El agravio es un instrumento utilizado en el debate político porque funciona muy bien. En comunicación política, sin embargo, suele suceder que el agravio se comporta como un arma de destrucción masiva. Allí donde arraiga, no deja títere con cabeza.
Es evidente que el agravio, cuando es real, resulta una herramienta de movilización. Pero le pasa como a muchas sustancias químicas de valor: en pequeñas dosis y bien sustentadas resultan útiles, pero son también extremadamente destructivas cuando se sobrepasan las dosis recomendadas o bien están basadas en datos que son falsos.
Ocurre así con el agravio contra el inmigrante, al que se le da, supuestamente, toda clase de facilidades y «paguitas»; o contra las mujeres, con hombres agraviados porque ellas «denuncian falsamente»; o con conductores, agraviados porque se les limita el acceso a zonas donde los coches son peligrosos, etc.
Es lo que ocurre con un supuesto «agravio» histórico con respecto a las inversiones públicas entre el occidente y el oriente de Andalucía. Y es que este discurso, generado y alimentado por intereses políticos situados en la derecha, no resiste un análisis objetivo de los datos. La distribución de recursos en Andalucía responde a criterios poblacionales, económicos y estratégicos, no a un supuesto favoritismo geográfico. Las diferencias en desarrollo entre territorios se explican por factores estructurales, como el peso del sector primario, la densidad de población o la especialización económica, no por una discriminación en la asignación de fondos públicos. De hecho, van ya décadas de inversiones superiores en las provincias del Este con respecto a las del Oeste, lo cual me parece bien.
Aun así, es preciso insistir en que el verdadero problema no es la distribución de recursos, sino la persistencia de narrativas que enfrentan a unas «Andalucías» con otras y que, procedentes de la derecha política (aquella que intentó boicotear el 28-F), han socavado el concepto de Andalucía como tierra de paz y esperanza.
Es hora de que, en lugar de realizar análisis simplistas de inversiones basados en lo cuantitativo, comencemos a valorarlas desde el punto de vista de su cualificación y de las necesidades objetivas. Así, las inversiones deben decidirse con criterios políticos, sociales y técnicos que sean transparentes, priorizando proyectos que generen el mejor resultado ecológico, social y económico posible, sin caer en localismos estériles.
Andalucía necesita políticas que aborden desafíos comunes, como la desvalorización de lo rural en un mundo global, los servicios sociales, la educación, la sanidad o la transición ecológica, en lugar de caer en divisiones artificiales no sustentadas por los datos. Estos retos son suficientes como para perder energía en debates ficticios sobre agravios imaginarios que sembraron aquellos que no creían, ni creen, en una idea de Andalucía basada en la justicia social, la unidad y la cooperación para construir una Andalucía próspera, justa y sostenible.
