El nuevo gobierno andaluz del PP y VOX tiene uno de sus principales puntos débiles en un problema de la vivienda, que ni quiere ni puede solucionar. La cuestión cuenta con particularidades en el caso andaluz y puede llegar a revestir una mayor gravedad que en otros territorios. Si bien la mayoría de las ciudades andaluzas no tienen la presión demográfica de otras grandes ciudades del Estado, la especialización turística y la precariedad económica de los hogares dan lugar a un contexto especialmente complicado. Un rápido repaso a datos que se hicieron públicos en el último año así lo demuestra. Andalucía lidera el ranking de pernoctaciones en viviendas turísticas por encima de cualquier otra región europea. Málaga es la segunda ciudad de España con mayor oferta de viviendas turísticas y tiene la mayor presión relativa en su centro urbano. Sevilla por su parte ostenta el récord del mayor número de viviendas turísticas ilegales. Las consecuencias son otros récords respecto de las tasas de esfuerzo para acceder a una vivienda o la edad de emancipación juvenil.
El gobierno andaluz ha dilatado la intervención sobre el asunto todo lo que ha podido y, cuando lo ha hecho, ha actuado decisivamente en favor de una parte minoritaria de la sociedad, rentistas y especuladores, contra otra, la que sufre los problemas para pagar un alquiler o una hipoteca o que directamente no tiene posibilidades de formar un hogar. Efectivamente, este sistema injusto se mantiene porque hay gente que se beneficia de la subida constante de los precios y de las condiciones de explotación de los inquilinos. Solo esta parte de la población encuentra representación en las decisiones del gobierno andaluz. No obstante, el partido en el poder también ha estado actuando contra los intereses de gran parte de sus votantes, lo que conlleva cierto grado de desgaste por altos que sean los peajes ideológicos. El descrédito de la política pública de vivienda es importante. No obstante, el último proceso electoral anuncia una basculación hacia los planteamientos más reaccionarios y obtusos que se han puesto sobre la mesa en los últimos años.
La situación plantea retos importantes a los movimientos por la vivienda. El primero y decisivo, articular políticamente el malestar en una escala donde se concentran las competencias en materia de vivienda y turismo. Año tras año, cuestiones sobradamente tratadas y presentadas ante la sociedad, como la disfuncionalidad del mercado del alquiler, la saturación turística o el desequilibrio radical entre el incremento del precio de la vivienda y el de los salarios, vienen empeorando sin freno. Frente a esto existe un progresivo hartazgo en la sociedad que, si no se canaliza políticamente, puede agotarse en simple frustración.
Nuevo gobierno, más de lo mismo
El planteamiento del gobierno andaluz frente a la actual crisis de vivienda es erróneo y no podría ser de otra manera. Los marcos en los que se analiza son incapaces de asumir la naturaleza real de la cuestión. La propuesta de intervención empieza y termina en la producción de vivienda, cuando la clave se encuentra en la distribución y el intercambio. La inversión en vivienda desde hace décadas está vinculada a sus expectativas de revalorización como activo, con lo que el uso especulativo se impone al uso residencial. Si los precios realmente bajasen por construir más, sería una verdadera catástrofe para los intereses económicos que defiende el gobierno andaluz, aquellos implicados en el mercado de la vivienda y que son los agentes que se supone que deben construir. Se busca actuar sobre el problema sin actuar las condiciones que lo han generado en primer lugar. La contradicción es flagrante.
El nuevo gobierno reincide en los planteamientos de la anterior legislatura. La explicación de los precios inaccesibles de la vivienda sería exclusivamente la falta de oferta, que debe solucionarse rebajando cargas fiscales y agilizando trámites a los constructores privados. No hay noticia de los efectos de la vivienda turística, la infrautilización del parque de viviendas o la tensión especulativa del mercado. El rechazo a la aplicación de la ley y el plan estatal de vivienda se usan como bandera del acuerdo. Un antagonismo que ha permitido que en Andalucía las viviendas protegidas se puedan seguir descalificando después de siete años, con las VPO más caras de España en Sevilla. El compromiso con los hogares acaudalados es tal, que el nuevo acuerdo PP-VOX compromete, como medida para facilitar el acceso a la vivienda, una nueva bajada del impuesto a las transmisiones patrimoniales para los que hereden hasta trescientos mil euros.
El nuevo gobierno sí que incidirá en una radicalización, al menos discursiva, de los planteamientos existentes. La idea de excluir de la vivienda pública a cualquier persona que hubiese sido condenada por delito de usurpación ya se había planteado anteriormente y se había descartado, probablemente por su inconsistencia jurídica. Aquí están algunos de los elementos ideológicos clave del planteamiento reaccionario respecto de la vivienda. En primer lugar, la cuestión de la defensa de la propiedad frente al problema imaginario de la ocupación, alimentado a conciencia en la prensa cavernaria, en la medida en que facilita que muchos pequeños propietarios o aspirantes a tales se alineen con las posiciones más conservadoras. La batalla contra la inquiocupación, empezando por el engendro del propio término, actúa como pantalla de humo que oculta la naturaleza del problema al tiempo que responsabiliza y criminaliza a las propias víctimas. En segundo lugar, la obsesión patológica de VOX por excluir de las ayudas sociales y de los planes de vivienda a los inmigrantes ahonda en otro argumento torticero, el que responsabiliza de los precios de la vivienda a la llegada de trabajadores de otros países. Esto es más absurdo cuando se recuerda que la mayor parte de las grandes ciudades andaluzas están demográficamente estancadas o pierden población y siguen teniendo el mismo problema inflacionario.
Retos del movimiento de vivienda andaluz
Actuar a nivel andaluz no es un capricho, sino una necesidad ineludible para los movimientos por la vivienda. Frente a esta necesidad está el problema de la fuerte atomización, tanto de las personas afectadas, como de los colectivos organizados. El problema de la vivienda sigue concibiéndose como algo fuertemente individualizado, del hogar particular, del bloque, del barrio… En el mejor de los casos, la solución del conflicto puntual deja a la persona afectada de vuelta a la sociedad en las mismas condiciones que generaron sus problemas. Las luchas singulares son necesarias, pero deben contribuir o desarrollarse en paralelo a la organización colectiva y la acción estratégica. Insistir en el espontaneísmo es insistir en los errores del pasado. La acción tampoco puede limitarse a un vecindario o a un municipio. La tendencia a no ver más allá de las fronteras estrechas del propio barrio o ciudad es como la Cruzcampo, muy de aquí. Sin embargo, en cierto plazo, solo puede conducir a la impotencia política.
Intervenir en la materia con un impacto social duradero pasa por un plan de acción y movilización con unos objetivos claros. El objetivo último de la lucha por la vivienda debe ser la socialización de este recurso. La eliminación de la renta de suelo, como una ganancia parasitaria, y su sustitución por un impuesto público que permita una gestión racional de los usos del suelo y la satisfacción de las necesidades reproductivas y productivas de la sociedad. No obstante, la práctica política real requiere también de objetivos concretos y alcanzables. La prohibición de las viviendas turísticas es legalmente factible, una competencia del gobierno andaluz y una cuestión de sentido común para cualquier persona que no se esté enriqueciendo en este momento con ese negocio. Otro tanto se podría decir de la calificación permanente de la vivienda protegida y su asignación exclusiva para el alquiler. El empecinamiento del gobierno andaluz en seguir desviando recursos públicos para alimentar el patrimonio de unos pocos hogares es una de las posiciones más arriesgadas y difíciles de justificar. La intervención sobre la infrautilización del parque de vivienda es otro punto determinante sobre el que se puede intervenir a nivel andaluz, por ejemplo, con la creación de un impuesto específico para las viviendas vacías sin causa justificada y la expropiación temporal de su uso. Estas demandas podrían ser la base de una escalada de movilizaciones y de presión social coordinada. Las condiciones para una movilización masiva de la sociedad andaluza están sobre la mesa. La cuestión es si seremos capaces de aprovechar las coyunturas con las que nos vamos a enfrentar en los próximos años.
