A lo largo del año 2019, se han contabilizado trece incendios graves en los múltiples asentamientos chabolistas de las zonas freseras en la provincia de Huelva. El último, durante la madrugada del 14 de diciembre en el asentamiento del polígono indus- trial San Jorge de Palos de la Frontera, se llevó por delante la vida de un joven marroquí de 23 años.
El contexto
La realidad es que, a día de hoy, en torno a mil quinientos jornaleros y jornaleras viven en asentamientos chabolistas en las zonas agrícolas de frutos rojos de Huelva y el único motivo que les trae y mantiene aquí es la demanda creciente de mano de obra. La falta de recursos públicos destinados a locales de acogida y hospedaje, junto al elevado precio de los alquileres y la reticencia de la población autóctona a alquilarles pisos, hacen que proliferen estos asentamientos. Y así, en pleno siglo xxi, en Europa, miles de trabajadores y trabajadoras extranjeras que sostienen el crecimiento agrícola y los beneficios de grandes empresas, viven hacinados en habitáculos que ellos mismos fabrican con desechos de las producciones agrícolas; principalmente palés, cartones y plásticos. Viven en condiciones infrahumanas que vulneran varios derechos humanos como el acceso al agua potable, al saneamiento o a una vivienda digna. Con el paso de los años y la falta de alternativas, estos asentamientos se han convertido en núcleos habitacionales permanentes para unas personas a las que se les niega su sitio en Europa mientras se les explota durante su jornada laboral aprovechando su situación de vulnerabilidad.
Hay un factor determinante a tener en cuenta: mas del 90% de la población que habita estos asentamientos son personas migrantes africanas, tanto del Magreb como de África Central, en situación administrativa regulada con permiso de residencia y trabajo, o no regulada. Sobre estas personas pesa una ley de extranjería excluyente que les exige primero demostrar documentalmente que llevan tres años en nuestro territorio sin permisos, es decir, sin existir administrativamente y, por tanto, sin poder acceder a ningún puesto de trabajo legalmente ni a contratos de alquiler o cuentas bancarias. Una vez logrado, deben adjuntar a la solicitud un contrato laboral de un año de duración. En estas circunstancias es muy frecuente encontrar en los asentamientos a personas que llevan en nuestro país mas de diez años sin poder regularizar su situación y con pocas expectativas de poder hacerlo, que encuentran en estos asentamientos la única alternativa habitacional. Estas circunstancias de vulnerabilidad extrema, el temor a no poder conseguir papeles o a perderlos, su propia cultura en origen, la impunidad del sector empresarial y la inacción de las instituciones han facilitado la completa exclusión social de este sector de población.
Y llegados a este punto podríamos preguntarnos, ¿por qué vienen? Muy fácil, ¡porque les necesitamos! Se estima que la campaña de la fresa y frutos rojos de Huelva, que en 2018 generó más de 1000 millones de euros de beneficios, genera 90 000 puestos de trabajo. Más de la mitad es mano de obra recolectora; de esta, más del 95% son personas migrantes venidas principalmente de África, Europa del Este y América Latina. En 2019, el Servicio Andaluz de Empleo sacó una oferta publica de 10 000 puestos de trabajo de peón agrícola para la campaña: el número de españoles adscritos no superó los 300.
¿Y quién se beneficia de esto? Un sector empresarial basado en la obtención de beneficios a costa de mantener a miles de personas en condiciones de semiesclavitud. En este sector de la agricultura industrial intensiva es difícil identificar quiénes están detrás de los capitales que mueven los hilos. No se trata aquí de agricultores que buscan sacar adelante a sus familias, sino de grandes capitales y distribuidoras internacionales que firman contratos leoninos en los que determinan desde la variedad que se debe sembrar, hasta cuándo sembrarla y cuándo arrancar la mata, tomando así el control del mercado. Este sector es vanagloriado cada año por los Gobiernos de turno de aquí y allá, soslayado por los organismos y entidades públicas que deberían velar por que se cumpla la legislación laboral y se respeten los derechos humanos, y amparado por las autoridades judiciales en sus numerosas vulneraciones. Ejemplo de ello es el caso de las temporeras marroquíes sometidas a todo tipo de abusos y vejaciones, cuya situación es bien conocida en la zona y sobre la que no se ha conseguido, inexplicablemente, ninguna condena.
El caso de Lepe
Mención especial merece la población de Lepe, por contar con el mayor número de asentamientos y por la cercanía de estos a la población local. Muchos de estos asentamientos chabolistas están dentro del casco urbano y albergan un gran número de trabajadores durante todo el año. A pesar de esto, la interacción entre las personas que habitan los asentamientos y el resto de vecinos y vecinas a nivel social es prácticamente nula.
Hasta el pasado 14 de octubre de 2019, al pasear por la avenida del Cementerio de Lepe podía contemplarse un panorama dantesco y distópico: a la izquierda, un poblado de chabolas cubiertas de plástico que podía llegar a albergar más de mil quinientas personas; a la derecha, una explanada con grandes establecimientos comerciales. Decathlon, Leroy Merlin, Worten, Mercadona, Burger King y una gasolinera Shell como representación salvaje del neoliberalismo más brutal enfrentado a los cuerpos que necesitan consumir para seguir dando beneficios, sin que a nadie pareciera importarle.
Este asentamiento había ido creciendo durante más de veinte años y era muy anterior al centro comercial, cuya construcción comenzó en 2017 e hizo intuir que las chabolas tenían los días contados. En 2018, la propiedad del centro comercial adquirió los terrenos sobre los que se establecía el asentamiento. A principios del pasado año 2019, se anunció en los medios una ampliación del centro comercial y un parque de viviendas de VPO gestionado por el Ayuntamiento de Lepe, sin hacer ninguna mención al asentamiento, pero levantando la sospecha de que se produciría un desalojo, en principio esperado por vías legales.
En la madrugada del 13 de octubre, con fuerte viento del norte, se produce un incendio en el asentamiento que fue controlado por los propios habitantes y solo se calcinaron seis chabolas. La noche del 14 se produjo otro foco de incendio justo donde terminó el anterior y con fuerte viento también, adquiriendo esta vez el fuego grandes proporciones rápidamente. Para los que presenciamos el incendio y hemos visto otros muchos, resultaba bastante llamativo observar cómo cuatro camiones de bomberos permanecían en la avenida y no vertieron ni una gota de agua en las más de cuatro horas que duró el incendio que calcinó casi la totalidad del asentamiento. La zona había sido acordonada y ya no se dejó pasar a nadie, ni siquiera a los que habitaban las chabolas que no se incendiaron, para recoger sus pertenencias. Esa misma noche comenzaron las máquinas a derribar las chabolas. Con el amanecer, operarios del Ayuntamiento comenzaron a colocar el vallado que cercaría toda la zona, protegidos por policías locales y guardias civiles. En dos días estuvo vallado el terreno y una empresa de seguridad custodió el perímetro durante las siguientes semanas impidiendo la reconstrucción de las chabolas, una práctica habitual tras los dos incendios parciales anteriores en enero y junio de 2019 y los de años anteriores, dejando así a los afectados sin ninguna alternativa habitacional.
Hay que añadir, llegados a este punto, que en el año 2017, después de uno de estos brutales incendios en el asentamiento del cementerio de Lepe, el Ayuntamiento anunció a bombo y platillo, en colaboración con las entidades FECONS y ASNUCI, lo que se denominó el Plan Agenda 2020 para la Erradicación del Chabolismo. El plan ha demostrado ser una maniobra mas de distracción y otra muestra de falta de consideración y respeto. Constaba de dos medidas principales: incentivos al alquiler mediante reducciones fiscales a los propietarios y la construcción de un macrogueto para inmigrantes en unos terrenos municipales con más de 100 viviendas prefabricadas que proporcionaría un empresario local.
Con estas medidas, se consiguió alquilar un piso que acogió a cinco trabajadores de los mas de 1500 que pueden llegar a vivir en chabolas en la localidad durante la campaña fresera, hecho recogido con énfasis en los medios colaboradores. Sin embargo, hoy el Ayuntamiento de Lepe se permite borrar de un plumazo y de forma totalmente irracional, injusta e ilegal ese asentamiento sin aportar ninguna alternativa habitacional para esta campaña ya comenzada.
Administraciones públicas, partidos y sindicatos
Las reacciones ante este acontecimiento dramático y ante la situación general en los asentamientos, carentes de acceso al agua, a la energía y a ningún tipo de saneamiento ni gestión de residuos, por parte de las administraciones, empresarios, colectivos sociales, sector sindical, político y sociedad civil son escasas, casi nulas. La tendencia general es la de mirar a otro lado. Año tras año, el problema se acrecienta con el incremento de la necesidad de mano de obra recolectora en el sector agrícola.
En cuanto a las administraciones y su gestión de esta grave problemática, habría que resaltar cómo es frecuente que después de cada campaña de recogida aparezca algún comunicado de prensa haciendo alabanzas a los grandes beneficios económicos obtenidos. Sin embargo, rara es la ocasión, a pesar de los numerosos informes de las entidades a las que financian, en la que se pronuncian con respecto a las condiciones de vida de un gran porcentaje de las personas que sustentan estos beneficios.
Por su parte, las administraciones locales se han limitado a ignorar directamente esta problemática —en casos como en Lepe, Palos de la Frontera o Lucena del Puerto— o a tratar de regular el número de pobladores de los asentamientos —como en el caso de Moguer—, pero en ningún caso se ha tratado de mejorar sus condiciones de vida.
Algunos partidos políticos más sensibilizados con esta problemática social han agotado los recursos parlamentarios. Se ha conseguido, en 2018 y 2019 por parte de IU y Adelante Andalucía respectivamente, llevar al Parlamento Andaluz sendas proposiciones no de ley, que en ambos casos fueron aprobadas por unanimidad, para mejorar las condiciones en los asentamientos. El resultado es que a día de hoy ambos procedimientos, al carecer de carácter vinculante, habrán sido almacenados en algún cajón y allí se quedarán, viendo agotada de este modo la vía parlamentaria que no contempla ningún otro recurso.
Desde el ámbito laboral y sindical hemos de situarnos en un marco en el que Huelva cuenta con el peor convenio agrícola de toda España, pactado por los sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT) y la patronal, donde el resto de sindicatos tiene escasa repercusión. A día de hoy, ningún sindicato (salvo el SAT en alguna ocasión y con escasos recursos en la zona) ha mostrado ningún interés por esta problemática que afecta directamente a un gran porcentaje de trabajadores del campo andaluz, que además y tal vez precisamente por esto, son personas migrantes y pobres.
Durante todo este tiempo, numerosos colectivos sociales han estado incidiendo sobre este conflicto. Se han realizado numerosos informes, denuncias, manifiestos, etc., y mucha labor asistencial, pero el problema sigue creciendo a la vez que crece el número de profesionales y colectivos que se benefician directamente de esta coyuntura mediante subvenciones de las diferentes administraciones.
Organización y lucha
Tras el último incendio y el brutal desalojo del asentamiento del cementerio de Lepe, un grupo de personas que han vivido y viven estas circunstancias en primera persona comienzan a organizarse. Tras varias reuniones celebradas en Lepe, nace el Colectivo de Trabajadores Africanos, conscientes de que es necesario unirse y reivindicar sus derechos básicos y hacerlo en primera persona, representándose a sí mismos tras muchos años de no sentirse representados por nadie.
Una primera manifestación de protesta fue convocada el pasado 15 de noviembre en Lepe, con bastante participación y apoyo desde diferentes sectores como la Red Andaluza Nueva Cultura del Agua, Red Agua Pública-Marea Azul del Sur, Adelante Andalucía, el SAT, la Plataforma de Pensionistas de Aljaraque y el Partido Comunista de Huelva. Desde entonces, se siguen celebrando reuniones, organizando actos y movilizaciones con el objetivo de reclamar el derecho a una vivienda digna, con acceso a agua, luz y saneamiento.
Nos preparamos para los graves problemas de alojamiento que se van a producir en Lepe tras la desaparición sin alternativa del gran asentamiento donde se alojaban más de 1500 personas. Se prevén movilizaciones y paros laborales durante la propia campaña. No será una lucha fácil, pero ya no vamos a callar. Y aunque tal vez no seamos muchos ahora, seremos muchos más.
