A finales de enero de 2022 se han efectuado exhumaciones de 4 245 cuerpos, de los que unos ochocientos diez corresponden a víctimas. Ni por asomo, podíamos imaginar los datos cuantitativos que escondía la fosa de Pico Reja. La magnitud de la represión y muerte en las fechas posteriores a la Sevilla que amanece el 18 de julio de 1936 solo puede encontrar una semejanza en lo que sería abrir las puertas de un campo de exterminio, de aquellos campos de cadáveres que los ejércitos aliados encontraron en la Alemania nazi.
La ubicación de las víctimas inhumadas de forma clandestina o desapariciones forzadas en los cementerios no resultan una cuestión inocente, en cuanto que se elige el mejor escenario posible para ocultar y disfrazar los asesinatos en masa bajo los ropajes de los usos funerarios usuales. Desde el principio de la actuación, el equipo de técnicxs de la intervención ha tenido que afrontar un escenario de extraordinaria complejidad, por la superposición o intersección, con afección de las fosas, de los usos funerarios normalizados.
¿Hasta qué punto los hechos históricos han sido disfrazados por realidades superpuestas que pueden remover, destruir o falsear lo que son inhumaciones clandestinas? Nos encontramos con una exigencia de desbroce, de diferenciación entre lo que es póstumo, lo que es producto de hechos vitales y lo que es producto de circunstancias en el entorno de la muerte. Muchas de las roturas se corresponden con daños mecánicos acontecidos tras el enterramiento. Otras son consecuencia de una violencia ejercida contra las víctimas, a consecuencia del uso de armas de fuego o de malos tratos. La fundamentación para separar esas distintas realidades y momentos debe ser lo más rigurosa posible y, en el caso de la violencia, se basa en la diferente respuesta del hueso en función de su plasticidad, de si está fresco o seco en el momento de romperse, así como de la información que podamos tener de las fuerzas que originan esos daños.
Desde que se localizan las víctimas hasta el momento en que se constituye el depósito, se registran los diversos entornos. Todo se hace de modo que pueda tenerse constancia de las fases de investigación por las que pasa cada presunta víctima, cómo es tratada y en qué elementos diagnósticos nos basamos para llegar a una conclusión.
La forma de disponer las víctimas permite obtener indicios contundentes desde el momento en que se va comprendiendo la forma en que un cuerpo aparece colocado en la fosa. Predomina la colocación bocabajo, como si los verdugos reservasen para ellos el viaje al infierno. Es la posición más repetida en las fosas de víctimas en todo el Estado, tal como recoge la doctora Lourdes Herrasti en sus recientes investigaciones.
Hay personas atadas, aparecen fracturas en diversas partes del esqueleto, impactos de proyectil, balística y vestigios que prueban que los asesinatos en masa no son inventados, que dejan bien a las claras que no estamos ante cadáveres que descansan en paz. El contexto asociado, en forma de los usos que se le da al espacio de la fosa en los momentos siguientes a los asesinatos, evidencia una nueva forma de invisibilizar, de sumir en el olvido a las víctimas, al permitirse remociones incluso de enterramientos aún no esqueletizados, al arrojarse basuras, como restos de hospitales, en la fosa. Todo ello compatible con la definición de sujetos no dignos de humanidad que el régimen triunfante otorga a sus víctimas.
Gracias a la lucha de las familias y la sociedad, a la colaboración de una institución como el Ayuntamiento de Sevilla, podemos estar haciendo lo que tantas personas no han podido ver ya. Con la radical defensa de los Derechos Humanos, de la gestión pública, de la transparencia y del rigor científico, queremos concluir que es posible hacer lo que se hace. No debería haber excusas para hacer lo contrario.
