Aunque el actualicismo imperante en todas las instituciones estatales se empeñe en romper con el período franquista y se afane en buscar una continuidad directa con el período democrático previo al 39, la lucha incesante por la memoria nos muestra otra verdad. Gran ejemplo de esto fueron las declaraciones del CSIC en la celebración de su 75 aniversario:
«Editorial CSIC continúa trabajando para que el brillante y riguroso legado de la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE), heredado y ampliado por la agencia estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), permanezca como medio de difusión del conocimiento científico y la actividad investigadora.»
La realidad es que entre la JAE y el CSIC no existe continuidad alguna. Es más, el CSIC se creó con el objetivo de eliminar la visión académica de la JAE y a todxs sus integrantes contrarixs al nuevo régimen nacionalcatólico que venía para arrasar con cualquier avance científico y social no integrado en una visión tomasiana de la verdad. Y así lo dejaba bien claro en el acto inaugural del Consejo celebrado en 1940:
«El nuevo Estado cumple en esto un deber de conciencia nacional. Porque no solo acata la jerarquía de la ciencia sagrada, otorgándole el puesto de honor que en el árbol de las ciencias le corresponde e incorporando de modo pleno la tradición al actual renacimiento científico, sino que anhela, como deseaba Menéndez Pelayo, inyectar nueva savia teológica a todas nuestras actividades culturales, para que la ciencia nacional sea así rotundamente católica y sirva ante todo los altos intereses espirituales de Dios y de su Iglesia.»
Y es que, aunque sea cierto que con el pasar de los años el personal científico del Consejo se siente más atraído por los valores que conformaban la JAE, aún pueden leerse declaraciones como la siguiente en pleno año 2021:
«Una prueba irrefutable de que ciencia y religión, o razón y fe, han sido compatibles en la España del siglo XX, y si lo han sido es porque de hecho lo son» (doctor por la UCM y científico del CSIC).
Por suerte, hoy en día, para acceder a una plaza titular en el CSIC ya no se exige pertenecer al Opus Dei o mostrar fervor católico y patriótico. Sobre el papel, la plaza tiene un carácter de funcionariado y, por lo tanto, debe resolverse de manera pública mediante un proceso de selección abierto en modalidad competitiva de oposición. Para ello, lxs participantes han de defender tanto los méritos logrados hasta la fecha como las futuras líneas de investigación que desarrollarán.
Sin embargo, el sistema de selección de plazas sigue prácticamente inalterado desde 1939, y a diferencia de cualquier otra convocatoria de oposiciones, no cualquier persona que tenga la titulación y los méritos adecuados puede presentarse y optar a estas plazas de funcionarix. Todo el trabajo de años no sirve de nada si el título de la plaza no se ajusta a una línea concreta de investigación. ¿Y quién decide esos títulos? Lxs científicxs titulares, que por votación sacan para adelante la plaza con un título fijado. Y, aunque parezca democrático, es un sistema pervertido que fomenta y protege a los grupos de investigación con mayor personal y dejan de lado a aquellos con menor representación. Siendo en la práctica un método de selección donde los funcionarios son elegidos a dedo entre los aspirantes más afines a aquellxs investigadorxs que desarrollan gran parte de su carrera científica en los entresijos políticos que se cuecen en las entrañas del Consejo.
No romper de forma radical con el sistema institucional creado durante el franquismo tiene sus consecuencias, como ya sabíamos por el devenir de otras instituciones. Una renovación real no es posible si las personas que se sientan en los tronos de poder no son renovadas. Y una institución científica no es realmente libre de avanzar en el conocimiento si no está desligada de los intereses del Estado y de los intereses personales de quienes se agarran a sus puestos de poder.
