Los colectivos feministas ecuatorianos llevan alrededor de tres décadas educando, presionando y movilizando para lograr un acceso real a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad social. En estos momentos, la lucha se concentra en la despenalización del aborto por violación.
El pasado 28 de septiembre, día internacional para la reivindicación del derecho al aborto, una nutrida marcha recorría las calles de Quito al ritmo de consignas como: «Hay que abortar este sistema patriarcal», «Aborto libre y seguro pa que no muera otra mujer» o «Yo sabía que a los violadores los cuida la policía». Esta marcha formaba parte de una manifestación feminista a mayor escala que, al mismo tiempo, se reproducía en otras ciudades de Ecuador y del resto de América Latina.
El derecho al aborto, que la Organización de las Naciones Unidas define como uno de los derechos humanos que los Estados deben garantizar en aras de eliminar la discriminación contra las mujeres, presenta diversas situaciones legales en la región latinoamericana. Los únicos países que permiten el aborto libre y seguro son Cuba (donde es gratuito desde 1965), Uruguay (desde 2012) y Argentina (desde enero de 2021). Ni siquiera en estas naciones la regularización garantiza que las personas gestantes puedan decidir con total libertad. En Uruguay, los colectivos feministas denuncian que el acceso al aborto en instituciones médicas (obligatorio para que el procedimiento no esté penalizado) suele incluir el intento de desalentar a las mujeres de su decisión. En Argentina, denuncian que no se cuentan con los recursos suficientes para atender todos los casos en condiciones apropiadas. Pero, al menos, en estos lugares el derecho al aborto libre y seguro está reconocido de manera oficial.
Por otro lado, hay varios países que solo consideran legal un aborto cuando se da en determinadas circunstancias, que suelen orbitar alrededor del riesgo grave para la vida de la persona gestante, de una malformación fetal irreversible o de que el embarazo sea consecuente a una agresión sexual. Ejemplos de países que aplican este tipo de legislación son México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia o Chile. Igualmente, en estos casos es posible que se dé una inobservancia de los derechos recogidos en las diferentes Constituciones. Por ejemplo: no todas las víctimas de agresión sexual deciden interponer una denuncia. Por último, algunos países (como El Salvador, Nicaragua, Haití o la República Dominicana) prohíben y penalizan el aborto en cualquier caso y circunstancia, colocando a mujeres y niñas gestantes que no desean ser madres en la tesitura de elegir entre la maternidad forzada o el riesgo a enfrentar penas de prisión (y quizás, también, la maternidad forzada).
En el caso del Ecuador, el aborto se permite bajo dos supuestos médicos: cuando se trata de un embarazo ectópico (en el que el óvulo se implanta fuera del útero, por lo que el desarrollo del feto es inviable) y cuando existe un riesgo grave para la vida de la persona gestante. Anteriormente, además, se protegía el derecho al aborto de mujeres diagnosticadas con discapacidad mental embarazadas a raíz de una agresión sexual. Esta distinción fue denunciada, debido a su contenido inconstitucional, por diversos colectivos feministas y, en abril de este año, la Corte Constitucional avaló la impugnación del artículo, con lo que se abrió un proceso de revisión de la ley en el que existe la posibilidad de la despenalización general del aborto por violación.
Sin embargo, para el resto de circunstancias, las personas que desean abortar necesitan recurrir a otros medios. Entre las vías que se encuentran más institucionalizadas destacan dos. La primera sería el aborto quirúrjico en clínicas médicas privadas, que deciden asumir el riesgo de la ilegalidad. El mayor problema de esta opción es que no resulta económicamente accesible a buena parte de la población ecuatoriana. La segunda sería a través de pastillas abortivas. Esta opción se encuentra regulada por varias organizaciones feministas que ofrecen acompañamiento durante todo el proceso a las personas gestantes que acuden en busca de ayuda. Su principal valor es que suponen espacios seguros en los que no se cuestiona la decisión de las mujeres ni tampoco los plazos de tiempos (basándose en la premisa de que las trabas sociales e institucionales pueden implicar importantes retrasos en el proceso). Aquí el problema reside en que los medicamentos no cuentan con una efectividad total y que el aborto puede resultar fallido o complicarse, lo que obligaría a la mujer a acudir a un centro médico, donde, si se descubre que ha llevado a cabo un aborto voluntario, se expone a la denuncia. En Ecuador, la persona gestante que aborta libremente puede ser penada con cárcel de seis meses a dos años, mientras que la persona que la ayuda a llevar a cabo el aborto puede ser encarcelada de uno a tres años y ser inhabilitada si pertenece a la profesión sanitaria institucional.
Por otro lado, cabe señalar las dificultades añadidas a las que se enfrentan las habitantes de entornos rurales, en los que la tasa de desempleo y el porcentaje de economía informal son significativamente más elevados que en los medios urbanos. Esto se traduce en un menor poder adquisitivo y, por ende, un mayor desafío para las mujeres, que necesitan desplazarse a las ciudades para proceder a un aborto. Las idiosincrasias o jerarquías establecidas en las comunidades indígenas y afro son particularidades que también deben ser consideradas, en cuanto pueden suponer impedimentos diferentes para las mujeres de estas comunidades que deciden abortar.
El aborto, todavía, es una práctica socialmente estigmatizada por buena parte de la población ecuatoriana. Ningún gobierno, ni siquiera los llamados progresistas, han considerado prioritarios los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La objeción de conciencia puede ser alegada por el personal médico incluso en los casos de emergencia obstétrica amparados por la ley. El actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de ideología conservadora, ha manifestado con anterioridad su oposición al derecho al aborto. No obstante, durante la campaña electoral aseguró apoyar la decisión de la Corte Constitucional de analizar la despenalización del aborto por violación y llegó a afirmar que las mujeres no deberían ir a la cárcel por abortar.
Ahora, las corrientes feministas ecuatorianas esperan el devenir del proceso legal para la despenalización del aborto por violación. Este sería el inicio del camino que las llevaría a conseguir el derecho al aborto libre y seguro; una ardua lucha activista, a escala global, en la que nunca han faltado los escollos, pero que, pese a todo, sigue avanzando firmemente, pues estamos seguras de los derechos que nos pertenecen y nada dispuestas a dar pasos atrás.
