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Repensar el presente para tejer el futuro: 10 años de lucha contra la tortura

Bajo este título, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) celebró en Barcelona el pasado 21 y 22 de noviembre sus 10 años de existencia. En dichas jornadas se repasaron los éxitos, pero también el largo camino que aún queda para la erradicación definitiva de estas prácticas (opuestas a los derechos humanos más básicos) que aún tienen un amplio respaldo social y político.

¿Qué es la CPDT?

La CPDT (antes CPT) se constituyó en 2005 y está formada por más de 50 asociaciones de la más diversa índole de todos los territorios del Estado. Están unidas en torno a la prevención, denuncia y visibilización de la tortura y los malos tratos, entendidos estos de forma extensa. Para cumplir este fin, la CPDT realiza informes anuales, jornadas, recomendaciones a las autoridades y, sobre todo, denuncia y visibiliza (a través de sus colectivos) la vulneración sistemática de los derechos humanos.

¿Cómo ha desarrollado su trabajo?

En febrero del 2006 se organizaron en Barcelona las primeras Jornadas sobre la Prevención de la Tortura, en las que participaron 37 asociaciones y colectivos en contacto directo con las personas torturadas, transmisoras de sus denuncias y, por ello, conocedoras de la situación real de la tortura y los malos tratos en el Estado español. El objetivo de estas jornadas fue incidir en el debate abierto sobre la firma, ratificación y cumplimiento (por parte del Gobierno español) del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (PFC). Durante los debates que allí tuvieron lugar, quedó patente la persistencia de la tortura en el Estado español, tanto por las denuncias y los testimonios de aquellas personas que la habían sufrido directamente como por el informe publicado por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura en mayo de 2005, en el que se recogían casi 800 casos de personas que denunciaron haber sido torturadas el año 2004. Desde entonces, cada año se ha publicado un nuevo informe.

Pese a este y otros informes, las autoridades estatales, autonómicas y locales, han seguido negando esta realidad, y desoyendo las recomendaciones de organismos internacionales y estatales para su prevención. Asimismo, se constató la impunidad que envuelve la práctica de la tortura en el Estado español: desde el mantenimiento de la detención incomunicada y el aislamiento penitenciario (regímenes que facilitan y dotan de sistematicidad a la práctica de la tortura), hasta la falta de investigación real e independiente de las denuncias realizadas por jueces y fiscales, pasando por la adjudicación de indultos y medidas de gracia a los pocos funcionarios que son condenados por los tribunales. Por todo ello, para erradicar la tortura, se efectuaron 16 recomendaciones, cuyo cumplimiento se exigía a los poderes del Estado español, y se hicieron públicas a nivel estatal e internacional.

En noviembre de 2009, el Gobierno del PSOE designó al Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNP), desvirtuando así lo que debería ser un mecanismo independiente de todos los poderes del Estado y participado por la sociedad civil, actuando así en contra de la opinión de las organizaciones en defensa de los derechos humanos. La CPDT denunció este proceso antidemocrático y opaco. Además, declaró la incompatibilidad de pertenencia de los miembros de la CPDT al MNP o a cualquier otra instancia y/o institución de prevención y/o denuncia de la tortura cuyo proceso de selección no estuviese sujeto a mérito y fuese abierto, transparente, independiente y participado por la sociedad civil. Todo ello en base a la legalidad internacional y en cumplimiento de la recomendación 1580 del Consejo de Europa y los Principios de París. Este compromiso se renovó en las Jornadas de Sevilla en el año 2010 en el que se aprobaron nuevas recomendaciones.

¿Por qué sigue siendo necesaria la CPDT?

La CPDT y el Grupo 17 de Marzo1 han constatado con preocupación que el sistema de garantías democráticas y el respeto de los derechos y libertades de la ciudadanía se ven amenazados por un proceso legislativo y unas prácticas policiales y judiciales que, progresivamente, están reduciendo el ámbito de vigencia de los derechos humanos fundamentales. Se prioriza la ideología de la seguridad como valor supremo y la lógica de la guerra permanente contra la disidencia política y el «enemigo».

Así, en el último informe de la CPDT, los casos documentados de malos tratos y torturas se han incrementado de forma exponencial según ha ido aumentando la conflictividad, las movilizaciones de 15M y la precarización de la existencia de una mayoría de la población. Frente a esta precarización, la respuesta de los poderes públicos ha sido el incremento de la represión a través de tres elementos: el primero, garantizar la impunidad en el ejercicio de estas prácticas execrables; el segundo, criminalizar a los defensores de los derechos humanos; y el tercero, construir un «corpus iuris» excepcional, acorde con la nueva realidad social, y de crisis de régimen, que garantiza aún más la impunidad y la invisibilidad de estos hechos. Un ejemplo claro de esto es la inminente aprobación de la Ley Mordaza y del Código Penal.

La hegemonía de las tendencias políticas autoritarias (y más represivas) es un hecho presente en toda Europa que condiciona nuestra realidad social y política. Por eso, en las próximas Jornadas de Barcelona se volverá a constatar que, ahora más que nunca, es necesario luchar por crear un nuevo sistema de derechos y libertades en el que los derechos de las personas estén por encima de los derechos de las cosas. En esta lucha, la CPDT tiene aún mucho que decir y hacer.

por [Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza para la Defensa de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos]

 

1 La Sociedad Andaluza de Juristas en Defensa de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos-Grupo 17 de Marzo, se creó el 17 de marzo de 2006 con una intención tan clara como su denominación indica: la unión de juristas —en el más amplio sentido de la palabra— con unos ideales comunes de izquierda para la defensa de los derechos humanos y civiles. De igual manera, se marcaron los principios de actuación de la asociación y se delimitó hasta dónde debía llegar nuestra acción y cómo queríamos hacerlo. A nivel estatal, formamos parte de la de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), y a nivel europeo, de la Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED).

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