Reyes Mate decía: «No hay cosa más peligrosa que creer que la realidad es la realidad que triunfa» y, quizás por haber caído con frecuencia en ese error, la sociedad española sigue reproduciendo discursos y actitudes que se han impuesto sobre otros en el pasado, pero ¿a qué coste? Si el presente al que aspiramos se basa en la justicia y el bienestar, la Historia no debería ser aprendida solo a través de los nombres de quienes vencieron, sino también (y sobre todo) de quienes sufrieron la injusticia y el dolor.
Los regímenes autoritarios se caracterizan por la persecución a determinados colectivos, que varían dependiendo del momento y la tendencia ideológica. Sin embargo, los medios de comunicación, por su capacidad para informar e influir en la opinión pública, suelen ser un objetivo prioritario a mantener bajo control por parte de los gobiernos totalitarios. En este aspecto, el franquismo no fue ninguna excepción.
Apenas se declaró el golpe de estado, la sublevación militar difundió un discurso en el que los crímenes de guerra se justificaban como una «necesidad» y la dictadura como única garantía para mantener el orden y el bienestar social, paradójicamente. El franquismo utilizó todos los medios a su alcance para transmitir este mensaje, que llegaba a las redacciones de los periódicos simpatizantes con la sublevación en forma de «consignas» (normalmente, notas anónimas sin validez legal, pero que los medios asumían como de obligada publicación, presionados por la amenaza tácita de posibles consecuencias). Uno de los indicadores más claros sobre la prioridad que el franquismo otorgó al control sobre los medios de comunicación es el hecho de que poco después del alzamiento militar, en 1937 (cuando ni siquiera había finalizado la Guerra Civil), se creó la Junta de Censura como institución estatal.
En efecto, fueron diversos los organismos que la dictadura estableció en relación a los medios de comunicación y la censura de la libertad de expresión. Entre ellos, podemos destacar la Delegación para Prensa y Propaganda; el Servicio Nacional de Prensa; la Escuela de Periodismo; el Registro Oficial de Periodistas, donde debían figurar, previa aprobación, todxs lxs profesionales para poder ejercer y, finalmente, el Ministerio de Información y Turismo (desde 1951), el cual estuvo dirigido, sucesivamente, por Arias Salgado y Fraga Iribarne. El franquismo también creó su propios medios de comunicación, como los periódicos de la Cadena de Prensa del Movimiento; el NO-DO y la todavía existente Agencia EFE.
En cuanto al resto de los medios de comunicación que existían antes del golpe de estado (aquellos que presentaban una línea editorial contraria o carente de apoyo explícito al fascismo), muchos fueron incautados por el Estado sublevado y otros tantos tuvieron que continuar en la clandestinidad o desaparecer. En Sevilla se encontraban los medios con mayor difusión de Andalucía, tanto en prensa como en radio, e incluso en cine. Entre los periódicos sevillanos, El Liberal fue asaltado por tropas franquistas y su publicación cesó de manera inmediata. La Unión, ABC y El Correo de Andalucía obtuvieron permiso para continuar con sus tiradas, una vez hubieron declarado su adhesión a la sublevación militar. Además, la dictadura creó el periódico F.E.
La primera ley de prensa franquista fue promulgada ya en 1938 y establecía la censura previa de todo el contenido que fuera a ser publicado y difundido en España. De esta manera, los contenidos de libros, películas, periódicos y emisiones radiofónicas debían encontrarse entre los (no muy amplios) márgenes establecidos por el nacionalcatolicismo. En la práctica, esto significaba que, entre los medios de comunicación, no existía la libertad de expresión.
En 1966, la Ley de Prensa e Imprenta vino a sustituir a la de 1938. Tras el fracaso del nazismo y el fascismo italiano y con la proliferación de gobiernos democráticos en Europa, el franquismo necesitaba mostrar una mínima tolerancia a los derechos humanos (cuya primera declaración universal data de 1948). Es así que la ley de 1966 proclamaba la instauración de la libertad de prensa en su artículo 1, si bien lo hacía de acuerdo a las limitaciones impuestas por las leyes (artículo 2). Es decir: la censura seguía existiendo, pero los mecanismos represivos se aplicaban posteriormente a la publicación, a través de la vía judicial (cuando se hacía de manera oficial).
Para el franquismo, la violencia, herramienta fundamental para la obtención y mantenimiento del poder durante la dictadura, fue tanto canal como mensaje. Los asesinatos, las desapariciones forzosas, las torturas y las humillaciones públicas eran un canal comunicativo, a través del cual se transmitía un mensaje al resto de la población: someterse a la dictadura o sufrir persecución. En los discursos propagados por el franquismo abundaban las agresiones verbales y la exaltación de la violencia; los mensajes radiofónicos de Queipo de Llano son buena muestra de ello.
En tiempos de incertidumbre colectiva y alzamiento de conflictos bélicos, la propaganda de guerra suele entrar en escena. Podemos identificarla a través de tres características principales: la simplificación (con el uso de valores dicotómicos, como el bien y el mal); la desinformación (que se alimenta de bulos, exageraciones, ridiculización, etc.) y la manipulación emocional (que se traduce en consignas populistas, insultos e incluso amenazas). La libertad de expresión (entendida como el derecho a expresar una opinión desde el respeto, o una información extraída de datos verídicos) ya fue atacada por parte de fuerzas gubernamentales en España con anterioridad. Esas fuerzas vencieron en el sentido de que impusieron su modelo durante más de cuarenta años. Dada la legitimación que se sigue otorgando al franquismo por parte de algunos sectores de la población española, ¿hasta qué punto está a salvo nuestra libertad de expresión?
