La ciudad de Sevilla y su área metropolitana entró en estado de emergencia por sequía el pasado año 2022. Sin embargo, el área lleva sufriendo escasez de agua más de cinco años consecutivos. Lo que significa que la demanda ha sido superior a la oferta durante este último lustro.
Este pasado octubre de 2023, el Ayuntamiento sacó un bando, titulado El alcalde de Sevilla HACE SABER, en el que resuelve una serie de acciones destinadas al ahorro de agua. En general se limita el uso de agua potable en aquellas acciones que nunca han necesitado de este tipo de aguas, como lavar los coches, regar la vía pública, llenar fuentes ornamentales, etc. Además, el bando establece como objetivo de ahorro una reducción del 10% del consumo de agua respecto a lo consumido en 2019. Esto, ya de por sí, nos hace plantearnos hasta qué punto hemos estado haciendo un uso descontrolado de un recurso tan limitado como el agua. Sin embargo, lo que más me llama la atención de dicho bando es que está destinado a la ciudadanía en general. De hecho, el bando termina diciendo: «Lo que se hace público para general conocimiento, encareciendo a todos los ciudadanos y ciudadanas su colaboración para el cumplimiento de tales normas y para la consecución del objetivo de ahorro del 10% en el conjunto del sistema».
Una vez más, se señala a la población como individuos causantes del problema y se les insta, como ya comentó Palop, a reducir el consumo de agua a noventa litros por persona y día. Además, en la última semana, el Ayuntamiento ha vuelto a sacar un comunicado advirtiendo que, debido a la actual situación, a partir del mes de abril se reducirá el caudal del agua que llega a las viviendas durante las noches. Este tipo de medidas, aunque realmente nadie es capaz de dimensionar su impacto real, parecerían lógicas si el verdadero problema fuera el que señalan.
La inmensa mayoría de las reservas de agua dulce están en manos privadas. Aunque se considera un recurso público y de interés nacional, su gestión es mayormente privada. De hecho, en el caso de la cuenca del Guadalquivir, más de tres cuartas partes de estas aguas son gestionadas por empresas privadas. Desde una visión inocente, se podría argumentar que estas aguas en realidad están destinadas al cultivo y la ganadería y puesto que es un bien necesario poco se puede hacer. La realidad, y más en estas épocas de escasez, es mucho más compleja. Sin entrar en mucho detalle, pues llevaría mucho espacio y discusión, el destino de estas aguas está fijado y controlado. Es decir, a un agricultor le corresponde una cierta cantidad de agua que debe usar en sus tierras, y por ello paga una cuota. Aunque ello no implica que no se puedan comercializar. De hecho, donde existe menor control es en el intercambio de aguas y cuotas dentro de las asociaciones de regantes. Quienes han profundizado en el tema, saben que estos datos son muchas veces imposibles de obtener o ni siquiera existen.
En cualquier caso, está más que demostrado que el consumo del agua es un problema en el uso privado e industrial y no está relacionado con el uso actual de la población en sus hogares. De hecho, incluso tomando medidas radicales en las que se le prohibiera a la población el acceso al agua, este ahorro no sería suficiente para frenar la escasez. Ya que el consumo de agua destinado a regadío ha crecido significativamente en los últimos años en la cuenca del Guadalquivir. Debido principalmente a la implantación de cultivos que necesitan una gran cantidad de agua, como los llamados frutos rojos, en zonas de muy bajo impacto pluvial.
Sin embargo, el problema se profundiza cuando nos fijamos en las corrientes de los sistemas de gestión de las aguas destinadas a zonas urbanas y consumo directo por la población. En la provincia de Sevilla existen principalmente dos grandes empresas encargadas de la gestión del ciclo del agua. Emasesa, que controla la gestión de dieciocho municipios, y Aljarafesa, que controla la de treinta. Además, ambas se proveen de los mismos seis embalses. Esta acumulación de poder en la gestión del agua por parte de tan pocas empresas, cuanto menos nos debe alertar a la hora de plantearnos si en el fondo se está haciendo un uso equitativo y solidario en el consumo del agua. Aunque especulativo, no es difícil afirmar que un corte prolongado en el suministro conllevará una respuesta social. Y ya sabemos que las fuerzas políticas, si a algo temen, es a la población que se organiza con un objetivo claro y contundente, como es el abastecimiento de un recurso básico para la existencia. Por lo tanto, y continúo en modo especulativo, no es difícil imaginar que este recurso está siendo gestionado en un sentido que disminuya la presión social en las grandes zonas urbanas, dejando lo peor para zonas menos pobladas y de menor impacto mediático. Repito, esto es un argumento especulativo. Pero sospecho que no muy lejos de la realidad. El tiempo nos dirá si aquí expongo una simple teoría conspirativa. Sin embargo, y a modo de indicio, resulta extraña la situación tan boyante del embalse del Gergal (74.6%) que abastece directamente a la ciudad y cuya zona ha alcanzado una precipitación acumulada este año hidrológico de 282.4mm. Mientras que en Aracena, donde ya existen poblaciones que han sufrido cortes de agua en los últimos veranos, la situación del embalse del que también se abastece Emasesa es de un 29.6%, cuando las precipitaciones acumuladas en el presente año alcanzan los 434.2mm. ¿Sospecha razonable?
