Si atendiéramos a la propaganda televisiva que nos muestra el «problema de la inmigración», deduciríamos que el objetivo principal de la política migratoria llevada a cabo en el Estado español en lo que va de siglo XXI consistiría, básicamente, en frenar la invasión de migrantes que, en cayuco o encaramadxs a las vallas de Ceuta y Melilla, se cuela a través de España, en la «fortaleza europea».
Sin embargo, dos datos nos previenen de sacar conclusiones precipitadas: por un lado, las entradas de personas migrantes por la llamada frontera sur son un número residual—si las comparamos con las entradas totales en el Estado español—; precisamente por ello, las cifras de la migración en territorio español son mucho más abultadas de lo que una política de cierre de fronteras podría pretender. Hay casi cinco millones de personas migrantes con tarjeta de residencia, a las que habría que añadir más de un millón que han accedido a la nacionalidad española en la última década, además de un número difícil de cuantificar de personas que permanecen en el Estado español sin permiso de residencia —en la clandestinidad administrativa—.
La política migratoria es, por tanto, mucho más compleja, no puede ser reducida a una cuestión de represión de la libertad de circulación de las personas a través de la frontera exterior. Con esto no pretendemos restar contundencia a la denuncia de lo que sucede en el perímetro fronterizo: a un año de los asesinatos en las aguas de Ceuta —esos que la Guardia Civil y el ministro Jorge Fernández Díaz niegan—, las atrocidades cometidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español y marroquí, entre otros, merecen una respuesta social inmediata y masiva que las interrumpa. Sin embargo, esta respuesta no ha desbordado, hasta ahora, el límite de las acciones por parte de un sector de la sociedad minoritario, organizado en redes antirracistas y antirrepresivas, tanto en la propia frontera sur como en el interior del Estado español.
En la frontera sur se ponen en juego intereses que van mucho más allá del control fronterizo. Durante años, hemos asistido a las tareas de ingeniería política que han permitido a los sucesivos gobiernos, del PP y del PSOE, la utilización de la lucha contra la inmigración ilegal como coartada para extender los intereses de las empresas españolas en el continente africano: hidrocarburos, pesca, turismo, servicios privatizados, etc. La propia frontera es también un gran negocio para un puñado de empresas que venden al Estado todo tipo de artilugios y tecnologías de control. Por otro lado, la construcción de un enemigo exterior —ese que viene del Sur— viene siendo utilizado constantemente para diversos fines.
Pero atendamos ya —no tenemos mucho espacio para entrar en detalles— a lo que sucede con los millones de personas migrantes que efectivamente han entrado en territorio español. Lo más llamativo de la política migratoria interior es la variedad de mecanismos represivos, construidos por el Estado para gobernar a la población migrante: millones de identificaciones racistas anuales; cincuenta mil personas al año encerradas entre una y tres noches en los calabozos por la falta administrativa de carecer de papeles; nueve mil personas al año encarceladas hasta sesenta días en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y, también, varios miles de personas deportadas mediante vuelos o barcos de expulsión.
Este entramado represivo nos invita a imaginar una gran fábrica con su cadena de montaje, cuyo producto final son las expulsiones del país. Y, sin embargo, a pesar de que las diez o quince mil deportaciones anuales son una canallada, esta cadena fabril está gripada o realmente su producto final es otro del que nos imaginábamos.
Efectivamente, la fábrica de la política migratoria, más que producir mercancías concretas —inmigrantes deportadxs—, produce una mercancía más inaprensible: inmigrantes amenazados de expulsión. Las deportaciones, lejos de ser el resultado final de la cadena de montaje, son solamente un medio para producir la verdadera mercancía de esta fábrica: el miedo interiorizado por cientos de miles, por millones de personas migrantes, que en su lucha por permanecer en el Estado español, sienten permanentemente la amenaza de que, en algún momento, la deportación les puede tocar a ellxs. La trilogía de las redadas: los CIE y las deportaciones, junto a una perversa política de acceso y renovación de los permisos de residencia, ha producido migrantes instaladxs permanentemente en esta inseguridad jurídica. En definitiva, ha producido y produce migrantes condenadxs a aceptar condiciones laborales miserables, para poder transitar por el tortuoso camino de las renovaciones de los permisos de residencia; migrantes condenadxs a callarse la boca porque cualquier nivel de conflictividad que pueda generarles un antecedente penal significa el bloqueo de su posibilidad de renovar los papeles.
El capital español necesitaba inventar una fuerza de trabajo sumisa y desarraigada para alimentar el período de crecimiento económico que ahora ha sido interrumpido por la crisis. Y encontró esas reservas de población vulnerable entre los millones de migrantes que entraron en el Estado español, sobre todo a partir del año 2000. El capitalismo español necesitaba interrumpir, además, la creciente contradicción entre la entrada de las mujeres autóctonas al mercado de trabajo —en condiciones mucho peores que las de los hombres— y las crecientes necesidades de cuidados en una sociedad (española y europea) con cada vez más personas dependientes debido al envejecimiento poblacional. Cientos de miles de jóvenes mujeres migrantes se convirtieron en la solución provisional a este problema.
Aportamos, junto a este texto, un esquema aún en construcción que pretende representar y relacionar las diferentes partes de la política migratoria.
