Max Weber definió el Estado moderno como: «[…] una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación». Aunque parta de la legitimación, esta acepción sitúa con acierto la violencia y el castigo como ejes para la dominación de las sociedades a través del Estado, lo que se conoce como gobernar. Por tanto el proyecto político de cualquier Estado, incluido el progresista del PSOE-UP, se sustenta siempre en un andamiaje represivo. Las propuestas de revisión del Código Penal, cargadas de polémica en un ambiente de confrontación preelectoral, junto a la reapertura mediática de las atrocidades en la valla de Melilla, nos llevan a reflexionar sobre cómo en la presente legislatura ha tenido lugar un progresivo reforzamiento legal y práctico del aparato represivo del Estado. Este proceso se puede diseccionar en dos tendencias: la continuista con la era Rajoy, y la del punitivismo de izquierdas. Como hitos significativos de la primera, podríamos encuadrar: la no derogación de la ley mordaza, el uso de balas de goma, la política criminal en la frontera sur de la UE y la aludida propuesta de modificación del delito de sedición acompañada, por la puerta de atrás, de un endurecimiento de los delitos de desórdenes públicos en torno a la protesta social. Respecto de la segunda, señalaremos la aplicación del delito de discurso de odio y la reciente polémica en torno a la ley del solo sí es sí.
Las principales aportaciones del Gobierno del M. Rajoy a la estructura punitiva del Estado son dos leyes promulgadas al final de su primera legislatura con mayoría absoluta. Las leyes 1/2015 de reforma del Código Penal y la 4/2015 conocida como ley mordaza. Mediante esta legislación de combate se instauraba la prisión permanente revisable (cadena perpetua), se ampliaban los márgenes discrecionales para las autoridades, policiales fundamentalmente, y se criminalizaron ad hoc diversas formas de protesta, por la doble vía penal y administrativa, surgidas del 15M. Lo que en tiempos de oposición era inaceptable, una vez en el Gobierno, a PSOE-UP esta legislación les reveló su idoneidad como instrumento de control social. El uso y abuso de la mordaza por parte de las subdelegaciones de Gobierno, responsables políticos de su ejecución sí o sí, no auguran nada bueno sobre su posible reforma, ya que ni se habla de su derogación. En la gestión de la pandemia, como ejercicio de ingeniería social del control sin precedentes, abundan textos de análisis al respecto, lo confirma —siendo una realidad atronadora hoy día— que no es el sistema de salud sino el aparato represivo el que ha salido fortalecido. Asimismo, tal y como sabemos ahora, resulta inquietante que el único impulso despenalizador de la legislatura se orientará a un delito como el de sedición que solo puede ser cometido por políticos. Mientras, por ejemplo, de manera subrepticia, se pretende introducir también una modificación del artículo 557, relativa a los desórdenes públicos, con condenas de 6 meses a 3 años de cárcel, incorporando al de necesario uso de la violencia para su imputación otros conceptos aún más vagos y subjetivos de interpretación como los de intimidación, paz pública o idoneidad. Bloqueos en desahucios, ocupaciones de edificios públicos…, la lucha social en el punto de mira. Hay que recalcar que cuando se propone esta ley ya había sido supervisada y negociada por PSOE-UP-ERC, otra cosa será que la presión de colectivos sociales, más de cuarenta se han posicionado ya en Cataluña, les haga recular y está por ver hasta dónde.
Tampoco se han tocado las balas de goma responsables desde el año 76 de decenas de heridos graves y 23 muertes. Que la normativa que regula su uso para las FCSE (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) no sea pública, sirve para proteger a lxs agentes denunciadxs a la vez que demuestra lo importantes que son para el control de masas y peligrosas para las personas. Mientras que en septiembre 200 asociaciones de todo el Estado presentaban en el Congreso un informe y exigían su prohibición, el Ministerio del Interior compró 60.000 más de estos proyectiles letales.
Hablar de balas de goma y muertes es hablar del Tarajal, lo que nos lleva a la Frontera Sur, la que separa «el jardín de la jungla» en palabras de ese verbo libre de la diplomacia y legionario frustrado que es el socialista Borrell. Mandando el PP, la denominada, por imperativo legal, «tragedia del Tarajal» de 2014, tenía como antecedente la muerte a tiros de otros cinco migrantes en 2005, también en Ceuta, cuando gobernaba Zapatero. Entonces la autoría de la Gendarmería marroquí fue la que quedó demostrada, lo que no impidió que ese y los demás Gobiernos siguiesen ahondando en la colaboración del control fronterizo a cambio de prebendas económicas y políticas. Así llegamos a este julio de 2022 en Melilla, con un baile de muertos por determinar de un lado a otro de la valla. Objetivamente, Marlaska dice y hace lo que corresponde al cargo que ocupa como bien sabe alguien con su trayectoria. La UE exige mano dura y cooperación a ambos lados de la frontera, el apoyo decidido al Gobierno de Sánchez desde Bruselas y el portazo a los saharauis dejan claro el lugar que España juega en Europa en esta cuestión de primer orden.
Por punitivismo de izquierdas definimos el discurso que, partiendo de esa legitimación del Estado como monopolizador del castigo y la violencia, se erige, vía penal, como el verdadero garante de defensa frente a la opresión estructural que sufren colectivos históricamente oprimidos (racializados, LGTBI…) o frente a la violencia machista. Existe un profundo debate sobre esta cuestión dentro de estos grupos, y, especialmente, dentro del feminismo, sobre su eficacia, injerencia, contradicciones o hipocresía: el zorro vigilando el gallinero. Como aportación, señalaremos solo algunos aspectos relevantes de esta política punitiva de la que hace bandera el actual Gobierno. La legislación de los delitos de odio, que arrancó en el 95, pretende castigar las formas más graves de racismo y xenofobia y es un claro ejemplo de los peligros que implica el recurso penal para abordar estas cuestiones, más aún cuando el odio es un concepto subjetivo, volátil y difícil de calibrar. El Art. 510 del Código Penal hace referencia directa a los discursos de odio, entre cuyas motivaciones se introduce a la «ideología», abriendo la puerta a invertir la motivación inicial. De esta manera, en la circular 7/2019 de la Fiscalía General del Estado, que firma la fiscal progresista Serrano Crespo y promulgada con el PSOE gobernando, se consagra al nazismo como ideología susceptible de protección, poca broma. Esto, junto al eficaz trabajo de las brigadas de información policial, desemboca en la actual criminalización de colectivos que luchan a pie de calle contra el fascismo. El caso del autobús de HazteOir en Sevilla es un ejemplo. La ley del solo sí es sí, auspiciada desde el Ministerio de Igualdad, revisa el Código Penal en torno a delitos sexuales. Que interesadas polémicas sobre reducciones de condenas en base al in dubio pro reo y el previsible ruido del machismo más soez y recalcitrante no desvíen nuestra atención. El elemento central de esta ley pretende ser fiel al espíritu de las movilizaciones contra la sentencia de «la manada», unificando los delitos de abuso y agresión así como su horquilla de penas correspondientes, borrando del relato de aquellos días a las que señalaron a la justicia del Estado como patriarcal por definición. Voces críticas rechazan que en nombre del feminismo se estén legitimando penas más altas y la fe en la cárcel como la solución a la violencia sexual y protección a las mujeres. Desde el antipunitivismo apelan a la construcción de una justicia feminista restaurativa y transformadora que no refuerce la cárcel. El debate es ineludible.
