rotundo al narcotráfico: Jaime Pardo Leal (UP), Bernardo Jaramillo Osa (UP), Carlos Pizarro (M19) y Luis Carlos Galán (Nuevo Liberalismo) son asesinados.

En 1991 se firma la nueva Constitución, la carta de navegación para un nuevo país. Para esa misma época el neoliberalismo se tomó la economía privatizando la salud, la educación, las telecomunicaciones; además transformó las políticas laborales y de bienestar social. Una crisis que a la par se refleja en una de las oleadas de violencia más complejas, una guerra de posiciones para la el control político y el narcotráfico, que a su paso dejó poblados destruidos, masacres, desplazamiento forzado y pobreza.

La década de 1990 marca nuevamente la necesidad de paz. Esta vez la propuesta es pacificar partiendo de la doctrina de la seguridad. Con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos y con el pretexto de una guerra antidrogas se expande la operación contrainsurgente sin precedentes el Plan Colombia.

Este fenómeno de seguridad como principio se desarrolló durante la primera década de los 2000, el paramilitarismo firmó su paz, sus líderes fueron extraditados y la verdad sobre sus crímenes sigue siendo esperada; en paralelo, cambia el escenario de conflicto y en medio de un nadie gana, se empieza la negociación con las FARC.

En 2016 el acuerdo de paz es firmado, sin embargo a partir de 2018, cuando la ultraderecha vuelve a la presidencia, se desacelera la implementación y crecen las cifras de muertes de firmantes y de líderes sociales, lo que muestra que la guerra sigue. Se agrupan nuevos actores armados, la espiral vuelve a empezar, esto genera que fuerzas sociales se manifiesten por la paz y por los derechos, se hacen llamados a la unidad y la movilización.

Al final de 2019, juventud y comunidades se unen en un gran paro nacional que se mantuvo hasta inicios del 2020, momento en el que se suman las medidas de control social debido a la cuarentena por la pandemia de la covid19, acentuando la angustia social. La precariedad de los servicios de salud se hizo evidente. Bajo la figura de la salud pública, la prevención se hizo bajo el control militar.

Se genera crisis, queda en evidencia el descontento social, un acumulado que en abril de 2021 genera un gran levantamiento popular. Durante meses se presenta una confrontación continua que deja cientos de víctimas por violaciones de DDHH. Se le dio un tratamiento de terrorismo a la protesta, el Gobierno perdió legitimidad y algunos gobernantes locales asumieron la negociación para generar soluciones a las demandas.

Luego vienen elecciones parlamentarias y presidenciales. La fuerza del paro se fue canalizando hacia las campañas más coherentes con su sentir, se perfilaron figuras locales que, desde su liderazgo, canalizaron fuerza electoral para ganar suficientes curules en el Congreso. Este es un indicador para afianzar una campaña por la presidencia que sume: experiencia, lectura de país, capacidad de negociación, liderazgo social, participación y representar a los sectores más vulnerables. Así surge la candidatura de Gustavo Petro y Francia Marquez, una dupla de ensueño para los movimientos sociales con una simbología distinta y más cercana a las marginalidades.

El lema es «vivir sabroso», un entramado de cosas que aún no asimilamos, pero que estamos dispuestos y dispuestas a entender; a sacar a flote muchos saberes que pretendieron borrar en más de doscientos años de colonialismo disfrazado de soberanía; por la vida y en memoria de todas esas víctimas de la guerra, del racismo, del machismo y, sobre todo, del capitalismo y su más maquillada forma el neoliberalismo.                    

Luego de años de mucho trabajo, pasamos de las calles a las urnas, hemos ganado esta vez. Sentimos que el que gobierna es el pueblo y se viene una gran tarea para mantener este sentir; fortalecernos y no dejar que nos arrebaten esta dignidad que estamos estrenando: llegamos para quedarnos y hacer de nuestros territorios escenarios de la vida soberana.

nº52 | tema que te quema

Violencia y racismo institucional

Asilo en el Estado español

Ana Castaño Vilas y Marta Medrano Martín

Hace ya años que vemos cómo el espíritu de la «Europa fortaleza» queda representado en el Estado español de un modo paradigmático. Son muchos y muy vergonzosos los hechos que reflejan como España se acoraza cada vez más para impedir la llegada a suelo europeo a quienes migran hacia este territorio. Según Caminando Fronteras, que monitorea las muertes en la frontera occidental euroafricana desde 2016, fue en 2021 cuando más muertes se registraron. Las políticas de control y militarización que han dificultado el paso entre África y Europa a través del Mediterráneo han desplazado el flujo migratorio hacia el Atlántico. Esto se traduce en rutas migratorias cada vez más peligrosas y mortíferas.

En cuanto a quienes sí consiguen llegar y solicitan protección al Estado español, según datos de Cear publicados en abril de este año, en 2020 tan solo se resolvieron favorablemente el 5% de las solicitudes de asilo, y en 2021, el 10,5%. Y, como decimos, estos datos solo hacen referencia a aquellas personas que sí consiguen presentar su solicitud, porque lo cierto es que existen enormes obstáculos tanto para llegar, como para pedir refugio. Es necesario detenernos en estos últimos, brevemente, para entender que no son fallos remediables del sistema de protección, sino que, muy al contrario, forman parte de una política migratoria racista cuidadosamente diseñada por el Estado español.

El primer gran obstáculo al que se enfrentan las personas que buscan protección internacional en España es la obligación de estar aquí para presentar su solicitud. Esta obligatoriedad, unida a las políticas de la Europa fortaleza que tienen como objetivo impedir el paso de lxs migrantes, tiene como consecuencias la muerte de cientos de miles de personas. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la externalización de fronteras, que consiste en la contratación por parte de un país de destino de migración del servicio de control de sus fronteras a otro de tránsito o de origen de la misma. En el caso del Estado español, se han formalizado alianzas de este tipo con algunos Estados del África negra, como Senegal, y con la mayoría del norte de África, siendo la más evidente la llevada a cabo con Marruecos. En la frontera entre este país y Melilla, la gendarmería marroquí impide a las personas negras acercarse al puesto fronterizo y, por tanto, a la Oficina de Asilo y Refugio en la que podrían solicitar protección legal. Es por ello que, en las imágenes de los saltos de la valla, siempre vemos a personas negras. En cambio, las personas blancas o magrebíes, pueden acceder al puesto fronterizo y pasar pagando a traficantes o mafias, una figura, esta última, que conviene no simplificar si queremos comprender la realidad de la que forma parte: las migraciones y el cruce ilegal de fronteras. Entre lxs pasadorxs hay personas que acompañan a lxs migrantes por el peligroso Sáhara camino de las costas de Libia, que fletan pateras, que ofrecen pasaportes falsos, que dan instrucciones de cómo vestirse o cambiar el acento para pasar ilegalmente por puestos fronterizos legales, etc. ¿Que lo hacen con ánimo de lucro y en contextos donde la vida y la integridad física de las personas están en peligro? Sí. No pretendemos ofrecer una imagen naif o romántica de este gremio, dentro del cual también hay personas con una absoluta falta de ética, que estafan a lxs migrantes o llevan al límite de forma temeraria situaciones ya de por sí riesgosas. Sin embargo, sí es importante constatar el hecho de que no son ellxs, sino las políticas migratorias racistas como las ya descritas, las que empujan a las personas migrantes a poner sus vidas en peligro. En todo caso, el Estado español (así como muchos otros del norte global) encuentra en el traficante a un chivo expiatorio ideal para el que reserva penas de prisión en su «delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros» (artículo 318 bis del Código Penal). Puro cinismo.

Una vez salvado este primer obstáculo, hay que acceder efectivamente al procedimiento, lo cual no es una tarea nada fácil. Hasta hace un par de años, cuando una persona quería pedir asilo, se dirigía a la policía, con todo lo que implica eso para alguien que se encuentra en situación irregular, y, de viva voz, manifestaba su voluntad de solicitar protección internacional. En ese momento, se le daba una cita para que acudiera de nuevo a los pocos días a realizar una entrevista en la que expusiera los motivos que fundamentaban su solicitud. Sin embargo, después del estado de alarma, toda interlocución con la Policía debe ser con cita previa, incluido el primer paso, y aunque a primera vista esto podría parecernos una oportunidad de ordenar el procedimiento y ser más eficientes, lo cierto es que estas citas son muy difíciles de conseguir. Cada jefatura provincial libera unas pocas cada semana (en una web sin traducción disponible), sin especificar cuándo lo hace ni publicar dicha información en ninguna parte. Lxs abogadas especializadxs y ONGs, que tienen un canal estrecho de información con la policía, las agotan en cuanto salen, lo que obliga al resto de personas a permanecer a la espera de protección por tiempo indefinido.

Además de todo esto, hay que tener en cuenta la siguiente arbitrariedad: la política de concesión o denegación de protección depende en muchos casos de la estrategia geopolítica que el Gobierno español tenga en el momento. Es decir, sus intereses y los acuerdos que haya alcanzado con un determinado país afectarán a las personas solicitantes de protección nacionales de dicho país. Un ejemplo de ello es el caso de Mohamed Benhalima, un exmilitar y popular activista anticorrupción que huyó de Argelia y solicitó protección internacional en España, coincidiendo con una importante negociación entre ambos países sobre el suministro de gas. Finalmente, fue utilizado como moneda de cambio y expulsado a Argelia de forma acelerada, sin que la Administración respetara su derecho a la defensa ni cumpliera normas procesales esenciales. Recientemente ha sido condenado a muerte en Argelia.

Por último, no queríamos dejar de mencionar la falta de dotación presupuestaria para los recursos de acogida, que están constantemente colapsados y, en muchos casos, dejan a personas vulnerables en una completa indefensión.

Sin embargo y pese a todos estos obstáculos, la reciente invasión del Gobierno de Putin sobre Ucrania, con la consecuente salida del país en busca de refugio de sus habitantes, ha dejado de manifiesto que, cuando interesa, las cosas pueden hacerse de otro modo. Se ha demostrado una vez más que, según el origen de la persona que solicita protección, se aplica un trato diferencial, contribuyendo a crear refugiadxs de primera y de tercera al ofrecer en este caso un acceso privilegiado al sistema de protección a quienes huyen de Ucrania. Y no es que queramos reducir el derecho a refugio únicamente a quienes huyen de una guerra de bombas y disparos. Creemos que existen otros tipos de conflictos y problemáticas que impiden el desarrollo de una vida digna, y por supuesto exigimos el derecho a la vida y el respeto de los derechos a todxs aquellxs que migran, sea por el motivo que sea.

Pero pasa que, en el caso de guerras o conflictos armados, la comparación se hace muy evidente. A quienes, por ejemplo, huían de la guerra de Mali se les denegaba el asilo en el 90% de los casos en 2020 (en 2021 esto cambió y afortunadamente se concedieron el 82% de las peticiones realizadas por maliensxs). Lo mismo ocurría con una de cada tres personas que huían de Afganistán en 2021, año de la llegada al poder de los talibán. Y a unx de cada cuatro en el caso de lxs sirixs. Sin embargo, en el caso de Ucrania, se ha aplicado una directiva (el artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE de protección temporal), facilitando su acceso al sistema. Esta directiva nunca ha sido aplicada a otras personas que huyen también de otras guerras. Y no solo eso, todo el sistema de protección internacional se ha visto reforzado (más dinero, más plazas, menos trabas burocráticas), pero solo para quienes llegan de Ucrania.

En definitiva, y sin habernos detenido en todos los obstáculos que integran la política de asilo, queda de manifiesto que se trata de un sistema concebido desde el racismo institucional, la arbitrariedad y la injusticia. Elementos muy lejanos de la ola de solidaridad y el talante acogedor que quieren vendernos cada cierto tiempo medios y políticxs, discurso con el que ocultan las verdaderas prácticas violentas e injustas de Europa y el Estado español.

Frente a ello, nunca debemos perder de vista las iniciativas y luchas de la militancia antirracista y la sociedad civil organizada en defensa de las personas migrantes. Como, por ejemplo, #DirectivaMigraParaTodas: una campaña ciudadana que aplaude la iniciativa llevada a cabo con lxs ciudadanxs ucranianxs y reivindica el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en España y Europa, reclamando que esta directiva se aplique a todas las personas independientemente de su origen.

| tema que te quema

Menos derechos para las más vulnerables

Marcela Rodríguez Poveda

Ilustra Pedro Moreno Martínez

La pandemia ha dejado ver que en este sistema todas las personas no somos tratadas de la misma manera, al igual que no todas tenemos los mismos derechos ni deberes. Hace ya dos años que la covid-19 entró en nuestras vidas, junto con confinamientos, test de antígenos, mascarillas, aislamiento social y desconfianza de quien no sigue las «normas establecidas». Un sinfín de palabras que han cobrado una cotidianidad tal que en estos momentos parece que hemos vivido con ellas más de lo que nos parece.

Soy la responsable de una residencia para personas con trastorno del espectro autista. Es una residencia pequeña, actualmente viven catorce personas entre los 21 y 53 años, aunque durante varios meses de la pandemia llegamos a las dieciocho.

Comenzamos a funcionar en septiembre de 2019. Gestionar una residencia es una tarea compleja, ya que son recursos pensados para personas mayores con un enfoque asistencialista en su máxima expresión; para nosotras empezar este proyecto ha sido y es un reto en varias dimensiones.

La primera, y a la que dotamos con especial valor, es la de poder ofrecer apoyo a las personas, con una visión respetuosa, manteniendo al máximo posible las rutinas que tenían en sus anteriores hogares, respetando sus gustos e intereses y, en todo momento, apoyándolas en función de las necesidades vitales e individuales de cada una de ellas. Todo este planteamiento lo llevábamos meses planificando, ajustando y midiendo junto a las personas, sus familias y las profesionales que las apoyan en el día a día. Este es el trazado base desde donde queríamos partir, ya que consideramos que es la manera de acompañar un cambio vital tan importante como el de emanciparse. Y es en este punto donde empezamos a chocarnos con la realidad, una realidad que implica que el acceso a un recurso residencial significa que vas a tener menos oportunidades que el resto de la población de tu misma edad.

Con solo seis meses de funcionamiento llega la pandemia y trae consigo normativas semanales que, no solo no respondían a las necesidades de los diferentes centros, sino que acarreaban una serie de normas burocráticas y sanitarias que, para poder ser llevadas a cabo, requerían de una serie de recursos humanos, técnicos y materiales que las residencias no podían asumir. Estas normativas han cambiado a lo largo de la pandemia con tal rapidez que ha sido imposible dar una respuesta eficaz a todas ellas, lo que ha generado muchísima frustración por parte de las personas que de alguna manera gestionan y trabajan en estos centros, imposibilitando el tener una actitud proactiva y erosionando la confianza de que se están ofreciendo a las personas apoyos ajustados a las necesidades de seguridad y salud que cada situación de la pandemia ha requerido.

La segunda dimensión, y no por ello menos importante, sobre la que queríamos construir este proyecto son las relaciones que se generan con la convivencia, no solo de las personas que allí habitan, sino también entre las profesionales y las personas a las que apoyan. Es un entorno privado, donde la labor de las profesionales es acompañar procesos muy vitales. Además, es un trabajo de amplio calado vocacional, pero también uno que requiere de un alto grado de empatía. A las personas con autismo les cuesta en muchas ocasiones, por no decir la mayor parte del tiempo, comunicar sus necesidades de una manera adecuada, por lo que el trabajo de las personas que los apoyan requiere de una buena capacidad de observación y conocimiento de la persona.

Podríamos decir que es un trabajo que requiere de un estado mental saludable. Para una parte de la población que ha asumido el discurso de romantización de la pandemia, el confinamiento fue parar, respirar, tener un descanso. Para las profesionales de servicios calificados como de primera necesidad o prioritarios, ha sido cansado, extenuante y ha puesto mucho en juego su salud mental. Estas trabajadoras, durante estos dos años, han tenido que doblar turnos por los imprevistos de salud que surgen continuamente; han tenido que ver a las personas que apoyan, y a las que quieren, enfermar o morir; han visto cómo sus compañeras se veían afectadas de covid-19 y aun así tener que seguir ofreciendo apoyo, sin ni siquiera tiempo para pararse a llorar por la situación que estaban viviendo, lo que ha generado en estas personas muchísimo estrés e incertidumbre.

Para las personas que allí viven, ha sido un verdadero horror: no ver a sus familias en meses, no entender por qué sus rutinas se rompían, por qué tenían que convivir con una serie de medidas que el resto de la población solo mantuvo unos meses; por qué no podían ir de vacaciones, salir a cenar con sus familias, disfrutar de espacios de ocio tanto en interior como en espacios abiertos. Las personas que viven en entornos residenciales han tenido que permanecer en ellos, con restricciones en su propio hogar, llevar mascarilla en todos los espacios, sin poder acercarse a sus compañeras, aisladas en habitaciones por cualquier sospecha de contagio y con medidas insufribles para ver a sus familiares, o a su familiar, ya que durante mucho tiempo solo pudo ser uno por razones de seguridad. Para una persona con autismo es muy difícil entender por qué las personas que le apoyan en su día a día tienen que ir con monos, gafas y pantallas, lo que hace difícil reconocer a la persona que la acompaña en actividades tan íntimas o privadas como puede ser una ducha, una cena o ir a la cama.

Entiendo que este tipo de medidas se mantuvieran, el riesgo de que en un entorno residencial se den casos de covid-19 es muy alto y es muy difícil de gestionar, ya que mantener burbujas de convivencia y aislamientos para evitar los contagios son un auténtico reto diario para las personas que trabajan en estos entornos, pero es importante que de alguna manera se reflexione sobre el hecho de que, en pos de la seguridad de las personas, se ha jugado con otro tipo de derechos. Y esto es debido a que este sistema no da respuesta a las necesidades de cuidados de nuestros mayores y de las personas más vulnerables, como, en este caso, personas con autismo.

Las medidas establecidas no contemplan a personas que no entienden la distancia social, que tocan a las profesionales y compañeras, y que tanto apoyo necesitan en las actividades de autocuidado. Estas medidas tampoco contemplan que la responsabilidad de la salud de esas personas está en profesionales cuya guía es apoyar a la regulación emocional, y que hacer ese trabajo a distancia y sin contacto es casi imposible.

Ya antes, el sistema no respondía coherentemente a esta situación sanitaria ni ofrecía una calidad de vida a las personas que están en entornos residenciales: imagínense como ha podido responder este sistema en medio de una pandemia. Ha respondido cargando a las profesionales de los centros con mucho trabajo burocrático, con normas de compleja ejecución, con medidas sanitarias poco realistas porque no tenían en cuenta la diversidad de la población que se encuentra en entornos residenciales.

Un sistema que cuida a sus mayores y a las personas con discapacidad, empieza cuidando los servicios que presta; empieza por ofrecer sueldos dignos a sus profesionales, por permitir en las normativas contratar gente con diversidad de titulaciones que respondan verdaderamente a las necesidades vitales de las personas en situación de dependencia; empieza por mejorar o dar más apoyo a los centros de salud que tienen como responsabilidad la salud de estas personas; dota de recursos necesarios para una gestión de calidad, acompañando a cada persona a seguir desarrollándose hasta el final de sus vidas.

Es de vital importancia que empecemos a repensar los recursos sociales que acompañan la vida de personas, ya sean mayores, migrantes, menores en acogida o personas con discapacidad. Estos recursos deben, ante todo, ser humanos y responder a las necesidades individuales por las que atraviesa cada persona en su momento vital. Estos recursos deben contar con profesionales específicos y formados, no solo profesionales dedicados a los cuidados asistenciales tradicionales; se necesitan educadoras, integradoras sociales, mediadoras comunicativas, psicólogas, pedagogas e incluso me atrevería a decir que maestras, ya que todas sabemos, y la ciencia nos demuestra, que a lo largo de nuestra vida seguimos teniendo proyectos y sueños que cumplir. Demos a nuestras personas más vulnerables lo que por derecho se merecen: una vida feliz y digna.

La pandemia ha servido de mecanismo alienador dando como resultado una sociedad más individualista, donde las más vulnerables son las más olvidadas.

Por Marcela Rodríguez Poveda . Directora de residencia para personas con trastorno del espectro autista
nº50 | tema que te quema

El periodismo feminista no va solo de contenidos

M.ª Ángeles Fernández

Tras once años de trayectoria, Pikara Magazine trabaja para consolidar que la estructura del proyecto periodístico integre los valores sobre los que escribe.

«No había una conexión entre lo editorial y lo administrativo». Este problema, descrito por Tamia Quima, una de las coordinadoras de Pikara Magazine durante una de las mesas del II Congreso de Periodismo Feminista Lucía Martínez Odriozola, resume uno de los principales retos a los que se ha enfrentado la revista Pikara Magazine.

El haber nacido hace once años sin ninguna pretensión económica y sin nada que pudiese pensar en un posible proyecto empresarial (no necesariamente capitalista, sino un proyecto que tuviera ingresos y gastos) arrastró un desbarajuste contable que lastraba la organización de la revista. La apuesta por pagar las colaboraciones periodísticas desde el principio generó una contabilidad y unos movimientos bancarios que era preciso gestionar con rigor y profesionalidad. Si los textos publicados en Pikara Magazine siempre han tenido calidad periodística (y no es falta de humildad, sino una lectura objetiva de los reconocimientos recibidos), no era lógico que lo hubiera detrás fuera algo así como amateur. Hasta que llegó Tamia Quima, como ella siempre explica, para organizar la base de datos de suscriptoras. Desde entonces, hace tiempo ya, sus tareas son casi inabarcables e imprescindibles.

Pikara Magazine es un proyecto periodístico que ahora mismo emplea a cinco personas: tres periodistas, una administrativa y una diseñadora. Vivir de una revista autogestionada, con un código ético fuerte respecto a la publicidad, por ejemplo, implica un fortalecimiento organizativo acorde con la mirada feminista implícita en los artículos publicados. Porque no tiene sentido hacer reportajes sobre cuidados, condiciones laborales, ansiedad o estrés y, por detrás, estar viviendo en un ambiente laboral desquiciado. La conexión entre lo editorial y lo administrativo es fundamental. Porque el feminismo no puede ser solo una lectura entretenida, ni una suma de clics, el feminismo es una manera de estar y de relacionarse. Y en eso está Pikara Magazine, en tratar que las prácticas feministas definan al proyecto en su conjunto.

«Publicar un artículo no es solo escribirlo y editarlo. Sino que hay que pagarlo y hacer los trámites con Hacienda. Y nunca se tiene en cuenta el gasto de la gestión administrativa, es una área que debe estar integrada. Es importante que se vele por lo editorial, pero hay más», expuso también Quima en la mesa redonda del congreso titulada «¿Qué puede aportar la perspectiva feminista a la sostenibilidad de un medio de comunicación?», en la que participaron periodistas de La Marea, El Salto y La Directa.

A LO PRÁCTICO

Pagar pronto a las colaboradoras (como máximo hay una demora de 15 días), contestar todos los correos, ser amable en las gestiones, intentar colaborar con diversos proyectos, estar implicadas en la vida del barrio bilbaíno en el que se encuentra la redacción, la horizontalidad en la toma de decisiones, la igualdad de sueldos para todas las trabajadoras, colaborar y no competir con otros medios, son algunos de los principios básicos que rigen a Pikara Magazine. Unos principios que han hecho que la revista forme parte desde hace unos meses de la REAS-Euskadi, la red de economía alternativa y solidaria. Como hacen desde esta red, pensar las relaciones económicas desde parámetros diferentes al mercado capitalista y neoliberal es una tarea a la que también se le dedica tiempo. Y es que la revista trabaja con organizaciones en las que se sabe que ha habido conflictos laborales denunciables; compra los materiales (desde papel higiénico a folios) en las tiendas del barrio; tiene el contrato de la luz con una cooperativa de consumidoras y consumidores, Goiener; los envíos de los materiales en papel se hacen con la empresa pública Correos, excepto los de Bilbao donde la encargada es una cooperativa de transporte sostenible, Botxo Riders.

Hablar de perspectiva feminista en la sostenibilidad de un medio de comunicación es hablar de cuidados. Este concepto, tal vez manido e incluso puede que vacío de contenidos en según qué contextos, no se puede aparcar en un proyecto como Pikara Magazine. Es verdad que en la lógica de la inmediatez y en la trampa del entusiasmo que denuncia Remedios Zafra en las que vive la sociedad actual es complicado que el trabajo no aparezca en el tiempo libre o de descanso; es difícil también escapar de la autoexplotación cuando se practica el autoempleo; y es compleja la desconexión cuando las redes sociales, y todas sus interacciones, son las ventanas de un medio de comunicación al mundo.

A pesar de las contradicciones inherentes a cualquier proyecto, por ahí está intentando andar Pikara Magazine, por el camino del respeto con la vida y los tiempos de las trabajadoras. La confianza mutua hace posible, por ejemplo, que los horarios de trabajo, más allá de unas necesidades firmes y concretas como reuniones o cierres editoriales y de proyectos, sean flexibles, que el teletrabajo sea una opción no solo pandémica y que no haya que entregar bajas médicas cuando alguien tiene un mal día. Sin olvidar la ausencia de jerarquías: remar juntas siempre es más placentero.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

«Ahora fluye más la información y todo el mundo participa en la toma de decisiones», dijo también Tami Quima en el II Congreso de Periodismo Feminista. La integración y conexión entre las áreas de administración y editorial, hecho realmente efectivo hace dos años, ayuda a planificar mejor las tareas anuales. ¿Cuántos monográficos se van a publicar este año?, ¿qué presupuesto tienen?, ¿de qué temas serán? son preguntas con respuesta en enero. ¿Hay dinero para invertir en las tareas de difusión?, ¿cuándo es mejor realizar una campaña de socias o una promoción en la tienda online?

La mejora en la organización interna de Pikara Magazine ha provocado que este año la revista cuente con su primera memoria de sostenibilidad, realizada con Nerea Azkona, de AIEDI Faktoria, un documento que recoge la información no financiera de más de una década de actividad y la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda 2030. Puede parecer muy rimbombante, pero al final es lo expuesto en este artículo pero siguiendo una estructura concreta.

Los retos son varios: la ampliación del equipo, la mejora salarial y la creación de una nueva web tal vez sean los más claros. De momento, el próximo paso es ser una cooperativa sin ánimo de lucro.

Aunque la asesoría con la que trabaja Pikara Magazine defienda que ser una asociación sin ánimo de lucro es una figura jurídica acorde con la actividad de la revista, el anhelo de ser una cooperativa ha sido una constante en el equipo de coordinación. Una vez consolidada la estructura, comprobada la sostenibilidad de un proyecto que nunca ha tardado en pagar una factura más de un mes y fortalecidas las tareas de coordinación y toma de decisiones, es hora de que Pikara Magazine sea una cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro. Está claro que los papeleos serán más y tal vez los impuestos suban, pero la coherencia entre discurso y práctica no admite demoras.

El próximo paso ya está en la mente: que las colaboradoras habituales sean parte de la cooperativa y que eso conlleve una mayor seguridad jurídica para las que sean freelance. Que Pikara Magazine no sea solo un medio más en el que publicar y facturar, sino que sea un espacio de cuidado mutuo, apoyo y que aporte beneficios también en lo laboral y en lo fiscal. Que el entusiasmo, vital para vivir y sobrevivir, no sea una desventaja en un panorama mediático que a la par que publica más contenidos con mirada feminista sigue precarizando a las periodistas. Pikara Magazine no es ajena al contexto, pero trabaja por deshacer esas ataduras que hacen viables proyectos en una sola parte del engranaje, la editorial. Ya lo dijo Tamia Quima, hace falta conexión entre lo editorial y lo administrativo.

nº49 | tema que te quema

EL COMPÁS INVISIBLE

Pedro Lópeh

Ilustra Garrido Barroso

Es un no parar. Raro es el mes en el que no se publica un libro sobre los verdaderos orígenes del flamenco, que algunos encuentran en Damasco y otros en la escuela bolera. Rara es la semana sin que alguien reivindique el cante como una de las esencias de su patria, que puede ser Andalucía, España o una nueva república cantonal. Raro es el día sin un arrebatado tuit que da por sabido el expolio hondo de los payos a los gitanos y pasa a explicar cómo fue el supuesto proceso: tal día nos quitaron este acorde; una semana después, la forma de tocar las palmas.

Debe de ser emocionante sentirse parte de algo así (una epopeya, una patria, un pueblo, una cultura, una raza…) y sumar tus pulsiones personales a un caudal antediluviano. El problemilla, en lo que al cante y su historia se refiere, es que muchas de esas personas suelen erigirse en interlocutoras desde el papel de víctimas (aunque lo sean, acordemos que uno no es víctima todo el rato ni en todas las discusiones), y esa es una circunstancia que nos ha desarmado en los debates teóricos a los que (parece ser que) no lo somos, porque siempre hemos preferido equivocarnos o callar en favor de las víctimas antes que en contra de ellas. Así que en el flamenco, henchidos de solidaridad y sentido de la reparación histórica, hemos acabado tragando gigantescas ruedas de molino musicológicas.

Porque a ti te dicen «me han robado el flamenco» y respondes «coñe, pues vamos a intentar devolvértelo». Te cuentan que el cante forma parte del corazón de una nación oprimida y te emocionas porque lo reivindiquen como un artefacto libertador. Te explican que Ziryab inventó la guitarra flamenca, pero que nos lo han ocultado en favor de don Pelayo, y te sientes inevitablemente furioso con el segundo y embriagado por el primero. Cada una de esas reacciones quizás te conviertan en mejor persona, pero contribuyen, de forma paradójica, a seguir socavando la dignidad de los pueblos a los que supuestamente se pretende reivindicar porque esquivan las profundas verdades sociales, políticas y materiales del asunto. En Historia hay que cerrar la navaja de Ockham porque no, la respuesta más sencilla no es la más probable.

Convengamos, llegado este punto, en que nadie sabe muy bien qué es el flamenco, lo cual, si lo miramos con niña curiosidad, es maravilloso. El objeto de estudio que nos ocupa esquiva toda caracterización fácil, así que no es de extrañar que su esencia sea tan voluble en manos de unas y otros. ¿Cómo de importante es el sistema musical a la hora de definir el género? ¿Es más significativo, en cambio, el modo expresivo, la estética o la intención artística? ¿Ponemos el foco en el baile, antes que en el cante o el toque? ¿Dónde queda la literatura popular flamenca, tan representativa del estilo? ¿Consideramos parte fundamental del género, también, ciertas actitudes o tipos psicológicos? ¿Nos fiamos de las escasas fuentes documentales o tiramos de epistemología folclórica? Existen miles de preguntas modelo, algunas muy fáciles, que tirarían por tierra casi cualquier teoría hecha o por hacer sobre los orígenes del flamenco, y eso no puede ser buena señal. Quizás nos acusen de exceso de relativismo, pero es que hay que quitarle cierta solemnidad a los que explican la cuna del cante porque, de partida, ya saben qué es el flamenco, ¿no os parece?

Además de desconfiar de toda certeza, sin embargo, también podemos animar el debate con aportaciones que ayuden a comprender el contexto en el que nació el flamenco (lo que quiera que ello sea) y que conduzcan las miradas, de paso, hacia la realidad social de sus pueblos protagonistas. En este sentido, nos vemos obligados a fajarnos en un terreno demasiado prosaico para lo acostumbrado en el mundillo, porque tenemos que hablar de dinero. Dinero como papel moneda de toda la vida, como salario y como necesidad; pero también dinero como metáfora de las dinámicas de clase que subyacen en el flamenco, como recordatorio de los usos de la sociedad capitalista en la que nació y como símbolo, aunque simplificador, de los tipos de acercamientos que echamos en falta a la hora de hablar de la historia del cante: el materialista, el político, el desmitificador.

Una mirada de este cariz, por ejemplo, no desdeñaría que el flamenco, género cristalizado en el siglo XIX, es hijo de un sociedad proto-industrial que se reprodujo en otros sitios al mismo tiempo y que parió productos similares. El jazz, el tango o el fado son músicas populares urbanas que beben de unos pueblos y unas tierras, por supuesto, pero que nacen a la vera de grandes puertos mundialmente conectados, repletos de una nueva clase social, el proletariado, que trasegaba mercancías y culturas, que consumía alcohol y arte, que necesitaba alegría y consuelo. Para entender el sustrato flamenco, pues, podemos mirar a Nueva Orleáns, Buenos Aires o Lisboa, y sumar a la investigación otros productos que surgieron para dotar de una cosmovisión a ese sujeto en ciernes que había dejado atrás el campo y su cultura. El espiritismo, tan estrafalario ahora pero tan curioseado por los anarquistas, por ejemplo, no era más que un amago de sustituir la religiosidad tradicional por algo más moderno, científico, elevado. Ese gesto y ese contexto en el cual se sublima una artefacto sociocultural (religioso, en este caso) son los mismos que quizás lleven a transformar un fandango folclórico en un fandango flamenco. Y si todo esto parece excéntrico, que puede ser, considérese que Sevilla, Cádiz o Jerez fueron, al fin y al cabo, como las ciudades antes citadas: puertos importantísimos de una potencia colonial (en decadencia, cierto, lo cual quizás también confiera carácter), sociedades que sufrieron los embates de la industrialización y zonas donde el socialismo de diferente tipo tuvo una fortísima implantación, llegando incluso a viñas y olivares. No digo que todo ello sea más responsable del flamenco que el poblamiento musulmán de la península, pero les aseguro que no lo es menos.

Con todo, una mirada materialista sobre el origen del cante no debería quedarse solo en aspectos supraestructurales, sino leer la historia al nivel del estómago. Se ha hablado siempre, acertadamente, de que el profesionalismo fue fundamental para el nacimiento del flamenco, puesto que la competición por el favor del público (y por el destino de su dinero, por tanto) alentó las carreras creativas, los experimentos, refritos y versiones, el perfeccionamiento técnico, etc. Y es verdad, pero creo que aún no se ha puesto suficiente énfasis en el modelaje que el consumidor de flamenco realizó sobre los modos expresivos del cante, dejando a un lado su consabido filtro sancionador de palos, estilos y nuevas fórmulas. Aunque es un tema complejísimo y delicado, que espero apuntar con el respeto que merece, baste una anécdota que contaba Chocolate para plantearlo: los días que, siendo joven, se encontraba descansado porque había conciliado el sueño con la barriga llena, un señor que le compraba el cante le encontraba más frío, menos expresivo. Cuando cantaba hechecito polvo por el hambre, en cambio, su flamenco era considerado excelso y le recompensaban por ello. Ese discreto y terrible influjo de la burguesía en el arte de los pobres es rastreable en otras partes del globo, pero, en el caso de las producciones gitanas, lo he presenciado en directo en el Festival de Guca. Se trata de un rincón de Serbia donde, a buen seguro y sin ánimo de establecer paralelismos fáciles, encontramos un pliegue geográfico, civilizatorio e histórico muy similar al de la España moderna. Allí, en medio de un tremendo galimatías de naciones, razas, culturas, proyectos políticos, modos de vida y formas de honrar a dios, se desarrolla cada año un formidable encuentro de bandas balcánicas. Y allí, como al Chocolate, también pagan mejor a los gitanos más castigados por la vida que tienen un estilo más patético o estrambótico. Según me dijo uno de ellos: «si te faltan dientes, cobras más». Esos payos eslavos que tiran billetes y quieren ver al gitano que ellos tienen en mente no son muy diferentes de los señoritos y burgueses que han promulgado con sus cuartos un (maravilloso, huelga decirlo) modo expresivo muy característico.

Este berenjenal y otros similares, que así dichos pueden parecer espinosos, cuando no disparatados porque han estado ausentes en la teorización sobre el flamenco, son fundamentales para entender el cante, su historia y sus protagonistas. Por eso, si me permitís el consejo, todo el mundo debería leer La distinción de Bourdieu antes de buscar el flamenco en Tartessos. Ello redundará en una comprensión mejor de las dinámicas que mecen la cultura, en un mayor conocimiento de las gentes que nos han precedido en esta tierra y en una dignificación más honrada de los pueblos, culturas, razas, naciones y almas que han horadado el cante. El compás invisible que marca el dinero, entendido en los amplios sentidos que antes hemos comentado, está por estudiar, describir y divulgar. Entre todas podemos hacerlo. Estoy seguro de que se trata de una misión necesaria y apasionante.

Por Pedro Lópeh . Escritor, músico, campesino. Autor de «El café de Silverio».
nº48 | tema que te quema

Perú ya tiene presidente: Pedro Castillo

Gonzalo Rivera Talavera - @gozalorivera

Ilustra Maria Farré

Pedro Castillo ya ocupa el sillón presidencial del Perú. Después de ganar las elecciones a Keiko Fujimori por poco más de 40 000 votos, tiene por delante el reto de comenzar una transformación social al tiempo que ataja el problema de la pandemia en el país con más muertos por habitante del mundo y de una oposición política con mayoría en el parlamento dispuesta a retirarlo del gobierno. El nuevo presidente representa al mundo andino e indígena, y se aleja de las élites urbanas y capitalinas, que se caracterizan por mirar más a Europa y a EEUU que a su propio país.

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El periodo político peruano reciente se ha caracterizado por su conflictividad y la incapacidad de llegar a acuerdos. En el 2016, por un periodo de 5 años, fue elegido Kuczynski frente a Keiko Fujimori, quien perdió la elección por un pequeño margen. Ambos son representantes de la derecha conservadora del Perú, sin embargo, el país eligió a un ex ministro de economía y empresario financiero antes que la hija del expresidente Alberto Fujimori, sentenciado por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Desde ese momento, con una presencia mayoritaria en el Congreso peruano del fujimorismo, se inició un proceso de obstruccionismo y cooptación de cargos públicos que no tenía precedente en la historia política peruana desde el retorno a la democracia en el año 2001. Como producto de esta dinámica, en 2018, el presidente Kuczynski renunció ante una inminente censura del Congreso. Desde esta renuncia se produjeron la disolución del Congreso y una censura presidencial, teniendo como saldo de este periodo 4 presidentes y 2 Congresos en 5 años. Esta dinámica se mantiene intacta para el presidente Castillo, quien ganó la elección este año por un estrecho margen de 0,25% y que tiene una oposición en el congreso mayor incluso que su antecesor.

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La COVID-19 ha golpeado al Perú fuertemente. Se registra una mortalidad total de 5 885 muertes por millón de habitantes, la mayor a nivel mundial (ref. España tiene 1 987 muertes por millón de habitantes). La pandemia en este sentido ha visibilizado que la corrupción y la pobreza tienen impactos claros sobre la salud pública y la vida. Las y los peruanos que han perdido la vida en pocas ocasiones han sido personas con más recursos económicos ubicados en la capital o zonas urbanas y, por otro lado, el mercantilismo privado frente al desborde de la atención sanitaria pública permitió que muchas familias de ingresos medios se vean endeudadas por sumas millonarias. Finalmente, tanto en el sector público como privado han operado y siguen funcionando mafias de oxígeno, camas en cuidados intensivos y vacunas entre otros. En definitiva, corrupción, pobreza, discriminación y desigualdad, todo evidenciado en la crisis sanitaria y tal vez la causa principal por la cual la mayoría de la población está más predispuesta a un cambio mayor en el gobierno del país.

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La elección del 2021, después del retorno a la democracia el 2001, ha sido sin lugar a duda una de las más polarizadas y controvertidas. En cierta medida recordó la elección de 2011 en la que ganó Ollanta Humala también frente a Keiko Fujimori. Humala fue elegido presidente con una propuesta política de gran transformación social, sin embargo, su Gobierno se moderó significativamente e hizo solo algunas pequeñas reformas, lo cual fue vivido como una traición por la mayoría de sus electores. Tanto en 2011 como en 2021, los medios de comunicación iniciaron una campaña a favor de un candidato acorde a sus intereses. En esta ocasión, la campaña contra Castillo fue con acusaciones de terrorismo. Se evidenciaron las peores características de la élite de la sociedad peruana, cuyo racismo y privilegios estuvieron en perfecta sintonía con la campaña de terruqueo de los medios de comunicación. En días posteriores a las elecciones, ante los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que daban por ganador a Pedro Castillo, Keiko Fujimori inició una estrategia legal buscando declarar nulos miles de votos de zonas rurales con el pretexto de que se había llevado a cabo fraude. Después de un proceso atípico de varias semanas, con acusaciones y procesos legales delirantes que no pudieron comprobarse en ningún caso, Pedro Castillo pudo ser proclamado oficialmente como presidente.

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Pedro Castillo es presidente del Perú a sus 51 años por un partido en el que milita de manera reciente si consideramos que Perú Libre se fundó en 2012, cuando el actual presidente militaba en otra organización. Perú Libre se define en su ideario como un partido político de izquierda socialista marxista leninista, de origen provinciano y andino. Pero más que su partido, lo que representa la identidad política del presidente Castillo es su pertenencia al gremio de docentes, específicamente la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (fenatep), espacio gremial que fundó y del cual ha sido secretario general. Este gremio lideró la huelga magisterial del 2017 que significó que se produjera un cambio de ministra y una crisis total en el Gobierno. Castillo fundó la fenatep como una propuesta de radicalización de las demandas docentes al considerar que el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (sutep) no representaba adecuadamente los intereses de los docentes. Él es maestro de educación primaria de la escuela en la que estudió de pequeño en el distrito de Tacabamba, provincia de Chota en Cajamarca. Por otro lado, no menos importante en su identidad como indígena campesino son las rondas campesinas y comités de autodefensa de los cuáles ha sido parte. Esto es claramente expresado en la conformación de su primer gabinete, el cual está compuesto por diferentes líderes de organizaciones sociales así como por sus aliados políticos en el proceso de segunda vuelta electoral entre las que también se encuentran algunas organizaciones políticas de izquierda progresista.

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El presidente Pedro Castillo nació en Puña, cuyo distrito, Tacabamba, tiene poco más de 15 000 habitantes. Estudió la primaria en un colegio público en su pueblo y tuvo que desplazarse al distrito contiguo de Anguía para culminar sus estudios secundarios. Posteriormente estudió en Cajamarca y, luego de graduarse, a sus 26 años empezó a desempeñarse como docente de educación primaria de la misma escuela en la que estudió de niño. La familia del presidente se ha mudado recientemente a la capital del país pero nos cuentan que extrañan su casa en Cajamarca, sus animales y sus tierras, todo lo cual no es fácil de entender para las élites urbanas que están con sus ojos más puestos en Europa o EEUU que en las poblaciones indígenas y campesinas del país. Esta parte de la vida del presidente es fundamental para entender sus prioridades y la reivindicación de millones de peruanos que se identifican con un presidente campesino al igual que sucedió con Evo Morales en Bolivia. En este sentido, las prioridades del Gobierno están centradas en fortalecer a las organizaciones indígenas en el marco de un Estado plurinacional; llevar a cabo una reforma agraria que favorezca a los pequeños y medianos agricultores; tener participación en actividades económicas estratégicas como la minería y el gas, entre otras. Para ello, Pedro Castillo y Perú Libre consideran que la actual Constitución política no es una herramienta pertinente para la mejora de los servicios públicos por lo que ha propuesto una Asamblea Constituyente, al estilo de Chile, para reformar la Constitución.

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Pedro Castillo ha nombrado a un hombre homófobo como presidente del Consejo de Ministros, en un gabinete en el cual solo hay dos mujeres en los diecinueve cargos ministeriales que lo componen. Y aunque cuenta con cuadros de izquierda en carteras como Relaciones Internacionales, Economía y Mujer y Poblaciones Vulnerables, la mayoría de sus ministros y congresistas se identifican principalmente con valores conservadores. Al ser cuestionados por su visión conservadora en relación con las diversidades y el feminismo, la mayoría responde que no son los valores en los que han crecido y que mucha gente de comunidades indígenas y campesinas no consideran que la vida «deba ser así». Es más, el presidente del Consejo de Ministros en una reciente entrevista señaló que el programa de Verónica Mendoza, candidata presidencial de la izquierda progresista en el último proceso electoral, no fue apoyado porque no estaban de acuerdo con que se les imponga una visión que no comparten. En este sentido, se podría decir que, si bien es un Gobierno con una propuesta de transformación social, su proyecto no incluye como prioridad las políticas de diversidades ni de igualdad de género.

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Pedro Castillo tendrá que buscar permanecer en el poder el tiempo suficiente para poder hacer los cambios sociales, políticos y económicos que propone. Ello no será fácil considerando que los poder fácticos del país, consolidados en una élite principalmente urbana y capitalina, cuentan con una representación sólida en el congreso y en otros poderes del Estado. Existe consenso en que el presidente solo podrá gobernar en la medida que cuente con el respaldo mayoritario de la población, en especial el de organizaciones sociales de base y, por otro lado, que no se vea envuelto él y sus equipos en escándalos de corrupción como en los que se han visto envueltos la mayoría de los expresidentes del Perú. El presidente Castillo lo sabe y hacia esa dirección está dirigiendo la toma de sus decisiones.

Por Gonzalo Rivera Talavera - @gozalorivera. Consultor y profesor universitario
nº47 | tema que te quema

POR LA LEY TRANS

Samuel Mora

Ilustra Alba Gallardo

ESTE ARTÍCULO FUE ESCRITO ENTRE EL 18 DE MAYO, DÍA EN QUE LA ‘LEY TRANS’ NO SALIÓ ADELANTE EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS; Y EL 29 DE JUNIO, CUANDO SÍ SE DESBLOQUEÓ SU TRÁMITE EN EL CONSEJO DE MINISTROS. LAS REFLEXIONES QUE EN ÉL SE VIERTEN ACERCA DE SU NECESIDAD, Y SOBRE LOS BULOS Y LA OFENSIVA A LA QUE LA LEY ESTÁ SIENDO SOMETIDA, SIGUEN SIENDO VIGENTES.

La ley trans nunca llegó a serlo gracias a la abstención del PSOE y el bloqueo de la derecha el pasado 18 de mayo. Aunque no son solo los partidos políticos quienes se oponen al progreso y el avance de los derechos de las personas trans (de transgénero) en nuestro país. Por desgracia, dentro del colectivo LGTBI+ las personas trans son las más cuestionadas, señaladas y agredidas por el hecho de ser, ya sea por grupos de feministas extremistas amparados por diferentes plataformas, o por reaccionarios de derechas inculcados y adoctrinados en el sistema fascista de la dictadura. Justamente este tipo de personas son las que se han dedicado a crear diferentes falsedades y bulos sobre la ley trans haciendo presión en el PSOE y Unidas Podemos para cumplir el cometido de que esta ley no siguiera adelante. Bulos como, por ejemplo, que a partir de ahora los hombres (cis) podrían «vestirse de mujer» y entrar en los vestuarios y los baños para poder «espiar y acosar sexualmente» al resto de mujeres. Este tipo de infundio lo único que generan es odio, rechazo y retroceso en todo lo conseguido hasta el momento por el colectivo trans, en especial las mujeres trans, desviando la atención del verdadero problema del machismo actual, y es que, como sabemos, en realidad el hombre que quiere acosar sexualmente no necesita vestirse de mujer para hacerlo. Este miedo irracional hacia «hombres disfrazados» ha sido una tapadera por parte de los colectivos extremistas dentro del feminismo, más conocidas como TERFs (siglas en inglés de Trans-exclusionary radical feminist [o feminista extremista trans-excluyente, en castellano]), para impulsar su campaña de odio hacia las mujeres trans acusándolas de cómplices del machismo; tratando a los hombres trans como víctimas y «aliadas confundidas» de situaciones hipotéticas donde pueda darse violencia machista, sin ningún tipo de argumento. Otros países que reconocen a las personas trans y no binarias, las amparan bajo la ley y donde no piden documentación médica para el reconocimiento de las mismas, no cuentan con ningún tipo de caso de violencia machista de este estilo, dejando claro así que las mujeres trans no son las que atentan contra la integridad de las mujeres (cis), sino que son este grupo de extremistas dentro del feminismo quienes atentan con la integridad de ellas, no pudiéndose llamar así a este activismo de verdadero feminismo. 

Esta es una de las miles de razones por las que la ley trans debe seguir adelante sin importar el obstáculo en el camino, para asegurar nuestra persona, nuestra dignidad, nuestro derecho a ser y a vivir una vida feliz y adecuada sin que nadie pueda cuestionar y tener el poder de definirnos o elegir lo que somos partiendo de nuestra expresión de género. Porque las personas trans somos una realidad, no un debate. 

Por otro lado, la ley trans no solo protege a las personas trans, sino que esta también ampara a la población no binaria, aquellas personas que no se sienten identificadas con ninguno de los dos sexos establecidos en la sociedad actual y, además, cuya expresión de género puede llegar a ser muy diversa. Personas cuya existencia no está recogida en ningún tipo de ley vigente y que, legalmente hablando, no existen. Este es otro de los motivos principales por los que la ley trans debe salir adelante, ya que el hecho de ni siquiera reconocer una realidad presente no solo en la actualidad, sino a lo largo del tiempo, es ya de por sí una violación en toda regla de los derechos humanos. No solo se genera un clima de exclusión social, sino también laboral y jurídico que las borra del sistema por completo. Y, una vez más, se descarta de la norma lo diverso, a toda aquella persona que se quede fuera de los estándares que nos impone el Estado cispatriarcal en el que vivimos, como si lo normal no fuera la diversidad.

Todos estos dilemas e injusticias que la ley no castiga ni atiende únicamente generan que esta situación marginal se mantenga presente en el tiempo, sin permitir su evolución ni el progreso en un bienestar general atendiendo a lo diferente. Por ello, en la ley trans se recogen diferentes matices relacionados con la discriminación positiva, prestando atención y protegiendo de la discriminación sexual a las personas trans y no binarias; y, a su vez, incluyendo a estas en programas laborales e incorporándolas al mundo laboral, asegurando por esa parte el derecho a una vida digna independientemente de su sexo, raza u orientación sexual. 

Otro de los puntos destacados en esta ley es justamente la protección de las mujeres trans como mujeres, ya que el Estado no cuenta como violencia machista toda aquella agresión que sufren por el hecho de ser mujer y trans. Ellas no solo sufren transfobia por parte de los diferentes sectores de la sociedad ya señalados antes, sino que, además, sufren el machismo y la discriminación general por parte de la sociedad y, en consecuencia, su gran mayoría tienen difícil acceso al mercado laboral, reduciéndose sus opciones en muchos casos al trabajo sexual o a empleos que no cumplen unas condiciones laborales dignas. Por consiguiente, es necesario iniciar un proceso de cambio en cada uno de los ámbitos mencionados, siendo otro punto a favor de proceder con el borrador de la ley trans hacia una verdadera ley trans estatal. 

Tal como esta ley protege a las mujeres trans sabiendo la importancia que conlleva el amparo de las mismas, también cuenta con diferentes aspectos donde quedan por escrito el valor y la importancia de atender a las personas racializadas y migrantes que viven en nuestro país y que están siendo perseguidas por su identidad y expresión de género en su país de origen. De esta forma, la ley abarca la protección del colectivo racializado y migrante trans mediante la defensa y apoyo de su identidad sexual, independientemente de la situación jurídica y política en la que se encuentre. 

Tras haber visto los diferentes aspectos de esta ley, queda claro que cualquier tipo de rechazo hacia ella refleja la transfobia interiorizada y el miedo a lo diverso existente en la sociedad, miedo a que no se cumpla lo esperado del cromosoma XX y del cromosoma XY, y utiliza esa biología como justificación de todo ese odio irracional hacia las personas trans y no binarias, sin tener en cuenta que la biología ya ha demostrado que no solo existe lo binario, sino que al igual que en el resto de la naturaleza, el ser humano es diverso hasta en lo más pequeño de nuestras células. La diversidad es un hecho irrefutable que no se puede eliminar, cambiar o borrar de la vida, y todo aquello que atente contra su integridad no es más que miedo a la salida de la zona de confort, miedo a desconocerse a sí mismo, a ser alguien que no te han dicho que eres, miedo al rechazo y a la soledad. Ese sentimiento lo hemos tenido todes a lo largo de nuestra vida, porque al fin y al cabo es lo correcto, esa sensación de culpabilidad que te llena el pecho por ser diferente a los demás, porque no eres lo que te han enseñado que debes ser. 

En conclusión, la sociedad no solo necesita una ley que les proteja jurídicamente hablando, sino una educación sexual que atienda y hable de la variedad y de las diferentes realidades que pueden llegar a existir; para que estas situaciones de discriminación masiva que sufre el colectivo tan a diario no tengan que tolerarlas las generaciones futuras; para no volver a escuchar ni leer noticias sobre palizas, abusos, suicidios y asesinatos de personas trans. Y, una vez más, hay que decirlo sobre las personas trans y no binarias: nuestra integridad y nuestra dignidad no son debatibles, porque nosotrans somos una realidad, no un debate.

Por todo esto y por mucho más: ¡ley trans estatal ya!

nº46 | tema que te quema

DESMONTANDO EL PORNO

La pornografía desde una mirada crítica

Marian Barrera

Ilustra Rocío O

La falta de educación afectivo sexual de calidad en los centros educativos, los silencios en las familias y la invisibilidad en la sociedad, perpetúan que las personas creen un imaginario colectivo de cómo son las relaciones sexuales a través del único medio que han tenido para ello: la industria del porno.

¿Cómo influye la pornografía en la construcción y el desarrollo de las sexualidades de las personas jóvenes? ¿Qué expectativas crea? ¿Qué impacto tiene en sus relaciones interpersonales?

La pornografía está construida sobre dos grandes pilares: el patriarcado y el capitalismo. Hoy en día, la industria del porno es una de las más rentables económicamente a escala mundial. Multitud de contenidos gratuitos y disponibles 24 horas a los que acceden, a cada instante, millones de personas por medio de la red. Pero la pornografía no la encontramos única y exclusivamente cuando queremos acceder a ella, sino que cualquier sitio web puede contenerla en forma de banners o enlaces engañosos.

Según el último informe de PornHub, en 2019 tuvieron 42 billones de visitas. Este consumo también está diferenciado en términos de género: 68% de hombres frente a un 32% de mujeres. Las edades promedio oscilan entre los 18-34 años (Pornhubinsights, 2019). Pero ya sabemos que para acceder no hay por qué tener mayoría de edad, basta con hacer clic. Según el último estudio de Save the Children, el 53,8% han accedido al porno antes de los 13 años. Las personas jóvenes acaban accediendo a la pornografía antes que a sus propias vivencias sexuales. Si bien es cierto que internet se ha convertido en el medio por excelencia de la pornografía, no podemos olvidar que esta industria nos ha llegado de formas diferentes durante años, desde revistas a retransmisiones televisivas, y no por ello menos cargadas de machismo.

La finalidad del visionado del porno es diversa: masturbatoria, por curiosidad y para aprender. Es en este último caso en el que podemos observar que el porno está funcionando como uno de los
principales agentes educadores sexuales, donde encontrar las respuestas de las innumerables dudas que nadie responde. De esta forma hemos convertido al porno en una escuela (¡pero vaya escuela!).

La industria de la pornografía ofrece una visión completamente distorsionada de la sexualidad humana; establece «la norma», lo deseable y las expectativas sexuales. Por ello, es necesario desmontar los mitos y creencias erróneas que transmite el porno mainstream (mayoritario, dominante).

CREENCIAS ERRÓNEAS MÁS COMUNES

TAMAÑO DEL PENE

Los penes que salen en la pornografía son penes seleccionados y miden alrededor de 15-20cm. Los penes estándar miden entre 12-17 cm.

NO HAY VELLO CORPORAL

Las personas tenemos pelo en nuestro cuerpo, ya sea en mayor o menor proporción. Quitarnos el vello es tanto capitalista como patriarcal, ya que es una necesidad impuesta construida en torno a la falacia de mejora de la salud. Lo cierto es que el vello corporal (en concreto el púbico) tiene una función protectora y favorece nuestra salud sexual.

VULVAS DIVERSAS

Las vulvas que aparecen son todas parecidas estableciendo una idea única anatómica. En realidad, hay muchos tipos de vulvas que se diferencian en formas, tamaños y colores (¡y hasta sabores!).

DURACIÓN

En el porno, aparecen manteniendo relaciones sexuales durante horas (sobre todo felaciones y penetración). Lo que ocurre detrás de las pantallas es el consumo de fármacos para «aguantar más» y los cortes de secuencia para evitar que el pene eyacule antes de lo establecido en guion.

EXCITACIÓN

En el porno la fase de excitación es inmediata. Es en esta fase donde ocurren los mal llamados preliminares. En el sexo no hay preliminares, todo son prácticas sexuales que favorecen a la excitación otorgando placer y pudiendo, o no, llegar a un clímax (el orgasmo). El porno mal enseña que la fase de excitación es un medio rápido para llegar a lo que «verdaderamente importa».

FALOCENTRISMO

El porno contribuye al protagonismo del pene en las relaciones sexuales, visibilizando prácticas como las felaciones y la penetración. Construye un imaginario de prácticas centradas en la estimulación de este miembro y favoreciendo a lo ya conocido como «brecha orgásmica».

LESBIANISMO

El lesbianismo en el porno mainstream es un recurso utilizado desde la mirada masculina. El uso de la imagen de dos mujeres realizando prácticas sexuales está constituida por y para el deseo masculino, alejando la verdadera visión de las relaciones sexuales entre mujeres. La erotización del lesbianismo contribuye no solo a la invisibilización de esta orientación sexual, sino que se le priva de legitimidad.

SQUIRTING

Otra de las cosas erotizadas en el porno es el squirting (chorro expulsado por la uretra de la vulva). Antes de su erotización, las mujeres o personas con vulva que conseguían hacer squirt se avergonzaban del suceso y les reprimía en sus prácticas y placeres. Ahora, esta erotización ha hecho que estas se obsesionen por conseguirlo, creando frustraciones y malestares con sus prácticas sexuales.

GENITALIDAD

En el porno, las relaciones sexuales están muy centradas en los genitales. Esto hace que construyamos un ideario sexual centrado en la estimulación genital, obviando el resto de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está cargado de puntos y zonas erógenas listas para ser descubiertas desde la exploración y la autoobservación. La importancia de dibujar nuestro propio esquema o mapa corporal ayudará a tener relaciones mucho más satisfactorias en solitario o con nuestras parejas sexuales.

LENGUAJE SEXISTA

El lenguaje vejatorio hacia las mujeres en el porno es, por desgracia, bastante usual y no hace otra cosa que denotar el sexismo y machismo que existe no solo en la industria del porno, sino en toda la sociedad. Es importante saber que este tipo de lenguaje puede ser excitante para algunas personas, ya que está erotizado, pero debe existir siempre un acuerdo en utilizarlo durante las relaciones sexuales, ya que si no puede resultar ofensivo para alguna de las partes. De ahí la importancia del consentimiento.

Por supuesto, esto no es una criminalización del porno. El porno mainstream se ha convertido en la mala escuela sobre sexualidad, pero todo lo que se construye puede deconstruirse en algún momento.

Obviamente hay diversos tipos de pornografía, como puede ser el cine de Erika Lust, denominado porno feminista, pero se trata de material de pago al que no accede usualmente la población y mucho menos la juventud. Además, el porno feminista no se trata solo de representar prácticas sexuales menos convencionales, cuerpo no normativos y diversos, sino que también es necesario que existan acuerdos y cuidados con las actrices que van a realizar las escenas. Se trata de contratos laborales que respeten los derechos de las trabajadoras, de seguridad sanitaria y que legitime la dignidad de estas mujeres.

Otra de las corrientes alternativas al porno mainstream es la denominada posporno: creaciones sexualmente explícitas cuyo objetivo no es masturbatorio sino paródico o crítico. El colectivo Girls Who Like Porno, que integraban Águeda Bañón y María Llopis, fue precursor en España de esta corriente crítica. Los cuerpos que la industria del porno excluye o denigra se convierten en creadores y protagonistas de propuestas artivistas. El posporno es una visión compleja del sexo que incluye un análisis del origen de nuestro deseo y una confrontación directa con el origen de nuestras fantasías sexuales. Se centra en cuestionar la industria pornográfica y la representación que se hace en los medios de la sexualidad: simple, repetitiva y limitadora; protagonizada por cuerpos jóvenes con una belleza canónica que fingen sentir placer.

Así pues, mientras en el porno mainstream nos encontramos con violencia simbólica, falocentrismo, heterocentrismo y la única visibilidad de cuerpos hegemónicos, en la alternativa pospornográfica se habla de sexualidades, en plural, y de placer disidente. Como dijo la investigadora Laura Milano: «Ya no hablamos de la sexualidad, hablamos de sexualidades».

La educación afectivo-sexual sigue siendo una carencia y una necesidad, algo que incomoda al sistema que bebe de la ignorancia. En conclusión, podemos afirmar que existen múltiples maneras de hacer pornografía con diferentes fines (masturbatorio, disidente, político, artístico…), lo que debemos tener claro es que el porno, sea cual sea, nunca deberá sustituir a la educación afectivo sexual.