El 25N es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Año tras año, el número de mujeres atravesadas por la violencia en España crece. En este contexto, y bajo el principio de interseccionalidad, a estas alturas del siglo XXI, las distintas violencias que sufrimos las mujeres deberían estar penadas seriamente, pero no es así. Por eso quiero hablar de mujeres que migran.
Es justo afirmar que migrar y maternar son verdaderos actos de heroicidad para las mujeres en la diáspora. Para los cuerpos migrantes, el periplo no acaba cuando llegan a la orilla, o cuando se tiene el privilegio de no verse en la necesidad de cruzar las fronteras en un cayuco, o estar inmersos en la «ilegalidad». Y es necesario comprender que para una cuerpa migrante, por el simple hecho de ser mujer, es aún más duro en comparación con un hombre. A ninguna de nosotras debería de sorprendernos la afirmación de que en el Reino de España se criminalizan las maternidades de las cuerpas racializadas al retirar la guardia y custodia de sus hijes por motivos racistas producto de la violencia institucional. Cuando cada 25N hablamos de violencia contra las mujeres, también debiéramos poner de manifiesto de manera categórica y contundente lo que pasa cuando a una mujer se le arranca de cuajo a un hijo o hija por no cumplir con los preceptos canónicos en la crianza impuestos por Occidente.
Nos posicionamos rápidamente por cualquier tema, tenemos opiniones varias y claras sobre cualquier cuestión, pero cuando hablamos de la quita de custodia a madres migrantes no nos sentimos cómodas y no nos posicionamos enseguida con el «Hermana, yo sí te creo». Más bien, damos por hecho que se les han quitado sus hijes porque «algo habrán hecho, un juez no quita un vástago a una madre si no es por protegerlo de esta mala madre». Así supuran, de entre la falta de comprensión, un montón de frases hechas inspiradas en los absurdos prejuicios enseñados y perpetuados en el imaginario de esta parte del mundo.
Vemos la opresión que se ejerce sobre las maternidades, especialmente las de mujeres que llegan de otras latitudes, para ser malinterpretadas y, en consecuencia, judicializadas. Muchas de nosotras llegamos buscando mejorar nuestra calidad de vida, pero nos chocamos con la precariedad a la que nos aboca la violencia sistémica que oprime nuestras existencias. Tal precariedad pone en riesgo el vínculo entre las madres y sus hijes.
La maternidad, para las que hemos decidido maternar, es un derecho. Deseamos disfrutar de la cercanía, vivir y compartir el vínculo maternofilial como un derecho. Esta es una manera de dignificar el ejercicio de nuestras maternidades, y no es justo que ese derecho se vea truncado por políticas opresoras y sancionadoras que nos someten a la traumática separación de madres e hijes, por el estigma de ser una mujer migrante y precaria. Nos negamos a que rompan nuestras familias con resistencia, intentando construir un nuevo camino aquí.
Los argumentos más utilizados por la Administración son cuestionar, dudar y finalmente, decidir sobre nuestras capacidades marentales. Deciden indiscriminadamente que las maternidades no eurocéntricas no son aptas para hacerse cargo de sus hijes; es necesario reconocer que estas dinámicas tienen como único objetivo justificar la retirada de guardia y custodia.
En Servicios Sociales, frente a nosotras, las otras elaboran informes sesgados por el racismo y un sinfín de prejuicios que derivan en la declaración de «desamparo del menor», y por ende, la retirada de la guardia y custodia. De acuerdo con los datos del Observatorio de la Infancia, un 49,02% de los menores de edad tutelados por la Administración en centros de internamiento para menores son de origen extranjero. En el caso de les menores que son entregades a los padres blancos europeos (muchos de ellos maltratadores y maestros de la violencia vicaria), se ponen de acuerdo Servicios Sociales, Equipo de Asesoramiento Técnico en el Ámbito de Familia (EATAF), Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ), Unidad Funcional de Abuso al Menor (UFAM) y las escuelas. Todos se ponen de acuerdo, supuestamente, con el objetivo de proteger «el interés superior del menor», pero de lo que realmente estamos hablando es de aporofobia, racismo y violencia estructural.
Por otra parte, tenemos la tormenta perfecta: criminalizar las maternidades migrantes internándolas en un CIE por estar en situación administrativa irregular y ver cómo se llevan a tus hijes. No son pocos los testimonios de mujeres maltratadas que al intentar poner una denuncia se topan con el remedo doloroso de: «Señora, mientras usted no sangre, no le puedo poner la tirita». O en espacios de la Administración que debiéramos considerar seguros, de lucha feminista, y que al dirigirnos a ellos recibimos como respuesta un: «Este no es un espacio para historias personales». ¿Qué hay más personal que vivir o morir a manos de un maltratador? ¿Qué hay más personal que sentir una muerte lenta siendo testigo silencioso de cómo actúan en contra los seres que más amamos, nuestres hijes?
Como estas podemos citar innumerables situaciones de racismo estructural, incluso viniendo de mujeres a las que deberíamos poder llamar «colegas de lucha». Es así como ponen de manifiesto lo mucho que nos queda por caminar para llegar a la tan deseada y más que necesaria perspectiva feminista antirracista. En pleno siglo XXI, seguimos observando cómo se perpetúan las miradas coloniales al romper el sostenimiento de la vida a través de las quitas de custodia, vulnerando los derechos humanos tanto de les hijes como de las madres, al romper su vínculo vital, sin valorar las consecuencias y las secuelas de estas crianzas distantes del vínculo materno.
Necesitamos trabajar conjuntamente en una mirada desacralizadora de las maternidades migrantes, la interseccionalidad no puede, no debe, quedar solamente en los discursos; tenemos que asumir que necesitamos trabajadoras en la Administración que, además de formación en perspectiva de género, tengan formación antirracista, pero también incorporar trabajadoras de origen migrante que puedan comprender y empatizar con nuestras maternidades, porque lamentablemente hasta ahora, las que están en las administraciones han demostrado que no lo hacen.
Necesitamos avanzar en políticas públicas que tengan que ver con la protección de la infancia, dialogar con las madres migrantes y las que están en situación precaria. Es imprescindible trabajar desde la acción y el cuidado comunitario. La quita de custodia es violencia institucional hacia les hijes y hacia las madres. Tengamos en cuenta que muches de estes niñes son enviades a centros de menores y pasan a ser un número de expediente o entregades a familias, en muchos casos, únicamente por la remuneración económica.
Queremos aportar a la construcción de políticas públicas dirigidas a la infancia. Más que nunca es necesario que podamos hablar, aunar estrategias, saberes y fuerzas para proteger a les grandes perjudicades que son les hijes. Ya basta de filtros de indignación selectiva por desconocimiento de raza, credo o clase. Es justo y necesario abrazarnos para que la justicia se convierta en colectiva.
¡Y, hermana, yo sí te creo!
