Más de cuarenta años después, las instituciones del Estado siguen blindando el acceso a la información del asesinato, a manos de la policía o grupos de ultraderecha, de andaluces que lucharon por otra Transición. Y sigue sin repararse ni reconocerse estos asesinatos como crímenes de Estado. El caso de García Caparrós es el más conocido, pero no el único.
El pasado mes de febrero volvió a salir a la palestra mediática la desclasificación de documentos del caso del asesinato de Manuel José García Caparrós hace cuarenta y ocho años. El sindicalista de dieciocho años fue asesinado de un disparo por la policía durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977, en Málaga. Desde entonces, aunque se produjeron dos investigaciones, aún no conocemos en detalle qué ocurrió ese fatídico día. No se han depurado responsabilidades, ni se ha realizado un reconocimiento y reparación a la familia. El bloqueo de las instituciones ha impedido resolver este crimen, que permanece impune.
La investigación judicial estuvo llena de irregularidades, con pruebas modificadas, y fue archivada en 1985 sin encontrar a los culpables. La investigación parlamentaria, por su parte, la llevó a cabo una Comisión de Encuesta del Congreso de los Diputados en 1978. Los 675 folios de investigación fueron considerados secretos, y solo han tenido acceso a ellos (de forma parcial y con nombres tachados) la periodista Rosa Burgos en el año 2007 y la diputada de Unidas Podemos, Eva García Sampere, en el 2017. La principal conclusión de la comisión es que no hubo responsabilidad política del gobernador civil de Málaga, Enrique Riverola, ni del Ministerio de Gobernación, Martín Villa, lo cual es contradictorio a la luz de los testigos y testimonios que hablan de que la policía tenía órdenes de intervenir. De los nombres de los policías y mandos implicados en el crimen, nada se sabe.
A pesar de que las leyes de memoria histórica estatal y andaluza, así como las normas internacionales, permiten desclasificar y hacer justicia y reparación a la figura de Manuel José, los distintos partidos en el poder (especialmente, UCD, PP y PSOE) han preferido cubrir con un manto de silencio y complicidad el crimen. Su falta de voluntad política ha impedido clarificar a la familia y la sociedad qué ocurrió aquel 4 de diciembre. La excusa es la obligación de cumplir con distintas leyes (como la de Secretos Oficiales, la de Patrimonio Histórico o la de Archivos), que protegerían la privacidad de los funcionarios cuyos nombres aparecen en la investigación. Distintas peticiones de IU, UP, Adelante Andalucía o Sumar han chocado contra esta barrera legal, la última este pasado mes de marzo.
Sus familiares, incansables en la petición de que se desclasifiquen los documentos y se haga justicia, solo han recibido reconocimientos institucionales vacíos, como el nombramiento a García Caparrós de Hijo Predilecto de Andalucía (2013) y la Declaración de Reconocimiento y Reparación como víctima del postfranquismo (2025). Frente a ello, han llegado a sumar su caso a la querella argentina contra los crímenes del franquismo, por la jueza Servini, y en la que declaró Martín Villa. Asimismo, han potenciado la creación de la Asociación de Víctimas de la Transición en Andalucía.
Y es que el caso de Caparrós no es el único en la Transición. Ni por su naturaleza criminal, ni por el ninguneo a las víctimas y sus familiares, ni por la impunidad con que las instituciones del Estado han tratado a los criminales y asesinos.
La Transición española (1975-1982) puede entenderse como una pugna entre diversos proyectos de país a levantar sobre las ruinas del franquismo. Por un lado, fue un periodo de auge de las luchas sociales y políticas, que bebían de la oposición al franquismo, sobre todo, en su última etapa (1969-1975). Unas luchas, apoyadas sobre diversas organizaciones sindicales y políticas, que propugnaban la necesidad de conquistar derechos colectivos e individuales y que expresaban la necesidad de avanzar hacia un
modelo de país alejado de las coordenadas franquistas. No obstante, el proyecto que venció fue el de la reforma del régimen previo, a través de un pacto o alianza con los sectores franquistas, el olvido de los crímenes de la dictadura y el modelo de Estado basado en el capitalismo europeísta, las políticas sociales limitadas, el imperialismo y el consenso territorial que impedía el derecho a la autodeterminación.
Esta victoria reformista, que simbólicamente cierra la Transición con la mayoría absoluta del PSOE en las elecciones de octubre de 1982, no se construyó simplemente sobre un consenso más o menos aceptado, sino también sobre la violencia política que era una continuación, por otros medios, de la de la dictadura contra sus adversarios políticos. Como durante el franquismo, los adversarios eran ahora quienes propugnaban la necesidad de mantener la movilización obrera y popular, y de avanzar hacia horizontes rupturistas con el régimen que, atado y bien atado, surgía de los estertores de la dictadura.
De esta manera, se contabilizan cerca de trescientos asesinatos políticos cometidos por grupos fascistas o paramilitares y por las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al amparo de las instituciones entre 1975 y 1982. Si contamos los años del tardofranquismo, estas cifras se elevan en varias decenas más. Y ni que decir tiene que los asesinatos y muertes siguieron tras la Transición, en una violencia que, quizás de forma más velada, llega hasta el presente.
Los asesinados andaluces o en Andalucía ascienden a diecinueve. En el tardofranqusimo, destacan seis casos: en 1970, los tres obreros de la construcción en huelga en Granada asesinados a manos de la policía; en 1971 y 1973, Antonio Ruíz y Cipriano Martos, andaluces emigrados a Cataluña que serán asesinados a manos de la policía y la Guardia Civil, respectivamente; y en 1974, Miguel Roldán, abatido por la Guardia Civil en una manifestación en Carmona.
En los convulsos años previos a la proclamación de la Constitución, señalamos cinco casos, además del de Caparrós: en 1976, Javier Verdejo, disparado por la Guardia Civil mientras realizaba una pintada de «Pan, Trabajo y Libertad» en Almería. En 1977 asesinarían al estudiante Arturo Ruiz grupos fascistas en Madrid; el sevillano Enrique Mesa fue asesinado de un disparo en la nuca por un policía y Francisco Rodríguez, por disparos de la Brigada Político Social en una protesta ante el cierre de Hytasa, en Sevilla. En el otoño de 1978, Gustau Muñoz moriría a manos de la policía en una manifestación en Barcelona.
En el último periodo de la Transición, encontramos siete casos más. En 1979, Aurelio Fernández sería asesinado en París por el Batallón Vasco Español, por su supuesta vinculación con el PCE(r) y Vicente Vadillo Francis sería asesinado de un disparo por un policía nacional en Errentería. En 1981 serán asesinados por la Guardia Civil en el conocido como Caso Almería Juan Mañas, Luis Montero y Luis Cobo, al confundirles supuestamente con un comando de ETA; ese mismo año, María Asensio moriría a consecuencia del impacto de una bola de goma de la Guardia Civil al reprimir una protesta vecinal en Murcia. Por último, en 1982, el joven trebujenero Ignacio Montoya sería tiroteado por la Guardia Civil.
De esta lista de crímenes, la mayoría de los responsables (menos los del Caso Almería) han sido absueltos, no han sido juzgados, no cumplieron condena, han huido sin que los hayan buscado o han sido condecorados. Los reconocimientos oficiales han llegado décadas tarde, cuando lo han hecho. El manto de impunidad y silencio sobre este tipo de crímenes, muestra a las claras la necesidad del Estado de eliminar estos asesinatos del relato oficial de la Transición, ocultando así, la violencia fundacional sobre la que surgió el propio régimen político en el que vivimos. Violencia en la que la intervención del Estado fue fundamental y necesaria, como forma de desactivar a los sectores más conscientes y organizados del pueblo.
La última negativa de la Mesa del Congreso a desclasificar los documentos del caso de Caparrós habla mucho más de la naturaleza del régimen político en que vivimos de lo que pensamos. Un régimen que se impuso por medio de la violencia política. Solo así se logró imponer el consenso de que no era posible un camino rupturista frente al pasado franquista. Una larga y siniestra sombra sigue pesando sobre el Régimen del 78. Y el caso de Caparrós da buena muestra de ella.
