En 2016 el madrileño Centro Social Patio Maravillas okupaba un edificio en el barrio de Chueca con la intención de establecer allí su nueva sede. El inmueble, de propiedad privada, llevaba años abandonado y había sido rehabilitado con fondos públicos. Fue desalojado en apenas 12 horas. 8 furgonetas de antidisturbios se presentaron y clausuraron el edificio sin enseñar ninguna orden judicial. "¿Así es como las vas a gastar Zoido?", preguntaba a gritos un chico, después de que las furgonetas de antidisturbios desaparecieran.
Pues si tenemos que guiarnos por lo que hemos visto en Sevilla los últimos meses parecer ser que sí. Que, efectivamente, así es como se las va a gastar Zoido ante los desalojos. Mano dura y atajar de raíz, saltándose incluso, las propias normas de las que ellos mismos se dotan. Parece, además, que ha querido hacer de su ciudad natal un ejemplo modélico de represión contra las okupaciones.
Hago aquí un inciso momentáneo para aclarar que me parece innecesario justificar la legitimidad de dar uso a espacios abandonados o en desuso largos años para establecer proyectos y lugares donde demos vida a lo común. Que si nos ponen en la tesitura de elegir entre el derecho a la propiedad privada y el derecho al uso y la construcción colectiva, no tenemos ninguna duda. Así que saltamos a la siguiente casilla.
En los últimos meses hemos visto varios anuncios de apertura de nuevos Centros Sociales que duraban un suspiro. No daba tiempo a compartir el comunicado con el que se presentaban cuando ya llegaban tweets y whatsapp informando de la presencia policial y el desalojo. Desalojos sin ninguna orden judicial que los avalara. El 9 de febrero de este año se presentaba en las redes el CSOA La Hiena, que se instalaba en una nave abandonada en el polígono Calonge. 4 días después, sin orden judicial y sin que se estuviera cometiendo ningún delito flagrante, la policía nacional forzó su entrada en el edificio e identificó a 4 personas que se encontraban en su interior, denunciándolas por delitos de daños y usurpación.
El viernes 24 de marzo se compartía un post con el comunicado de apertura del CSOA La Grieta, ubicado en una nave de León XIII que llevaba años en desuso, y hacían un llamamiento colectivo: “Hemos okupado un espacio abandonado y os invitamos a venir y participar.” Las personas que aceptaron la invitación fueron testigos de cómo apenas unos minutos después de haber abierto las puertas, se presentó la policía local que aseguró que sólo quería constatar que la okupación se había producido con anterioridad y no se estaba realizando en ese momento. Mientras los mediadores del colectivo dialogaban con ellos, 8 furgonetas de antidisturbios se presentaron en la calle e, ignorando las peticiones de los abogados que exigían ver la orden judicial, forzaron a la gente que se encontraba en el interior a salir y procedieron a desalojar el inmueble.
Estas dos experiencias, si bien no son casos aislados, si que nos dejan entrever un nuevo patrón por parte de Interior, Delegación del Gobierno y las fuerzas de seguridad de afrontar las okupaciones y una amnesia insistente de las vías legales para conseguir un desalojo.
Lejos quedan ya las experiencias donde la okupación duraba 5 o más años y permitían que los proyectos fueran asentándose en el territorio, mutando y transformándose pero enredando sus raíces en el barrio. Si hacemos un repaso por la historia de la okupación sevillana podemos ver cómo la esperanza de vida de los centros sociales se ha ido acortando cada vez más. Desde los aún vigentes Huerto del Rey Moro y Centro Vecinal Pumarejo, proyectos con más de una década y una largo periplo de negociaciones con las instituciones desde la resistencia vecinal, pasando por Cruz Verde, ubicado en la calle del mismo nombre (un entorno entonces marginal y que hoy roza con la punta de sus ladrillos los peligros de la turistificación y gentrificación) que mantuvo sus puertas abiertas durante 5 años coincidiendo su desalojo con una época negra que llegó de la mano de la conservadora Soledad Becerril a la Alcaldía y el Código Penal de 1995 que criminalizaba la okupación. 5 años permaneció también el CSOA Casas Viejas, cuya asamblea decidió irse a lo grande con un desalojo que dio que hablar hasta a Ana Rosa. El CSOA Sin Nombre mantuvo sus muros llenos de actividades durante 8 años en el barrio de San Bernardo. La Fábrica de Sombreros, La Huelga y Andanza tuvieron una duración similar, en torno a 1 y 2 años.
¿Qué ha pasado en este último año para que las okupaciones apenas lleguen a ver la luz? El único caso exitoso reciente ha sido La Casa Okupada Autogestionada y Feminista La Revo que, tras una corta estancia en Puerta Osario, ha celebrado recientemente su aniversario en la calle San Luis. Está claro que ha habido un cambio en las directrices y protocolos frente a la okupación.
En principio la acción policial y judicial sólo puede empezar cuando el propietario presenta una denuncia y manifiesta que la okupación y permanencia en el piso o local se produce sin autorización y contra su voluntad. Comienza entonces la fase de instrucción en la que se tratará de identificar a los okupantes, en caso de que se consiga serán citados a declarar y, si procede, se puede producir un desalojo cautelar pero dentro siempre del procedimiento judicial, o incluso puede quedarse a la espera de juicio.
Este ha sido el escenario habitual con el que se encontraban las asambleas de los Centros Sociales, sin embargo, tras el movimiento de las corralas y las okupaciones como alternativa habitacional a los desahucios se ha producido una corriente de legitimación social de la okupación, por lo que el sistema ha decidido actuar con mano de hierro (e ilegal) ante ella. Por un lado, con la proliferación de empresas que, al más puro estilo sicario, anuncian sus servicios para desalojar a inquilinos indeseados (www.desokupa.com) y por otro, con las actuaciones policiales sin denuncia previa ni orden judicial que avale el desalojo forzoso del inmueble.
Rendirse ante la represión no es una opción pero chocarnos una y otra vez con el mismo muro tampoco parece una estrategia inteligente y nos va desgastando de desalojo en desalojo, sin contar las multas que suelen caer como premios de la lotería en acciones y concentraciones posteriores. ¿Qué hacer? Cuando en el choque frontal salimos perdiendo en correlación de fuerzas (y poder represivo) la opción no es tirar para adelante a toda costa sino pararnos a coger aire, desplazarnos y ser capaces de mirar desde otro lugar para volver a inventar estrategias que nos permitan sortear obstáculos y muros hasta llegar (y okupar) el espacio deseado.
