Todo el mundo asocia la palabra inmatriculación al escándalo inmobiliario perpetrado por la Iglesia católica, sin duda un éxito de las plataformas ciudadanas que defienden nuestro patrimonio histórico. Sin embargo, muy pocos sabrían explicarlo. La jerarquía católica se aprovecha de este «nublao de tiniebla y pederná» para banalizar lo ocurrido y reducirlo a una cuestión de fe. De ahí que sea tan importante que tomemos conciencia de la magnitud y de las causas del mayor expolio patrimonial sufrido en nuestra historia reciente.
La jerarquía católica ha podido apropiarse de unos 5 000 bienes en Andalucía desde 1946, muchos de ellos pertenecientes a nuestro patrimonio histórico, utilizando como prueba la sola palabra del obispo. Esto fue así gracias a un privilegio que Franco concedió a la Iglesia como pago a su apoyo durante la guerra, equiparándola con la administración pública y a sus obispos con notarios. Es evidente que esta prerrogativa devino inconstitucional en 1978, pero los obispos siguieron haciendo uso de ella hasta su derogación en 2015 como consecuencia de la presión ciudadana y de una sentencia del Tribunal de Estrasburgo.
Se han apropiado de miles de solares, locales comerciales, viviendas, plazas, calles, monumentos, castillos, cocheras, murallas, cementerios…, pero también de templos de culto, considerados bienes de dominio público hasta que Aznar permite su inscripción en 1998. Un hecho de extraordinaria gravedad porque supone la privatización del 80% de nuestro patrimonio histórico, en especial, bienes de singular naturaleza como la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla.
La cuestión no es de quién es la Mezquita o la Giralda, sino de qué son. Porque no hablamos de bienes privados que pueden ser de unos u otros, sino de dominio público que no es de nadie porque nos pertenece a todos y todas. ¿Se puede vender la Mezquita? ¿Se puede vender la Giralda? La respuesta es no. A nadie se la pasa por la cabeza que estos monumentos que contienen en sus entrañas la historia milenaria de nuestro pueblo puedan ser objeto de subasta o hipoteca. Y la razón es muy simple: porque son públicos y porque la mejor manera de proteger su valor social pasa por sacarlos del tráfico jurídico. La Iglesia no puede ser titular de un bien que no puede venderse, porque nadie puede ser titular privado de un bien de dominio público.
Así pues, todas las inmatriculaciones realizadas desde 1978 son nulas por inconstitucionalidad sobrevenida, no importa el bien inscrito. Como nulas son todas las inmatriculaciones de bienes que no puedan ser enajenados, no importa la fecha en que se inscribieran. ¿Y qué ha hecho el Gobierno de coalición para solucionarlo? Nada. Publicar una lista incompleta y lavarse las manos ante el mayor escándalo inmobiliario de la historia. ¿Y que nos toca hacer a la ciudadanía? Tomar conciencia de que nos han robado nuestro patrimonio histórico y exigir su reversión. No se trata de una cuestión religiosa, sino de defensa de la legalidad constitucional y del patrimonio público.
