Violencia y racismo institucional

Asilo en el Estado español

Hace ya años que vemos cómo el espíritu de la «Europa fortaleza» queda representado en el Estado español de un modo paradigmático. Son muchos y muy vergonzosos los hechos que reflejan como España se acoraza cada vez más para impedir la llegada a suelo europeo a quienes migran hacia este territorio. Según Caminando Fronteras, que monitorea las muertes en la frontera occidental euroafricana desde 2016, fue en 2021 cuando más muertes se registraron. Las políticas de control y militarización que han dificultado el paso entre África y Europa a través del Mediterráneo han desplazado el flujo migratorio hacia el Atlántico. Esto se traduce en rutas migratorias cada vez más peligrosas y mortíferas.

En cuanto a quienes sí consiguen llegar y solicitan protección al Estado español, según datos de Cear publicados en abril de este año, en 2020 tan solo se resolvieron favorablemente el 5% de las solicitudes de asilo, y en 2021, el 10,5%. Y, como decimos, estos datos solo hacen referencia a aquellas personas que sí consiguen presentar su solicitud, porque lo cierto es que existen enormes obstáculos tanto para llegar, como para pedir refugio. Es necesario detenernos en estos últimos, brevemente, para entender que no son fallos remediables del sistema de protección, sino que, muy al contrario, forman parte de una política migratoria racista cuidadosamente diseñada por el Estado español.

El primer gran obstáculo al que se enfrentan las personas que buscan protección internacional en España es la obligación de estar aquí para presentar su solicitud. Esta obligatoriedad, unida a las políticas de la Europa fortaleza que tienen como objetivo impedir el paso de lxs migrantes, tiene como consecuencias la muerte de cientos de miles de personas. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la externalización de fronteras, que consiste en la contratación por parte de un país de destino de migración del servicio de control de sus fronteras a otro de tránsito o de origen de la misma. En el caso del Estado español, se han formalizado alianzas de este tipo con algunos Estados del África negra, como Senegal, y con la mayoría del norte de África, siendo la más evidente la llevada a cabo con Marruecos. En la frontera entre este país y Melilla, la gendarmería marroquí impide a las personas negras acercarse al puesto fronterizo y, por tanto, a la Oficina de Asilo y Refugio en la que podrían solicitar protección legal. Es por ello que, en las imágenes de los saltos de la valla, siempre vemos a personas negras. En cambio, las personas blancas o magrebíes, pueden acceder al puesto fronterizo y pasar pagando a traficantes o mafias, una figura, esta última, que conviene no simplificar si queremos comprender la realidad de la que forma parte: las migraciones y el cruce ilegal de fronteras. Entre lxs pasadorxs hay personas que acompañan a lxs migrantes por el peligroso Sáhara camino de las costas de Libia, que fletan pateras, que ofrecen pasaportes falsos, que dan instrucciones de cómo vestirse o cambiar el acento para pasar ilegalmente por puestos fronterizos legales, etc. ¿Que lo hacen con ánimo de lucro y en contextos donde la vida y la integridad física de las personas están en peligro? Sí. No pretendemos ofrecer una imagen naif o romántica de este gremio, dentro del cual también hay personas con una absoluta falta de ética, que estafan a lxs migrantes o llevan al límite de forma temeraria situaciones ya de por sí riesgosas. Sin embargo, sí es importante constatar el hecho de que no son ellxs, sino las políticas migratorias racistas como las ya descritas, las que empujan a las personas migrantes a poner sus vidas en peligro. En todo caso, el Estado español (así como muchos otros del norte global) encuentra en el traficante a un chivo expiatorio ideal para el que reserva penas de prisión en su «delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros» (artículo 318 bis del Código Penal). Puro cinismo.

Una vez salvado este primer obstáculo, hay que acceder efectivamente al procedimiento, lo cual no es una tarea nada fácil. Hasta hace un par de años, cuando una persona quería pedir asilo, se dirigía a la policía, con todo lo que implica eso para alguien que se encuentra en situación irregular, y, de viva voz, manifestaba su voluntad de solicitar protección internacional. En ese momento, se le daba una cita para que acudiera de nuevo a los pocos días a realizar una entrevista en la que expusiera los motivos que fundamentaban su solicitud. Sin embargo, después del estado de alarma, toda interlocución con la Policía debe ser con cita previa, incluido el primer paso, y aunque a primera vista esto podría parecernos una oportunidad de ordenar el procedimiento y ser más eficientes, lo cierto es que estas citas son muy difíciles de conseguir. Cada jefatura provincial libera unas pocas cada semana (en una web sin traducción disponible), sin especificar cuándo lo hace ni publicar dicha información en ninguna parte. Lxs abogadas especializadxs y ONGs, que tienen un canal estrecho de información con la policía, las agotan en cuanto salen, lo que obliga al resto de personas a permanecer a la espera de protección por tiempo indefinido.

Además de todo esto, hay que tener en cuenta la siguiente arbitrariedad: la política de concesión o denegación de protección depende en muchos casos de la estrategia geopolítica que el Gobierno español tenga en el momento. Es decir, sus intereses y los acuerdos que haya alcanzado con un determinado país afectarán a las personas solicitantes de protección nacionales de dicho país. Un ejemplo de ello es el caso de Mohamed Benhalima, un exmilitar y popular activista anticorrupción que huyó de Argelia y solicitó protección internacional en España, coincidiendo con una importante negociación entre ambos países sobre el suministro de gas. Finalmente, fue utilizado como moneda de cambio y expulsado a Argelia de forma acelerada, sin que la Administración respetara su derecho a la defensa ni cumpliera normas procesales esenciales. Recientemente ha sido condenado a muerte en Argelia.

Por último, no queríamos dejar de mencionar la falta de dotación presupuestaria para los recursos de acogida, que están constantemente colapsados y, en muchos casos, dejan a personas vulnerables en una completa indefensión.

Sin embargo y pese a todos estos obstáculos, la reciente invasión del Gobierno de Putin sobre Ucrania, con la consecuente salida del país en busca de refugio de sus habitantes, ha dejado de manifiesto que, cuando interesa, las cosas pueden hacerse de otro modo. Se ha demostrado una vez más que, según el origen de la persona que solicita protección, se aplica un trato diferencial, contribuyendo a crear refugiadxs de primera y de tercera al ofrecer en este caso un acceso privilegiado al sistema de protección a quienes huyen de Ucrania. Y no es que queramos reducir el derecho a refugio únicamente a quienes huyen de una guerra de bombas y disparos. Creemos que existen otros tipos de conflictos y problemáticas que impiden el desarrollo de una vida digna, y por supuesto exigimos el derecho a la vida y el respeto de los derechos a todxs aquellxs que migran, sea por el motivo que sea.

Pero pasa que, en el caso de guerras o conflictos armados, la comparación se hace muy evidente. A quienes, por ejemplo, huían de la guerra de Mali se les denegaba el asilo en el 90% de los casos en 2020 (en 2021 esto cambió y afortunadamente se concedieron el 82% de las peticiones realizadas por maliensxs). Lo mismo ocurría con una de cada tres personas que huían de Afganistán en 2021, año de la llegada al poder de los talibán. Y a unx de cada cuatro en el caso de lxs sirixs. Sin embargo, en el caso de Ucrania, se ha aplicado una directiva (el artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE de protección temporal), facilitando su acceso al sistema. Esta directiva nunca ha sido aplicada a otras personas que huyen también de otras guerras. Y no solo eso, todo el sistema de protección internacional se ha visto reforzado (más dinero, más plazas, menos trabas burocráticas), pero solo para quienes llegan de Ucrania.

En definitiva, y sin habernos detenido en todos los obstáculos que integran la política de asilo, queda de manifiesto que se trata de un sistema concebido desde el racismo institucional, la arbitrariedad y la injusticia. Elementos muy lejanos de la ola de solidaridad y el talante acogedor que quieren vendernos cada cierto tiempo medios y políticxs, discurso con el que ocultan las verdaderas prácticas violentas e injustas de Europa y el Estado español.

Frente a ello, nunca debemos perder de vista las iniciativas y luchas de la militancia antirracista y la sociedad civil organizada en defensa de las personas migrantes. Como, por ejemplo, #DirectivaMigraParaTodas: una campaña ciudadana que aplaude la iniciativa llevada a cabo con lxs ciudadanxs ucranianxs y reivindica el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en España y Europa, reclamando que esta directiva se aplique a todas las personas independientemente de su origen.

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