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Qué es eso de una ley de medios aprobada para Andalucía. Y a mí, qué

La guerra de la democratización de los medios está perdida, pero hay que permitirse el lujo de ganar una batalla, que diría el inmenso Federico Lupi en esa epopeya de la utopía que es la película de Aristarain, Un lugar en el mundo. Hacía alusión así, apostado en un árbol y con la mirada de estar donde quería estar, a la lucha de David contra Goliat, de impedir que la construcción de una presa destruyera la organización colectiva cooperativa de ganaderos en la Pampa argentina. Pues eso digo yo. Se ha aprobado la ley Audiovisual de Andalucía pero te queda un vacío, después de casi cinco años de trabajo colectivo, y te preguntas: ¿y ahora qué? El Gobierno de la palabra de las grandes decisiones está en las mismas manos. 

Las que estamos participando en los medios comunitarios lo tenemos claro. Queremos comunicar un relato propio de los acontecimientos y enredarnos en un imaginario tejido con muchos hilos de colores distintos de la comunidad de la que somos y en la que construimos una gran parte de nuestra identidad. Pero ¿qué son los medios comunitarios a efectos legislativos? A pesar de que las radios libres existen y existirán sin amparo administrativo —con el afán de expresarse libremente sin corsés que las amordacen en su interpretación del ejercicio de la libertad de expresión—, en el año 2010 la ley General Audiovisual dibuja un marco legal de reconocimiento de la existencia de estos medios junto a los medios privados y a los medios públicos. Y también impone una serie de condiciones, claramente discriminatorias, para poder emitir. La primera, la prohibición de sustentarse a través de la publicidad, privada o institucional. Y, la segunda, la de restringir la capacidad de incidencia limitando el presupuesto que manejen a unos exiguos 50 000 euros anuales, por ser entidades sin ánimo de lucro. Y, lo más grave, deja el asunto de la obtención de licencias (cómo se va a regular ese procedimiento para las comunitarias) a un inminente desarrollo posterior a través de un decreto o similar. Han pasado ocho años y el Gobierno central ha hecho caso omiso a este deber y compromiso plasmado en una ley. La Red de Medios Comunitarios (ReMC), la mayor red organizada estatal de estos medios, puso un recurso por este motivo, que se ha perdido, y actualmente, también a instancias de esta red, el Comité de Derechos Humanos de la ONU le está pidiendo explicaciones a España sobre el motivo por el que en nuestro país no haya licencias concedidas, a diferencia de muchos países europeos.

Todo esto supone lo que desde algunas compañeras de la Red de Medios Comunitarios hemos dado en denominar las tres ‘P’. Pocas, Pequeñas y Pobres. Y añado otra más: Perseguidas. Hasta el punto de que desde eldiario.es se publicó la filtración de un informe interno, cuando el ministro Soria del anterior Gobierno del PP controlaba la cartera del Ministerio de Industria, donde se apelaba a la eliminación de la presencia de los medios comunitarios en la ley General Audiovisual, tachándolos de «extrema izquierda». Peligrosos, en definitiva. Y esto viene a coincidir con que las emisiones del programa La Tuerka de Podemos, «enemigos» del Estado, se realizaba desde Tele K, televisión comunitaria de Vallecas. La campaña entonces desde muchos mass media era de acoso feroz a esta organización política. Y daba igual la ingente cantidad de post verdades que se lanzaran. La impunidad de la mentira y del discurso hegemónico era la dinámica predominante, y lo sigue siendo ahora con cuestiones como el independentismo catalán o cualquier asunto que cuestione la transición en nuestro país. Los blindajes, por tanto, son inexpugnables y atenazados a razones económicas fundamentalmente.

En este punto, conviene parar y explicar brevemente esas razones económicas que impiden la subsistencia de los discursos divergentes sin ánimo de lucro que representan los medios comunitarios en un espacio público, el radioeléctrico, saturado. Y donde, como un mantra, las administraciones te repiten que no cabe nadie más. Y que ellos quisieran, pero que no es posible. En primer lugar, la competencia de planificación de frecuencias la tienen las comunidades autónomas, pero las tiene que autorizar el Estado, que es quien realmente decide cuántas licencias y cómo. Aquí llega la colisión y el bloqueo constante de otorgar licencias. El peloteo de una administración u otra con lanzallamas políticos según el colorido ideológico incompatible o no entre ellas. La verdadera razón que late detrás en ambos casos es la de cuidar a sus clientelas mediáticas y la de ser indulgentes con muchos incumplimientos en los que incurren las televisiones privadas y las públicas, tanto de territorios nacionales, autonómicos como de municipales. Y no solo se trata de indulgencia, sino de prevaricación en algunos casos. Y claro que hay espacio. Si se exigiera que se cumplieran muchas cláusulas de concesión, como son la transparencia o la obligatoriedad de emitir un porcentaje de contenidos territoriales que reflejen una diversidad cultural real, en vez de redifusiones de mensajes estandarizados que se fabrican en Madrid y se replican reproduciendo un modelo comunicativo centralista y en blanco y negro de la realidad. Y no hablemos ya de hacer cumplir la función educativa y social de los medios, y de dar cabida a la participación de colectivos y ciudadanía. Si se exigiera todo eso, lo establecido en las condiciones de concesión de una licencia, quedaría mucho espacio libre. Todo esto deja a la intemperie a nuestra democracia y sin argumentos para asegurar que cumple la Constitución o los estatutos de autonomía, por no mencionar las muchas directrices europeas relativas al derecho a la comunicación.

En Sevilla, el ejemplo mas paradigmático de este acoso a una radio comunitaria es Radiópolis. Esta emisora, de la que he sido presidenta y coordinadora y, por tanto, cuyo caso conozco bien, se ha visto envuelta en varios tsunamis persecutorios. Desde un Ayuntamiento que nos invitó a irnos de la sede en la que legítimamente estábamos funcionando y avalados por un acuerdo de Gobierno anterior, pasando por requerimientos de la Junta de Andalucía, denuncias de AGEDI, para finalmente culminar en la peor amenaza de todas: una posible multa de entre doscientos mil y dos millones de euros desde el Ministerio por emisión ilegal. Conseguimos paralizarla. Y fue gracias a estar empoderadas por pertenecer a la ReMC e involucrarnos, desde el compromiso, en su comisión de legislación y derecho a comunicar, con compañeras expertas; y por formar parte de foros, como es el caso del Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía. Y, por tanto, el inicio de un proyecto de ley en Andalucía nos parecía una oportunidad para seguir incidiendo, aprendiendo y vinculándonos más entre todas.

Así, en el seno de este escenario tan complejo, la reciente aprobación de la ley Audiovisual andaluza supone un paso adelante en lo referido a otorgarle dignidad y legalidad a los medios comunitarios, que llevan muchos años, desde los 80, pretendiendo ser un contrapoder informativo, pero que se veían avocados a cerrar cuando llegaba un expediente de multa. Ahí han estado desde entonces Radio Vallekas, en Madrid, Radio Kras en Asturias, con amenazas resueltas de cierre; Radiópolis en Sevilla, que ya hemos mencionado, o Cuac FM en A Coruña, afectada actualmente por una prohibición de emitir en FM, por mencionar solo algunas. En otras palabras, esta norma puede posibilitar la existencia en el espacio público radioeléctrico de los medios comunitarios andaluces sin amenaza, que no es poco. Eso sí, de manera transitoria y a través de una autorización temporal interpelando al papá Estado de que cumpla con su obligación de conceder licencias como hace con sus amigos privados, y en igualdad de condiciones que los públicos. Eso que se llama los tres tercios. Reparto equitativo entre los tres tipos de medios. Y ahí tenemos la utopía de nuestro particular lugar en el mundo. Pues bien, algo impensable como eso ha quedado reflejado como horizonte al que tender en la ley, algo que sabemos que no llegará, pero ahí ha quedado escrito y, desde ya, publicado en el BOJA. Desde los colectivos que hemos trabajado por esto y, especialmente, de los que he formado parte, el Foro Andaluz de Comunicación y la Red de Medios Comunitarios, de ámbito estatal, consideramos que esto supone un precedente para otros procesos legislativos que se están empezando a dialogar en otras comunidades autónomas a través de compañeras de la ReMC, como es el caso de Asturies, o que andan ya muy avanzados como en Cataluña. Y en la Comunidad Valenciana o Navarra donde hay procesos abiertos con receptividad.

El resto del texto de la ley no deja huellas muy reseñables que celebrar, bien es verdad.  La renovación pendiente de la RTVA para que sea un vehículo de socialización de un relato común, plural, diverso, rico, que atraviese todas las capas sociales y nos cuente a todas las andaluzas, no se ha movido apenas a raíz de la aprobación de esta ley. Quizás habría que destacar también que sí se menciona el derecho de acceso a la RTVA, y determina una serie de horas en horario no residual para emisión de contenidos que provengan de colectivos y sociedad civil. Por otro lado, una asignatura muy importante, la de la alfabetización mediática, se ha quedado coja. Y es que según nos argumentaban desde la Junta de Andalucía, nuestras mociones para que esta se convirtiera en materia obligatoria en todas las etapas del sistema educativo no depende de Andalucía, sino del currículum que marca el Ministerio de Educación. Una vez más, tropezamos con el peloteo competencial. No obstante, ha quedado reflejado que desde el sur se marcan las líneas estratégicas para una planificación educativa que ponga en el centro, en nuestras escuelas e institutos, la lectura crítica de los medios como algo consustancial del aprendizaje comunicativo. Y, por último, es bastante reseñable que se haya considerado la necesidad de creación de un Consejo de Participación, más allá del papel actual que desempeña el Consejo Audiovisual de Andalucía que actualmente ni siquiera es vinculante y se queda en un mero adorno de informes que no deciden lo que nos importa a la ciudadanía activa y preocupada con el progresivo deterioro de la radio y televisión públicas y, qué decir, de las comerciales. Este Consejo de Participación, en los últimos meses de negociación, ha dado un pequeño salto en positivo en sus funciones y en su composición, que no se limitará, para conformarlo, a sindicatos, universidad y asociaciones de consumidores, sino, también, a colectivos y medios comunitarios. También se encargará del diseño de la planificación estratégica del sector.

Ahora, por delante, quedan muchos reglamentos pendientes que posibiliten abrir estas ventanas que se plasman en la ley y que podrían hacernos ganar otras batallas. Y, sobre todo, queda el debate social, el de la calle. Hablamos de una gran mayoría social a la que aun no le genera interés nada de esto cuando enciende la tele o enchufa una radio para informarse por las mañanas.  

El paradigma actual de la comunicación en la última década ha dado un giro de 180 grados. Y eso pasa por considerar que la globalización informativa puede vincularse con los medios de comunicación tradicionales a través de nuevos formatos y modelos,  donde la ciudadanía sea la protagonista y participe. No queda otra. Esto ya es una realidad plasmada en modelos asociativos de suscriptoras y cooperativos de medios digitales. Ejemplos son El Salto Andalucía, o este Topo querido. Los medios comunitarios lo llevan implementando desde hace más de 30 años con una comunidad física y local que apoya generando contenidos, decidiendo en la gestión y aportando económicamente para su sostenimiento. Los viejos mamuts siguen dando sus últimos estertores y lo hacen con fuerza porque siguen bajos las alas de los gobiernos en una relación de connivencia de intereses mutuos que les permiten seguir respirando, pero con crisis reales de credibilidad. El gran error es que no quieren ver a una generación 3.0 que se informa y se entretiene a través de otras ventanas audiovisuales, sonoras y, cada vez menos, escritas. Y eso es imparable. La ley Audiovisual andaluza es un pequeño aporte a este devenir tan vertiginoso y —lo hemos advertido en las mesas del proceso donde hemos estado— no soluciona en casi nada lo que está pasando.

El paradigma de la comunicación, por tanto, está mudando la piel hace tiempo. Pero no da tiempo a hacer una reflexión sosegada sobre ello. La tiranía de la inmediatez en la que vivimos a través de las redes sociales y canales comunicativos digitales, donde cada usuario se expresa mucho y lee poco, no posibilita ese debate. La información cada vez está más en desuso y en su lugar acampa una avalancha de opinión sobre la opinión que genera una sociedad crispada y plagada de bulos y patrañas que nos distraen mientras ya sabemos quién y cómo se están tomando las decisiones. Y no podemos permitirnos perder más batallas, como diría el gran Federico Lupi.

 

María Limón. Comunicadora, ex presidenta de la ReMC y vocal de Participación Ciudadana de Radiópolis

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