Los recortes pueden llegar a matar. Es la consecuencia más extrema, aunque no la única, de un sistema sanitario público andaluz en estado crítico, asfixiado por los recortes y cuestionado en su gestión. El empuje de las mareas blancas en la calle lo ha situado en primera línea política y sigue subiendo.
En un símil médico, la situación de la sanidad pública andaluza es «como la de un enfermo pluripatológico que fue sometido a desnutrición durante años y, al mismo tiempo, se le ha obligado a trabajos forzados». Así la califica uno de los cuatro portavoces de la Marea Blanca sevillana, Sebastián Martín Recio. Este médico jubilado insiste en que es una situación de desgaste y de asfixia. Una insuficiencia presupuestaria crónica a la que se han sumado recortes salvajes durante estos años de crisis. Y por tanto, un deterioro asistencial y un desgaste profesional que son, a su vez, el caldo de cultivo para que prosperen las inversiones en la sanidad privada».
2010 es el año de la inflexión y el punto a retornar. Andalucía invierte casi el 30% de los fondos públicos en sanidad. Pero desde ese año ha caído un 11% y ha pasado de 9739 millones gastados a los 8751 del pasado ejercicio, según datos del BOJA. En 2016 era la inversión más baja del país con 1700 euros por habitante, según datos del Consejo Económico y Social CES. En 2014 se tocó fondo con 8210 millones, para un sistema sanitario que realiza 75 millones de actos médicos en 49 hospitales y 1500 centros de salud públicos, según Susana Díaz. La situación de farolillo rojo aparece reflejada además en las estadísticas de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que la rebajan a la decimotercera del estado, en el grupo de las «deficientes». Mientras, el sector de los seguros de salud no hace sino ascender año tras año, junto a nuevos hospitales y clínicas privadas.
Para Antonio Guerrero, portavoz de la Plataforma de Atención Temprana y de Marea Blanca de Sevilla, la actual situación «de precariedad por abandono y recortes de recursos», se ceba con la atención temprana, «la gran asignatura pendiente.»
«Estos niños no están en la cartera de servicios del SAS, sino en el Servicio de Salud Sociosanitaria, que controla las calidades del aire, niveles de polen, aguas residuales o fecales. ¿Qué hacen ahí? Si estuvieran en el SAS mientras hay trastorno, tiene que haber tratamiento. Aquí, dependen de una partida presupuestaria, se acabó el dinero, hasta el año que viene.»
De hecho, la inversión en este segmento está por debajo de 2003: «Estos niños son tratados como un lastre y no como ciudadanía a recuperar, sobre los que invertir, no gastar. Cada euro invertido en atención temprana revierte 17 euros a la sociedad, en ahorro en salud mental, discapacidad y dependencia».
Alfonso Romera, médico oftalmólogo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y miembro de la Red de Sanidad de La Carpa, también habla del «progresivo deterioro de la sanidad pública que se inició con la deriva privatizadora del gobierno socialista andaluz». Una valoración hecha a pie de obra, desde urgencias, quirófano y los espacios para la hospitalización del Virgen del Rocío:
«El incremento del presupuesto para la sanidad privada ha duplicado al de la sanidad pública. Más del 50 por ciento de la hospitalización en Andalucía es privada. La sanidad pública se ha convertido en un objeto de lucro no solo para las entidades sanitarias, sino también para contratas y subcontratas de empresas potentísimas que se lucran con la seguridad, televisores, cocinas, mantenimiento, ambulancias, etc.»
Manuel Quintana, enfermero con 43 años de antigüedad en la sanidad pública, apunta a otro factor, junto a la imposición de recortes económicos (que se traducen en recortes en prestaciones, limitándolas en el tiempo o dificultando su acceso), recortes en personal (que derivan en déficit en la asistencia, que en algunos casos tiene graves consecuencias):
«Bajo la excusa de la racionalidad, se está colando un proceso de centralización, que en el caso de Granada se quería traducir en un cierre de hospitales y, en el caso de Sevilla, ha sido mucho más discreto, pero no por ello menos importante con dos actuaciones muy destacables. La unificación de las gerencias del Virgen del Rocío y del Virgen Macarena, situación recientemente revertida ante el empuje de las mareas, y la centralización de determinadas especialidades en un único hospital, situación que continúa».
Para Quintana, en esta evolución «hacia la pérdida de calidad tras imponer unos criterios puramente economicistas», juega un papel fundamental la generalización de las unidades de gestión cínica o UGC:
«Recurridas por distintos sindicatos ante los tribunales, con fallos en contra de su legalidad y en la actualidad en expansión y funcionando a pleno rendimiento, colocan en manos de un jefe un alto poder económico, una determinación de objetivos y, en definitiva, un rumbo de esa unidad. Es decir, con ese dinero tienes que sacar este trabajo y tú te apañas con el personal y los medios que tienes, el jefe de unidad intenta convencer a sus subordinados, escucha sus quejas, llena su cartera con una alta productividad y plantea como un logro el reparto de unas migajas siempre que no te des de baja, no te rindas o no protestes».
Sebastián Martín Recio califica a estas UGC como «una de las herramientas más nefastas de la gestión sanitaria en Andalucía, que han formalizado la implicación de los trabajadores sanitarios, especialmente los médicos, en los recortes, por la vía del establecimiento de una serie de “indicadores de resultados”, relacionados la mayoría de ellos con aspectos vinculados al coste, a la llamada “eficiencia”, y a la disminución de pruebas diagnósticas, tiempos de hospitalización, menos medicación, menos derivaciones a especialistas, etc. Todo a cambio de unos “premios” en productividad. A eso lo llaman ahora “participación”».
En este contexto, se multiplican los problemas. Los más graves, para Martín Recio: «Los que se centran en los aspectos más inmediatos de la asistencia, tales como la saturación de las urgencias en los hospitales, la dilatación de los tiempos de demora y de listas de espera en pruebas diagnósticas y asistencia especializada, la masificación de la atención primaria». Con personal «insuficiente, extenuado, desmotivado y al que se racanea la formación», según Manuel Quintana. Y con equipos y dotación «en muchos casos de empresas privadas».
Las Mareas Blancas están intentando dar respuesta a estos problemas. En palabras de uno de sus portavoces, Antonio Guerrero:
«Los problemas se corresponden con el objetivo, recuperar la sanidad de 2010. Las Mareas nacen por hartazgo. Podemos soportar una merma de calidad, pero todo tiene un límite, como el vaso que rebosa por una sola gota. Allí estaba el límite, la administración no supo evaluar». Su compañero Martín Recio lo explica así:
«Las Mareas Blancas han surgido como respuesta a situaciones críticas y de auténtica amenaza contra el sistema público, como ocurrió en Madrid, donde el PP planteó de manera salvaje la privatización de la gestión de los centros sanitarios y hospitales. En Andalucía, de forma más progresiva, aunque más de asfixia que de guillotina, las insuficiencias presupuestarias y los recortes han generado un descontento cada vez mayor entre los usuarios y un desgaste profesional de los trabajadores sanitarios, sometidos a la precarización laboral y a las retribuciones más bajas del Estado. En esas situaciones límite, de desamparo, desilusión y desconfianza, la última vuelta de tuerca de los avispados gerentes economicistas de Andalucía, fue la llamada «fusión hospitalaria», mediante la cual se intentaba que la suma de dos hospitales, cinco más cinco en recursos, diera como resultante un gasto y unos recursos no de diez, sino de siete. Y en Granada eso fue la gota que colmó el vaso. Y en cada provincia el catálogo de agravios y de deficiencias han ido apareciendo por todas partes».
Las Mareas las forman asociaciones de vecinos, partidos políticos, sindicatos, organizaciones profesionales, asociaciones de consumidores y otros colectivos ciudadanos. Según Martín Recio:
«Es un movimiento social amplio, muy plural y diverso, pues la enfermedad y por tanto la necesidad de su atención, afecta a todos por igual. Esa es su grandeza y su debilidad, como ocurre en cualquier movimiento social que tiene fuertes implicaciones políticas. Cada provincia ha ido planteando su movilización en función de sus particularidades y circunstancias concretas. Para bien, que son problemas muy cercanos, pero con la salvedad de que no debemos perder de vista que son problemas de toda Andalucía, no para que cada provincia haga la guerra por su cuenta. Fragmentar Andalucía en la propuesta alternativa de los servicios sanitarios públicos, no es lo más acertado de cara al futuro».
Pero la Marea Blanca no es una novedad. Alfonso Romera recuerda que ya a principios de los años 80 se creó la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
«Yo formé parte del equipo promotor de Huelva, asistí a la primera asamblea de las ocho provincias. Desde entonces se ha venido trabajando. En momentos de alta conflictividad la dirección parecía estar abducida por el propio partido socialista acallando a las protestas. En Sevilla la Marea nace en 2011, en 2012 se plasma en las calles el descontento con los recortes, hay manifestaciones casi a diario en torno a los tres principales hospitales, en el Parlamento y de forma conjunta con otros trabajadores públicos.»
En el caso sevillano, la Marea «casi siempre ha sido un nombre o marca de la que han querido apropiarse varios grupos», en boca de Manolo Quintana, quien participó también junto a Romera y otros compañeros cercanos a CGT en acciones coincidiendo con los primeros recortes. De aquellos tiempos queda la web de Marea Pública, CCOO también se reservó su marca Marea Blanca, otros currantes del Macarena crearon la suya, también Vox, en fin, un batiburrillo».
En cuanto a las reivindicaciones comunes, «son las mejoras de los servicios sanitarios públicos, más presupuestos lógicamente para abordar sus deficiencias y carencias en personal, y una sanidad pública de calidad, con una gestión digna y democrática, participativa y, por supuesto, universal y gratuita».
Han ido acompañando a las movilizaciones en las distintas provincias tras el “efecto Spiriman” de Granada, detonante y «ejemplo de cómo lo conciso de las demandas, acarrea el triunfo de la lucha», según Alfonso Romera.
«En Granada se ha hablado de lo concreto, se ha explicado con detalle lo que implicaba seguir con la pésima gestión y los pésimos gestores. Se ha hablado de espacios de prestaciones, de trabajadores, ha evitado confundirse con localismos y solo ha sido solidaria en sus conceptos más generales. El límite se ha puesto allí donde se entraba en el debate de lo que políticamente se debe debatir en otros foros más teóricos. En este caso, Granada es un triunfo de lo pragmático».
El portavoz de Marea Blanca de Sevilla, Antonio Guerrero, opina sin embargo que «Granada no marca el camino. De hecho Jesús Candel (Spiriman) ha repetido que a él solo le interesan los dos hospitales de Granada. En ese sentido es muy insolidario».
Lo cierto es que tras las masivas protestas en la calle y en las redes sociales, la Junta ha paralizado la fusión hospitalaria en Granada y Huelva y tres altos cargos de Salud han dimitido. El estado de la sanidad pública ha protagonizado un debate en el Pleno parlamentario de febrero, con la ausencia de la presidenta de la Junta. Las movilizaciones se extienden mientras el Parlamento andaluz acuerda un pacto en defensa de la sanidad pública. «Un brindis al sol,» para Martín Recio, mientras no cuente con la participación efectiva de los profesionales y de los usuarios.
«Animamos a que haya un acuerdo, pero con una base concreta de dos temas: un presupuesto que aumente para recuperar el dinero que se ha perdido y una gestión democrática que quite a las personas que están aquí sencillamente porque pertenecen a un partido y son directivos del SAS».
El apoyo social a las movilizaciones que se anuncian a corto plazo marcará el rumbo de unas mareas que cuenta entre sus debilidades con la escasa implicación de los trabajadores del sector y posibles intereses contrapuestos. Para Antonio Guerrero, «las mareas no están unidas, se están politizando en exceso. Todos los ciudadanos somos usuarios, desde la derecha a la izquierda. Si deja de ser un movimiento ciudadano se desinflará. La administración lo sabe y está dejando el tiempo pasar para eso.» Alfonso Romera defiende que «es la última oportunidad para parar el furor privatizador de los socialistas. Su debilidad estará en el poder de los sindicatos, colegios profesionales, farmacéuticas, mutuas y entidades fuertemente subvencionadas que, según les interese o no, criminalizarán el sesgo político del movimiento».
Martín Recio apostilla: «La defensa de los servicios públicos, sanitarios, educativos, sociales, es cuestión que atañe a la ciudadanía, a los trabajadores, a la población en general. Ese es el papel de las mareas: ser espacio de encuentro y de movilización de todos los sectores, colectivos y personas afectadas y que deseen construir una alternativa más justa que globalmente dé respuesta a los valores de libertad, igualdad y solidaridad».
