El nuevo convenio del campo en Huelva, firmado por Asaja y CCOO, vulnera los derechos de las trabajadoras y supone un regalo para la patronal a cambio de migajas.
La temporada en Huelva ya ha arrancado y se espera que más de 70 000 personas trabajen este año en la recogida del fruto rojo y la fresa.
Por desgracia, la temporada viene siendo noticia más por el aumento de casos de explotación laboral, abusos sexuales, violencia machista y racismo que por el éxito de la misma. El último del que se tienen noticias: el pasado 27 de diciembre se volvía a sufrir un incendio en los asentamientos chabolistas en Lepe provocado por el lanzamiento de una botella desde un coche.
Esta vulneración de los derechos humanos a las trabajadoras y trabajadores se da con especial inquina —¡sorpresa!— hacia mujeres migrantes que vienen a trabajar el campo de Huelva. Y es que, según los datos de años anteriores, 15 000 personas serán contratadas directamente en sus países de origen y harán la temporada en Huelva.
Esta evidente desprotección y, sobre todo, la falta de denuncias por miedo a represalias, podrían verse agravadas con la firma entre Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) y el sindicato mayoritario CCOO del nuevo convenio del campo para Huelva.
Un convenio que, desde el principio, no convence a las trabajadoras ni a otros sindicatos como UGT, que se ha descolgado de la firma.
Desde la firma del preacuerdo en diciembre de 2022, el grupo autoorganizado Jornaleras en Lucha viene denunciando que este convenio trae consigo una serie de recortes de los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores del campo.
Según declaraba Ana Pinto (Jornaleras en Lucha) a El Salto Andalucía, el preacuerdo supone «una nueva decepción tremenda para las trabajadoras por parte de sindicatos como CCOO que se supone que deben velar por los derechos de las trabajadoras. Una vez más, nos han vendido y traicionado recortándonos derechos».
El sentimiento de decepción del que habla Ana Pinto no es nada nuevo bajo el sol, cuando hablamos de los intereses de los sindicatos mayoritarios frente a los de las y los trabajadores.
Ejemplos como el convenio del campo en Huelva o el Airbus Puerto Real (sobre el que ya escribimos en números anteriores), hacen más que evidente la desconexión que existe entre ambas partes.
En este caso, como en el caso de Airbus Puerto Real, llama mucho la atención la diferencia de criterio que muestra CCOO (impulsor del convenio junto a la patronal) que, en todas sus declaraciones, vende el acuerdo como algo «innovador que supone un gran avance para las trabajadoras», y, sobre todo, como algo «realista».
Apelar al «realismo» alegando que este convenio será más fácil de cumplir por parte de los empleadores, a pesar de que rebajen los derechos laborales, es muy perverso, como podrán imaginar nuestras lectoras.
«Recoger en un convenio lo que ya está reconocido por la ley no se puede considerar una mejora de nuestras condiciones y no entendemos que se justifique el acuerdo en que el anterior convenio no se cumplía, cuando su obligación debería ser velar porque se hiciera efectivo», señalaba Ana Pinto en unas declaraciones tras la firma del preacuerdo.
Y es que, para defender el convenio, Asaja Huelva y CCOO apelan a una subida de casi el 40% de los salarios en el campo onubense.
«Tampoco la subida salarial del preacuerdo es real», denuncia UGT en el comunicado donde advierte que este sindicato no firmará el preacuerdo alcanzado entre CCOO y Asaja. «La subida acordada se practica ante la tabla salarial del año anterior, sin tener en cuenta la subida del SMI, por lo que dicho supuesto incremento será absorbido y compensado por dicha subida».
Un convenio polémico
Los puntos que, con razón, suscitan mayor oposición son, por ejemplo, la reducción de 30 a 15 minutos del tiempo de descanso para el bocadillo —que correrían a cuenta del trabajador―. Y es que el derecho al descanso es básico para cualquier persona.
Además, el cambio en el cómputo de la llamada «indemnización de camino» que antes se cobraba a partir de los 2 km de distancia entre el lugar de pernocta y el de trabajo, y que ahora se fijará a partir de 6 km desde el núcleo urbano más cercano.
«Esta indemnización hace que, en la práctica, el gasto en gasolina del trabajador que ponga el coche sea imposible de cobrar», declaraban desde UGT tras la firma del preacuerdo.
Por otro lado, siendo una de las medidas más polémicas, está la reducción del incremento de la cuantía de la primera hora extraordinaria trabajada. Una reducción del 75% al 25% sobre la hora normal en periodo de campaña, incluso en festivos. Esto supone unos 4 € menos al día.
«Las horas extraordinarias tampoco es que se cobren habitualmente, pero no podemos entender un abaratamiento tan radical por el tiempo de trabajo sin que, al menos, se establezcan otras medias de compensación», declaraba Ana Pinto tras la firma del preacuerdo.
Una vez más, una dosis de realismo para las personas que trabajan a diario en el campo andaluz. Desde CCOO entienden que esa rebaja sí permitirá al empresario poder abonar de manera efectiva las horas extra. Traducimos: como antes no se pagaban las horas extras al precio que se deberían pagar por ley y ante la imposibilidad de denuncia por cuestiones de miedo y precariedad, vamos a bajar el precio de la hora extra. Así al menos te van a pagar algo.
Un despropósito, vaya
CCOO destaca, además, el refuerzo de la comisión paritaria que, «a diferencia de las que se recogen en el resto de convenios que tienen la función de vigilar y controlar que se cumplen los pagos de estas horas, tiene la capacidad de poder denunciar a la inspección de trabajo el incumplimiento, sin importar que el trabajador esté afiliado o no».
En UGT se muestran escépticas sobre la eficacia práctica de esa comisión paritaria donde la patronal está representada al 50% y puede impedir su funcionamiento, como lo ha hecho hasta ahora.
CCOO, de nuevo, defiende el acuerdo alegando que «lo que hemos hecho es ofrecer un marco normativo para las relaciones laborales del trabajador, un marco claro por encima de demagogias». Las demagogias ya tardaban en salir.
«Seamos realistas (sigue CCOO), en Huelva falta la lucha obrera, las cosas se pueden defender con la razón de la fuerza o con la fuerza de la razón, pero si la patronal sabe que no podemos echarnos a la calle, hasta allí llega la demagogia. Este no es un mal convenio, es un convenio que se puede cumplir», zanja la portavoz de CCOO en unas declaraciones tras la firma del preacuerdo.
Una vez más, el realismo haciendo de las suyas.
El convenio llega en una situación compleja
Esta firma de convenio —que ya es una realidad— llega en un contexto laboral muy complejo, con casos muy sonados de vulneración de derechos humanos y laborales que soporta el campo onubense desde hace décadas.
Si bien es cierto que la firma es para todas las trabajadoras del campo, será un asunto más grave en la delicada situación que viven las más de 15 000 trabajadoras marroquíes contratadas en origen.
En general estas trabajadoras no cuentan con derechos habitacionales, humanos y laborales por parte de empresarios y, en general, de una sociedad que parece mirar para otro lado.
Ni las políticas ni las medidas laborales ni, por supuesto, este tipo de convenios consiguen desfeminizar la pobreza en el sector y, sobre todo, ninguna consigue eliminar el racismo diario que sufren las trabajadoras migrantes por parte de los empleadores y de la sociedad en general.
