Túnez atraviesa una etapa de miedo y opresión debido a la expansión de las detenciones contra opositorxs, abogadxs, activistas o tiktokers. Cualquier voz de protesta es tachada de enemiga del pueblo. Para el presidente Kais Saied y sus seguidores, el pueblo es el que él define y representa. Mientras tanto, la población enfrenta una grave crisis económica y social, con el aumento de la deuda externa y los impuestos a la clase trabajadora.
El origen de la historia: El golpe del 25 de julio
El 25 de julio de 2021 el presidente Saied adoptó medidas excepcionales basadas en una interpretación particular de la Constitución: congeló el Parlamento, destituyó al primer ministro y nombró un nuevo Gobierno, asumiendo él mismo la jefatura del Ministerio Público y disolviendo el Consejo Superior de la Magistratura. En los ocho meses siguientes se disolvió definitivamente la Cámara de Representantes, dando como resultado la concentración de todos los poderes en manos del presidente. En 2022 redactó una nueva Constitución que le otorga poderes absolutos, sin garantías para proteger los derechos y libertades o el equilibrio de poderes.
En las elecciones presidenciales del pasado octubre, Saied emprendió una campaña de hostigamiento y encarcelamiento de lxs candidatxs opositorxs. De las diez candidaturas presentadas, ocho fueron rechazadas por la Autoridad Electoral, designada por el mismo presidente. De los otros dos candidatos restantes, uno de ellos, Al-Ayachi Zamal, enfrenta actualmente penas de prisión de doce años. Lo que comenzó contra políticxs y opositorxs no se detuvo allí.
La represión de la sociedad civil: el caso de la migración
El régimen de Saied acusa a las organizaciones de la sociedad civil de servir a intereses extranjeros e intentar interferir en la política tunecina, por lo que ha comenzado a prohibir su financiación externa y a reprimir a centenares de activistas, especialmente a lxs que defienden los derechos de las personas migrantes.
El populismo de Saied es una mala imitación del de la extrema derecha europea. Repitió la Teoría del Gran Reemplazo para explicar el fenómeno de la migración en Túnez, considerando la presencia de migrantes como «un acuerdo criminal para alterar la composición demográfica del país». El régimen justificó su apoyo ciego a Giorgia Meloni, alineándose con su política migratoria y convirtiendo a Túnez en un «efectivo y eficiente guardia fronterizo» capaz de frenar los flujos migratorios en el Mediterráneo.
La paradoja es que su discurso soberanista ha caído en la trampa de la dependencia de una Europa cada vez más de extrema derecha y populista. Al mismo tiempo, toda actividad civil destinada a ayudar o proteger a las personas migrantes está siendo criminalizada, acusando a diversas organizaciones de tráfico de personas.
Mientras tanto, varias regiones interiores de Túnez se han convertido, de facto, en centros de reagrupamiento de personas migrantes. Tras ser detenidxs en tierra o mar, se les obliga a trasladarse a estas áreas en las que no se les ofrece ningún lugar en el que alojarse. Esto ha generado disturbios y violencia entre las personas migrantes y la población local, especialmente porque la mayoría se ven obligadxs a vivir en la calle sin tener cubiertas necesidades básicas. Muchxs, incluidas mujeres y menores, son enviadxs forzosamente a las fronteras con Libia o Argelia, donde mueren debido a las condiciones climáticas, el hambre y la sed.
De las lecciones de la moral populista a la cárcel en nombre de la «moral»
La campaña de arrestos ha caído también sobre creadorxs de contenido en redes sociales como Tiktok, condenadxs a penas de cárcel de entre uno y cuatro años por «atentar contra la moral». Organizaciones de la sociedad civil han señalado cómo esta acusación es un viejo argumento que abre la puerta a violaciones de derechos humanos. Esto crea otra paradoja en su populismo ciego: cuanto más afirma ser moral y popular, más crueldad y falta de racionalidad genera.
La ola de encarcelamientos llegó tras una campaña contra el tráfico de drogas que recibió elogios y aceptación por parte de amplios sectores de la sociedad. No cabe duda de que este régimen se asegura de aprovechar el miedo y las necesidades de la ciudadanía para respaldar su legitimidad, en un contexto de ausencia de democracia y diálogo en el país.
La paradoja también radica en que el populismo, que pretende presentar enfoques nuevos, aplica leyes punitivas de carácter moralista que datan de principios del siglo XX. El Código Penal de Túnez se promulgó en 1913, y la sharia islámica fue una de sus principales fuentes. Además de conceptos éticos y religiosos vagos y susceptibles de interpretación, este código ofrece un amplio margen de maniobra a los agentes de seguridad para evaluar lo que es «indecente» o «atenta contra las buenas costumbres». Las nuevas sentencias que emanan del ámbito de las redes sociales han reabierto el debate sobre las libertades individuales y colectivas, regresando al punto de partida. Esta vuelta atrás parece aun más peligrosa, pues no puede separarse del carácter autoritario del nuevo régimen y su intento de dominar y controlar el Estado y el espacio político en su conjunto. En cuanto al nivel de vida y la tasa de pobreza, no parece que vayan a mejorar. Ni las políticas económicas ni la deuda nacional han cambiado.
La paradoja se hace aún más profunda al observar que las prácticas de los regímenes autoritarios previos están repitiéndose de manera tan grotesca que borra el evento de la Revolución tunecina, alabado por todo el pueblo. A pesar de que el populismo tunecino afirma preservarlo, sus resultados contradicen el gran lema de la Revolución: Pan, Libertad y Dignidad. La libertad y la dignidad no se mantienen. Y ni siquiera hoy el pan está disponible en la mesa de las familias tunecinas.
