Existe la idea errónea de que las leyes de vivienda tienen por objeto facilitar el acceso a la vivienda de la población más necesitada o satisfacer, de manera más general, el derecho a la vivienda. Nada más lejos de la realidad. Su prioridad no está en la defensa del derecho a la vivienda y la práctica que legisla no tiene por qué tener relación con el alojamiento de los grupos vulnerables. A menudo no existe relación alguna con estos problemas, lo que no significa que la legislación de vivienda sea un conjunto de documentos vacíos de contenido. Las normativas de vivienda han cumplido funciones determinantes en la democracia española. Han servido, en primer lugar, para cimentar una economía hiperespeculativa basada en el ladrillo. Sin ellas, el actual modelo económico no habría podido desarrollarse de la manera en que lo conocemos. Las leyes se hacen para la industria de la construcción, para las empresas promotoras, para los bancos y para la propiedad de suelo, que son los principales interesados en que se promulguen y agentes determinantes en su redacción. La sociedad civil de la cual las distintas administraciones reclaman constantemente participación. Gobernanza.
Las disposiciones legales no solo regulan y, más a menudo, desregulan a los agentes privados. También tienen la labor decisiva de organizar la producción de vivienda desde el sector público. No obstante, estos recursos tampoco se dirigen a facilitar la existencia de los hogares más humildes, como se podría pensar erróneamente. La vivienda pública en el último medio siglo ha tenido una función determinante como política anticíclica, ante los vaivenes económicos generados por el mencionado modelo económico hiperespeculativo. La promoción por las empresas y administraciones estatales tiene el objetivo de mantener los beneficios de los inversores en los momentos de crisis, así como los puestos de trabajo en la construcción y en la intermediación inmobiliaria y financiera, que son abundantes y que tienen un peso específico determinante en la economía de regiones dedicadas al monocultivo del ladrillo, como es Andalucía desde hace mucho tiempo. No solo en momentos de crisis se construye vivienda pública. Como en el momento en que se escribe este artículo, esta política sirve de acicate cuando el sector se encuentra en horas bajas y ayuda a calentar los precios cuando se considera oportuno, poniendo recursos colectivos, especialmente suelo público o los aprovechamientos que le corresponden a la administración en la urbanización, al servicio de intereses privados. Finalmente, la vivienda pública facilita el acceso a la propiedad de capas medias, de hogares con recursos y con capacidad de endeudamiento, reduciendo los sacrificios que tendrían que hacer para acceder a la misma. La ley defiende el derecho a la propiedad privada de la vivienda e, incluso, el derecho a incumplir la función social o residencial de la misma, si esto redunda en beneficio del complejo inmobiliario-financiero. ¿Los colectivos vulnerables? Esos no les interesan a nadie. Como vivimos en democracia, hay que vender algunos titulares y, de pasada, en las leyes de vivienda puede que se mencione genéricamente a algunos colectivos que se consideran vulnerables y que tienen buena prensa en un momento dado. Puede que se introduzca algún párrafo haciéndose eco de su situación o, incluso, alguna norma que les dé una mínima ventaja en el acceso a la vivienda pública. Pero, en realidad, esto no tiene nada que ver con ellos.
Sin ir más lejos, la ley de vivienda andaluza, actualmente en trámite parlamentario, es un ejemplo inmejorable de lo anterior. Se trata de un texto que se encuentra volcado en la construcción. El problema de la vivienda es que no se construye lo suficiente. Este es un mantra sorprendentemente transversal en el arco parlamentario actual. Desde la izquierda y desde la derecha se habla de la necesidad de construir más y esto da la justificación a la Junta de Andalucía para sancionar la transferencia de recursos públicos a promotores privados, saltarse la normativa ambiental o construir sobre suelos dotacionales. Si al menos estas viviendas son públicas, deberíamos concederles un cierto pase. No obstante, ¿para quién van a ser estas viviendas? El decreto de emergencia de principios de 2025 de la Junta ya lo dejaba claro, ensanchando los requisitos de acceso y situando el máximo de ingresos en hasta siete veces el IPREM. Eso quiere decir que un hogar que ingresa más de sesenta mil euros anuales puede acceder a una vivienda en propiedad con ayuda pública.
Hace medio siglo que los precios de la vivienda en España no tienen relación con el ritmo de construcción. El aumento de precios viene empujado por la entrada de inversiones y estas por el aumento de precios en un círculo vicioso y tóxico. En este contexto, la transferencia masiva de recursos al sector solo puede servir para calentar el mercado. Ya vamos por cuatro ciclos inmobiliarios hiperespeculativos y el momento actual es delusorio, similar al previo al estallido de 2008 y el «no hay burbuja porque las viviendas se venden». Casualmente, la ley no hace ninguna mención a las seiscientas mil viviendas permanentemente vacías en Andalucía y niega que la transformación de más de ciento cincuenta mil viviendas en alojamientos turísticos tenga relación alguna con la subida de los precios. El que no se autoengaña es porque no quiere.
¿Si ni las viviendas turísticas ni la especulación tienen la culpa, quién la tiene? Efectivamente. La culpa es de la gente pobre. La responsabilidad de la inflación de los precios de la vivienda es de los okupas. En los borradores anteriores se hablaba todavía de «inquiocupación», término que ha desparecido de la versión definitiva, quién sabe si por algún obsoleto respeto por la profesión de jurista que la mayor parte de los legisladores de este país profesan. Atentos a las necesidades reales de la población, el Gobierno andaluz transforma las oficinas antidesahucios en oficinas antiocupación y excluye a las personas que han cometido un delito de este tipo de los registros públicos de vivienda. Esto quiere decir que una familia que se vea obligada a ocupar un piso de algún fondo de inversión, que lleva vacío desde la última crisis inmobiliaria, no tendrá derecho a acceder a una vivienda pública. No se entiende muy bien por qué se le niega el derecho a la vivienda a una persona que haya ocupado, pero no a una que haya matado o violado. Tampoco por qué se les niega el acceso a la vivienda, pero no a otros derechos fundamentales como la sanidad y la educación. La realidad es que un delito no se puede castigar dos veces y menos porque se le antoje a un gobierno autonómico. Se trata de un disparate legal que busca responsabilizar a los pobres del problema de la vivienda, alejando la mirada de los problemas reales, y subiéndose a la ola populista de alarma sobre la ocupación. De pasada, también endurece la normativa para las personas usuarias de vivienda pública y sanciona a los hogares que vivan en situación de hacinamiento. En definitiva, la culpa del problema de la vivienda es del que tiene problemas con la vivienda.
La ley de vivienda andaluza interpela constantemente a los promotores y a los propietarios de suelo. Es una ley que institucionaliza y legitima la intermediación inmobiliaria y financiera, que encarecen las viviendas. Por el contrario, las personas con problemas de vivienda apenas aparecen. No hay ni una sola mención a las personas inquilinas (excepto para hablar de impagos), a las que se perjudica suprimiendo la obligación de depósito de la fianza por arrendamiento, facilitando el abuso de propietarios-rentistas. La lucha contra la ocupación busca la complicidad y defiende el derecho de la pequeña propiedad a dejar sus viviendas vacías el tiempo que quieran. En definitiva, una ley que defiende el derecho a especular sobre el derecho a la vivienda, diseñada para alimentar el negocio inmobiliario y a dirigir recursos públicos a beneficiar a minorías privilegiadas. Por supuesto, la ley solo es un montón de papeles que institucionalizan la realidad de las relaciones de poder que hay en nuestra sociedad. Nuestra misión, por lo tanto, no es tanto cambiar la letra como cambiar esta correlación de fuerzas.
