Un alga asiática llega en un barco coreano. Otro barco marroquí transporta fosfatos expoliados saharauis. Un puerto español no cumple una normativa internacional. El resultado: un ecosistema invadido y especies protegidas en riesgo. La historia de la Rugulopterix okamurae en el Estrecho bien podría ser un ejemplo perfecto de la teoría del caos.
Procede del continente asiático y se extiende a gran velocidad. No es el coronavirus, pero amenaza la salud de nuestros mares y, sin embargo, no ha recibido las atenciones y recursos de medios y administraciones. «El tema ya no es el Estrecho, es el Mediterráneo el que esta siendo invadido» asegura Antonio Vergara, profesor en Tarifa del plan educativo Algas del Estrecho. Barbate, Conil, Estepona, Marbella, Almuñecar, Roquetas de Mar o Adra, son algunos de los puntos donde la plaga ya ha llegado desde el epicentro del Estrecho.
El Estrecho es la zona donde la afección de la plaga se ha cronificado desde su primer avistamiento en Ceuta en 2015 hasta los primeros arribazones de algas a Tarifa en 2016. Pero fue en 2017 cuando la bióloga marina y profesora de la Universidad de Málaga María Altamirano daba la voz de alarma sobre el origen exótico y el comportamiento agresivo de la especie, dando la alerta a la Junta de Andalucía. Hasta la fecha, no ha recibido respuesta. Sin intervención institucional ni depredadores naturales, y con unas condiciones propicias para su expansión, la Rugulopterix okamurae se ha extendido sin control por todo el Estrecho, desde Ceuta hasta Tánger y desde Trafalgar hasta Sotogrande.
En verano de 2019 el asunto estallaba en Tarifa, la zona más afectada de esta plaga. Arribazones masivos en las costas, putrefacción en las playas, reducción de capturas y desplazamiento de especies autóctonas. El turismo y la pesca, principales motores económicos del pequeño municipio gaditano de algo más de 18 000 habitantes, se veían duramente afectados. «Es una cadena: el turismo vive de las playas. Pescamos para los chiringuitos, para las mesas del turismo» asegura Manuel Suárez, patrón mayor de la cofradía de pescadores tarifeños, que aglutina a 300 miembros. Con esta cadena averiada, ecologistas, empresariado, pescadores, partidos, clubes acuáticos y Ayuntamiento, se han agrupado en la «Mesa ciudadana contra el alga invasora» para reclamar actuaciones a las administraciones. Vergara denuncia que solicitaron reunirse con la consejera andaluza de Desarrollo Sostenible y Pesca, la popular Carmen Crespo, en tres ocasiones y no han obtenido respuesta.
Las consecuencias de la plaga son claras, pero como en toda enfermedad, se necesita conocer el origen para encontrar la cura. La causa de la explosiva expansión de la okamurae podría estar en una combinación fatal de geopolítica y comercio internacional, según la hipótesis de Antonio Vergara, que ha sido avalada por estudios científicos.
La primera incógnita es cómo llega la especie desde su ecosistema originario en el Pacífico Noroccidental hasta el Estrecho de Gibraltar. María Altamirano se muestra prudente, no obstante, señala que estudios de la UMA determinan que esta especie tiene resistencia para sobrevivir varias semanas en las aguas de lastre de los buques y cree que el tráfico marítimo ha podido influir: «Sí que sabemos que el Estrecho soporta una presión de tráfico marítimo de grandes mercantes con grandes volúmenes de aguas de lastre de manera frecuente y grandísima, y también es cierto que hay poca regulación en los vertidos de las aguas de lastre». Para el profesor tarifeño, sin embargo, resulta «irrefutable», y apunta al inicio de una ruta marítima entre el puerto de Algeciras y Corea del Sur a través de su naviera Hanjin. Los primeros mercantes de la zona llegaron en mayo de 2010. Adelante Andalucía, al denunciar la problemática en el Parlamento andaluz, aportaba el dato que de los 26 000 buques al año que operan en la bahía de Algeciras, solo se inspeccionan 220.
Esto ocurre a pesar de la existencia de un convenio internacional para el control y gestión de las aguas de lastre (convenio BWM) impulsado por la Organización Marítima Internacional (OMI) en 2004 y firmado por el Estado español, en el que el objeto principal era la protección ambiental. «La propagación de las especies invasoras se reconoce actualmente como una de las mayores amenazas al bienestar ecológico y económico del planeta» asegura la OMI y añadían que ante el aumento del comercio internacional vía marítima «es posible que el problema no haya llegado aún a su momento más grave. Los efectos en numerosas zonas del mundo han sido devastadores».
La segunda incógnita es cómo la okamurae ha invadido tan rápido el Estrecho. Hasta ahora se achacaba a su capacidad reproductiva. Cada espécimen, una vez arrancado, es capaz de liberar varios cientos de nuevos especímenes. Esto hacía que la actividad humana (pesca, submarinismo o transporte marítimo de pasajeros) propagase la plaga. Sin embargo, un reciente estudio incorpora una nueva razón: los investigadores Félix López y José Carlos García sostienen en un estudio junto con el Instituto de Estudios Oceanográficos que el fósforo potenciaría la fotosíntesis y crecimiento de la especie. De este modo, Vergara señala que se da un doble vector, de nutrición y de dispersión. Y he aquí que Vergara introduce su hipótesis: las influencia de las rutas de tráfico de los fosfatos. Marruecos es el segundo productor del mundo de estos fertilizantes gracias al expolio de las minas en territorio saharaui. La agencia EFE informa en una nota de marzo de 2018 que la compañía estatal marroquí Oficina Jerifiana de Fosfatos se habría visto obligada a modificar sus rutas habituales por Sudáfrica y Panamá. Sendas victorias judiciales del Frente Polisario habrían dificultado estas vías. Vergara plantea que esto habría obligado a Marruecos a abrir nuevas rutas de exportación desde Tanger Med, pasando por el Estrecho, con consiguientes episodios de contaminación.
Ante este panorama, la organización comarcal Verdemar-Ecologistas en Acción denunció ante la fiscalía de Algeciras a la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) y a la Junta de Andalucía bajo la acusación de estar incumpliendo diversos artículos del Código Penal relativos a la protección de flora y fauna. No en vano la plaga afecta al Parque Natural del Estrecho, reserva de la biosfera por la UNESCO y cinco especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNAE) habitan en él. Una de ellas es la Patella ferruginea, una lapa catalogada en peligro de extinción, el mismo rango de protección que ostenta actualmente el lince ibérico. La denuncia fue archivada en septiembre por la fiscal de Medio Ambiente bajo el argumento de que «los hechos denunciados no revisten indicios suficientes de criminalidad». Y en mitad del extractivismo marroquí, los negocios coreanos y la inacción andaluza, el virus continúa extendiéndose.
