El movimiento social para la recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo ha puesto en evidencia que muchas de las injusticias cometidas por la dictadura siguen presentes, casi medio siglo después. Desapariciones forzadas, fosas comunes, simbología franquista en espacios públicos, etcétera, son muestras representativas de la vigencia del autoritarismo en nuestra sociedad. El franquismo fue un régimen basado en y sostenido por la violencia, en todas sus manifestaciones. Entre ellas, la violencia comunicativa dirigida contra la memoria colectiva de las víctimas continúa ejerciéndose hoy.
La violencia comunicativa es un tipo de violencia simbólica, con impacto sobre la integridad psicoemocional. Como ocurre con el resto de violencias, la comunicativa también se usa para el establecimiento de dominio o control en las relaciones personales y sociales y, además, la violencia comunicativa se encuentra profundamente normalizada y extendida (en la educación, los medios de comunicación, las situaciones «cotidianas», etc.), lo que complica su identificación. Quizás el mayor peligro de la violencia comunicativa es que legitima la agresión como medio para obtener el poder y mantenerlo.
La dictadura franquista, al igual que otros regímenes tanto totalitarios como «democráticos», se caracterizó por un empleo consciente, intencionado y sistemático de la violencia comunicativa desde el primer momento del golpe de Estado. Los discursos de Queipo de Llano en Radio Sevilla, en los que se incitaba al odio y a cometer delitos, incluyendo el asesinato, contra la población «enemiga» de la sublevación, son buen ejemplo de violencia comunicativa. La intención del golpe de Estado hacia sus víctimas tenía una dimensión física (el genocidio) y otra comunicativa (el memoricidio, el borrado de la historia de las víctimas). Así, la dictadura no solo pretendía el silencio, sino también el exterminio de una parte de la memoria colectiva.
En esta tarea jugaron un papel fundamental los medios de comunicación social. El franquismo se apresuró a hacerse con el control de los canales oficiales de prensa y radio mediante la censura y, en ocasiones, el asalto y cierre de determinados medios. No obstante, otros medios de comunicación, debido a su afinidad con la sublevación militar y a que se convirtieron en portavoces del régimen de forma voluntaria, continuaron su actividad «periodística». De hecho, algunos de los periódicos andaluces que apoyaron la dictadura, como ABC de Sevilla o El Correo de Andalucía, continúan publicándose. Además, el franquismo prohibió subrepticiamente la libertad de expresión a través de políticas públicas (las leyes de prensa de 1938 y 1966) e instituciones del Estado (el Registro Oficial de Periodistas o la Escuela de Periodismo, por ejemplo).
Si bien la violencia comunicativa del franquismo fue más explícita durante el periodo de guerra civil, realmente se mantuvo como elemento vertebrador del régimen a lo largo de toda la dictadura. La justificación de la violencia y la represión, incluyendo sus niveles más extremos, fue constante. De esta forma, algunas de las características del discurso oficial franquista son:
· La referencia bélica —o el continuo recordatorio de los eventos traumáticos cometidos durante la guerra civil y el daño ocasionado a las víctimas—, ya que incluso cuando se hablaba de «paz franquista», las víctimas seguían siendo marginalizadas y representadas como la causa de la violencia.
· El abuso de la religión y las creencias espirituales de una población tradicionalmente católica con la connivencia de la Iglesia, que colaboró con la sublevación delatando a personas y manipulando a sus fieles, lo que el franquismo recompensó en forma de patrimonio, influencia política y poder sobre la educación.
· La exaltación del nacionalismo y la figura del líder, homogeneizando forzosamente a la diversa población española e identificándola con los valores representativos del franquismo, cuyo caudillo era una figura indispensable para el mantenimiento de la «seguridad», al punto de que se llegó a idolatrar al dictador.
· La manipulación histórica, tomando símbolos del pasado y recuperando episodios de la historia que eran considerados como referente del Estado, entre ellos el yugo y el haz de flechas del escudo franquista, provenientes de los Reyes Católicos, o el lema «Una, grande y libre», que evoca al colonialismo en África y América Latina.
· La opresión sobre las «minorías sociales» o el sometimiento de distintos colectivos (entre los que se incluyen las mujeres, las personas divergentes del heteropatriarcado, las personas racializadas, las personas parlantes de una lengua diversa al castellano, etc.) en privilegio de minoritarios grupos de hombres blancos, heterosexuales, adinerados y de ideología afín a la dictadura.
Cuando murió Franco, se dio la oportunidad de romper con la violencia franquista, pero como el tiempo se ha encargado de demostrar, la dictadura era algo más que la figura del dictador. Se trataba de todo un sistema social, político, económico y cultural basado en el autoritarismo y sostenido mediante la violencia comunicativa. Adoptar un posicionamiento «rupturista» hubiera implicado, al menos, escuchar los relatos de las víctimas; reconocer públicamente su sufrimiento y tratar de «repararlo» en la medida de lo posible, lo cual requeriría condenar a lxs culpables y llegar a un compromiso social de no repetición. Estas medidas públicas y otras similares han sido promovidas por multitud de países con pasados recientes traumáticos y violentos, como reflejan las comisiones de la verdad en África y América Latina. En España, en cambio, se optó por adoptar el «pacto de silencio».
Todos los actores que contaban con poder de decisión sobre las políticas públicas del momento, incluyendo tradicionales opositores a la dictadura, aceptaron el pacto de silencio. Básicamente, el pacto de silencio permitió la conservación de las estructuras jerárquicas del franquismo. Así, los que habían sido líderes de la dictadura (como Suárez o Fraga) pasaron a ser «padres» de la democracia. Las instituciones que habían apoyado la represión franquista (como la Iglesia o la patronal) mantuvieron los mismos privilegios. La palabra del dictador seguía siendo respetada tras su muerte, como representa la coronación de Juan Carlos de Borbón. De nuevo, los medios de comunicación oficiales actuaron como portavoces del discurso estatal y hegemónico, transmitiendo el miedo a una «nueva guerra civil» a la población. Por estas razones, la transición española no fue ningún paso «ejemplar» a la democracia, más bien fue un paradigma de la teoría de Lampedusa: todo cambia para que todo siga igual. La transición española supuso la aceptación del legado franquista.
Quizás, uno de los ejemplos más claros de manipulación de la opinión pública y, por tanto, de violencia comunicativa durante la transición lo constituye la ley de amnistía de 1977. La amnistía de lxs presxs políticxs del franquismo era una de las reivindicaciones históricas del movimiento social opositor a la dictadura. Pero cuando el Gobierno decidió aprobar una ley de amnistía, incluyó como amnistiables todos los actos de «intencionalidad política» (concepto, por otro lado, sin sentido desde un punto de vista legislativo). La ley de amnistía significó que los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura quedaron impunes y sin posibilidad de ser enjuiciados, aún hoy, pese a que algunos de esos delitos se extienden hasta el presente, como ocurre con los casos de bebés robadxs.
Así es como la democracia española perpetuó el memoricidio y el trauma colectivo de las víctimas de la dictadura. Durante la transición pudieron haberse recuperado miles de testimonios que hoy han desaparecido. Pudo haberse promovido la reparación moral de las víctimas a través de la exhumación de las fosas comunes. Pudo haberse reconstruido la memoria colectiva mediante la eliminación de las reminiscencias franquistas del espacio público. Se pudo haber difundido un discurso público de condenación a la violencia. Pero eso hubiera beneficiado a las minorías sociales y, aunque realmente las minorías componían la mayoría de la población, se optó por conservar los privilegios de los minoritarios grupos dominantes. Qué sorpresa.
La construcción del sistema social y político que hoy habitamos ha sido posible porque en ningún momento ha existido verdadera libertad de información y expresión. Esa violencia comunicativa, debido a que en multitud de ocasiones pasa desapercibida o al menos es sumisamente tolerada, es el legado más peligroso de la dictadura. No hemos aprendido lo suficiente de nuestra historia; si lo hubiéramos hecho, Vox no tendría cabida en el Parlamento andaluz. La recuperación de la memoria histórica es urgente ya que, como decía Cernuda: «El daño no es de ayer, ni tampoco de ahora / Sino de siempre. Por eso es de hoy»
