La sombra de la censura vuelve a aparecer en el sector cultural de nuestro país. En un contexto social en el que la libertad de expresión y la creatividad son fundamentales para el desarrollo de una sociedad democrática y diversa, la censura se ha convertido en un tema de discusión central en la pasada campaña electoral. Todo esto, sumado a la controvertida ley mordaza y a los esfuerzos por establecer el Estatuto del Artista, pone de manifiesto la delicada balanza entre el respeto a la libertad artística y la necesidad de mantener un entorno cultural que luche por la dignidad profesional del sector.
La censura indiscriminada que se viene sufriendo desde hace unos años y que se ha incrementado de manera exponencial en 2023 plantea serias preocupaciones en torno a la pluralidad de voces y la riqueza cultural. Cancelar eventos artísticos por motivos políticos socava la esencia misma del arte como vehículo de crítica y reflexión. La cultura es un elemento básico de la democracia que fomenta la capacidad crítica y la participación ciudadana en todos los procesos políticos, y que ahora ha adquirido, más si cabe, una importancia capital para nuestro futuro más cercano.
La llegada de la extrema derecha a las corporaciones municipales y a los organismos autonómicos, gracias al apoyo de partidos políticos de corte liberal y conservador, ha generado el caldo de cultivo perfecto para cancelar proyectos culturales que abogan por una reflexión profunda acerca de nuestro modelo de sociedad, y que plantean discursos que defienden la igualdad de género, los derechos de la comunidad LGTBIQ+ o la lucha contra el cambio climático.
Abel Azcona, Rocío Sáiz, Diana Larrea, Eugenio Merino, Saioa Olga González, Laura Corcuera, Mónica Cofiño, Santiago Sierra, Ana Belén, Xavier Bobés, Alberto Conejero, Paco Bezerra… La lista es larga, pero más larga aún la de la autocensura. La precaria situación del sector cultural, donde no existen apenas derechos laborales básicos, genera un entorno de total dependencia con las instituciones públicas que financian proyectos culturales. Así, aparece la injerencia política, que de forma directa afecta a la libertad de creación de les artistas y productores culturales en nuestro país.
Esta injerencia es una más en la lista de malas prácticas enquistadas en el sector cultural en España. La ausencia de cartas de compromiso, de contratos tanto laborales como mercantiles, y las carencias legales en las formas y plazos de pago son algunas de las deficiencias de las que se alimenta la autocensura. Al no tener apenas herramientas de defensa, les artistas deciden adaptarse a las condiciones y preferencias de quienes financian los proyectos, perdiendo así originalidad, calidad y transparencia en los procesos creativos.
De ahí la importancia del Estatuto del Artista, que busca proteger los derechos de les trabajadores del ámbito cultural y artístico en España. Si se desarrolla de una forma plena, será un paso para proteger los derechos y la libertad de les creadores, en su lucha por reconocer y regular sus derechos y condiciones laborales, que garantice su independencia y libertad de expresión. Sin embargo, implementarlo de forma efectiva sigue siendo un desafío. La ambigüedad a la hora de interpretar ciertos aspectos del Estatuto del Artista, en especial en lo relativo al concepto de autónomo cultural, requiere una revisión y un desarrollo más claro que aporte solidez al frágil equilibrio entre reconocer los derechos artísticos y las consideraciones prácticas de la industria cultural.
La censura en el sector cultural en España es un tema complejo que exige un enfoque equilibrado. Si bien es importante respetar los valores y normas de una sociedad, también es esencial permitir que el arte desafíe, inspire y refleje la diversidad de perspectivas. La llamada ley mordaza plantea preocupaciones legítimas sobre la libertad de expresión, mientras que el Estatuto del Artista busca proteger a les creadores. Esta ley de seguridad ciudadana, aprobada en 2015, ha sido objeto de críticas por su potencial para coartar la libertad de expresión, especialmente en el ámbito cultural.
Así, la línea entre la crítica legítima y la infracción se vuelve difusa bajo esta legislación, que amenaza la diversidad de perspectivas y la autenticidad del arte. Durante esta pasada campaña electoral, se ha ejemplificado la necesidad de abordar estos temas de manera reflexiva y cuidadosa, reconociendo la importancia de un entorno cultural enriquecedor y abierto al diálogo. En última instancia, la sociedad española debe esforzarse por encontrar un equilibrio que permita la libre expresión artística sin poner en riesgo la democracia como forma de organización social.
Por ello, recientemente se ha creado la Organización por la Libertad Artística (OLA), que se presenta como una respuesta clara de la sociedad civil ante los desafíos relacionados con la censura y las carencias en la defensa de las libertades civiles en España. Esta organización surge en un contexto en el que la libertad de expresión y la independencia artística se han visto amenazadas por casos de censura, tanto que organizaciones como Aministía Internacional, Human Rights Watch y Freemuse lo llevan denunciando desde el año 2017.
Por último, crear la OLA demuestra que la censura dentro del sector no es simplemente un tema teórico, sino una cuestión tangible, que puede inspirar respuestas y acciones concretas por parte de la ciudadanía preocupada por el estado de la libertad de expresión en el ámbito artístico. La OLA representa un paso importante hacia el fomento de una sociedad que valore y proteja la diversidad de voces y la creatividad sin restricciones, y revela el peligro del atraso social que supone la censura en la cultura. Y es que este debate sobre la censura parece más propio de otros tiempos.
