El 25N, las feministas salimos a la calle a denunciar las violencias que nos atraviesan. Desafortunadamente, las trabajadoras Sexuales no solo padecemos violencia por ser mujeres, sino que también la sufrimos a raíz de nuestro estigma: violencia que muchas ejercen en nombre del feminismo y la igualdad.
Las violencias derivadas del abolicionismo han sido una constante a nivel mundial en las últimas décadas, pero en nuestro país han aumentado significativamente en los dos últimos años desde que el movimiento feminista ha crecido en importancia y protagonismo, y se ha empezado a utilizar de una forma partidista y electoralista.
Desde los grupos abolicionistas se nos acusa de ejercer una actividad que aumenta la trata con fines de explotación sexual, pese a que es sobradamente demostrado que la trata es un fenómeno ligado a las políticas de extranjería. También se nos responsabiliza de que haya mujeres que se ven abocadas a la prostitución por pura necesidad. Sin embargo, ninguna de las políticas abolicionistas ha conseguido acabar con la trata o con la feminización de la pobreza. Ante esta pasividad y permisividad, afirmamos que el abolicionismo instrumentaliza a las compañeras que desean abandonar la prostitución, así como a las víctimas de trata, como arma arrojadiza contra nuestra lucha proderechos. Es más: una plataforma como Granada Abolicionista —que ha hecho llamamientos para boicotear nuestros actos de debate universitarios en todo el Estado español— ha guardado silencio ante la persecución de nuestras compañeras en las calles de Granada, las cuales han sido multadas durante 8 años. Las compañeras de Málaga son multadas desde el 2013 mediante ordenanzas aprobadas por los mismos partidos abolicionistas.
El abolicionismo institucional también es testigo de cómo son precisamente sus propios partidos políticos los que conceden licencias a los clubs de alterne, con la intención de sacarnos de las calles (donde molestamos) y abocarnos a los clubs, espacios donde tenemos más probabilidades de sufrir abuso laboral impunemente ya que carecemos de derechos que nos amparen. Pero cuando nuestro movimiento lucha para que las compañeras de los clubs tengan un sindicato para defenderse, el neoabolicionismo se encarga de llevarlo a la Audiencia Nacional para ilegalizarlo.
Ante tanta incoherencia, hemos intentado incidir a través de los movimientos sociales y feministas, lo cual ha resultado en silenciamiento y boicot a nuestra participación en las diferentes asambleas de las coordinadoras del 8M —como ocurrió en Valencia— así como en las asambleas del 25N, con consignas violentas y estigmatizantes para las que ejercemos el trabajo sexual. El acoso hacia nosotras es una práctica habitual, con formas de deslegitimación y difamación machistas y fascistas que en ningún caso tienen cabida en el movimiento feminista.
El neoabolicionismo también nos ha silenciado en la Universidade da Coruña el pasado mes de septiembre, mediante una campaña amarillista y de presión violenta dirigida a la Universidad y a su rector. Una campaña que consiguió que se cancelaran las jornadas que llevábamos meses organizando. Esas jornadas estaban destinadas a explicar las violencias institucionales que sufrimos en primera persona, como mujeres y como trabajadoras, y los problemas y explotaciones reales que nos atraviesan. Durante esas jornadas queríamos dialogar juntas para encontrar herramientas que mejoren nuestras condiciones de vida y las de tantas mujeres que viven en la precariedad, las que optan por la prostitución como única alternativa laboral a su alcance.
Somos muy conscientes de que la prostitución se nutre de la feminización de la pobreza y es por eso que nuestra intención no es la de presentar el trabajo sexual de un modo romantizado ni como una práctica empoderante. Pero la prostitución, en este mundo sin oportunidades para las más pobres, constituye en muchos casos la única salida laboral y económica para personas atravesadas por los diferentes ejes de opresión, como son la pobreza extrema, el racismo, la transfobia y estar en situación de migrante irregular, entre otros. De nada sirve dejarnos sin derechos por no estar de acuerdo con nuestra actividad: es más coherente con el feminismo que, mientras esperamos el día en que todas las prostitutas sean vocacionales, apliquemos una visión de reducción de daños y de protección real, con opciones laborales y de formación subsidiada de calidad, que no consistan en otras opciones igualmente feminizadas y precarias.
Creemos que es muy necesario acercarnos a las futuras profesionales en sus centros de estudio y formación para informarles de todas las dificultades e injusticias que atraviesan nuestras vidas: ordenanzas municipales; vulneración de nuestra integridad física y psíquica debida a nuestra falta de derechos laborales; una ley de extranjería que fomenta la trata y no protege a las víctimas; vejaciones por parte de la policía; retiradas de custodia de nuestres hijes; psicopatologizaciones; malos usos de las subvenciones destinadas a proyectos para ayudar a las prostitutas —a quienes llega solo una ínfima parte—; programas de salud discriminatorios en los cuales solo importa nuestra salud sexual… Pero desde el abolicionismo institucional se nos está dificultando el acceso a ese altavoz.
Con todo lo ocurrido en las últimas semanas hemos podido comprobar que las universidades no son un espacio apolítico: al contrario, suponen un poderoso dispositivo estatal para el control social y, a su vez, legitiman determinadas decisiones políticas. Pero, al mismo tiempo, las universidades son espacios donde los estudios que se realizan van a incidir significativamente en nuestro colectivo. Por ejemplo, en un estudio del grupo Antígona (Barcons, 2018), se analiza cómo las ordenanzas municipales vulneran los derechos de las trabajadoras sexuales: criminalización, clandestinidad, deterioro de las condiciones, mayor aplicación de las ordenanzas a las trabajadoras que a los clientes, e inutilidad en la lucha contra la trata.
Nosotras, las putas organizadas, reivindicamos que la Universidad sea un espacio que promueva el debate y la crítica social, el contexto para que los colectivos históricamente reprimidos tomen la voz y reivindiquen su lugar en la sociedad como agentes políticos y de derechos, y no como sujetos pasivos de estudio. Es por eso que agradecemos la oportunidad que nos han brindado las más de veinte universidades que acogen la iniciativa «Debates Universitarios sobre Trabajo Sexual» en el territorio español. Reivindicamos y pensamos la universidad como un espacio no solo para reproducir el conocimiento, sino para crearlo, deconstruirlo, potenciar el pensamiento crítico y hacer política basada en los derechos humanos.
NOTA:
Barcons, M. (2018) «Las ordenanzas municipales: entre la regulación y la sanción de prostitución en España». Revista Crítica Penal y Poder, nº 15, pp.90-109. Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos. Barcelona: Universidad de Barcelona. http://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/26785
