«Hay Sevilla más allá de la SE-30.» Así rezaba la pancarta de les vecines de la barriada Aeropuerto Viejo en la manifestación del pasado 28 de octubre. Organizada por la Plataforma Interdistritos, la movilización reflejó el hartazgo por el abandono institucional de los barrios obreros, recordando que en Sevilla están siete de los quince barrios más pobres de todas las ciudades más importantes del Estado. La cuestión no es baladí. La diferencia entre la renta media anual de las familias que viven en unas zonas de la ciudad con respecto a las que viven en otras alcanza un máximo cercano a los 40 000 euros. Y en este cómputo, las barriadas más desfavorecidas están efectivamente fuera de la SE-30 (Valdezorras, Bellavista, Palmete, Torreblanca o el mismo Aeropuerto Viejo) y también dentro: en los polígonos Sur, Norte, San Pablo y en Amate o Pino Montano.
Lo que ocurre es que las diferencias son cada vez más amplias entre unos distritos y otros. El Gobierno municipal ha dirigido este proceso, ejecutando políticas que han reforzado la desigualdad socio-espacial. El quid de la cuestión se encuentra en la gestión de la ciudad como si fuera una empresa. Los asuntos urbanos se abordan como si de un negocio se tratase, obviando que la ciudad es en primer término un espacio de vida en común, el lugar donde se desarrollan y se relacionan miles de personas diariamente. Esta falta de sensibilidad de los gestores urbanos de Sevilla no es nueva. Sin embargo, sorprende en el caso de Juan Espadas, que llegó a la alcaldía criticando la desidia de su antecesor hacia el extrarradio sevillano. Y sorprende todavía más teniendo en cuenta que Sevilla es la única gran ciudad del Estado gobernada por el PSOE en el presente ciclo electoral municipal. Nada de esto ha supuesto un giro social en las políticas urbanas, que siguen centralizando inversiones y recursos en el centro histórico y sus alrededores al tiempo que la periferia sufre una evidente desinversión.
La pregunta, por tanto, es: ¿por qué seguimos en esta situación? Las razones son diversas y no existe una explicación sencilla, si bien cabe hacer un par de apuntes. El primero se refiere a la dicotomía entre ganadores y perdedores, acentuada tras la última crisis. El neoliberalismo, ideología hegemónica en la actualidad, es genuinamente injusta en tanto que fomenta desequilibrios territoriales en todas las escalas del planeta, desde el sistema-mundo hasta dentro de una ciudad. Para ello se ponen en práctica discursos que proclaman la falta de alternativas, como si en lugar de una ideología y sus políticas asociadas, la explicación hubiera que buscarla en razones divinas. Así, por ejemplo, se justifica que los ricos sean cada vez más ricos y, al mismo tiempo, para que esto sea posible, que el Estado retire su protección a les trabajadores desmantelando derechos sociales que tanto costó conquistar. En esta coyuntura se excusan las grandes corporaciones, que cada año reparten más dividendos entre sus inversores, mientras que precarizan el trabajo por cuenta ajena de todas las formas posibles.
Esta idea abre la puerta a un segundo apunte: en un paralelismo urbano, parece que el Gobierno municipal ha asumido que existen barrios ganadores y perdedores. ¿Para qué hacer nada, si nada va a cambiar, si no hay alternativas? Por eso el Ayuntamiento rechaza intervenir para corregir desequilibrios espaciales y, cual bola de nieve, las diferencias aumentan. La política municipal de vivienda de los últimos años es un buen ejemplo: abandonada a los designios del mercado, nos encontramos ahora con un incremento acelerado de precios, sobre todo del alquiler, que nos conduce hacia una nueva burbuja inmobiliaria. Lo que no debería sorprender en una ciudad con un modelo que depende en gran parte de las rentas, especialmente las que aporta el turismo, la principal fuente de ingresos a día de hoy.
Solo así se explica el abandono municipal de las barriadas populares. Los esfuerzos políticos se centran en la atracción de capitales extranjeros y turistas, cuyo radio de acción urbano se restringe a las áreas centrales de Sevilla. No en vano, una de las últimas modificaciones presupuestarias del Ayuntamiento generó una fuerte polémica al desviar partidas destinadas a la mejora de barrios y a las víctimas de la violencia machista para un congreso de la patronal turística en Sevilla. El motivo aducido es que el turismo genera riqueza. Pero ¿para quién? Desde luego no para les trabajadores de aquellas barriadas. El consistorio no solamente no redistribuye los recursos del turismo hacia los distritos que lo necesitan, sino que usa tal actividad como pretexto para retirarles un dinero municipal que ya de por sí es escaso.
El tema es que no hay nada de divino en estas decisiones. La gestión empresarial de la ciudad se beneficia de amplias bolsas de población dispuesta a trabajar en condiciones penosas, incluso de explotación laboral, en sectores como el turístico. Y también necesita productos diferenciables, que se puedan vender en mercados nacionales e internacionales. El Ayuntamiento se ha centrado en producir mercancías urbanas, directamente como en las «setas» de la Encarnación, o en facilitar la inversión con reformas urbanísticas a la carta, caso de la torre Pelli. Esta última, en un intento de legitimación social, ha adoptado el nombre de torre Sevilla. Nada más paradójico para un edificio que ha destruido el paisaje urbano y ha privatizado las vistas de la ciudad con habitaciones de hotel que la gran mayoría no puede permitirse. En esa política que promueve un modelo de ciudad por y para el consumo también se enmarca la apuesta por el crecimiento de las zonas comerciales, como en la mencionada torre o el que está en construcción en Palmas Altas. Como si no hubiera suficientes espacios comerciales.
Los asuntos urbanos son esencialmente públicos y su administración no se puede sustituir por un modelo de negocio privado. La razón de ser de la política, también de la local, es velar por el interés general. Destinar atención y recursos a unas partes de la ciudad en detrimento de otras ilustra que las necesidades de ciertas empresas se anteponen a las necesidades de la mayoría social, un conjunto de personas que en última instancia avala, en un sistema democrático, la existencia de la función y de las potestades públicas. Si el Ayuntamiento no ejerce estas últimas, o les da un mal uso, se desacredita como institución garante del interés general, perdiendo el sentido de su propia existencia. En quienes habitamos Sevilla recae la responsabilidad de denunciarlo y organizarnos para cambiar las cosas.
