En mayo de 2023 se celebraron las jornadas de lucha por la vivienda de Sevilla. Este evento culminaba un proceso de confluencia que había empezado siete meses antes, agrupando gran parte de los colectivos que trabajan por la vivienda en la aglomeración urbana de Sevilla y que han venido a conformar el Movimiento por la Vivienda de Sevilla. Este acoge a las dos plataformas de afectados por la hipoteca que funcionaban en Sevilla desde el comienzo de la crisis hipotecaria de 2012, a varias oficinas de vivienda herederas de las asambleas de pueblos y barrios del 15M (en Sevilla, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache) y colectivos de formación posterior (Barrios Hartos y Oficina de Okupación) y anterior al 15M (Oficina de Derechos Sociales de Sevilla). Estos colectivos abarcan de esta forma una variedad de problemáticas relacionadas con la vivienda en distintos sectores de la aglomeración urbana.
El movimiento por la vivienda a nivel local llevaba años sin coordinarse de manera efectiva y esta iniciativa supone al menos un intento de superar la fragmentación existente. La coordinación con otros ámbitos territoriales también ha sido escasa en los últimos años —aparte de la coordinación estatal de las PAHs— y las jornadas han permitido tomar contacto con nuevas iniciativas como son los sindicatos de inquilinos de Madrid, Málaga y Granada. Esta confluencia se produce en un contexto particular de la problemática de la vivienda, con procesos inflacionarios que se dejan notar especialmente en el mercado del alquiler y al borde de una crisis social apenas contenida por las políticas de escudo social. También, de forma prácticamente paralela a la aprobación de una ley de vivienda, considerada a todas luces insuficiente por los movimientos y que muestra el fracaso del gobierno progresista del Estado, y con un giro conservador en las elecciones municipales y (probablemente) estatales que amenaza con empeorar la situación de la población más vulnerable.
El tortuoso camino del movimiento
Para entender la actual situación del movimiento por la vivienda habría que remontarse al menos a la recesión de 2008. El marco del problema de la vivienda entonces era notablemente distinto al actual. Estaba caracterizado en primer lugar por un peso ínfimo de los hogares en régimen de alquiler frente a la propiedad, principalmente gracias a la facilitación del endeudamiento de los hogares a partir de la década de 1980. Esto se correspondía además con un sector de la construcción hiperdesarrollado, que ha producido la acumulación de vivienda vacía que se mantiene en la actualidad, y una dinámica altamente especulativa con los precios del suelo que alcanzó su cenit en 2008. El estallido de la burbuja inmobiliario-financiera condujo al derrumbe de este castillo de naipes. El incremento del desempleo y el endurecimiento de las condiciones de financiación hizo que numerosos hogares no pudieran hacer frente a los pagos de su hipoteca, con la consiguiente orgía de ejecuciones hipotecarias y desahucios.
En el caso andaluz, desde 2011 las energías del 15M fueron utilizadas para paralizar desahucios. En el caso concreto de Sevilla, la coordinadora de las asambleas de barrios y pueblos tuvo durante esos años gran parte de su actividad concentrada en esta problemática. De este contexto surgirían los puntos de información sobre vivienda y encuentro (PIVE) y, de los grupos de desahuciados, ocupaciones de edificios propiedad de bancos (las corralas). A esto se sumó la introducción de las PAHs en Sevilla a partir de 2012, con un funcionamiento bastante independiente y centrado en la disputa con las entidades financieras. También hubo pasos hacia una mejor coordinación andaluza, que acabó en una movilización conjunta en el mismo 2012.
Desde fines de 2013 empezaron a agotarse las energías desencadenadas por el 15M, también en el ámbito de la lucha por la vivienda. Se fueron sucediendo los desalojos, negociados o no, de las corralas y las asambleas y PIVEs se fueron diluyendo, con algunas excepciones. Las PAHs se mantuvieron mucho más vitales, aunque la desmovilización fue generalizada. La lucha se desplazó en mayor medida hacia el plano institucional y los logros legales permitieron reducir a un mínimo el número de desahucios. Las tentativas de retomar la coordinación entre los distintos grupos de Sevilla no tuvieron continuidad hasta la irrupción de Barrios Hartos en 2018, con una línea de trabajo orientada a un abanico de problemáticas que trascendían la cuestión de la vivienda.
El problema de la vivienda y la movilización actual
Aunque los códigos de buenas prácticas y el buen hacer de las PAHs han mejorado la situación de los deudores, ante la escalada de los tipos de interés podemos estar a las puertas de una nueva crisis hipotecaria. No obstante, el elemento que caracteriza la coyuntura actual es la creciente importancia de los alquileres. En las últimas dos décadas, los hogares en régimen de propiedad han pasado del 82% al 76%. Esto está directamente relacionado con la desposesión de los hogares en favor de las entidades de crédito en el periodo anterior, así como con el endurecimiento de las condiciones para el endeudamiento. El excedente de viviendas acumulado por los bancos en la crisis hipotecaria es hoy gestionado por inmobiliarias especializadas, a las que hay que sumar la entrada de fondos de inversión (muchos extranjeros) interesados en el mercado en alquiler. Al menos en Andalucía, estos grandes inversores se han dirigido principalmente al mercado de la vivienda turística, que es actualmente uno de los principales factores condicionantes el mercado del alquiler.
El incremento del peso de los alquileres ha sido menor en las ciudades andaluzas que en grandes urbes como Barcelona o Madrid. No obstante, los desahucios relacionados con alquileres han aumentado exponencialmente hasta alcanzar un 67% del total en Andalucía. El cambio se ha dejado notar mucho en el tipo de perfiles que acudían a los PIVEs. Si en los primeros años la mayoría de los afectados eran familias que no podían pagar sus hipotecas, actualmente la mayoría son hogares que no pueden seguir pagando su alquiler y no encuentran alquileres con precios razonables en el mercado. Esto responde a la pauperización de la sociedad andaluza, que ha tenido que hacer frente a la covid y a la actual inflación con unas condiciones mucho peores que el resto del Estado. La renta media andaluza es un 83% de la española, con tendencia a alejarse más en los últimos años, casi un tercio de los hogares están en situación de riesgo de pobreza y 11 de los 15 barrios más pobres de España se reparten entre Sevilla, Córdoba y Málaga.
Frente a esto, la política pública de vivienda de la Junta de Andalucía es raquítica (entre 2017 y 2022 se han construido cien viviendas protegidas en toda Andalucía) y centrada en facilitar el acceso a la vivienda a hogares susceptibles de crédito. Es una política que desatiende sistemáticamente a los grupos más vulnerables. La actuación de los municipios no es mucho mejor. La Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla cuenta actualmente con una lista de espera de casi cien familias en situación de emergencia habitacional, que debería alojar según su propia normativa, pero para las que no cuenta con viviendas. Al margen de que el nuevo marco legal español permita el desarrollo de un nuevo parque de viviendas en alquiler asequible, el problema no se va a solucionar incrementando la construcción. Hay 628 705 viviendas vacías en Andalucía y 96 898 viviendas registradas para uso turístico. Es imposible actuar sobre el mercado del alquiler sin intervenir sobre las viviendas vacías, los alquileres de temporada y las viviendas turísticas.
Existe una gran incertidumbre respecto de lo que vaya a pasar en los años venideros. La amenaza de que se den por finalizados los decretos que actualmente limitan los desahucios es sin duda clave en este sentido (el último decreto termina el 30 de junio de 2023). En este contexto, el movimiento por la vivienda se enfrenta al reto de ser un agente con influencia real en la sociedad andaluza, con capacidad de intervenir en los conflictos e influir en las políticas públicas. Las organizaciones de vivienda tienen claro que la política de vivienda debe virar hacia los sectores más vulnerables y actuar contundentemente contra las dinámicas especulativas con el mercado de la vivienda y el alquiler. Esto solo se conseguirá con un movimiento fuerte y una población movilizada. El reto más inmediato es consolidar los espacios de coordinación existentes, extendiéndolos a la escala andaluza y establecer un plan de acciones y movilizaciones conjunto.
