Hace 38 años se inventó el «derecho al turismo». Lo hizo la Organización Mundial del Turismo (OMT) integrada en Naciones Unidas. Se proclamó en nombre del desarrollo económico, la paz y la prosperidad de los pueblos. Sin embargo, son muchas las voces críticas que cuestionan que realmente pueda hablarse de un derecho al turismo ya que más que buscar el ejercicio de libertades para toda la humanidad lo que pretende amparar son los intereses económicos de este sector empresarial.
Todo proceso económico a escala mundial que conlleve la acumulación de capital a costa de la desposesión de una parte de la población, como es el turismo, necesita un discurso legitimador que lo sostenga. Los estragos que causa el turismo a las poblaciones locales que lo soportan no podría sostenerse si no se estuviera perpetrando a costa de algo tan importante como un derecho. La gravedad de los costes humanos, sociales y ambientales del turismo, es directamente proporcional a la solemnidad del discurso que lo justifica, de ahí que la OMT haya coqueteado con ir más allá y no hablar ya del derecho al turismo como un derecho social, sino como un derecho humano. Así lo enuncian como derecho intrínseco a la propia naturaleza humana y que goza de la máxima protección de los ordenamientos jurídicos y de paso dan carta de naturaleza a la OMT para formar parte de la ONU.
Cualquier incidencia que queramos hacer sobre la realidad material en pos de un horizonte emancipador y de justicia social conlleva desmontar los discursos con los que se justifican las desigualdades. Desmontar el discurso del turismo como derecho urge a fin de frenar la acumulación de riquezas de la industria del turismo a costa de los verdaderos derechos fundamentales de las poblaciones locales que soportan este fenómeno.
El mito del derecho al turismo como método contra la pobreza
El Código ético de la OMT dice que «la actividad turística se organizará de modo que permita la supervivencia y el florecimiento de la producción cultural y artesanal tradicional, así como del folclore, y que no conduzca a su estandarización y empobrecimiento». A partir de esta premisa la industria y los Gobiernos repiten el mantra: «el desarrollo del turismo es bueno y crea riqueza en las poblaciones locales». Sin embargo, la OMT nunca ha presentado informes del desarrollo real que el turismo genera en las poblaciones de destino. La realidad se impone y en muchos países del sur el turismo genera una gran brecha económica entre turistas y población autóctona y favorece el racismo y la discriminación. Y tanto en el sur como en el norte se evidencian retrocesos en los derechos sociales de la población local: encarecimiento de la vivienda, gentrificación, recorte de dotaciones públicas, marginalización de los sectores sociales más vulnerables, encarecimiento del coste de la vida y sustracción de recursos naturales.
Los organismos internacionales hacen lecturas superficiales de estas realidades y se quedan en el eslogan de «el desarrollo turístico es bueno y genera beneficios para la población local de forma automática y natural».
Sin embrago en Andalucía, esta tierra a mitad de camino entre el norte y el sur, podemos ver estos procesos en sus capitales y en sus costas a simple vista. No obstante, el sentido común imperante dice que hay que soportar estos «daños colaterales» en beneficio del empleo que el turismo genera en esta tierra desindustrializada.
Sin embrago, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que el turismo es uno de los sectores económicos donde los derechos laborales se encuentran más vulnerados (OIT, 2010). En su propio sitio web, la OIT afirma que el sector tiene la reputación de ofrecer unas malas condiciones de trabajo debido a una serie de factores: se trata de una industria fragmentada, integrada en su mayor parte por pequeñas y medianas empresas empleadoras con una baja densidad sindical, y el trabajo se caracteriza por los bajos salarios y los bajos niveles de requisitos en materia de calificaciones, por el trabajo por turnos y el trabajo nocturno, así como por la estacionalidad.
El sindicato Comisiones Obreras denuncia que el 95,15% de las afiliaciones a la Seguridad Social del sector de hostelería corresponde a contratación temporal en muchos casos fraudulentas. Las Kellys (camareras de piso), vienen denunciando que algunas empresas hoteleras pagan salarios de menos de tres euros la hora. Trabajar ocho horas y estar dada de alta dos es algo extendido y aceptado en el imaginario común de las trabajadoras de la hostelería. El desarrollo turístico que crea puestos de trabajo a cambio de desposesión parece que por ahora quita más de lo que da.
El mito del derecho al turismo como un derecho universal
Con el afán de amparar los intereses de la industria turística bajo los Derechos Humanos y forzar la inversión pública en este sector, los organismos internacionales sacan el siguiente razonamiento de la chistera:
Puesto que el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce la libre movilidad y el 24 el derecho al descanso y a vacaciones pagadas, el derecho a moverse en vacaciones no puede ser más que un derecho humano.
Desde luego el derecho al descanso y el derecho a la movilidad son derechos fundamentales fruto de conquistas sociales, pero la opción de moverse durante el tiempo de descanso no es un derecho, es una opción.
Verdaderamente el derecho al turismo no es intrínseco al ser humano. «Ser turista» es un estado circunstancial, delimitado en el tiempo. No es una categoría humana, como sí lo es ser indígena o mujer, y no puede ser objeto de derechos humanos específicos[1].
Además, para ser un derecho humano, debe ser universalizable su ejercicio y la propia OMT reconoce que el 80% de los viajes internacionales lo realizan personas de solo veinte países del mundo, por lo que sigue siendo una cuestión de clase, etnia y colonialidad el acceso a moverse en el tiempo de descanso.
Todo reconocimiento de derechos son fruto de procesos sociales, conquistados por luchas emancipatorias. Debe hacernos dudar del carácter de derecho del turismo el hecho de que la interesada en ello sea la misma patronal que se beneficia económicamente de forma directa de dicho fenómeno.
El derecho de arraigo al territorio es el único derecho de carácter colectivo y fundamental que está en juego en este debate y debe ser el límite a la práctica del turismo, esa movilidad en tiempo de descanso que practican mayoritariamente lxs habitantes de los veinte países más ricos del mundo.
