Imaginemos que nuestro móvil comparte continuamente palabras incomprensibles formadas por letras y números con otras terminales, siempre y cuando estén el tiempo suficiente a una distancia suficiente. Una especie de balbuceo digital en un lenguaje propio y desconocido, pero identificable con cierto entrenamiento. Un día enseñan a nuestra terminal a reconocer los patrones de uno de esos idiomas, de manera que podemos saber si hemos almacenado palabras del mismo. No sabemos nada de quién lo dijo, pero sabremos si estuvimos cerca de esa persona. Este es, a muy grandes rasgos, el funcionamiento básico de una «aplicación de rastreo descentralizada», como la española RadarCOVID.
Este modus operandi es la base del extraño viaje conjunto que han emprendido Google y Apple (G-A) y que introduce en las entrañas de un 90% de los smartphones del mundo una interfaz de bajo nivel que permite el desarrollo de apps capaces de trazar las relaciones de proximidad física entre personas. «Bajo nivel» porque funciona bajo las aplicaciones, en las entrañas del sistema operativo, permitiendo a las anteriores acceder a un sistema unificado de «rastreo» basado en bluetooth.
Hasta las fecha cerca de 50 países han desarrollado aplicaciones móviles en relación al covid. No todas son iguales, ni siquiera parecidas. Muchas de ellas usan la interfaz G-A, lo que permite un rápido desarrollo y un gran alcance. Otras usan distintas soluciones tecnológicas, más menos centralizadas, combinadas o no con la anterior.
Algunas preguntas
Si queremos entender las implicaciones de una aplicación de este tipo y tomar una posición frente a ella tenemos que hacernos muchas preguntas:
¿Es de uso obligatorio?
Más de la tercera parte de la población mundial está obligada a usar aplicaciones de este tipo (solo teniendo en cuenta a China e India, única democracia formal, esta última, que ha hecho su aplicación obligatoria para toda la población). En algunos casos la cuestión es más oscura todavía, como en Israel, donde hay una aplicación de uso voluntaria paralela al trazado que se ha encargado al servicio de inteligencia Shin Bet, usando tecnologías de espionaje no basadas en aplicaciones móviles.
Esta es una cuestión complicada, dado que se entiende que está estrechamente vinculada a la eficacia de la implementación. Algunas
investigaciones afirman que estas apps solo pueden tener cierto impacto cuando son usadas por un 60% de la población de un territorio.
¿Usa información que permita identificar a la poseedora de la terminal (datos personales)?
La ubicación sería un dato sensible de este tipo. Si la aplicación solo usara un sistema tipo G-A sería menos intrusiva (no analiza dónde están las personas, sino su proximidad). Pero si la app usa además el GPS del móvil, el riesgo de un uso malicioso de los datos se dispara.
Otras aplicaciones acceden a datos de otro tipo, por ejemplo las fotos (como en la aplicación obligatoria de Qatar) o la agenda de contactos (como en TraceTogether, la pionera aplicación de Singapur).
¿Es una app centralizada?
En estas la información se almacena y procesa en servidores centrales (de una empresa, del Gobierno), creando riesgos inaceptables de rastreo generalizado o de robos masivos de datos. Democracias formales como Gran Bretaña o Francia han apostado desde un principio por sistemas centralizados, bajo la excusa de su supuesta eficacia frente a las soluciones descentralizadas.
Una cuestión relacionada es por cuánto tiempo se almacenaría entonces dicha información, especialmente si son datos personales o sensibles. El criterio más garantista sería usar 14 días, el periodo de incubación del virus. Hay países que no han propuesto límites temporales al almacenamiento de datos.
¿Está conectada al control del espacio físico?
En países como China o Nueva Zelanda, la aplicación usa un sistema de «fichaje» en espacios accesibles públicamente usando códigos QR, de manera que fichamos al entrar y salir de determinados espacios como intercambiadores de transportes o tiendas.
En otros casos la aplicación funciona como pasaporte biológico, como en la aplicación china o en la propuesta española OpenCoronavirus (que no es la promovida por el Gobierno).
¿Qué determina en el dispositivo la condición de «infectada»? ¿Hay criterios médicos transparentes?
Es una cuestión esencial y que suscita debate: ¿se puede depender a este respecto de la responsabilidad individual? En varios casos como el español, la notificación la haríamos nosotras mismas a la red de usuarias tras dar positivo en un test médico, lo que sería el caso menos intrusivo. En otros casos sería la administración la encargada de notificar remotamente a la red de dispositivos las infecciones de sus usuarias.
Si la notificación es centralizada y no hay criterios médicos verificables se podría dar el uso perverso de la aplicación para limitar la movilidad de enemigos políticos (usando el pasaporte biológico) o para alertar cuándo y dónde se reúnen (usando el trazado de contactos) mediante el uso de falsos positivos.
Screen New Deal
Sabemos que este virus nos obliga a dar pasos que serían impensables en tiempos normales. El confinamiento, el límite a las las reuniones públicas y la cooperación con los intentos médicamente necesarios para rastrear el virus son, cuando se abordan adecuadamente, cosas razonables y responsables. Pero debemos estar tan vigilantes como reflexivas. Debemos estar seguras de que las medidas tomadas en nombre de la respuesta a la covid19 son, en el lenguaje del derecho internacional de los derechos humanos, «necesarias y proporcionadas» a las necesidades de la sociedad en la lucha contra el virus. Sobre todo, debemos asegurarnos de que estas medidas terminen y que los datos recopilados para estos fines no se vuelvan a utilizar para fines gubernamentales o comerciales.
Electronic Frontier Foundation
Desde el 11S hemos asistido a una imparable aceleración del control mediado por la tecnología de la esfera pública. Todo importante evento público o suceso dramático produce una nueva vuelta de tuerca.
Una pandemia es, dentro de esta lógica, un pastel jugoso: capaz de articular nuevos discursos e instrumentos sobre política exterior e interior basados en las lógicas inapelables de un estado de emergencia apolítico, justificado por razones de salud pública. En este sentido el virus funciona como un perfecto catalizador de políticas de control, perpetuables bajo la amenaza de sus continuas mutaciones.
La amenaza de otra doctrina del shock, global y permanente.
