Desde que la empresa sueca anunciara su intención de desembarcar en nuestra ciudad, se vienen realizando acciones por parte de las instituciones para satisfacer, sin condiciones, las exigencias impuestas por esta multinacional. La última, un acuerdo para que el Ministerio de Fomento invierta 13 millones de euros en un acceso a través de la SE20. Como si estuviéramos nosotrxs para hacerle regalos a Ikea…
Puede que una de las figuras «legales» quizá más desconocida por los ciudadanos, pero más influyente en la política urbanística de nuestras ciudades, sean los denominados «convenios urbanísticos». Se trata de acuerdos entre particulares y ayuntamientos, por los que se establecen las condiciones para que, por ejemplo, un suelo sea recalificado. Este es el caso de los terrenos de San Nicolás Oeste, ubicados junto a la A4 a la altura del aeropuerto de Sevilla. Por esta recalificación en el PGOU del año 2007, los propietarios habrían abonado ya al Ayuntamiento 16,3 millones de euros de los 19,5 millones de euros acordados.
En 2010, se firmó un «protocolo de manifestaciones», esta vez entre el alcalde de Sevilla y los representantes de Ikea, en el que ambas partes manifestaban el interés por la implantación del proyecto comercial del grupo Ikea en estos suelos, estableciendo las condiciones urbanísticas que se precisaban para ello. Curiosamente, firmaron a la par un segundo convenio urbanístico para fijar el marco de colaboración entre los propietarios del terreno y el Ayuntamiento, con el objetivo de lograr que las parcelas donde se radicaría el proyecto comercial reunieran las condiciones pactadas1.
A partir de ese momento, empezarían los quebraderos de cabeza para los diferentes gobiernos municipales, ya que las exigencias de Ikea pasaban por un incumplimiento sistemático de la planificación y la legislación urbanística existente. Tras denuncias y alegaciones de Ecologistas en Acción y la Plataforma Pro Parque Tamarguillo, se emiten alrededor de una decena de informes negativos por parte tanto de técnicos de la Gerencia de Urbanismo como de la Junta y el Estado, hasta lograr la aprobación provisional del Plan Parcial en julio de 2013. No obstante, la aprobación definitiva quedaría condicionada, entre otras cuestiones, a la construcción del acceso viario a estos terrenos.
Y es aquí en el punto en el que nos encontramos en la actualidad. Una vez descartada la SE35, gracias también a la acción de los colectivos sociales, el acceso debería realizarse a través de la SE20, más conocida como ronda supernorte. Para ello, en marzo de 2015 el Ministerio de Fomento acordó con el Ayuntamiento invertir 13 millones de euros, un acuerdo ahora ratificado por el nuevo Pleno municipal en su sesión de julio.
El argumento esgrimido durante estos años por las distintas corporaciones municipales para justificar tal periplo ha sido la necesidad de atraer inversiones como mecanismo para la creación de empleo. No obstante, un estudio realizado en Francia concluye que por cada empleo precario creado en las grandes superficies de este país, se pierden cinco empleos estables en el pequeño comercio2. No es distinto el caso de Ikea en España. Un informe de la Universidad de Alicante demostró que la construcción de un macrocentro comercial previsto por Ikea en esta ciudad provocaría la pérdida neta de más de dos mil empleos en la provincia, destruyendo además empleos de calidad que se transformarían en precarios3.
Son numerosas también las denuncias de los trabajadores de Ikea en relación a las condiciones laborales de la empresa, con un alto porcentaje de la plantilla que trabaja menos de 20 horas semanales con salarios por debajo de 600 euros. Es más, con motivo de la apertura en 2010 de Ikea Jerez, se produjeron presiones de todo tipo sobre los trabajadores/as del centro en Castilleja de la Cuesta para que renunciaran al número de horas pactadas en sus contratos. Como consecuencia, la plantilla de este centro se ha visto diezmada en un 40%4.
Por otro lado, es sabido que desde que el grupo sueco creara en 2001 su filial Inter Ikea Centre Group, la base de su negocio está en la explotación vía alquileres de los locales comerciales, y sobre todo en la revalorización inmobiliaria de los terrenos sobre los que se asienta el centro. De ahí las exigencias de esta empresa al consistorio en relación a los terrenos de San Nicolás Oeste, que han pasado por una recalificación de los suelos en la que se ha concedido un aumento de la edificabilidad del 15%, a pesar de que, a instancias de la Gerencia de Urbanismo y tras la denuncia de los grupos ecologistas, ya hubo que reducir las pretensiones iniciales de Ikea en un 17%5.
Debemos preguntarnos si en un momento como el actual tiene sentido aumentar la superficie de suelo urbanizado de uso comercial en la ciudad, siendo conscientes de que, por desgracia, numerosas empresas han cesado su actividad, existiendo actualmente suelo ya urbanizado para este fin que se encuentra en desuso.
En este contexto se realiza el acuerdo mencionado con Fomento para la construcción del enlace de la SE20 que permite el acceso a Ikea, enlace en el que no existe actualmente un problema de movilidad, y que si se va a crear, será con la construcción de este centro comercial. Es difícil de entender, por tanto, que sea el Estado el que aporte una inversión que engrosará las plusvalías privadas, en lugar de dedicar ese dinero a resolver otras cuestiones relativas a la mejora del transporte público y que son prioritarias para los ciudadanos, como la extensión del cercanías hasta el sur de la Isla de la Cartuja o la reversión de los recortes que se han efectuado en estos mismos servicios.
Por otra parte, la inversión realizada tiene como contrapartida que el Ayuntamiento asuma el coste de la conservación de la SE20 y el de otras carreteras, un coste que en ningún caso se especifica en el convenio firmado, por lo que se desconoce si hay o no capacidad económica en el municipio para asumirlo. En cualquier caso, resulta bastante cuestionable que este gasto deba tener prioridad respecto a otros cuya emergencia requeriría de más diligencia por parte del Gobierno municipal.
1 Ecologistas en Acción (2011). Alegaciones al PPO Sector SUS-DMN-03 San Nicolás Oeste. Sevilla.
2 Eduardo Garzón (2014). No es oro todo lo que reluce en las grandes empresas productivas. Andalucesdiario.es. 11/11/2014.
3 Lasprovincias.es (2015). Los comerciantes calculan que el centro de Ikea destruirá 2.000 empleos en la provincia.
4 CC. OO. (2011). Ikea o cómo aprender a hacerse el sueco. Boletín de noticias de comercio, hostelería y turismo (Sevilla). pasalodigitalsevilla.blogspot.com.es
5 Carlos Mármol (2011). Ikea: Solución con marcha atrás. Diario de Sevilla (19/10/2011).
