En tiempos donde el castigo se presenta como única respuesta al conflicto, desde Ariskas proponemos mirar más allá del punitivismo. La Primavera Antipunitivista nace como una apuesta colectiva por la transformación, la reparación y la autonomía frente al Estado y sus lógicas represivas.
Posterior a nuestro plenario del primer trimestre del año, desde Ariskas comenzamos con la iniciativa denominada «Primavera antipunitivista». Un ciclo de actividades realizadas en La Villana de Vallekas con el objetivo de abrir un debate público y comunitario sobre las alternativas al punitivismo, desde una perspectiva feminista y transinclusiva. Bajo este lema, se organizaron charlas, talleres, encuentros y materiales de reflexión para cuestionar el castigo, y promover la justicia restaurativa y la reparación colectiva. Para un colectivo transfeminista como Ariskas, abordar el debate antipunitivista es urgente ya que la cultura punitiva refuerza los mandatos de género, racializa y patologiza a las disidencias, además de perpetuar una visión plana y despolitizada de los conflictos. Además, el punitivismo estatal suele instrumentalizar la figura de la víctima, silencia las voces que no encajan en el relato dominante y dificulta la construcción de alternativas políticas y comunitarias a la violencia.
Después de las primeras reflexiones internas teníamos un punto de partida compartido: vivimos en sociedades punitivas que no funcionan y en las que se recurre al castigo como forma de acallar la mayoría de conflictos, que tienen orígenes estructurales profundos. Represión policial, judicial, cancelaciones y expulsiones emergen como algunas de las formas del punitivismo. El pensamiento neoliberal ha arrasado la forma en que entendemos el riesgo. Según esta racionalidad el problema de la inseguridad no vendría de la mano de un aumento de la precariedad, sino que se señala a ciertas personas y colectivos como peligrosos (la llamada «particularización del riesgo»). Los riesgos de un mundo hostil nos han llevado a crear espacios de autoprotección, alianzas y cuidados, pero también de dificultad para el disenso, el conflicto y el encuentro con une u otre diferente. Frente a esto el antipunitivismo es una herramienta útil, ya que no individualiza el problema, y construye una visión más amplia al poner el foco en lo estructural. Partimos también de la certeza de que el Estado no es un actor neutral en los conflictos. Como aparato de dominación de clase se encarga de reproducir las mismas violencias de las que nos dice proteger. Rechazamos la autoridad de este Estado capitalista y de sus órganos represivos, sin embargo, somos conscientes de su poder de legitimación. En parte, por esta razón, algunos feminismos han puesto su atención en los déficits del sistema judicial y en la necesidad de acabar con los «sesgos machistas» de la judicatura en el enjuiciamiento de casos de violencia sexual. Asimismo, sentimos esta disputa en el terreno judicial como un arma de doble filo. Bajo la misma lógica, una sentencia desfavorable acabará implicando el no reconocimiento de los hechos ocurridos y tampoco del daño sufrido. Los casos que no puedan ser probados, difícilmente podrán verse legitimados por la autoridad judicial. El hecho de que las personas que recurren al sistema judicial en búsqueda de reparación no solo se suelen quedar en la estacada, sino que además las violencias institucionales recibidas en forma de cuestionamiento, culpabilización y estigmatización acaban siendo incluso peores que las que se denuncian. Todavía más acuciante en el caso de disidencias de género y demás grupos subalternos. Y son, precisamente, las disidencias y los grupos en los márgenes aquellos que, al estar en mayor grado excluidos del acceso a la justicia convencional, desarrollan lenguajes y herramientas de resolución de conflictos alternativos a los que ofrece el Estado. Como colectivo, apostamos por una justicia transformadora que reconozca la complejidad de las violencias, sitúe el conflicto en el centro y promueva la autodefensa, el acompañamiento y la reparación desde abajo y en común.
Por otro lado, necesitamos palabras que den forma y delimiten lo que nos sucede, que nos sujeten. Sin embargo, las palabras también nos aprisionan y reducen nuestras experiencias a etiquetas genéricas con una enorme carga cultural sobre la que perdemos el control. Por este motivo, aunque las categorías de víctima y agresor pueden sernos útiles en ciertos momentos, también pueden resultar conflictivas. A menudo estas etiquetas terminan convirtiéndose en identidades inamovibles y completamente enfrentadas sobre las que se proyectan juicios, valoraciones y pánicos morales que nos obligan a elegir un bando, nos polarizan y nos lanzan a pedir la expulsión o el destierro de una forma casi instintiva. Consideramos que es necesario disponer de un nuevo lenguaje que nos permita asumir errores y hacernos cargo sin ser desterradas para siempre. Un lenguaje no esencializador que reconozca la posibilidad de agencia de las personas y no caiga en determinismos: víctimas y agresores no deberían serlo, necesariamente, para siempre. Apuntamos hacía la necesidad de un lenguaje que nos permita evaluar el contexto sin caer en automatismos ni hacer asociaciones generalizadas y para eso necesitamos bajar el ritmo, evaluar con calma y salir de la lógica del posicionamiento inmediato (tan propia a su vez de los tiempos que corren).
Actualmente, seguimos reflexionando y construyendo espacios para la socialización de alternativas y creemos que, en relación con todas las reflexiones que se están dando en torno a este concepto, no se trata solo de repensar el castigo y sus posibilidades de confrontación, sino más bien, apostamos por construir una forma de ver más allá de nosotras mismas, de ver el común y colectivizar las vulnerabilidades.
Abordar el antipunitivismo desde Ariskas es una apuesta política y vital por la autonomía, la autodefensa y la creación de espacios transformadores y combativos en el barrio, donde podamos ser protagonistas de nuestras propias luchas y procesos de reparación.
