La economía andaluza, en lugar de ser terreno para la soberanía del pueblo de acuerdo con sus propias necesidades, queda, como rehén de la dinámica del capitalismo global, supeditada a los intereses de actores y elementos exteriores. Revertir sus dos funciones principales hoy día, extracción y vertido, pasa por la toma de partido de una ciudadanía consciente y activa.
La globalización económica ha intensificado la polarización entre unos territorios centrales dedicados a actividades que se sitúan en las últimas fases de elaboración y comercialización de mercancías y servicios, localizadas en la cúspide de la jerarquía de tareas dentro de la división del trabajo (vendedores de productos finales), por un lado, y unos territorios periféricos abastecedores de materias primas, que se ocupan de las primeras fases de extracción y elaboración de recursos naturales (vendedores de productos primarios), por otro. Tal dicotomía acentúa la dominación económica de los primeros y la explotación ecológica de los segundos.
Tres casos ilustran el papel de Andalucía como área de vertidos: El Cabril, como vertedero de residuos nucleares generados prácticamente en su totalidad fuera de Andalucía; el de residuos tóxicos de Nerva, que también recibe los de fuera de Andalucía o de industrias localizadas aquí como enclaves de grandes corporaciones ajenas y lejanas a Andalucía y el mayor vertedero de residuos industriales de Europa, la balsa de fosfoyesos de Fertiberia, una empresa localizada en el polo industrial de Huelva, que ejemplifica cómo economía, sociedad y ecología en Andalucía pagan los costes del «desarrollo» de otros. A ello se añade la utilización del territorio andaluz como emplazamiento de bases militares de EE UU (aún quedan residuos radiactivos en Palomares), permaneciendo Andalucía como convidado de piedra que soporta daños y perjuicios.
Una de las ecocidas líneas clave que asolan al país, en tanto consolidación de Andalucía como economía extractiva, es el ceñimiento de la Junta actual al guion de la llamada «Estrategia Minera de Andalucía 2020» establecida por sus antecesores pesoístas, cuyo documento matriz no deja de usar los consabidos mantras de la «generación de empleo» y el «crecimiento», ornado este último con la marca «sostenible». Una apuesta sombría que parece no aprender de lo que ocurrió el 25 de abril de 1998 en la citada Aznalcóllar, el mayor desastre ecológico de la minería en Europa, cuando la mina de la transnacional sueca-canadiense Boliden-Apirsa vertió millones de metros cúbicos de aguas y lodos cargados con elevadas concentraciones de metales pesados a los ríos Agrio y Guadiamar, arrasó 4 600 hectáreas agrícolas de sus riberas, puso en grave riesgo los acuíferos que permiten el mantenimiento de los humedales de Doñana, afectó al Parque Natural y quedó a las puertas del Parque Nacional.
Respecto a Huelva, por ejemplo, el arsénico, del que el Polo Químico vertía a la ría tres mil toneladas anuales, se produce principalmente por la fundición de cobre de Atlantic Copper a través de la emisión de sus chimeneas y el vertido en depósitos inadecuados e incorporado en el ácido sulfúrico utilizado por la empresa dependiente Fertiberia en la fabricación de fertilizantes químicos. Recordemos que Fertiberia es la responsable de la balsa de fosfoyesos de Huelva. Pues bien, Atlantic Copper es la filial española de la estadounidense Freeport-McMoran Copper & Gold, una de las mayores productoras mundiales de cobre y oro, considerada en 1996 una de las diez peores empresas del mundo por la revista Multinational Monitor, y que cuenta con la influencia de uno de sus propietarios y ejecutivos, el exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger (como muchas personas sabrán, artífice intelectual del diseño y ejecución de golpes de Estado en diversos países de América Latina en aras del control de sus recursos naturales por parte de Estados Unidos). En el Estado español, Atlantic Copper ha sido protagonista de una sentencia por delito ecológico que condenó, en 1998, al exdirector de la compañía a un año de prisión menor y multa de cinco millones de pesetas por el transporte de ácidos débiles desde la fundición de cobre hasta Minas de Riotinto (cuya balsa de residuos mineros multiplica, al menos por diez, el tamaño de la que se rompió en Aznalcóllar).
En abril de 2007, un reportaje dirigido por Mercedes Milá acerca del también llamado «triángulo de la muerte», donde se revelaba que la probabilidad de defunción por cáncer en las actuales demarcaciones administrativas borbónicas de Huelva, Sevilla y Cádiz es un 40% superior a la media estatal, vio retrasada su emisión debido a presiones económicas y políticas. Incluso el reportaje elaborado por la cadena pública estatal TVE, tres años más tarde respecto al de Mercedes Milá en Telecinco (conectada accionarialmente con Cepsa a través del grupo de comunicación Vocento), en esta ocasión sobre los problemas de salud en la bahía de Algeciras debido a los mismos motivos, fue cancelado cuatro horas antes de su emisión tras una llamada a su dirección de informativos por parte de dicha petrolera, la cual, como tantas compañías que han elegido a Andalucía como lugar de emisión o vertido de sus subproductos tóxicos, tiene su sede social en Madrid. Las otras dos empresas que se repartían en aquel momento su accionariado, Total e IPIC, se ubican en París (Francia) y Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), centros de decisión obviamente muy lejanos y ajenos a Andalucía.
Todo cobra sentido a la luz de lo que se ha dado a conocer como la «regla de Lawrence Summers», economista principal del Banco Mundial en 1992, quien justificó por aquellas fechas en un memorándum interno desde un punto de vista «estrictamente económico» la localización de la contaminación en los espacios empobrecidos: «la medida de los costos de una contaminación que afecte a la salud depende de los ingresos perdidos por la mayor morbilidad y mortalidad», por lo cual «desde este punto de vista una cantidad dada de contaminación nociva para la salud debería ponerse en el país con el costo más bajo, es decir, el que tenga los salarios más bajos. Pienso que la lógica económica que hay detrás de llevar una carga dada de residuos tóxicos al país de menores salarios es impecable y deberíamos reconocerla», afirmó el gerifalte de la institución financiera.
Por desgracia, todos los indicadores en el contexto de la Unión Europea y el Estado español han señalado, históricamente, a Andalucía como el lugar perfecto a la hora de padecer la aplicación de esta siniestra regla: así ocurrió en el pasado, sucede en el presente y tiene visos de continuar en el futuro en función de las tendencias que apuntan a la perpetuación de la misma situación, de no romper con las estructuras que la mantienen, lo que pasa, claro está, por una ciudadanía consciente y activa.
